Declaración de Valdivia
Valdivia (Chile), 12 de Abril de 1996.
Los Ministros y Autoridades Máximas del sector de Desarrollo
Urbano y Vivienda de Iberoamérica, presentes en la ciudad de
Valdivia, República de Chile, con ocasión del Foro Iberoamericano
de Vivienda y Desarrollo Urbano, actividad preparatoria de la VI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, acuerdan
la siguiente Declaración:
Considerando:
-
Que los procesos de desarrollo y urbanización en
Iberoamérica, hacia el final del siglo XX, han logrado constituir
lo urbano como la forma principal de su distribución y
concentración, con lo cual la ciudad se erige como la instancia
socioespacial predominante de la existencia individual y
colectiva. La complejidad que las discusiones económica,
política, social, cultural y ambiental han venido adquiriendo al
interior de nuestras ciudades, hacen necesaria la definición de
nuevas formas de relaciones con la naturaleza, el medio
construido, las formas de producción y de gestión pública y
privada, así como con las expresiones culturales, científicas y
artísticas.
Que la política urbana y habitacional tenga como uno de sus
pilares fundamentales la promoción de la ciudadanía, superando
los enfoques limitados de beneficiarios y clientes. Más allá de
las viviendas, la infraestructura y los servicios, las ciudades
del futuro requieren de ciudadanos que les den vida. Por ello,
el desafío más importante de los tiempos venideros consiste en
buscar creativamente la incorporación del vecino en la toma de
decisiones respecto de su entorno y en cómo construimos, desde
el barrio, la trama de solidaridades que será la clave del éxito
de nuestras ciudades.
Que tradicionalmente, la acción gubernamental ha carecido
de un pensamiento integral sobre la ciudad que le permita guiar
sus actuaciones sectoriales de manera coherente en relación con
los elementos básicos que constituyen el desarrollo urbano.
Que, ante la transformación del marco económico, social y
urbano de la Región, nuestros países están en proceso de revisión
de sus políticas en materia de Asentamientos Humanos. Que aunque
los centros urbanos de Latinoamérica y el Caribe concentran los
mayores porcentajes de población y constituyen áreas dinámicas
de actividad económica, muestran entre sus rasgos distintivos la
inequidad social y el conflicto potencial que esto conlleva.
Igual síntoma se observa en las localidades pequeñas y de rango
intermedio, en las áreas rurales, pueblos y villorrios, donde la
inexistencia de oportunidades se traduce, a través de las
migraciones, en el agravamiento de los problemas urbanos y el
estancamiento del mundo rural.
Que el valor, los usos y la estructura del suelo urbano
están regulados por un mercado que presenta múltiples
imperfecciones y distorsiones que afectan el ordenamiento
territorial.
Que, existen en nuestra Región, déficit cualitativos y
cuantitativos, en materia habitacional y de cobertura de
infraestructura, servicios y equipamiento social; que nuestros
asentamientos humanos son el escenario de deficiencias para
generar empleos productivos, lo que redunda en bajos niveles de
ingresos de los hogares; que, a su vez, los procesos de
urbanización son difícilmente sustentables del el punto de vista
ambiental y que, finalmente, estos fenómenos se han visto
acompañados de una escasa preocupación en materia de conservación
y mantenimiento, no sólo del patrimonio histórico de nuestras
ciudades sino que, adicionalmente, del inventario de viviendas
existentes.
Que, en el escenario actual en la mayoría de los países de
la Región se observa la inexistencia de políticas de Desarrollo
Urbano y Vivienda que estén sustentadas en acuerdos nacionales
explícitos y de largo aliento.
Que, conjuntamente con lo anterior, se observan
insuficiencias en materia de planificación territorial, que
redundan en fenómenos de crecimiento desordenado, en detrimento
del desarrollo social y económico.
Que, la situación descrita, se ve agravada - en algunos
casos- por la permanencia de modelos de tipo centralista, que no
facilitan la participación y el desarrollo de las capacidades
locales y regionales para el abordaje autónomo y responsable de
los problemas anotados, no utilizando debidamente recursos y
experiencias que subyacen en estos niveles.
Y teniendo presente:
-
Que, actualmente, existe consenso respecto del rol principal
del Estado en materia normativa, y subsidiaria, en el ámbito de
asegurar la igualdad de oportunidades a los sectores más
vulnerables de la población, asociados a la promoción del bien
común y a su función facilitadora de la acción del sector
privado.
Que las ciudades y el territorio son un componente
fundamental del sistema productivo, y que su evolución y
comportamiento están indisolublemente vinculados al desarrollo
económico y la conducción macroeconómica.
Que una de las principales dificultades para actuar sobre
problemas críticos de las ciudades es la inexistencia de un
amplio reconocimiento social y político de la necesidad que el
Estado ejerza las debidas acciones correctivas y preventivas para
su organización.
Que es urgente avanzar hacia una concepción integral de la
ciudad que oriente el pensamiento individual y la visión
colectiva de las acciones urbanas tanto de agentes públicos como
privados.
Que las ciudades son producto de las relaciones de
interdependiencia entre los elementos de la estructura física y
las dimensiones socioeconómicas en el espacio urbano.
Que, del mismo modo, se reconoce la existencia de
importantes potencialidades en la acción organizada y responsable
de las comunidades.
Que, existen importantes niveles de acuerdo respecto del rol
que debe desempeñar el sector privado, aportando recursos y
capacidades para la ejecución y gestión de acciones
habitacionales y urbanas y,
Que, también se reconoce la importancia que tiene la
vivienda y un hábitat adecuadamente dotado en el progreso, la
estabilidad y el desarrollo de la familia y la comunidad, y con
ello, en el logro de una sociedad democrática.
Que para avanzar en la solución de los problemas anotados
es conveniente aprovechar las diferentes experiencias nacionales,
intensificando la cooperación horizontal de las instituciones
gubernamentales y sectoriales de Iberoamérica y que, para estos
efectos, en 1992 se creó una instancia permanente de consulta y
coordinación entre los Ministros y Autoridades Máximas de
Desarrollo Urbano y Vivienda de América Latina y el Caribe,
MINURVI.
Que, por su parte, las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno se han establecido como foro de concertación
política, de reflexión conjunta y de cooperación, constituyendo
un espacio que permite la interacción conjunta de los 21 países
miembros y;
Que, finalmente el Foro Iberoamericano de Vivienda y
Desarrollo Urbano es una actividad preparatoria de la VI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, cuya convocatoria:
"Gobernabilidad para una Democracia Eficiente y Participativa",
se relaciona de manera íntima con los temas que nos reúnen.
Los ministros y autoridades máximas de vivienda y
desarrollo urbano de Iberoamérica, reunidos en la
ciudad de Valdivia, acordamos:
-
Insistir en reiterar que el Desarrollo Urbano y la Vivienda
tienen la más alta prioridad e importancia en nuestros países,
y que deben ser considerados temas permanentes en la Agenda de
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
solicitándoles que los programas y acciones específicas sean
tratadas al más alto nivel y con el suficiente respaldo político
que viabilice lograr los propósitos antes enunciados.
Que, todo ciudadano tiene el derecho de acceso a una
vivienda digna. La misma, constituye el eje fundamental para el
desarrollo social de la familia y los Gobiernos, para hacer
efectivo este derecho, deben establecer condiciones, mecanismos
facilitadores y promover planes de vivienda de interés social,
mediante sistemas de subsidio y financiamiento adecuado que
garanticen un acceso igualitario, no sólo a la solución
habitacional, sino a todos los bienes y servicios urbanos.
Promover procesos movilizadores del conjunto de la sociedad,
que apunten a situar al Desarrollo Urbano y la Vivienda en el
marco de los procesos generales de reforma y modernización de
nuestras economías, con atención preferente a los grupos
vulnerables, tales como la juventud y la mujer, activando
recursos sociales, materiales, profesionales y tecnológicos
superiores a los actuales.
Promover el diseño de estrategias y programas urbanos
sustentados en análisis integrales de las relaciones entre la
vivienda, los servicios públicos, el espacio público, el
transporte público, el equipamiento y la gestión del suelo
urbano.
Promover la implementación de políticas específicas que
permitan la intervención democrática del sector público en la
acción privada sobre el suelo urbano.
Lograr acuerdos políticos, sociales e institucionales de
largo aliento para integrar de manera eficaz la política urbana
y habitacional con el modelo macroeconómico como elementos
inseparables, ya que los temas de infraestructura básica,
equipamiento y desarrollo socioeconómico, constituyen elementos
conductores de políticas urbanas con sentido de futuro.
Reconocer y promover la activa participación responsable y
eficaz de las organizaciones sociales en la gestión de los
programas desarrollo urbano y habitacionales; particularmente en
los procesos de organización de la demanda, definición de
proyectos, financiamiento, control de obras y mantenimiento.
Estimular la toma de conciencia respecto del bienestar
inherente a una vivienda digna, considerando el esfuerzo de
ahorro para alcanzarla, como requisito fundamental. Destacar, en
este sentido, la conveniencia de facilitar la creación de
entidades privadas con y sin fines de lucro, tales como
dundaciones, mutuales, cooperativas, organismos gremiales y
comunitarios, dada su acción organizadora de la demanda,
educadora y movilizadora de recursos.
Reconocer el importante rol del sector privado en la
implementación de proyectos y programas para el desarrollo urbano
y habitacional en sus diferentes fases de planificación,
financiamiento, ejecución y administración.
Propiciar y fortalecer, la descentralización, como
estrategia para compartir responsabilidades en la implementación
de las políticas de desarrollo, así como en la gestión y
utilización de los recursos por parte de los gobiernos y
autoridades locales, regionales y nacionales. No obstante, el
proceso de descentralización debe mantener los adecuados
equilibrios, para que sus resultados no sean fragmentarios e
inorgánicos, definiendo claramente competencias nacionales,
regionales, locales y comunitarias en una visión integrada,
complementaria y potenciadora.
Destacar la necesidad de identificar y establecer políticas
que racionalicen el uso de los recursos actualmente disponibles
y que creen mecanismos de financiación masiva de carácter
anticíclico, que incorporen con decisión la participación activa
del sector privado, en un contexto de estabilidad en el largo
plazo, en la provisión y la gestión de la infraestructura.
Subrayar que el esfuerzo de coordinación y complementación
público-privado, debe estar orientado a la maximización de los
beneficios sociales en la acción de ambos sectores y hacia una
mayor coherencia, mejorando su calidad y oportunidad. Sostenemos
que es necesario crear e institucionalizar mecanismos de
intercambio de información y de gestión, en los cuales se
visualice un espacio que haga posible intervenciones urbanas
coordinadas y de gran envergadura.
Buscar los medios y realizar las acciones que sean
necesarias, para alcanzar la meta, en el horizonte del próximo
decenio, de que la producción habitacional en nuestros países sea
capaz, al menos, de absorber el crecimiento vegetativo de la
demanda. Propiciando, al mismo tiempo, que este esfuerzo se
realice en el marco de una utilización racional de los recursos
naturales y aplicando tecnologías que promoverán la
sustentabilidad ambiental de los Asentamientos Humanos de la
Región.
Adoptar las medidas conducentes a la conformación de una
instancia permanente de colaboración y coordinación, en el plano
iberoamericano, de las distintas instancias gubernamentales,
sociales y empresariales, que podrán resultar en el estudio del
financiamiento de iniciativas particulares, o, en la creación de
un fondo de recursos financieros, materiales y de conocimiento,
con aportes de los gobiernos y del sector privado, para el
desarrollo de las iniciativas definidas en el Protocolo que
acompaña a esta declaración;
Proponer a los Organismos Iberoamericanos y a las demás
instituciones Locales, Regionales y Subregionales de
concertación, como por ejemplo el Parlamento Latinoamericano,
PARLATINO, la incorporación de los temas del Desarrollo Urbano
y la Vivienda en su agenda de trabajo.
Incorporar, como antecedente a la VI Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, el Plan de Acción Regional
consensuado en la Reunión de Ministros y Autoridades Máximas del
Sector Desarrollo Urbano y Vivienda, preparatoria de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II), realizada en Santiago de Chile, en noviembre de
1995.
Reconocer los aportes de la CEPAL como Secretaría Técnica
del Foro Regional de Ministros y Autoridades Máximas del sector
Desarrollo Urbano y Vivienda (MINURVI), haciéndolo extensivo a
los organismos multilaterales, públicos y privados, que han
comprometido a través del tiempo su apoyo a ese sector. Reconocer
especialmente, el rol que será desempeñado por el Centro de
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, HABITAT, que ha
establecido en Río de Janeiro, Brasil, una Agencia Regional,
interpretando los deseos y la preocupación de los países de
América Latina y el Caribe sobre una mayor focalización en la
atención de la problemática de los Asentamientos Humanos.
Reconocer, asimismo, los aportes del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), y en particular, del Subprograma XIV, sobre Tecnologías
para la Vivienda de Interés Social, que viene trabajando desde
1987 en el ámbito iberoamericano.
Destacar la participación activa, en la Fase Técnica, del
conjunto de instituciones privadas que concurrieron a este
encuentro, contribuyeron con su aporte a la redacción de la
presente Declaración y, agradecer al Gobierno de Chile, al
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a todas las instituciones
que hicieron posible la realización del presente Foro.
Fecha de referencia: 30-04-1997