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Los países de América Latina y el Caribe concurrieron a la
Conferencia de Vancouver con la idea anticipada de que los
problemas del hábitat se agudizarían, sobre todo como resultado de
la acelerada urbanización que se proyectaba hacia fines del
milenio, fenómeno que daría origen a grandes ciudades que crecerían
sin control. En tal contexto, se temía que los asentamientos se
transformaran progresivamente en focos de precariedad e
informalidad, a medida que un flujo interminable de migrantes,
procedentes en su mayoría de zonas rurales, se instalaba en la
periferia de las ciudades tradicionales, en el marco de un proceso
de urbanización acelerada, descapitalizada y no planificada (CEPAL,
1976). A pesar de los esfuerzos de los gobiernos por responder a
las agudas necesidades de vivienda y servicios urbanos, en ese
tiempo se visualizaban escasas posibilidades de enmendar el rumbo
de los asentamientos, a menos que se lograra un considerable
incremento de los presupuestos para el desarrollo urbano y
habitacional.
En la década de 1980 no se dieron precisamente las condiciones para
canalizar más recursos al sector, ya que la región experimentó la
peor recesión económica desde los años treinta. Los efectos de esta
crisis se sintieron con mayor intensidad en las urbes de la región;
a su vez, el ajuste estructural con que se respondió a la crisis
implicó un cambio en la orientación económica _los procesos de
apertura y liberalización_, así como una modificación del papel del
Estado _reducción de su importancia como agente productivo y
énfasis en su condición de subsidiario. Las nuevas condiciones
conllevaron una pérdida de empleos en la industria y el sector
público, que se tradujo en un aumento de los índices de desempleo
y pobreza urbanos. Además, una fuerte reducción del gasto público
destinado a mantenimiento e inversión en vivienda e infraestructura
urbanas, agravó los problemas que ya acosaban a las ciudades y, en
particular, a las metrópolis. Los años ochenta dejaron una imagen
de las ciudades latinoamericanas marcada por el predominio de la
pobreza, las estrategias de supervivencia, la segregación social,
la violencia pública, la inseguridad personal y el creciente
deterioro de sus servicios e infraestructura [Sabatini y Jordan
, 1993] [Sorj , 1991].
En ese contexto, el grado de protagonismo de las principales
ciudades latinoamericanas en el conjunto de las grandes urbes del
mundo que se vaticinara en la década de 1970 continúa siendo
importante, pero se ha relativizado a causa de la desaceleración
del crecimiento demográfico, el aumento de la población de las
ciudades intermedias, y la evolución explosiva registrada por las
ciudades de otros continentes. La región de América Latina y el
Caribe es la única entre las de menor desarrollo en la que, al
igual que en Europa y América del Norte, la participación
poblacional de las ciudades de más de 5 millones de habitantes se
reducirá durante el período 1970-2015 [Naciones Unidas , 1995].
Los disminuidos niveles de la inversión en construcción
habitacional, característicos de los años ochenta, aún persisten en
muchos países, lo que contribuye a la acumulación de carencias a
medida que se multiplican los hogares. Una producción de viviendas
muy por debajo de las necesidades se expresa en precariedad
habitacional y hacinamiento, especialmente en el caso de los
sectores de menores recursos. La marcada inequidad de la
distribución del ingreso en la región y el alto costo de las
viviendas dejan fuera del mercado habitacional a una gran
proporción de los hogares.
Por último, debe mencionarse la escasa preocupación por dar un
adecuado mantenimiento al parque habitacional existente, lo que
contribuye a su rápido deterioro e incrementa la tasa de
obsolescencia. Los actuales 90 millones de viviendas constituyen un
importante activo para los hogares y países de la región y
requieren del necesario cuidado para que no se vuelvan
inhabitables.
Una transformación productiva auténtica requiere potenciar los
recursos humanos que, en un continente urbano como América Latina,
habitan predominantemente en las ciudades. Por consiguiente, no
sólo las grandes urbes latinoamericanas, sino también las ciudades
intermedias y menores, que se desarrollan vigorosamente en la
región, deberán ofrecer las condiciones para que estos recursos
humanos avancen hacia más altos niveles de productividad. A su vez,
en el ámbito doméstico, la creación de condiciones materiales, de
saneamiento y accesibilidad a los servicios urbanos puede ser muy
importante para favorecer, en el seno de la familia, la adopción y
promoción de valores, conocimientos y conductas propicios al
mejoramiento de los recursos humanos que demanda la transformación
productiva.
Las exigencias de un manejo macroeconómico más cauteloso obligan a
redoblar los esfuerzos por elevar la eficiencia y la productividad
en el uso de los recursos. Esto también es válido para superar las
carencias acumuladas en materia de vivienda, servicios urbanos e
infraestructura. La creciente incorporación del sector privado en
áreas como el financiamiento y la producción habitacional, la
inversión en servicios e infraestructura y su gestión, debería
encauzar nuevos recursos financieros y de organización hacia el
campo de los asentamientos humanos. Por otra parte, es necesario
recordar que el incentivo de lograr una vivienda estimula
vigorosamente el ahorro de los hogares, y que la actividad urbana
y habitacional moviliza, directa e indirectamente, a amplios
sectores de la economía.
En relación con este planteamiento, los programas urbanos y de
vivienda desempeñan un papel importante tanto para romper los
circuitos reproductores de la pobreza en los hogares de la región,
como para llevar al espacio cotidiano los beneficios que acarrea el
progreso. Las acciones tendientes a aliviar la pobreza urbana,
extender la cobertura de los servicios básicos, o facilitar el
acceso a viviendas adecuadas no sólo apuntan a elevar los
indicadores generales de justicia social, sino que, comparadas con
otros tipos de intervención social, tienen la ventaja de concretar
el objetivo de la equidad para las familias latinoamericanas dentro
de plazos más cortos.
Nuevamente se percibe el vínculo entre la forma en que se
localizan, organizan y crecen los asentamientos humanos en la
región y la propuesta de la CEPAL. Las ciudades han mostrado un
patrón histórico de expansión inarticulada e ilimitada, que arrasa
terrenos agrícolas y ecosistemas, produce congestiones, dificulta
o encarece la provisión de infraestructura, y crea problemas de
deterioro de las áreas centrales. Será necesario replantear las
pautas de desarrollo para manejar la expansión urbana dentro de
márgenes adecuados de sustentabilidad ambiental.
Más allá de éstas y otras relaciones entre cada uno de los
componentes singulares de la propuesta de la CEPAL y los diversos
aspectos de las políticas urbanas y de vivienda, cabe a los
asentamientos un papel instrumental básico para hacer factible un
elemento esencial de la transformación productiva: su carácter
sistémico. Si lo que finalmente caracteriza la invitación de la
CEPAL a los países es la idea de encarar el desarrollo en forma
simultánea y no secuencial desde los ejes de la transformación
productiva, la equidad y la sustentabilidad, para su puesta en
práctica pasa a ser crucial, dónde y cómo puede instrumentarse la
compleja gama de interacciones que tal proceso supone. Las
sinergias y flujos de intercambio propios de una propuesta
sistémica se tornan viables en espacios regionales, urbanos,
vecinales o domésticos concretos, en los que la proximidad
geográfica, institucional y cultural permita a los diferentes
actores incorporar, transmitir y circular información, proveer
bienes y servicios, o acceder a ellos, entre otras innumerables
posibilidades.
Mejorar la competitividad desde esta dimensión espacial en una
región altamente urbanizada como América Latina y el Caribe
significa, por tanto, fortalecer sistemas de asentamientos
equilibrados e integrados, que favorezcan el desarrollo de ciudades
gobernables, bien equipadas y con adecuados niveles de calidad de
vida, en las que sea posible incrementar el empleo productivo y
difundir el progreso desde sus focos más dinámicos hacia nuevos
actores y segmentos de población, y se puedan dar la
especialización y la innovación tecnológica en una correcta
relación con los recursos naturales y el territorio.
A su vez, la meta de contar con ciudades latinoamericanas
competitivas no significa meramente poseer grandes centros urbanos
que ofrezcan los últimos avances de la modernidad en sus
aeropuertos, algunos de sus barrios residenciales y los edificios
de las grandes empresas. Es necesario equipar las ciudades,
grandes, medianas y menores, mediante la reposición y actualización
de infraestructura urbana e industrial. La disponibilidad de
alojamientos adecuados y bien localizados en la ciudad facilitaría
a todos sus habitantes el acceso a la escuela, el consultorio, el
empleo y los servicios urbanos, contribuyendo así a un mayor
acercamiento de la población a los compromisos y beneficios del
desarrollo.
La propuesta sobre transformación productiva con equidad se
relaciona con un entorno democrático y participativo, cuyo
principal mecanismo de funcionamiento es la creación de consensos,
por lo que resulta importante fortalecer gobiernos metropolitanos,
urbanos y locales eficientes. La generación de espacios ciudadanos
es necesaria para que las personas se encuentren, se identifiquen
y participen en proyectos concertados de desarrollo, sobre todo en
el caso de aquellos grupos que por características étnicas,
etarias, sociales, territoriales o de género, se encuentran
marginados de los beneficios del desarrollo.
Por último, existe un consenso creciente respecto de la importancia
del hogar, la familia y el vecindario para motivar a sus miembros
a que asuman un compromiso de progreso. Así, el ámbito doméstico y
residencial asume también la función de favorecer los afectos,
solidaridades e incentivos que impulsen a las mujeres, los
ancianos, los jóvenes y los niños a incorporarse crecientemente al
progreso. Por lo tanto, también son previsibles los beneficios de
un reforzamiento mutuo entre la familia y el ámbito más general de
la transformación productiva con equidad que posibilita una
política de vivienda.
En los capítulos siguientes se abordan los principales rasgos del
panorama urbano y habitacional existente en la región, así como los
temas que, desde la perspectiva de la propuesta de la CEPAL, parece
importante incorporar en las políticas sobre asentamientos humanos.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Fecha de referencia: 30-04-1997
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