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Nota del editor: Existe una versión actualizada de esta experiencia presentada al concurso de 2006.
País/Estado — Bogotá
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — alta meseta
Ámbito de la actuación — provincial/estatal
Agentes — organización de base comunitaria (OBC).Categorías — Erradicación de la pobreza: generación de ingresos; creación de puestos de trabajo; formación profesional; acceso igualitario al empleo, la formación y el crédito. Desarrollo económico: formación de capital; capacidad empresarial; formación; oportunidades para la cooperación; desarrollo económico local / metropolitano. Gestión ambiental: reducción de la contaminación; restauración ambiental; higiene ambiental.
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En el año 1996, revisando el quehacer de la entidad gremial, se puso en evidencia que no se estaba cumpliendo con el objeto establecido de la búsqueda de las mejoras de las condiciones y de los intereses comunes de los recicladores, elemento por el cual se tomaron decisiones importantes, tales como generar un proceso paralelo de organización con un número mayor de recicladores y mejorar la organización existente. Los recicladores estaban perdiendo de manera progresiva tanto las posibilidades de mantenerse en la actividad como la justa paga por el precio del material recolectado.
De cuatro organizaciones, existentes y apoyadas por algunos programas existentes, como el de la Fundación Social (que en los diez años anteriores había promovido la organización y el desarrollo de las agrupaciones acompañadas por esta), se pasó a 14 en cuatro años y a 23 en seis años; habiendo pasado por un trabajo de reconocimiento de la ciudad para detectar los asentamientos de los recicladores por vivienda, trabajo o comercialización de sus productos.
A partir de este proceso se dio inicio a una tarea de organización por localidades para que de los 32 asentamientos localizados se pudiera constituir como mínimo una organización zonal y fortalecer las existentes. Se ha obtenido una respuesta de gran respaldo a la convocatoria, ya que de 400 asociados cabeza de familia en las cooperativas, se pasó a 2.500 en tan solo seis años; se logró con las nuevas organizaciones montar cinco nuevos puntos de acopio para pasar a diez centros de compra de propiedad del gremio y para su propio beneficio, y se estableció un proceso de acercamiento a los generadores para obtener los residuos separados en la fuente o por lo menos para obtener el acceso a las basuras.
De igual manera se ideó y programó una plataforma de pensamiento político basada en la necesidad de generar incidencia gremial para posicionar el tema de la inclusión de los recicladores y su actividad en la agenda de la planeación de los municipios, a través de los procesos de mejora de los sistemas de aseo y manejo de residuos, por estar intrínsecamente relacionados.
Como resultado de este proceso se lograron las modificaciones de la ley de Servicios Públicos, el establecimiento de decretos reglamentarios, la generación de una política nacional de reciclaje y las modificaciones de las estructuras de pagos tarifarios del servicio. No sólo pueden establecer ayudas a los propósitos de los recicladores, sino que brindan alivios a los usuarios y pueden empezar a contribuir a la mitigación del impacto ambiental generado por el mal manejo que hasta hoy se da a las 22.000 toneladas de basuras producidas en el país, de las cuales los recicladores en condiciones totalmente adversas logran rescatar el 10%.
Se posibilitó la capacidad de reclamación de los derechos fundamentales, usando las diversas vías constitucionales y legales con que cuenta la población nacional, logrando importantes pronunciamientos que pueden ser usados por los grupos para proteger y mejorar sus condiciones de trabajo y generar renta. Los casos más relevantes son: detención de la salida a los conductores de tracción animal (carretas) a las vías nacionales, sin ninguna garantía de reubicación laboral; la salida de los recicladores de las calles y de los botaderos, igualmente sin ninguna alternativa; pero la más importante ha sido lograr la sentencia C-742 de la Honorable Corte Constitucional, en la cual se ordena a la administración distrital de Bogotá a establecer acciones afirmativas en relación a la población recicladora en los procesos licitatorios y contractuales del Servicio Público de Aseo.
Finalmente, los recicladores en Colombia han generado una dinámica de participación ciudadana, que ha logrado penetrar en la conciencia de la nación para presionar los cambios sociales, políticos, culturales y económicos que promocionen la reforma del comportamiento humano hacia un desarrollo humano si no sostenible por lo menos sí más humano y más compasivo con el entorno.
Los espacios de participación posibilitaron a los recicladores detectar necesidades muy sentidas, como la búsqueda de recursos para establecer condiciones que ayuden a consolidar procesos ambientales que den ejemplo de la conciliación entre los intereses sociales, económicos, técnicos y otros que se puedan presentar.
El Distrito Capital a través de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) está en proceso de llamar a licitación la prestación del Servicio de Aseo Público urbano en la ciudad; y en estos momentos tiene previsto que incluirá en la licitación para la contratación los elementos resultantes del Plan Maestro de Manejo de Residuos Sólidos en Bogotá (PMRB). Previendo por los antecedentes que los términos de referencia tocarán tímidamente lo concerniente al reciclaje y para nada a los recicladores, las organizaciones de recicladores han hecho un llamado a la administración para que se incluyan las consideraciones y recomendaciones de las organizaciones de la actividad y del gremio. Por lo que se guardan esperanzas de que las acciones emprendidas años atrás puedan influir de manera positiva en las políticas del manejo para los próximos 20 años y de manera definitiva en la inclusión del sector.
Tanto el Plan Maestro como la nueva contratación del Servicio de Aseo son dos acciones que dependen de la administración pública de la ciudad y que repercuten directamente en la acción que los 12.000 recicladores ejercen como actividad laboral, económica, ambiental y social, y de la que depende en un 100% la vida e ingresos de más de 60.000 personas de los estratos socioeconómicos más bajos. Es necesario que las organizaciones de recicladores continúen con su acción de convocatoria e intervención directa sobre las decisiones que afectan a la ciudad, a su medio ambiente directo y al sector social mismo.
Con la prórroga de los contratos se ha convenido que los consorcios destinen parte de sus ingresos al apoyo para la puesta en marcha de acciones enmarcadas en el Plan Maestro y en especial las de apoyo a la adquisición y montaje de los Centros de Reciclaje, en igual número que zonas de concesión, para preparar a la ciudad para el nuevo esquema de manejo de los residuos sólidos y en las acciones del reciclaje.
Se ha manifestado por parte de la Administración Distrital (no con certeza) que dichos centros estarán asignados y operados por las organizaciones de recicladores debidamente reconocidas en la ciudad capital y que han venido jalonando el proceso de propuestas y presión ante la administración, para que cualquier cambio en la actividad contenga a la población que tradicionalmente ha generado la cultura de la actividad del reciclaje.
La visualización de este nuevo panorama significa drásticos cambios en la labor del reciclaje y por supuesto un impacto en la población recicladora organizada y no organizada, ya que modificará su modus vivendi y su actividad laboral de rebusque. Es lo que ha venido promoviendo la ARB, despertar tanto el interés de los recicladores y de sus organizaciones como el de los demás relacionados con el sistema para encontrar formas de relacionarse y poner en marcha acciones de mutuo beneficio.
Se han promovido además el desarrollo de otras estrategias entre las organizaciones que han liderado y abanderado el proceso organizativo en la ciudad (la Asociación de Recicladores de Bogotá y la Asociación Colombiana de Recicladores (GAIAREC)), integrando sus acciones con la participación y colaboración de los recicladores, sus organizaciones de base, sus líderes y dirigentes, trabajando en la búsqueda continua de espacios de concertación, organización y fortalecimiento interno entre las organizaciones y las comunidades de recicladores, y de éstas ante la Administración Distrital y otros entes gubernamentales y privados. Con acciones principalmente ante la Alcaldía Mayor, la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA); contando con el apoyo de la empresa privada ASHOKA Emprendedores Sociales, y la compañía de consultoría corporativa Mckinsey & Company Colombia Inc, con quienes se ha elaborado un plan de negocio para el reciclaje en Bogotá; el apoyo de entidades del orden nacional, especialmente la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, las cuales han acompañado en el proceso de gestión y negociación ante el Distrito y que hoy proporcionan espacios para emprender los cambios que pretende lograr la ciudad en 15 años con en el manejo adecuado de sus residuos.
La ciudad logra las metas de recuperación de residuos sólidos planteados en el Plan Maestro de Manejo de Residuos para Bogotá (PMRB), a través de la puesta en marcha del Sistema Operativo de Reciclaje (SOR) por parte de la Administración Distrital, con participación y operación por parte de los recicladores organizados y la coordiación con las entidades distritales, la empresa privada y con las comunidades.
Se emprenden mejoras y ampliaciones en los procesos productivos de recuperación, transporte, comercialización y transformación de los residuos para fortalecer los procesos organizativos y gremiales del sector, los cuales son elementos importantes del establecimiento de las alternativas estratégicas de mejora de la actividad como nuevo componente técnico y ambiental de la gestión de residuos.
En la dinámica de desarrollo de la ciudad se hace necesario prever las consecuencias de la generación y manejo de los residuos, por lo que la administración trabaja, por una parte en el diseño de políticas y alternativas y por otra parte en el desarrollo de sistemas ambientales más limpios y favorables para el logro de los objetivos de sostenibilidad ambiental. Los cambios en los escenarios de trabajo y en las políticas de gestión de los residuos sólidos de la ciudad generarán altos impactos en la población recicladora y a sus formas tradicionales de trabajo. La ciudad va a exigir de los recicladores ciertos comportamientos y actitudes que necesariamente tiendan a la profesionalización de su actividad.
Como es un proceso de transición y una puesta en marcha de los centros de acopio escalonado por parte de los consorcios durante este año de prórroga, la presión que ejercerá la población recicladora no organizada y sobre todo el sector de los intermediarios sobre las organizaciones de base pondrá a prueba su capacidad organizativa y su sostenibilidad.
Las organizaciones deberán tratar de responder a las expectativas de sus asociados y de otros recicladores así como a las presiones del mercado del reciclaje, por cuanto se pretenderá desestabilizar su capacidad de negociación; como es normal, otros sectores pretenderán, sin mayores esfuerzos, obtener los beneficios de más de cincuenta años de trabajo informal y quince años de organización y lucha. La unión de las organizaciones de base en las alianzas significa una gran incógnita para los asociados y las organizaciones más débiles (con carencias de infraestructura, capital de trabajo, centros de acopio y frágil capacidad administrativa y financiera, frente a otras organizaciones del sector más consolidadas, con mayor experiencia y tiempo de existencia).
En esta coyuntura se genera la necesidad, en el interior de la Asociación de Recicladores de Bogotá, de formular el plan estratégico que le sirva como bitácora para buscar condiciones para insertarse de manera efectiva en la ejecución del Plan Maestro, generando condiciones que fortalezcan su puesta en marcha, que respondan a las necesidades de los recicladores para asumir el cambio del entorno y también a las metas fijadas de reducción, aprovechamiento de residuos y educación a la comunidad, perseguidos por la ciudad y promovidos para mejorar la gestión de los residuos y prevenir los impactos ambientales de los mismos.
Los recicladores de la ciudad han visto disminuida severamente desde hace más o menos cinco años su capacidad de recolección, producto de un complejo sistema de circunstancias que desmejoran progresivamente sus condiciones de vida y de trabajo, como son:
La ARB ha recobrado imagen, participación de las organizaciones y mejora en la gestión de incidencia en el medio, fortaleciendo las expectativas de procesos de inclusión efectiva del gremio en el Sistema de Manejo de Residuos y Reciclaje de la ciudad. El cambio de administración permite tener mayor confianza en posibilidades reales, ya que el equipo de la administración ha mostrado mayor entendimiento del tema y se logró un posicionamiento compatible con la propuesta de campaña de generar confianza para poder desarrollar programas con modelos organizativos con los procesos.
Administrativamente ha mejorado sus procedimientos y ha generado confianza entre sus afiliados, con los cuales hoy en día se contribuye a poner en marcha procesos en algunas de las organizaciones para generar sistemas de contabilidad y control de sus centros de acopio o el recaudo y aportación de recursos de diversa índole. La ARB, a través de sus promotores, ha conseguido que diez organizaciones actualicen su contabilidad y que sus tesoreros adopten técnicas de registro y control; un paso importante de apoyo a la construcción comunitaria para inducir a la sensibilidad, ya que lo venidero es una escala importante y significativa del reto de romper esquemas y generar competencia social y económica con eficiencia empresarial.
En la parte de fortalecimiento organizativo y gremial es donde ha habido mayor crecimiento, representado en la capacidad de convocatoria, de análisis y de participación de los recicladores, local y colectivamente, en los espacios de interés y defensa del gremio; llevando a éste a recuperar el reconocimiento institucional y de representación que debe sustentar para ser un organismo capaz de generar propuestas con rigor, eficacia, calidad y criterios cooperativos.
Al mantener una participación coherente y propositiva se logró mantener el estatus de organización gremial representativa de los intereses de los recicladores, y ganar espacio para el reconocimiento a través de la defensa jurídica y social ante los organismos estatales, en casos como: la solicitud de inconstitucionalidad del Artículo 79 de la Ley 760 de Tránsito; la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 142 de Servicios Públicos; las modificaciones al Decreto 1.713 en la sentencia C741 y la revisión de la tutela de amparo a los derechos de los recicladores violados por los términos de referencia de la Licitación de Aseo ejecutada por la UESP; la sentencia C742, la cual fue apoyada por entidades como la Defensoría del Pueblo, a través de la delegada para asuntos sociales.
Dos delegados de la ARB fueron invitados a formar parte de la Comisión de Empalme de la administración elegida, logrando con esto mantener el tema vigente y sobre todo incluir las consideraciones necesarias que introduzcan cambios en la formulación de las pretensiones de la pasada administración, que mantuvo en incertidumbre las posibilidades de reconocimiento efectivo para la inclusión del gremio en las acciones de mejora de la actividad.
El tema se mantuvo vigente, tanto para la administración saliente como para la recién posicionada. Esta última ha tenido de gran recepción y apertura para atender las consideraciones expuestas por el gremio, habiendo concertado ya una agenda de trabajo que estará para definir detalles en la tercera semana de enero de 2004. Con lo cual se generó una renovación de las esperanzas y de las expectativas de las organizaciones y de los recicladores, que le permiten al gremio mantener la dinámica de participación.
El establecimiento de procesos de aprovechamiento de plástico, con el montaje de la maquina peletizadora y la realización del convenio con Aproplast, para dar un respiro a las condiciones de operación de estas cadenas, ha permitido establecer unos procesos de reorganización, necesario en las entidades, para revisar las estrategias de participación en cada uno de los procesos propuestos que tienen que ver con la vinculación de las organizaciones de los recicladores.
La etapa atravesada ha sido de grandes connotaciones sociales y políticas de alguna manera favorables, aunque sin embargo no del todo consolidadas económica y operativamente. Una etapa regresiva porque la puesta en marcha de las operaciones de la adjudicada licitación de aseo, que es por un periodo de siete años, introdujo cambios en las rutas y frecuencias, afectando a los recorridos de los recicladores y sus posibilidades de recolección. Adicionalmente, la licitación adjudicó las rutas de recolección selectiva, lo que trae como consecuencia a medio plazo el desplazamiento de un número importante de recicladores de las calles sin alternativas reales de sustituirlas para generar los recursos que hoy genera la operación del reciclaje. En materia de precios del material reciclable, las condiciones son mucho más dramáticas: los precios cayeron a niveles de cinco años atrás y en algunos materiales como periódico no tenían mercado, la chatarra tiene desde hace siete años el mismo precio de 140 pesos.
Igualmente, con los sistemas de aprovechamiento de materiales plásticos se disminuye la cantidad de estos que van a parar al relleno, que está calculada en un 40% de los residuos que componen la basura de la ciudad. Así, la generación de conciencia en la población y el cambio de percepción en las autoridades, posibilita paulatina y progresivamente la mejora ambiental en el sistema de manejo de los residuos.
Además, como aporte concreto al conocimiento ambiental de la región, se han puesto en marcha los procesos de aprovechamiento y reducción de residuos a disponer en los sistemas de manejo de los residuos. Son temas que se han posicionado como factores fundamentales a incluir en la política y operación de los procesos del Servicio de Aseo de la ciudad.
Por otra parte, se ha generado una ganancia social, facilitada por la definición de la política de revisión de la tarifa, al modificar el coste y la modalidad de cobro, con la opción de multifamiliares, permitiendo que los usuarios agrupados, los multiusuarios y los grandes generadores pongan en marcha programas de reducción demostrables, obtengan reducciones importantes y cobren en conjunto y no por unidad residencial.
Con esta acción se han mejorado socialmente dos condiciones:
El desempeño y representación de la entidad también se ha fortalecido y ha logrado la incidencia que el proceso de reconocimiento social debía ejercer para evitar la exclusión definitiva de la actividad o que pasara a otras manos, como presentaba las pretensiones de las administraciones.
Las pretensiones del gremio están dirigidas a la inclusión de este como operador y concesionario de la explotación de los centros de reciclaje en una etapa inmediata, y posteriormente a avanzar a otros componentes del sistema.
Las organizaciones de recicladores encontraron en el proyecto una herramienta fundamental para el establecimiento de los espacios de discusión, análisis y tratamiento del tema, convocando a diversos estamentos, propiciando revisiones y generando opinión, permitiendo la inclusión de las consideraciones del gremio en la modificación de las políticas nacionales relacionadas con el manejo de los residuos y el reciclaje. Las modificaciones al Decreto 1.713, a la Ley 142 y a la Ley 760 han generado la detención de procesos de exclusión eminente sobre poblaciones en vulnerabilidad manifiesta. También han detenido las acciones de privatización tajante del sistema de reciclaje en Bogotá, y han llevado nuevamente a la administración y a los recicladores a tratar de concertar espacios de trabajo, desarrollando una política que les permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional en la sentencia C724, que ampara los derechos de los recicladores y obliga a las administraciones a generar acciones positivas en los procesos licitatorios relacionados con el manejo de los residuos.
En el nivel de relaciones interinstitucionales, en el ámbito nacional ha generado posibilidades de apoyo (información e intercambio) con organizaciones de Santander (Regional Barrancabermeja) y del sur del país (Putumayo, Huila y Caqueta). En el sur del continente, en los encuentros Latinoamericanos de reciclaje en Brasil y Argentina, se posibilitó el establecimiento de una cadena de intercambio con las organizaciones de base para apoyar la generación de opinión continental que mantenga el tema vigente como interés regional, en oposición a la política económica de privatizar las basuras, con el reciclaje incluido, como un nuevo negocio para las multinacionales, olvidando que existen en el continente más de 150.000 familias que desde hace 70 años encontraron en la basuras el medio de generar ingresos para su supervivencia.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| ARB | 50% | 50% | 78,5% | 37% |
| McKinsey&Company | 5% | |||
| Red de Solidaridad Social (RSS) | 20% | 15% | 15% | 3% |
| Christian Children Fund | 30% | 30% | 6,5% | |
| Fondo Para la Acción Ambiental | 60% | |||
| PRESUPUESTO TOTAL (en dólares EEUU) | 8.850 | 10.000 | 12.000 | 17.857 |
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