Carta por los derechos a la ciudad y a la vivienda

Texto que integra las principales demandas y propuestas de las organizaciones sociales y no gubernamentales latinoamericanas, recogidas durante el amplio proceso que desarrollaron en la región en preparación de su posición frente a Habitat II.

Su redacción, en forma de declaración y desde la perspectiva de quienes difícilmente pueden hacer llegar su voz a las conferencias de Naciones Unidas, procede de una primera versión redactada por el autor a solicitud del movimiento popular de México, en apoyo a sus derechos habitacionales.

1. Por el reconocimiento pleno de nuestros derechos

La larga lucha de los pueblos por construir sociedades plurales basadas en relaciones de justicia, libertad y dignidad para todos sus integrantes, ha logrado hacer que se reconozcan algunos derechos sociales y garantías individuales, y ha impulsado el establecimiento de instituciones cuya responsabilidad es hacer que se realicen y se cumplan tales derechos.

Estamos conscientes del enorme esfuerzo que pueblos y gobiernos deberán hacer aún para ampliar los derechos fundamentales reconocidos, disponer los medios necesarios para su realización y establecer las condiciones que nos faciliten, a la vez, cumplir nuestras responsabilidades y obligaciones.

Nos preocupa y nos indigna, que cuando aún queda tanto por hacer para consolidar sociedades verdaderamente democráticas, se esté dando marcha atrás no sólo en la ampliación de los derechos sociales, sino en el respeto y realización de los ya reconocidos.

El riesgo de que el derecho a la vivienda quede eliminado en los documentos oficiales de Habitat II, la tendencia a individualizar los derechos colectivos y la creciente articulación de su cumplimiento a las leyes del mercado, no sólo niegan las luchas y conquistas históricas de los pueblos, sino que los van excluyendo paulatinamente de las posibilidades de vivir dignamente.

No podemos aceptar que la noción de derecho, se limite a la relación individual que podamos establecer con los productores y prestadores de bienes y servicios y que su cumplimiento quede sujeto a la posibilidad de pagar el precio que estos exijan. En caso de no poder acceder al mercado, quedamos al margen de todo derecho o en el mejor de los casos como sujetos potenciales de la beneficiencia pública o de los contradictorios programas compensatorios de alivio a la pobreza.

Qué lejos vamos quedando del sentido social y verdaderamente solidario de los derechos económicos, sociales y culturales suscritos a nivel internacional por 130 países y que tanta sangre y esfuerzo han costado a nuestros pueblos.

Quienes formamos parte de las organizaciones sociales y las organizaciones civiles no gubernamentales que apoyan nuestros esfuerzos por un lugar digno donde vivir en paz y dignidad, jamás hemos exigido al Estado que nos regale una casa o nos libere de las obligaciones que hemos contraído para hacer realidad nuestros sueños.

El populismo no lo inventamos nosotros y es más, siempre que los gobiernos asumen actitudes populistas se nos dificulta hacer efectivo nuestro derecho, ya que se nos obliga a negociar en condiciones subordinadas, clientelares y paternalistas. Preferimos y luchamos porque los Estados establezcan reglas claras del juego que definan con precisión nuestros derechos y obligaciones, única forma de que prosperen las iniciativas sociales y de evitar el uso político y arbitrario de los recursos públicos.

Luchamos, entre otras cosas, porque los Estados que han reconocido el derecho a la vivienda en su Constitución Política, sean congruentes con tal voluntad poniendo los medios y estableciendo los apoyos necesarios para que todos los habitantes de sus respectivos países puedan hacerlo efectivo.

Luchamos también porque aquéllos que aún no lo reconocen, abran espacios públicos para el debate del tema y asuman con seriedad su consideración por las instancias legislativas, dentro de las modalidades y prácticas convenientes a cada contexto nacional.

No esperamos pasivamente a que alguna agencia pública nos provea de una casa. Sabemos que los Estados jamás han podido otorgar vivienda gratuita a sus ciudadanos, que no es posible que lo hagan y que nunca pretenderán hacerlo; mucho menos en las circunstancias actuales. Sabemos también que la solución del grave problema habitacional del mundo es responsabilidad y tarea de todos. Pero no nos queda ninguna duda de que los primeros responsables en establecer las condiciones para que esto se dé son los Estados mismos.

Al respecto consideramos que mínimamente los Estados deberán:

i. Reconocer, hacer valer y garantizar el derecho de todos a tener acceso a:

• suelo legal, seguro y adecuadamente ubicado,
  

• financiamiento adecuado a diferentes niveles de ingresos y formas de producción,
  
  
• servicios básicos y equipamiento,
  

• seguridad legal de tenencia,
  

• asistencia técnica,
  

• información suficiente y oportuna sobre planes y programas,
  facilidades y apoyos estatales.

• asegurar que el derecho a la vivienda no sea violado, particularmente aquellas orientadas a impedir desalojos forzados y demoliciones violentas,
  

• frenar la creciente segregación urbana y económica a la que están sujetos los sectores de bajos ingresos.

iii. Respecto a la participación organizada y responsable de la población en la producción y gestión de su hábitat:

• remover los obstáculos legales, administrativos y fiscales a la producción social del hábitat e incorporar, en los instrumentos existentes, apoyos específicos a la misma,
  

• hacer las modificaciones necesarias a los códigos y reglamentos urbanos para que reconozcan y fomenten las formas de gestión, apropiación y producción de los sectores sociales de bajo ingreso,
  

• reconocer, estimular y apoyar las diversas formas organizativas que se dan los grupos populares para la promoción, producción, mantenimiento y mejoramiento de su hábitat,
  

• garantizar, en síntesis, el acceso a los recursos materiales y no materiales necesarios para facilitar las iniciativas y acciones promovidas por las organziaciones sociales.

2. Los derechos relacionados al hábitat humano en tiempos de la descentralización

Por razones muy diversas y hasta contradictorias entre sí, todos buscamos que el Estado centralista, omnipotente y omnipresente se descentralice. Nosotros también lo queremos, pues en su voluntad de controlarlo todo nos ha impuesto y nos pretende seguir imponiendo decisiones que afectan profundamente nuestras formas de vivir y condicionan la satisfacción de nuestras necesidades y el cumplimiento de nuestros sueños a los criterios de escasez de recursos -y de imaginación- y a las soluciones abstractas y lejanas que sus tecnócratas determinan.

Pero, para nosotros, la descentralización de los Estados no quiere decir que éstos se desentiendan de sus responsabilidades históricas y sociales. Todo lo contrario, despojados de atribuciones que los llevaban a perderse en la gestión de lo cotidiano, limitando y entorpeciendo las expresiones más ricas y libres de sus respectivos pueblos, los Estados podrán dedicarse a lo que consideramos es su papel fundamental:

• lograr la igualdad de oportunidades para todos, haciendo efectiva su obligación redistributiva
  

• garantizar la profundización y el cumplimiento de los derechos sociales, cuidando que en la satisfacción de sus propios derechos, nadie pise los derechos del otro, y
  

• convocar y fomentar la mutua potencialización de los diferentes actores sociales, priorizando el fortalecimiento de los sectores más débiles.

Se desconoce, o se pretende desconocer, la enorme capacidad productora y de gestión que la mayor parte la población, al menos en los países no industrializados, realiza para la satisfacción de sus propias necesidades.

Cuando se nos dice que las ideologías han muerto y que estamos en tiempos nuevos en los que los diferentes actores, en lugar de confrontarse se asocian para resolver las grandes necesidades sociales, se da cabida en los hechos a nuevos fundamentalismos ideológicos que depositan en la libre operación de los mercados la única posibilidad de resolver nuestras enormes y crecientes carencias.

El concepto de necesidades substituye al de derechos y la mercantilización de los satisfactores limita o cancela los pocos instrumentos estatales orientados a apoyar las iniciativas sociales.

Nuevamente, al igual que en el manejo populista, se nos pretende marginar al papel de simples espectadores pasivos, o demandantes de vivienda y servicios, cuando en la realidad seguimos siendo -sea en forma individual, familiar o colectiva-, los principales productores y gestores del hábitat en nuestros países.

El deterioro salarial, el desempleo creciente, la reducción o la cancelación paulatina de los subsidios, la privatización y la comercialización crecientes, hacen que cada día crezca el número de familias que buscan caminos alternativos al mercado inmobiliario para satisfacer sus necesidades habitacionales.

No aceptamos, en consecuencia, que la descentralización se limite a reconocer o apoyar al sector privado. Exigimos que la producción social del hábitat, o sea aquélla que se realiza por iniciativa y bajo el control directo de nuestras familias y de nuestras organizaciones para el auto consumo, sea también plenamente reconocida y apoyada.

La descentralización pasa también por nosotros y exigimos que el esfuerzo y la responsabilidad que esto nos exige sea apoyada mediante sistemas nacionales integrados de instrumentos legales, financieros, administrativos, fiscales y de fomento que partan de reconocer nuestras prácticas específicas de gestión y nuestra lógica productiva.

Rechazamos que nuestros esfuerzos en la construcción de la ciudad sean considerados como prácticas irregulares, subnormales o informales, términos todos que pretenden denigrar y cerrar paso a nuestra capacidad realizativa.

De contar con los apoyos necesarios, en lugar de los múltiples obstáculos y limitaciones con las que hoy nos enfrentamos, podremos actuar en forma más sistemática y organizada y elevar nuestra eficiencia y productividad con el objeto final de reducir costos y de atender a los más pobres dentro de nuestras organizaciones.

Dedicamos demasiadas energías a la gestión de nuestros proyectos por la falta de voluntad política en apoyar nuestras iniciativas, por la carencia de instrumentos adecuados y por la transformación negativa que han venido sufriendo aquellos pocos diseñados para apoyar nuestros esfuerzos. Quisiéramos poder transformar el enorme desgaste físico y social que nos significa obtener permisos, financiamientos, suelo y otros apoyos del Estado, en energías más positivas, capaces de mejorar sustantivamente nuestra calidad de vida.

No es aceptable que los Estados se limiten a descentralizar los conflictos y las responsabilidades. Un cambio tan profundo de funciones y atribuciones exige poner en manos de quienes las reciben, instrumentos adecuados, recursos, conocimientos, información y todos los apoyos que solamente la potestad del propio Estado puede viabilizar.

3. Derechos y avance democrático

Las organizaciones sociales y no gubernamentales estamos dispuestas, como ya lo hemos demostrado ampliamente, a asumir nuevos retos, siempre y cuando éstos se orienten a abrir posibilidades concretas a la realización plena de nuestros derechos.

Para evitar que nuevas tareas signifiquen mayor explotación y mayor desgaste, además de contar con sistemas integrados de instrumentos y apoyos a la gestión social del hábitat, requerimos y exigimos se avance en la integración de espacios institucionalizados de participación democrática.

No es posible que se exijan al pueblo mayores sacrificios y trabajo sin que sus organizaciones y las integradas por sus asesores no gubernamentales tengan la posibilidad de incidir al más alto nivel en la definición de las políticas, instrumentos y programas que los afectan e involucran.

Buscamos y exigimos una profundización democrática en el manejo de los sectores que atienden los asentamientos humanos y la vivienda, en las tres vertientes que constituyen una auténtica democracia:

• acceso equitativo a los recursos y a los bienes y servicios que nos permitan mejorar nuestras condiciones habitacionales y nuestra calidad de vida,
  

• reconocimiento, respeto y apoyo a las formas de ejercicio de la democracia directa que nos damos a nivel territorial y sectorial,
  

• fortalecimiento de la democracia representativa con el establecimiento de instancias que institucionalicen la participación de las diversas organizaciones de la sociedad civil en la determinación de políticas, instrumentos, programas y actividades de seguimiento, evaluación y control de los diversos organismos e instancias administrativas que operan en el campo del hábitat.

4. Reafirmamos nuestros derechos habitacionales

1. Un lugar, un hábitat sano y una vivienda segura y adecuada para vivir en paz y con dignidad.
   

2. Que las ciudades, poblados y barrios sean democráticos y sustentables, con acceso equitativo a la tierra, a medios de subsistencia, ambiente sano y seguro, a la vivienda, agua, saneamiento, salud, alimentación, transporte público, educación, trabajo, ocio y esparcimiento, información, y sus respectivos equipamientos. Respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, sexual y cultural; respeto a los grupos indígenas, y a los inmigrantes reconociéndoles su plena ciudadanía; la preservación de la herencia histórica y cultural, y el disfrute de un espacio culturalmente diversificado sin distinciones de género, nacionalidad, raza, lengua y creencias.
   

3. Participar en la formulación, aplicación y seguimiento de las políticas habitacionales y en la conducción y control de los procesos de planificación y gestión del hábitat para garantizar que la utilización de los recursos y la realización de los proyectos e inversiones sean en beneficio de todos y en particular de los sectores sociales más desprotegidos.
   

4. Elevar la calidad de vida en nuestros asentamientos y viviendas con el fin de asegurar, conservar y mejorar la salud y la seguridad, disfrutando de intimidad    y de espacios para el descanso, la recreación y la realización de nuestras actividades personales, comunitarias y públicas conforme a nuestra diversidad cultural y condiciones de género.
   

5. El disfrute de una vivienda adecuada no sujeto solamente a los recursos, a las condiciones específicas o al nivel de ingresos de que disponga una familia o una persona sin techo. Todos debemos poder acceder a recursos financieros, públicos y de cualquier otra índole, que nos permitan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, sea en forma individual o colectiva.
   

6. Organizarnos para ser reconocidos legalmente y a movilizar los recursos materiales, solidarios y de apoyo mutuo de que dispongamos; a asesorarnos con quien nos convenga y a gestionar los apoyos complementarios para enfrentar las carencias habitacionales y de otros servicios sociales; a controlar nuestros propios procesos de producción y mejoramiento habitacional.
   

7. La canalización prioritaria de subsidios y la consideración específica, en caso de pertenecer a grupos vulnerables como las mujeres jefas de hogar, los niños, los ancianos y los discapacitados, para participar en la planeación, diseño, ejecución, control, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de nuestro hábitat, con el objetivo de lograr espacios y equipamientos adecuados a las distancias que recorremos y funciones que realizamos, a nuestras condiciones particulares de vida y a nuestras propias aspiraciones.

Enrique Ortiz, arquitecto mexicano nacido en 1937. Dentro de su trayectoria dentro de las ONG y en el sector público destacan sus responsabilidades como: director de la ONG mexicana COPEVI, (1965-1976) que asesora y apoya procesos habitacionales populares desde hace más de 30 años; responsable de la formulación y conducción del primer Programa Nacional de Vivienda mexicano (1977-1982); presidente del Comité de Acción sobre Vivienda y Edificaciones de Interés Social del Sistema Económico Latinoaméricano, SELA (1979-1982); gerente de Operación y posteriormente director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (1983-1987).

Desde 1988 es secretario ejecutivo de Habitat International Coalition que agrupa más de 300 organizaciones sociales y no gubernamentales que operan en el campo del hábitat en 80 países. Es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de las ONG en el Consejo Consultivo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

Fecha de referencia: 30-04-1997