El agua, un recurso al servicio del proyecto modernizador

La Presión sobre el Agua en Europa, Agencia Europea del Medio Ambiente.

El agua es un elemento trascendental para el desarrollo de la vida. Y, por lo tanto, es un condicionante de primer orden para la sostenibilidad de los asentamientos de población, de la actividad agrícola, industrial y turística que los acompaña, y de los ecosistemas en donde se inserta la actividad humana y productiva. El hecho de que el Estado español se encuentre situado en un lugar del mundo de clima semiárido, con una precipitación media relativamente escasa (650 mm anuales) [MOPTMA , 1993], y en general irregular, repercute (y repercutirá aún más en el futuro) en la relación que se establece con este recurso clave y en la viabilidad de las actividades que se sustentan en el uso del mismo.

El territorio español, dentro de esas características generales, presenta, sin embargo, una climatología desigual que condiciona el dispar reparto de esta fuente de vida. Las áreas de clima mediterráneo: Cataluña, País Valenciano, Murcia, Andalucía, Baleares... así como las Islas Canarias, son las zonas donde las precipitaciones tienen un volumen más escaso; destacando, en la península, la cuenca del Segura con una precipitación media de tan sólo 350 mm anuales. Mientras que, p.e., las cuencas del Norte, con clima húmedo, tienen una media de 1350 mm al año, similares en orden de magnitud a otras áreas centroeuropeas [MOPTMA , 1993],[1]. Ello hace que, p.e., los ríos en la "piel de toro" lleven considerablemente menos agua que los existentes al norte de los Pirineos; en concreto, en comparación con Francia, nuestros ríos llevan solamente el 4% del caudal del sistema fluvial galo. Lo que condiciona no sólo las posibilidades de abastecimiento de agua superficial, sino especialmente la capacidad de dilución de los vertidos a los cauces fluviales. Máxime en época de estiaje, debido a la mayor irregularidad de los caudales de nuestros ríos [Naredo y Gascó , 1996].

Al mismo tiempo, como consecuencia del elevado grado de radiación solar, y de las consiguientes altas temperaturas medias, el territorio español tiene, en general (salvo en el Norte), una mayor demanda de evapotranspiración potencial[2] que la precipitación media que recibe; al contrario, p.e., que en Francia o, en general, las áreas de clima húmedo. Lo cual supone límites precisos al desarrollo de biomasa vegetal (ya sea con fines productivos o ecológicos), acentuando la aridez de amplias zonas del territorio español. A lo que se suma, en una especie de círculo vicioso, la menor capacidad de retención hídrica superficial, debido a la preponderancia de suelos más pobres, hecho que incide en la menor humedad del suelo, la más reducida presencia de acuíferos superficiales, y el incremento de los riesgos de erosión, debido a la pobre (o, en muchos casos, nula) vegetación existente. Nuestros acuíferos suelen encontrarse a cotas bastante más profundas, y por lo tanto más difíciles y costosas de acceder, que los de territorios septentrionales europeos [Naredo y Gascó , 1996].

Por otro lado, a lo largo del presente siglo se ha ido produciendo una disminución y un aumento preocupante de la irregularidad (espacial y, sobre todo, temporal) de las precipitaciones, especialmente acusada en todo el Sureste peninsular; en línea, probablemente, con lo que apuntan las consideraciones que sobre el previsible cambio climático se efectúan en relación con nuestro entorno geográfico [CNC , 1994]. Y, al mismo tiempo, se ha producido un desplome en los caudales de los ríos, superior al descenso de las precipitaciones. Fruto, con toda seguridad, del creciente uso humano (especialmente agrícola) que se efectúa de los recursos hídricos. Con lo que el problema de la disponibilidad de éstos se ha acentuado en los últimos tiempos [Naredo y Gascó , 1996], y de forma claramente manifiesta durante el fuerte período de sequía sufrido en la primera mitad de los noventa.

Sin embargo, no nos enfrentamos solamente a un problema de cantidad del recurso agua, sino, y muy especialmente, de calidad natural del mismo. Y eso sin considerar el deterioro de la calidad como resultado de su uso humano y productivo, que luego se abordará. "La aridez a la que se encuentra sometida la mayor parte del territorio español hace que la mala calidad de las aguas vaya las más de las veces asociada a su escasez [...] El contenido en sales del agua va aumentando [sobre todo en las zonas áridas] hasta llegar al mar" [Naredo y Gascó , 1996]. Esta mala calidad se da en mayor o menor grado en todas las cuencas salvo en las del Norte y Duero, máxime en época de estiaje, y no se puede cambiar a golpe de depuradoras. Siendo las diferencias de calidad, dentro de las cuencas y entre ellas, abismales. "En la España meridional y costera, los problemas de calidad contribuyen tanto o más que los de cantidad a la escasez de agua para abastecimiento, por lo que carece de sentido preocuparse sólo de la cantidad y no conservar, gestionar e, incluso, rectificar la calidad de agua disponible en esos territorios. P.e., la masiva instalación de aljibes en esas zonas, hoy desbaratados por el "progreso", buscaba más la calidad del agua de lluvia que la cantidad, que normalmente ofrecían los pozos y fuentes locales, utilizando así aguas de calidades diferentes para satisfacer usos diferentes, con más juicio de lo que comúnmente hacen los abastecimientos centralizados y polivalentes hoy en día [Naredo , 1997a].

De cualquier forma, el inicio de la percepción pública del agua como un recurso escaso y frágil no se ha dado hasta muy recientemente. Y se produjo como consecuencia del brutal periodo de sequía que sacudió a gran parte del territorio español recientemente. La situación de extrema penuria alcanzó a más de doce millones de personas, localizadas prioritariamente en la mitad sur de la península, el arco mediterráneo y los archipiélagos. Las reservas de los embalses y abastecimientos de estas zonas permanecieron en mínimos históricos, poniendo en peligro el abastecimiento humano de grandes poblaciones, que estuvieron en su práctica totalidad sometidas a severas restricciones. Sin embargo, una vez alejado (por el momento) el fantasma de la sequía extrema, la modificación en cuanto al estado de opinión es muy limitada e incompleta, y no se traduce en cambios mínimamente relevantes ni en la política oficial (que continúa, en general, con todas sus inercias) ni en cuanto a las pautas de uso. ¿Cuáles son las causas de que se haya asentado una cultura del agua despilfarradora en un territorio que ha estado sometido desde siempre a problemas de escasez y calidad?. Máxime cuando históricamente las diferentes culturas del agua que se han desarrollado en la península han tenido muy en cuenta los condicionantes naturales para la obtención y utilización de este recurso.

Quizás la razón fundamental sea la abultada (y costosa) actuación de creación de infraestructuras de regulación y distribución de este recurso acometida a lo largo de los últimos 40 ó 50 años[3] (ver figura 16), que ha permitido obviar, transitoriamente, la sensación de escasez, haciendo factible un incremento constante y espectacular de la utilización de los recursos hídricos. Y el hecho de que se ha consolidado una gestión tecnoburocrática del agua al margen de condicionantes físicos, acorde con los intereses económicos dominantes generales, y los específicos del sector (empresas de construcción, de equipamiento hidráulico, sector eléctrico...), así como en línea también con las presiones corporativas (ingenieros de caminos). Al tiempo, que el incremento del poder adquisitivo, y la expansión del mercado de lo que se conoce como aguas de mesa, ha permitido soslayar, por el momento, y a costa de un elevado impacto ambiental (proliferación de residuos, consumo energético[4]...), y un creciente gasto económico, el grave problema que plantea, en muchas zonas y espacios urbanos, el consumo de agua para uso humano directo.

España dispone de más de 1300 embalses, que regulan más del 40% de los recursos hídricos globales, siendo el país del mundo con más superficie proporcional de embalses [MOPTMA , 1993]. La orografía sumamente movida del territorio español ha posibilitado tamaño alarde ingenieril, que ha conllevado por supuesto una elevadísima inversión en obra civil, y ha ocasionado el despoblamiento, desplazamiento y reasentamiento de numerosos núcleos de población rural, aparte de importantes impactos ecológicos. Ello ha hecho factible que el Estado español se convierta en el cuarto consumidor mundial de agua "per capita" por detrás de EEUU, Canadá y la ex-URSS [Ruiz , 1993], y que comparados con nuestra vecina Francia se disponga de una capacidad de agua embalsada varias veces superior, para dar abastecimiento a un territorio y a una población menores [Naredo , 1997b]. Todo lo cual ha generado la falsa expectativa de una abundancia sin límite, y ha permitido impulsar políticas agrícolas, turísticas y urbano-industriales que sin este "colchón de seguridad" hubieran sido sencillamente inviables.

Ello ha hecho factible la importantísima intensificación de la política de regadío ya comentada, que más que duplicó la superficie irrigada de los 50 a los 90 (pasando de 1,5 millones de has a 3,4 millones en la actualidad)[5] [García Rey y Martín Barajas , 1997] (ver figuras 17 y 18); al tiempo que colapsaba, paradójicamente, la población activa agraria. Dos de cada tres Has puestas en regadío en este periodo fueron de iniciativa pública [Rosell, Alcántara y Viladomiú , 1995], destacando en un primer momento el famoso Plan Badajoz (1952) en las Vegas del Guadiana. Lo cual fue posibilitando la orientación progresiva del sector agrícola hacia la exportación y al sostenimiento (parcial) de una creciente cabaña ganadera estabulada. Esta es la causa fundamental de que sea el sector agrícola (fundamentalmente de la "España seca") el responsable del orden del 80% del consumo total de agua en el conjunto del territorio (la industria consume el 4% y los usos urbanos -incluído el turismo- el 16% restante) [MOPTMA , 1993]. Este porcentaje cobra todo su significado cuando se compara con el correspondiente a otros países de la UE, especialmente centroeuropeos; en Alemania, p.e., cerca del 90% del agua lo consume la industria y menos del 5% lo consume la agricultura [EEA , 1997]. En Centroeuropa, debido al clima húmedo, la agricultura no necesita, en general, del aporte de agua para desarrollarse y ser competitiva en los mercados comunitarios y globales. Y en la vecina Francia, toda una potencia agrícola mundial, la agricultura de regadío utiliza cinco veces menos de agua que aquí [Naredo y Gascó , 1996].

"Los países mediterráneos son la huerta de la UE. Una huerta que necesita de mucha agua -cada día más- para satisfacer la demanda proveniente de los países comunitarios de productos agrícolas y frutales" [García Rey y Martín Barajas , 1997]. Un tercio aproximadamente de las zonas de regadío se basan en la utilización de acuíferos subterráneos, que están siendo progresivamente esquilmados, contaminados y salinizados por intrusión marina (en las áreas costeras). Ello ocurre, principalmente, en importantes extensiones del litoral mediterráneo, Baleares, Canarias, el Sur y Castilla-La Mancha [MINER-MOPTMA , 1994]. En general, las áreas donde se localiza la agricultura, más "competitiva", de tipo mediterráneo. Y también donde se ubica la actividad turística (y gran parte de los casi 200 campos de golf existentes) [García Rey y Martín Barajas , 1997], así como los principales procesos urbanizadores, lo cual somete a los recursos hídricos a una presión sin precedentes. Especialmente en la época estival, cuando se incrementa fuertemente la población, a consecuencia del turismo interior y exterior, coincidiendo con el periodo de mayor escasez hídrica. Hecho que llega a casi duplicar la demanda de agua durante el verano en algunas conurbaciones costeras [Estevan y Ballesteros , 1996].

La situación es particularmente grave en los archipiélagos balear y canario, especialmente por la presión que supone una población en ascenso y un incremento constante de la actividad turística. Durante el pasado periodo de sequía se llegaron a habilitar, p.e., barcos que transportaban agua dulce de la desembocadura del Ebro a Mallorca. En Canarias se han construido depuradoras de agua marina para solventar las crecientes demandas hídricas de ciertas grandes conurbaciones y áreas turísticas. Esta política se está ya trasladando a Baleares y existen planes de construcción de grandes desaladoras en distintos lugares de la costa mediterránea (Alicante, Cartagena, Marbella, Almería...). El problema es el precio que alcanza el agua obtenida de esta forma (en torno a diez veces el precio del agua corriente), y el considerable consumo energético que supone. En la actualidad están ya funcionando catorce desaladoras [Barciela , 1997].

La expansión de las regiones metropolitanas, la proliferación de nuevas tipologías residenciales (chalets adosados, viviendas unifamiliares), y sus correspondientes equipamientos (piscinas, plantas ornamentales, césped...), la amplia construcción adicional de segundas residencias en los entornos de las grandes ciudades, la creación de numerosos parques artificiales metropolitanos, cuyo mantenimiento demanda considerables volúmenes de agua, etc, etc, etc, ha implicado también una verdadera explosión del consumo de agua urbano. Lo que está derivando en una nueva demanda añadida, que se incrementa mucho más rápidamente que la poblacion urbana o metropolitana. En la región metropolitana madrileña, entre 1985 y 1995, la población apenas creció el 8%, y el consumo de agua superó el 30% de incremento; es decir, cuatro veces más [COPUT , 1996]. Y eso que durante un cierto tiempo el consumo hasta llegó a disminuir como consecuencia de las campañas y políticas aplicadas a resultas de la sequía. Este crecimiento exponencial del consumo urbano está chocando ya, en muchos casos, con los límites de los recursos hídricos de las cuencas, y hasta entornos geográficos, donde se asientan las principales aglomeraciones (Barcelona, Madrid, Bilbao...).

El impacto ambiental de este modelo de gestión del agua es cada día más palpable. Aparte de otros efectos ya comentados, como la inundación de valles fértiles generada por la construcción de embalses y el impacto sobre la biodiversidad que esto supone, se produce una importante reducción de los caudales de los ríos que afecta a toda la flora y fauna aguas abajo. Amén de que ello provoca una pérdida de la fertilidad de los suelos en cotas más bajas y una reducción de los deltas, al disminuir los materiales en suspensión que acarrean los cursos de agua, al tiempo que se aterran los embalses. Por otro lado, la contaminación por fertilizantes químicos (nitratos) y plaguicidas utilizados crecientemente por la agricultura, junto la contaminación puntual de la ganadería estabulada (purines), está afectando ya de forma grave a muchos de los acuíferos subterráneos y a los propios cursos de agua. A lo que se suma el impacto de la actividad humana (adicionalmente agravados por el uso de detergentes con fosfatos) y los efluentes industriales, en muchos casos altamente contaminantes por su contenido en metales pesados. Estos últimos difíciles y costosos de eliminar a través de sistemas de depuración. Finalmente, los lixiviados de vertederos urbanos e industriales, altamente tóxicos, se suman al ciclo del agua, propiciando una grave degradación de los recursos hídricos subterráneos.

Para el mantenimiento futuro de todo este modelo se propone, entre otras actuaciones, la "necesidad" de realizar importantes trasvases, de la "España húmeda" a la "España seca", tal y como contempla el Avance del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de no dejar que el agua se "pierda" sin más en el mar. La sobreexplotación de los acuíferos, el cada día mayor coste de bombeo (por el acusado descenso, especialmente en la costa mediterránea, de la capa freática), y el deterioro del recurso agua para riego, plantea la "urgencia" de acometer la construcción adicional de unos 200 nuevos embalses en la "España húmeda", con el fin de llegar a trasvasar hasta 4000 hm³ a la "España seca" [MOPTMA , 1993]. Indudablemente, esto implicará, si se lleva a cabo, un alto coste económico, un acusado impacto ambiental (de embalses y conducciones), un importante rechazo social (caso de Itoiz) y un elevado gasto energético, pues este ingente volumen de agua tendrá que ser bombeado, en muchos casos, atravesando cordilleras, antes de que pueda llegar a sus usuarios finales.

Por otro lado, la puesta en regadío de áreas injustificables, desde todo punto de vista, como el entorno de las Tablas de Daimiel, o de las lagunas de Ruidera, está afectando a humedales de gran valor estratégico[6]. Humedales que están en franco retroceso y desecación como consecuencia de haber impulsado en las últimas décadas cultivos altamente consumidores de agua como el maíz y la alfalfa, con destino principalmente a alimento para el ganado estabulado, primando la rentabilidad a corto plazo. "Los agricultores manchegos [...] decidieron apuntarse a la modernización con sus ahorros. Y ese manto de agua que creían ilimitado se vuelve hoy contra ellos [...]. Los Ojos del Guadiana se secaron y con ellos las lagunas y humedales. Los cauces de los ríos alterados y usurpados, como todo el dominio público de este país, ya casi no se conocen. La estepa y el erial avanzan y empiezan a neutralizar el espacio de esa gran mancha verde, que irá cediendo terreno a medida que el agua se acaba [...] Y dicho agotamiento lo está pagando el agricultr [por el endeudamiento] cada día más caro" [Gaviría y Serna , 1995]. En el caso de Castilla-La Mancha, área tradicional de secano, donde hay poca industria y el turismo es prácticamente inexistente, el consumo de agua en los cientos de miles de has de agricultura de regadío está suponiendo el 95% del total del consumo hídrico. Un porcentaje absolutamente récord [López Fuster , 1994].

Pero el endeudamiento amenaza también a los miles de agricultores del sureste español, principalmente de Murcia, y asimismo de Alicante y Almería, que se entramparon ante las expectativas que prometía el trasvase Tajo-Segura, pensando que les permitiría dedicarse a la agricultura hortofrutícola destinada en gran medida a la exportación. Se dedicaron importantes inversiones para poner en regadío más de 40.000 has de tierras de secano, ante las perspectivas de rentabilidad que se ofrecían. Pero estas expectativas nunca llegaron a cumplirse, pues ni aún en las mejores épocas se pudo trasvasar la cantidad prometida de 1000 hm³ anuales, ni tan siquiera la mitad. Este escenario se agravó sustancialmente durante los últimos años de sequía, cuando ni siquiera existía agua en la cabecera del Tajo para atender un riego de urgencia de unos 50 hm³, cuyo objetivo era simplemente que no quedaran arrasados los arboles frutales valorados en medio billón de pesetas que se habían plantado ante el espejismo del trasvase [Fdez Durán , 1996]. Y dicha decisión implicó serios conflictos sociales, entre diferentes comunidades autónomas, que se llegaron a conocer como las "guerras del agua"; conflictos que se vienen reproduciendo con diferente intensidad los últimos años.

Distintos estudios y reflexiones ponen seriamente en cuestión no solo el contenido, sino las bases mismas sobre las que se asientan las propuestas del Avance del Plan Hidrológico Nacional, y sobre todo los supuestos de hipotéticos excedentes de las cuencas llamadas "superavitarias". Los datos de recursos hídricos potenciales sobrevaloran los realmente existentes, pues los caudales aforados han descendido en proporciones muy superiores a las caídas de precipitación, que tampoco han sido adecuadamente consideradas, debido a las diferentes intervenciones humanas sobre el territorio. Entre otras, p.e., la aparición de nuevas prácticas como los masivos riegos de apoyo a cultivos hasta ahora típicos de secano como el olivar y la vid, de cara a incrementar su productividad para una mayor penetración de sus productos derivados en el mercado europeo y mundial. "En el último decenio han disminuido de forma significativa las aportaciones de las cuencas supuestamente excedentarias (Duero, Ebro y Tajo), pero lo hacen de forma más marcada aquellas otras con mayor presión de usos, como la atestigua la reducción del 50% registrada en la cuenca del Guadalquivir"[7] [Naredo y Gascó , 1996].

Además, desde 1975, y aunque la construcción de embalses ha ido en aumento, el volumen de agua retenida en los mismos apenas ha sufrido variación [Ruiz , 1993] (ver figura 16). Esto se debe a diferentes causas. La tendencia general hacia una menor precipitación sobre el territorio español. La dificultad técnica de regular volumenes adicionales de recursos hídricos, debido al alto grado de regulación ya existente. Y el creciente nivel de aterramiento que amenaza en general a todos embalses; en el caso español se apuntaba ya, a primeros de los noventa, un 20% (en aumento) de reducción de la capacidad de los embalses debido al aterramiento por erosión [CSCB 92 , 1991]. Erosión incentivada adicionalmente, como ya se comentó, por la política de repoblaciones forestales. A ello se añade el hecho de que el 50% de los embalses están eutrofizados por el exceso de nutrientes [CODA , 1993][8]; es decir, su calidad del agua, sobre todo para uso humano directo, se encuentra seriamente deteriorada, siendo necesarios procesos de depuración muy costosos para su rehabilitación. Todo ello permite hacerse una idea de que, se quiera o no se quiera, se está llegando al final de un ciclo, que ha estado caracterizado por la gestión tecnoburocrática, y absolutamente dominado por la política de oferta, con el fin de poder hacer frente a unas necesidades hídricas en crecimiento constante. En donde estaba ausente, además, no sólo la consideración de la eficiencia en la utilización del recurso agua o el impacto social y ecológico de este enfoque, sino la más mínima preocupación por los costes económicos que suponía.

"Los gastos de gestión del agua duplican los ingresos del agua en su conjunto" [Naredo y Gascó , 1996], y ello sin incluir la repercusión de la amortización de la inversión en infraestructuras hidráulicas, es decir sólo considerando gastos de mantenimiento. Por otro lado, el agua envasada, el sector de menor demanda (el 0,009% del total), ha facturado en 1995 mayor cantidad de dinero que la suma del resto del agua consumida en todos los sectores (es decir, por el 99,991% restante); [García Rey y Martín Barajas , 1997]. Una situación verdaderamente paradójica. ¿Cómo es todo ello posible?. Las razones son simples: el agua de regadío se factura entre 1 ó 2 pts el m³; el agua urbana entre 100 y 200 pts el m³; y el agua de mesa embotellada a unas 60.000 pts el m³. "No tiene sentido económico destinar gratuitamente, o a muy bajo precio, grandes volúmenes de agua potable de buena calidad a usos de escasa eficiencia o rentabilidad, cuando los usuarios domésticos (en muchas zonas) tienen que comprarla embotellada o traída en cisternas a precios relativamente astronómicos" [Naredo y Gascó , 1997].

Todo este aparente absurdo económico cobra su verdadero significado cuando se analiza el funcionamiento del modelo en su conjunto. La introducción de regadíos está fuertemente subvencionada por fondos públicos (estatales y, en la actualidad, también, comunitarios), y favorece, cada vez más, a los grandes propietarios rurales y a las grandes empresas del agrobusiness, que operan en gran medida para los mercados foráneos. Hace años que los nuevos regadíos han dejado de estar acompañados de procesos de colonización, con el asentamiento paralelo de nuevos agricultores. Las transformaciones agrarias en regadío para agricultura de exportación no serían rentables si tuvieran que pagar el "coste real" del recurso agua [Rosell, Alcántara y Viladomiú , 1995]. "Es más, ni siquiera los ingresos brutos que cosechan los agricultores de regadío por cada metro cúbico de agua aplicada alcanzan, en muchos casos, las más de doscientas pesetas a las que se está facturando en muchos casos el metro cúbico de agua para abastecimiento" [Naredo y Gascó , 1996].

En paralelo, la industria no abona el alto coste de depuración que implica el tratamiento de sus vertidos, que se mezclan normalmente con los efluentes residenciales, lo que dispara aún más los costes de depuración[9]. Pues si la industria tuviese que pagar el verdadero coste de abastecimiento, y especialmente depuración de sus vertidos, dejaría en la mayoría de los casos de ser competitiva. Por lo que se convierte en humo esa máxima de que "el que contamina paga". Y son los usuarios residenciales los que pagan, en mucha mayor proporción, los gastos (en ascenso) de abastecimiento y, sobre todo, depuración de las aguas en las grandes áreas urbano-industriales, a pesar de su menor contribución a los niveles de contaminación. Por último, a estos mismos usuarios residenciales, una vez que el agua en su zona de residencia ha dejado de ser válida para su consumo humano directo, se les obliga a tener que recurrir al mercado para satisfacer la necesidad vital del agua de mesa, abriéndose un área de negocio potencial enorme para las grandes empresas suministradoras. Vistas así las cosas, el conjunto del cuadro del consumo y tarificación del agua cobra un mayor significado.

En definitiva, el modelo de gestión del agua en el territorio español parece que está llegando al final de un ciclo. Si la situación en el resto de la UE ya es de por sí grave en este terreno, tal y como avanzaba la cita que abría este apartado, resaltando el hecho de la creciente contaminación de sus acuíferos subterráneos[10], debido principalmente a las prácticas agrícolas imperantes durante las últimas décadas. Acuíferos de los que se abastecen dos tercios de su población, debido a la orografía menos movida de su territorio (la cifra correspondiente aquí es de un tercio) [EEA , 1997]; y que tienden también paulatinamente a disminuir en muchas zonas. La situación aquí, al sur de los Pirineos, es sustancialmente más delicada, pues al deterioro de los recursos hídricos, se suma la acusada escasez en general de los mismos, con el agravante de que la actividad agrícola, urbano-industrial, y turística, demanda cantidades crecientes de agua, especialmente allí donde este líquido elemento es más exiguo. Habiendo sido posible hasta ahora este modelo, porque se han estrujado al máximo los recursos hídricos superficiales, y se ha estado tirando de agua fósil a un ritmo muy superior a su velocidad de reposición. Todo ello con altos costes ecológicos, económicos y sociales, que ahora afloran cada vez con más fuerza.

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Ramón Fernández Durán

Fecha de referencia: 25-07-2000