Acción ciudadana para la Justicia y la Democracia (Chile)

Fecha de referencia: 26-07-98

Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 1998, y catalogada como BEST. ( Best Practices Database.)
País/Country: Chile

Región según Naciones Unidas: América Latina
Región ecológica: continental
Ámbito de la actuación: provincial/estatal
Instituciones: ONG, Fundación

Categorías = Erradicación de la pobreza: formación profesional. Servicios sociales: reducción y prevención del delito, seguridad ciudadana. Buena gestión urbana: recursos humanos y formación de dirigentes.

Contacto principal:
FORJA (ONG)
Sebastián Cox Urrejola
Ernesto Reyes 065 Providencia
Santiago de Chile
Chile
Tel: (56-2)735 4945/737 8598
Fax: (56-2)777 6196
E-mail: forja@netup.cl
http://www.redesol.cl/forja

Socio:
Fundación Ford (Fundación)
Agusto Varas
Lyon 806
Santiago de Chile
Chile
Colaboración técnica

Socio:
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (FNSP) (Fundación)
Pablo Saball
Londres 33
Santiago de Chile
Chile
Colaboración técnica

R E S U M E N

1. Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de ayuda y asesoramiento legal para los sectores más pobres, para lo cual se propone exigir que las instituciones encargadas de la asistencia legal a los sectores de bajos ingresos ofrezcan a los operadores de justicia, y a los que quieren llegar a serlo, una formación adecuada y cualificada para desempeñar su función.
   
2. Contribuir a una mejor coordinación y distribución de estos operadores de justicia mediante la identificación y la caracterización de los programas que se encargan de la asistencia legal y del trabajo de información a los pobres y a los grupos discriminados socialmente, para crear posteriormente una red nacional con dichos grupos.
   
3. Facilitar, especialmente a los sectores más desatendidos, el acceso a la información y a las actividades sobre derechos del ciudadano, mediante la elaboración de folletos con información actualizada sobre las situaciones sociolegales más habituales a las que se enfrentan estos grupos.
   
4. Reforzar la educación ciudadana, mejorar la calidad de vida de los pobres y facilitarles el acceso a la justicia. Esto se logra mediante la capacitación en temas legales de los líderes sociales de las comunidades y mediante el establecimiento de una organización comunitaria específica (Grupos de Consultantes Legales para el Barrio). Estas personas o estos grupos son autónomos, se asocian con instituciones de carácter regional o funcional, y su trabajo va encaminado, sobre todo, a superar la situación de falta de información, de orientación y de soluciones para los conflictos que se vive a diario en los barrios.
   

Fechas clave

D E S C R I P C I Ó N

Situación antes del inicio de la iniciativa
En el ámbito político y, más concretamente, durante los gobiernos democráticos (1990-2000), este proyecto ha demostrado su voluntad de introducir cambios en el sistema judicial.
En la actualidad el parlamento ha empezado a desarrollar dos proyectos de ley que precisamente tratan sobre la mejora de las condiciones de acceso a la justicia y la asistencia legal para la población en general.
Hay que destacar que es necesario entender el problema del acceso a la justicia como uno de los pasos para la erradicación de la pobreza, pues ambos están interrelacionados. Esta afirmación viene corroborada por el excelente estudio que ha llevado a cabo la Corporación de Promoción Universitaria, en el que se muestra cómo perciben muchos pobres el tema del acceso a la justicia: un alto porcentaje de los ciudadanos, especialmente, entre los sectores más pobres, no tienen acceso al sistema judicial chileno, o desconfían de él. Además, estos ciudadanos empobrecidos no creen que el sistema de administración de justicia se dedique a resolver los problemas de la sociedad, más bien les parece que el sistema se caracteriza por su lentitud, su arbitrariedad y su ineficacia, aparte de ser caro, discriminatorio y de estar basado en la confrontación. Por todo ello, se ve como un sistema incoherente y que no se ha adaptado al proceso de democratización y modernización que está atravesando el país.
Esta falta de acceso a la Justicia contribuye a la fragilidad y a la deslegitimación del sistema político, que se pone de manifiesto en algunas de las peligrosas tendencias actuales, como la difícil coexistencia pacífica, la inseguridad y la falta de defensa legal, que afectan a la ciudadanía en su conjunto. A estas limitaciones del orden orgánico y estructural se añade que el camino que ha elegido el sistema jurídico para administrar la justicia y resolver los conflictos pasa en la actualidad por el empleo de la confrontación. Los métodos de resolución de conflictos sin confrontación están deslegitimados y no reciben la atención que merecen, con lo cual parece que el recurso al sistema judicial no hace sino agravar los problemas y las tensiones entre las personas, haciendo más díficil todavía la convivencia pacífica en la familia, el trabajo y el barrio.

Preparar la información y aclarar prioridades
Una vez comprendida esta realidad, el equipo FORJA ha puesto en marcha un programa inspirado y motivado por los criterios que se describen a continuación. El resultado final, es el programa "Acciones Ciudadanas por la Justicia y la Democracia" que ha sido presentado a la Fundación Ford.
Las principales intenciones que inspiran el trabajo desarrollado se describen a continuación:

1. Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de ayuda y asesoramiento legal para los sectores más pobres, mediante las siguientes propuestas: exigir que las instituciones encargadas de la asistencia legal a los sectores de bajos ingresos ofrezcan a los operadores de justicia, y a los que quieren llegar a serlo, una formación adecuada y cualificada para desempeñar su función.
   
2. Contribuir a una mejor coordinación y distribución de estos operadores de justicia mediante la identificación y caracterización de los programas que se ocupan de dar asistencia legal e informar a los pobres y a los grupos discriminados socialmente, para crear posteriormente una red nacional con dichos grupos.
   
3. Facilitar, especialmente a los sectores más desatendidos, el acceso a la información y a las actividades organizadas sobre derechos del ciudadano mediante la elaboración de folletos con información actualizada sobre las situaciones sociolegales más habituales a las que se enfrentan estos grupos.
   
4. Reforzar la educación ciudadana, mejorar la calidad de vida de los pobres y facilitarles el acceso a la justicia. Esto se logra mediante la capacitación en temas legales de los líderes sociales de las comunidades y mediante el establecimiento de una organización comunitaria específica (los Grupos de Consultantes Legales para el Barrio). Estas personas o estos grupos son autónomos, se pueden asociar con instituciones de carácter regional o funcional, y su trabajo va encaminado sobre todo a superar la situación de falta de información, de orientación y de soluciones para los conflictos que se vive a diario en los barrios.

Formulación de objetios y estrategias y movilización de recursos

1. Los actores
Tanto la Corporación FORJA como la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, que ha patrocinado la iniciativa a través del Programa Servicio País, han aportado jóvenes profesionales para desarrollar el programa. Por otra parte se ha contado con la colaboración de las siguientes instituciones en distintos momentos del programa: el Ministerio de Justicia, mediante el Programa de Acceso a la Justica, la Corporación de Asistencia Judicial, Fosis, la Fundación Andes, los Ayuntamientos y otras instituciones gubernamentales.

2. Objetivos específicos.
Las intenciones de FORJA se materializan en los siguientes objetivos:

• Elaboración y utilización de una Guía Nacional de Programas e Instituciones que ofrezcan información, educación y asistencia legal dirigidos a los sectores desfavorecidos.
  
• Elaboración y utilización de una guía sobre informes instructivos y medios de información, asistencia y acción sociolegal dirigidos a los sectores desfavorecidos.
  
• Elaboración y distribución de una propuesta de programa y de un modelo de capacitación sociolegal adecuado para lograr la mejor atención a las personas de recursos limitados, así como la resolución de los conflictos que se presentan.
  
• Elaboración y puesta en marcha de un programa de formación para líderes sociales comunitarios, que serán capacitados en materias sociolegales para posteriormente convertirse en Líderes Comunitarios en temas Legales.
  
• Creación y funcionamiento de Grupos de Consultores Legales para el Barrio.
  
• Organización y desarrollo de iniciativas ciudadanas de interés general.

Proceso
El equipo FORJA determinó, de acuerdo con las líneas maestras aportadas por la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, las comunidades en las que se desarrollaría el programa Acciones Ciudadanas por la Justicia y la Democracia. Se empezó mediante un proyecto piloto en la comunidad de Valparaíso en 1993. Posteriormente, en 1995, ha comenzado la ejecución del proyecto oficial en el que los Grupos de Consulta Legal para los Barrios siguieron las etapas y líneas de actuación previamente definidas. En concreto, se ha intervenido en las siguientes localidades de la capital y de la 5. y 6. región: La Pinta, El Bosque, Pomaire, Placilla, Nancagua y Valparaíso.
Una vez establecidas las localidades, el programa comenzó a tomar forma. En ese momento empezó, por una parte, la coordinación con los ayuntamientos y organismos gubernamentales y, por otra parte, el contacto con las organizaciones de base y otras instituciones no gubernamentales, todo ello para encontrar a los distintos agentes interesados en participar en la propuesta.
A continuación, y teniendo en cuenta y definiendo la realidad específica de cada comunidad o localidad, especialmente en lo que se refiere a los aspectos rurales, los miembros del proyecto propusieron los temas socio-legales en los que se centrarían los instructores profesionales del proyecto. Estos instructores asumieron, por turnos, la responsabilidad de elaborar el material educativo necesario para la formación de los Líderes de la Comunidad en temas Legales.
El material educativo tenía que abarcar los temas de Familia, Propiedad, Herencia, Trabajo, Seguridad Social, Políticas Sociales y Justicia para los Ciudadanos y la Comunidad. Para cada una de estas áreas temáticas se preparó una carpeta independiente, que incluye ejemplos adicionales de casos prácticos y ejercicios para su posterior evaluación.
En las primeras etapas del programa, y después de una selección, se informó a los participantes sobre las características del proyecto a nivel local, y comenzó su formación y la capacitación de los grupos locales implicados en el proceso. FORJA comprobó que la identificación del espacio comunitario como ámbito de actuación es fundamental para la capacitación de los líderes, la creación de las asociaciones y la posterior comunicación de estas asociacionse con otras instituciones. A raiz de este descubrimiento, FORJA cambió el proceso de convocatoria para el programa. En lugar de lanzar el proyecto a través de las ONGs, se anuncian y difunden las ideas en las que se basa el programa tanto a través de las ONG como de los ayuntamientos, que han establecido acuerdos para trabajar conjuntamente.
En un principio, al formular las estrategias de FORJA, algunas personas señalaron que la formación de cada líder repercutiría sin duda en su crecimiento personal, y que esa formación debería ir acompañada de la creación de grupos que refuercen a estos líderes, y en los que además de los miembros legales participarían personas de apoyo. Siguiendo con esta idea, se propuso la constitución legal de las Asociaciones Comunitarias de Extensionistas Jurídicos, así como que estas asociaciones deberían asumir la responsabilidad de crear un núcleo de trabajo denominado Grupos de Consultores Legales para el Barrio.
El programa exige un compromiso a largo plazo de los líderes comunitarios, además de otras responsabilidades concretas antes de que él o ella pueda ser reconocido oficialmente como Líder de Comunidad en temas Legales. Estos requisitos incluyen un período de preparación de 12 meses, con 45 sesiones de trabajo en las que se promueve la metodología participativa en relación con la evaluación y trabajo práctico.

Metodología
De acuerdo con los objetivos del programa Acción Ciudadana para la Justica y la Democracia, proponíamos una serie de criterios metodológios que deberían estar presentes en el periodo de formación.
1. Una metodología participativa
Un primer criterio que engloba varios elementos de la propuesta es la necesaria participación de las personas interesadas en los temas socio-legales, con el objetivo de convertirse en ciudadanos activos, críticos y que hacen propuestas en sus localidades geográficas.
Por ello, el proceso socio-legal trata de incorporar a ciudadanos que puedan tener experiencia o conocimiento específico de los usos sociales o costumbres locales de un área; no se trata de incorporar a personas que carecen de conocimiento en estas materias, por mucho interés que puedan mostrar en aprender.
2. El proceso de formación o capacitación es responsabilidad de cada uno.
Para lograr este propósito es preciso entender desde el principio que la gente responsable del proceso de capacitación son los mismos participantes, entre los que se incluyen tanto a los instructores como a los seleccionados. Se trata de un compromiso de tiempo y de voluntad que todos deberían asumir.
En el plano del compromiso, el deseo o la voluntad se traduce en actitudes, que se manifiestan a su vez en acciones concretas. El programa intenta ofrecer un espacio de formación para esas actitudes y acciones ciudadanas.
3. El formador profesional: un facilitador del aprendizaje.
El papel del profesional en este proceso de capacitación es el de consejero, que ofrece guía y ayuda tanto a las personas como a los grupos que se están capacitando.
La tutela adecuada se consigue con el tiempo, según el instructor va conociendo las caractísticas de las personas y de los grupos participantes. Por otra parte, debe afrontar los problemas con flexibilidad y aplomo, y demostrar su compromiso profesional hacia los participantes -y viceversa-.
El instructor profesional también cumple la función de facilitar el aprendizaje gracias a su conocimiento de la materia, tanto por sus estudios como por su experiencia. Tiene que actuar como un facilitador del conocimiento y ser capaz de integrar y complementar los nuevos campos de información y las normas legales e institucionales con las creencias, costumbres e ideas con que los participantes llegan al programa.
4. Las técnicas del aprendizaje socio-legal.
Las técnicas del aprendizaje socio-legal son todas aquellas experiencias y prácticas ciudadanas que se utilizan para conducir el periodo de formación.
Para que la utilización de estas técnicas de aprendizaje sea mucho más eficaz para los participantes, es preciso recurrir a instrumentos como la memorización, la interacción del grupo, la expresión individual, la evaluación del aprendizaje, el respeto mutuo y la valoración de las diferencias individuales de los participantes, la escucha atenta, el reconocimiento de la capacidad de cada persona, el refuerzo del grupo y la superación de las debilidades de cada persona.
El empleo de una determinada técnica puede estimular o inhibir la puesta en práctica de las líneas del programa. A menudo depende de la composición específica de cada grupo, y en consecuencia, es fundamental la experiencia que el instructor profesional puede aportar para guiar al grupo.
Por otra parte, el programa apoya la constitución legal de asociaciones, que en el futuro pueden garantizar la autonomía y autosostenibilidad del trabajo iniciado.
Los líderes legales se preparan para informar, guiar y mediar de forma gratuita en los casos prejudiciales.

Obstáculos y logros
Entre los obstáculos cabe citar un problema que puede afectar al deseado incremento del patrimonio social y que está relacionado con las características propias de la participación indirecta. La formación de los líderes sociales, a pesar de todos los aspectos positivos previamente mencionados, puede contribuir a reforzar su patrimonio personal en lugar de revertir a la comunidad en la que se generó.
En cuanto a los logros, después de cuatro años desarrollando el programa, se pueden destacar los efectos positivos que ha tenido en las costumbre, los valores y las normas, todo lo cual se refleja en el mayor grado de lealtad, solidaridad e intercambio entre los vecinos de las comunidades seleccionadas.
A su vez, la atención que otros líderes sociales, formados y respetados en sus comunidades, han prestado a los Grupos de Consulta Legal para los Comunidades, supone un incremento del patrimonio social de la comunidad.
Por último estos Grupos de Consulta Legal para las Comunidades funcionan como un agente de socialización de las nuevas formas de resolución de conflictos, y ofrecen un instrumento de satisfacción de las necesidades basado en el respeto y la paz. Los líderes cuentan con la ventaja de conocer -a través de la experiencia- la aspiraciones y los problemas sociolegales de los pobres. También conocen la trayectoria de su comunidad y de su entorno, con lo cual pueden proponer las soluciones más apropiadas para su comunidad, teniendo también en cuenta las instituciones legales, económicas y sociales. El nivel de legitimidad de cada líder en su cominidad se ve reforzado aún más cuando se reconoce la efectividad y eficacia de su trabajo.

Un impacto significativo
La experiencia muestra muchos de los importantes logros que se consiguen al cambiar el control político de los recursos econóicos y sociales para el desarrollo de la comunidad. Básicamente, se han conseguido actores nuevos, Lideres Comunitarios en temas Legales y un nuevo recurso para la sociedad civil.
El programa Acciones Ciudadanas por la Justicia y la Democracia, funciona en la actualidad en 12 nuevas localidades, con el apoyo de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, que a su vez participa en un grupo para ejecutar el programa en nuevas comunidades con nuevo material educativo y mediante profesionales del Programa Servicio País. Como equipo de trabajo, queremos aumentar el nivel de participación de los ciudadanos en la sociedad civil. En conreto, queremos que esos ciudadanos estén correctamentre informados de sus derechos y que sean capaces de organizarse y participar en el control fiscal y político de las instituciones públicas. Al hacerlo, contribuirían de manera importante a la creación conjunta de una ciudadanía más democrática, fomentando las condiciones para lograr una convivencia pacífica en la sociedad civil.

Referencias

Magazine Vida y Derecho. (Publicación cuatrimestral de FORJA)

(1990) Guía para la acción de los operadores de justicia con los pobres. (Marzo de 1990)

(1997) Catastro Nacional de Instituciones que Prestan Asesoría Jurídica a Sectores Pobres. (Marzo de 1997)