Informe Nacional de España
Rodolfo Segura
Consejero Técnico, Dirección General para la Vivienda, el
Urbanismo y la Arquitectura (España)
1. Estructura y contenido
El informe se estructura en las cuatro partes sugeridas por el
Secretariado de la Conferencia:
- una parte introductoria, con la descripción de la metodología
seguida y de su proceso de elaboración.
- una segunda parte que describe la evolución desde la Cumbre
de Vancouver.
- una tercera parte que presenta los planes y políticas
actuales y las líneas básicas de un Programa HABITAT para España.
- una última parte centrada en las líneas de la Cooperación
internacional española en el campo de los asentamientos humanos
y la vivienda.
El informe se acompaña de dos documentos anexos: un documento de
carácter estadístico (Indicadores urbanos y de vivienda,
siguiendo la relación sugerida por Naciones Unidas); y una
selección de ejemplos de Mejores Prácticas.
El Informe ha sido elaborado por un Grupo de trabajo (que ha
aportado la información necesaria) y un Comité de redacción
(responsable del texto final), constituidos en el seno del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, bajo
la supervisión de un Comité Nacional en el que junto a otros
Departamentos Ministeriales, han estado representadas las
Comunidades Autónomas, la Administración local, Organizaciones
profesionales y del sector de la construcción, Entidades
financieras y diversas Organizaciones No Gubernamentales.
Estas notas se centran en algunos aspectos fundamentales de la
evolución del sector de la vivienda y los asentamientos humanos
desde la anterior Conferencia HABITAT I [Vancouver , 1976] con
particular atención al diagnóstico de la situación actual; en las
líneas básicas en las que habrá de basarse un Programa HABITAT
para España, y en las líneas de Cooperación internacional que
nuestro país ofrece en el sector considerado.
2. El caso español: evolución 1976-1996
El período transcurrido desde la Conferencia de Vancouver hasta
ahora, ha sido para España un período históricamente
significativo, caracterizado por dos acontecimientos importantes:
- Un proceso de reforma política, que a partir de la
aprobación, en 1978, de la nueva Constitución Española, se
caracteriza por la convocatoria sistemática de procesos
electorales en todos los ámbitos, por el desarrollo autonómico
del Estado (17 Comunidades Autónomas) y por importantes cambios
en todas las instituciones.
- La integración en la Unión Europa, tras una serie de
negociaciones previas que culminan con la firma del Tratado de
Adhesión en junio de 1985 y que ha exigido una serie de profundos
cambios en sus estructuras económicas (reconversión industrial,
liberalización comercial, etc...) para adaptarse a los países de
nuestro entorno europeo.
La evolución partía de una situación de crisis recesiva
caracterizada por una notable reducción de la tasa de crecimiento
(2,1% de media entre los años 1975 al 1978), la caída de la
cuota de formación interior bruta de capital (desde el 27,9 % del
PIB en 1974 al 20% en 1978), el crecimiento de los precios (tasa
media anual del 19,3 % entre 1974 y 1978) o la caída del
excedente neto empresarial (que de una participación equivalente
al 9,4% de la Renta Nacional en 1974, pasa al 5,2% en 1978).
Los efectos de nuestra integración en la Unión Europea, al
cumplirse los diez años de la misma, quedan reflejados en el
aspecto socioeconómico por los siguientes parámetros:
- el PIB por habitante, en 1994, alcanza el 77% de la media de
los países de la UE, frente al 66% de 1985.
- la tasa de actividad femenina alcanza en 1992 un 33%,
tendiendo a acercarse rápidamente al de la Unión Europea, que es
del 44%.
- la evolución del gasto de protección social en términos del
PIB, ha pasado del 20% en 1985 al 24% en 1993, frente al 26,5%
de media en los países de la UE.
- la renta nominal por unidad de trabajo agrario ha pasado de
100 en el año 1985 a 225 en 1994.
- los espacios naturales protegidos han pasado de ser 81
(315.000 Hectáreas) a ser 557 con una superficie total de
2.800.000 Hectáreas.
- la contribución de España a la ayuda exterior de la UE y la
ayuda española al desarrollo alcanzaron en 1994 los 251.900
millones de pesetas (unos 2.000 millones de dólares) frente a tan
sólo 36.700 millones de pesetas (300 millones de dólares) en
1986.
Entre los aspectos de la evolución 1976-1996 más directamente
relacionados con los asentamientos humanos y con la vivienda, que
en el Informe se describen y analizan con detalle, cabe destacar:
- Se produce en estos años un progresivo estancamiento en el
crecimiento de la población, que en este momento está muy cerca
del "crecimiento cero". Al mismo tiempo, el descenso de las tasas
de fecundidad y natalidad y la mayor esperanza de vida, producen
un cambio en la estructura de la pirámide de población (menor
porcentaje de niños y jóvenes y mayor porcentaje de ancianos),
con el consiguiente incremento de los índices de dependencia.
- Los movimientos migratorios campo-ciudad (muy intensos en la
década de los sesenta) se van reduciendo en magnitud, y cambian
además su tendencia a partir de 1981, dejando de ser los grandes
centros urbano-industriales los receptores principales, en favor
de las ciudades medias.
- El acelerado proceso de urbanización, iniciado en los años
sesenta y continuado aunque con menor intensidad en las décadas
siguientes, ha dado lugar a una estructura de asentamientos
concentrada en determinadas zonas (áreas metropolitanas y litoral
peninsular particularmente), con los consiguientes efectos sobre
el territorio y sobre el medio ambiente. En la actualidad, en
poco más del 7% de los municipios españoles, que constituyen las
áreas urbanas propiamente dichas, se concentra casi el 75% de la
población.
- La presión de los asentamientos humanos sobre su entorno, se
ha visto favorecida por el aumento del nivel de vida y por el
incremento de la movilidad (el parque de vehículos automóviles
por cada mil habitantes pasó de 202 en 1980 a 350 en 1994), con
una incidencia importante sobre el medio ambiente natural.
- La población activa ha experimentado un crecimiento constante
desde 1977, especialmente intenso en la década de los ochenta
(como reflejo de las altas tasas de natalidad de los años
sesenta), fenómeno que ha dado lugar a un problema de paro
estructural, al no ser capaz nuestro sistema productivo de acoger
a las numerosas generaciones surgidas en esos años, paro que
afecta de modo particular a los jóvenes que buscan su primer
empleo.
- La estructura ocupacional también ha sufrido una evolución
importante desde 1976, con un fuerte proceso de terciarización
acompañado de intensa reducción del empleo en el sector agrario
y de un sector industrial también algo más reducido como
consecuencia de su necesaria reconversión. Evolución hacia un
modelo característico de las sociedades postindustriales, en que
la mujer ha incrementado su peso relativo, de modo especial en
el sector servicios.
- El número de viviendas por cada mil habitantes se ha
incrementado en un 41% de 1970 a 1991 (su número alcanzaba en
1991 las 17.206.000 unidades, de las que más de 6.500.000 son
posteriores a 1970), si bien estas cifras hay que matizarlas
teniendo en cuenta el importante número de viviendas vacías o
destinadas a segunda residencia (que han pasado de representar
un 20% del total en 1970 a un 31,4% en 1991).
- Pese a la juventud relativa del parque de viviendas, la
presión de la demanda en las grandes ciudades ha privilegiado la
cantidad sobre la calidad, por lo que un número importante de
ellas son ineficientes desde el punto de vista energético y
medioambiental.
- El carácter excesivamente proteccionista (para el inquilino)
de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que no fue
modificada hasta finales de 1994, hizo que el porcentaje de
viviendas en régimen de alquiler descendiera desde un 30,1% en
1970 a tan sólo un 15,2% en 1991, muy por debajo del de los
países europeos de nuestro entorno.
- La anterior circunstancia, unida a la fuerte elevación de los
precios de las viviendas experimentando en el período 1986-1991,
ha aumentado la dificultad de acceso a una vivienda libre,
obligando a los poderes públicos a incrementar las ayudas y el
número de viviendas acogidas a algún régimen de protección. La
relación actual (1995) entre el precio medio de una vivienda de
100 m² y los ingresos anuales medios por hogar es de 4,64 a nivel
nacional, pero alcanza valores bastante superiores en las grandes
capitales (6,19 en Barcelona o 7,27 en Madrid).
Los anteriores aspectos son sólo algunos de los más
significativos para reflejar una evolución que tiene cierto
carácter singular (diferente sin duda a la de otros países de
nuestro entorno) al ser consecuencia de la coincidencia de un
proceso de cambio político e institucional con la adaptación de
nuestra estructura económica a las condiciones de competencia y
libre mercado derivadas de la integración en la Unión Europea.
3. Diagnóstico de la situación
La evolución, tanto de los asentamientos humanos como de la
vivienda, que se ha producido en España en estos últimos veinte
años, evolución que el Informe Nacional español presenta con
amplio apoyo de datos y gráficos, ha conducido a una situación
muy distinta de la que existía en 1976 (año en que tuvo lugar la
Conferencia de Vancouver HABITAT I), con nuevos problemas pero
también con nuevas oportunidades.
El Informe resume el diagnóstico de la situación actual en los
puntos siguientes:
3.1. En materia de asentamientos humanos
- Como consecuencia del acelerado proceso de urbanización, que
continúa el iniciado en la década de los sesenta, se produce la
concentración de la población en determinadas zonas del
territorio (particularmente en las grandes áreas metropolitanas
y más recientemente también en las ciudades medias), a costa de
las áreas rurales, que sufren un despoblamiento acusado.
- Esta concentración está en el origen de los fuertes
desequilibrios territoriales y de los graves problemas
infraestructurales (redes de acceso y transporte, agua y
saneamiento, etc...) a los que las ciudades han de enfrentarse.
Éstas adquieren además un papel cada vez más predominante como
motores del desarrollo económico y de la creación de empleo.
- Esta situación ha contribuido también a agravar los problemas
medioambientales, tanto los locales de los propios asentamientos
(contaminación, tráfico, ruido,...) como los globales derivados
de la relación entre la ciudad y su entorno (lluvia ácida, efecto
invernadero, disminución de la capa de ozono,...).
- El crecimiento de las ciudades se ha producido, en la mayoría
de los casos, de forma claramente "no sostenible", con evidente
despilfarro de recursos, ineficiencia energética, creciente
producción de residuos y de contaminantes y degradación del medio
ambiente urbano.
- Los años de fuerte crecimiento han dejado en numerosas
ciudades españolas una herencia de barrios de baja calidad
edificatoria, mal dotados tanto desde el punto de vista de las
infraestructuras como de los equipamientos sociales necesarios.
Escasez dotacional que está en la base de los problemas de
dualidad social y marginación que repercuten en toda la ciudad
(delincuencia, tráfico de drogas, inseguridad ciudadana,...).
- La especulación inmobiliaria que este proceso ha fomentado,
junto con el acusado proceso de terciarización de los centros
urbanos, han sido la causa fundamental de la fuerte elevación de
los precios del suelo y ha contribuido de forma importante al
abandono o a la destrucción de buena parte del patrimonio
histórico de algunas ciudades.
- La presión de los asentamientos humanos sobre el resto del
territorio, favorecida por el incremento de la movilidad personal
y familiar derivado de la creciente tasa de motorización, afecta
cada vez más al medio natural y a los ecosistemas que lo
constituyen (mantenimiento de la diversidad biológica, calidad
de las aguas, bosque, fauna silvestre,...), sin que hasta el
momento las medidas legales de protección de determinados parajes
hayan sido suficientes para invertir la tendencia.
- Por último, y pese a los profundos cambios que se han
producido en las estructuras administrativas de las ciudades
desde la restauración, en 1979, de los Ayuntamientos
democráticamente elegidos, la participación activa de los
ciudadanos en la toma de decisiones sobre la ciudad, que van a
afectarles muy directamente, es aún insuficiente, lo que genera
conflictos difíciles de solucionar "a posteriori".
3.2. En materia de vivienda
- La escasez, particularmente en las grandes ciudades, de suelo
urbanizado a un precio razonable, ha repercutido en los precios
de mercado de la vivienda libre, que han sufrido fuertes alzas
haciendo más difícil el acceso a una vivienda en propiedad a las
familias de nivel medio y bajo.
- El bajo porcentaje de viviendas en alquiler (muy inferior al
del resto de países de la Unión Europea) contribuye a hacer aún
más difícil el acceso a una vivienda, en cualquiera de sus
formas, a los jóvenes y a las familias de menores ingresos.
- Si bien el número de viviendas por cada mil habitantes ha
aumentado notablemente en estos últimos años (de 313 en 1970 a
441 en 1991), ello no ha repercutido en la misma forma en las
necesidades realmente cubiertas, debido a la importante
proporción de viviendas vacías o destinadas a segunda residencia.
- La opción por la construcción de nuevas viviendas frente a
la rehabilitación de las viviendas vacías existentes, además de
constituir un despilfarro de capital fijo, contribuye a agudizar
los problemas derivados de la ocupación de nuevos suelos, al
incremento de las necesidades de transporte y, en definitiva, a
la "insostenibilidad" del crecimiento urbano.
- Una gran parte del parque de viviendas existente responde a
formas y características constructivas ineficientes desde el
punto de vista energético y medioambiental (aislamiento
insuficiente, materiales no reciclables, instalaciones
inadecuadas...), contribuyendo a la ineficiencia global de la
ciudad como sistema.
- El supuesto anterior se da, en buena parte de los casos, en
viviendas ocupadas por inquilinos con rentas antiguas (lo que no
permite al propietario invertir en su mantenimiento) o en
viviendas antiguas propiedad de colectivos de bajos ingresos
(jubilados o pensionistas que no tienen capacidad económica para
adecuar la vivienda a estándares de calidad actuales), lo que
plantea la necesidad de líneas específicas de ayuda para la
mejora de las mismas.
- Pese a las previsiones de crecimiento moderado de población,
la continuación de los procesos de concentración urbana y los
cambios en la estructura y composición de las familias (reducción
del número de miembros, incremento del número de familias
monoparentales, etc...) darán lugar a unas importantes
necesidades de vivienda cuyo número se cifra en más de 1.700.000
unidades para los próximos quince años.
La anterior relación constituye un elenco de los problemas
prioritarios a los que España habrá de enfrentarse en materia de
vivienda y de asentamientos humanos a lo largo de los próximos
años. Problemas a los que, en buena parte, ya se ha tratado de
dar solución por medio de diversos planes y políticas sectoriales
que se exponen en el informe:
- Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, incluyendo la
Política de Ciudades a él asociada.
- Plan Hidrológico Nacional.
- Estrategia y Planes Nacionales de Medio Ambiente.
- Plan de Vivienda 1996-1999.
Los problemas citados configuran tanto las posibles metas y
objetivos como las líneas de actuación que han de guiar un futuro
Plan Nacional de Acción o "Programa HABITAT" par España.
4. Líneas de acción para un Programa Hábitat Español
El informe, en su tercer apartado, tras explicitar el marco
económico y social de las políticas recientes en materia de
asentamientos humanos (constituido básicamente por el "Programa
de Convergencia 1992-1996" y su posterior revisión de 1994,
elaborados en cumplimiento del Tratado de Maastricht), expone de
forma resumida los principales Planes y Estrategias territoriales
aprobados o en curso, y plantea las líneas generales de lo que
debería ser un Programa HABITAT para España, siguiendo la pauta
del documento de Principios y Compromisos y del Plan de Acción
Mundial que se está elaborando como documento final de la Cumbre
de Estambul.
El marco conceptual en el que se plantean estas líneas es el del
desarrollo sostenible en su sentido más amplio: el de las
condiciones a promover en la vivienda y en las ciudades para que
la sociedad española, en su conjunto, avance hacia un desarrollo
equilibrado capaz de preservar e incrementar el capital natural
que asegure el mantenimiento de la vida y el bienestar, no sólo
de nuestra generación sino también de las generaciones futuras.
La situación actual puede resumirse en dos problemas básicos
relativos a la construcción y funcionamiento de las ciudades
españolas:
- las ciudades no siempre funcionan en un marco de desarrollo
sostenible que satisfaga condiciones de habitabilidad adecuadas,
ni que permita su mantenimiento a largo plazo, con vistas a las
futuras generaciones.
- con frecuencia, se produce urbanización sin hacer ciudad. El
derecho a la ciudad, debe ser entendido como el establecimiento
de una serie de garantías de calidad de vida, generalizables a
todos los ciudadanos, incluyendo vivienda, empleo, servicios,
entorno, etc.
El resultado de unas formas de crecimiento y de funcionamiento
no sostenibles, sin políticas integrales adecuadas a medio y
largo plazo y con formas de gestión demasiado condicionadas por
el mercado inmobiliario y por concepciones funcionalistas de la
ciudad ya superadas (abuso del "zoning", preponderancia del
vehículo privado, etc...) es el de unos asentamientos con los
graves problemas que se han enumerado en el diagnóstico.
El planteamiento de las líneas de acción de un Programa Hábitat
para España, pasa por identificar los principales retos a los que
ha de enfrentarse la sociedad española en los próximos años, en
relación con tres grandes áreas temáticas:
- La vivienda adecuada para todos.
- La ciudad sostenible y su entorno territorial
- La gobernabilidad de las ciudades
4.1. La vivienda adecuada para todos
Cabe señalar, como retos básicos para España en relación con este
tema-clave de la Conferencia los siguientes:
Facilitar el acceso a la vivienda:
Ello supone favorecer el acceso de todos los ciudadanos a una
vivienda digna y adecuada, en cualquiera de sus formas (propiedad
o alquiler), cumpliendo así el mandato de nuestra Constitución,
mejorando la eficiencia del mercado y a través de otras medidas
de carácter financiero o fiscal.
En este sentido es esencial una política de suelo que permita
poner en el mercado, al menor coste posible, suelo urbanizado
suficiente para absorber la demanda de construcción de nuevas
viviendas.
De manera particular es necesario apoyar, además, a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad, a través de regímenes
especiales de protección y ayudas públicas, para que puedan tener
acceso a la vivienda que no pueden obtener en las condiciones
normales del mercado.
Favorecer la reutilización del parque de viviendas existente:
En España existe un importante parque de viviendas, en buena
parte subutilizado o abandonado como consecuencia de su
inadecuación física o funcional (o de ambas circunstancias). Esta
situación supone un despilfarro de recursos y contribuye a la
"insostenibilidad" del crecimiento urbano al dirigirse la demanda
hacia la urbanización de nuevos suelos donde ubicar las viviendas
adecuadas a la demanda existente.
Ello requiere medidas que favorezcan la rehabilitación de
viviendas y la mejora de las condiciones de habitabilidad de las
inadecuadas, para que puedan entrar en el mercado y ser
reutilizadas.
Mejorar su eficiencia energética y medioambiental:
Por sus características constructivas (materiales, técnicas de
construcción e instalaciones) una gran parte de las viviendas
existentes (y también de las de nueva construcción) son, con
independencia de su calidad, claramente ineficientes desde el
punto de vista de ahorro de energía, consumo de agua y, en
general, de sus aspectos medioambientales.
Su repercusión en el desarrollo sostenible de la ciudad es
importante, por lo que se requieren medidas, tanto normativas
como de apoyo financiero y fiscal que favorezcan las actuaciones
encaminadas a mejorar dicha eficiencia y que contribuyan a la
adaptación de las viviendas a las condiciones climáticas de las
distintas regiones españolas.
La actualización progresiva de las rentas más antiguas de
viviendas en alquiler, que hace posible la generación de recursos
de inversión para su mejora y las ayudas sectoriales destinadas
a fomentar el ahorro y la utilización de energías menos
contaminantes, favorecerán este necesario proceso.
Considerar la vivienda inseparable de su entorno:
El entorno urbano de la vivienda (equipamientos públicos,
espacios libres, etc...) constituye un complemento necesario e
inseparable de ella para asegurar un nivel adecuado de calidad
de vida.
La vivienda no puede hoy plantearse separadamente como un
elemento al margen del entorno que constituye su ecosistema
inmediato; la vida urbana se desarrolla en la vivienda y en los
espacios y equipamientos públicos que la rodean, a nivel de
barrio en un primer escalón y a nivel del conjunto urbano en un
segundo escalón del que el barrio constituye un elemento del
sistema global.
Las actuaciones en materia de vivienda han de considerarse, por
ello, incardinadas en la construcción de la ciudad, enlazando así
con el segundo de los grandes temas aquí considerados.
4.2. La ciudad sostenible y su entorno territorial
Los principales retos a tener en consideración en relación con
este segundo tema-clave, son los siguientes:
Recuperar el concepto de ciudad frente a la mera urbanización:
Las ciudades españolas se expanden, aunque las grandes no tengan
crecimiento poblacional. La expansión se produce, en ocasiones,
dejando agujeros negros en la ciudad, como las áreas centrales,
o periféricas, de industria y servicios abandonadas, y como los
barrios deteriorados, y barrios en declive social, que quedan
fuera de los mercados, estancados en situaciones de
vulnerabilidad cuando no de marginalidad.
Es este un proceso de urbanización insostenible a largo plazo,
tanto social como ambientalmente, que además es perjudicial para
el crecimiento económico, por lo que la recuperación del concepto
tradicional de la ciudad, más allá del mero desarrollo de la
urbanización, es una exigencia insoslayable.
Lograr una ciudad próspera y cohesionada:
En las últimas décadas muchas ciudades han realizado grandes
esfuerzos en la creación de infraestructuras destinadas a mejorar
su competitividad, con resultados desiguales, tanto por la falta
de estrategias globales de desarrollo, como de incorporación y
concertación suficiente con los agentes sociales.
Un reto importante para la prosperidad y cohesión de las ciudades
es la creación de los ambientes productivos adecuados,
especialmente en los barrios o áreas en declive, así como el
logro de la conexión de las áreas en recesión, con los mercados
locales y con las actividades dinámicas de las llamadas "áreas
de oportunidad", donde se asientan las nuevas actividades.
Reducir la "huella de la ciudad" en el territorio:
Las ciudades son ecosistemas abiertos, que dependen de los
intercambios con el exterior del territorio que ocupan. Para su
funcionamiento necesitan tener garantizada la aportación de
suministros externos, su distribución y utilización interna, y
la posterior exportación de productos y expulsión de residuos al
exterior.
El reto está pues en lograr mejorar la habitabilidad interna
manteniendo la sostenibilidad global, es decir, sin incrementar
los impactos ambientales globales ni destruir innecesariamente
los recursos locales, ni los de otras áreas que la sustentan,
procurando un balance positivo del capital natural existente.
Dar prioridad a la mejora de la ciudad existente:
Los retos expuestos no cuestionan tanto el cómo construir nuevas
ciudades, sino, fundamentalmente, el qué hacer con lo que
tenemos: un medio en degradación y unas ciudades ineficientes,
sobre todo ante los objetivos de sostenibilidad, cohesión social
y competitividad.
Hay que reestructurar las ciudades existentes, rehabilitarlas,
regenerar sus áreas en declive, aprovechar las infraestructuras
infrautilizadas. El reto fundamental de la ciudad es crecer hacia
dentro, y hacerlo bien, creando prosperidad, equidad y
sostenibilidad, independientemente de si algunas ciudades puedan
requerir en ciertos momentos expansiones y cierto crecimiento
hacia el exterior.
4.3. La gobernabilidad de las ciudades
La gobernabilidad de las ciudades y, en general de los
territorios sobre lo que éstas se asientan, constituye un tema
complejo en el que se entremezclan cuestiones competenciales y
de coordinación administrativa con cuestiones de articulación de
la participación ciudadana, de la búsqueda de la equidad y de la
cohesión social, de obtención de recursos financieros o de
planificación y gestión urbana. Los principales retos a
considerar en relación con esta gobernabilidad, son los
siguientes:
Necesidad de actuaciones integradas:
Las ciudades tienen nuevos problemas, pero, su problema principal
es que suelen disponer de unos mecanismos de gestión inadecuados
para abordarlos. La gestión de la ciudad tiende a
compartimentarse sectorialmente, pretendiendo la simplificación
y agilización de procedimientos, sin un marco de actuación que
aborde los problemas integralmente.
Es necesario redefinir la gestión para actuar conjuntamente en
distintas dimensiones de la ciudad, superando políticas
sectoriales e incorporando a los agentes sociales. Solo así se
conseguirá que las distintas actuaciones, a corto y largo plazo
sumen sus efectos, en la dirección del desarrollo sostenible.
Adecuar la gestión al ámbito territorial de los problemas:
El esfuerzo por lograr mejorar las prácticas políticas y
administrativas, y dotar al territorio y las ciudades de un buen
gobierno, implica estudiar en cada caso los ámbitos territoriales
adecuados a la resolución de cada problema, y la mejor
articulación de competencias para la intervención.
La reconsideración de territorios y competencias, no debe
conducir necesariamente a reestructuraciones importantes,
especialmente a corto plazo. Más bien debe provocar la
coordinación y cooperación entre ellas, ya que la ciudad es un
objetivo vital para todos los niveles de gobierno.
Fortalecer la autonomía local y la participación ciudadana:
El municipio es el gobierno más cercano al ciudadano, y es por
ello, en que hay que apoyarse para desarrollar actuaciones
locales. No es posible enfrentarse a los problemas con políticas
adecuadas, si los municipios no asumen el protagonismo local en
las políticas de desarrollo urbana, cohesión y sostenibilidad.
Para ello deben elaborar planes estratégicos o marcos de
actuación, consensuados social y políticamente, que permitan
programar actuaciones con visión de medio y largo plazo, e
incorporar a las mismas a otras administraciones, a los
ciudadanos y a los agentes privados que intervienen en los
procesos de construcción de la ciudad.
Fomentar la cooperación interadministrativa:
Los retos del desarrollo sostenible exigen una mayor integración
y cooperación en la actuación de todos los agentes públicos. Hay
que reenfocar el gobierno del territorio coordinando la
ordenación territorial, la gestión urbana y de inversiones, y las
políticas social y ambiental. Y para ello hace falta organizar
en torno a estrategias concretas de actuación a todos los agentes
de los distintos niveles de la administración: de la
administración del Estado, de las regiones, de las ciudades y,
en su caso, de sus barrios.
4.4. El proceso hacia la sostenibilidad
El desarrollo sostenible de las ciudades, es el único desarrollo
posible a largo plazo, y, por lo tanto, el único aceptable como
marco de trabajo. Es un desafío político fundamental para la
democracia y para el gobierno de las ciudades.
La complejidad de los problemas que se plantean requiere,
probablemente, la aplicación de más recursos, pero sobre todo
reconsiderar la manera de aplicar los existentes, romper barreras
y cooperar ampliando la base social e institucional, integrando
los recursos en nuevas formas de actuación. Éste es quizás el
principal reto, en estos momentos.
La elaboración institucional de un Programa HABITAT para España
es, fundamentalmente, un proceso hacia la sostenibilidad y ello
requiere un previo debate sobre los temas más importantes que
afectan a la vivienda, a la ciudad y al territorio, debate en el
que tengan una participación activa todos los agentes sociales
e institucionales y que, al tiempo que profundicen en la
problemática y propongan nuevas formas de actuación, contribuyan
a la creación de opinión y al cambio de los hábitos de consumo
que están en la raíz del desarrollo no sostenible de nuestra
sociedad.
5. La cooperación internacional
El Informe español, por último, recoge en su apartado final las
líneas generales, criterios y prioridades de la cooperación
internacional española, con particular referencia a los sectores
de Vivienda y de Desarrollo de los Asentamientos Humanos.
En el marco de los objetivos de la política española de
cooperación, cabe destacar algunos rasgos significativos, como
son:
- la contribución al despliegue económico de los países
receptores.
- la concentración geográfica (de modo específico en los países
de la comunidad iberoamericana)
- la atención a la consecución de un desarrollo sostenible.
Los componentes básicos de la cooperación bilateral (que para
1995 ha supuesto más de 125.000 millones de pesetas) son los
créditos FAD, los Programas y Proyectos de asistencia técnica,
cultural o científica, y las subvenciones a las actividades de
las ONGs, entre otros.
En el terreno concreto de los asentamientos humanos, la
cooperación española tiende a tratar las actuaciones desde u n
enfoque integrado, trabajando en una línea de fortalecimiento de
las instituciones municipales, como agentes de desarrollo.
Programas de capacitación de recursos humanos y de mejora de la
gestión municipal, Proyectos concretos de dotación de servicios
públicos o de construcción de viviendas, y Programas de
desarrollo rural son algunos de los campos, en los que se citan
ejemplos recientes.
Las posibilidades de cooperación que España puede ofrecer
comprenden las siguientes áreas:
- la formación de técnicos, aspecto donde se cuenta con una
labor que viene desarrollándose desde hace más de diez años, muy
especialmente en cursos intensivos de formación municipal y de
gestión de servicios básicos.
- el intercambio de experiencias, tanto sobre nuestro trabajo
con las contrapartes en todo lo relacionado con la formulación
y gestión de los proyectos en aquellos ámbitos relacionados con
los asentamientos humanos, como sobre las experiencias españolas
recientes en dichos ámbitos.
- el asesoramiento técnico, que ha constituido una de las
prácticas más fructíferas, tales como el prestado para la
elaboración de Planes Estratégicos con la colaboración del CIDEU
(Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano).
- la colaboración en programas concretos de actuación y de
investigación en materias como la ordenación del territorio, la
gestión del suelo urbano, el reasentamiento y la integración de
poblaciones desplazadas o la gestión de los servicios
municipales, así como la cofinanciación de los mismos. El
subprograma CYTED XIV sobre "Tecnologías para viviendas de
interés social" es un ejemplo de este tipo de cooperación.
Cada una de estas posibilidades comporta grados diferentes de
acuerdos institucionales para su puesta en marcha (desde una
simple carta de intenciones hasta Convenios concretos en el marco
de Acuerdos de cooperación científica y técnica ya suscritos
entre los Estados) y medios presupuestarios específicos en
función de lo que el Programa o Proyecto demande. En este
sentido, el Informe español, además de señalar algunos programas
ya en marcha, a los que es posible incorporarse, plantea la gama
de posibilidades señaladas, dejando que sea cada país interesado
el que identifique los temas de posible interés, el tipo de
cooperación requerida y las instituciones implicadas. La
materialización de cada operación de cooperación bilateral estará
ligada a los medios financieros disponibles en cada ejercicio
económico, tanto por parte de las instituciones implicadas como
por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
6. Conclusión
El Informe español para la Conferencia "Hábitat II" presenta, en
resumen, una doble vertiente:
Por un lado, describe minuciosamente la evolución de los
asentamientos humanos y de la vivienda a lo largo de los veinte
años transcurridos desde la anterior Conferencia, relacionándola
directamente con la evolución política y económica de España en
un período que ha sido históricamente importante y significativo.
Por otro lado, el informe expone el diagnóstico de la situación
actual, los planes y estrategias en curso para hacer frente a la
misma, las líneas de acción a seguir para la elaboración de un
Programa o "Agenda" Hábitat para nuestro país y las posibilidades
de cooperación internacional que, en los campos de la vivienda
y de los asentamientos humanos, puede ofrecer a otros países,
particularmente a aquellos con los que, como los que componen la
comunidad iberoamericana, mantiene lazos de lengua y tradición
seculares.
Rodolfo Segura Sanz, doctor arquitecto ETSAM y técnico urbanista
IEAL. Pertenece desde 1969 al Cuerpo Especial de Arquitectos del
MOPTMA, habiendo ocupado diversos puestos en la Comisión del Área
Metropolitana de Madrid, Dirección General de Urbanismo,
Instituto del Territorio y Urbanismo..., y siendo en la
actualidad Consejero Técnico de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. Es, asimismo, miembro
del Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano de la Comisión
de la Unión Europea y pertenece al Bureau directivo de la
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo (IFHP/FIHUAT).
Ha sido el coordinador del Informe Nacional español para la
Conferencia HABITAT II.
Fecha de referencia: 30-04-1997