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Calidad de Vida y Praxis Urbana
Julio Alguacil Gómez| Madrid (España), julio de 1998.
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10. A modo de conclusión: una nueva cultura de la intervención pública como reto

Hemos podido comprobar a lo largo de nuestra exposición la emergencia, así como nuevas estrategias del conocimiento[194], ambas definen y se definen en la praxis (en nuestro caso en la praxis urbana)[195]. El surgimiento, en definitiva, de respuestas/resistencias (re-existencias) que conllevan la potencia de una nueva cultura capaz de articular la aplicación de valores universales a ámbitos escalonados (de escala), que permitan/toleren el control/conocimiento humano sobre los procesos sociales a través de una praxis dirigida a implementar/optimizar la Calidad de Vida. Hemos descubierto también el carácter multidimensional y complejo de la Calidad de Vida; cómo ésta se construye a través del cruce de dimensiones ecológicas, éticas, culturales, políticas, económicas... Pero su optimización, o lo que es lo mismo, el desarrollo de su complejidad, sólo es posible desde una escala humana (dimensión física) y desde una articulación de los distintos ámbitos que precisan de una nueva cultura de la intervención pública. Ello ha quedado recogido a través de múltiples argumentos recurrentes a lo largo del texto, pero es hora de afrontar que el encuentro y la complementación entre lo público-Estado y entre lo público-comunitario requiere, al menos, de un sentido articulador dirigido a esbozar esa nueva cultura como condición necesaria que permita la emergencia y por ende la sostenibilidad, la cooperación y la gobernabilidad de nuestras ciudades, y más particularmente de las periferias urbanas.

La planificación como estrategia, como movilización social

No estamos ante un problema. Estamos frente a una problemática. Los problemas tienen una solución parcelaria, pueden ser abordados fácilmente desde una disciplina particular. La problemática es diversa y compleja, en ella influyen múltiples factores y por ello para afrontarla se precisa de un enfoque holístico, integrador, buscando que las acciones humanas en sectores concretos, lejos de generar efectos negativos en otros sectores, favorezcan la generación de procesos para la transformación social. Es decir, la intervención disciplinaria en un determinado sector debe estar impregnada de otras expresiones y experiencias disciplinarias, de tal forma que tenga la potencialidad y capacidad de ofrecer el apoyo en otros sectores y, a la misma vez, obtenerlo de las intervenciones en los mismos.

Un problema social tratado aisladamente parece precisar de una re-solución permanente para dejar de ser problema. Es decir, será siempre dependiente de los recursos necesarios, normalmente ajenos o externos, para mantener su condición de no ser problema o ser problema atenuado. En ese caso seguirá siendo un problema latente de un sector, colectivo o territorio subsidiado. Es, en definitiva, mantener el desequilibrio social, esquivando a duras penas la explosión del desorden (Fernández Durán, 1993).

Hay que ir a las causas y para ello hay que conocer y acometer la problemática en su globalidad. Una problemática social es un conjunto de problemas autoimplicados que como tales contienen la potencialidad conferida por el propio desequilibrio que las define. Se puede optar por mantener el desequilibrio social atenuando los efectos de la marginación social y las culturas de la pobreza, acometiendo programas específicos de sobrevivencia o, por el contrario, se puede entender el desequilibrio social como un punto de partida desde el que generar procesos de superación que se apoyen en las propias fuerzas, en la restauración de los recursos propios aún sin desarrollar y en aquellos mecanismos que tengan una clara correspondencia con los desequilibrios globales. Es decir, se trata de detectar la potencia que una población puede desarrollar para sí y lo que puede aportar para el conjunto social y espacial en el que se inserta.

Tradicionalmente, las políticas de intervención social, sobre todo entre aquellos sectores con síntomas de exclusión del sistema mercado, han sido parceladas e inacabadas, incapaces de incorporar a los sectores que caen en situaciones de vulnerabilidad por la dinámica socio-económica del actual despliegue del Sistema. La capacidad en recursos del amplio arco institucional se ha traducido en intervenciones y programas separados entre sí, que se han metido en cajones cerrados, impermeables, sin conectividad y por tanto con gran pérdida de potencialidad sinérgica y gran derroche de sus recursos. Como consecuencia de ello, nos encontramos habitualmente con programas desprogramados, intervenciones sin llevarse a término y expectativas frustradas que suelen generar desconfianza y una falta de credibilidad hacia las Instituciones y los intermediarios sociales. A lo que además habría que añadir que todo esto favorece la implantación de una cultura de la subsidiación[196], que termina siendo asumida entre unos colectivos con necesidades reales y que en definitiva viene a canalizar sus aspiraciones por unos derroteros muy alejados de la dignidad humana y más alejados aún de los mecanismos adecuados para la superación de las situaciones de precarización social de partida.

La subsidiación en exclusividad, sin ser acompañada y/o complemento-soporte de otros mecanismos reales de desarrollo social, instala a los perceptores en la dependencia más absoluta, favorece actitudes clientelares y hábitos de sumisión, exaltando con todo ello lo individual frente a lo colectivo, y lo competitivo frente a lo cooperativo.

Una nueva cultura de la intervención pública en espacios y sectores específicos, pero cada vez más amplios, precisa de otro tipo de planificación, una planificación de alcance estratégico[197], una planificación como movilización social [198]. Es decir, intervenir en un proceso, que no en una acción (positiva) --por definición, aislada--, con una persistencia en el seguimiento del mismo y con una visión de corto, medio y largo plazo. El corto plazo precisa de recursos organizativos, de gestión y presupuestos suficientes y evaluados para que en el largo plazo las iniciativas vertebradas de una comunidad con identidad y calidad de vida, ganada a lo largo del proceso, tengan la capacidad y dignidad para autosostenerse sin necesidad de ser subsidiadas de forma permanente. La innovación en la planificación precisa de un nuevo método capaz de articular el conocimiento y la praxis, «un método de intervención --en expresión de Antonio Díaz (1992: 28-32)-- capaz de integrar la complejidad del proceso y de sus actores (políticos, técnicos y ciudadanos) dejando abierto el campo de juego a dialécticas entre los mismos... Los nuevos diálogos cibernéticos han de transcender las disciplinas y áreas (urbanismo, servicios sociales, educación, cultura...) tendrán que atravesar los niveles (político, técnico y ciudadano) y también poner en relación la ciencia con el mundo (lo social con lo político y lo científico). Será desde esta Nueva Cibernética social donde se encuentren las líneas de avance de la política e intervención social».

Lo novedoso de la intervención pública pasa por reconocer las potencialidades intrínsecas de un compromiso colectivo donde no se puede separar un modelo de gestión de un modelo de desarrollo social. Lo novedoso es optar decididamente por una estrategia con capacidad y flexibilidad para evaluar, corregir e incorporar los nuevos elementos y las modificaciones necesarias en un continuo método de prueba y error. Lo novedoso es hacer a la intervención pública menos pública (estatal-burocrática) y más comunitaria, más con/por los ciudadanos (como sujetos-activos) que para los usuarios (como objetos-sujetos pasivos).

Se articulan una serie de principios básicos para afrontar las innovaciones necesarias que creen las condiciones para el desarrollo de una «nueva cultura de la intervención pública». Una primera articulación se produce entre la aplicación del Principio de Subsidiareidad (en este caso proximidad de la gestión pública) y el de participación de los ciudadanos y cooperación de las entidades sociales. Esto supone la revalorización de la dimensión local en dos aspectos principales: como ámbito para la aplicación de políticas integrales (medio ambiente, promoción económica, integración social, etc.), y como marco para la concertación entre las distintas administraciones públicas (Agenda Habitat España, 1996). En resumen, y en otra acepción de los principios básicos podemos establecer cuatro: principio de territorialización, principio de transversalidad, principio de colaboración con el Tercer Sector, principio de implicación de los ciudadanos.

El respeto de la autonomía local, que no autarquía, no es contrario a la participación en los procesos de planificación local, a los planificadores y técnicos externos a lo local. Se precisa, más bien, de una planificación y unos planificadores comprometidos con lo local, lo social y el medio ambiente, con capacidad para asegurar el acceso de los ciudadanos organizados localmente a los recursos físicos, humanos, científicos y financieros que no puedan ser movilizados localmente. Con capacidad para hacer compatibles y complementarios los proyectos locales entre sí, y con las políticas globales de la metrópoli.

Puede decirse con toda propiedad que, ahora como nunca, se aprecia la estrecha vinculación entre fenómenos locales y problemáticas globales, observándose de este modo cómo se plasman en determinados espacios unas necesidades globales de recuperación ambiental a las que se suman necesidades locales de recuperación socio-económica.

El objetivo de la superación de unas condiciones desfavorables pasa por una desagregación de las causas y consecuencias, desde donde establecer un diseño de actuación que atienda a los grupos sociales, sus actividades y organización social, todo ello inserto en un umbral de complementación de las medidas que rebase el estricto margen de la equiparación, incorporando la convivencialidad y sociabilidad como soportes para una participación en el diseño, control y gestión, aval de toda intervención con vocación de éxito. No basta, en cualquier caso, combatir los síntomas sino que se hace necesario abordar las causas que los generan, así como prever los efectos derivados que provocan las actuaciones en el imaginario colectivo de las comunidades afectadas.

En definitiva, puede considerarse que una política de intervención adquiere visos de integralidad cuando se cumplen, tal y como sugiere el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (CCE, 1990) una doble integración:

  1. la integración desde las políticas sectoriales y
  2. la integración desde los procedimientos.

Una integración desde las políticas sectoriales

La planificación estratégica debe rediseñarse permanentemente en función de un objetivo complejo, esto es, la satisfacción de las necesidades humanas, que como se ha argumentado a lo largo de este trabajo, significa una perspectiva de múltiples objetivos que para alcanzarse han de ir convenientemente combinados (lo uno y lo múltiple van irremediablemente acompañados). Los factores o variables que intervienen en la problemática están estrechamente vinculados entre sí, de forma que lo que suceda en uno de ellos repercute en el resto y en la globalidad. Así, por ejemplo, toda acción económica es, asimismo, una acción social y una acción ambiental, es decir, no puede concebirse al margen de sus repercusiones sociales y ambientales. Esta perspectiva que llegó a asumirse desde la planificación urbana[199], perdía operatividad al ser más determinantes para las ciudades y el territorio las decisiones tomadas desde los criterios y objetivos de las políticas sectoriales.

Se concibe así la idea de acción-intervención como un proceso activo y no como una simple suma de actuaciones sectoriales puntuales y desconectadas, desagregando de todos los modos posibles las distintas vías de resolución de los problemas sectoriales para posteriormente optar por aquellas que supongan una complementación, soporte y apoyo simultáneo a la resolución de problemas en otros sectores.

Una planificación estratégica representa, por tanto, un substraerse deliberadamente de los efectos perversos derivados de la actuación puntual, en un marco asaeteado por una problemática global, y a aquel principio de causalidad que contrapone a las soluciones una nueva problemática. Lo que nos sitúa necesariamente en la perspectiva de una búsqueda de áreas de compromiso entre unos y otros sectores, y una combinación de instrumentos, con el fin de alcanzar las mayores cotas de satisfacción residencial y calidad de vida. Un tratamiento integral e integrado habrá de actuar incardinando horizontalmente distintos planos: el plano de lo económico, la ordenación del territorio, la recuperación ambiental y el drenaje de políticas de integración sociocultural, hasta lograr un punto de confluencia/equilibrio en el conjunto social.

Desde la perspectiva desarrollada aquí del concepto de calidad de vida, éste viene a significar la imbricación de una trilogía de temáticas que solapadas obtienen una potencialidad de crear ciudad en espacios excluidos: lo económico (creación de empleo en un marco de desarrollo endógeno), lo ecológico (recuperación y ampliación del medio ambiente y adecuación de espacios) y lo cultural (recrear una identidad, sentimientos de pertenencia y conciencia de apropiación en torno a un espacio, unos proyectos, otro modelo de desarrollo). Ahora bien, «la innovación debe concretarse en la asunción de competencias y funciones a nivel local que permitan la aplicación de políticas integrales. No pueden abordarse eficazmente las problemáticas de vivienda, de pobreza, de medio ambiente, de educación, de promoción económica, de cultura, etc. por medio de políticas y organismos sectoriales. Esto nos plantea la necesidad de definir nuevos bloques competenciales y nuevas formas de gestión de los gobiernos locales» (Borja y Castells, 1997: 155), y también nuevas metodologías orientadas a establecer sistemas de indicadores y de parámetros sinérgicos (Zemelman, 1987) que sean capaces de informar y dirigir el sentido complejo de la sostenibilidad y de la calidad de vida[200]. Se trata, en definitiva, de recuperar una sociabilidad que vertebre socialmente, a la vez que genere una percepción positiva del barrio (de un barrio-ciudad) sobre sí mismo. Pero ello nos apunta a una integración que va más allá y que acompaña a lo sectorial, también se ha de producir una integración en los procedimientos (observar a este respecto el Cuadro 37).


Cuadro 37: Ejemplo de integración en los sectores

Fuente: CEMIC. Intervención para la vertebración social en la Remodelación del Barrio de las Mil Viviendas de Alicante (1994). Nota: El cuadro tiene una lectura en sentido vertical, dando una dirección dominante al primer sector sobre el cruce con el segundo. Plantean así un umbral para la intervención que definen propuestas integradas de autoapoyo de diversos sectores. Ej. sector dominante Cultura cruzado con Desarrollo abre un área: Cultura del Trabajo y define un Campo que solapa dos campos IDENTIDAD CULTURAL/ECONOMÍA SOCIAL.
CrucesEntornoCulturaDesarrolloSaludEducaciónTejido social
EntornoMedio ambiente urbanoApropiación del espacioDesarrollo sostenible en base a necesidades localesSalud ambientalEspacios educativos para usos flexiblesEspacios para usos comunes y asociativos
CulturaEspacios simbólicos y apropiadosIdentidad culturalDesarrollo adaptado a estereotipos culturalesMediadores pra la difusión de la saludEducación para la inserción socialLa participación como modelo para la identidad
Desarrollointegración urbana de los espacios para el desarrolloCultura del trabajoEconomía socialSalud laboralF. P. adaptadaDesarrolo comunitario
SaludEspacios colectivos para la calidad de vidaCultura para la saludEmpleo de calidadCalidad de vidaEducar para la saludRedes para la salud
EducaciónPedagogía ambientalCultura de la diferenciaModelo de desarrollo para la cooperaciónPrevención sanitariaEducación adaptadaLa ciudadanía una escuela de urbanidad
Tejido socialEspacios comunitarios para la apropiación del espacioCultura para participarRed de iniciativas de Economía SocialSalud comunitariaPedagogía para la socialidadVertebración social


Una política integral en los procedimientos

Es imprescindible un compromiso institucional real con voluntad de romper las fronteras impermeables entre las distintas áreas y departamentos administrativos. Penetrarse de lo tangencial en cada institución y romper la verticalidad de las administraciones (Central, Autonómica y Local) para hacer confluir voluntades y recursos en una red de Cooperación Social. Tal y como sugiere el Libro Verde Sobre el Medio Ambiente Urbano «La integración temática debe ir acompañada de una integración de procedimiento: entre el proceso de decisión política, el análisis de los problemas y la evaluación de las repercusiones, la planificación, la financiación y la realización» (CCE, 1990: 32). Se requiere, en definitiva, de una implicación de todos los agentes sociales y un diseño para el establecimiento de los vínculos y canales que lo permitan. La cuestión clave a debatir, tal y como plantea Antonio Estevan, en relación con este planteamiento, es la de las transformaciones que hay que introducir en los métodos de intervención institucional para que favorezcan este tipo de procesos, en lugar de obstaculizarlos (Estevan, 1995b). El papel de la administración en una dinámica de movilización social sólo se puede entender desde la emergencia de un Estado Relacional, esto es, en la transformación del Estado del Bienestar al Estado Relacional (Mendoza, 1995)[201]. «La administración correspondiente a este modelo --en palabras de Antonio Díaz (1997: 43)-- habrá de ser capaz de gestionar, orientar y liderar redes de organizaciones, tanto públicas, como privadas, en una nueva dinámica relacional. El modelo organizativo complementario a los modelos burocrático y gerencial será el de la organización en red, única capaz de dar cuenta del complejo entramado de relaciones que conforma la gestión pública, cualquiera que sea el nivel de la Administración donde nos situemos».

Ese nuevo paradigma relacional basado en la cooperación requiere de iniciativa política, de innovación social y de consenso ciudadano, y se centra fundamentalmente en tres retos o planos condicionales: 1- el de la descentralización basada en la reciprocidad y reparto de competencias; 2- el de la concertación y coordinación de los distintos niveles institucionales implicados en las políticas urbanas y de cohesión social; 3- el del encuentro entre el sistema institucional y las entidades ciudadanas del Tercer Sector.

  1. Los gobiernos locales, en su posición privilegiada de proximidad al territorio, la población y su problemática son los que mejor pueden identificar y desarrollar estrategias y movilizar recursos para mejorar las condiciones ambientales globales y sociales de su territorio. Por ello, y como forma también de superar los efectos negativos del modelo burocrático, la metrópoli debe descentralizarse por barrios o unidades urbanas con rasgos de identidad que le permitan ganar eficacia y protagonismo tanto a nivel político como administrativo. Lo que supone aumentar su capacidad política, técnica, financiera y organizativa de las administraciones locales con el objetivo de que puedan desarrollar estrategias y liderar nuevos procesos asumiendo así cuotas de compromiso que tradicionalmente han estado reservadas al Estado.
  2. La reelaboración de los criterios de competencias en base a una adecuada descentralización y, por tanto, en base al Principio de Subsidiareidad, conlleva una nueva cultura de la coordinación basada en la alteridad, o reconocimiento del papel de las otras administraciones y de los otros actores sociales, y de la potencialidad inherente a la coordinación que se puede establecer en un nuevo marco relacional. «El principio de concertación --en palabras de Jordi Borja y Manuel Castells (1997: 156)-- nos conduce a dar primacía a las relaciones contractuales sobre las jerárquicas en lo que se refiere a la articulación entre las administraciones públicas (Estado y gobiernos territoriales) y con los agentes privados. Se trata de desarrollar fórmulas como los consorcios, los contratos-programa, las empresas-mixtas, etcétera».

    Es necesario, por tanto, definir los objetivos sobre los que articular la concertación en base a una decidida coordinación institucional capaz de unificar recursos humanos, materiales y presupuestarios, que superen los efectos perversos y el tradicional despilfarro que supone la práctica fragmentaria de las políticas sectoriales, multiplicando así la rentabilidad de los recursos disponibles desde un primer momento.

  3. Finalmente, junto a la descentralización y concertación es preciso una desburocratización horizontal de las administraciones públicas que implique y que garantice el acceso de las entidades sociales del Tercer Sector a la información, a la creación, y a los núcleos de decisión de las políticas públicas, entre las que debe primarse aquellas iniciativas políticas dirigidas a inducir la creación y extensión de las iniciativas ciudadanas, y a estimular la participación de los ciudadanos en una dinámica de corresponsabilidad[202] frente a los asuntos públicos.

Por tanto, también, es preciso coordinar aquellos esfuerzos del sector público con estas potencialidades del Tercer Sector, estableciendo mecanismos de participación y autoimplicación que utilicen las propias redes sociales de las periferias sociales y urbanas para canalizar la información y adecuar las decisiones a las necesidades. Sólo así sería posible una adaptación de las inversiones a los intereses y necesidades de los distintos agentes sociales, que desarrollando sus propias posibilidades y generando mecanismos sociales de autorresponsabilidad, supongan a la vez un refuerzo de la cohesión social. Se trata, en resumidas cuentas, de apuntar un modelo organizativo a medida de la estrategia, de sus fines y objetivos, que reestablezca mediaciones y sea capaz de construir redes con una potencialidad operativa relevante, y que independientemente de éstas, pero en interacción, permita la extensión de redes de iniciativas sociales.

En todo caso la integración en los procedimientos implica nuevos modelos de gestión compartida (cogestión) que combinando flexibilidad, autonomía y eficacia, sean capaces de generar vínculos y compromisos de los grupos animadores, de los técnicos y profesionales, y de las instancias administrativas.

Las Agencias de Desarrollo Local como instrumento del Encuentro

La articulación compleja que implica la complementación de los tres planos desarrollados (descentralización, concertación y desburocratización que en síntesis podemos significarla como un nuevo tipo de diálogo que hemos venido denominando como el encuentro) precisa de una aplicación focalizada y adaptada a territorios y poblaciones y a sus problemáticas concretas. Esa complejidad diferenciada, basada fundamentalmente en la proximidad a los problemas y recursos locales, conlleva un tipo de concertación a medida de esos contextos concretos, y precisa, por tanto, de unidades de gestión ad hoc (Estevan, 1995b). Estos instrumentos de gestión que han de surgir del consenso social y de la vinculación de las tres principales perspectivas mediadoras: la política, la técnica y la ciudadana; y de los tres niveles administrativos (Estado, Comunidades Autónomas, y Entes Locales) y que han sido anunciados por distintos autores, bajo distintas denominaciones[203] representan un contrato de desarrollo social urbano que permite articular en vertical y horizontal una gestión independiente de los intereses burocráticos, pero con capacidad para comprometer y responsabilizar en la gestión a todos los actores y sectores implicados en la consecución de la Calidad de Vida.

Un ejemplo de modelo de integración en los sectores y en los procedimientos en forma de Agencia de Desarrollo podría ser el representado por la Lámina 14


Lámina 14. Modelo de integración en los sectores y en los procedimientos en forma de Agencia de Desarrollo

El recorrido realizado en este trabajo ha llevado a descubrir el sentido de lo que se ha denominado como Nuevas Iniciativas de Gestión Ciudadana, que como fenómeno emergente representan una muestra de lo que simultáneamente se sitúa en el campo de lo posible y de lo necesario. Es un reto y un buen indicio de la complejidad que apunta hacia múltiples articulaciones.

El reto de estas múltiples articulaciones, de todas las dimensiones enunciadas, es el que tiene capacidad de regulación social que, en definitiva, se refiere al conjunto de instancias (institucionalizadas o no) mediante las cuales, los distintos sujetos sociales hacen efectiva su potencialidad de inspirar el sentido de la transformación social (de la praxis urbana) en un proceso continuamente emergente, a través del cual adquieren un protagonismo: el sujeto protagónico es el sujeto-en-proceso, único sujeto capaz de garantizarse en toda su amplitud (complejidad) la Calidad de Vida.


Notas


[194]: El diálogo entre el investigador y el sujeto/actor significa una nueva epistemología, una (auto)reflexividad que integra el sujeto/objeto con el objeto/sujeto.
[195]: En expresión de Henri Lefebvre (1980: 147) «la estrategia del conocimiento no puede quedar aislada. Su meta es la práctica, o sea, en primer lugar, una continua confrontación con la experiencia y, en segundo lugar, la constitución de una práctica global, coherente, la práctica de la sociedad urbana (la práctica de la apropiación del tiempo y del espacio para el ser humano, modalidad superior de la libertad)».
[196]: Según Víctor Renes hay que superar determinadas culturas que hoy están ahogando a las iniciativas sociales, y que de hecho sirven de escape a las administraciones públicas. La cultura de la subvención (que se usa como señuelo para no consolidar una cultura del compromiso), la cultura del usuario (que supone una reafirmación de las barreras de inaccesibilidad, frente a una cultura de la accesibilidad), la cultura de la cuota (que impone una parcelación de los espacios de domino por intereses de grupos de presión frente a criterios globales) (Renes, 1993b).
[197]: Desde la perspectiva que aquí se adopta, la idea de planificación consiste en una articulación estratégica (con objetivos precisos, pero flexible en una redefinición permanente) de todos los sectores y actores implicados en el desarrollo de la potencia, de la praxis.
[198]: De acuerdo con John Friedman (1991: 321) «la planificación, definida como el vínculo entre conocimiento y acción en el ámbito público, podría aplicarse a dos tipos de acción, centradas, respectivamente, en la orientación social y en la transformación social. Ambas formas de planificación son necesarias para el perfeccionamiento de la sociedad... la planificación no tenía que estar centralmente localizada, e, incluso, que la planificación en el ámbito público podría originarse en cualquier parte, incluso en la sociedad civil. La planificación, por tanto, no era, en principio exclusivamente una función del Estado. Y así, la objeción básica de que la movilización social no tiene nada que ver con la planificación debe rechazarse; no comprende que los movimientos de oposición son esencia para una sociedad saludable...».
[199]: El propio objeto de intervención de la planificación urbana le confiere la necesidad de concebir las funciones urbanas desde una perspectiva integral, aunque, su escasa eficiencia como instrumento, por ser sumamente dependiente de múltiples actores y factores, y la propia lógica de la compartimentación administrativa, haya restado toda operatividad a la misma.
[200]: Al respecto Hugo Zemelman (1987: 26) plantea que «los conceptos-indicadores deben dar cuenta de tales relaciones y romper con las fronteras disciplinarias, ya que éstas, al rescatar los procesos desde ángulos particulares, recuperan la realidad de manera fragmentaria, pues no consideran la articulación entre los mismos. Por ello, los conceptos-indicadores deben permitir la captación de los puntos de articulación entre las diferentes áreas disciplinarias o temáticas, lo cual implica construir observables que no coincidan con los determinados en cada área».
[201]: Citado por Antonio Díaz (1997).
[202]: «La co-responsabilidad --en expresión de Antonio Díaz (1997: 45)-- significa estimular a los ciudadanos y a los colectivos a participar en la resolución de los problemas sociales, y asumir que el Estado no es autosuficiente, ni se debe arrogar la exclusividad de la búsqueda del ``interés general''. A partir de un consenso sobre objetivos y responsabilidades concretas, los grupos intermedios, asociaciones y organizaciones no lucrativas adquieren creciente protagonismo. Se abre paso a una nueva dinámica relacional que significa ``abandonar cierta desconfianza propia del Estado de Bienestar y sustituirla por una actitud de diálogo y cooperación'' (Mendoza, 1995)».
[203]: Por ejemplo: Agencias de Servicios (Vázquez-Barquero, 1984), Centros Gestores Autónomos (Borja y Castells, 1997), Agencias de Desarrollo (Kottak, 1985).


Edición del 30-5-2006
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