La protección del suelo agrícola en la Comunidad de Aglomeración de Montpellier (Francia)
Una combinación ganadora: leyes e instituciones que apoyan la agricultura junto a colectivos que defienden el territorio como bien colectivo

La ciudad de Montpellier, situada en la región mediterránea del Languedoc-Rousillon, es desde los años sesenta un centro de atracción de población. El continuo crecimiento demográfico ha ido acompañado de una expansión urbana que se va trasladando a municipios cada vez más alejados de la ciudad central, por territorios tradicionalmente vinculados a la agricultura, especialmente al vino. El crecimiento demográfico y la aún más intensa expansión de zonas urbanas están transformando los paisajes y las dinámicas socioeconómicas. Los nuevos desarrollos se basan en viviendas unifamiliares, en urbanizaciones de baja densidad con un considerable impacto en el consumo de suelo.

El atractivo demográfico se traduce en un conflicto entre los usos urbanos y los agrícolas, que se ven sometidos a una fuerte presión urbanizadora. Los pueblos del Bajo Languedoc han visto dispararse los beneficios de la venta de tierras, ante las expectativas de nuevas urbanizaciones. El metro cuadrado de suelo agrícola se valora a 1,3 euros (0,5 para las garrigas y los bosques) mientras que los terrenos urbanizables se pagan a 28 euros el metro cuadrado. A un agricultor ya mayor que no tiene quien quiera seguir con la labor, que se ha dedicado al vino y ahora ve como cambian los gustos y su uva ya no se vende tan bien, que sabe que, por su terreno cerca de Montpellier, le pagarían lo suficiente como para poder vivir con desahogo, no es extraño que le atraiga la idea de venderlo y retirarse.

Los nuevos habitantes traen consigo una manera diferente de relacionarse con el territorio, para ellos ya no es su objeto de actividad; por ello, crece la demanda de actividades de ocio al aire libre y los usos productivos de los suelos agrícolas van dejando paso a los recreativos. Las garrigas, que tradicionalmente fueron abiertas y accesibles, se van vallando y privatizando, por ejemplo para residencias particulares y cotos privados de caza.

Esto sucede en Francia, un país en el que el sector agrario tiene una capacidad organizativa y reivindicativa considerable; un país en el que la agricultura periurbana está presente en las reflexiones políticas y profesionales desde finales de los años sesenta y que se ha dotado de leyes y figuras para proteger los suelos agrícolas. Esta protección aparece en leyes sobre agricultura y desarrollo rural, entre las que destaca la  Loi relative au développement des territoires ruraux [Ley sobre el desarrollo de los territorios rurales] (DTR) de 2005, que establece la figura de  Périmètre de Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains [Perímetros de Protección y Revalorización de Espacios Agrícolas y Naturales Periurbanos] (PAEN); pero también en otras específicas sobre urbanismo como la  Loi Solidarité et renouvellements urbain [Ley de Solidaridad y Renovación Urbana] (SRU), en la que se afirma que el suelo es un recurso escaso y aboga por una gestión ahorradora de los espacios periurbanos.

Uno de los principales retos hoy en día es la gestión política de estos espacios periurbanos. Todos los actores coinciden en que la escala municipal está superada. En esta línea, 31 municipios crearon en 2001 la Communauté d'Agglomération de Montpellier [Comunidad de Aglomeración de Montpellier] que ocupa 55.435 hectáreas y alberga algo más de 400.000 habitantes.

Las comunidades de aglomeración tienen en el  Schemas de Coherence Territoriale [Plan de Coherencia Territorial] (SCoT) el instrumento básico para ordenar el territorio a escala supramunicipal. En la redacción de los SCoT de la Comunidad de Aglomeración se propuso ‘invertir la mirada’ para superar la aproximación tradicional en la que lo construido es lo que cuenta y el resto se ve como un vacío. Además —y esto es una novedad— se entiende que los espacios naturales y los agrarios forman un sistema y como tal han de ser considerados. Los SCoT proponen fijar unos límites claros y seguros al espacio agrícola, que eviten incertidumbres sobre su destino. También hablan de favorecer una economía local de agricultura periurbana, que además sirva para reforzar la identidad del territorio a partir de productos locales. A su vez consideran a la agricultura como una herramienta pedagógica y de inserción social.

Además de estos instrumentos de planificación, en el área objeto de estudio hay un interesante ejemplo de intervención pública para preservar el territorio como bien colectivo. Se trata de un proyecto sobre 537 hectáreas en Mas Dieu. Ante la amenaza de que se fuera a instalar una planta de residuos, los habitantes y las autoridades locales se movilizaron para proponer proyectos comunes en defensa de su territorio. Acudieron a una institución de sólida trayectoria, la  Société d'Aménagement Foncier et d'établissement Rural [Sociedad de Gestión Territorial y de los Establecimientos Rurales] (SAFER), que, entre otros cometidos, se ocupa de facilitar el acceso a la propiedad de las fincas a los colectivos con proyectos de gestión territorial de interés público. La SAFER de Languedoc-Roussillon compró los terrenos y se pusieron en marcha distintas iniciativas recreativas, agrícolas y de divulgación.

En el caso de la Comunidad de Aglomeración de Montpellier merece la pena destacar:

• La búsqueda de alternativas para una agricultura en recomposición, fomentando la multifuncionalidad de las áreas agrícolas y la apertura de nuevas vías de comercialización.
• El reconocimiento de la utilidad del pastoreo para reducir el riesgo de incendio y el apoyo a iniciativas para mantener la garriga como espacio abierto y público.
• La existencia de legislación con figuras de protección específica sobre áreas agrícolas periurbanas.
• El plan de ordenación supramunicipal, que considera que el conjunto de los espacios agrícolas y naturales conforma un sistema que hay que proteger.
• Montpellier aspira a convertirse en un referente mundial en biodiversidad urbana.
• Las iniciativas para preservar el territorio como bien colectivo pueden contar con la intervención de una institución estatal que les facilita el acceso a las fincas.