La estructura territorial en la época de la "europeización"-mundialización

Megalópolis: Presunción y Estupidez, Alberto Magnaghi.

Europa es hoy triunfalmente urbana. El espacio rural y las poblaciones rurales se reducen día a día, mientras se multiplica el número de megalópolis, conurbaciones, comunidades urbanas, tecnópolis y polos tecnológicos [...] ¿No ha llegado pues el momento de admitir [...] la muerte de la ciudad tradicional y de preguntarse sobre lo que la ha sustituido, esto es, sobre la naturaleza de la urbanización y sobre la no-ciudad que parece haberse convertido en el destino de las sociedades occidentales?

El Reino de lo Urbano y la Muerte de la Ciudad, Françoise Choay.

Tendencias generales y contrastes con la situación en la UE

En general, se puede afirmar que la actividad económica, y en menor medida la población, ha tendido en estos últimos años, a orientarse hacia los espacios altamente urbanizados, reforzando tendencias preexistentes. Es decir, se manifiesta un creciente protagonismo de las grandes conurbaciones, y de sus "ciudades" centrales, en términos económicos y no tanto poblacionales; una reactivación pues del crecimiento de las metrópolis, y de su área de influencia, en detrimento en general de las ciudades pequeñas o medianas aisladas [CE , 1994]. En paralelo, la urbanización tiende a prolongarse a lo largo de ejes o corredores que enlazan las principales metrópolis. Esta pauta de extensión urbana que ya se venía manifestando en determinados ejes de la UE (Rhin, Ródano, Sena, Loira, Poo...), se afianza en este periodo en el territorio español, tal vez con carácter más discontinuo, especialmente a lo largo del valle del Ebro, del corredor mediterráneo, y del valle del Guadalquivir; y en menor medida en las relaciones de Madrid con Andalucía a través de Castilla-La Mancha, y con la región murciana y el área de Valencia a través de Albacete. Asimismo tendencias similares se manifiestan en la costa atlántica sur de Galicia, conectando con el area de La Coruña a través de Santiago de Compostela, y en la Cornisa Cantábrica, en concreto entre Cantabria y Euskadi, prolongando en cierta medida su influencia hasta la costa asturiana (ver figura 5). En todos los casos, estos procesos se apoyan, y se han visto incentivados, por la existencia de vías de alta capacidad (autopistas y autovías, principalmente) en estos corredores.

Es preciso resaltar que este relanzamiento del crecimiento de las conurbaciones metropolitanas se relaciona con el crecimiento económico; y en concreto con el ciclo de crecimiento de la segunda mitad de los ochenta. Y el crecimiento económico a su vez con los procesos de ampliación de los mercados y globalización económica. El crecimiento económico, en general, activa los procesos de urbanización y en especial la concentración del crecimiento en el sistema urbano superior. Además, debido al componente fuertemente terciarizado que adopta el crecimiento -expansión de servicios avanzados, sector financiero, seguros, nuevas formas de distribución comercial, mercantilización del ocio, Fast Food, actividades logísticas, turismo...; amén de la ampliación de la administración pública hasta principios de los noventa- éste tiende a orientarse de una forma más acusada hacia los espacios altamente urbanizados.

En el caso español, entre 1981 y 1991 (ver cuadro 2), continúa la pérdida generalizada de población en las áreas rurales y semirrurales, incrementándose la población en los municipios mayores de 10.000 habitantes, y en especial en los núcleos entre 50.000 y 500.000 habitantes, mientras que la población de los núcleos mayores de 500.000 pierde ligeramente población. Esto es un reflejo de la consolidación de áreas o regiones metropolitanas, pues ese crecimiento se da en las áreas de influencia de estas conurbaciones, cuyos núcleos principales en muchos casos pierden población en sus zonas centrales. Esta tendencia se acentúa en el periodo 1991-1996, en especial en lo que se refiere a la pérdida de población de los grandes núcleos urbanos[1] (ver cuadro 5). Población que tiende a desparramarse por las áreas de influencia de estos núcleos (suburbanización del crecimiento), conformando extensas regiones metropolitanas. Hecho que queda claramente patente en el caso de Madrid y Barcelona, cuyas regiones metropolitanas alcanzan los cinco millones de habitantes (ver figura 6).

Cuadro 5: Las 100 ciudades más pobladas

	Padrón 1996	Censo 1991		Padrón 1996	Censo 1991
1. Madrid	2866850	3010492	51.Ourense	107060	102758
2. Barcelona	1508805	1643542	52. Jaén	104776	103260
3. Valencia	746683	752909	53. Mataró	102018	101510
4. Sevilla	697487	683028	54. Algeciras	101907	101256
5. Zaragoza	601674	594394	55. Barakaldo	100474	105088
6. Málaga	549135	522108	56. Marbella	98823	80599
7. Bilbao	358875	369839	57. Santiago de Compostela	93672	87807
8. Las Palmas	355563	354877	58. Dos Hermanas	91138	78025
9. Murcia	345759	328100	59. Reus	90993	87670
10. Valladolid	319805	330700	60. Torrejón de Ardoz	88821	82238
11. Córdoba	306248	302154	61. San Fernando	85882	85410
12. Palma de Mallorca	304250	296754	62. Avilés	85696	85351
13. Vigo	286774	276109	63. Lugo	85174	83242
14. Alicante	274577	265473	64. Teide	84389	77356
15. Gijón	264381	259067	65. Ferrol	83048	83045
16. Hospitalet de Llobregat	255050	272578	66. Alcobendas	83031	78725
17. Granada	245640	255212	67. Cornellá de Llobregat	82490	84927
18. A Coruña	243785	246953	68. Getxo	82196	79954
19. Vitoria	214234	206116	69. Palencia	78831	77863
20. Badalona	210987	218725	70. Sant Bol de Llobregat	78005	77932
21. Santa Cruz de Tenerife	203787	200172	71. Cáceres	77768	74589
22. Oviedo	200049	196051	72. Coslada	76001	73866
23. Móstoles	196173	192018	73. Pontevedra	74287	71491
24. Elche	191660	188062	74. El Puerto de Santa María	72460	65517
25. Sabadell	185798	189404	75. Talavera de la Reina	70922	68700
26. Santander	185410	191079	76. Girona	70576	68656
27. Jerez de la Frontera	182269	183316	77. Parla	69163	69907
28. San Sebastián	176908	171439	78. Lorca	69045	65919
29. Leganés	174593	171589	79. Ceuta	68796	67615
30. Cartagena	170483	168023	80. Guadalajara	67108	63649
31. Pamplona	166279	180372	81. Toledo	66006	59802
32. Terrassa	163862	158063	82. Manresa	64385	66320
33. Fuenlabrada	163567	144723	83. Zamora	63783	64476
34. Alcalá de Henares	163386	159355	84. Prat de Llobregat	63255	64321
35. Burgos	163156	160278	85. Ponferrada	61575	59948
36. Salamanca	159225	162888	86. Torrent	60999	56564
37. Almería	155120	155120	87. Alcoi	60921	65514
38. Cádiz	145595	154347	88. Linares	60222	59249
39. León	145242	144021	89. Pozuelo de Alarcón	60120	48328
40. Albacete	143799	130023	90. Melilla	59576	56600
41. Getafe	143153	139190	91. Ciudad Real	59392	57030
42. Alcorcón	141465	139662	92. La Línea de la Concepción	59293	58315
43. Huelva	140675	142547	93. Torrelavega	58196	60023
44. Castellón de la Plana	135729	134213	94. Sagunto	58135	55457
45. Logroño	123175	122254	95. San Sebastián de los Reyes	57632	53707
46. Santa Coloma de Gramenet	123175	133138	96. Gandía	56555	51806
47. Badajoz	122510	122225	97. Alcalá de Guadaira	56313	52257
48. La Laguna	121769	110895	98. Sanlúcar de Barrameda	56006	56006
49. Tarragona	112176	110153	99. Irún	55216	53276
50. Lleida	112035	112093	100. Segovia	54287	54375

Fuente INE y El País

Esto es, se intensifica la movilidad poblacional intrarregional más que interregional. Este proceso es más antiguo en las grandes regiones metropolitanas europeas, lo cual es un indicador del carácter más reciente del proceso urbanizador español, que sigue tardíamente las pautas de "conurbación difusa" (o "urban sprawl" anglosajón). En la actualidad uno de cada dos habitantes vive ya en alguna de las 18 áreas o regiones metropolitanas existentes[2], ocupando tan sólo el 4% del conjunto del territorio español [SEMAV , 1996]. A finales del siglo XX casi el 75% de la población tiene un carácter urbano, cuando esta proporción, como ya se apuntó, tan sólo superaba ligeramente el 30% en 1900. Es decir, ha habido un salto espectacular en el proceso urbanizador, con una población total que más que duplica la existente a principios de siglo (pues se ha pasado de 18,6 a 39,5 millones de personas)(ver cuadro 2). El caso español es uno de los fenómenos de urbanización más rápidos del continente. Este hecho cobra un relieve especial ante el hecho de que la UE es la región más urbanizada del globo. El 79% de su población tiene un carácter urbano, frente al 77% de Japón y al 76% de EEUU. Y contrasta de forma manifiesta con la vecina Portugal, donde tan sólo el 36% de su población tiene un carácter urbano. Otros países de la UE como Irlanda (con el 58%), Grecia (con el 64%) e Italia (con el 69%), muestran también un menor grado de urbanización [CE , 1994].

Dentro del espacio europeo, se da una tendencia general a una creciente localización de la población y, en menor medida, de la actividad económica, hacia el Sur y hacia las zonas costeras (lo que se conoce como "litoralización"), dentro de cada espacio estatal. Esta tendencia se acentúa en la Europa meridional, y especialmente en el caso español donde se intensifican las dinámicas urbanizadoras en el Sur y el litoral Mediterráneo. Especialmente porque en esas zonas tiende a localizarse asimismo la actividad económica, la agricultura intensiva (de exportación) y en concreto el turismo. En el resto del litoral, Galicia y Cornisa Cantábrica, se produce asimismo una creciente concentración de la actividad económica y urbanización en las áreas costeras, especialmente en sus zonas más llanas; en buena medida también debido a la construcción de segunda residencia. Todo ello dentro de una dinámica global de lenta pérdida de peso poblacional del conjunto de la zona (ver cuadro 6 y figuras 6 y 7), más acusado en general en su interior, como consecuencia de la crisis industrial y minera, así como de la agricultura tradicional que padece ese espacio.

Cuadro 6: Variaciones de la población según Censo 81, Padrón 86, Censo 91 y Padrón 96

Comunidad autónoma	Censo 81	Padrón 86	Censo 91	Padrón 96	Variac ión absolu ta Padrón 86/Cen so 81	Variaci ón absolut a Censo 91/Padr ón 86	Variac ión absolu ta Padrón 96/Cen so 91	Variac ión relati va Padrón 86/Cen so 81	Variaci ón relativ a Censo 91/Padr ón 86	Variación relativa Padrón 96/Censo 91
TOTAL NACIONAL	37682355	38473418	38872268	39669394	791063	398850	797126	2,10	1,04	2,05
Andalucía	6440985	6789772	6940522	7234873	348787	150750	294351	5,42	2,22	4,24
Aragón	1196952	1184295	1188817	1187546	-12657	4522	-1271	-1,06	0,38	-0,11
Asturias	1129556	1112186	1093937	1087885	-17370	-18249	-6052	-1,54	-1,64	-0,55
Baleares	655908	680933	709138	760379	25024	28205	51241	3,82	4,14	7,23
Canarias	1367646	1466391	1493784	1606534	98745	27393	112750	7,22	1,87	7,55
Cantabria	513115	522664	527326	527437	9549	4662	111	1,86	0,89	0,02
Castilla la Mancha	1648548	1675715	1658446	1712529	27131	-17269	54083	1,65	-1,03	3,26
Castilla y León	2583137	2582327	2545926	2508496	-810	-38401	-37430	-0,03	-1,41	-1,47
Cataluña	5956414	5978638	6059494	6090040	22224	80856	30546	0,37	1,35	0,50
Comunidad Valencian a	3546778	3732682	3857234	4009329	85904	124552	152095	2,36	3,34	3,94
Extremadu ra	1064968	1086420	1061852	1070244	21452	-24568	8392	2,01	-2,26	0,79
Galicia	2811912	2844472	2731569	2742622	32560	-112803	10953	1,16	-3,97	0,40
Madrid	4686895	4780572	4947555	5022289	93677	166983	74734	2,00	3,49	1,51
Murcia	955487	1006788	1045601	1097249	51301	38813	51648	5,37	3,86	4,94
Navarra	509002	515900	519277	520574	6898	3377	1297	1,36	0,65	0,25
País Vasco	2141809	2136100	2104041	2098055	-5709	-32059	-5986	-0,27	-1,50	-0,28
La Rioja	254349	260024	263434	264941	5675	3410	1507	2,23	1,31	0,57
Ceuta	85264	65151	67615	68798	-113	2464	1181	-0,17	3,78	1,75
Melilla	53593	52388	56600	59576	-1205	4212	2976	-2,25	8,04	5,26

Fuente INE

Mientras tanto, se sigue despoblando la "España interior", en especial Castilla-León, y el Sur y Norte de Aragón, y en menor medida grandes zonas de Castilla-La Mancha y Extremadura (ver cuadro 6 y figuras 6 y 7). Creándose en muchos casos importantes vacíos de población (el 70% del territorio estatal pierde población), sin parangón si se compara con otros países de la UE, y fundamentalmente con los centroeuropeos. En éstos, son muy pocas las regiones que muestran pérdidas de población [CE , 1994]. La densidad de población española se sitúa bastante por debajo de la media "los Quince" (78 hab/km², frente a 115 hab/km²). Y eso que la media de la UE se ve lastrada hacia abajo por la incorporación reciente de extensos países de muy baja densidad, tales como Finlandia (15 hab/km²) o Suecia (20 hab/km²). Los principales países comunitarios manifiestan, en general, unas muy altas densidades de población (Holanda: 376 hab/km²; Bélgica: 332 hab/km²; Reino Unido: 242 hab/km²; Alemania: 228 hab/km²; Italia: 190 hab/km²...). Tan sólo Irlanda (con 52 hab/km²), si se exceptúan Finlandia y Suecia, se sitúa por debajo de la media española. Incluso Grecia (con 157 hab/km²) o Portugal (con 108 hab/km²) se encuentran por encima [Eurostat , 1996]. Pero lo que llama más la atención en el caso español son los acusados contrastes entre unas zonas y otras. Las provincias de mayor densidad (Madrid con 616 hab/km²; Barcelona con 602 hab/km²; y Vizcaya con 521 hab/km²), multiplican por 50 ó 60 veces las densidades de las provincias más despobladas (Soria con 9,17 hab/km²; Teruel con 9,70 hab/km²; y Guadalajara con 11,92 hab/km²) [INE , 1994].

Por otro lado, en el contexto de la UE llama la atención cómo una muy gran parte del territorio español (el 73%) está dentro de las llamadas regiones objetivo 1 (ver figura 8); todas las regiones españolas salvo Madrid, La Rioja, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón. Es decir, prácticamente toda España salvo el triángulo noreste y la provincia de Madrid. Este extenso espacio, el más periférico respecto de la UE, tiene una renta per cápita que no alcanza al 75% de la renta media comunitaria. Es más, en 1990 ninguna región española alcanzaba la media comunitaria, siendo la región más cercana a la misma las Baleares [Castells y Parellada , 1993]. En el espacio de la UE son también, en general, los territorios más periféricos (Irlanda, los Highlands británicos y Alemania del Este) y meridionales (Grecia y Portugal en su conjunto, el Mezzogiorno italiano, Sicilia y Córcega y Cerdeña) los que manifiestan una situación similar [CE , 1994].

En definitiva, la población se está moviendo poco a poco, en términos globales, hacia los territorios donde se concentra el crecimiento del PIB en los últimos años[3], pudiéndose constatar estas tendencias si se comparan los censos del 81 y el 91, así como el padrón del 96 (ver cuadro 6). En general, se podría decir que hay un desplazamiento migratorio paulatino de la "España húmeda" hacia determinadas zonas de la "España seca", en concreto el litoral mediterráneo y especialmente el área insular. Los porcentajes más altos de crecimiento poblacional se dan en los dos archipiélagos, seguidos de la zona de levante. Resaltando asimismo en el último periodo el caso de Andalucía, que aparte de manifestar un mayor crecimiento vegetativo relativo se convierte en receptora neta de población [SEMAV , 1996].

En el litoral español se concentra ya casi el 40% de la población española. Población que llega a triplicarse en la época estival, de afluencia turística [SEMAV , 1996]. El turismo, tanto interior como exterior, es de forma prioritaria un turismo de sol y playa, que se concentra fundamentalmente en la costa mediterránea y en los archipiélagos balear y canario. La construcción de apartamentos, segundas residencias, bungalows, hoteles, equipamientos, centros comerciales..., que se han realizado a lo largo de los últimos cuarenta años, y en especial en la década de los ochenta, ha adquirido tal dimensión, que, p.e., en la costa mediterránea, se puede hablar de una urbanización prácticamente continua que va desde Port Bou a Tarifa. Y dentro de esta tendencia de progresiva litoralización de la población, de la actividad económica y fundamentalmente de la actividad turística, destaca, dentro de la península, el atolón demográfico de Madrid, que ve reforzado su papel de centro rector de la economía española, y de elemento charnela de conexión con la UE y la Economía Global. Esta conurbación va extendiendo sus tentáculos paulatinamente a las provincias limítrofes, desbordando ya claramente el ámbito de la Comunidad de Madrid. Al igual que la región metropolitana de Barcelona, que se desparrama por la costa en las provincias de Gerona y Tarragona, al tiempo que se vacía el interior de su propia provincia, debido al carácter agreste de la misma.

Todo ello está haciendo que se intensifiquen las disparidades regionales, y en especial entre zonas urbanas y rurales (especialmente del interior). La propia Comisión Europea señala, refiriéndose al caso español, que "en términos generales, la inversión extranjera, a través de sus decisiones de localización, ha aumentado las diferencias regionales y la especialización productiva de las regiones, llegando a veces al desarrollo monosectorial, y ha reforzado las polaridades ya existentes en un contexto de urbanización mal controlada". Y continúa diciendo que "son los riesgos derivados del reforzamiento de los centros en detrimento de la periferia" [CE , 1994].

Además, el tipo de crecimiento urbano de los últimos años está teniendo un importante impacto ambiental. La propia Comisión Europea ha señalado que "el aumento de los fenómenos de litoralización y de suburbanización ejerce una presión e impacto creciente sobre determinados espacios abiertos y sobre zonas naturales sensibles" [CE , 1994]. Grandes extensiones húmedas costeras han desaparecido y otras están amenazadas por nuevas urbanizaciones (caso de Doñana). En el caso español el impacto del turismo es especialmente significativo, especialmente sobre unos ecosistemas frágiles donde fundamentalmente centra su actividad. Los casi 200 campos de golf, los más de 200 puertos deportivos y las casi 30 estaciones de esquí, junto a los más de 10.000 hoteles existentes, suponen una acusada agresión ambiental, hasta ahora insuficientemente evaluada [EL PAIS , 20-11-1997].

Por otro lado, aparecen fenómenos nuevos como es la progresiva conexión y extensión de las tendencias urbanizadoras en determinadas áreas limítrofes con los países colindantes. Por ejemplo, creciente interdependencia e integración entre el Algarve y Andalucía Occidental, entre el sur de Galicia y el Norte de Portugal, o entre Cataluña y el Rosellón. Lo cual, aparte de responder a ciertas tendencias históricas, es una muestra de la paulatina desaparición de las fronteras estatales como consecuencia del funcionamiento del MU. Lo mismo sucede, con diferentes ritmos e intensidades, en espacios europeos similares. En algunos de ellos, especialmente en centroeuropa, este fenómeno se viene dando ya desde hace tiempo, como resultado de su pertenencia anterior al "proyecto europeo" y de las fuertes interrelaciones existentes.

En cuanto a la localización por estructura de edades, la población joven tiende a ubicarse en los polos metropolitanos, y en general en la mitad Sur de la Península, mientras la población de más edad y la mayor masculinidad (ratio de hombres sobre mujeres superior a la media) es predominante en las áreas rurales[4], en especial en las áreas que experimentan un mayor abandono de población, y fundamentalmente en la mitad Norte (ver figuras 9 y 10). El campo exporta jóvenes activos e importa, en todo caso, jubilados. Esta tendencia que es general para toda la UE, se acentúa especialmente cuando se considera el caso español, lo cual es un síntoma, como se verá más adelante, de la pérdida de vitalidad del agro español. Por otro lado, un sector no despreciable de población de edad avanzada tiende a concentrarse en las regiones de clima más benigno. Los jubilados han incrementado, hasta ahora, su movilidad ocasional y duradera. Este fenómeno se ve considerablemente reforzado en el caso español, al acoger nuestro territorio, en concreto el arco mediterráneo y los archipiélagos, importantes contingentes de población jubilada comunitaria; más de un millón en los últimos veinte años [Jurdao y Sánchez Elena , 1995b].

Por otro lado, la población inmigrante de terceros países no comunitarios, y especialmente de las "periferias Sur y Este"[5], tiende a localizarse también, en general, en las áreas altamente urbanizadas (principales metrópolis y corredor mediterráneo). Y, en ocasiones, en determinadas zonas de agricultura intensiva (área de la fresa en Huelva, agricultura bajo plástico en Almería, Maresme...), orientada a la exportación y cuya rentabilidad está basada, en gran medida, en el bajo coste de la mano de obra. En España la aparición de este fenómeno es relativamente reciente, pues se inicia a mediados de los 70, acelerándose durante los 80. En los 70, se pasa de ser un área emisora de población, a ser una zona receptora de inmigración. De cualquier forma, la dimensión de la población inmigrante de terceros países es baja, menos del 2% con respecto al total de la población, en relación a otros países de la UE, donde destacan Francia o Alemania, con más del 4% y casi el 7% respectivamente. Es curioso señalar cómo la población inmigrante en la UE tiende a concentrarse fundamentalmente en la llamada Golden Banana, y fuera de ella también en los espacios altamente urbanizados [CE , 1994].

Llama la atención que la movilidad duradera de población dentro de la UE es muy escasa. Menos del 2% de la población comunitaria vive en otro Estado miembro [CE , 1994]. Lo cual contrasta con la movilidad que adquiere, progresivamente, la localización del empleo, que manifiesta pautas mucho más ágiles en cuanto a su desplazamiento y reubicación, pues la movilidad de las empresas se desarrolla cada vez más a escala transnacional, como resultado de la creación del MU. Los vínculos lingüísticos y culturales, la ligazón a lo local -incluida la vivienda-, y el temor a perder la protección que brindan los lazos comunitarios, ante la progresiva desaparición del Estado del Bienestar, tienden a hacer que la fuerza de trabajo manifieste mucha menor disponibilidad a desplazarse, que el capital transnacional.

Ello explica, entre otras cosas, de acuerdo con las tesis comunitarias, que subsistan diferencias tan sustanciales en las tasas de paro entre los diferentes estados miembros de la UE, a pesar de las "facilidades" que se han establecido en los últimos años para el libre desplazamiento de la fuerza de trabajo (convenio Schengen, que en cualquier caso no está suscrito todavía por diversos países de la UE). De todas formas, todavía existen restricciones que impiden un funcionamiento "más transparente" del mercado de trabajo, como por ejemplo la diferente protección social que reciben los ciudadanos de los distintos estados miembros, o los diversos obstáculos al asentamiento de la propia población comunitaria en otros países de la UE. Esta situación contrasta con la existente entre los diferentes estados de EEUU. La movilidad allí es considerablemente más alta que en la UE. Lo que quizás pueda explicarse por la ausencia de restricciones administrativas a la movilidad laboral, la existencia de una lengua común, de pautas culturales similares, la menor vinculación a lo local, el carácter más desestructurado de las comunidades, y la mayor atomización social. De todos modos, la población más móvil en el espacio europeo es, aparte de ciertos sectores de los jubilados, con mucho, la mano de obra más cualificada, es decir aquella que está más ligada a la gestión de la Economía Global [CE , 1994].

Parece que esa menor movilidad de la fuerza de trabajo, especialmente de los sectores menos cualificados, y en relación con los trabajos menos remunerados y más penosos, se cubre con la mano de obra inmigrante. Esta última tiende a ubicarse, pues, allí donde se orientan las pautas de localización de la actividad productiva y del capital en general.

Todo ello hace que, de acuerdo con la CE (1993), el espacio comunitario no sea lo suficientemente competitivo, y sea preciso profundizar en la desregulación laboral, poniendo a EEUU como ejemplo a imitar[6], con el fin de abaratar costes de producción y conseguir la máxima movilidad geográfica y funcional de la mano de obra. Además, la propia CE señala el hecho de que las redes de transporte, energía y telecomunicaciones, tienen, en general, un diseño orientado principalmente a satisfacer el funcionamiento de los mercados estatales, y que descuidan la "necesaria" dimensión comunitaria. De ahí que tanto en el Tratado de Maastricht, como posteriormente en el Libro Blanco de Delors [CE , 1993], así como en muchos otros documentos y declaraciones recientes de la CE, se recoja la exigencia (y la urgencia) de la creación de las llamadas Redes Transeuropeas -de transporte, energía y telecomunicaciones-, como vía para crear un espacio verdaderamente homogéneo, fluido y competitivo, que permita aprovechar las ventajas potenciales del MU. Suprimiendo o venciendo todo tipo de obstáculos geográficos -existencia de islas, cordilleras u otros tipo de barreras o discontinuidades-, fronterizos, o administrativos. Lo cual permitirá conseguir la "integración de territorios diversificados y en competencia recíproca, dentro de un espacio europeo globalmente competitivo" [CE , 1994].

A continuación, se intentará profundizar en el entendimiento del funcionamiento de las diferentes partes de este complejo puzzle que es la estructura territorial. Lo que contribuirá a comprender mejor lo expresado aquí en términos generales, y a poder aventurar con más conocimiento de causa cuáles pueden ser las tendencias futuras.

El fin del mundo rural tradicional

Estos elementos configuran una creciente reconversión de la agricultura campesina, más o menos tradicional, hacia una agricultura de tipo industrial, o agrobusiness. Este proceso ha significado de hecho la marginación del agricultor en el proceso de suministro de alimentos, y la creciente hegemonía del capital transnacional en la economía agroalimentaria. El agricultor ha quedado progresivamente reducido a "cliente" de productores de semillas, piensos compuestos, abonos e insecticidas químicos... y de todo un paquete tecnológico cuidadosamente controlado por un número cada vez menor de consorcios agroindustriales; y a proveedor de materia prima barata para la industria alimentaria y las grandes cadenas de alimentación. Esta dinámica ha supuesto la desaparición de sistemas productivos bastante adaptados a las limitaciones ambientales de cada zona, y la ruptura de la tradicional relación (más o menos armónica) del campesino con su entorno, y de los vínculos directos entre el productor y el consumidor. La consecuencia de todo ello está siendo el despoblamiento del campo, la destrucción del equilibrio con los ecosistemas naturales, la desaparición de la variedad de culturas campesinas y ganaderas, la pérdida de la diversidad agrícola y biológica, la inversión del balance energético en la agricultura, el incremento de la contaminación y el deterioro de la calidad y la seguridad alimentaria [Bermejo , 1995].

De un 50% de la población ocupada en la agricultura en 1950, y un 27% en 1970, se ha pasado a tan sólo un 8% en la actualidad (la media de la UE es del 5% y la de EEUU del 3%); en 1985 cuando se firma el acuerdo de adhesión a la CE, todavía existía un 17% de la ocupación dedicada a la agricultura [Bermejo , 1995; Larrea , 1993; Eurostat , 1997]. Estos breves datos indican que un fuerte terremoto está afectando a la actividad agrícola. Pero quizás sería conveniente situar escuetamente algunos cambios que acontecen en el sector previo al ingreso en la CE, para entender mejor la dinámica en la que estamos inmersos.

Desde los años 50 hasta la entrada en la CE, se produce una fortísima mecanización agraria[7], un considerable incremento del tamaño medio de las explotaciones (por concentración parcelaria, por arriendos, por compra de terrenos de agricultores que abandonan el campo...), y una transformación profunda de las prácticas agrícolas (incorporación de las tecnologías ligadas a la llamada "revolución verde"), que implican un fuerte incremento de la productividad a corto plazo. Se pasa cada vez más de producir para el autoconsumo, el intercambio directo o los mercados locales, a producir para mercados estatales -en especial para la demanda de las grandes aglomeraciones urbanas en periodo de expansión demográfica-, e internacionales (fundamentalmente europeos). Sin embargo, en ese proceso la eficiencia energética de la agricultura se divide por diez[8], y el coste ambiental en términos de consumo de recursos no renovables (en especial, petróleo) se multiplicó por treinta [Alonso Millán , 1995]. Pero para lo que sí es "eficaz" la nueva forma de producción agraria, es para alimentar a una población urbana en constante aumento, y para incorporar a la lógica del mercado y la acumulación una actividad que, en mayor o menor grado, se desarrollaba en general al margen de la misma.

Pero desde los años 50 tienen lugar asimismo otros cambios muy importantes que se relacionan también con la actividad agraria. Cambios en gran medida inducidos desde dos de los principales polos de la Economía Mundo en gestación: EEUU y la CEE. Desde finales de los 50 empiezan a entrar masivamente en el mercado español importantes contingentes de maíz y soja[9] (destinados de forma prioritaria al alimento de ganado) fuertemente excedentarios en el mercado estadounidense, que se introducen en España de la mano de los acuerdos suscritos con EEUU. A lo que acompaña posteriormente todo el paquete tecnológico de los híbridos norteamericanos (y en menor medida comunitarios), que fomenta una creciente dependencia de la industria del agrobusiness. Lo cual corre paralelo con la promoción de un cambio en la dieta mediterránea, rica en proteínas vegetales (provenientes prioritariamente de legumbres y cereales), por la dieta americana, rica en proteínas de origen animal. La producción de carne verdaderamente se dispara en este periodo[10], lo que obliga al cambio de la ganadería extensiva por la ganadería intensiva, estabulada, por la imposibilidad del medio físico de sustentar tamaño incremento de cabaña ganadera, con todos los problemas que ello implica.

Ello induce a la necesidad de impulsar importantes extensiones de nuevos regadíos, orientados en buena medida a la producción de cultivos forrajeros y cereales pienso para ganadería[11], con el fin de complementar las importaciones de pienso. Es preciso recordar que para producir una caloría de origen animal se necesitan otras siete de origen vegetal [Soto , 1986]. De esta forma, se pasa de 1,5 millones de Has de regadío en los 50 a 3 millones a mediados de los ochenta [SGDRCN , 1995]. Un fortísimo incremento que se ha mantenido prácticamente constante hasta la actualidad. Al mismo tiempo se produce un profundo cambio en la produccion agraria final. La superficie dedicada al cultivo de leguminosas se reduce a la cuarta parte en los últimos cuarenta años (una muestra clara del cambio en los hábitos alimenticios). La superficie dedicada a trigo cae a la mitad, la de cebada más que se duplica (en ello incide también la sustitución que se opera de vino por cerveza en los hábitos de bebida). Y el girasol, de ser prácticamente inexistente, pasa a tener dos millones de Has, al tiempo que se levanta una superficie considerable de olivo [Larrea , 1993].

Mientras tanto, los abultados excedentes de grasas animales y vegetales (mantequillas y margarinas, principalmente), que se generan en la CEE como consecuencia de las subvenciones de la PAC a la agricultura de tipo continental, se orientan en parte a los mercados mediterráneos, entre ellos el español [García Rey , 1997]. De cualquier forma, el grueso de estas exportaciones va a los países de la periferia, a precios de dumping, desarticulando las producciones propias y creando dependencia alimentaria de los mercados mundiales. Aquí, también, se incentivan cambios culturales y culinarios, pues es un área fundamentalmente consumidora de aceite de oliva, con el fin de ganar cuota de mercado.

Todo ello provoca alteraciones importantes en la balanza agroalimentaria. A finales de los 50, ésta era claramente positiva. Desde principios de los sesenta el saldo comercial agroalimentario empieza a adquirir un tono francamente negativo; hasta que en 1975 las exportaciones cubren tan sólo la mitad del valor de las importaciones. Posteriormente, se va recuperando hasta casi igualarse importaciones y exportaciones en 1985; en ello juega a favor la alta cotización del dólar por aquel entonces, y el incremento de exportaciones que propicia el Acuerdo Preferencial con la CEE, ayudado por las nuevas explotaciones de frutas y cítricos[12], y hortalizas (que hace factible la agricultura bajo plástico del Campo de Dalías). A partir de entonces, es decir desde nuestra entrada en la CE, el deterioro de la balanza comercial agrícola es muy acusado, cambiando en cierta medida esta tendencia en 1992, como consecuencia de las sucesivas devaluaciones de la peseta [Larrea , 1993].

¿A qué se debe este brusco deterioro? Sencillamente a las condiciones de ingreso en la CE en el capítulo agroalimentario, al propio marco de funcionamiento de la PAC, y especialmente al hecho de tener que competir en mercados cada vez más amplios y a la "colonización" por las cadenas agroalimentarias transnacionales.

Gran parte del Estado español, esto es, amplias zonas de la llamada "España interior" y la Cornisa Cantábrica, tiene (o quizá cabría mejor decir, tenía) una producción agropecuaria de tipo continental: carne, leche, cereales, remolacha, patatas... Dicha estructura productiva, basada en gran medida en la pequeña actividad productiva, se está viendo muy seriamente afectada por la agricultura del mismo signo de la Europa comunitaria. Pues los excedentes que genera la PAC en este terreno, a un menor coste monetario (aunque con un alto "coste" energético y ambiental), con unidades de explotación mayores y elevados rendimientos (debido a los mejores suelos), y con una climatología más propicia, junto con las duras condiciones que se establecieron para el ingreso en la CE (cuotas de producción, tasas y congelación de precios...), han determinado una cada día mayor penetración de estos productos en el mercado español[13].

El impacto está siendo especialmente grave en aquellas áreas especializadas en estas producciones, en muchas de las cuales, y a pesar de la fuerte desarticulación del mundo agrario habida en ellas desde el ingreso en la CE, aún se encuentra un porcentaje importante de población activa vinculado a la actividad rural (Galicia -el 24%-, Castilla-León -el 13,4%-, Asturias -el 11,9%-, Cantabria -el 11,5%-...) [INE , 1997]. Máxime cuando se están fomentando jubilaciones anticipadas y la concentración de explotaciones, con el fin de "modernizar" este sector. Así no son de extrañar las declaraciones del ex-titular de Agricultura, Pedro Solbes, que al filo de la década de los noventa decía, sin ningún pudor, que en el campo español "sobraban" nada más y nada menos que 700.000 agricultores. Aproximadamente la mitad de los que había por aquel entonces.

Los agricultores fueron incurriendo en un progresivo endeudamiento para mantenerse en el mercado, debido a la creciente mecanización y tecnificación de los procesos a que les impele la competitividad, y a que cada vez son necesarias explotaciones más grandes para subsistir; con la creciente especialización y expansión de monocultivos, y la pérdida de diversidad biológica, que ello supone. Así como más inputs externos -fertilizantes, herbicidas, plaguicidas...- para mantener iguales rendimientos. Pues el resplandor de la "revolución verde" se va diluyendo, conforme se agotan y contaminan los suelos, y proliferan las plagas, si no existe un creciente y costoso aporte exterior. Lo que agrava la dependencia externa de las nuevas formas de explotación agraria.

A lo anterior habría que añadir las dificultades que conlleva la, en general, abrupta orografía española. El Estado español es el segundo en Europa (después de Suiza) con mayor altitud media: 20% del territorio se encuentra por encima de los 1000 m. sobre el nivel del mar, y un 40% entre 500 y 1000 m. de altitud. Mesetas altas y pendientes acusadas dificultan la actividad agraria en grandes zonas del país, acentuando la fragilidad de los suelos y el peligro de erosión. A estas ya de por sí graves limitaciones, hay que añadir la pobreza de los suelos, reduciéndose los de buena calidad para la agricultura a las zonas aluviales de los valles y franja costera, y cuencas de sedimentación del terciario [Bermejo , 1995]. Es decir, la agricultura en las zonas menos favorables sólo puede sobrevivir si funciona para abastecer los mercados locales, lo que ha venido haciendo hasta hace poco. No si intenta -o se ve obligada a- competir en mercados cada vez más amplios, donde dominan las grandes explotaciones, altamente mecanizadas, que operan sobre suelos más fértiles, con alto aporte de fertilizantes químicos, con un elevado nivel de precipitaciones, y además fuertemente subvencionadas[14].

En estas condiciones, es sencillamente imposible competir. No es pues de extrañar el acusado abandono de población que se está produciendo en casi toda la "España interior" y el paulatino descenso demográfico que se manifiesta en la Cornisa Cantábrica. Al tiempo que se profundiza el desequilibrio de la balanza agroalimentaria, y que se incrementan las necesidades de importación de petróleo.

Mientras tanto, la única agricultura capaz de bandearse, hasta ahora, en los mercados comunitarios ha sido la agricultura de corte mediterráneo (cítricos, cultivos hortofrutícolas...) que se ha ido intensificando crecientemente en las últimas décadas, para orientarla cada vez más a la exportación. Recurriendo a costosos e impactantes trasvases, como el del Tajo-Segura, que empieza a operar a finales de los setenta. O a la agricultura bajo plástico principalmente en la zona de Almería, donde se han desarrollado del orden de 30.000 Has, en especial en el Campo de Dalías, extrayendo agua de los limitados acuíferos de la zona. En los últimos años se ha venido desarrollando también de una manera espectacular el cultivo bajo plástico de fresón en Huelva (existen ya unas 15.000 Has), arrasando en muchos casos áreas forestales y sobreexplotando igualmente las aguas del subsuelo. Una parte muy importante de esa producción se destina también a la exportación. Hoy en día el 70% del mercado comunitario de la fresa es cubierto por las exportaciones que salen de Huelva [Nicholson , 1997], que chocan con los intereses de los agricultores en otras partes del continente. En este caso se observa el conflicto reflejado al revés.

Pero tras el pretendido fulgor de estas últimas[15], se adivina un gigante con pies de barro, pues los escasos recursos hídricos se agotan, contaminan y salinizan. A pesar de todo, las importaciones hortofrutícolas desde la Europa comunitaria han pasado de 200.000 a un millón de tms en diez años [Lamarca , 1995], destinando a vertedero parte de la producción propia como exigencia de Bruselas para controlar precios. Gran parte de estos productos hortofrutícolas provienen de Holanda, a 2000 kms de distancia, donde se logran tres y cuatro cosechas anuales, calefactando los invernaderos bajo plástico. Esto es, se logra reproducir artificialmente el clima mediterráneo a costa de un gran derroche energético.

Los beneficiarios de esta agricultura de exportación son las grandes empresas de intermediación y distribución (muchas de ellas grandes operadores europeos), que compran barato, en origen, e intentan vender, en destino, al precio más alto que les permite la competitividad con otras áreas mediterráneas. Tanto de aquellas pertenecientes a la UE, Italia o Grecia, como de aquellas extracomunitarias, Israel o Marruecos, con más dificultades, hasta el momento, para acceder al mercado de "los Quince". Y también en ese paisaje artificial rural que es el Campo de Dalías, florece el negocio de los bancos y de las industrias del agrobusiness, mientras proliferan el desarraigo, los suicidios, la delincuencia, el racismo con la mano de obra inmigrante y la muerte prematura de los trabajadores que laboran en los invernaderos manipulando productos altamente tóxicos. Presentándose un grave problema adicional: qué hacer con las 500.000 tms de plástico que se desechan anualmente en ese territorio.

En el valle del Guadalquivir, uno de los territorios más fértiles de la UE, se impulsa una agricultura intensiva en energía y capital (en gran medida foráneo), de grandes explotaciones, acorde con la estructura latifundista de la tierra en dicho ámbito. Una parte cada día más importante de su producción se orienta igualmente a los mercados exteriores, en especial comunitarios, en detrimento de la cobertura de las necesidades propias. "La industria agroalimentaria ["andaluza"] ha pasado de satisfacer el 70,3% de la demanda interna en 1980, a sólo un 39,9% en 1990" [Delgado Cabeza , 1996]. A lo largo de las últimas décadas se ha incrementado de forma acusada su productividad mediante la extensión de regadíos y la intensificación de la mecanización. Esta dinámica genera excedentes adicionales de fuerza de trabajo en el campo, sumándose a un ya muy importante contigente de jornaleros desempleados, que por ahora permanecen aparcados en las áreas rurales por la existencia del PER (Plan de Empleo Rural). Pero que pueden invadir los principales núcleos urbanos andaluces, si se reducen dichos fondos, engrosando la abultada población en paro que sobrevive a duras penas en éstos. No por casualidad las tasas más altas de paro se manifiestan en Andalucía y Extremadura (ver figura 11).

Otra dinámica que se refuerza en estos años de pertenencia al proyecto europeo, es la compra de tierras por el capital foráneo. Hasta mediados de los 80 las compras de tierra habían quedado principalmente circunscritas al área de influencia turística de la costa mediterránea y los archipiélagos. Fenómeno que había tenido un considerable impacto en la desarticulación y abandono de la actividad agraria en la franja del litoral. Sencillamente las rentas agrarias no podían competir con las abultados ingresos que proporcionaba la venta de parcelas de terreno para su desarrollo inmobiliario. Este proceso ha continuado intensificado en estos años como resultado de la avalancha turística y de construcción de segunda residencia que se ha manifestado en el área costera mediterránea e insular. Baleares, p.e., se dice popularmente que ya es de los alemanes. Sin embargo aparecen fenómenos nuevos, por un lado la irrupción de dinero negro que se refugia en la compra de tierras rurales y, por otro, la llegada de dinero extranjero, agilizada por la libre circulación de capitales, interesado en comprar bienes raíces, y en concreto grandes extensiones de suelo. En muchos casos con fines cinegéticos o exclusivamente de ocio. Ahora se venden fincas en los Montes de Toledo, la Sierra de Cazorla, Sierra Morena... Se podría decir que toda España está en venta. En 1989, el I Salón de inversiones inmobiliarias del Mediterráneo, celebrado en Valencia, tenía como eslogan "Se vende el Mediterráneo". Sintomático de la cultura de una época [Jurdao y Sánchez Elena , 1995 a][16].

Al mismo tiempo, están aumentando los embargos de tierras y propiedades entre los agricultores que no pueden pagar sus deudas. Y éstas pasan a manos de bancos y cajas de ahorros. El mercado, pues, está propiciando una reestructuración profunda y silenciosa de la propiedad de la tierra. Una reestructuración que tiende a concentrar la propiedad de la misma, que desplaza su pertenencia desde manos autóctonas que la trabajan, a manos foráneas (absentistas) que la vislumbran, en general, como activo inmobiliario o propiedad de recreo. Y en todos esos procesos se pierden, quizás para siempre, formas de agricultura y culturas campesinas que poseen, en muchos casos, una especial sabiduría ecológica.

En otras ocasiones, los agricultores de mayor edad venden las tierras, pues en general no hay jóvenes que quieran continuar con ellas, cogen las jubilaciones y se retiran a ciudades pequeñas cercanas a vivir sus últimos años, en pisos de reciente construcción. Llama la atención la gran cantidad de patrimonio edificado nuevo que se ha levantado en ciudades medianas y capitales de provincia, destinada a la tercera edad del campo, mientras decae el patrimonio edificado tradicional en los pequeños pueblos, donde habitaban cuando explotaban el campo.

Por otro lado, la industrialización de la agricultura y la ganadería ha roto la tradicional integración agro-silvo-pastoral, y su adecuación diversa a las distintas condiciones y ecosistemas naturales de la geografía española, alterando de forma considerable la variedad del paisaje tradicional. A este respecto, cabe señalar también las importantes transformaciones acontecidas a lo largo de los últimos cincuenta años en relación con el carácter y gestión de las áreas forestales. Las masas arbóreas densas ocupan en la actualidad menos de un 10% del territorio español, y de esta superficie tan sólo la mitad es bosque natural original. El resto corresponde a repoblaciones que se han orientado a especies de crecimiento rápido, como resultado de la especialización productiva industrial de la explotación forestal [CSCB , 1992]. Estas repoblaciones se impulsan principalmente después de la Guerra Civil, mediante el sistema de consorcios impuestos en los montes comunales por parte del Estado a través del ICONA. Esta política, por su dimensión[17], se puede entender como la tercera gran desamortización de la historia. Su finalidad era el aprovisionamiento de madera barata -en plantaciones del más corto turno posible- a la industria papelera, altamente contaminante, apoyada y calificada de "utilidad pública" por el régimen franquista [Groome , 1990].

El ingreso en la CE, profundiza estas tendencias. La CE importaba en esos años el 60% de la madera que consumía; como materia prima que se importaba sólo la superaba en términos económicos el petróleo. Era pues un producto de carácter estratégico. De esta forma, a la hora del ingreso en la CE, se contempla el territorio español como posible reserva forestal de la CE, de cara a ayudar a cubrir su déficit celulósico. Se identificó especialmente la Cornisa Cantábrica, y en menor medida las áreas de la "España interior" que generaban productos excedentarios en la CE (en especial Castilla-León), como aquellos espacios más acordes para cumplir esa función. A ello ayudaba también su régimen de precipitaciones. De hecho, la PAC incentiva el abandono de terrenos cultivados o pastoreados y su destino a la plantación de especies de crecimiento rápido. En el mismo sentido juega la fuerte demanda de papel que se ha experimentado en el territorio español, que se multiplicó por tres en tan sólo quince años [Cobos y Fuertes , 1989].

Esta política tiene importantes repercusiones ambientales y sociales. Allí donde se aplica se trastoca la armonía en general existente entre antiguos usos humanos, agrícolas y ganaderos, con el bosque natural, se asiste a una pérdida muy considerable de su diversidad biológica, y se empobrecen los suelos. Se altera pues el equilibrio existente con la población que habita en esas áreas, produciéndose un despoblamiento paulatino de las mismas al perder su base económica propia, en muchos casos de carácter comunal. Aparte de que la "preparación" de los suelos que conllevan las repoblaciones, normalmente con bulldozers, trastoca la estructura del suelo, acelera la erosión, y altera gravemente el paisaje y los flujos hídricos (escorrentía).

Igualmente, la introducción de especies de turno rápido incrementa de forma significativa el riesgo de incendios, especialmente en climas mediterráneos como el nuestro. "El incremento exponencial de los incendios no puede desligarse de la política de repoblación con especies pirófitas [...] La superficie forestal quemada y el dinero invertido en la lucha contra los incendios forestales en el Estado español ha llegado a superar ampliamente a la superficie repoblada y el dinero invertido en plantaciones en los últimos años" [Groome , 1990]. Si en el centro y norte de Europa los bosques están amenazados principalmente por la "lluvia ácida", en nuestro territorio éstos están en peligro, prioritariamente, por los incendios. Al ritmo actual, los bosques del territorio español habrán desaparecido antes de 75 años [MOPT , 1992]. De cualquier forma, los incendios forestales tienen también, en nuestro caso, otras causas: la presión inmobiliaria y especulativa; la utilización de la madera quemada (barata) por parte de la industria maderera; el incremento de los riesgos de combustión que comporta el desarrollo de matorral por la disminución de la ganadería extensiva, como resultado de su estabulación; y la falta de control de los incendios que conlleva el creciente despoblamiento rural.

La progresiva desparición de los bosques puede afectar seriamente a la climatología española, reduciendo las precipitaciones e incrementando los periodos secos. Asimismo, otra repercusión de la política repobladora es su impacto a posteriori acelerador de la erosión, pues el empobrecimiento de los suelos que supone la introducción de especies de crecimiento rápido, incrementa su vulnerabilidad al perder capacidad de retención. No es pues de extrañar el incremento de los daños ocasionados por riadas e inundaciones en territorios repoblados, y la colmatación de embalses que en muchos casos esto implica. Este es un factor añadido que agrava aún más la fragilidad del suelo en los climas mediterráneos frente a la erosión. Una cuarta parte del territorio español sufre una erosión fuerte, en especial el cuadrante sureste peninsular, lo que le convierte en el espacio europeo que más gravemente sufre este fenómeno [CSCB , 1992].

La expansión y reestructuración de las metrópolis

En este proceso, como ya se ha apuntado, se asiste a un nuevo crecimiento de las grandes conurbaciones, fundamentalmente espacial más que demográfico. Y a una profunda reestructuración del funcionamiento interno de estos espacios, para adecuarlos al nuevo papel que se les asigna dentro de las dinámicas de ampliación de los mercados y globalización económica y financiera. Todo ello es facilitado, y reforzado, por la política territorial oficial que ha pivotado en torno a los principales núcleos urbanos, así como a su interconexión (física y telemática), hacia donde se ha orientado un elevadísimo componente de inversión pública, directa e indirecta, en la última década. Y es ayudado, al mismo tiempo, por la política urbanística, que se adapta ya totalmente a (y promueve) las exigencias que imponen las dinámicas de "europeización"-mundialización sobre estos espacios[18].

En estos años, existe una clara "apuesta" política por integrar a las principales conurbaciones estatales, en nuestro caso las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona, en el lugar más destacado posible dentro del sistema europeo y mundial de ciudades, como polos claves de conexión con los circuitos económicos internacionales y de atracción de inversiones foráneas. Se busca, de forma explícita, que lleguen de alguna forma a desempeñar el papel que las llamadas Ciudades Globales [Sassen , 1991], y dentro de ellas las europeas -Londres, París, Frankfurt-, cumplen a escala comunitaria y en la Economía Mundo. Pero indudablemente una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que ambas metrópolis cumplen un papel bastante discreto dentro del sistema europeo y planetario de grandes conurbaciones, como no podía ser de otro modo por el papel de "Periferia del Centro" (europeo) que desempeña la economía española.

De hecho, se "evidencia la escasa importancia de Madrid, y de España, como sede de las principales empresas transnacionales: sus sedes se agrupan en París, Londres, Países Bajos y descienden por Alemania hacia Suiza y el Norte de Italia. Sin embargo, Madrid tiene una importancia cierta como centro de instalación de filiales de esas empresas europeas para trabajar en España" [Naredo , 1993]. Durante este periodo, pues, se realza aún más la función central que ejerce Madrid, como centro terciario y decisional, sobre el conjunto estatal. Es decir, como polo de conexión de la economía española con la UE y la Economía Mundo. Barcelona, mientras tanto, aunque intenta desempeñar (y ciertamente desempeña) un papel importante dentro del mediterráneo occidental, no logra desplazar la función de la capital del reino como principal centro terciario decisional, y especialmente financiero, de la economía española[19]. Así, el 66% de la población ocupada en la provincia de Madrid trabaja en los servicios, frente al 51% en la provincia de Barcelona; en el caso de la industria es al revés, 22% frente al 36% [INE , 1997].

De esta forma, Madrid experimenta un muy acusado incremento de la demanda de espacio de oficinas en la segunda mitad de los años ochenta, tras el ingreso en la CE. Así, se pasa de una demanda anual de 80.000 m² en edificio exclusivo en la primera mitad de la década, a más de 500.000 m² anuales en la segunda mitad. Esta presión de nuevo espacio terciario, que se manifiesta prioritariamente en ubicaciones más o menos centrales, junto con la paralela ocupación de espacio residencial por parte de actividad terciaria que no necesita, o no busca, inmuebles exclusivos (un 40% de la demanda total de nuevas oficinas) [CPT , 1991], así como otras dinámicas que se mencionan más adelante, están en la base del fuerte abandono poblacional de la llamada "almendra central" de la conurbación madrileña. En la década de los ochenta el Municipio de Madrid perdió unos 250.000 habitantes -una población como La Coruña- [Fdez Durán , 1993], y en la primera mitad de ésta del orden de 150.000 (ver cuadro 5). Para el año 2000, es decir en sólo veinte años, su espacio central habrá expulsado aproximadamente medio millón de habitantes hacia la periferia de la región metropolitana.

El resto de las principales conurbaciones españolas, cumplen un papel, mas o menos importante, según los casos, de cabecera de la actividad económica que se desarrolla en el área de influencia regional respectiva; y actúan, asimismo, como elementos de enlace (en estructura de red) de esta actividad con la economía comunitaria y mundial, utilizando normalmente a Madrid como nodo intermedio de articulación de las relaciones con esos ámbitos supraestatales; aunque a veces los enlaces puedan ser directos, debido a las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación. De esta manera el conjunto del sistema queda interconectado a escala global [Castells , 1997]. Sin embargo, y a pesar de esas diferencias notables en cuanto a la función que cumplen cada una de las regiones metropolitanas dentro del ranking de espacios altamente urbanizados, interesa señalar aquí algunos rasgos generales que informan los procesos de urbanización más recientes en esta época de globalización económica. Y que manifiestan también ciertos paralelismos, salvadas por supuesto las distancias, con procesos similares en otras metrópolis mundiales.

Se había señalado como una de las características principales de los procesos de urbanización en este periodo su activación, especialmente en torno a los principales núcleos urbanos, su creciente dispersión espacial en "mancha de aceite" y su reestructuración interna. Esta metamorfosis, y en especial su extensión espacial periférica, obedece a una serie de factores que se suman, o refuerzan, unos a otros:

• Disminución del tamaño medio familiar y expansión de los hogares monoparentales o unipersonales. Ello genera una demanda constante de nuevo patrimonio edificado residencial, especialmente por parte del sector solvente de la sociedad, las llamadas "clases medias urbanas"[20], cuya satisfacción se orienta crecientemente hacia nuevas tipologías residenciales -chalets adosados, viviendas unifamiliares-, que se desarrollan en las periferias metropolitanas, con una ubicación cada vez más dispersa, más homogénea socialmente, más puramente residencial, dependiente del vehículo privado, y desconectada de los núcleos urbanos preexistentes. Una parte de esa demanda -fundamentalmente la de los hogares unipersonales- se manifiesta de forma preponderante en los centros urbanos, generando importantes tendencias de rehabilitación en los cascos antiguos, y una sustitución progresiva de la población no solvente (de mayor edad) que habita en ellos, por sectores sociales (más jóvenes) que pueden pagar las nuevas viviendas o los elevados alquileres.
  

• Proliferación de nuevas formas de distribución comercial -tipo hiper, gran superficie o multicentros- en los contornos metropolitanos, que se ubican conectadas al viario de gran capacidad, que se construye activamente por las diferentes administraciones en dichos perímetros urbanos, y que, por consiguiente, son altamente dependientes, en cuanto a su acceso, del vehículo privado.
  
  
• Extensión de actividades de mercantilización del ocio en los bordes metropolitanos. Desde clubs de tenis, campos de golf, aquaparks, macrodiscotecas y parques temáticos, etc, que se localizan de forma segregada y dispersa por las periferias de las regiones metropolitanas; hasta multicines, bares de copas, restaurantes... que se ubican en muchos casos dentro de -o relacionados con- los nuevos complejos comerciales, y claramente al margen de los centros de los núcleos urbanos periféricos previos.
  

• Ampliación y surgimiento de nuevos y amplios centros de educación superior, públicos y especialmente privados, que tienden a localizarse también en las afueras metropolitanas, desconectados en general de la estructura territorial preexistente.
  

• Ubicación cada vez más dispersa de la pequeña actividad industrial, agrupada normalmente en polígonos de nueva creación, que funcionan como industria satélite de la gran actividad productiva. Y surgimiento de nuevos espacios periféricos para actividades empresariales a caballo entre la actividad industrial y terciaria: parques tecnológicos, en muchos casos relacionados con los nuevos campus universitarios.
  

• Aparición de nuevas y amplias demandas de espacio perimetral para actividades logísticas de transporte, que se conectan con las exigencias de la gran producción y distribución, y con su funcionamiento dentro de mercados cada vez más amplios. Con el fin de hacer frente a los requerimientos para el proceso de reparto del trabajo en el plano europeo y mundial -almacenaje y distribución de piezas, componentes, subproductos de fabricación...-; y garantizar las demandas de espacio que conlleva la distribución comercial de productos del mercado europeo y mundial, a escala subregional, regional y estatal.
  

• Creciente descentralización de la actividad terciaria, o de determinados componentes de la misma, que pasa a ubicarse también en enclaves de alta accesibilidad de las periferias metropolitanas[21] (las llamadas "nuevas centralidades"), o junto al viario de alta capacidad exterior. La actividad terciaria más representativa -sedes de grandes empresas-, la actividad central bancaria, financiera, o de seguros, y ciertos servicios avanzados a las grandes empresas, todavía manifiestan una fuerte tendencia a la ubicación en las áreas más centrales. A este respecto, se observa que para hacer frente a las acusadas necesidades de nuevo espacio terciario, en áreas más o menos centrales, se abordan profundas remodelaciones urbanas, p.e., de antiguos espacios industriales que habían quedado ya obsoletos[22]. Y la actividad industrial que todavía pervivía en esas localizaciones, aprovecha la reestructuración para ubicarse en enclaves claramente periféricos, lo que les facilita el rejuvenecimiento de sus plantillas de trabajadores (y la paralela disminuición de sus costes laborales), al tiempo que hacen un suculento negocio con la revalorización urbanística de su antigua ubicación.
  

• Desarrollo de amplios espacios feriales, de congresos y exposiciones. Y en paralelo, crecimiento de la oferta de hoteles y espacios para alojar y atender a la población flotante, en ascenso, que accede a las metrópolis para desarrollar tareas de gestión y marketing, aparte de a la actividad puramente turística. Una parte de esta oferta hotelera (en forma de grandes cadenas, p.e., Novotel) se localiza ya también en las periferias metropolitanas.
  - y todo ello engrasado y facilitado por la cada día mayor dedicación de espacio urbanizado a cubrir las crecientes necesidades, internas y externas, de transporte motorizado.

"La movilidad [por carretera y] privada se erige en exigencia radical, auténtica condición de supervivencia en el nuevo territorio urbano extenso, disperso y fragmentado, compuesto por piezas monofuncionales conectadas entre sí por el viario [...] La movilidad es la esencia de la nueva vida urbana: 'habitar la distancia' [...] Las grandes infraestructuras viarias y los grandes intercambiadores de transporte (aeropuertos, terminales de autobuses o de ferrocarriles), auténticos "no lugares" en el sentido que otorga Marc Augé (1992) al término, se erigen como los únicos espacios públicos reconocibles y reconocidos de la ciudad: espacios de paso, lugares de tránsito, escenarios de velocidad [...] Son lugares de silencio, por eso hay música ambiental, [donde se manifiesta] la individualidad solitaria, lo provisional, lo efímero" [López de Lucio , 1995].

Las tendencias de reubicación y reestructuración espacial se expresan, pues, consumiendo importantes extensiones de territorio, y se manifiestan principalmente fuera de los espacios previamente construidos, de carácter más compacto, disolviéndose los límites de la "ciudad". "La dimensión de la periferia de la megalópolis es tal, que rompe cualquier relación existente [semántica, cultural, urbanística] con la ciudad a la que topográficamente pertenece. La periferia crece con reglas propias, uniformes, homologantes, destructivas del espacio urbano; no guarda memoria de la historia del lugar, ni de su identidad. La periferia de la megalópolis es la negación de la ciudad" [Magnaghi , 1996].

Parecería como si la actual organización espacial de las grandes conurbaciones, inducida por los procesos de ampliación y globalización de los mercados, fuera como una segunda naturaleza -o piel- artificial, que trata a la "primera" piel artificial -la ciudad y el territorio tradicional o histórico- como simple fondo o soporte. Y camina, por primera vez en la historia, hacia una total independencia, o autonomización, respecto de los lugares sobre los que se implanta, negándoles peculiaridad, diferencia e identidad. En suma, destruyendo el paisaje y los lugares preexistentes. Al tiempo que la uniformización de los sistemas y materiales de construcción, producidos industrialmente, ya no guardan relación con el tipo de territorio y las cualidades ambientales y climáticas del mismo. Esta segunda piel sería como la lengua de lava de la nueva erupción metropolitana, que se apoya en estratos antiguos y frágiles, generando un efecto 'geológico' devastador e insostenible" [Magnaghi , 1996].

A nadie se le escapa que el nuevo modelo territorial que origina esta "segunda piel" es sustancialmente más consumidor de recursos, y por supuesto de energía, que otros modelos anteriores. Y que por lo tanto la "huella ecológica" que genera, trasciende con mucho las "huellas ecológicas" de modelos urbanos y aún metropolitanos previos. Es fácil de intuir que las grandes ciudades españolas que han consumido más suelo en los últimos 30 años que en toda su historia anterior [SEMAV , 1996], han exigido un aporte de recursos de tal calibre, que el impacto cercano y remoto de tal crecimiento se ha intensificado sustancialmente[23].

Pero dentro, o debajo, de esta "segunda piel" no todos sus elementos están conectados por igual al proceso "europeizador"-globalizador, si bien todos están afectados por él. Dentro de su estructura compleja existen piezas que están intensamente vinculadas, a través de una alta densidad de nuevas tecnologías de la información y comunicación, con los circuitos económicos internacionales; de forma prioritaria los enclaves donde se ubica el terciario financiero y decisional, es decir, las funciones globales. Y ello coexiste, en ocasiones codo con codo, con áreas crecientemente desconectadas y marginadas del proyecto modernizador en su fase actual, espacios que se van convirtiendo poco a poco en disfuncionales. La dualización creciente se instala como una característica clave del nuevo proceso urbanizador. Como dice López Sánchez (1992) al analizar este fenómeno para la región metropolitana de Barcelona: "se sedimentan dos Barcelonas en una. Una la Barcelona competitiva conectada a la Ciudad Global y que participa de la riqueza que inyecta la modernización. Otra, la Barcelona residual, desconectada de la Ciudad Global y que participa de la miseria que evacua la modernización".

Por otro lado, en los nuevos territorios urbanos periféricos el barrio (multifuncional) se convierte en "zona residencial". Y este nuevo espacio deja de ser un lugar de sociabilidad, para convertirse simplemente en un recinto segregado y homogéneo, y por lo tanto de exclusión de la diversidad social. De manera simétrica se transforma la vivienda: el barrio pierde el significado de antaño y el papel central pasa a desempeñarlo la casa, que "intenta" acoger las relaciones sociales sustraidas a los espacios públicos tradicionales -la calle y la plaza-. Espacios públicos que son progresivamente arrollados en la ciudad histórica por la movilidad motorizada (privada), y que en los nuevos desarrollos pasan también a destinarse, de forma exclusiva y excluyente, a la función de transportarse. Lo que refuerza la tendencia al refugio de la "sociabilidad" en la intimidad del espacio residencial privado. Por otro lado, los nuevos "espacios públicos" son los que cobijan los grandes centros comerciales privados de la periferia. Estos espacios son de uso colectivo, pero de propiedad, diseño, conservación y vigilancia privada, y están indisolublemente unidos a la gestión empresarial del consumo y ocio de masas. Y en ellos está desterrada la posible acción colectiva, ya que son de dominio y control privados [López de Lucio , 1995]. Convirtiéndose en el paradigma de la "ciudad hipermercado" [López Sánchez , 1997].

"La impronta del consumo en la redefinición de la metrópoli como ciudad-empresa se debe igualmente a que los territorios urbanos han dejado de ser preferentemente fábrica para la producción para pasar a constituirse básicamente en el espacio económico de la realización del capital, a partir de la circulación de los productos de una cadena productiva dilatada territorialmente [...] El consumo se propone como eje en torno al cual debe girar el mundo de la vida, además de perfilarse como el vehículo integrador de una sociedad atomizada y dispositivo de gestión del sistema [...] La forma mercancía ha logrado la ocupación total de la vida social [...] Ir de compras ya no es una tarea necesaria o doméstica, se ha convertido en una actividad de ocio, pues hoy impera un 'consumo deseante'. [Y] no sólo ha cambiado el consumo en la metrópoli [...], sino que su compleja reterritorialización ha afectado decisivamente al habitar urbano" [López Sánchez , 1997].

Del orden del 50% de la distribución comercial se efectuaba a mediados de los noventa a través de lo que se conoce como grandes superficies -grandes centros comerciales, hipermercados o grandes supermercados- [Bermejo , 1995]. Para tener una idea más clara de la reestructuración comercial llevada a cabo, cabe apuntar que a mediados de los setenta se abría en Madrid el primer Hiper. Y desde mediados de los 80 han desaparecido, a escala estatal, un millón de puestos de trabajo en el comercio tradicional [MCLEDM , 1996]. Estos cambios han tenido lugar primordialmente en los espacios altamente urbanizados, y en nuestro caso han sido promovidos en gran medida bajo la égida del capital europeo, y más en concreto francés. Y su desarrollo ha reforzado la dependencia de la actividad agrícola de las grandes estructuras de distribución, que se hallan (salvo el caso emblemático de El Corte Inglés) en manos fundamentalmente del capital transnacional[24].

Cada día más, los espacios altamente urbanizados (especialmente del Norte) se convierten en territorios amorfos, crecientemente uniformes, salpicados de emplazamientos donde rige exclusivamente la lógica comercial o mercantil. Y un número cada vez mayor de sus habitantes pasa a desempeñar actividades o "trabajos" relacionados con la comercialización y venta de productos o servicios: publicidad, marketing, venta directa, venta a domicilio... Además, proliferan desde los llamados "comerciales", a aquellos que embuzonan la propaganda en los domicilios privados, o la reparten a la salida de los metros, pasando por los que pegan carteles anunciadores de todo tipo, y llegando hasta el último escalón: los inmigrantes o marginados, cuya forma de ganarse la vida consiste en la venta subrepticia en la vía pública, subterráneos o semáforos, de productos provenientes de la Fábrica Global.

Es más, el papel de la nueva metrópoli de cara al exterior, para atraer inversiones foráneas, claves para el mantenimiento de sus constantes vitales, pasa por desarrollar todo tipo de actividades de city-marketing. Se crean sociedades públicas especializadas en vender la imagen de la ciudad en los mercados mundiales, a través de campañas específicas. Y ello se complementa con la creación de macroespacios para congresos y exposiciones (Palacio Municipal de Bofill de Madrid, Palacio de Congresos de Valencia de Norman Foster, Palacio Kursaal de Moneo de S. Sebastian...), grandes contenedores de actividades culturales (la Opera de Madrid, el Palau de la Música de Valencia, teatro de la Maestranza de Sevilla...), y la construcción de edificios u obras emblemáticas (el Guggenheim de Bilbao, los distintos puentes en grandes ciudades de Santiago Calatrava...), de arquitectos de primera línea en el panorama mediático internacional, que pretenden servir también como imagen de marca para "vender" la ciudad al capital transnacional. Y hasta la ciudad tradicional sobre la que aposenta, convertida ya en mero decorado urbano de lo que antaño fue la urbe, se aprovecha para su venta en los mercados internacionales para atraer al turismo portador de divisas. Se podría decir que la nueva metrópoli intenta convertirse toda ella en metamercancía [López Sánchez , 1997].

De hecho, los fastos del 92 -Expo en Sevilla, Olimpiadas en Barcelona y Capitalidad Cultural en Madrid- fueron diseñados como una perfecta operación de Estado de city-marketing, que posibilitó la consecuención de varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado permitió justificar, de cara a la opinión pública estatal, la dedicación de cuantiosísimos recursos públicos a estas conurbaciones; recursos que se destinaron prioritariamente a la realización de las infraestructuras, de transporte y telecomunicaciones, necesarias para desarrollar las demandas espaciales que exigen los procesos de "europeización"-globalización. Por otro, facilitó la "venta" de la imagen de las tres "ciudades" de cara al capital transnacional, al tiempo que se le ofrecía a éste suficientes atractivos para su ubicación en territorio español y en concreto en esos espacios. Y por último, legitimó de cara a los habitantes de esas regiones metropolitanas, la necesidad de acometer fuertes remodelaciones internas, con el fin de reforzar el carácter terciario y elitista de las áreas centrales, que hubiesen chocado con más resistencia popular caso de no existir estos proyectos pretendidamente "colectivos" [Fdez Durán , 1993].

La vivienda, un bien progresivamente al alcance sólo de unos pocos

A mediados de los ochenta, en paralelo con la entrada en la CE, se produce un cambio trascendental en la política de vivienda. A partir de entonces, la vivienda es definida como un sector prioritario para la inversión, y se establecen las condiciones (de desregulación, liberalización y privatización) para hacer más atractiva la inversión privada en el mismo, convirtiéndose desde ese momento en un área privilegiada de operación para el capital nacional y foráneo. Asimismo, justo previo al ingreso en el "proyecto europeo", se produce una liberalización en el mercado de alquileres, a través del llamado Decreto Boyer, que iba a desatar una espiral alcista de éstos, al tiempo que, entre otras cuestiones, introducía la precariedad en los contratos de arrendamiento. Igualmente, la explosión especulativa del mercado inmobiliario se dispara a partir de la integración europea. ¿A qué responden todos estos factores y cuáles son sus consecuencias?

"El sistema inmobiliario moderno se desarrolla durante la construcción de las grandes aglomeraciones urbanas "fordistas" [...] Ello supone la presencia de un modelo productivo [...] que garantiza su funcionamiento [...] Son sus características el pleno empleo, la existencia de una relación salarial fija casi universal y una fuerte estabilidad del universo familiar convertido en unidad básica y estándar de consumo, garantizada por la presencia del Estado del Bienestar. [Lo cual fue favoreciendo paulatinamente] la institucionalización del crédito familiar hipotecario como mecanismo básico de capitalización de rentas seguras [...] Con el tiempo se ha consolidado un sector inmobiliario que exige el mantenimiento de sus condiciones de existencia desde su posición preeminente" [Roch , 1995].

Estas condiciones, indudablemente, se alteran bruscamente a primeros de los ochenta. El incremento sustancial del paro, la aparición de la precariedad en el empleo, el freno del crecimiento poblacional metropolitano, etc, hace que entre en una profunda crisis el sector inmobiliario y de la construcción. Hacían falta pues medidas que volvieran a impulsar de nuevo la actividad del sector, si se quería seguir promoviendo el crecimiento y la acumulación. Por otro lado, la creciente vigencia de las políticas desreguladoras de corte neoliberal exigía una menor intervención estatal en el área de la vivienda, para posibilitar la expansión del llamado mercado libre en este sector, creando las condiciones para hacer atractivas las condiciones de inversión al capital privado. Y en paralelo, se asiste, a nivel mundial, como resultado de la creciente desregulación de los mercados financieros, a un crecimiento sin precedentes de la llamada "burbuja financiera especulativa" que busca activos donde aposentarse. Y entre éstos, los activos inmobiliarios iban a jugar, en todo el mundo, y muy en concreto en la España de los ochenta, un papel trascendental.

Así, a mediados de los 80, se incrementa sustancialmente la masa de capitales especulativos que planea sobre el sector inmobiliario[25], que se orienta prioritariamente hacia los grandes núcleos urbanos. Esta situación se acentúa a partir del ingreso en la CE y del resultado del referéndum de la OTAN, debido a la seguridad que aportaba a la inversión extranjera la vinculación definitiva del Estado español a las estructuras económicas, políticas y militares del mundo occidental. Desde entonces se produce una fuerte entrada de capital foráneo interesado en la compra-venta de activos inmobiliarios, provocando una increíble espiral alcista en los precios[26].

En paralelo, se desata una intensa demanda de oficinas (debido a la reestructuración productiva -y terciaria- que auspicia el ingreso en la CE), en gran medida en edificio exclusivo, que presiona también fuertemente al alza sobre los precios de los productos inmobiliarios en las áreas centrales de las metrópolis. Especialmente en las grandes conurbaciones, y muy en concreto en Madrid (ver figura 12) [27]. Lo cual repercute de una forma aún más importante sobre el precio del suelo [CPT , 1989]. Esto, a su vez, y como si la onda de una piedra lanzada al agua se tratara, arrastra tras de sí al precio de los inmuebles en las áreas de influencia metropolitana. Y de forma adicional, influye la desregulación del mercado hipotecario que se produce en esa época, con la irrupción en el mismo de la banca privada.

En todo este contexto se produce el cambio de la política oficial de vivienda. En 1987 se formula, a golpe de decreto, un nuevo régimen de protección de la vivienda, donde se elimina la llamada vivienda de promoción pública directa -VPP-, al tiempo que se establece un marco enormemente favorable para la inversión privada, ampliándose los beneficios fiscales relacionados con la adquisición de viviendas, con el fin de reforzar el atractivo de la inversión en el sector. La compra de una vivienda se transforma, automáticamente, para aquellos sectores sociales ya propietarios de viviendas y con elevadas rentas, en una inversión sumamente provechosa, pues a la revalorización del mercado, ya de por sí impresionante en dichos años, se suma la rentabilidad fiscal. Se permite deducir más a quien más cara compra una vivienda, independientemente, además, del número de viviendas que se adquieran.

El nuevo régimen de protección favorece, pues, el mercado libre de la vivienda, lo que incrementa la promoción privada, al tiempo que prácticamente desaparece la vivienda social para los sectores de población con más bajos ingresos. Ello supone que se deje sin apenas posibilidad de solución las necesidades de alojamiento de la llamada demanda insolvente. Todo lo cual provoca una reactivación selectiva del mercado de vivienda. La construcción de viviendas se orienta principalmente a la satisfacción de las demandas de la población de más altos ingresos, aquella que se beneficia del crecimiento del periodo. De esta forma, la edificación residencial se concentra en la creación de viviendas unifamiliares o similares -es la época del boom del chalet adosado-, y en la construcción de segunda residencia, en las periferias lejanas metropolitanas y especialmente en las áreas costeras o turísticas (ver figura 13). Dándose la paradoja de que a través de las nuevas figuras de protección oficial, se apoya, en muchos casos, la construcción de chalets adosados o de segunda residencia en las zonas turísticas [Fdez Durán , 1993].

Al mismo tiempo, se abre la posibilidad para la participación de cooperativas relacionadas con las organizaciones sindicales y vecinales, como parte de la política de "consenso social" que se trata de impulsar, con el fin de vehicular hacia el mercado a aquellos sectores menos solventes de la demanda, pero con empleo fijo y un cierto poder adquisitivo[28], a las que las Comunidades Autónomas y ayuntamientos ceden, en ocasiones, suelo propio para su desarrollo. Aún así, las viviendas que se construyen de acuerdo con esta modalidad, suponen un esfuerzo económico muy considerable para dichos sectores de población. Y de cualquier forma, esta modalidad deja absolutamente desatendidas las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos y precarizados.

Y se contempla también el que la protección oficial pueda beneficiar a la vivienda usada o ya terminada, con el fin de poner en circulación el elevado stock existente al principio de los noventa (cerca de medio millón de viviendas finalizadas y sin vender) [PPLV , 1995]. Al tiempo que se amplia la capacidad de que la protección oficial alcance a sectores sociales de altas rentas salariales (viviendas a precios tasado), hasta siete veces el Salario Medio Interprofesional, que anteriormente quedaban claramente fuera de las ayudas estatales. Ayudas que, en cualquier caso, se destinan a la subvención de intereses de créditos concedidos por el sistema bancario, lo que permite a éste continuar con la captación de rentas seguras que se comentaba anteriormente. En definitiva, los fondos estatales se consumen en ayudas a las rentas altas y medias, mientras permanecen sin resolver las necesidades de nuevo alojamiento de importantes sectores de la población.

Los sectores sociales más beneficiados por todo este proceso inversor y especulativo han sido los propietarios de suelo o de más de una vivienda, el sector de la construcción, y en concreto los grandes operadores inmobiliarios y el capital español y foráneo. Y el resultado del mismo es que se ha creado una creciente brecha entre estos sectores y el resto de la sociedad, produciéndose una profunda transferencia de rentas de los últimos a los primeros, lo que está significando un auténtico seísmo dentro de las estructuras sociales de las grandes aglomeraciones urbanas.

Por otro lado, el llamado Decreto Boyer, no sólo no logra ampliar la oferta de las viviendas en alquiler -objetivo en teoría del mismo, y cuya aplicación se decía que redundaría en una bajada de las rentas-, sino que altera absolutamente la estabilidad de los inquilinos, al eliminar la prórroga forzosa de los contratos, posibilitando al mismo tiempo un alza espectacular de los alquileres. El porcentaje de vivienda en alquiler en España ha caido sustancialmente a lo largo de los últimos cincuenta años[29], situándose en torno al 15% del parque total a primeros de los noventa [SEMAV , 1996]. Una cosa si logra el decreto, la conversión de viviendas en las áreas centrales de las grandes regiones metropolitanas en oficinas, al hacer posible tal transformación. Hecho que permite acoger a parte de la fuerte demanda de localización terciaria que se produce en el periodo; aquella de menor tamaño y que no se plantea su ubicación en un edificio exclusivo. Esta demanda, junto con la derivada de la búsqueda de residencia por parte de los ejecutivos de empresas transnacionales que afluyen en estos años, ambas capaces de pagar altas rentas, es la que tira hacia arriba los precios de los alquileres de la oferta de más calidad, lo que repercute posteriormente en el conjunto del mercado de arrendamiento.

Esta situación contrasta con la realidad de otros países de la Europa comunitaria, donde existe un importante parque de vivienda pública y en alquiler -cerca de la mitad del parque total de viviendas-, gran parte de él de carácter social. El Estado español es el que tiene la proporción más baja de toda la UE de vivienda pública y en alquiler, en particular social (sólo el 1,5% del total de viviendas en alquiler). Y el que dedica un gasto estatal más bajo en materia de vivienda, el 0,5% del PIB frente al 2% de media comunitaria. Además, la situación española contrasta doblemente, pues es el país de la UE con un parque de viviendas más joven, con un porcentaje más alto de viviendas vacías (16% del parque total) y secundarias (13% del total), y aquél en que el sector de la construcción adquiere una importancia más alta dentro de las cifras del PIB (aproximadamente el doble de la media comunitaria). Y eso que el tamaño medio familiar todavía es alto si se le compara con la media de la UE [SEMAV , 1996], [Fdez Durán , 1993]; [PPLV , 1995]. La importancia relativa del sector de la construcción es un reflejo de la debilidad de la estructura productiva española, y del peso que adquiere en nuestro territorio, entre otras cuestiones, la actividad de la construcción orientada hacia el sector turístico.

Dentro de esta importante construcción edificatoria y residencial, llama la atención las características que han presidido a lo largo de los últimos años el diseño del abundante patrimonio edificado. Un diseño en gran medida homogéneo y para nada adaptado a las condiciones climáticas del territorio español. En la mitad del espacio estatal se podría conseguir, debido a la elevada radiación del astro rey, y sin ningún coste adicional, eliminar las necesidades de calefacción, simplemente recurriendo a la energía solar pasiva[30]. Y en el resto, el sobrecoste alcanzaría entre un 3% y un 8% del coste total de construcción [De Luxán , 1996]. Asimismo, en toda la geografía española se podría hacer frente a las necesidades de agua caliente sanitaria exclusivamente con energía solar activa; en el territorio español hay solamente unos 300.000 m² de paneles solares, mientras que en Grecia, p.e., con una población sustancialmente inferior, existen dos millones [Ruiz , 1996].

Igualmente, en el diseño de edificios de oficinas y de diferentes equipamientos, predominan materiales de construcción que son importantes devoradores de energía. Y su funcionamiento es de igual modo muy poco eficiente desde el punto de vista energético, por su diseño, debil capacidad de aislamiento, y fuerte dependencia de los sistemas de aire acondicionado. Lo que hace que el patrimonio edificado realizado en los últimos años sea muy energívoro, siendo un factor adicional que acentúa la situación de dependencia energética, en concreto de combustibles fósiles, de las grandes conurbaciones. Ello incide en un mayor coste tanto para el usuario residencial, como para las propias empresas y administraciones, acrecentando al mismo tiempo el impacto ambiental.

En los últimos años, desde el 91-92, el alza de los precios de los productos inmobiliarios en general se ha contenido, en pesetas constantes, debido a la incapacidad de la demanda de responder a la evolución alcista de los precios. Pero ello no ha derivado en una mejora de la situación, pues en paralelo se ha producido un incremento del paro (sobre todo en el 93 y 94), una creciente precarización laboral y una caída de gran parte de los salarios. Lo que imposibilita a amplísimos sectores sociales resolver sus necesidades de alojamiento a través del mercado. Es más, la progresiva dificultad para hacer frente a los créditos hipotecarios contraídos por parte de importantes colectivos en proceso de precarización, a pesar de las bajadas de los tipos de interés, está derivando en un creciente número de desahucios, en especial en las principales regiones metropolitanas[31], allí donde la vivienda es más cara y por lo tanto el problema del alojamiento es más grave (ver figura 12).

Hecho que se suma a otras dinámicas de marginación y exclusión social, y que fomenta un incremento constante del número de los "sin techo" en dichos espacios, en concreto en Madrid y Barcelona. Este fenómeno aún tiene un desarrollo incipiente si se le compara con otros países de Centro -en especial EEUU, pero también, en menor grado, Francia o Gran Bretaña-. Ello es debido a la mayor cohesión que todavía existe dentro de la estructura social española, y a la fortaleza que aún mantiene la institución familiar. Pero tanto la creciente atomización social, en especial en las grandes conurbaciones, como las situaciones límites que muchas familias tienen que enfrentar, pueden tener consecuencias sociales muy graves a medio y largo plazo. Y pueden derivar en una fuerte expansión del colectivo de los "sin techo" en el próximo futuro. Están dadas todas las condiciones para que así sea. En el mismo sentido puede incidir la nueva ley de arrendamientos urbanos, que no hace sino precarizar la situación de los inquilinos y favorecer a los propietarios, alterando gravemente las condiciones de las viviendas de alquiler antiguo, en los cascos históricos, donde residen sectores sociales de edad avanzada y, en general, ingresos muy reducidos.

Mientras tanto, paradójicamente, se acentúa el abandono y la destrucción de una parte importante del patrimonio rural, especialmente significativo en muchas zonas de la "España interior"; es decir, en aquellas áreas cada día más marginadas por el actual proceso de "desarrollo", pues su rehabilitación o mantenimiento no ofrece posibilidades de lucro o acumulación de capital. En dichos espacios abundan los pueblos abandonados o en proceso rápido de desertización. Y una vez abandonados tales núcleos es muy difícil su rehabilitación. En el mejor de los casos, parte de las viviendas de estos núcleos son rehabilitadas como vivienda de vacaciones o de fin de semana, en muchas ocasiones por la propia población que abandonó estos pueblos y que hoy en día habita en las grandes conurbaciones.

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Ramón Fernández Durán

Fecha de referencia: 25-07-2000