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Para el desarrollo del Plan de Acción Nacional hacia Hábitat II se
constituyó en febrero de 1994, el Comité Nacional Preparatorio
integrado por más de 40 instituciones que incluyen organismos y
entidades constructoras, productoras de materiales, proyectistas,
Centros científicos y de investigación, universidades,
Organizaciones No Gubernamentales (de desarrollo, asociaciones
profesionales, sindicales y otras), así como por las Autoridades
Locales de Gobierno a través de la Asamblea Nacional del Poder
Popular. Se ha logrado, en fin, articular de forma directa todos
los agentes involucrados en la forma directa todos los agentes
involucrados en la formulación de políticas y planes para el
desarrollo de la vivienda y los asentamientos humanos.
Según el Plan de Acción elaborado, se desarrollaron en estos dos
últimos años múltiples actividades asociadas con la Conferencia
Mundial: investiagaciones, promoción de acciones concretas,
talleres de debates, difusión de experiencias, participación en
conferencias internacionales y la presentación de las mejores
prácticas.
El presente trabajo constituye una síntesis del INFORME NACIONAL DE
CUBA para HABITAT II, elaborado por el Comité Nacional
Preparatorio.
La Habana, Mayo de 1996.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, "desde 1990 hasta el año
2030, la población mundial va a incrementarse en 3.700 millones de
personas", y el noventa por ciento de ese aumento tendrá lugar en
los asentamientos humanos de los países en desarrollo. Debido sobre
todo a un ambiente urbano decadente, al menos 600 millones de
personas ya viven en situaciones peligrosas para la salud y la
vida.
Una tercera parte o más de los pobladores urbanos viven en chabolas
(condiciones precarias). Cuando menos, 250 millones de residentes
urbanos no tienen acceso fácil a agua potable y 400 millones
carecen de saneamiento [CNUAH , mayo 1995].
Las tendencias urbanizadoras que se iniciaron en los años 60
determinaron que la población urbana de los países en desarrollo se
elevará del 22 al 37% en el período de 1960 a 1990, con tasas de
crecimiento del 4% anual, manifestándose las consecuencias en
incrementos de la pobreza urbana, los problemas de la salud, el
deterioro del medio ambiente y la infraestructura, la
comercialización de los recursos del suelo, el crecimiento del
sector informal, la segregación urbana y el déficit cuantitativo y
cualitativo del parque habitacional, mientras disminuía la
asequibilidad económica de la vivienda [CNUAH , mayo 1995].
En la Región de América Latina y el Caribe, el déficit habitacional
afecta uno de cada tres hogares, 25 millones de viviendas carecen
de agua potable y un tercio del parque habitacional urbano no
dispone de un sistema de evacuación de excretas mínimamente
aceptable, mientras se mantienen disminuidos los niveles de
inversión en construcción de viviendas y muy por debajo de las
necesidades, lo cual se traduce en precariedad y hacinamiento,
especialmente en los sectores más pobres.
Por otra parte, la creciente inequidad en la distribución del
ingreso en la Región y el aumento del costo de las viviendas dejan
fuera del mercado habitacional a una cada vez mayor proporción de
personas.
En resumen, el ritmo sin precedentes del crecimiento urbano en el
mundo durante la segunda mitad del presente siglo, y
particularmente en la región de América Latina y el Caribe, se ha
visto acompañado de un ciclo de pobreza, deterioro ambiental y de
la salud pública.
A veinte años de la celebración de la Conferencia de Vancouver los
asentamientos humanos de la Región se caracterizan aún por el
marcado desbalance entre las ciudades capitales y las ciudades
secundarias, la desigualdad social y la segregación espacial, con
calidades de vida diametralmente diferentes, y los riesgos
antiecológicos de la urbanización.
Se hace por tanto evidente que los factores de desarrollo que han
estado vigentes y han sido preconizados por los países más ricos,
basados en el ajuste estructural con su secuela de desigualdad y
exacerbado consumismo, no resultan un modelo sustentable, ni podrán
conformar el modelo de desarrollo para el próximo siglo.
A partir de este principio, se ha definido el desarrollo
sustentable como aquel que pueda lograr la satisfacción duradera de
las necesidades humanas y una mejora de la calidad de la vida, con
un nuevo concepto del desarrollo económico: uno que proporcione
justicia, y oportunidades a toda la población y no sólo a las
minorías privilegiadas, sin destruir más aún los recursos naturales
de la tierra. Esto significará un proceso mediante el cual las
políticas económicas, sociales y ambientales, impositivas,
comerciales, energéticas, agrícolas, industriales y tecnológicas,
se diseñen y sustenten recíprocamente de forma tal que resulten en
un desarrollo que sea económico, social y ambientalmente
sustentable [CNUMAD , 1992].
Se partió de la concepción de que el simple crecimiento económico
no conduciría por sí solo a superar los agudos problemas sociales
que enfrentaba la sociedad, caracterizados por: un 25% de desempleo
de la población activa, un 60% de trabajadores con salarios
inferiores al mínimo indispensable, un 20% de analfabetismo y la
carencia de acceso de la mayoría de la población a la educación, la
salud y la seguridad social. El 75% de la vivienda rural consistía
en chozas de tablas y hojas de palma, un 63% con pisos de tierra,
un 9% con electricidad, un 91% sin baño y un 54% sin inodoro o
letrina.
Por tanto, la atención a los problemas sociales tuvo una alta
prioridad, basándose esta política en los principios fundamentales
siguientes:
Este crecimiento económico permitió eliminar el desempleo crónico,
redistribuir e incrementar los ingresos, mejorar la alimentación y
erradicar la desnutrición, la segregación social y el
analfabetismo, garantizando el acceso universal y gratuito a los
servicios de educación y salud con elevada calidad, la ampliación
de la electrificación, el suministro de agua potable y saneamiento,
así como la implantación de un sistema de seguridad y asistencial
social que brinda cobertura a toda la población.
En el campo del desarrollo urbano, se aceleraron los procesos de
urbanización, pasando la población urbana de un 60% en 1970 a un
765 en 1995. Como consecuencia del desarrollo inversionista
dirigido hacia las ciudades secundarias y las franjas de base del
sistema de asentamientos, se atenuaron las desproporciones
territoriales, evitando entre otros aspectos el crecimiento
desmedido de la Capital, fenómeno presente en muchos países del
Tercer Mundo.
Las inversiones en la Industria de Materiales de Construcción y en
la base industrial de producción de viviendas permitieron
crecimientos sostenidos en la producción de ambos rubros.
En el período de 1959 a 1993 la población cubana creció en un 57%,
mientras las viviendas aumentaron en un 80%. De 1,5 a 2,7 millones
de unidades. Su composición técnica evolucionó positivamente,
pasando las viviendas en buen y regular estado de un 53% en 1958 a
un 83% en 1993, siendo particularmente significativo en las zonas
rurales, donde esta proporción pasó del 25% al 75%.
En este lapso (1959-93), se construyeron 1,3 millones de viviendas
por el Estado, las cooperativas y la población. No obstante estos
avances, persisten importantes déficit habitacionales, unido a un
deterioro del fondo, con una tendencia creciente en los últimos
años que no se ha logrado revertir aún, constituyendo uno de los
principales compromisos sociales no resueltos satisfactoriamente
por la Revolución.
Asimismo, el modelo tecnológico adoptado para la construcción de
viviendas por la vía estatal, basado en un alto grado de
prefabricación pesada, poco económica, con alto consumo de
materiales, energía, poca flexibilidad, baja expresión
arquitectónica, resultó inviable, haciéndose evidente ya desde el
anterior decenio un necesario cambio en las concepciones, diseños
y tecnologías.
A partir de 1986, el país acometió un programa para el desarrollo
de la vivienda hasta el año 2000 que preveía incrementos sostenidos
en la construcción de viviendas y en su calidad para arribar al
próximo siglo con un mayor grado de satisfacción de la demanda.
Este programa, al igual que todo el desarrollo del país se vio
seriamente afectado a partir de 1991 por la crisis económica
provocada por los cambios ocurridos en la Europa del Este y la
desaparición de la Unión Soviética, con cuyos países Cuba mantenía
la mayor proporción de su comercio y colaboración, sobre la base de
un intercambio justo, situación que agravó e intensificó los
efectos del bloqueo económico, comercial y financiero que se
mantiene contra Cuba desde hace 37 años por Estados Unidos ([1]),
acentuado recientemente por leyes aprobadas por ese país que están
mereciendo un repudio mundial.
Estos factores determinaron una caída brusca del Producto Interno
Bruto, habiéndose perdido las fuentes de adquisición de
combustibles y energéticos, con una sensible reducción de las
producciones agrícolas, industriales y de materiales de
construcción, así como una drástica reducción del transporte y los
abastecimientos. La nación se ha enfrentado a la peor crisis del
siglo, y una de las más profundas que haya tenido que soportar un
país de nuestra Región en tiempos de paz.
Como resultado de esa crisis, la base técnico-material para las
construcciones sufrió una severa descapitalización y se agudizó el
deterioro del fondo habitacional.
Sin embargo, ha sido precisamente el modelo de desarrollo económico
y social implementado en estos 36 años, lo que hizo posible
enfrentar este desastre, sobrevivir, e iniciar un lento proceso de
recuperación económica sin sacrificar las principales conquistas
sociales alcanzadas, modelándose una estrategia de profundización
en los enfoques sustentables, participativos y descentralizados que
se llevaban a cabo con anterioridad. Esto, por sí mismo, constituye
una prueba de sustentabilidad socioeconómica y ambiental.
Las experiencias y resultados de la política habitacional y social
de Cuba muestra que es posible implementar y hacer operativos en la
práctica algunos de los conceptos en torno al debate de la
sustentabilidad en un país en vías de desarrollo y aún en las
difíciles condiciones económicas del país. Entre estos elementos se
pueden citar los siguientes:
Desde el punto de vista de las proporciones económico-sociales y
espaciales, el sistema de asentamientos al finalizar la década de
los 50 se caracterizaba por la carencia de una base industrial con
una estructura urbana marcada por la segregación racista de zonas
residenciales y barrios marginales, con pésimas condiciones de
hábitat para la gran mayoría de la población, en especial de las
zonas rurales.
La capital del país concentraba no sólo una fuerte proporción de la
población total y urbana del país sino también la mayor parte de la
industria no azucarera, las importaciones, las construcciones, el
turismo, los servicios sociales de nivel superior y las mejores
infraestructuras técnicas y de comunicaciones.
En 1959 se inició un proceso de eliminación progresiva de las
desigualdades en el nivel de vida de la población y la creación de
condiciones para el desarrollo, que implicó entre otros aspectos la
localización de inversiones productivas en infraestructura y
servicios de forma tal, que influyeron sobre los procesos de
emigración, urbanización y concentración de la población,
estudiándose los asentamientos, no como entes aislados, sino
interrelacionados, conformando un sistema coherente.
Al celebrarse la Conferencia de Vancouver en 1976, ya Cuba había
emprendido desde hacía 15 años una acción territorial dirigida a
extender el principio de equidad a todo el territorio, acercando
las condiciones de vida y de desarrollo de las regiones más
rezagadas, reducir el peso específico de la capital en términos
demográficos, económicos, sociales, culturales y elevar
sustencialmente las condiciones de vida de la población del campo.
Esta política ha alcanzado los siguientes resultados:
Para hacer operativo este postulado, se creó un soporte jurídico ya
desde 1959 en que se promulgó la Ley de Alquileres, que rebajó en
un 50% las rentas que absorbían un porcentaje considerable del
ingreso familiar.
En virtud de la Ley de Reforma Urbana de 1960 adquirieron la
propiedad los antiguos inquilinos y se estableció que las viviendas
que en lo sucesivo construyera el Estado se adjudicarían por una
mensualidad máxima del 10% del ingreso familiar.
La Ley General de la Vivienda de 1984 y su posterior revisión de
1988, transfirió la propiedad de las viviendas estatales a sus
usufructuarios y ocupantes legítimos, por lo cual más del 85% de
todas las familias son actualmente propietarias de sus viviendas.
Asimismo se estableció la entrega en propiedad de las nuevas
viviendas que construye el Estado por un precio reducido, una
elevada subvención estatal, amortizables en plazos de 120 y 240
meses con intereses de un 3% decreciente anual, de forma que todas
las familias tengan acceso a la vivienda, aun las de menores
ingresos.
La propia Ley regula el acceso de los ciudadanos a la tierra para
construir viviendas por esfuerzo propio, unido a facilidades de
créditos bancarios, venta de materiales de construcción y servicios
técnico-constructivos por las entidades del Estado, constituidas en
todas las provincias y municipios del país.
Desde 1992 comenzó un amplio proceso de rescate e introducción de
técnicas alternativas que permiten construir viviendas uniplantas
o biplantas, a partir de las materias primas y materiales de la
localidad, con la utilización de residuos y desechos industriales,
utilizando el suelo y otros recursos que posibiliten producir
materiales con pequeños gastos energéticos, o de equipamiento,
reduciendo al máximo la transportación y la utilización de equipos
de izaje.
Las técnicas utilizadas han permitido por ejemplo reducir los
consumos de cemento industrializado de 10 ton/viv a 3,5 ton/vivi,
al introducirse el cemento romano, producido de forma artesanal en
pequeños molinos de bolas con el empleo de cal con zeolita,
cenizas, o tobas y otros materiales dependiendo de las
características de los territorios.
Fueron modificadas las cimentaciones reduciéndose el consumo de
acero, los muros se levantan con ladrillos o bloques de suelo-cemento, los techos se han aligerado con el empleo de tejas de
mortero vibrado, construcción de bóvedas con ladrillos o bloques de
suelo-cemento reduciéndose el consumo de acero, o en el uso de
viguetas y bovedillas de cerámica u hormigón aligerado, o con tejas
de asbesto-cemento. En las urbanizaciones de los bateyes y poblados
se ha comenzado a utilizar cemento romano en la construcción de
aceras y pavimentos.
Este programa permitió desarrollar una considerable base de
producción local de materiales alternativos e incrementar
gradualmente la construcción de nuevas viviendas y asentamientos
habiéndose concluido desde 1992 hasta la fecha más de 70 mil
viviendas y alcanzándose ya en 1995 una producción de 45 mil
viviendas en el país, o sea, niveles similares a los promedios
anuales del quinquenio anterior. Para 1996 se prevé la construcción
de 60 mil viviendas por el Estado, las Cooperativas y la Población,
lo cual superará los niveles históricos de producción de viviendas
del país y posibilitará un acercamiento a las metas propuestas en
la estrategia de desarrollo habitacional. Estas viviendas se
destinarán prioritariamente a los sectores emergentes de la
economía y a la solución de problemas sociales incluyendo la
sustitución del fondo precario.
Los resultados de este programa demuestran cómo con menos se puede
hacer más, cuando se implementa una política certera y sustentable
sobre las siguientes bases:
| 1958 | 1993 | |||||
|
Total |
Zona Urbana |
Zona Rural |
Tota l |
Zona Urbana |
Zona Rural |
|
| % | % | % | % | |||
| Total de viviendas | 1500 | 100 | 100 | 2.74 1 | 100 | 100 |
| Buenas | 195 | 13 | 3 | 1.21 6 | 44 | 27 |
| Regulares | 600 | 40 | 22 | 1.05 5 | 39 | 48 |
| Malas | 705 | 47 | 75 | 469 | 17 | 25 |
A pesar de los esfuerzos realizados y recursos invertidos se
manifiesta aún un deterioro importante del fondo de viviendas con
una tendencia creciente en los últimos años, que no se ha logrado
revertir.
En la capital de la República, Santiago de Cuba y otras capitales
provinciales se concentra el mayor porcentaje de los edificios
multifamiliares y la totalidad de los edificios más altos con una
elevada cifra de viviendas construidas en el período 1930-1959, que
tienen en estos momentos 60 años y más. En estas ciudades se ha
producido una acumulación de viviendas en mal estado técnico, que
requieren intervenciones de rehabilitación, remodelación o
demoliciones y gran cantidad de recursos materiales deficitarios,
importados o de alto consumo energético.
Desde 1993 y especialmente en 1995 se elaboró un programa de
acciones emergentes, priorizando los trabajos para solucionar
deterioros en las cubiertas, estructuras, instalaciones y fachadas
principalmente las vinculadas a la estabilidad de las edificaciones
y a protegerlas de la acción del agua y la humedad.
En la Capital la imagen no es positiva. Existen varios miles de
viviendas apuntaladas. Numerosas edificaciones están aún pendientes
de demoler, lo que unido a los problemas existentes en las
fachadas, balcones y pretiles de numerosas edificaciones en
populosas arterias y en focos y barrios insalubres, presentan un
cuadro de deterioro acumulado de importante proporción.
La erradicación de condiciones habitacionales precarias ha sido un
objetivo permanente, aún no resuelto, de la Revolución Cubana.
Desde los primeros años, especialmente en la capital se eliminaron
diversos barrios y focos insalubres tristemente célebres,
existentes desde décadas anteriores. Las migraciones del campo a
las capitales provinciales e importantes ciudades del país unido al
crecimiento de la población en edad matrimonial crearon nuevos
focos y barrios no planificados y que por su mala calidad
constructiva y condiciones pobres, se consideran insalubres. No
obstante, en estos barrios no existe marginalidad social, ya que
esas viviendas están ocupadas por una población con acceso
igualitario a la vida económica y social del país.
En cada provincia existe un programa para la transformación o
erradicación de estas zonas, que lentamente van logrando
resultados, rescatándose viviendas inhabitables y reduciéndose el
fondo precario.
Pero en general, en gran medida sus aspectos y resultados coinciden
y se alinean perfectamente con los principios y directrices
preconizados por la comunidad internacional para el desarrollo
sustentable de las viviendas y los asentamientos humanos.
Actualmente el país se encuentra enfrascado en la implementación de
un modelo alternativo para el desarrollo de la vivienda, el cual,
como toda experiencia, es susceptible de incertidumbre y errores;
pero que está permitiendo ya la lenta recuperación de los índices
productivos anteriores a la crisis económica.
Quizás lo más importante de la experiencia cubana es la capacidad
del modelo adoptado, implementado con modestos síntomas de
reanimación, aun bajo las restricciones económicas más severas.
En este sentido Cuba continuará llevando adelante su programa de
desarrollo habitacional como parte importante de su proyecto social
de equidad y justicia.
| INDICADOR | U/MED | PAIS |
CAPITA
L HABANA |
PINAR DEL RIO |
CIENFUE GOS | CAMAG UEY |
|
Población Tasa crecimiento Promedio núcleo fam. Tasa formac. núcleo |
mil
hab. % pers. % |
10
.90
0
1,5 3,5 2,0 |
2
.20
0
1,08 3,6 2,0 |
128,5
1,3 3,0 1,6 |
131,2
1,0 3,2 2,9 |
295,8
0,9 3,9 2,7 |
|
Viv. en
propiedad Viv. en adquisición |
% % |
85
5,4 |
82
4,0 |
95
0,4 |
83
1,6 |
84
5,0 |
|
Camas en
hospital Tasa mortalidad infantil antes cumplir 5 años Niños por aula: Primaria Secundaria |
X mil
X mil |
164
12,2 21 40 |
175
2,1 28 31 |
61
7,6 28 37 |
194
16,0 11 43 |
96
10,5 24 42 |
|
Núcleos con
conexión: Agua Alcantarillado Electricidad Teléfono Acceso agua potable Consumo agua |
% % % % % It./ha b. |
67 34 95 5,8 96 353 |
85 85 100 14 85 100 |
97 48 99 ... 93 120 |
100 70 100 8,7 100 225 |
69 46 97 ... 71 291 |
|
Aguas negras
trat. Desperdicios gener. Disposic. desechos: Infiltrac. sanit. Incineración Colectores abiertos Recolección desperd. Frecuencia recolec. |
% Ton./h ab.
% |
30
0,4 6 ... 94 85 15 |
100
0,6 100 0 100 100 15 |
15
0,3 60 10 30 100 30 |
1,7
0,2 80 0 20 97 15 |
... 0,7 ... 0 100 92 15 |
|
Viv.
destruidas Precio viv./rel. ing. Renta media Area prom. vivienda Viv. permanentes Viv. legalizdas |
% $ $ m²/per s. % % |
18
2,0 600 19 78 98 |
6
2,1 600 16 75 97 |
14
3,7 600 21 80 98 |
11
1,5 618 19 82 100 |
3
... ... 18 88 99 |
| Tiempo de viajes | min. | 90 | 41 | 80 | 30 | 30 |
|
Produc.
viviendas Viv. que requieren rep. mayores Viv. const. bajo costo |
%
% |
2,0
22 67 |
2,0
18 43 |
2,8
31 31 |
1,0
18 28 |
8,7
11 46 |
Fecha de referencia: 30-04-1997
| Documentos > Iberoamérica ante Hábitat II > Ponencias > http://habitat.aq.upm.es/iah/ponenc/a008.html |