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La desigualdad urbana, y su reflejo en la existencia de barrios
desfavorecidos, es un tema de actualidad. Los Organismos
Internacionales muestran constantemente su preocupación y
reclaman actuaciones especificas para estos problemas. Muchos
gobiernos europeos, y de otros continentes, han abordado
políticas de ciudades con objetivos de cohesión social. Cada vez
hay más iniciativas en barrios que provienen de sectores de ONGs
y del movimiento ciudadano, y el sector privado participa cada
vez más en organismos de cooperación para la regeneración de
barrios desfavorecidos.
Las Declaraciones de las Conferencias mundiales de Naciones
Unidas, suscritas por el Estado español, vienen reclamando otras
maneras de hacer política en las ciudades, y una nueva
gobernabilidad, y para ello han aprobado la Agenda 21 de Río en
1992 (Cumbre sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el
Programa de Acción de Copenhague en 1995 (Cumbre sobre Desarrollo
Social) y la Agenda Hábitat de Estambul en 1996 (Cumbre de las
Ciudades).
La OCDE ha publicado informes sobre Innovación social en el
ámbito local (1995), Gestión urbana sostenible (1996) e
Integración de barrios desfavorecidos (1998) en los que analiza
las políticas en curso en distintos países, destacando los
problemas existentes y recomendando líneas de actuación. En el
contexto de la elaboración de este último informe se han
realizado los trabajos que se presentan en este documento.
La Unión Europea ha incluido en el Tratado primero en Maastricht
y después en Amsterdam, la sostenibilidad y la cohesión social,
como objetivos de la política comunitaria. Las últimas
presidencias (Francesa, Española, Holandesa e Inglesa),
prepararon informes y celebraron seminarios sobre los contenidos
de una nueva política de ciudades. A su vez en la Agenda 2000,
se ha establecido la atención a los barrios desfavorecidos como
un criterio importante para la asignación de recursos en los
distintos objetivos, especialmente en el nuevo Objetivo 2.
La Comisión Europea ha iniciado recientemente el proceso para
definir como han de ser los criterios con los que contemplar las
ciudades, en la aplicación de la Agenda 2000 a los programas
marco nacionales de los Fondos Estructurales (2000 - 2006):
La Política de Ciudades, y la atención a los barrios
desfavorecidos, es por lo tanto además de un tema de debate
internacional importante, un elemento político de máxima
actualidad en 1999.
Los estudios realizados muestran que existe una fuerte
concentración espacial de la desigualdad en las ciudades
españolas. Según los criterios que se utilicen para su
cuantificación se puede estimar que entre un 15 y un 20% de la
población de los municipios mayores de 20.000 hab vive en barrios
desfavorecidos, es decir entre 4 y 5M de hab de los 25 M hab que
residen en estos municipios.
Naturalmente no todos los residentes de estos barrios pertenecen
a grupos desfavorecidos, pero los barrios tiene procesos
acumulados de vulnerabilidad que inciden en las oportunidades y
calidad de vida de sus vecinos, como se observa en las áreas
estudiadas. Por otro lado, en el resto de la ciudad viven en
forma dispersa otras personas y familias pertenecientes a grupos
vulnerables, que este trabajo no tenía por objeto estudiar. Tanto
los barrios, como los habitantes merecen que se les considere de
forma especifica, para resolver sus problemas, que también
afectan a la sociedad globalmente.
Se han detectado barrios desfavorecidos en todo tipo de
municipios, grandes y pequeños, de las distintas regiones
españolas. En unos casos la desigualdad respecto al conjunto
nacional es grave, pero también en las ciudades de las regiones
más ricas hay grandes desigualdades internas.
En el estudio realizado en municipios mayores de 50.000 hab se
han detectado 374 barrios desfavorecidos mayores de 3.500 hab,
en los que residen 2,87 M hab, es decir, un 14,4% de los 20 M hab
de estos municipios. Dado que la metodología utilizada en este
trabajo (propuesta por la OCDE para tener datos comparables entre
los distintos países), estudiaba el desfavorecimiento respecto
a las medias nacionales, y dados los fuertes desequilibrios
territoriales existentes en España, este conjunto de barrios no
incluye algunas situaciones graves de desfavorecimiento en los
municipios de las regiones ricas españolas. Es decir, todos los
barrios seleccionados pueden considerarse desfavorecidos, pero
hay también otros barrios desfavorecidos en muchas ciudades. En
el capitulo 3, en los apartados 3.1 y 3.3, se muestran datos que
completan la visión del desfavorecimiento, incorporando criterios
de desigualdad municipal y regional, además de la desigualdad
nacional.
A la hora de plantear formas de actuación, no se deben utilizar
tan solo métodos cuantitativos de análisis, ni tan solo métodos
estadísticos como el utilizado en este trabajo que se basa en la
información de los censos de 1991. El análisis cualitativo es
fundamental para identificar los barrios desfavorecidos, y la
formulación de los diagnósticos con los afectados es
indispensable si se quieren abordar actuaciones con visos de
éxito. Sin embargo, los trabajos aportados permiten una buena
aproximación al conjunto del territorio aunque requiera mejoras
en el análisis, y puede convertirse en un embrión de observatorio
al que incorporar próximamente los padrones de 1996 y
posteriormente los censos del 2001.
El análisis pormenorizado de los 374 barrios ha permitido
establecer una tipología de barrios desfavorecidos en las
ciudades españolas, que tienen una casuística diferente y que
requieren, por lo tanto, distintas formas de actuación:
Los barrios desfavorecidos padecen situaciones de fuertes
desigualdades múltiples con altos valores de paro, eventualidad,
baja cualificación laboral y formativa, etc., que se traducen en
escasez de recursos económicos (pobreza relativa o absoluta).
Esta situación esta muy extendida en amplias zonas de las
ciudades españolas, que si bien no llegan a alcanzar los limites
de desigualdad que se ha valorado como desfavorecimiento,
constituyen, sin embargo, áreas de vulnerabilidad que afectan a
distritos completos de gran extensión en los que se encuentran
las bolsas de mayor pobreza y exclusión.
Los factores que parecen determinar la vulnerabilidad, según se
ha observado en el estudio cualitativo de 50 barrios en los que
las administraciones están desarrollando actuaciones, son de
índole diversa, incluyendo factores físicos (distorsión entre la
infraestructura y los usos, deterioro y deficiencias
ambientales), sociales (desequilibrios demográficos, inmigración,
baja cualificación educativa, rechazo cultural y aparición de
actividades marginales) y económicos (precarización de la
comunidad, marginación de actividades tradicionales e impacto de
políticas sectoriales). Unos u otros, combinados de distinta
forma, interactúan en estos barrios impulsando el
desfavorecimiento.
Las conclusiones que se han ido apuntando parecen indicar la
necesidad de situar a nuestro país en el debate europeo sobre las
cuestiones urbanas, máxime cuando este debate está influyendo en
el diseño de las nuevas políticas comunitarias que, a partir del
año 2000, sustituyen al marco actual de los Fondos estructurales
de la CE.
El análisis de las políticas en curso en los barrios
desfavorecidos ha mostrado la aparición de algunas políticas
sectoriales, la acumulación (a veces secuencial) de actuaciones
en un barrio, y la realización, en muchos casos, de grandes
esfuerzos de coordinación aunque no siempre con medios adecuados,
y sin la suficiente integración de las políticas.
Se ha podido comprobar la carencia de iniciativas (estudios,
redes, observatorios, etc) que analicen las situaciones de
desfavorecimiento y sus tendencias, hagan un seguimiento de las
actuaciones y de sus resultados, reflexionen sobre las políticas
necesarias y divulguen ampliamente las experiencias positivas y
las prácticas inadecuadas.
La integralidad necesaria en las políticas requiere nuevos
planteamientos de la práctica administrativa, buscando mecanismos
de cooperación entre los servicios sectoriales y los niveles
administrativos, siempre con aplicación del principio de
subsidiariedad especialmente en la ejecución. Pero también y
fundamentalmente una mayor participación de los afectados
(vecinos, asociaciones, empresas, etc.), y el liderazgo municipal
que fomente el consenso y el desarrollo de mecanismos
comunitarios de actuación al nivel de barrio.
Para abordar estos temas sería conveniente definir una Política
de Estado para las ciudades, con acuerdo de las tres
administraciones, que impulsara conjuntamente marcos de
actuación, difusión de cultura de intervención y criterios para
aportar a las políticas de la Comunidad Europea.
Este documento presenta información y técnicas que pueden ser
útiles para el debate y para la elaboración de criterios de
actuación y la definición de áreas elegibles para las distintas
políticas.
El desarrollo de este tipo de políticas requiere que las
Administraciones Central y Autonómica mantengan un diálogo con
las ciudades en todos aquellos aspectos que se relacionan con la
necesidad de colaboración entre los diferentes niveles
administrativos, para la actuación integrada sobre el hábitat.
Las políticas a desarrollar afectan al conjunto de la ciudad, al
modo de vida urbano tal y como lo desconocemos, y a la practica
del gobierno y la democracia local.
Fecha de referencia: 20-10-2001
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