Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Declaración de Valdivia


Valdivia (Chile), 12 de Abril de 1996.

Los Ministros y Autoridades Máximas del sector de Desarrollo Urbano y Vivienda de Iberoamérica, presentes en la ciudad de Valdivia, República de Chile, con ocasión del Foro Iberoamericano de Vivienda y Desarrollo Urbano, actividad preparatoria de la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, acuerdan la siguiente Declaración:



Considerando:


  1. Que los procesos de desarrollo y urbanización en Iberoamérica, hacia el final del siglo XX, han logrado constituir lo urbano como la forma principal de su distribución y concentración, con lo cual la ciudad se erige como la instancia socioespacial predominante de la existencia individual y colectiva. La complejidad que las discusiones económica, política, social, cultural y ambiental han venido adquiriendo al interior de nuestras ciudades, hacen necesaria la definición de nuevas formas de relaciones con la naturaleza, el medio construido, las formas de producción y de gestión pública y privada, así como con las expresiones culturales, científicas y artísticas.

  2. Que la política urbana y habitacional tenga como uno de sus pilares fundamentales la promoción de la ciudadanía, superando los enfoques limitados de beneficiarios y clientes. Más allá de las viviendas, la infraestructura y los servicios, las ciudades del futuro requieren de ciudadanos que les den vida. Por ello, el desafío más importante de los tiempos venideros consiste en buscar creativamente la incorporación del vecino en la toma de decisiones respecto de su entorno y en cómo construimos, desde el barrio, la trama de solidaridades que será la clave del éxito de nuestras ciudades.

  3. Que tradicionalmente, la acción gubernamental ha carecido de un pensamiento integral sobre la ciudad que le permita guiar sus actuaciones sectoriales de manera coherente en relación con los elementos básicos que constituyen el desarrollo urbano.

  4. Que, ante la transformación del marco económico, social y urbano de la Región, nuestros países están en proceso de revisión de sus políticas en materia de Asentamientos Humanos. Que aunque los centros urbanos de Latinoamérica y el Caribe concentran los mayores porcentajes de población y constituyen áreas dinámicas de actividad económica, muestran entre sus rasgos distintivos la inequidad social y el conflicto potencial que esto conlleva. Igual síntoma se observa en las localidades pequeñas y de rango intermedio, en las áreas rurales, pueblos y villorrios, donde la inexistencia de oportunidades se traduce, a través de las migraciones, en el agravamiento de los problemas urbanos y el estancamiento del mundo rural.

  5. Que el valor, los usos y la estructura del suelo urbano están regulados por un mercado que presenta múltiples imperfecciones y distorsiones que afectan el ordenamiento territorial.

  6. Que, existen en nuestra Región, déficit cualitativos y cuantitativos, en materia habitacional y de cobertura de infraestructura, servicios y equipamiento social; que nuestros asentamientos humanos son el escenario de deficiencias para generar empleos productivos, lo que redunda en bajos niveles de ingresos de los hogares; que, a su vez, los procesos de urbanización son difícilmente sustentables del el punto de vista ambiental y que, finalmente, estos fenómenos se han visto acompañados de una escasa preocupación en materia de conservación y mantenimiento, no sólo del patrimonio histórico de nuestras ciudades sino que, adicionalmente, del inventario de viviendas existentes.

  7. Que, en el escenario actual en la mayoría de los países de la Región se observa la inexistencia de políticas de Desarrollo Urbano y Vivienda que estén sustentadas en acuerdos nacionales explícitos y de largo aliento.

  8. Que, conjuntamente con lo anterior, se observan insuficiencias en materia de planificación territorial, que redundan en fenómenos de crecimiento desordenado, en detrimento del desarrollo social y económico.

  9. Que, la situación descrita, se ve agravada - en algunos casos- por la permanencia de modelos de tipo centralista, que no facilitan la participación y el desarrollo de las capacidades locales y regionales para el abordaje autónomo y responsable de los problemas anotados, no utilizando debidamente recursos y
    experiencias que subyacen en estos niveles.



Y teniendo presente:


  1. Que, actualmente, existe consenso respecto del rol principal del Estado en materia normativa, y subsidiaria, en el ámbito de asegurar la igualdad de oportunidades a los sectores más vulnerables de la población, asociados a la promoción del bien común y a su función facilitadora de la acción del sector privado.

  2. Que las ciudades y el territorio son un componente fundamental del sistema productivo, y que su evolución y comportamiento están indisolublemente vinculados al desarrollo económico y la conducción macroeconómica.

  3. Que una de las principales dificultades para actuar sobre problemas críticos de las ciudades es la inexistencia de un amplio reconocimiento social y político de la necesidad que el Estado ejerza las debidas acciones correctivas y preventivas para su organización.

  4. Que es urgente avanzar hacia una concepción integral de la ciudad que oriente el pensamiento individual y la visión colectiva de las acciones urbanas tanto de agentes públicos como privados.

  5. Que las ciudades son producto de las relaciones de interdependiencia entre los elementos de la estructura física y las dimensiones socioeconómicas en el espacio urbano.

  6. Que, del mismo modo, se reconoce la existencia de importantes potencialidades en la acción organizada y responsable de las comunidades.

  7. Que, existen importantes niveles de acuerdo respecto del rol que debe desempeñar el sector privado, aportando recursos y capacidades para la ejecución y gestión de acciones habitacionales y urbanas y,

  8. Que, también se reconoce la importancia que tiene la vivienda y un hábitat adecuadamente dotado en el progreso, la estabilidad y el desarrollo de la familia y la comunidad, y con ello, en el logro de una sociedad democrática.

  9. Que para avanzar en la solución de los problemas anotados es conveniente aprovechar las diferentes experiencias nacionales, intensificando la cooperación horizontal de las instituciones gubernamentales y sectoriales de Iberoamérica y que, para estos efectos, en 1992 se creó una instancia permanente de consulta y coordinación entre los Ministros y Autoridades Máximas de Desarrollo Urbano y Vivienda de América Latina y el Caribe, MINURVI.

  10. Que, por su parte, las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno se han establecido como foro de concertación política, de reflexión conjunta y de cooperación, constituyendo un espacio que permite la interacción conjunta de los 21 países miembros y;

  11. Que, finalmente el Foro Iberoamericano de Vivienda y Desarrollo Urbano es una actividad preparatoria de la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, cuya convocatoria: "Gobernabilidad para una Democracia Eficiente y Participativa", se relaciona de manera íntima con los temas que nos reúnen.



Los ministros y autoridades máximas de vivienda y desarrollo urbano de Iberoamérica, reunidos en la ciudad de Valdivia, acordamos:


  1. Insistir en reiterar que el Desarrollo Urbano y la Vivienda tienen la más alta prioridad e importancia en nuestros países, y que deben ser considerados temas permanentes en la Agenda de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, solicitándoles que los programas y acciones específicas sean tratadas al más alto nivel y con el suficiente respaldo político que viabilice lograr los propósitos antes enunciados.

  2. Que, todo ciudadano tiene el derecho de acceso a una vivienda digna. La misma, constituye el eje fundamental para el desarrollo social de la familia y los Gobiernos, para hacer efectivo este derecho, deben establecer condiciones, mecanismos facilitadores y promover planes de vivienda de interés social, mediante sistemas de subsidio y financiamiento adecuado que garanticen un acceso igualitario, no sólo a la solución habitacional, sino a todos los bienes y servicios urbanos.

  3. Promover procesos movilizadores del conjunto de la sociedad, que apunten a situar al Desarrollo Urbano y la Vivienda en el marco de los procesos generales de reforma y modernización de nuestras economías, con atención preferente a los grupos vulnerables, tales como la juventud y la mujer, activando recursos sociales, materiales, profesionales y tecnológicos superiores a los actuales.

  4. Promover el diseño de estrategias y programas urbanos sustentados en análisis integrales de las relaciones entre la vivienda, los servicios públicos, el espacio público, el transporte público, el equipamiento y la gestión del suelo urbano.

  5. Promover la implementación de políticas específicas que permitan la intervención democrática del sector público en la acción privada sobre el suelo urbano.

  6. Lograr acuerdos políticos, sociales e institucionales de largo aliento para integrar de manera eficaz la política urbana y habitacional con el modelo macroeconómico como elementos inseparables, ya que los temas de infraestructura básica, equipamiento y desarrollo socioeconómico, constituyen elementos conductores de políticas urbanas con sentido de futuro.

  7. Reconocer y promover la activa participación responsable y eficaz de las organizaciones sociales en la gestión de los programas desarrollo urbano y habitacionales; particularmente en los procesos de organización de la demanda, definición de proyectos, financiamiento, control de obras y mantenimiento.

  8. Estimular la toma de conciencia respecto del bienestar inherente a una vivienda digna, considerando el esfuerzo de ahorro para alcanzarla, como requisito fundamental. Destacar, en este sentido, la conveniencia de facilitar la creación de entidades privadas con y sin fines de lucro, tales como dundaciones, mutuales, cooperativas, organismos gremiales y comunitarios, dada su acción organizadora de la demanda, educadora y movilizadora de recursos.

  9. Reconocer el importante rol del sector privado en la implementación de proyectos y programas para el desarrollo urbano y habitacional en sus diferentes fases de planificación, financiamiento, ejecución y administración.

  10. Propiciar y fortalecer, la descentralización, como estrategia para compartir responsabilidades en la implementación de las políticas de desarrollo, así como en la gestión y utilización de los recursos por parte de los gobiernos y autoridades locales, regionales y nacionales. No obstante, el proceso de descentralización debe mantener los adecuados equilibrios, para que sus resultados no sean fragmentarios e inorgánicos, definiendo claramente competencias nacionales, regionales, locales y comunitarias en una visión integrada, complementaria y potenciadora.

  11. Destacar la necesidad de identificar y establecer políticas que racionalicen el uso de los recursos actualmente disponibles y que creen mecanismos de financiación masiva de carácter anticíclico, que incorporen con decisión la participación activa del sector privado, en un contexto de estabilidad en el largo plazo, en la provisión y la gestión de la infraestructura. Subrayar que el esfuerzo de coordinación y complementación público-privado, debe estar orientado a la maximización de los beneficios sociales en la acción de ambos sectores y hacia una mayor coherencia, mejorando su calidad y oportunidad. Sostenemos que es necesario crear e institucionalizar mecanismos de intercambio de información y de gestión, en los cuales se visualice un espacio que haga posible intervenciones urbanas coordinadas y de gran envergadura.

  12. Buscar los medios y realizar las acciones que sean necesarias, para alcanzar la meta, en el horizonte del próximo decenio, de que la producción habitacional en nuestros países sea capaz, al menos, de absorber el crecimiento vegetativo de la demanda. Propiciando, al mismo tiempo, que este esfuerzo se realice en el marco de una utilización racional de los recursos naturales y aplicando tecnologías que promoverán la sustentabilidad ambiental de los Asentamientos Humanos de la Región.

  13. Adoptar las medidas conducentes a la conformación de una instancia permanente de colaboración y coordinación, en el plano iberoamericano, de las distintas instancias gubernamentales, sociales y empresariales, que podrán resultar en el estudio del financiamiento de iniciativas particulares, o, en la creación de un fondo de recursos financieros, materiales y de conocimiento, con aportes de los gobiernos y del sector privado, para el desarrollo de las iniciativas definidas en el Protocolo que acompaña a esta declaración;

  14. Proponer a los Organismos Iberoamericanos y a las demás instituciones Locales, Regionales y Subregionales de concertación, como por ejemplo el Parlamento Latinoamericano, PARLATINO, la incorporación de los temas del Desarrollo Urbano y la Vivienda en su agenda de trabajo.

  15. Incorporar, como antecedente a la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el Plan de Acción Regional consensuado en la Reunión de Ministros y Autoridades Máximas del Sector Desarrollo Urbano y Vivienda, preparatoria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), realizada en Santiago de Chile, en noviembre de 1995.

  16. Reconocer los aportes de la CEPAL como Secretaría Técnica del Foro Regional de Ministros y Autoridades Máximas del sector Desarrollo Urbano y Vivienda (MINURVI), haciéndolo extensivo a los organismos multilaterales, públicos y privados, que han comprometido a través del tiempo su apoyo a ese sector. Reconocer especialmente, el rol que será desempeñado por el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, HABITAT, que ha establecido en Río de Janeiro, Brasil, una Agencia Regional, interpretando los deseos y la preocupación de los países de América Latina y el Caribe sobre una mayor focalización en la atención de la problemática de los Asentamientos Humanos.

  17. Reconocer, asimismo, los aportes del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), y en particular, del Subprograma XIV, sobre Tecnologías para la Vivienda de Interés Social, que viene trabajando desde 1987 en el ámbito iberoamericano.

  18. Destacar la participación activa, en la Fase Técnica, del conjunto de instituciones privadas que concurrieron a este encuentro, contribuyeron con su aporte a la redacción de la presente Declaración y, agradecer al Gobierno de Chile, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a todas las instituciones que hicieron posible la realización del presente Foro.

Fecha de referencia: 30-04-1997

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