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Los cambios en el empleo y en la estructura social y demográfica


Los ricos tienen cada vez menos necesidad de los pobres. Es menos la explotación social que el 'apartheid' social lo que amenaza a nuestras sociedades.

Declaración, Europa 99.

Un capitalismo totalmente nuevo está a punto de surgir [...] un capitalismo global que modificará profundamente el papel de los Estados y naciones en el mundo. Un capitalismo impulsado por fuerzas nuevas de donde emergerá una nueva élite y en donde serán proletarizadas el conjunto de las clases tradicionales [...] pronto no quedará en lugar de los asalariados sino un vasto proletariado desclasado [...] una superclase triunfante flotará sobre las aguas fangosas de la miseria y el precio del éxito de unos pocos se pagará con la marginación de la mayoría y con la violencia de los desclasados.

La Superclase, Jacques Attali, en Le Monde, 7-3-1996.

En el último medio siglo, se han producido una serie de cambios espectaculares en la composición del empleo, en la estructura social y en las variables demográficas españolas. Cambios que corren paralelos a importantes modificaciones -se podría decir, esquematizando, de ida y vuelta- en el papel y en las formas de intervención del Estado. Estas transformaciones se han acelerado indudablemente en los años más recientes, como resultado de la profundización en los procesos de "europeización"-globalización. A lo largo de todo este periodo se ha pasado, primero, de una sociedad con un importante componente rural, a finales de los cuarenta, en la que tenía un peso considerable la pequeña propiedad, especialmente en el campo; a una sociedad en gran medida urbanizada, a mediados de los setenta, en donde el volumen del trabajo asalariado, con un considerable peso industrial, era predominante. En ese periodo se van desarrollando, de forma embrionaria, ciertos rasgos que definen lo que se ha venido a denominar el Estado del Bienestar. Es una etapa también de fuerte crecimiento demográfico en que el pleno empleo (masculino), en general de carácter fijo, se alcanza a costa de enviar a un millón de trabajadores hacia el espacio europeo occidental. Y en este lapso de tiempo se asiste, asimismo, a una paulatina y lenta mejora de las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo, como respuesta, desde las instancias de poder, a la elevada conflictividad existente en el espacio de la producción.

En la fase más reciente, se contempla cómo baja sustancialmente el crecimiento demográfico, al punto de que en la última década se entra en un periodo de práctico estancamiento del volumen de población. Una población que, como ya se ha mencionado, tiene una distribución territorial cada vez más urbana. Al mismo tiempo, irrumpe de forma brutal el problema del paro (ver figura 19), y se dispara el empleo de índole temporal o precaria, retrayéndose en paralelo el llamado empleo fijo. Ello se da al unísono de una considerable disminución del peso de la actividad industrial y agrícola -éste último de por sí ya muy mermado- en las cifras del PIB (ver cuadros 3 -a y b- y 4), mientras que se amplía sustancialmente la importancia económica del sector servicios, especialmente en las metrópolis; ampliación que tiene un gran peso precario[1]. En este periodo sigue encogiéndose el tamaño del empleo no asalariado tradicional, o autónomo, primordialmente en el campo, donde desaparece a un fuerte ritmo la pequeña propiedad campesina, pero también en el ámbito de la pequeña actividad comercial y hostelera independiente en los espacios altamente urbanizados. Al tiempo que se desarrollan nuevas formas de actividad productiva "autónoma", dependiente, o satélite, de la gran actividad productiva.

Ello coincide con una fase en que se produce, durante unos años -hasta finales de los ochenta-, un cierto desarrollo de la cobertura asistencial del llamado Estado del Bienestar, que intenta paliar los efectos negativos de la expansión del actual modelo económico[2]. Hasta llegar a los noventa, cuando se empieza a activar el progresivo adelgazamiento, y en algunos casos hasta desmantelamiento, de la atención que presta el Estado a los colectivos sociales más desfavorecidos. Lo cual se da en paralelo con alteraciones profundas en el marco que rige el mercado laboral, que incentivan una creciente precarización del mismo, y que suponen un claro retroceso y deterioro de las condiciones en las que se produce la venta de la fuerza de trabajo. Todo esto coloca a sectores sociales cada día más amplios en una situación cada vez más degradada, en especial en las grandes concentraciones urbanas, donde crece la pobreza y la exclusión. En paralelo, aparece el fenómeno de la inmigración de países periféricos, que se localiza primordialmente en los espacios metropolitanos. Este marco general, tan sólo esbozado en esta pequeña introducción, permite situar mejor el análisis más pormenorizado de los distintos procesos y cambios experimentados en los ámbitos del empleo, la estructura social y las variables demográficas.



El empleo asalariado o dependiente, un "bien" crecientemente escaso


A finales de 1996, la población activa total del Estado español ascendía a unos 16,1 millones de personas. De ellas, 3,5 millones (el 22%) se encontraban en paro. En cuanto a la población empleada asalariada, 6,2 millones todavía tenían trabajo fijo (de ellos, unos 2 millones en el sector público), 3,2 millones disponían de trabajo eventual (el 34% ya del total de la población asalariada ocupada), y casi un millón ejercían alguna forma de trabajo a tiempo parcial (que más bien cabría clasificarlos como parados a tiempo parcial). Por otro lado, más de 3,1 millones se consideraban, por parte de las estadísticas, como no asalariados (empresarios -650.000-, pequeños empresarios sin asalariados o autónomos, miembros de cooperativas y ayudas familiares)[3]. Llama la atención que la población empleada en esa fecha (12,6 millones) sea ligeramente inferior que la existente en 1976, más de veinte años atrás, al inicio de la intensificación de los procesos de globalización económica. Cuando, además, la población total ha crecido en el mismo periodo del orden de tres millones de personas, y la población activa una cifra algo menor, debido a la llegada al mercado de trabajo de la generación del llamado baby boom de los años cincuenta (ver cuadro 3 a). Hecho que es aún más chocante, en principio, cuando se considera que el Producto Interior Bruto (PIB) se ha multiplicado por más de 1,6, en pesetas constantes, en el mismo lapso de tiempo [Morán , 1997] [SGPC , 1997] [INE , 1997]. Y cuando se ha ampliado, asimismo, la penetración del mercado en ámbitos al margen, hace veinte años, de la economía monetaria. ¿Cómo se pueden explicar estos hechos y qué consecuencias se derivan de ellos?

Las dinámicas que generan los procesos de "europeización"-mundialización propician, como ya se ha señalado, la extensión del área de influencia productiva y económica de la gran producción y distribución. Este tipo de actividad, es cada día más intensiva en tecnología y capital, así como en utilización de recursos y energía, en especial en la actual etapa postfordista, y tiende a ser crecientemente parca en el uso, relativo, de recursos humanos. Máxime conforme se incrementa su tamaño. La productividad en la gran actividad económica crece en detrimento del factor trabajo que engloba en su seno. "El aumento de productividad implica el máximo de producto con el mínimo de trabajo humano. Esta regla es [...] una ley tanto más férrea cuanto más globalizada esté la producción capitalista" [Morán , 1997]. Lo cual significa que crecimiento e inversión, que se relacionan en general con la expansión de la actividad que opera en los mercados europeos y mundiales, hace ya algunos años que no son sinónimos de creación de empleo, sino al contrario de destrucción y, sobre todo, precarización del mismo. En paralelo, el desarrollo de la actividad en gran escala, dominada en general por el capital transnacional, se realiza en detrimento de la pequeña actividad productiva tradicional -autónoma, artesanal, comunitaria...-, menos intensiva en tecnología y capital, y por supuesto menos energívora, que implica una utilización más amplia y diversificada del trabajo humano.

Las nuevas tecnologías están haciendo factible una flexibilización laboral creciente, lo que permite adaptar rápidamente la producción a la evolución de la demanda, acrecentando los beneficios y reduciendo los riesgos para el capital. Hecho que favorece el subempleo, la subcontratación y el aumento del trabajo temporal y a tiempo parcial, especialmente en toda la actividad económica satélite del corazón de la gran actividad productiva, donde hasta ahora permanece, con tendencia a la baja, el grueso del trabajo fijo; aparte, por supuesto, de en la administración del Estado. El progreso tecnológico está sirviendo para incrementar la productividad, y ayudar al mismo tiempo a una nueva organización del trabajo que permite la reducción adicional de los costes laborales, más que a una reducción del tiempo de trabajo y de la penosidad laboral. Pues en los trabajos precarios, temporales y a tiempo parcial, la duración de las jornadas laborales y los ritmos no suelen estar sometidos a ningún tipo de regulación.

Todo ello hace que el paro y la precarización se conviertan en fenómenos no sólo masivos sino también en procesos irreversibles. El paro en el Estado español es el más alto de toda la UE, y prácticamente el doble que la media comunitaria (10,9% a finales de 1996) [SGPC , 1997], cuando a mediados de los setenta era similar; esto es, del orden del 5% (ver figura 19). Ni siquiera en la segunda mitad de los ochenta, durante el "quinquenio de la euforia", cuando la economía española creció a un ritmo doble de la media comunitaria, y se crearon un considerable número de empleos precarios, el paro tan sólo se redujo al 16,1% de la población activa, siendo incapaz de situarse por debajo de los 2,4 millones de personas (ver cuadro 3). Para a continuación dispararse rápidamente hasta el 24%, a finales de 1994, como resultado de la caída del crecimiento económico. El desempleo no sólo no se soluciona sino que tiende a agravarse, especialmente el paro de larga duración[4]. Sin embargo, esto queda en cierta medida oculto, en la actualidad, por la rotación que supone la existencia de un abultado número de contratos eventuales, así como por el rápido aumento de los contratos a tiempo parcial. Hecho que permite maquillar, especialmente en los últimos tiempos, las cifras del número real de desempleados existentes [Morán , 1997], aparte de por las modificaciones habidas en el último periodo en cuanto a su contabilidad.

Aún así, el paro en España adquiere una gravedad especial no sólo por su volumen, sino por cómo afecta a determinados colectivos y territorios, así como por la cada día más reducida cobertura social (y cuantía) de prestaciones de desempleo. Nuestra tasa de paro juvenil es la más alta de toda la UE, el 44% (en 1976 era del 11%), cuando la respectiva media comunitaria es del 21,9% [EL PAIS , 1998]. Y Andalucía y Extremadura, p.e., son las regiones de la UE con más alto porcentaje de desempleados; 32% y 31%, respectivamente; esto es, aproximadamente el triple de la tasa de desempleo de la Unión. Dentro de ellas destaca la provincia de Cádiz, con casi el 40%. Por otro lado, las regiones españolas con menor índice de paro son Navarra (11%) y Baleares (12,7%). Las grandes regiones metropolitanas tienen en la actualidad un porcentaje de paro ligeramente inferior a la media estatal, si bien gozan de un alto porcentaje de empleo precario. Asimismo, cerca de un millón de hogares españoles tienen todos sus miembros adultos desempleados. Por otro lado, el número de parados que recibían subsidio de paro a finales de 1996 era tan sólo del 50%, del paro registrado, habiendo caído de forma acusada en los últimos años (en 1993 era del 67%), debido al endurecimiento de las condiciones para acceder a las prestaciones de desempleo. Estos índices se reducen aún más si se consideran las tasas de paro de la EPA, bajando al 32,2% y al 49%, respectivamente. En números absolutos, 1,6 millones de parados no reciben ningún tipo de subsidio [SGPC , 1997]; [INE , 1997].

Pero no sólo se ha disparado el paro en los últimos veinte años. Las sucesivas reformas laborales y sociales de los ochenta y noventa[5] han llevado aparejadas un incremento sustancial de la precariedad (del 15% en el 87 al 34% en el 97; la media comunitaria es del 12%) [SGPC , 1997], con el desmontaje paralelo de los derechos adquiridos. "Dicho de otra manera, más de seis de cada diez asalariados (parados, trabajadores eventuales y trabajadores a tiempo parcial) están fuera de una relación regular y suficiente. Esto quiere decir que carecen de recursos y medios de vida estables" (esta situación es aún más grave en el caso de los jóvenes y las mujeres). Con la flexibilización del mercado de trabajo se reparte el paro, aumenta la rotación de las personas entre el paro, la ocupación y el trabajo (o paro) a tiempo parcial; hecho que se ve facilitado por la legalización de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT's) desde la reforma laboral del 94. De esta forma, disminuye artificialmente el número de parados, aumenta la "población ocupada", pero lo que en definitiva se incrementa es la precariedad a todos los niveles. Además, hoy en día "el empleo secuencial y el paro recurrente impiden el acceso al sistema de protección de desempleo, tal y como venía siendo habitual hace tan sólo una década" [Morán , 1997]. Al tiempo que este volumen creciente de trabajadores precarios va quedando progresivamente al margen de la negociación colectiva, con unos niveles salariales y unas condiciones de trabajo sustancialmente peores a los de los trabajadores fijos.

Sin embargo, la gravedad del paro y la precariedad no es sufrida de igual forma por los dos sexos (ver figura 19). Estos problemas tienen un acusado sesgo de género, siendo las mujeres las que los padecen aún con mayor intensidad. Las mujeres acceden al mercado laboral especialmente a partir de mediados de los ochenta, al tiempo que se incrementa el grado de precariedad del mercado de trabajo y que se endurecen las condiciones de vida para sectores considerables de población, en especial en las metrópolis. Hecho que puede explicar, en parte, esa incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Aún así, la tasa de actividad femenina en España es tan sólo del 36% (el 30% en 1976), siendo más alta en los espacios urbanos, lo que se relaciona con la mayor feminización del sector terciario (preponderante en las grandes conurbaciones) y el mayor acicate a buscar "trabajo" en dichos territorios. Este porcentaje es relativamente bajo si se le compara con la media de la UE, que se sitúa en el 56%, y mucho más si se contrasta con los países nórdicos, donde la tasa de actividad femenina alcanza el 68%; reflejo del mayor desarrollo del Estado del Bienestar, pues el empleo público es predominantemente femenino[6] [Navarro , 1997]. A pesar de eso, las mujeres "activas" tienen un nivel de paro (el 29%) y una presencia en los empleos a tiempo parcial (mayor del 70%), que son sustancialmente más altos que los correspondientes a sus compañeros masculinos (el paro en los varones alcanza "tan sólo" el 17,5%). El paro femenino se distancia sensiblemente del masculino a partir de mediados de los ochenta [SGPC , 1997]. Si a eso se añade el que las mujeres ganan en general, como media, un 30% menos que los hombres, por el mismo trabajo realizado, se constata que es un colectivo especialmente discriminado en el mercado de trabajo [Pillinger , 1997].

De cualquier forma, no todo el trabajo humano que se ejecuta está en el llamado mercado de trabajo. Trabajo no es lo mismo que empleo. Dentro de él, por su enorme importancia, cabría destacar el que efectúan especialmente las mujeres en tareas de reproducción y cuidado, dentro del hogar. "Considerar trabajo sólo la actividad humana que se realiza a cambio de una renta supone una reducción que condena a la invisibilidad a casi seis millones de mujeres que realizan trabajo doméstico en el Estado español". Asimismo, existen multitud de actividades socialmente útiles que se desarrollan al margen de una relación mercantil, motivadas por vínculos de parentesco, amistad, solidaridad o amor. Por lo que asimilar trabajo y empleo induce a ocultar todo ese vasto universo que es el mundo del trabajo, entendido éste como todo gasto de energía humana destinado a resolver necesidades vitales en general. "El trabajo es una relación de mediación de los seres humanos tanto en la naturaleza como en la sociedad" [Morán , 1997].

Visto desde esta perspectiva, la aseveración que se ha ido imponiendo en los últimos años de que el "trabajo es un bien escaso", se manifiesta como una gran falacia. El trabajo no es escaso, es más, es sobreabundante. De hecho coexiste una población trabajadora sometida, en muchos casos, a unos ritmos crecientemente enloquecedores de trabajo, junto a una población activa excedente en ascenso (de un fuerte componente juvenil) con muy pocas perspectivas de integrarse plenamente en el mercado laboral. Es decir, lo que en todo casos es escaso es el empleo asalariado, o dependiente, que cada vez más se subordina a la dinámica de la gran producción y distribución económica, que a su vez es cada día menos generadora de empleo. Según la revista Fortune (1993), las 500 mayores empresas transnacionales del mundo generan casi el 25% del PIB mundial, pero sólo ocupan al 1,25% de la población activa global. En definitiva, no es el "fin del trabajo" [Rifkin , 1996] lo que amenaza a nuestras sociedades. La verdadera amenaza es "que tiende a acabarse (en el Norte) el empleo fijo, para toda la vida, para los varones y con un salario que permita un alto consumo para toda la familia, además de protección social y status estable [...] El trabajo [pues] no se acaba, se mercantiliza, se precariza, se hace transparante a la oferta y la demanda, se deshumaniza, se hace calculable, racional" [Morán , 1997].

En los países del Norte tiende crecientemente a imponerse, de acuerdo con las "recomendaciones" del FMI y la OCDE, lo que se denomina el modelo estadounidense de mercado de trabajo, fuertemente desregulado y precarizado y absolutamente escuálido en cuanto a protección social. La argumentación que se esgrime es que este tipo de marco laboral redunda en una mayor creación de empleo -asalariado o dependiente- por unidad de crecimiento de PIB. Si bien se oculta, al mismo tiempo, que dicho marco de relaciones laborales ha sido el responsable en EEUU de la proliferación de los "contratos basura" desde mediados de los setenta, que ha supuesto la caída del 20% de los salarios medios y bajos de la economía norteamericana [Thurow , 1994], así como de la extrema dualización social y del incremento de la marginación, causas principales de los agudos problemas sociales que aquejan a dicha sociedad, fundamentalmente en sus territorios metropolitanos. El denominado Libro Blanco de Delors [CE , 1993], intenta trasladar al continente europeo esta filosofía, justificando la desregulación laboral, el recorte de los gastos sociales y el desmantelamiento del Estado del Bienestar, en base -de acuerdo con sus planteamientos- a la mayor capacidad de generación de empleo que tendría el crecimiento que se produzca. Y en orden a la necesidad de competir en igualdad de condiciones con los otros dos grandes bloques económicos en el libre mercado mundial. A nadie se le escapa que España, y especialmente Gran Bretaña, son ya una avanzadilla en la aplicación de esta filosofía en el espacio de la UE.

Además, tanto el incremento del paro como de la precariedad son un problema crecientemente importante en nuestra sociedad por el hecho de que se ha incrementado el grado de dependencia a todos los niveles del mercado y la economía monetaria en general; y por la circunstancia de que, al retraerse los niveles de protección social del Estado del Bienestar[7], los individuos, cada día más atomizados, tienen que hacer frente, crecientemente solos, a las necesidades de supervivencia en un entorno cada vez más hostil. La consecución de empleo, en las condiciones que sea, se convierte para sectores sociales en aumento en una necesidad imperiosa simplemente para vivir. El grado de dependencia de un trabajo remunerado se ha ido incrementando paulatinamente, conforme ha ido disminuyendo, de forma paralela, la capacidad de mantenimiento autónoma o independiente, o la posibilidad de obtener una cobertura estatal mínima para subsistir. La tasa de asalarización ha pasado del 62% en 1970 al 75,4% en 1996, siendo mayor en el caso de las mujeres (78,2%) que en el de los hombres (73,8%) [SGPC , 1997].
Se podría decir que con el desmantelamiento del Estado del Bienestar, y en concreto con la desregulación laboral, se pretende conseguir que importantes sectores de población se vean obligados a aceptar unos puestos de trabajo y unas condiciones laborales que de otra forma no aceptarían. Algunas reflexiones en el mundo anglosajón caracterizan este paso como la transición del Estado del "Welfare" al del "Workfare". Desde hace ya unos años se está volviendo a incrementar la duración de la jornada laboral, especialmente en el trabajo precario, donde la mayoría del trabajo extra simplemente no se paga. En el caso británico, el 25% de los trabajadores trabaja más de 48 horas a la semana [Jaúregui , 1997]. Se trabaja, pues, normalmente más que antes, por menos salario, en un estado además de inseguridad permanente. Al tiempo que se amplían las formas de lo que se denomina "autoempleo", que no es sino un eufemismo de autoexplotación, que permite reducir los costes laborales a costa de evadir las leyes de protección del trabajo [Human , 1997].



Las modificaciones en el reparto de la riqueza y en la estructura social


Todo ello está derivando en una dualización social creciente. Si ya en los ochenta se produjo un retroceso en la distribución de la riqueza entre las rentas del capital y del trabajo, cuando por otro lado a finales de los setenta y primeros de los ochenta se había logrado un cierto avance de las rentas laborales en el reparto de la tarta de la riqueza producida, como consecuencia de la correlación de fuerzas existente en el momento de la transición política [Fdez Durán , 1993]; desde entonces, la riqueza (renta y sobre todo patrimonio[8]) ha sufrido un proceso de concentración muy considerable hacia un extremo del espectro social, mientras que en el otro se han ido acumulando las carencias y las deudas [Naredo , 1993b]. Y esta situación se ha acelerado en los últimos años como resultado de la creciente precarización del mundo del trabajo, y del cada día mayor carácter rentista (y especulativo) de las rentas del capital. Las rentas del trabajo, en su conjunto, caminan los últimos años por debajo de la inflación, con lo que pierden peso en el reparto de la tarta global. Y las rentas del capital (incluidos los más de seis millones de personas detentadoras de los 27 billones de pesetas existentes en fondos de inversión a finales de 1997, y cuya cuantía no cesa de incrementarse) progresan desde hace tiempo a tasas que más que duplican la inflación[9].

Este proceso de desigualdad social creciente se ha visto acentuado, en los años 90, por el retraimiento del "Estado del Bienestar" en España. Un Estado del Bienestar bastante más débil que en la mayoría de los países comunitarios. Así, mientras que el "nivel de riqueza" (medida en PIB por habitante) español es de casi el 74% del promedio de la UE, el gasto en protección social por habitante es sólo del 62% [Navarro , 1997]. En porcentaje del PIB, nuestro gasto social es del 24% del PIB, superando dentro de la UE tan sólo a Irlanda, Portugal y Grecia; los máximos niveles en el espacio comunitario lo ostentan Holanda y Alemania, cuyo gasto social se sitúa en torno al 34% de su PIB. Además, una parte muy considerable del gasto social en España se dedica a prestaciones de desempleo (más del doble relativamente que en el resto de la UE), debido al elevado nivel de paro existente, y eso a pesar de los recortes habidos en los últimos años. Hecho que acentúa el déficit de gasto social en otras áreas, especialmente en lo que se refiere a la atención a ancianos y jardines de infancia públicos, sobre todo si se observa el panorama comunitario [Bandrés et al , 1997].

En el mismo sentido inciden las distintas medidas de contrarreforma fiscal que se han ido plasmando a lo largo de los últimos años, y que todo indica que son sólo el inicio de modificaciones aún más sustanciales. La Reforma Fiscal de 1978, significó un paso adelante considerable en el avance de la recaudación sobre las rentas del patrimonio y del capital (y posterior redistribución, en parte, a través del Estado asistencial), siendo posible llevarla a efecto por la situación de transición política de la época. En la actualidad, se camina en una dirección en que las grandes empresas y los sectores sociales más favorecidos pagan cada vez menos (desfiscalización progresiva), y la pequeña actividad económica y profesional, así como los sectores de rentas medias y bajas, pagan relativamente más (especialmente los últimos, por el incremento constante de los impuestos de carácter indirecto que gravan el consumo, o por el incremento de las tarifas de determinados servicios públicos), al tiempo que ven disminuir progresivamente las prestaciones sociales que reciben, en concreto los sectores sociales más desfavorecidos. La presión fiscal en España es sólo del 35% del PIB, cuando la media comunitaria es del 44%, y algunos países como Dinamarca y Suecia superan el 50% [Lozano et al , 1998]. Se podría decir que la menor redistribución existente en los últimos años ha operado fundamentalmente en el seno de la propia clase trabajadora, afectando cada vez menos a las rentas altas y del capital, que se ven progresivamente liberadas de sus obligaciones fiscales y que disponen de una amplia gama de mecanismos para eludirlas crecientemente.

La brecha social, por tanto, no hace sino acentuarse, al tiempo que va disminuyendo poco a poco el colchón de las llamadas "clases medias". Estas sufren un tensionamiento en dos sentidos opuestos. Unos, los menos, los que ocupan posiciones directivas o de responsabilidad en el aparato productivo dominante ven cómo progresan sus niveles salariales y beneficios de distinto tipo. Lo que les permite ahorrar y participar en una posición de privilegio en el reparto de la riqueza social. Otros, los más, ven cómo se erosiona progresivamente su poder adquisitivo, siendo incapaces de ahorrar y participar mínimamente en el reparto de las rentas del capital. Este proceso, que aquí se apunta, no es privativo del Estado español, y hace años que ha sido señalado para el caso de EEUU [Thurow , 1994], [Danaher , 1996], y de una forma u otra, aunque con distintos ritmos, se está produciendo en todos los países de la OCDE; esto es, en lo que se considera como el Norte del planeta. Aunque desde los años ochenta, procesos más o menos similares, relacionados con la globalización económica y financiera, están afectando también a los países del Sur [Korten , 1997] [10].

Todo lo cual está provocando importantes modificaciones en la estructura social y en su distribución espacial. Se ha apuntado que estamos en pleno proceso de transición de una "sociedad de clases" a una de estratificación y exclusión [Alonso , 1995], en donde la estructura familiar va perdiendo peso y en donde, en paralelo, se incrementa el grado de atomización social. En el pasado, especialmente durante la época fordista, la importancia numérica del proletariado industrial, el sentimiento de pertenencia e identidad colectiva que se daba entre sus miembros, la cultura obrera que se desarrollaba en su seno, su cohesión y organización interna, la existencia de pleno empleo, con carácter fijo, y la reducida estratificación dentro de ella que auspiciaba la estructura tecnológica existente, propiciaba la polarización social. Polarización que se establecía primordialmente entre los poseedores de los medios de producción, un conjunto bastante limitado de la población, y aquellos que sólo disponían de la fuerza de trabajo para vender en el mercado. Ello hacía que el resto de sectores sociales, y en especial los pequeños propietarios, se posicionasen más o menos cercanos de cada uno de estos polos según la coyuntura histórica que se tratase.

Más tarde, la primera reestructuración postfordista (década de los 70 y gran parte de los 80), promovió el crecimiento de nuevas "clases medias funcionales". Ello es resultado de la reorganización de la actividad productiva -terciarización- y de la introducción de una estructura tecnológica más compleja en la producción industrial, que implicaba la estratificación y profesionalización -cuadros medios- creciente, al tiempo que va desapareciendo el componente de trabajo manual y disminuye el llamado proletariado industrial. En paralelo se produce el progresivo declive de las "clases medias patrimoniales" (relacionadas con la pequeña actividad productiva), como resultado del incremento del peso de la gran actividad económica. Este aumento de las "clases medias funcionales" se da fundamentalmente en los espacios urbanizados, en concreto en las principales concentraciones urbanas, y las "clases medias patrimoniales" van menguando, con carácter general, y quedando prioritariamente recluidas en los ambitos rurales o en el sistema urbano inferior [Alonso , 1992], [Semav , 1996]. En el caso español, se observa que este proceso, en especial en su componente agraria, acontece principalmente en los espacios rurales de la mitad norte peninsular, como resultado de la estructura de la propiedad de la tierra (ver figura 20).

En los últimos años, se asiste a una progresiva descomposición y dualización de la mítica sociedad de "clases medias", de estructura en gran medida romboidal, que había caracterizado a las sociedades del Norte de la posguerra. Y que en España se había consolidado, con características propias, con un cierto retraso y más debilitada. Hoy en día, las nuevas dinámicas de "europeización"-globalización tienden a centrifugar esta estructura, hacia arriba y especialmente hacia abajo, achatándola en su dimensión horizontal, estratificándola al mismo tiempo de forma más acusada en su dimensión vertical, y expulsando a sectores crecientes hacia la base (en parte desconectada del resto) de una nueva estructura con creciente forma piramidal, como resultado de las dinámicas de precarización y exclusión. En esta nueva estructura se descompone crecientemente el cemento unificador en el interior de los diferentes estratos, debido a la cada día mayor atomización social existente, a la pérdida de formas culturales propias, en especial de la cultura popular y obrera, y a la progresiva preponderancia de un sistema de valores dominantes, impulsado desde los mass media, que es funcional con la lógica del modelo imperante.

En este contexto, la cultura del trabajo ha dejado de tener una función central en dotar de sentido vital e identidad a la existencia individual y social. Paradójicamente entra en crisis la mitología del trabajo que se había instaurado con la revolución industrial. El trabajo -aunque cabría mejor decir la consecución de empleo asalariado o dependiente- ha dejado de ser considerado como un fin, para convertirse cada vez más en un medio, volátil, escaso y constantemente cambiante, con el que conseguir dinero a fin de poder acceder al consumo. Las identidades individuales y colectivas que se generaban en torno al trabajo se difuminan, y pasan a girar hoy en día en torno al consumo, modulando individualidades abstractas y socialmente desconectadas [López Sánchez , 1997]. Dichas identidades individuales adquieren un carácter errante, tornándose las subjetividades nómadas [Alonso , 1992]. Los sujetos se sienten cada vez más solos, diluyéndose la sensación de pertenencia a colectivos más amplios. El lugar de trabajo deja de ser un espacio de solidaridad, para convertirse en uno de competición. Al tiempo que los rescoldos de confrontación social, o antagonismo, se van laminando, como resultado del triunfo de las salidas individuales, del pragmatismo y del consenso en torno al llamado "pensamiento único"[11]. Ello acentúa el énfasis en la vivencia del presente, instalándose una especie de preponderencia del presente continuo, por el miedo también a pensar el futuro.

"El actual sistema de bienestar familiar (en especial de la población trabajadora) se basa en la prosperidad y ahorros 'del pasado', la generación actual está viviendo de la prosperidad del ayer de los padres. Puede que algunos hereden el piso en el futuro y tengan un techo sobre sus cabezas. Pero las perspectivas se vuelven peores, no mejores, a medida que nos acercamos al final de siglo" [Petras , 1996]. De hecho, casi ocho de cada díez jóvenes tienen una situación precaria [CAES , 1997]. Y ello es así a pesar del, en general, cada día más alto nivel de "formación" de ésta; es decir, de subjetividad técnica acorde con las necesidades del modelo productivo. En concreto, el número de estudiantes ha pasado de 700.000 en 1983 a 1.500.000 en la actualidad. Un salto espectacular. En los últimos tiempos la universidad española ha crecido a un ritmo de 50.000 estudiantes anuales, equivalentes a dos universidades grandes a pleno rendimiento [Lamo de Espinosa , 1997]. Los datos de Eurostat confirman que se trata del crecimiento más importante en el conjunto de la UE en los últimos veinte años [Blanco , 1997]. Lo que ha dado lugar a la proliferación de la creación de centros universitarios por toda la geografía española, si bien ésta se ha plasmado de manera más intensa en los espacios más urbanizados. Hecho que induce a un mayor abandono aún de las áreas rurales y semirrurales[12]. A lo que contribuye también la concentración de la enseñanza secundaria que promueve la ESO, especialmente en los núcleos rurales dispersos (en Galicia, p.e.).

Ello ha provocado un proceso de creciente desvalorización de los títulos universitarios, en especial de aquellos provenientes de las universidades públicas y periféricas, o asentadas en núcleos de menor importancia. Al tiempo de que, en general, a los jóvenes se les emplea a posteriori muy por debajo de su nivel educativo. "Nos enfrentamos, por tanto, a una universidad pública que genera cada vez más licenciados, más elementos baratos para la reproducción mercantil en un entorno laboral precario, para una sociedad y una economía de los servicios que precisa -para mantener altos niveles de rentabilidad empresarial- personal altamente cualificado, pero con elevados niveles de precarización, flexibilización laboral y vulnerabilidad estructural" [Alonso , 1997]. En definitiva, la universidad pública se está convirtiendo en una máquina de preparación del nuevo "proletariado de servicios", que una actividad productiva cada día más escorada hacia el sector terciario necesita. Y está sirviendo también como lugar de "aparcamiento" costoso (para las familias y el estado), con el objetivo de que los jóvenes tarden más tiempo en engrosar las filas del paro. Además, las reformas previstas apuntan a una mayor participación del alumnado en la financiación del gasto universitario (a través, p.e., de prestamos bancarios) [ASAS , 1996].

Se podría decir, simplificando, que una vez que los hijos de la llamada clase trabajadora acceden en gran medida a la universidad, lo que supone un considerable sacrificio económico para los padres, con el fin de obtener un título que les permitiera progresar en la pirámide social, el valor de los mismos en el mercado simplemente se ha desvanecido. Y es preciso recurrir a costosos títulos de postgrado (Masters y similares), al objeto de poder estar mejor situado en la parrilla de salida para conseguir un empleo mejor remunerado, sin que ello sea ni mucho menos garantía de su obtención o del carácter estable del mismo. En la última década, la tasa de paro en licenciados universitarios se ha ido aproximando sensiblemente a la media estatal. De hecho, la reproducción de las élites de dirección de la actividad productiva y empresarial, o de cargos de responsabilidad bien remunerados, se realiza (y se realizará) cada vez más a través de los licenciados que generan las universidades privadas, que empezaron a desarrollarse a finales de los ochenta, y que hoy en día están en plena fase de expansión, ayudadas también por un marco estatal de progresivo apoyo a estos centros. Son los contactos y las relaciones sociales que propician tales centros, y no tanto la calidad del conocimiento que imparten, las razones que explican este fenómeno característico, hasta ahora, del mundo anglosajón, y en especial de EEUU. Es curioso, que las diez universidades privadas que existen en este momento se concentren fundamentalmente en Madrid y Barcelona.

En definitiva, distintos estudios [Semav , 1996]; [Ayala , 1993] y entidades -Cáritas- han venido situando la cifra de población española afectada por la pobreza en torno a los ocho millones de personas (aproximadamente el 20% de la población). Entre ellos, la pobreza extrema y la exclusión (del orden de un 4% de la población total) crece y se concentra fundamentalmente en las areas urbanas, especialmente en los espacios metropolitanos; entre ellos, destacan los casi 300.000 indigentes que habitan en la calle ("sin techo"), la mayoría de los cuales se concentra en Madrid y Barcelona [Cáritas , 1998] [13]. Un fenómeno hasta ahora residual y que en los últimos años se está disparando, en las grandes regiones metropolitanas, como resultado de una acumulación de procesos (endurecimiento del mercado de la vivienda, intensificación de las tendencias de precariedad y exclusión, desarticulación del tejido social y de las redes de solidaridad...)

Entre los grupos de riesgo más afectados por la pobreza figura la tercera edad (un 32% de los hogares bajo el umbral de pobreza) [Ayala , 1993]. Asimismo, se constata una creciente tendencia hacia la feminización de la pobreza. La tasa de pobreza es mayor en hogares encabezados por mujeres que por hombres. Con lo cual si se suma el factor edad, y la mayor longevidad de las mujeres, con la variable de género, se observa un grupo especialmente vulnerable que son las mujeres mayores que viven solas -muchas con las muy reducidas pensiones no contributivas, y en algunos casos sin ellas-. Sin embargo, empieza a constatarse también el crecimiento de las tasas de pobreza en hogares encabezados por mujeres jóvenes, en concreto de aquellas con cargas familiares, en gran medida resultado de la paulatina quiebra familia nuclear. Este fenómeno adquiere una especial relevancia en las metrópolis, no tanto por su cuantía, pues su porcentaje (9,6%, sobre el conjunto de hogares) es, por ahora, más o menos similar al del conjunto estatal, sino por la especial dificultad de esta población femenina para acceder al mercado de trabajo [Fdez Durán , 1993] [Alcázar et al , 1994].

De cualquier forma, todavía es pequeño, por ahora, el porcentaje de hogares al frente del cual está una mujer si se compara con la media comunitaria (16,9%). Aquí, la institución familiar todavía es fuerte al igual que en Italia, Grecia, Portugal o Irlanda; sobre todo si se le compara con el resto de los países de la UE, y en especial con los países nórdicos[14]. El 83% de los hogares en España corresponde a familias, mientras que la media en la UE es del 70%, el porcentaje en Suecia es tan sólo del 56%, y en torno al 62% en Dinamarca y Alemania [Eurostat , 1996b]. El aumento de la tasa de pobreza en hogares monoparentales (femeninos) todavía es, pues, menor que en otros países europeos, debido al más reducido número de éstos, si bien aquí la situación de desprotección estatal es mucho más acusada; y es muy inferior si se compara, p.e., con la situación dramática que a este respecto se encuentran los EEUU [Ayala , 1993], que empeora a pasos agigantados como resultado de los recortes sociales aprobados recientemente. En toda Europa las mujeres están sobrerrepresentadas en los grupos afectados por la pobreza. En la UE, las mujeres representan el 55% del paro de larga duración, el 85% de los hogares monoparentales, y el 80% de los viejos dependientes de la seguridad social; en los hogares más pobres de la UE dos de cada tres adultos son mujeres. Esta situación se prevé que pueda fragilizarse y empeorar aún más, como resultado de su posición en el mercado laboral y de las "reformas estructurales" previstas, de recorte del gasto social, que devolverán una parte importante del trabajo de cuidado otra vez al hogar. Lo que tendrá dos consecuencias: fuerte aumento del paro femenino (al afectar fundamentalmente al empleo del sector público, con una fuerte presencia de mujeres), y aumento de las cargas y del trabajo doméstico para las mujeres. Hechos que demuestran el carácter precario de las conquistas alcanzadas por la mujer en las últimas décadas [Pillinger , 1997], [Disilvestro , 1997].

Finalmente, un aspecto importante a resaltar en cuanto a la estructura social ha sido la expansión en estos veinte últimos años, y en concreto en la última década, de los inmigrantes de otros países, en especial de fuera de la OCDE. Ya se comentó que España en este periodo ha pasado de ser un país emisor de población emigrante, a ser un territorio receptor de la misma. Y eso a pesar de que España recrudece su política de inmigración a partir de 1985 (Ley de Extranjería), debido a su responsabilidad que como estado-frontera tiene de cara a la contención, en el flanco sur, de los flujos migratorios hacia la UE. Sobre todo desde el momento, mediados de los setenta, en que el espacio comunitario deja de necesitar la afluencia masiva de mano de obra del exterior, y se inicia poco a poco la construcción de la llamada "Europa Fortaleza". Restricciones que se recrudecen con la firma en 1990 por el gobierno español del Convenio Schengen, y del establecimiento de cupos a partir de 1993.

Estas restricciones y normativas crean una situación anómala para un colectivo que ascendía, en 1995, de acuerdo con las cifras oficiales, a unos 230.000 inmigrantes "regularizados"[15]; los residentes de los países del Norte (más del 90% proveniente de la UE) alcanzaban, en esa fecha, del orden de 270.000 personas [INE , 1996]. Si bien la cifra de "ilegales" (inmigrantes "no regularizados") parece que alcanza una dimensión parecida, es decir, otro cuarto de millón de personas [Sáez Valcarcel , 1997]. La ausencia de ciudadanía española, y por supuesto comunitaria, de los inmigrantes de fuera de la UE (y en especial de la OCDE), hace que no sólo esta población periférica se vea sometida a los trabajos más duros, los niveles salariales más bajos, y los trabajos más precarios; sino que los mínimos derechos de que goza en general la población española no les sean reconocidos (aún para los "regularizados"), y se encuentre sometida a un constante acoso administrativo y policial por parte del Estado. El extranjero pobre sólo puede legitimar su estancia cuando su trabajo es considerado necesario por el estado[16], no porque tenga ningún tipo de derechos. Dentro de esa lógica un emigrante en paro es una anomalía. Cabe resaltar la enorme dificultad que se plantea para estos inmigrantes la posibilidad del reagrupamiento familiar.

Se está, pues, configurando poco a poco una sociedad multiétnica y pluricultural sui generis, en especial en las metrópolis, o espacios altamente urbanizados. La existencia de diversos colectivos étnicos no quiere decir que las mismos se encuentren en un plano de igualdad, como ya se ha comentado. Y lo mismo se podría decir en cuanto a la pluralidad cultural, pues las diferentes culturas de las poblaciones perifericas aquí presentes no tienen posibilidad de expresarse abiertamente, ni encuentran espacios donde desarrollarse adecuadamente, ni medios para no tener que operar en inferioridad de condiciones.



Las alteraciones profundas en las variables demográficas y sus consecuencias


Aparte de los cambios poblacionales ya reseñados, en las últimas décadas se están produciendo transformaciones espectaculares en diversas variables sociodemográficas. La combinación de un brusco descenso de las tasas de fecundidad y natalidad[17], con la consiguiente reducción de la población más joven, junto con el descenso de las tasas de mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y el efecto paralelo del envejecimiento de la población, está provocando también fuertes alteraciones en el funcionamiento de la estructura social. Estas alteraciones tienen (y tendrán aún más en el futuro) una fuerte repercusión sobre la estructura de edad, el tamaño medio familiar, el mercado laboral, las nuevas pautas de pobreza... Y a su vez, las modificaciones en dichos ámbitos inciden, en mayor o menor medida, en las mutaciones de las variables sociodemográficas.

España posee una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, 1,23 hijos por mujer -sólo superada por Hong Kong, con 1,21- [Ordaz , 1997]; siendo necesaria una tasa del 2,1 para garantizar el relevo generacional. En la UE dicha tasa es del 1,43, y sólo Italia se aproxima a España con una tasa del 1,27. En el breve lapso de 20 años se ha pasado de tener una de las tasas de fecundidad más altas de Europa occidental (prácticamente 3 hijos por mujer), a situarse en el lugar más bajo del escalafón [Thurow , 1997]. Se ha apuntado que "aquellas sociedades europeas que tienen mayor desarrollo de los servicios del Estado del Bienestar y que tienen una mayor participación de la mujer en el mercado laboral (tales como las sociedades nórdicas de la UE) tienen unas tasas de fertilidad mucho mayores que aquellas sociedades -como España e Italia- que tienen escaso desarrollo de los servicios y una baja 8participación de la mujer en el mercado laboral" [Navarro , 1997].

En el espacio europeo occidental la reducción de la natalidad se produce a finales de los sesenta y primeros de los setenta. Más tarde, se asiste a una cierta recuperación en algunos países. En España el colapso en la natalidad se manifiesta en los ochenta [Sánchez Mellado , 1997]. En la figura 21, donde se compara la estructura de edad de la UE con la española, se puede observar claramente este desfase en la caída de la natalidad, y su carácter más rápido y abrupto en el caso español. Por lo que se podría afirmar que en esta fuerte tendencia a la baja incide no sólo los cambios de las pautas socioculturales -entre otros, el uso de anticonceptivos y el nuevo papel de la mujer en la sociedad-, sino también el paro y el miedo al futuro. Como afirma Leguina (1996), las mujeres españolas quieren tener hijos, tal y como señalan las encuestas, pero no se atreven.

La caída de la fecundidad se plasma en especial en las grandes regiones metropolitanas: Barcelona, Madrid y triángulo vasco, todos ellas por debajo de la media estatal, resaltando especialmente el caso del país vasco (con 0,95 hijos por mujer). En las principales conurbaciones, a pesar de la en general estructura de edad más joven, se da un mayor retraimiento a tener hijos. En ello puede influir la dureza de la vida en los espacios metropolitanos y la consiguiente mayor tasa de actividad femenina. Lo cual ha hecho que en los últimos tiempos se manifiesten actitudes por parte de los responsables políticos de dichos territorios de impulsar la natalidad[18]. El colapso de la fecundidad es particularmente grave en los territorios más afectados por los procesos de reestructuración (p.e., Asturias, con tan sólo 0,87 hijos por mujer), o por el abandono y envejecimiento de la población (Castilla-León con 1,05, o Aragón, con 1,11). Por el contrario el índice de fecundidad es más alto que la media estatal en el arco mediterráneo, en toda la mitad sur de la Península y en los archipiélagos. En gran medida, allí hacia donde se ha orientado el crecimiento en los últimos años [INE , 1996].

A pesar de los cambios socioculturales, tan sólo el 12% de los hijos nacen fuera del matrimonio, cuando esta cifra es del 25% en la UE y del 58% en Suecia. Aún así, el número de hijos habido fuera del matrimonio se ha multiplicado por seis en veinte años [Leguina , 1996]. Poco a poco se va configurando un universo familiar caracterizado por menos niños, normalmente hijos únicos, nacidos de padres cada vez más viejos. En los últimos años ha caído asimismo de forma considerable la tasa de nupcialidad, en paralelo con lo que ocurre en la UE. Por otro lado, a pesar del incremento en el número de divorcios, el índice español todavía es la mitad que el comunitario [De Vega , 1997], siendo más alto en los espacios metropolitanos. De cualquier forma, debido a las dificultades económicas que conlleva, el divorcio es una vía utilizada fundamentalmente por los sectores de economía más saneada. Cabría decir que, "si en el terreno reproductivo nuestra sociedad se ha equiparado plenamente a las pautas de los países más desarrollados, e incluso ha ido más lejos, en lo que se refiere a la cohabitación, divorcialidad y fecundidad extramatrimonial exhibe claramente un comportamiento sudeuropeo [...] Eso no significa que los fenómenos del divorcio, la cohabitación o la fecundidad extramatrimonial no hayan aumentado los últimos años entre nosotros" [Requena , 1994].

Mientras tanto, al otro lado del Estrecho, las sociedades del Norte de Africa mantienen unas tasas de fecundidad superiores a tres hijos por mujer, y las del Africa subsahariana unas tasas mucho más altas, las más elevadas del mundo [FNUAP , 1990]. Ello hace que el acusado crecimiento de población de dichos espacios, junto con la desarticulación de sus economías locales, esté derivando en los últimos tiempos en una intensificación de la presión de las corrientes migratorias. Flujos que se llevan a cabo a pesar de las políticas de contención que se intentan aplicar. El efecto combinado de la reducción del crecimiento poblacional autóctono y el aumento de la inmigración ha hecho que en el último quinquenio la mitad del crecimiento demográfico total en España se deba a la inmigración [Ordaz , 1997]. Este fenómeno se está produciendo en toda la UE desde finales de los ochenta, donde los inmigrantes apuntalan la caída de población propia en toda la Europa comunitaria [Eurostat , 1996a]. De hecho estas dinámicas pueden impedir la disminución de la población española, que como resultado de la caída de la natalidad se augura ya para finales de este siglo [Leguina , 1996].

En paralelo, se está produciendo un creciente envejecimiento de la población. España es uno de los países del mundo con más alta longevidad, situándose por encima de la media comunitaria. Y en concreto, es el de mayor esperanza de vida en varones (75,4 años), así como sólo las mujeres de Japón, Canadá y Francia tienen una esperanza de vida superior a las españolas, que indudablemente son más longevas (81 años) que sus compañeros varones [Leguina , 1996].

Sin embargo, las desigualdades en las tasas de mortalidad entre clases sociales en España aumentaron en los ochenta, debido a que las desigualdades en el estado de salud entre clases sociales se han acrecentado. "Los más desfavorecidos pagan con su salud el precio de la desigualdad social" [Benach , 1997]. Al tiempo que la precariedad laboral en ascenso ha aumentado la accidentalidad y mortalidad en el mundo del "trabajo". Esta situación puede verse agravada en el futuro debido a la tendencia hacia la progresiva desigualdad social que se va instalando, al hecho del incremento de la pobreza y exclusión social de los sectores más desfavorecidos y a los recortes del gasto social en sanidad (y privatización) que se avecina. El previsible aumento del colectivo de los "sin techo" agudizará probablemente este proceso, pues no en vano las Naciones Unidas señalan que la esperanza de vida de las personas sin hogar en Londres es inferior en más de 25 años al promedio nacional respectivo [NNUU , 1996]. Y quizás puede que se produzca, en el medio plazo, una inflexión en la esperanza de vida, en especial para los sectores más desfavorecidos, similar a la que ha acontecido en los países del Este, donde la degradación en las condiciones de vida, y sanitarias, que está implicando la transición hacia la sociedad de libre mercado, está derivando en un fuerte incremento de la mortalidad.

En definitiva, los cambios demográficos de las últimas dos décadas han alumbrado un panorama en el que cada vez hay menos niños, y por lo tanto progresivamente habrá menos jóvenes, y cada día hay más viejos. Lo cual incrementará la tasa de dependencia, por la acción conjunta del descenso de jóvenes y el aumento de ancianos (pirámide poblacional invertida). Es decir, que habrá menos jóvenes en el futuro para mantener a una población crecientemente envejecida. Estos hechos, junto con los cambios acontecidos en el ámbito económico-productivo y en el mercado laboral, están provocando unas transformaciones muy importantes en el seno de una unidad familiar en constante mutación.

En el presente, se manifiesta un retraso progresivo en la edad de emancipación. En la última década se ha elevado entre un 25% y un 30% el porcentaje de jóvenes empleados no emancipados, habiéndose duplicado en los últimos veinte años. Si las cifras actuales se comparan con las de países como Francia, Reino Unido o Alemania, en el mejor de los casos España triplica el número de jóvenes empleados sin independizarse. "Esto no se puede explicar por un rasgo cultural arcaico y sí de poca estabilidad en el trabajo y escasas perspectivas de solvencia económica. Ellos no se creen estables y los que les pueden dar créditos tampoco les consideran solventes" [Fdez Cordón , 1997]. Las familias, más permisivas que antaño, actúan pues como la última red de solidaridad, permitiendo además que los jóvenes puedan llegar a ahorrar, con el fin en general de comprar una vivienda, para lograr emanciparse. Emancipación que se da de forma prioritaria a través del matrimonio. Ello retrasa, en el tiempo, la nupcialidad y la fertilidad.

El logro de trabajo y vivienda son los requisitos fundamentales en el proceso de emancipación juvenil. Pero cada vez son más los jóvenes que habiendo accedido de una u otra forma al mercado de trabajo, permanecen en situación de dependencia familiar, debido al alto grado de precariedad existente en el mundo laboral. En las dos últimas décadas se asiste primero a un fuerte incremento del desempleo juvenil, hasta mediados de los ochenta, tendencia que queda en cierta medida "paliada" con el acceso a empleos precarios que se produce desde entonces. Si bien, a partir de esa fecha, es cuando se dispara el mercado inmobiliario, lo que incide igualmente en el retraso de la edad de emancipación [Requena , 1993].

Los hijos, que cada vez son menos, permanecen pues más tiempo en casa, al tiempo que van desapareciendo progresivamente otros parientes del círculo íntimo de convivencia doméstica (abuelos, tíos u otros parientes), especialmente en los espacios altamente urbanizados. Ello hace que tienda a disminuir el tamaño medio familiar, al igual que en otros países del Norte, si bien quizás a un ritmo inferior como resultado de los factores más arriba reseñados. Por otro lado, los ancianos han incrementado su inclinación a encabezar sus propios hogares, en algunos casos obligados por circunstancias familiares [Requena , 1993]. Hasta ahora han cambiado la dependencia familiar por la dependencia estatal, pues la inmensa mayoría de ellos tienen derecho a pensiones, si bien en general de una cuantía muy limitada, sobre todo las no contributivas.

Hay pues un crecimiento lento, pero continuado, de los hogares más simples (núcleos unipersonales o monoparentales), como consecuencia también de la crisis de la familia nuclear, al tiempo que van disminuyendo las estructuras familiares extensas o complejas (varios núcleos familiares habitando bajo el mismo techo). En especial van desapareciendo las formas "tradicionales" de complejidad[19], en los ámbitos rurales o semirrurales, y apareciendo -de forma más minoritaria- nuevas formas complejas "modernas", fundamentalmente en las metrópolis. Ello acontece cuando se forman nuevos núcleos familiares, a través del matrimonio, y ante la dificultad de acceso al trabajo, o a la vivienda, la nueva pareja permanece en casa de algunos de los progenitores. El aumento de este tipo de hogares ha sido espectacular en Madrid, creciendo en un 100% del 81 al 91, si bien su valor absoluto es bastante limitado [Alcazar et al , 1994]. El balance general ha sido, a pesar de todo, el de un fuerte aumento del número de nuevos hogares, que ha superado con creces los dos millones en los últimos veinte años (casi un 25% del total, cuando la población tan sólo se incrementó en torno al 10%). Aumento que se ha plasmado, prioritariamente, en los espacios altamente urbanizados [Requena , 1993] Lo que ha derivado en un acusado descenso del tamaño medio familiar.

A pesar de todo, el tamaño medio familiar (o mejor cabría decir del tamaño medio del hogar) en España se sitúa todavía en torno a 3,3, bastante superior a la media comunitaria de 2,6. Dentro de la UE, sin embargo, se dan contrastes acusados entre los países nórdicos, como Suecia y Dinamarca, con 2,1 y 2,2 respectivamente, y los países del sur como Portugal y Grecia, con un tamaño de 3,2 y 3,0 respectivamente. Aparte del caso atípico de una Irlanda, todavía fuertemente católica y bastante menos urbana que la media de la UE, con un 3,5 [Eurostat , 1996b]. En lo que se refiere a las diferencias interterritoriales internas, el tamaño medio del hogar es más alto que la media en Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia [INE , 1992].

En definitiva, el hecho de que la estructura familiar española sea, todavía, más fuerte que en otros países del Norte, ha impedido, hasta ahora, una mayor profundización de la crisis social. "La familia se ha convertido [o reconvertido] en el eje de la nuevas estrategias de supervivencia basadas en la endogamia [...] De la mano del paro y la inseguridad, la familia ha vuelto por sus fueros hasta convertirse en la columna vertebral de la solidaridad intergeneracional" [Leguina , 1996]. Los recortes en las prestaciones del Estado del Bienestar los está supliendo, hasta ahora, la estructura familiar, que está actuando de colchón social. El problema que se plantea es por cuanto tiempo podrá seguir desempeñando este papel, cuando las perspectivas que se abren apuntan a un endurecimiento del mercado laboral, y a un adelgazamiento y progresivo tensionamiento de la familia nuclear, que ahondará de forma previsible su crisis latente.

Dicho proceso ya está teniendo lugar desde hace años en otros países del Norte, más avanzados en la senda del "desarrollo". En especial en EEUU y Gran Bretaña, donde el endurecimiento del mercado de trabajo, y la combinación de la desestructuración social y familiar, junto con el desmontaje paralelo del Estado del Bienestar, está derivando en la creación de un cóctel explosivo. "En EEUU, el 32% de los hombres que tienen entre 25 y 34 años de edad ganan menos de lo necesario para mantener una familia por debajo del nivel de pobreza. Mientras los salarios masculinos están disminuyendo, los costes de mantener una familia están en continuo aumento. Los niños necesitan una educación cada vez más cara durante periodos de tiempo cada vez más largos si quieren llegar a alguna parte en la economía global actual [...] Los niños han dejado de ser 'centros de beneficio' para ser 'centros de coste' [...] La vía lineal patriarcal está económicamente acabada [...] El propio sistema económico simplemente no permite que haya familias al viejo estilo [...] La familia de clase media, con una sola fuente de ingresos, se ha extinguido" [Thurow , 1997].

Todo ello está repercutiendo de una forma especialmente negativa, a través de diferentes mecanismos, sobre las mujeres. Las tareas de cuidado recaen especialmente sobre ellas, máxime ante las acusadas insuficiencias del Estado del Bienestar en España, en especial en relación a la familia. "España es el país de la UE que menos dinero público dedica a la protección de la familia, con sólo un 0,72% del gasto público corriente. Una minucia frente al 6,8% que dedica, como media, el conjunto de la UE" [Sánchez Mellado , 1997]. La mujer, en la práctica, es decir, la hija de los ancianos y la madre de los niños, "es la que provee aquellos servicios de atención a los ancianos, jóvenes e infantes, garantizados por el Estado del Bienestar en otras sociedades europeas, y lo realiza a un enorme coste personal, así como social y económico [...] [No por casualidad] el sector de la población española que tiene mayor número de enfermedades debidas al estrés son las mujeres de 35 a 55 años" [Navarro , 1997].

De esta forma, por todo lo apuntado, la regresión del Estado del Bienestar, el endurecimiento y precarización del mercado de trabajo, el debilitamiento del tejido social y la crisis de la familia nuclear afectan de una manera especialmente intensa a las mujeres, acentuando los procesos de feminización de la pobreza ya señalados. Por lo que cabría señalar, que a los procesos de desigualdad y estratificación social ya mencionados, que tienden a agravarse en periodo actual, se suma, quizás por primera vez en la historia, una peligrosa estratificación adicional en base al género, que puede tener importantes implicaciones sociales a medio plazo. Como, p.e., la posible aparición de un fenómeno nuevo en nuestras metrópolis: los llamados meninos da rua (niños abandonados en la calle), ante la dificultad de los hogares monoparentales encabezados por mujeres de hacer frente a las responsabilidades de cuidado infantil.

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Ramón Fernández Durán

Fecha de referencia: 25-07-2000


1: El 80% de los empleos precarios está en el sector servicios [INE , 1997].
2: Se amplia la cobertura sanitaria, que se hace universal al final de los 80. Se crean en la mayoría de las comunidades autónomas figuras asistenciales como el Ingreso Mínimo de Inserción o la Ayuda de Emergencia Social. Se amplia la cobertura de la educación pública, en muchos segmentos gratuita. Se establecen las pensiones no contributivas... Parte de estas transformaciones son resultado de los acuerdos sociales a los que se llega tras la huelga general del 14 de diciembre de 1988.
3: Es preciso alertar, como ya se ha apuntado anteriormente, que dentro del concepto "autónomos" o pequeños empresarios sin asalariados, se engloban realidades sociales y laborales muy diferentes. Desde la pequeña actividad productiva tradicional (agrícola, industrial o de servicios); a nuevas realidades como la actividad de franquicias, repartidores de butano, pequeñas tiendas subsidiarias de grandes cadenas de distribución..., dependientes, o satélites, de la producción y distribución a gran escala. La primera de ellas tiende a disminuir fuertemente de volumen, y la segunda a aumentar, en menor medida, como consecuencia de la propia dinámica del mercado.
4: El número de parados que llevaba en paro más de dos años era de 1.250.000 a finales de 1996, siendo dicha cifra de tan sólo 50.000 en 1976. Es decir se ha multiplicado nada menos que por veinticinco en este periodo, siendo diez puntos más alto en las mujeres que en los hombres [INE, 1997].
5: Estatuto de los Trabajadores (1980), Ley Básica del Empleo (1980), Acuerdo Económico y Social (1984), Reforma del Estatuto de los Trabajadores (1984), Ley de Pensiones (1980), Plan de Empleo Juvenil (1988), "Decretazo" (1992), Reforma Laboral (1994), Reforma de Pensiones -Pacto de Toledo- (1996), y Reforma Laboral (1997).
6: El 46% del empleo público está desempeñado por mujeres, mientras que en el conjunto del empleo asalariado sería tan sólo del 23% [INE , 1997].
7: Reducción de prestaciones de desempleo, de la cuantía y volumen de las pensiones, de los gastos de asistencia social...
8: Dentro del concepto patrimonio los activos reales pierden peso en favor de los activos financieros, sobre todo a medida que aumenta el patrimonio de los declarantes [Naredo , 1993b].
9: En 1997, la rentabilidad media de los fondos de inversión fue cuatro veces superior a la tasa de inflación; algunos fondos, los de divisas y renta variable, tienen una tasa de rentabilidad que oscila entre el 25% y el 34% anual. Los fondos de inversión gestionaban en 1991 tan sólo 3,8 billones de pesetas, el 7% del PIB, mientras que a finales de 1997 los 27 billones de pesetas en fondos de inversión suponían ya el 35% del PIB [EL PAIS , 14-1-1998].
10: En el Sur del planeta, hasta hace poco especialmente en Latinoamérica, como consecuencia de los llamados Programas de Ajuste Estructural que se aplican desde los ochenta, se está reduciendo de forma acusada su limitado volumen de clases medias, que había generado el crecimiento económico previo. Algo similar puede acontecer ahora en el sudeste asiático, debido a la crisis financiera que viene azotando desde hace meses dicha área. Africa, y en concreto los países subsaharianos, es un enorme espacio, en general, al margen del "desarrollo", con amplísimos sectores sociales empobrecidos y excluidos.
11: P.e., un indicador de ello, el número de jornadas perdidas en huelga, ha caído de 19 millones, en 1979, a tan sólo 0,3 millones en 1996 [SGPC , 1997]; es decir, unas treinta veces menos, paradójicamente cuando la situación social se ha deteriorado considerablemente.
12: La juventud de gran número de núcleos rurales, y especialmente semirrurales, abandona su lugar de residencia para ir a cursar, en muchos casos, estudios universitarios a las capitales de provincia, y más tarde su experiencia urbana les retrae de volver a su lugar de origen.
13: A ello contribuye la reforma psiquiátrica del 86, cuando muchas personas con problemas mentales graves fueron puestas en la calle.
14: El porcentaje correspondiente para Italia, Grecia, Portugal e Italia es del 14,3%, 10,4%, 9,7% y 10,6%, respectivamente; mientras que en Dinamarca alcanza el 19,9% y en Suecia con el 21,7%. En estos últimos países juegan claramente a favor de este hecho las diferencias socioculturales y el apoyo que todavía brinda el Estado del Bienestar a la mujer y a la familia [Eurostat , 1996b].
15: De ellos, más de 90.000 provenientes de América Latina, una cifra similar correspondía a países africanos, especialmente de Marruecos, unos 40.000 de Asia y otros 10.000 de los países del Este.
16: Dentro de este trabajo "necesario", cabría considerar también el papel que cumple la inmigración para tirar hacia abajo de los salarios en muchos sectores, lo que permite abaratar adicionalmente los costes laborales.
17: En paralelo con un drástico descenso en la mortalidad infantil.

18: La Comunidad de Madrid está ofreciendo ya 25.000 pts por hijo nacido. Y el propio Pujol manifestó en el mensaje de fin de año de 1996 que había que evitar la amenazadora decadencia demográfica. En Cataluña, el crecimiento vegetativo de población ha pasado ya a ser negativo [Boix , 1997].
19: "Las estructuras familiares complejas han aparecido tradicionalmente asociadas a condiciones rurales de vida en las que el parentesco jugaba un papel básico en las formas de propiedad y trasmisión de la tierra [...]. Entre 1970 y 1991 han desaparecido Casi un 40% de las familias múltiples españolas" [Requena , 1993].

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