10. La crisis de un modelo inmobiliario insostenible y la necesidad de cambiarlo

Hay que reconocer abiertamente que la profunda crisis económica en la que se encuentra el país refleja también el agotamiento del modelo inmobiliario que la ha propiciado y cuyo colapso ha venido dejando una estela de episodios de corrupción y suspensiones de pagos que subrayan la necesidad de cambiarlo. La naturaleza especulativa de este modelo ha provocado importantes afanes constructivos, cuyos elevados consumos de suelo, energía y materiales, se han venido situando en contra de la desmaterialización económica y de la sostenibilidad ecológica. A la vez que el orden territorial, urbano y constructivo resultante se mostraba también insostenible y poco habitable, al solaparse la dispersión con la infrautilización de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado y de mala calidad.

A la vista de lo anterior no cabe esperar que el modelo actual se enderece en favor de la sostenibilidad y la habitabilidad si no se reorienta en este sentido el marco institucional sui generis y el grueso de las políticas e instrumentos que lo han venido configurando y apoyando. Las muy limitadas posibilidades que ofrece el marco legal vigente para que la administración central coordine y reoriente a favor de la sostenibilidad y la habitabilidad las políticas en materia de urbanismo y ordenación territorial, evidencian que la reconversión del modelo urbano no podrá producirse sin un acuerdo firme de Estado que lo promueva con el apoyo de todos los departamentos ministeriales y de todas las políticas e instrumentos, como ya se ha apuntado anteriormente. Además, en esta materia, resulta imprescindible la colaboración de las Comunidades Autónomas sin cuyo acuerdo e impulso sería impensable cualquier planteamiento mínimamente riguroso. Para coordinar esos apoyos habría que elaborar una estrategia de transición y un protocolo de mínimos que instale tres puntos de apoyo imprescindibles para que la necesaria reconversión hacia la sostenibilidad y habitabilidad urbana pueda prosperar: un núcleo administrativo responsable, un sistema de información y seguimiento y un proceso de participación e implicación de la ciudadanía que interaccione con los dos puntos anteriores. La elaboración esa estrategia de transición, con sus diversos planes e instrumentos, escapa al propósito de este informe más centrado en el planeamiento urbano. Pero conviene precisar que, entre los medios a los que ha de recurrir la mencionada estrategia, destacan las políticas tributarias y presupuestarias, que deberían de condicionar la fiscalidad y la financiación pública al cumplimiento del protocolo de mínimos por las administraciones implicadas, supliendo así la incapacidad legislativa de la administración central para establecer criterios relacionados con el urbanismo y el territorio.