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Figura 1: Número de municipios en España y habitantes por
tipología. Evolución en el período 1900-1991.
Los municipios rurales (municipios de menos de 2.000 habitantes)
han pasado de 6.763 en 1960 a 5.895 en 1991. En cuanto a la
población, se ha pasado de 4.440.868 hab. a 3.079.079, es decir, ha
perdido algo más del 30% de su población. Su peso con respecto al
total nacional se ha reducido notablemente (pasa del 14.5% en 1960
al 7.8% en 1991).
En cuanto a los municipios intermedios (municipios entre 2.000 y
10.000 hab.), la pérdida total ha sido de 507 y en cuanto a su
población, pasa de 8.778.278 hab. a 6.581.871. Su peso poblacional
con respecto al total pasa del 28.7% en 1960 al 16.7% en 1991.
Acumulando ambas categorías, se pierden un total de 1.375
municipios y 3.558.196 habitantes en estas zonas.
Los municipios urbanos (mayores de 10.000 hab.) por el contrario,
son el único ámbito que crece y en términos realmente
espectaculares. Se pasa de 421 municipios a 583 y en población, se
pasa de 17.211.552 habitantes en 1960 a 29.772.992 (incremento del
73%). Su peso poblacional se ha incrementado de forma
extraordinaria pasando del 56% en 1960 al 76% en 1991.
Es sin duda, uno de los fenómenos de urbanización más rápidos del
continente: en el 7% de los municipios se concentra más del 75% de
la población española. En tan solo 30 años ha crecido el nivel de
concentración urbana en más de 20 puntos porcentuales. Si atendemos
a la evolución intercensal, vemos como en la década 1960-1970 se
produce el tirón más importante, creciendo un 30% en 1970 con
respecto a 1960; en la década siguiente (1970-1981) todavía el
crecimiento es fuerte pero en menor cuantía (23%). Sólo en la
última década se produce una fuerte ralentización del crecimiento
(8%).
En la figura 2 podemos ver el comportamiento de los distintos
estratos de la zona urbana desde 1960 a 1991: el estrato superior
(poblaciones de más de 500.000 habs.) comienza a declinar en 1981,
perdiendo población en términos absolutos a partir de esa fecha.
Figura 2: Número de habitantes en los distintos estratos urbanos.
Evolución en el período 1960-1991.
El estrato primero (STU1), representa a los municipios de más de
500.000 habitantes; el estrato segundo (STU2), representa a los
municipios cuya población se sitúa entre los 100.000 y los 500.000
habitantes; el tercer estrato (STU3), representa a los municipios
entre 50.000 y 100.000 habitantes, el cuarto (STU4) a los
superiores a 20.000 hab. e inferiores a 50.000 y el STU5 a los
superiores a 10.000 e inferiores a 20.000 hab.
Una mejor visión de la evolución urbana nos la da el análisis del
crecimiento intercensal. En la figura 11 tenemos representado este
fenómeno.
En el período 1960-1970, el tramo que más crece es el comprendido
entre los 100.000 y los 500.000 habitantes, seguido del de más de
500.000 habitantes (54% y 41% respectivamente). En la década
siguiente, es el tramo de 50.000 a 100.000 habitantes el que más
crece seguido del de 100.000 a 500.000 habitantes (51% y 32%
respectivamente). El de más de 500.000 habitantes se sitúa en
tercer lugar con un 22% de crecimiento intercensal (reduce su
crecimiento casi a la mitad del observado en el período anterior),
en la última década (1981-1991),es el de 20.000 a 50.000 habitantes
el que experimenta un mayor crecimiento con un 16%, seguido del
tramo de 100.000 a 500.000 habitantes con un 13%. El estrato de
municipios superiores a 500.000 habitantes pierde población por
primera vez en términos absolutos y se sitúa con un crecimiento
negativo de -37.622 personas. Este hecho marca la aparición de los
fenómenos de crisis metropolitana debida a la aparición de
deseconomías propias de la congestión alcanzada en nuestras grandes
ciudades en las décadas anteriores, siendo las ciudades de tamaño
medio las que protagonizan el crecimiento demográfico de los
últimos años.
Si avanzamos un poco más en el análisis de la situación urbana
mediante la delimitación de los ámbitos urbano-metropolitanos,
obtenemos resultados altamente significativos.
Un estudio realizado recientemente por el MOPTMA [2], constata la
presencia de un total de 68 áreas urbanas mayores de 50.000
habitantes (uni o plurimunicipales), que agrupan un total de 486
municipios (Ver figura 4). Un segundo ámbito, lo componen 103
ciudades de más de 20.000 habitantes y de menos de 50.000, no
incluidas en el primer ámbito. Un total de 171 áreas que agrupan a
589 municipios (7.3% del total de los municipios españoles) alberga
al 73.1% de la población de hecho de 1991, ocupan el 11.9% del
total de la superficie nacional y sobre ellas se levanta el 69.9%
del total de viviendas principales.
Las características fundamentales de cada una de estas áreas se
reflejan en la tabla 1:
| Variables | A.U. >50.000 hab. | Ciudades entre 20.000 y 50.000 hab. | Total |
| N. de municipios | 486 | 103 | 589 |
| Población 1970 | 18.776.366 | 2.303.753 | 21.080.119 |
| Población 1981 | 23.113.992 | 2.592.652 | 25.706.644 |
| Población 1991 | 24.674.272 | 2.885.529 | 27.559.801 |
| Estimación 2011 | 27.540.301 | 3.454.846 | 30.995.147 |
| Diferencia 2011-1991 | 2.866.032 | 569.317 | 3.435.349 |
| Incremento inicial de viviendas 2011-1991 | 1.497.435 | 284.659 | 1.782.094 |
| Viviendas principales ocupadas (1991) | 7.365.797 | 807.419 | 8.173.216 |
| Viviendas desocupadas (1991) | 1.138.026 | 191.309 | 1.329.335 |
| Viviendas recuperables por renovación | 245.836 | 41.323 | 287.159 |
| Viviendas recuperables por rehabilitación | 279.979 | 47.062 | 327.041 |
| Demanda final de viviendas en nuevo suelo | 1.443.087 | 289.610 | 1.732.697 |
Fuente: MOPTMA, Dirección General para la Vivienda el Urbanismo y la Arquitectura. "Necesidades de suelo urbanizado hasta
el año 2011 en las ciudades españolas". Marzo 1995
El análisis tendencial nos muestra que para el 2011 el
crecimiento experimentado por las ciudades medianas será de casi
el 20%, mientras que los grandes ámbitos crecerán un 12% con
respecto a 1991.
Es particularmente grave, como ha señalado el Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España, el hecho de la masiva
ocupación del litoral peninsular, por lo que supone de peligro
de degradación de un recurso natural importante.
El previsible incremento de concentración urbana para los
próximos años plantea fuertes retos al país, fundamentalmente en
el tema de la vivienda y dotación de infraestructuras. Como se
refleja en la tabla 1, la previsión de demanda de viviendas en
nuevo suelo asciende a 1.732.697, que es casi el 15% del total
de las viviendas principales ocupadas en 1991. Traducido a
suelo, será necesario poner en el mercado unas 36.000 hectáreas
(360 millones de m2) de suelo urbanizado.
Figura 4: Mapa de ámbitos urbanos en España.
Como ya se ha dicho, la transformación de las estructuras
económicas, sociales y demográficas ocurridas a lo largo de los
últimos treinta años han tenido una importante repercusión en el
sistema urbano español.
Como característica mas relevante en la evolución de dicho
sistema cabe resaltar la creciente concentración de población y
actividad en áreas espaciales reducidas dando lugar a un modelo
territorial muy polarizado: uno de cada dos habitantes reside en
una de las dieciocho áreas metropolitanas que ocupan tan sólo el
3,8% del territorio.
Esta nueva estructura implica la ampliación del numero de
municipios integrantes de las áreas metropolitanas y de su
extensión superficial con el consiguiente aumento de las
distancias a recorrer diariamente por motivos de trabajo y en
definitiva conduce a una demanda creciente de movilidad.
Sin embargo, por otra parte, la progresiva aparición de
deseconomías ligadas a la congestión están dando lugar a una
cierta valoración de las ciudades de tamaño medio, donde la
magnitud de estas deseconomías es menor.
Adicionalmente cuando estas ciudades se articulan en torno a un
conjunto de infraestructuras de transportes terrestres,
fundamentalmente carreteras, empieza a configurarse un "eje" o
"corredor" de desarrollo y estructuración territorial que puede
acabar configurando una región urbana.
En cualquier caso sin una adecuada infraestructura y servicio
interno de transportes y comunicaciones las áreas metropolitanas
o las regiones urbanas no podrían existir en su funcionamiento
y estado actual, del mismo modo que las infraestructuras de
transporte establecen modificaciones en los potenciales de
desarrollo territorial y de los distinto núcleos urbanos y
rurales.
Por ello, por un lado, la planificación urbanística debe
considerar la distribución de usos y actividades en el territorio
en función de la minimización de los costes sociales (económicos
y ambientales) asociados las infraestructuras de transporte y en
el marco de una consideración global del sistema de movilidad y,
por otro, los poderes públicos deben tener en cuenta en la
planificación de las infraestructuras que constituye uno de los
elementos mas poderosos para incrementar la posible atracción
para la localización de actividades en un territorio frente a
otros y por tanto su potencial de desarrollo.
Asimismo, el sistema de transporte tiene la función de asegurar
la accesibilidad de una serie de equipamientos básicos al
conjunto de la población. La mejora de estas infraestructuras
cumple una importante función al extender a los ámbitos rurales
las ventajas que supone el acceso a los equipamientos de carácter
supralocal.
Como conclusión puede decirse que la evolución de las
características del modelo territorial y del sistema de ciudades
español ha generado unas demandas crecientes de infraestructura
de transporte a las que ha sido necesario hacer frente en las
ultimas décadas y seguirá siendo necesario en el futuro, con el
nuevo reto de incorporar, no solo aumentos cuantitativos, sino
elementos de racionalización, equilibrio territorial y social y
minimización de costos sociales, económicos y ambientales.
| AÑO | GASTO infraestructura vial (miles de millones pta.) | GASTO infraestructura vial (miles de millones $) | $/PER CÁPITA |
| 1992 | 831,7 | 8,144 | 208,82 |
| 1993 | 912,0 | 7,160 | 183,59 |
| 1994 | 943,0 | 7,040 | 180,51 |
En los últimos años se vienen dando en nuestras ciudades dos
procesos aparentemente contradictorios pero que actúan
simultáneamente: por una parte el aumento de densidad y
congestión en ciertas áreas de los centros urbanos consolidados
debido a la localización de actividades con fuerte demanda de
centralidad, y por otra un nuevo tipo de urbanismo basado en la
suburbanización de baja densidad, en la dispersión espacial de
actividades y en la especialización de usos concentrados (grandes
superficies comerciales, centros de ocio ...)
En el primer caso los problemas ambientales generados por la
congestión son claros: ruido, contaminación atmosférica,
inseguridad vial, ocupación del espacio peatonal por el
automóvil...
Por contra el modelo de ciudad extendida aumenta las necesidades
de movilidad y no favorece la implantación del transporte
colectivo, concentrando los flujos de trafico en una serie de
ejes de penetración al núcleo central, creando efectos barrera
y problemas de accesibilidad entre barrios, aumento del consumo
energético y de las emisiones de contaminantes atmosféricos,
consumo de suelo...
En paralelo con estos fenómenos y estrechamente ligado a los
mismos, el desarrollo económico y social ha propiciado un
espectacular aumento de los índices de motorización, origen y
consecuencia, a la vez, del referido modelo urbanístico basado
en la suburbanización. Todo ello ha provocado una dependencia
creciente del automóvil y un trasvase del transporte publico
hacia el coche particular con los problemas a ello asociados:
graves impactos medioambientales, perdida de calidad y
habitabilidad en las ciudades, aumento de los accidentes, aumento
del consumo energético...
Las tablas 3 y 4 reflejan el incremento de los índices de
motorización en los últimos años y su actual distribución en
capitales de provincia, según su tamaño.
| Año | Vehículos |
| 1980 | 202,5 |
| 1990 | 308,9 |
| 1992 | 335,9 |
| 1993 | 343,9 |
| 1994 | 350,4 |
| Habitantes | Veh/1.000 |
| > 1.000.000 | 424,3 |
| 500.000 a 1.000.000 | 346,1 |
| 100.001 a 500.000 | 354,6 |
| 50.001 a 100.000 | 369,9 |
| >50.000 | 373,4 |
En la situación actual se están produciendo cambios radicales en
el enfoque del problema, superando el planteamiento
exclusivamente como un problema de movilidad y de transporte,
para inscribirse en la marco mas amplio de la discusión sobre el
modelo de ciudad y las políticas urbanas y referido al objetivo
de dar satisfacción a las necesidades de accesibilidad a los
servicios y actividades para todos los ciudadanos.
Es necesario poner de manifiesto que el modelo de desarrollo
urbano que han adoptado muchas de las áreas metropolitanas
españolas conlleva un sistema de transporte ineficiente tanto
desde el punto de vista funcional como energético, sistema en
el que el transporte público solo puede adquirir un papel
predominante en ciertos flujos muy concretos. En estos momentos
existe un consenso generalizado sobre la estrecha vinculación
entre un sistema de transporte racional (desde el punto de vista
funcional y energético) y un adecuado modelo de gestión.
2.3 La política de transporte e infraestructuras
El primer rasgo a señalar de la política de transporte e
infraestructura desarrollada en los últimos años ha sido su
planteamiento desde la perspectiva de una estrategia territorial
global dirigida a mejorar las condiciones de competividad y
productividad del conjunto del territorio, pero también a
impulsar un desarrollo equilibrado de los distintos ámbitos
espaciales, a mejorar la calidad y el nivel de vida de la
población y a conservar los recursos naturales y el patrimonio
cultural.
Esta política se planteó en el marco de un Plan Director de
Infraestructuras en el que, con carácter general, uno de los
criterios adoptados ha sido el mejorar la gestión trasmitiendo
tráficos hacia modelos energéticos más eficientes.
A tal objeto se elaboró un estudio sobre los consumos energéticos
de los diferentes modos de transporte y un análisis comparativo
de las externalidades generadas por cada uno de ellos.
De estos estudios se deducen los consumos específicos de energía
(medidos en MJ por kilometro recorrido o tonelada transportada)
que indican su nivel de eficiencia energética. Como es lógico
los transportes colectivos son los que tienen consumos
específicos menores y dentro de ellos las ventajas comparativas
favorecen aparentemente al transporte por carretera cuyo consumo
por pasajero oscila alrededor de 0,5 MJ/Km. El ferrocarril
representa consumos por pasajeros del orden de 0,8 MJ/Km y el
aéreo se aproxima a 2,1MJ/Km.
Sin embargo, los consumos adicionales producidos por la
congestión en los corredores de mucho trafico que inciden
básicamente sobre el transporte por carretera y la importancia
que esta tiene como factor de oferta en el uso del vehículo
privado, alteran el balance energético de los diferentes modelos
a favor del ferrocarril.
Con carácter general en 1993 se aprobó una exención fiscal para
el gasóleo de uso ferroviario con objeto de mejorar las ventajas
comparativas de este modo de transporte y de potenciar la
tracción diesel frente a la tracción eléctrica de mayor impacto
en relación al efecto invernadero.
En el medio urbano, asimismo, se ha desarrollado por las
diferentes administraciones una amplia política dirigida a
potenciar el transporte colectivo.
En 1990 entró en vigor una ley de financiación del transporte
urbano que establece la inclusión en los Presupuestos Generales
del Estado de unos créditos a favor de las corporaciones locales
que tengan a su cargo el servicio de transporte colectivo urbano.
Los contratos programa se establecen entre el Estado y dichas
corporaciones con el fin de subvencionar los gastos de
explotación de los transportes colectivos y de material móvil,
así como la mejora de la explotación y de la gestión de los
sistemas. Estos contratos existen en Madrid y Barcelona
principalmente y se fijan en función del número de pasajeros
transportado. Suponen un importe de subvención de cerca de 30.000
millones de ptas. al año.
En concreto se dedica una especial atención al Plan de Cercanías
del transporte por ferrocarril cuyo objeto es la mejora de las
redes ferroviarias de acceso a las grandes ciudades, atención que
se tradujo en un notable aumento de las inversiones, como queda
reflejado en la Tabla 5.
| AÑO | MILLONES PTAS |
| 1990 | 4.712 |
| 1991 | 8.834 |
| 1992 | 12.706 |
| 1993 | 18.584 |
| 1994 | 23.429 |
2.4 La accesibilidad en el medio urbano
Actualmente el deterioro del medio ambiente urbano producido por
la congestión del sistema de transporte ha pasado al primer lugar
de los problemas a resolver. Por otra parte nuestras ciudades
tienen dificultades crecientes de movilidad. Crecientes porque
el instrumento principal de movilidad, el vehículo privado entra
en contradicción con la trama urbana tradicional y porque
nuestras ciudades han crecido de una forma desorganizada y con
patrones de especialización de los usos del suelo que han
generado aumentos de movilidad. Esta evolución acelerada supera
cualquier incremento en la oferta de transporte.
Por ello, probablemente, la única línea de acción eficaz parta
de reconocer que el problema del transporte en nuestras ciudades
no consiste ya en resolver la movilidad, sino en resolver la
accesibilidad, que pasa a ser concebida como un índice de calidad
de vida, generando entornos armoniosos, y dando a los ciudadanos
oportunidades cercanas y razonables de desarrollar actividades
de prestación de servicios, de trabajo y de ocio.
Ello implica cambiar el funcionamiento de nuestras ciudades,
devolviéndolas su eficacia funcional y recuperando la calidad de
vida que han perdido. En este sentido se han venido planteando
varias líneas de actuación:
De acuerdo con estos planteamientos el MOPTMA está desarrollando
una política de ciudades que integra un conjunto de actuaciones
entre las que cabe destacar:
España es un país mediterráneo especialmente montañoso y con una
climatología variada mediterráneo-continental pero que, en
general, viene marcada por la escasez e irregularidad de lluvias.
Ello, junto a su propia estructura política e institucional,
condiciona la política ambiental y su ejecución.
A grandes rasgos , y en relación con las características
ambientales particulares de España, se pueden destacar las
siguientes:
En los últimos años, la preocupación social por el medio ambiente
se ha hecho más evidente en los medios de comunicación, en las
encuestas sociológicas y en los grupos no gubernamentales pasando
a traducirse en normas, programas de actuación y dotaciones
presupuestarias.
A partir de 1992, las bases de la política económica española se
asientan sobre el principio de desarrollo sostenible, de
desarrollo compatible con el medio ambiente, de acuerdo con las
ideas emanadas de la Cumbre de Río de Janeiro.
3.2 Estructura administrativa de la gestión medio ambiental
Tras la integración, en el año 1977, de la Dirección General de
Acción Territorial y Medio Ambiente, en el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo (MOPU), y la creación en éste de una
Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la
reforma más importante de la estructura organizativa de la
gestión medioambiental se produce en la década de los noventa,
con la creación, como órgano superior de la Administración
General del Estado que, bajo la dependencia del Ministro de Obras
Públicas y Transportes, coordina las políticas orientadas a
gestionar la utilización racional de los recursos naturales, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, elevada posteriormente
al rango de Secretaría de Estado.
La actual Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
tiene a su cargo las siguientes funciones.
Todas las Administraciones Públicas ejercen competencias en
materia de medio ambiente en mayor o menor grado. Ahora bien, en
términos generales, existen tres niveles de competencia: al
Estado, le corresponde, la promulgación de la legislación básica
de medio ambiente; a las Comunidades Autónomas, en función de lo
que determinen sus propios Estatutos de Autonomía, se les
atribuye funciones legislativas, siempre respetando los criterios
básicos estatales, y las funciones ejecutivas. A este cuadro
competencial hay que añadir las funciones atribuidas a las
Corporaciones Locales en virtud de su normativa específica.
Esta estructura de la Administración española conlleva, por una
parte, una cierta complejidad, pero por otra permite que cada
Comunidad Autónoma haga frente a sus propios problemas con
políticas adaptadas a las características específicas de cada
territorio, asumiendo asimismo los preceptos legales de las
Directivas Comunitarias.
3.3 Definición de objetivos ambientales
En España la consecución de los objetivos ambientales, se plantea
avanzando hacia una nueva dimensión del progreso social, la de
un desarrollo sostenible, acorde con la estrategia establecida
en el Quinto Programa Comunitario en materia de medio ambiente
y en el Programa 21, adoptado en la Conferencia de Río; para ello
se han establecido las siguientes prioridades:
Es destacable el esfuerzo que se está llevando a cabo, por parte
de la Administración española, en concienciar y
corresponsabilizar a los ciudadanos en la toma de decisiones a
través de organizaciones y movimientos sociales. En este sentido
es de suma importancia, el Real Decreto 224/1994 por el que se
establece el Consejo Asesor de Medio Ambiente, como vía de
participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida
económica y social como establece el articulo 9.2 de la
Constitución.
En relación con la situación ambiental de España, pueden
considerarse dos aspectos fundamentales: por un lado, una
contaminación derivada de la emisión de contaminantes a los
distintos medios receptores, agua, aire y suelo, y una producción
de residuos que afectan tanto a la naturaleza como a los bienes
culturales e históricos y al bienestar social. Por otro, los
procesos de degradación, tales como la erosión, salinización del
suelo y acuíferos e incendios forestales; procesos unidos en
cierta medida, a las condiciones climáticas de España.
En los últimos años se ha realizado un conocimiento completo de
las fuentes de contaminación, así como de sus efectos contaminantes, al tiempo que se han efectuado estudios que permiten
relacionar la intensidad de los focos emisores y la calidad del
medio receptor, cuantificando los efectos relacionados con la
salud, los ecosistemas y los bienes.
En relación con la contaminación atmosférica, se están llevando
a cabo actuaciones que intentan paliar y mejorar la calidad del
aire en nuestro país. Para ello la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, en coordinación con las Comunidades
Autónomas y Entes locales, está realizando diversas acciones
dentro del Plan de Optimización de Redes de Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica, que tiene dos lineas prioritarias: el
desarrollo de redes de control y alerta y la información al
público.
La Red Española de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica a
nivel regional está integrada en el Programa EMEP (European
Monitoring Evaluation Programme), y cuenta con seis estaciones
que permiten detectar: los flujos transfronterizos de
contaminantes, la existencia de lluvias ácidas y/o la variación
en el tiempo de los niveles de fondo de los diversos
contaminantes.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, inició en
el año 1992 la elaboración de un nuevo inventario de emisiones
de contaminantes a la atmósfera (CORINE-AIRE) tomando como año
de referencia 1990. En este nuevo inventario se han considerado
mas de 300 actividades y ocho contaminantes, lo que supone una
ampliación importante con respecto al inventario anterior de
1985.
Otro de los problemas ambientales que afecta en particular a las
grandes ciudades, es el relativo al ruido. En relación con este
tema , la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda ha
elaborado en 1993 un trabajo sobre los niveles de ruido en
España, que ha permitido planificar una serie de actuaciones
estatales de prevención y corrección del ruido ambiental a la vez
que ha dejado patente la necesidad de una nueva normativa básica
sobre ruido ambiental.
En relación con la gestión y la calidad de los recursos hídricos,
la política hidráulica tradicional, va acompañada en la
actualidad por una activa política de calidad de las aguas, en
la que participan las tres Administraciones, Central, Autonómica
y Local. La coordinación y multiplicación de los esfuerzos, está
consiguiendo aumentar de manera considerable las inversiones en
infraestructuras de saneamiento y depuración.
Junto a estas inversiones destacan las modificaciones normativas
en lo que se refiere al importe de sanciones por vertidos, así
como los planes generales de saneamiento y depuración, de
armonización y regularización de vertidos, etc. Todo ello permite
garantizar el cumplimiento de las Directivas europeas, cada vez
mas rigurosas sobre la calidad de las aguas.
La corrección en origen de la contaminación, la prevención y el
control de los vertidos; la mejora y el control del dominio
publico hidráulico, la restauración de los daños causados a la
calidad de las aguas y a los propios cauces, son objetivos
importantes, que se traducen en proyectos de actuación, a través
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. En este
sentido hay que destacar el Acuerdo de Consejo de Ministros de
17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
Por otro lado, las funciones desarrolladas por la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Vivienda en el ámbito de la Gestión
del Dominio Público Hidráulico, han seguido dos líneas de
actuación conducentes a la mejora y recuperación del medio
ambiente hidráulico:
Consecuencia ambos del primer Plan Nacional de Residuos
Industriales, elaborado en 1989, que puso de manifiesto los
riesgos derivados de la acumulación en el suelo de residuos
peligrosos y particularmente para la salud humana, los recursos
hídricos, la calidad de la producción vegetal, etc., con
importantes repercusiones a nivel no solo ambiental, sino también
social y económico.
3.4 El medio ambiente urbano
El crecimiento económico español se ha caracterizado por ser
claramente dualista: por un lado encontramos un polo de
concentración urbana-industrial-zonas en desarrollo, y por otro
un polo de áreas rurales-agrarias-zonas deprimidas.
En relación con la presión que la población ejerce sobre los
recursos y sobre el medio ambiente, es importante la distribución
de ésta en el espacio. Así, en España, se pueden distinguir una
serie de núcleos y franjas costeras, densamente pobladas y
urbanizadas, mientras que el resto del territorio presenta
densidades de población muy bajas. Este proceso se ha visto
acentuado, como se ha dicho, durante las últimas décadas debido
a los masivos movimientos migratorios internos.
La población rural ha disminuido de forma drástica, dando lugar
a la inutilización de los recursos naturales en grandes áreas
donde, por otra parte, la ausencia de gestión, ha conducido a la
desestabilización de ecosistemas. En cierta medida, la
explicación de fenómenos de carácter catastrófico, como los
incendios forestales o los derivados de algunos procesos
industriales, tienen precisamente sus raíces en esas pautas
sociales de despoblamiento y desertización del país.
El medio ambiente urbano resulta cada vez menos capaz de
satisfacer las necesidades básicas del hombre, tanto físicas como
psicológicas. Las zonas con mayor problema son sobre todo las
llamadas "zonas periféricas", pero incluso está en crisis el
modelo de desarrollo del organismo "ciudad", que ya no es capaz
de proporcionar soluciones a los problemas de habitabilidad que
se van planteando.
La propia dinámica de la ciudad provoca un doble impacto
ambiental. Uno de carácter interno, que produce la degradación
del medio, tanto físico como sociocultural, y otro de carácter
externo, incidiendo sobre el medio natural circundante, en
primera instancia, y sobre otros ecosistemas alejados cada vez
más interdependientes con los grandes núcleos urbanos.
Los problemas relacionados con el medio ambiente en las zonas
urbanas de los países desarrollados, resultan ser muy similares
de una ciudad a otra, con independencia de su ubicación en una
zona septentrional o meridional, su tamaño o su nivel de
urbanización. Los principales puntos comunes son:
Si bien la naturaleza general de la problemática ambiental de las
ciudades es de todos bien conocida, es, sin embargo manifiesta,
la gran escasez de datos generales y comparativos. Mientras que
algunas ciudades disponen de datos cuantitativos válidos sobre
determinados aspectos (ruido, contaminación atmosférica, volumen
de residuos), la mayoría carecen de ellos. Así pues, la
apreciación general de la problemática del medio ambiente urbano
es cualitativa y subjetiva, pero no por ello menos real.
Finalmente hay que buscar las causas en la manera en que
organizamos el trabajo, la producción, la distribución y el
consumo, y en las estructuras de planificación, a menudo rígidas
y anticuadas. Los problemas del medio ambiente urbano pueden
atribuirse fundamentalmente a dos factores que interaccionan
reforzándose mutuamente; el primero de ellos es la a presión que
ejercen sobre el medio ambiente muchas de las actividades que se
concentran en la ciudad:
Esto, a su vez, ha traído consigo el desarrollo de extensas zonas
residenciales urbanas en las que por razones económicas, resulta
difícil implantar servicios de transporte público. Esta
reorganización espacial de nuestras ciudades tiene repercusiones
sobre el medio ambiente:
Para superar esta crisis propone:
3.5 Materialización de los acuerdos de Río en la política
medioambiental española
Desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, España ha
profundizado en la búsqueda de una solución a los problemas
medioambientales y de desarrollo sostenible siguiendo los
principios marcados por la Declaración de Río y los objetivos
señalados en el Programa 21.
El Programa 21 propugna la creación de cauces de participación
de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos,
organizaciones de consumidores y de la comunidad científica, en
la elaboración y en la ejecución de políticas orientadas hacia
el desarrollo sostenible.
El cumplimiento de los mandatos constitucionales y la
conveniencia de adoptar medidas nacionales similares a las
establecidas en el ámbito de la Unión Europea e internacional,
favoreció la creación de un Consejo Asesor de Medio Ambiente
(Real Decreto 224/1994).
El Consejo Asesor de Medio Ambiente, es el principal mecanismo
de coordinación, a nivel nacional, del Programa 21. Tiene por
objeto favorecer la participación de las organizaciones
representativas de intereses sociales y de personas de reconocido
prestigio, en la elaboración y seguimiento de la política
medioambiental orientada al desarrollo sostenible. Sus funciones
son las siguientes:
Otros mecanismos institucionales relacionados con el desarrollo
sostenible son los siguientes:
Como en casi todos los países mediterráneos, el patrimonio
cultural tiene en España una fuerte representación en su
arquitectura y bienes inmuebles, donde se reflejan las distintas
civilizaciones y culturas que se han desarrollado en nuestro país
a lo largo de los siglos.
Dentro de todo este enorme patrimonio cultural una característica
a señalar es la importancia que tienen, tanto en número como en
valor, los Conjuntos Históricos de carácter urbano o rural, de
tal forma que se podría decir que uno de los principales valores
de nuestro patrimonio cultural es precisamente su capacidad de
crear entornos de gran calidad ambiental y de responder a la
diversidades geográficas y territoriales de nuestro país con
soluciones adaptadas a las mismas bajo criterios que hoy
denominaríamos como sostenibles: aprovechamiento de las
condiciones climáticas, bajo consumo energético...
La existencia de mas de 300 conjuntos urbanos y rurales
declarados a efectos de su protección por parte del Estado, y de
ocho conjuntos urbanos y un itinerario (El Camino de Santiago que
incluye numerosos núcleos urbanos) declarados como Patrimonio de
la Humanidad por parte de la UNESCO da idea de la importancia de
la componente urbanística de nuestro patrimonio cultural. Por
otra parte en ellos habita un numero importante de ciudadanos,
en muchos casos pertenecientes a clases populares y/o con
recursos económicos bajos, cuyas condiciones de vida es necesario
mejorar, garantizando su derecho a permanecer en los lugares
centrales de la ciudad o en los núcleos rurales de origen.
Las actuaciones sobre los núcleos históricos y el patrimonio
inmobiliario, por tanto, además de pertenecer al ámbito de la
protección del patrimonio cultural, se incardinan en el ámbito
más amplio de las políticas dirigidas a un hábitat sostenible por
cuanto además de mejorar las condiciones de vida de los
residentes actuales, suponen una alternativa a las necesidades
de viviendas nuevas y de nuevo suelo urbanizado.
4.2 El período 1976-1982
La preocupación por la protección del patrimonio cultural se
intensifica en España fundamentalmente en los primeros años
setenta a partir de argumentos de tipo histórico cultural al
constatar las brutales huellas de deterioro y destrucción que el
crecimiento urbano descontrolado de las décadas anteriores había
dejado en los tejidos históricos de nuestras ciudades.
Ante esta situación surgen las primeras voces que, como decíamos,
desde posturas interesadas principalmente por la conservación de
los valores históricos reclaman políticas activas de conservación
y mantenimiento más allá de la mera catalogación.
Por otra parte la población residente en los centros históricos
empieza a hacerse oír reclamando en unos casos la mejora de sus
condiciones y en otros su derecho a permanecer en las zonas
centrales, rechazando operaciones de renovación especulativas que
suponían la destrucción de barrios tradicionales.
Se complementan así los argumentos historicistas o culturales en
favor de la protección del patrimonio con argumentos de tipo
social, extendiendo el concepto de protección no solo al soporte
físico, sino también al tejido social que lo habita, evitando los
problemas de desarraigo.
Por ultimo los graves problemas derivados del crecimiento urbano
descontrolado en cuanto a falta de infraestructuras y carestía
de las misma, ocupación de suelos de alto valor natural etc.
aportan otro tipo de argumentos a favor de las políticas de
protección en cuanto a lo que suponen de aprovechamiento del
"capital fijo" existente en la ciudad: Aprovechamiento de
infraestructuras y equipamientos existentes, ahorro de
inversiones, menores tiempos de desplazamiento, reducción de la
ocupación de nuevos suelos etc.
Como resultado de todo ello el planeamiento urbanístico de los
últimos años de la década de los setenta y primeros de los
ochenta vuelca su interés en las actuaciones en la ciudad
consolidada y especialmente en los centros históricos, si bien
la falta, en aquellos momentos, de suficientes marcos legales y
financieros para la actuación positiva de rehabilitación y
mantenimiento limitó la eficacia de los intentos, reduciendo en
la práctica los resultados a la paralización de los procesos de
destrucción y sustitución por nuevas edificaciones y estructuras
urbanas.
De la fallida experiencia de los años anteriores se extrajeron
dos consecuencias fundamentales: la necesidad de coordinar y
comprometer en una misma dirección a los distintos estamentos de
la administración implicados y con competencias en la materia y
la evidencia de que era imprescindible la colaboración de la
iniciativa privada.
Con la intención de lograr esta colaboración de la iniciativa
privada se formularon diversas Normativas de Fomento y Ayuda a
la rehabilitación. La Administración del Estado aprueba en 1982
el primer "Decreto de Rehabilitación" sustituido en julio de
1983 por el Real Decreto 2.329\83 verdadero catalizador del
fenómeno de la rehabilitación en España.
En dicho Decreto se articula un sistema de ayudas financieras
para la rehabilitación pública y privada que abarcan las
siguientes actuaciones: la rehabilitación de viviendas, hacía
donde van dirigidas fundamentalmente las ayudas, la
rehabilitación de dotaciones y equipamientos sociales cuando se
actúe en el marco de programas generales o de mejora del medio
urbano y las obras complementarías en locales de negocios o
talleres en determinadas situaciones requeridas por los valores
históricos de los edificios.
En desarrollo de las competencias que, en esta materia, asumen
en esos años las Comunidades Autónomas (nivel regional) se
promulgan asimismo sus normativas de Fomento y Ayudas a la
rehabilitación, independientes o complementarias de las de
carácter estatal.
Pero es en el Plan Cuatrienal de Vivienda para 1984-1987 donde
se da el paso decisivo de introducir realmente la conservación
y rehabilitación como un instrumento más de la política de
vivienda, incluyendo como parte de la misma las ayudas planteadas
en el Real Decreto antes comentado.
Los resultados de dicho Plan fueron irregulares durante los
primeros años pero fueron aumentando espectacularmente durante
el desarrollo del plan, afianzandose la rehabilitación como una
práctica habitual y generalizándose el interés por la
conservación del patrimonio, según se refleja en la Tabla 6.
|
Realizaciones |
|||||
| Número de vivienda | Objetivos anuales | 31-12-84 | 31-12-85 | 31-12-86 | 31-12-87 |
|
Promoción
pública Privada protegida Viviendas libres Rehabilitac ión |
30.000 120.000 80.000 20.000 |
14.029 108.299 79.767 19.970 |
28.603 113.226 80.481 40.443 |
13.150 109.253 92.231 79.439 |
8.487 91.286 151.347 41.840 |
| TOTAL | 250.000 | 222.065 | 262.753 | 294.073 | 292.960 |
Otro hito culminante del avance en la coordinación administrativa
e integración de políticas, lo supuso la promulgación de la Ley
13/1995 del Patrimonio Histórico Español que establece la
necesidad de redactar para los Conjuntos Históricos declarados
como Bienes de Interés Cultural un Plan Especial de acuerdo con
lo previsto en la legislación urbanística, unificando así los
criterios y normativa de protección cultural con los mas amplios
de ordenación urbana.
Trascurridos más de diez años desde el cambio de enfoque, la
política de conservación del patrimonio se afianza cada vez más
como una intervención activa por la vía de revitalización de los
conjuntos históricos, haciendo que se conviertan en piezas vivas
de la ciudad y del territorio. Este planteamiento, esencial para
el diseño de las políticas de actuación sobre los centros
históricos, parte en primer lugar del deseo de conservar además
del contenido físico la función del conjunto histórico y el
tejido social que lo habita. Pero también se justifica por
razones de eficacia y de sostenibilidad: un hábitat "vivo" se
sostiene por si mismo y no requiere la continua intervención de
las Administraciones Publicas para evitar su deterioro.
Adicionalmente, la mayor sensibilización ciudadana al respecto
ha hecho aflorar la importancia de los problemas medioambientales
y las deficiencias de la calidad ambiental de gran parte de
nuestras ciudades y pueblos. La acción puramente rehabilitadora
es necesaria pero no suficiente si no va acompañada de acciones
simultáneas que permitan la solución de los problemas
ambientales: disminución de los efectos negativos del tráfico,
accesibilidad, creación de zonas verdes, regeneración del paisaje
urbano...
Se configura así la necesidad de desarrollar acciones integradas,
que partiendo de un planeamiento urbanístico como base de
reflexión y propuesta global, coordinen la actuación de las
diversas administraciones y de los agentes privados en todos los
campos: vivienda, transporte, medio ambiente, protección del
patrimonio etc.
Como ejemplo de las políticas desarrolladas en este sentido por
parte de la Administración del Estado cabe señalar las
siguientes:
Plan de Vivienda 1992-1995.
Siguiendo la línea de los planes anteriores se incluye en el
ámbito de las actuaciones protegibles la rehabilitación de
edificios, de viviendas y de equipamiento comunitario. Como dato
especifico en relación con la incorporación de criterios
ambientales y de calidad de vida es de destacar la consideración
como obra de rehabilitación a las actuaciones que proporcionen
mejoras en la estanqueidad frente a la lluvia, aislamiento
térmico, redes generales de energía, supresión de barreras
arquitectónicas, la adecuación de espacios libres o patios y la
creación de equipamientos colectivos.
Real Decreto 726/1993 sobre financiación de actuaciones
protegibles en materia de rehabilitación de inmuebles.
Como resultado de una reflexión en profundidad sobre los
problemas de la rehabilitación a través de reuniones con expertos
y administradores relacionados con la materia, se elaboró este
decreto que amplia y modifica en parte las disposiciones del que
regulaba el plan de vivienda anteriormente comentado. Con él se
pretende perfeccionar el marco normativo y financiero para
favorecer la rehabilitación como una alternativa socialmente
eficaz a la nueva edificación. Como aspectos nuevos a destacar
en las líneas señaladas de primar las políticas integradas y
sostenibles son de señalar: la definición de las Áreas de
rehabilitación que recibirán un tratamiento y ayudas especiales
y que se referirán a zonas con procesos de degradación donde se
lleven a cabo actuaciones de carácter integral y la inclusión
explícita entre las obras susceptibles de ayuda de las que
posibiliten un ahorro del consumo energético en las viviendas.
|
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
|
OBJETIVOS
REAJUSTADOS
PLAN 92-95 |
VIVIENDAS
FINANCIADAS/O
BJETIVOS (%) |
|||
|
REHAB (1) |
TOTAL VIV. |
REHAB |
TOTAL VIV. |
REHAB. |
TOTAL VIV. |
|
| ANDALUCÍA | 5.191 | 95.725 | 7.460 | 69.623 | 69,6 | 137,5 |
| ARAGÓN | 1.173 | 16.021 | 1.885 | 14.222 | 62,2 | 112,6 |
| ASTURIAS | 3.476 | 16.444 | 3.441 | 14.469 | 101,0 | 113,6 |
| BALEARES | 379 | 7.290 | 427 | 7.852 | 88,8 | 92,8 |
| CANARIAS | 482 | 18.127 | 1163 | 15.413 | 41,4 | 117,6 |
| CANTABRIA | 1.041 | 5.059 | 1.741 | 6.538 | 59,8 | 77,4 |
| CASTILLA-LEÓN | 1.720 | 25.089 | 1.346 | 23.989 | 127,8 | 104,6 |
| CAST.LA MANCHA | 575 | 23.210 | 900 | 17.500 | 63,9 | 132,6 |
| CATALUÑA | 7.085 | 74.081 | 6.110 | 58.635 | 116,0 | 126,3 |
| EXTREMADURA | 2.064 | 17.455 | 1.705 | 14.630 | 121,1 | 119,3 |
| GALICIA | 1238 | 24.004 | 2.045 | 23.861 | 60,5 | 100,6 |
| MADRID | 9.107 | 54.528 | 8.375 | 57.125 | 108,7 | 95,5 |
| MURCIA | 664 | 21.491 | 1.769 | 19.477 | 37,5 | 110,3 |
| C.VALENCIANA | 6.878 | 71.470 | 6.010 | 48.179 | 114,4 | 148,3 |
| LA RIOJA | 1.866 | 7.193 | 1.582 | 5.944 | 118,0 | 121,0 |
| CEUTA | 13 | 128 | 235 | 680 | 5,5 | 18,8 |
| MELILLA | 64 | 384 | 413 | 1656 | 15,5 | 23,2 |
| T O T A L | 43.016 | 477.699 | 46.607 | 399.793 | 92,3 | 119,5 |
En 1994 diversos organismos de los tres niveles de la
administración: del Estado (Ministerios de Cultura; Obras
Publicas, Transportes y Medio Ambiente; Comercio y Turismo,
Economía y Hacienda) Autonómica (Comunidades Autónomas de
Castilla-La Mancha; Castilla y León; Extremadura y Galicia) y
Local (Ayuntamientos de las seis ciudades) firmaron un convenio
al objeto de coordinar y concertar su actuación para la
conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-cultural
de estas ciudades y para la difusión de sus valores mediante la
creación de itinerarios comunes a todas ellas que potencien las
actividades turísticas y culturales vinculadas a los mismos.
Programa del MOPTMA de Actuaciones de Infraestructuras en la
Ciudades Históricas
Con este programa se pretende incardinar las actuaciones
sectoriales del Ministerio en infraestructuras, fundamentalmente
viarias y ferroviaria, dentro de una estrategia global,
concertada con las regiones y ciudades.
Los objetivos del Programa son evitar la degradación de las
ciudades especialmente valiosas, aumentar la calidad de vida de
sus habitantes y visitantes y facilitar la actividad económica
del turismo.
Las actuaciones previstas por parte del Ministerio se centran en
replantear la movilidad y el transporte publico, señalizar los
centros históricos mediante el diseño de redes de espacios
públicos y conservar el patrimonio utilizándolo para
equipamientos.
Programa del MOPTMA de Medio Ambiente Urbano
El Programa tiene como objetivo fundamental garantizar el
cumplimiento del precepto de la Constitución Española de
"asegurar a todos una digna calidad de vida", vinculada a la
utilización racional de los recursos naturales y a la "defensa
y restauración del medio ambiente"
Dentro de este objetivo se incluye como una de las líneas de
actuación la recuperación ambiental de ámbitos urbanos con
potencialidades turísticas con especial atención a los núcleos
urbanos y rurales con un patrimonio histórico de interés de cara
al desarrollo del turismo rural, como es el caso concreto de los
núcleos vinculados al Camino de Santiago.
La evolución de la población activa, junto con la estructura
ocupacional (por sectores), y la estructura de actividades, es
uno de los indicadores clave para caracterizar la estructura
social de la población española y los cambios que en ella se han
ido produciendo en los últimos veinte años.
En la figura 5 podemos ver la evolución desde 1977 de la
población activa, que se descompone en ocupados y parados
Figura 5: Tasa de actividad femenina y masculina. Evolución en
el período 1977-1992.
De los datos que se reflejan en la figura 5 pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
Por lo que respecta al paro, la incidencia mayor del fenómeno
recae sobre las mujeres, sobre todo a mediados de los ochenta,
en que el diferencial se va haciendo mayor. En cualquier caso,
ambas curvas manifiestan una morfología similar, aunque con
diferentes intensidades (Ver figura 7)
Figura 6: Tasa de paro femenino y masculino. Evolución en el
período 1977-1992.
Un sector de la población especialmente sensible a los temas de
desempleo en nuestro país y, en general, en el marco de la UE,
son los jóvenes, entendiendo por estos, el colectivo de población
situado en la cohorte de 16 a 24 años. En la figura 7, puede
verse como se distribuye el paro entre los distintos grupos de
edad.
Figura 7: Paro juvenil. Cuartos trimestres de 1976 a 1993.
Los datos anteriores revelan la fuerte incidencia entre los
jóvenes del fenómeno del paro; a la altura de 1993, las tasas de
paro más elevadas se situaban en los intervalos de edad de 16 a
19 años (52.3%) y de 20 a 24 años (42.0%). En cuanto al análisis
por sexos, las mujeres se llevan en términos generales la peor
parte, si bien la última crisis ha afectado más a los varones que
a las mujeres, ya que en el conjunto de todos los grupos de edad,
la participación en el paro ha crecido tres puntos para los
varones (se ha pasado de un 49.2% en 1989 al 52.6% en 1993),
mientras que las mujeres disminuyen su contribución a este
fenómeno en la misma medida.
Los datos observados hasta ahora relacionados con la actividad,
hacen referencia al conjunto nacional.
Si retomamos los ámbitos territoriales definidos anteriormente:
(Áreas urbanas uni o plurimunicipales superiores a 50.000
habitantes, ciudades superiores a 20.000 habitantes e inferiores
a 50.000 no incluidas en el primer ámbito, municipios entre
10.000 y 20.000 habitantes y municipios inferiores a 10.000
habitantes), y reflejamos para cada uno de ellos las tasas de
actividad y paro, masculinas y femeninas (Figura 8), podemos
observar lo siguiente:
Figura 8: Actividad y paro. Situación por sexos y ámbitos
territoriales.
5.2 Estructura ocupacional
El segundo factor clave para caracterizar la estructura social,
es la ocupación. Mediante el análisis de los ocupados, podemos
determinar la evolución del sistema productivo y las diferentes
posiciones sociales que pueden ocuparse dentro del entramado
social.
En la figura 9, podemos ver la evolución desde 1977 de la
ocupación por sexos y por sectores económicos.
Figura 9: Ocupación por sexos y sectores económicos. Evolución
en el período 1977-1992.
La figura 9 refleja un país que ha experimentado un fuerte
proceso de terciarización de su economía, acompañado de una
desagrarización muy fuerte y con un sector industrial en vías de
reconversión.
En cuanto al análisis por sexos, nos encontramos con distintas
situaciones en función del sector considerado.
En el sector primario y en el sector secundario, las pérdidas de
ocupación entre las mujeres son de mayor dimensión que entre los
hombres, principalmente en el sector industrial.
Sin embargo, en el sector terciario, la situación se invierte
radicalmente. La variación entre 1977 y 1992 para los hombres es
de trece puntos porcentuales y de veinte puntos para las mujeres,
lo que nos indica una tendencia a la feminización del sector.
Descendiendo a nivel territorial se puede observar en las figuras
10 y 11 la situación de la ocupación por sectores para cada
ámbito territorial de los definidos con anterioridad.
Figura 10: Ocupación por sectores económicos. Porcentajes
verticales.
Figura 11: Ocupación por sectores económicos. Porcentajes
horizontales.
De ellos se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Por lo que respecta al peso que en cada ámbito tiene cada sector
con respecto a la ocupación total:
5.3 Estructura de actividades
El componente ocupacional es, sin duda, el más relevante para
definir la configuración de las clases sociales, al menos en
sociedades complejas post-industriales como la nuestra.
Para su análisis acudiremos en primer lugar a los datos que la
Encuesta de Población Activa nos da en cuanto a la Condición
Socio-Económica de los ocupados, y en segundo lugar a la
clasificación por categorías que realiza el informe FOESSA [4]:
| BURGUESÍA | PEQUEÑA BURGUESÍA INDEPENDIENTE | NUEVA PEQUEÑA BURGUESÍA ASALARIADA | CLASE TRABAJADORA |
|
* Empresarios
agrícolas con
asalariados * Empresarios no agrícolas con asalariados * Directores y Gerentes de empresas agrícolas * Directores y Gerentes de empresas no agrícolas * Directores de empresas no agrícolas y altos funcionarios |
* Empresarios agrícolas sin
asalariados/cooperativas
agrarias * Empresarios no agrarios sin asalariados * Profesionales liberales * Profesionales y técnicos por cuenta propia * Miembros de las Fuerzas Armadas * Miembros de Cooperativas agrarias * Miembros de Cooperativas no agrarias |
* Alto personal
administrativo, comercial y
tecnológico * Personal intermedio, comercial y tecnológico * Jefes de grupo del sector servicios * Profesionales y técnicos por cuenta ajena * Jefes de departamento de la administración y del comercio * Resto del personal de la Administración y del Comercio |
* Contramaestres y capataces * Obreros cualificados y especializados * Operarios no agrarios sin especializar * Resto de trabajadores de los servicios * Resto de trabajadores agrarios |
Figura 12: Clases sociales en España. Evolución en el período
1977-1992.
Las conclusiones que podemos extraer de los datos reflejados en
la figura 12 precedente pueden resumirse como sigue:
La distribución territorial de la estructura de clases en España,
según los ámbitos anteriormente definidos, queda reflejada para
cada sexo en la figura 13.
Figura 13: Clases sociales en España. Estructura por tipo de
asentamiento.
Las conclusiones fundamentales que pueden extraerse de las
figuras anteriores, se resumen en los siguientes puntos:
La burguesía se concentra principalmente en las ciudades pequeñas
o medianas (entre 20.000 y 50.000 habitantes) con un 6.04%, lo
que en parte confirma el hecho del mayor crecimiento y
concentración de estas áreas en los últimos tiempos, en
detrimento de las grandes aglomeraciones urbanas. Muy
probablemente, estas zonas ofrecen mejores oportunidades para la
implantación de empresas (suelo más barato, oficinas más
asequibles, mejor calidad de vida, entorno natural cercano y
menor índice de contaminación); hecho que, unido al desarrollo
de nuevas tecnologías de información y de transferencia de datos,
así como a la mejora de las infraestructuras de transporte,
permite alejarse de los centros tradicionales y situar la
actividad en lugares más propicios y atractivos.
Sin embargo, la pequeña burguesía asalariada tiene su "hábitat
natural" en las áreas urbanas de más de 50.000 habitantes con un
nivel de concentración del 40%, quince puntos porcentuales más
arriba que la segunda área en nivel de concentración (municipios
entre 20.000 y 50.000 habitantes), y tan solo a tres puntos
porcentuales de la clase trabajadora que, como veíamos, es la más
numerosa en términos absolutos.
La pequeña burguesía independiente, tiene su ámbito en las zonas
rurales del país (municipios inferiores a 10.000 habitantes), con
un peso del 26%, tan solo superado por la clase trabajadora con
un 54%.
En el análisis por sexos, vemos la enorme importancia que tiene
la mujer en la nueva clase emergente pequeña burguesía
asalariada. En todos los ámbitos, tiene mayor peso relativo con
respecto a los hombres, representando más de la mitad de toda la
estructura de clases "femenina" en las áreas urbanas de más de
50.000 habitantes (58%). Este hecho nos indica que la mujer
tiende a acceder al mercado laboral en puestos de trabajo
cualificados del sector servicios, a lo que sin duda a
contribuido una mejor preparación general de la mujer en los
últimos años. Sin embargo, la clase trabajadora, presenta mayor
concentración entre los varones que entre las mujeres, teniendo
su mayor peso en los municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes
(61%).
5.4 Dualización social y pobreza
Este es, quizás, uno de los aspectos que más están preocupando
en los últimos tiempos a los científicos sociales, no por su
carácter de novedad, sino por su tendencia a la consolidación
dentro de unos modelos sociales post industriales que
tradicionalmente habían considerado que tenían un carácter
integrador o inclusivo.
Los factores que conforman estos procesos de dualización social,
tal como los plantea el informe FOESSA, pueden resumirse en tres:
Si bien el concepto de pobreza tiene la virtud de su inmediata
mensurabilidad al estar referido a aspectos económicos
cuantificables, hoy en día (y según matiza nuestro Ministerio de
Asuntos sociales), se prefiere utilizar el concepto de exclusión
social, más amplio que el puramente económico, al estar referido
a la falta de participación en el mercado de empleo y a la
incapacidad de acceder a otros bienes básicos como la educación,
la sanidad, la vivienda, etc.
El umbral de referencia puede tener dos grados: Pobreza moderada:
Entre el 25 y el 50% de los ingresos medios y Pobreza severa: el
25% de los ingresos medios.
En nuestro país, este umbral se sitúa en 1992 en 37.792
ptas/persona/mes.
La "población pobre", se distribuye entre los dos grados
definidos de pobreza como sigue:
En cuanto a su distribución territorial, la zona norte de España
y Madrid, son las regiones que mantienen mejor situación,
corroborando lo que hemos venido viendo a lo largo de este
informe con otros indicadores. Las zonas más deprimidas del
interior, con población envejecida y fundamentalmente rurales
tienden a concentrar de forma permanente los peores resultados
en cuanto a pobreza.
5.5 Conclusiones
Por lo que respecta a la actividad económica, se ha producido una
fuerte terciarización acompañada de una desestructuración de
nuestro ámbito rural por despoblamiento y mantenimiento de
explotaciones agrarias de reducido tamaño y poco competitivas.
El paro continua siendo una de las mayores lacras de nuestra
sociedad con unas tasas altísimas en relación con nuestro entorno
europeo, afectando principalmente a los jóvenes que no consiguen
entrar en el mercado de trabajo, si no es mediante la
precarización de sus contratos.
Nuestra estructura de clases se caracteriza por un creciente
predominio de la pequeña burguesía asalariada, concentrada
principalmente en las áreas urbano-metropolitanas, y con un
decaimiento de la pequeña burguesía independiente, ligada a la
propiedad y concentrada fundamentalmente en los ámbitos rurales.
La situación de la mujer en España ha experimentado una gran
transformación a lo largo de los últimos lustros. Hechos como la
fuerte disminución de la natalidad, la creciente participación
de las mujeres en el sistema educativo, el incremento de peso del
sector servicios en la economía y en el empleo, la reconversión
de los sectores económicos, en especial de la industria y la
agricultura, el acortamiento de la vida laboral, la expansión del
Estado y su reorganización territorial, así como la ampliación
de la cobertura de los diferentes servicios de bienestar social,
etc..
Todas estas transformaciones son trascendentales para el conjunto
de población española, pero han sido más influyentes y han
propiciado o impulsado más el cambio de posición social de las
mujeres . Así, podemos comprobar a través, por ejemplo, del
porcentaje de solteras, cómo las mujeres han dado un vuelco en
su comportamiento cultural y social ante hechos tan
significativos y que representan opciones sociales de gran
trascendencia como es el matrimonio.
Todo ello ha implicado que, tanto en el período del desarrollo
como de la recuperación económica, la proporción de mujeres en
la población ocupada ha aumentado, es decir, el ritmo de
crecimiento del empleo femenino ha sido superior al masculino.
La diferencia que resume la distinción entre esas dos formas de
incorporación se centra en la manera biográfica de gestionar la
secuencia maternidad-trabajo.
Las mujeres de la época del desarrollo (1964-1974) incrementaron
su participación laboral después de tener los hijos. Las de la
recuperación (1985-1990) están posponiendo los hijos hasta
después de lograr su consolidación laboral y esa estrategia puede
suponer para algunas el abandono definitivo de la maternidad de
forma más o menos voluntaria.
En cuanto a la pobreza, la situación al año 1991, nos muestra
como un 20% de nuestra población se encuentra bajo el umbral de
pobreza. Es sin duda uno de los mayores retos, no solo de nuestro
país, sino de toda la Unión Europea, acabar con esta situación
de islas de miseria en un océano de riqueza. Las medidas deben
ser de tipo estructural e integral, como los programas de
intervención social integral puestos en marcha por el Ministerio
de Asuntos Sociales, como consecuencia de la integración de
Programas Europeos de Lucha contra la Exclusión.
El marco institucional actual ha sido establecido recientemente,
entre 1979 y 1987, por lo que resulta oportuno hacer una
referencia a la evolución en el tiempo.
La Constitución de 1978 estableció las bases para la
transformación del Estado central en una estructura
descentralizada de Comunidades Autónomas, con órganos
legislativos, ejecutivos y aún judiciales propios.
Las Comunidades Autónomas se constituirían a iniciativa propia,
elaborando los proyectos de Estatutos de Autonomía y elevándolos
a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Dichos
Estatutos contendrían las competencias asumidas dentro del marco
establecido por la Constitución, así como las bases para el
traspaso de los servicios correspondientes.
Entre las materias sobre las que la Constitución estableció que
las Comunidades Autónomas podrían asumir competencias se
encontraba "la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".
Asimismo se establecían las materias sobre las que el Estado
tiene competencia exclusiva, entre ellas las "bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica" y las "obras públicas de interés general".
En los años siguientes a la promulgación de la Constitución
fueron apareciendo los Estatutos de Autonomía de las 17
Comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País
Vasco y Valencia y más recientemente Ceuta y Melilla. En todos
ellos se contempla la competencia exclusiva de la Comunidad en
estas materias.
El paso siguiente fue la transferencia de funciones y servicios
de la Administración General del Estado a las Administraciones
Autonómicas.
En el traspaso se incluyó todo el parque de suelo y viviendas
promovidas por el Estado que no estuvieran cedidas en propiedad,
así como los terrenos, edificaciones complementarias y obras en
construcción. Asimismo se transfirieron la mayor parte de los
funcionarios y oficinas que la Administración del Estado tenía
en las distintas provincias, y los recursos económicos para
gastos de funcionamiento, personal y conservación y reposición
del patrimonio inmobiliario.
A partir de efectuarse dichas transferencias, el denominado Fondo
de Compensación Interterritorial pasó a ser gestionado por las
Comunidades Autónomas. De dicho fondo, más del 25% anual (209.000
millones de pesetas en 1984) correspondía a programas de
inversión en promoción pública de viviendas (construcción y
adquisición de nuevas viviendas, adquisición de suelo y obras de
urbanización).
Mientras tanto, la Administración General del Estado se fue
adaptando a esta evolución. Ya en 1977 (es decir, al año
siguiente de la Conferencia de Vancouver) el existente Ministerio
de la Vivienda fue fusionado con el Ministerio de Obras Públicas;
y el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda,
desapareció en 1985. En cuanto a las Entidades Oficiales de
Crédito, los existentes Banco de Crédito a la Construcción y
Banco Hipotecario se fusionaron en 1982 dando lugar al Banco
Hipotecario de España, primera Entidad financiera pública del
sector de la vivienda.
Las Comunidades Autónomas se estructuraron por su parte en
consejerías sectoriales, creándose además organismos autónomos
y sociedades mercantiles públicas para la gestión del patrimonio,
adquisición y promoción de suelo y promoción pública y
administración de viviendas.
En cuanto a los Ayuntamientos, los de mayor tamaño han
desarrollado políticas y programas municipales de vivienda y
suelo, mediante instituciones como Patronatos y Empresas
Municipales de vivienda. No se ha producido, hasta ahora, una
descentralización de competencias de la Administración autonómica
a la local.
Las competencias que corresponden a los dos primeros niveles de
Administración se encuentran configuradas, por tanto, en la
Constitución y en los distintos Estatutos de Autonomía. Las
correspondientes al Estado son las siguientes:
Por último son competencias específicas de los Ayuntamientos, las
siguientes:
A partir de 1988, el esquema de concertación está basado en
Convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Fecha de referencia: 31-05-1997
| Documentos > Informe Nacional España Habitat II > Evolución de los asentamientos humanos... > http://habitat.aq.upm.es/in/a003/ab002.html |