Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español
José Fariña Tojo, José Manuel Naredo (directores)
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6.0 Favorecer la cohesión del tejido social e impedir la exclusión

6.01. Fomentar el asociacionismo
Probablemente este criterio se corresponda más con los presupuestos locales que con un plan de urbanismo. Si se ha incluido es porque entendemos que el plan de urbanismo ya no puede ser exclusivamente una norma que concrete el derecho de propiedad del suelo, sino que se corresponda con un auténtico plan estratégico de Ciudad (entendiendo la estrategia no en el sentido militar de ganar un combate sino en el sentido de poner los medios para conseguir un fin) que debería contener indicaciones para la confección de los presupuestos locales. Desde esta perspectiva el plan sería el instrumento adecuado para recomendar subvenciones a las asociaciones locales.

6.02. Reservar espacios para entidades sin ánimo de lucro
En este caso y aun en el supuesto de que el plan de urbanismo se dejara reservado exclusivamente a la distribución de usos del suelo y organización del tejido y las infraestructuras, sí que debería de encargarse de esta reserva de espacios para que las asociaciones tuvieron lugar donde desarrollar su actividad. Por tanto, la legislación específica que incluyera las determinaciones del plan incluir esta reserva en forma de estándares. El problema de las reservas de espacios previas a las necesidades es que, con toda probabilidad, no se correspondan en el futuro con las verdaderas necesidades sociales. Para evitarlo, más que un estándar en la ley deberían incluirse aquellas reservas que el proceso de participación del planeamiento determinadas entidades propusieran como necesarias para el desarrollo de sus fines. De forma que, en realidad, la norma regulatoria de las determinaciones del plan debería de regular el tema como parte del proceso de participación ciudadana. No parece adecuado dejar reservas genéricas de suelo, sino específicas para la realización de actividades concretas con un compromiso de las asociaciones de llevar estas actividades adelante.

6.03. Fomentar la complejidad social
El fomento de la complejidad social en forma de recomendación tal y como aparece en este criterio resultaría una expresión demasiado vaga e imprecisa para ser operativa. Sin embargo en este trabajo se entendido el fomento de la complejidad social como todas aquellas iniciativas que, de alguna forma, contribuyan a establecer contactos entre los diferentes estratos sociales. Un ejemplo podría ser la integración de la vivienda protegida en los edificios colectivos de renta libre. Dado que este fomento así entendido resulta muy difícil de incluir en una norma debería de pasar a ser una recomendación y considerarse (por ejemplo) en las guías sobre como proyectar viviendas sostenibles. De cualquier forma este indicador también se ha considerado genéricamente así que se han tomado en consideración todas aquellas referencias al tema que no tenían cabida en los demás apartados.

6.04. Fomentar la identificación de la población con su entorno (patrimonio cultural)
Este indicador también resulta de concreción complicada. Aquí se ha incluido cualquier referencia al patrimonio cultural e histórico, bien sea rural o urbano. En Asturias, Cataluña y La Rioja, se han considerado también referencias exclusivas a calidad de vida.

6.05. Favorecer el acceso a la vivienda
También se trata de un criterio poco concreto. En este caso se ha entendido de forma que se incluyen todas las referencias a vivienda protegida a pesar de que algunas son muy genéricas y otras muy específicas.

Resultados

A pesar de lo que pudiera parecer en un principio la mayor parte de las comunidades (y también el estado español) ha legislado de forma bastante copiosa. Esto ha significado que casi todos los apartados cuentan con un número muy significativo de referencias en la mayor parte de las comunidades. Evidentemente tiene que ver con la importancia que el cuerpo social que otorga al tema de la vivienda y los equipamientos complementarios de la misma como reformas de socialización que se derivan del fomento del asociacionismo. Probablemente habría que avanzar algo más en relación no sólo con las asociaciones sino también con los equipamientos y dotaciones. En buena parte de los casos equipamientos y dotaciones resultan infra o sobre utilizados, como resultado de que el proceso de planeamiento atiende exclusivamente a las obligaciones legales en lugar de las necesidades reales. Debía de obligarse a una justificación del cumplimiento o incumplimiento de los estándares legales que, probablemente (y en la mayoría de los casos) deberían convertirse en recomendaciones. Además de los espacios reservados para entidades sin ánimo de lucro habría que incluir también en el proceso de participación (que probablemente conllevaría una negociación) dotaciones y equipamientos. Esto no significa que no tuvieran que establecerse en unos estándares indicativos realmente mínimos con la posibilidad de que el proceso de participación pudiera superarnos siempre y cuando hubiera un compromiso por parte de la colectividad respecto a su activación y uso.