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En efecto, España iba a enfrentarse a un momento crucial de su
historia en un mundo que recientemente había visto cambiar un orden
mundial dominado por Europa, y que contemplaba, lo que se ha
denominado dramático examen de conciencia de la Iglesia Católica en
torno al Concilio Vaticano II, la rebelión de los jóvenes contra
determinadas tradiciones, la llegada a la Luna, y las crisis del
Sudeste Asiático, del Canal de Suez o de Biafra.
Dicho momento se enmarca en el primer quinquenio del período 1976-1996 que se analiza en este Informe Nacional para Hábitat II y se
concreta en la aprobación de la Constitución Española de 1978, que
nace en un contexto socioeconómico de crisis recesiva según
muestran los siguientes indicadores [2]:
Pero si estos son datos socioeconómicos de carácter general parece
conveniente, en esta Conferencia Mundial, bautizada como "La cumbre
de las Ciudades", hacer alguna referencia a los problemas más
significativos con los que se encontraba el urbanismo en la España
de los 70, que podemos sintetizar en los siguientes términos [3]:
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos".
Y, asimismo, señala en su artículo 45:
"La funcionalidad del Estado y los mecanismos de decisión ante las
grandes alternativas nacionales son las preguntas esenciales que
esperan respuesta durante los próximos años".
Cuál ha sido la función global del Estado Español - entendida en el
conjunto de su estructura - y cómo ha funcionado su proceso de toma
de decisiones en el período 1976-1996 es lo que se intenta
sintetizar aquí haciendo sólo leves referencias a los temas básicos
de Hábitat II.
El término que mejor podría identificar el proceso evolutivo del
período 1976-1996 sería, sin duda, el de "modernización". No sería
erróneo afirmar que la mayoría de los ciudadanos entiende que con
el término "modernización" en la España del período analizado se
quiere hacer referencia a un adecuado acercamiento a los niveles
que, en diversos parámetros -no sólo económicos - se percibían en
los países del entorno europeo más próximo a España y que integran
hoy con ella la Unión Europea (U.E.).
Por ello el objetivo más claramente definido en la evolución
española de los últimos veinte años y que configura su marco
general en los aspectos socioeconómico, político y legal ha sido,
sin duda, el proceso de integración en lo que hoy es la Unión
Europea, que culminó con la firma del Tratado de Adhesión en junio
de 1985 y que entró en vigor a principios de 1986, lo que supuso
para España muchos valores positivos, y, al mismo tiempo, muchos
retos en el horizonte.
A efectos de mantener la coherencia interna de este Informe
Nacional se hacen a continuación breves referencias sistemáticas a
los aspectos socioeconómicos, políticos y legales del período
objeto de análisis, pero sin mención expresa de las cuestiones
urbanísticas y de vivienda que son objeto de un tratamiento
sustantivo en otro lugar de este Informe Nacional.
En el aspecto socioeconómico general España puede quedar reflejada
mediante la evolución de los siguientes parámetros [5]:
En el marco de la legalidad general puede decirse que el período
1976-1996 se caracteriza por una intensa actividad legisladora
tanto de las Cortes Generales como de las Asambleas Autonómicas
para adecuar a la Constitución de 1978 todas las estructuras
jurídicas anteriores a la misma, tanto en el ámbito competencial
como en la modernización de las instituciones jurídicas de
cualquier naturaleza.
Los veinte años transcurridos desde la primera Conferencia son, sin
lugar a dudas, unos años de importantísimas transformaciones
sociales, políticas, económicas y, como resultado de todo ello,
también territoriales.
Estas transformaciones, que se inician con la desaparición del
antiguo régimen, la transición a la democracia, la integración en
Europa (con sus efectos de fuerte reconversión de sectores
industriales y agrarios) y la nueva configuración territorial del
Estado, originan cambios en las estructuras económicas y sociales
y, de modo particular, en las tendencias demográficas y migratorias
Por otro lado, en estos años aparecen otros fenómenos que podemos
denominar como los efectos "perversos" del desarrollo:
Efectivamente, los veinte años que transcurren desde 1970 a 1991,
suponen para España desde el punto de vista demográfico, la
transformación hacia una estructura poblacional propia de países
industrializados, desarrollados y democráticos. Esta estructura
demográfica se caracteriza por los siguientes rasgos:
Figura 2: La población en España. Evolución intercensal. Período
1920-1991.
La figura 3 muestra cómo ha evolucionado nuestra población desde
1970. Se trata de las pirámides de población correspondientes a
1970 y 1991 que pasan de una forma típica de país en vías de
desarrollo, a la propia de una país desarrollado. La drástica
reducción de la base de la pirámide en 1991 nos señala la evolución
de la natalidad en esos años.
Figura 3: Pirámide de población de España. (Población de hecho
1970-1991).
Los componentes del crecimiento vegetativo (natalidad y
mortalidad), quedan reflejados en las figuras 4 y 5.
Figura 4: Tasas de natalidad en España. Evolución en el período
1975-1991.
Figura 5: La mortalidad en España. (Período 1980-1990).
Figura 6: La mortalidad infantil. Evolución de las tasas de
mortalidad.
Mención especial cabe hacer, dentro del fenómeno de la mortalidad,
de la evolución de la mortalidad infantil, como indicador del nivel
de desarrollo de un país. En este sentido, la figura 6 nos muestra
la evolución de este fenómeno, uno de los más espectaculares en
cuanto a mejoría general de las condiciones de vida: En todos los
casos, la reducción de la mortalidad supera el 50%, correspondiendo
el avance más importante a los niños menores de un día, que han
visto reducida la incidencia de la mortalidad en casi un setenta
por ciento en 1988 con respecto a 1979. Sin duda este es un hecho
de gran trascendencia, que incluso se cita como una de las causas
principales del descenso sin precedentes de la fecundidad en
España: la casi completa seguridad de la supervivencia del niño
hace innecesario el tener muchos hijos para asegurar la
descendencia.
Disponemos, por tanto, de una estructura demográfica caracterizada
por una fuerte reducción de la natalidad, una fuerte reducción de
la mortalidad (aunque debido al envejecimiento de la población,
haya subido en el último trienio, aún seguimos teniendo las tasas
de mortalidad más bajas de Europa), y con una drástica reducción de
la mortalidad infantil.
En lo que se refiere a los procesos migratorios, estos constituyen,
sin duda, uno de los fenómenos sociodemográficos que más ha
condicionado el modelo territorial español.
Los parámetros globales de este proceso pueden establecerse en los
siguientes términos:
Por otro lado, se produce un aluvión de gente a las ciudades que
estas no son capaces de "digerir" de una forma racional, creándose
una estructura urbana desordenada, marginal, de baja calidad y
segregada social y espacialmente del resto de la ciudad.
Las migraciones interiores han contribuido decisivamente a
configurar el acelerado proceso de urbanización de estos últimos
veinte años.
En el período 1974-1980 se atenúan apreciablemente los
desplazamientos que caracterizaron la década de los sesenta aunque
aún se mantienen cifran importantes (algo más de tres millones de
personas).
A partir de 1981 los flujos se reducen (alrededor de dos millones
de personas), pero con una diferencia cualitativa importante: los
grandes centros urbano-industriales dejan de ser los principales
centros de acogida y comienzan a perder población en favor de los
núcleos urbanos de menor tamaño. Por otra parte, las zonas
tradicionalmente expulsoras de población, comienzan a tener saldos
positivos. Se invierten, por tanto, la magnitud y la tendencia.
Figura 7: Movimientos migratorios interiores en España. Evolución
en el período 1941-1991.
Figura 8: Movimientos migratorios de extranjeros a España.
Evolución en el período 1960-1991.
Figura 9: Mapas de saldos migratorios positivos por provincias
entre 1961 y 1991.
Figura 10: Mapas de saldos migratorios negativos entre 1961 y 1991.
En los mapas de las figuras 9 y 10, podemos ver la
territorialización del fenómeno de la migración interior en España
a lo largo de los tres períodos más característicos: 1961-1970,
1971-1980 y 1981-1991. En los tres primeros se presentan las
provincias con saldos positivos en los tres períodos. En el período
1961-1970, que es cuando se produce el mayor número de
desplazamientos interiores (algo más de cuatro millones de
personas), tan solo quince provincias de las cincuenta con que
cuenta España, mantienen saldos positivos, de estas, Madrid y
Barcelona concentran el 64% del total de saldos positivos del
período. La zona mediterránea se manifiesta como altamente
receptora de inmigración, mientras que Andalucía, las dos Castillas
y Extremadura son las regiones que más expulsan población. Tan solo
Andalucía, se recupera en el último período y pasa a tener un papel
de receptora de población inmigrante. Sin duda en este fenómeno se
encuentra la base del proceso urbanizador acelerado en nuestro país
Por otra parte, la inmigración extranjera en España es, sin duda,
uno de los fenómenos sociodemográficos más importantes de los
últimos años, no tanto por su volumen, como por la novedad que
representa en un país que ha sido tradicionalmente expulsor de
población al exterior.
En la figura 8 se puede ver la evolución que ha seguido en nuestro
país el número de residentes extranjeros desde 1960 a 1991.
La depresión en el año 1989 tiene como explicación el hecho de que
en ese año se depuraron los datos del Ministerio del Interior, y de
la entrada en vigor de la ley de Extranjería. En cualquier caso, en
el período 1986-1991, se produce un salto cualitativo, de tal forma
que en solo seis años 119.000 extranjeros se hacen residentes en
España, es decir, unos 20.000 anuales. Este hecho adquiere todavía
mayor relevancia si tenemos en cuenta que la emigración de
españoles al extranjero se reduce a unas 90.000 personas en ese
mismo período.
Las consecuencias sociales y económicas de este hecho son
importantísimas al ser un fenómeno nuevo que afecta a personas de
ámbitos culturales, étnicos y lingüísticos diferentes y conlleva,
por ello, problemas de integración social importantes. Por otro
lado y a diferencia de lo que sucedió con las corrientes
migratorias de españoles al extranjero de los cincuenta y sesenta,
no se trata de una inmigración inducida o "deseada", sino que se
produce en un momento de crisis económica con elevadas tasas de
paro en España.
La Unión Europea, Iberoamérica y África del Norte son las zonas que
aportan más residentes extranjeros en España, notándose últimamente
un notable incremento de personas procedentes de los países de la
Europa del Este.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Fecha de referencia: 31-05-1997
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