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Buenas Prácticas > Concurso Internacional > 1998 > http://habitat.aq.upm.es/dubai/98/bp146.html

Proyecto Mabote: haciendo frente a la urbanización acelerada de Lesoto (Lesoto)


Fecha de referencia: 26-07-98

Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 1998, y catalogada como GOOD. ( Best Practices Database.)
País/Country: Lesoto

Región según Naciones Unidas: África
Región ecológica: Montañosa
Ámbito de la actuación: Barrio
Instituciones: Gobierno central, paraestatal, organización de base comunitaria (OBC)

Categorías = Erradicación de la pobreza: acceso a créditos; generación de ingresos: creación de puestos de trabajo, formación profesional. Vivienda: acceso a la financiación de la vivienda; vivienda asequible; industria de la construcción; carencia de hogar; propiedad del suelo y seguridad. Ordenación territorial: incentivos al desarrollo; urbanización y desarrollo del suelo; conservación de espacios libres; remodelación urbana y suburbana.

Contacto principal:
MAKALO THEKO
Dirección General de Suelos
P.O. Box 876
MASERU
Lesoto
100
+266 - 326367/324830
+266 - 311340
E-mail: selebalo@adelfang.co.za

Patrocinador:
Gobierno central

Socio:
Lesoto Electricity Corporation
MRS. M. MOREBOLI
P.O. BOX 423
MASERU
Lesoto
100
+266 312236
Colaboración técnica

Socio:
Grupos comunitarios
Varios c/o M. Theko
Varios
c/o M. Theko P.O. Box 876
MASERU
Lesoto
+266 326367 / 324830
+266 311340
selebalo@adelfang.co.za
Colaboración financiera

Socio:
MINISTERIO DE GOBIERNO LOCAL
SEMANO SEKATLE
P.O.BOX 876
MASERU
Lesoto
100
+266 32367/324830
+266 311340
E-mail: selebalo@adelfang.co.za

Colaboración administrativa


R E S U M E N

Originariamente, el Proyecto Mabote se concibió como un Programa de Parcelación y Servicios destinado a aliviar el problema general de la carencia de hogar en Maseru, así como a poner en marcha programas extensivos de intervención del gobierno para hacer frente al crecimiento de los asentamiento periurbanos. Se pensó que una intervención así podría no sólo mejorar las condiciones cada vez más degradadas de urbanización, con efectos tales como la pérdida de suelo agrícola a causa de estos asentamientos descontrolados, sino que podría facilitar también la realización de programas de vivienda asequible destinada a grupos de bajos ingresos, favoreciendo el acceso a la financiación de la vivienda por medio de la regularización de los títulos de propiedad del suelo bajo régimen de arrendamiento.

Desde el primer momento, la planificación y la puesta en marcha del proyecto se llevaron a cabo según un proceso consultivo, en el que se implicó a la comunidad local, lo cual sirvió para mantenerse continuamente al día de los rápidos cambios de circunstancias que se iban produciendo. Casi de la noche a la mañana, el proyecto cambió de forma y contenido, pasando de ser un Programa de Parcelación y Servicios a convertirse en un programa extensivo de mejora y realojamiento pensado para hacer frente a las complejidades de las formas tradicionales de propiedad y a la ocupación ilegal de suelos.

Cuando se puso en marcha, el proyecto aspiraba a ganarse los corazones y las almas de todos los agentes implicados, desde los líderes tradicionales que controlaban la asignación de suelos y los propietarios de suelo preocupados por la seguridad de sus propiedades y dispuestos, por tanto, a subdividir y vender sus tierras para viviendas, hasta quienes habían adquirido parcelas para viviendas y estaban igualmente preocupados por la seguridad de sus propiedades recién adquiridas, con el fin de que todos ellos comprendieran y asumieran las ventajas de someterse a la disciplina de la planificación urbana. Tras largas y difíciles negociaciones, todas las partes acordaron dejar en suspenso los procesos de desarrollo de sus solares mientras se llevaban a cabo las tareas de planificación e inspección. Ante todo, había que identificar todas las asignaciones de suelo existentes, dado que todos los propietarios de parcela iban a ser objeto de una relocalización de acuerdo con un nuevo trazado. El nuevo plan tendría en cuenta la asignación de suelo para carreteras, parques, escuelas, clínicas, zonas de juego para niños y cementerios, es decir, todas aquellas dotaciones que no existían según el sistema tradicional de asignación. Posteriormente, se suministraría agua, electricidad y otros servicios a la zona, de modo que la relocalización no tuviera que esperar hasta la terminación de las infraestructuras.

La claridad y la transparencia de los procedimientos de planeamiento y relocalización contribuyeron a alentar la colaboración de la población. Una vez completado el ejercicio de replanificación, el número de parcelas aumentó en un 26 % de 2.850 a 3.600. Todas las parcelas eran susceptibles de ser adquiridas bajo régimen de arrendamiento a 90 años. En los instrumentos de colaboración para el desarrollo participaban empresas paraestatales de servicios que utilizaban el marco de desarrollo para construir redes troncales destinadas a la electricidad, el agua y la telefonía. Se estableció además un servicio de crédito bajo el nombre Infraestructure Development Fund/INFUND (Fondo de Desarrollo Infraestructural), con el fin de proporcionar préstamos para la conexión a la red.

La instalación de servicios troncales y la oferta de sistemas reticulares para las conexiones a las propiedades supusieron un impulso fundamental a la industria de la construcción. Se calcula que los directamente beneficiados por el Proyecto Mabote en la forma de acceso a servicios ascienden a 18.720, tan sólo dentro de la zona de alcance del proyecto, mientras que la ampliación del programa ha beneficiado a por lo menos 12.600 hogares, correspondientes a una población aproximada de 65.000 personas.

En Mabote se ha establecido un centro de formación profesional y desarrollo empresarial dirigido a los ex-mineros. Este centro desarrolla también actividades lucrativas que han creado oportunidades de trabajo en la zona. Además del INFUND, el Proyecto Mabote ha impulsado el establecimiento de otro subprograma llamado Community Infraestructure Support Programme/CISP (Programa de Apoyo a la Infraestructura Comunitaria/PAIC). Este subprograma atiende a la construcción de carreteras en aquellas zonas donde la población ha aceptado las normas urbanísticas. En estos momentos, el PAIC es un gran programa de construcción de carreteras que actúa en todo Lesoto.

Al haberse convertido en el mecanismo de actuación más eficaz de Lesoto, el Proyecto Mabote se ha ampliado desde un único ámbito de proyecto en Maseru en 1985/86, hasta 36 áreas de proyecto distribuidas por ocho de los diez distritos del país, cubriendo enclaves tanto urbanos como rurales y ampliando su abanico a temas tales como el fomento de la capacidad de autogobierno entre grupos vulnerables, la remodelación urbana, el desarrollo de las inversiones y la promoción de las actividades cooperativas.

El programa ha demostrado la importancia de la paciencia y el pragmatismo en las negociaciones con los propietarios del suelo durante la introducción de un nuevo sistema de propiedad y registro del suelo, ya que ha quedado claro que el sistema tradicional de jefatura tribal era incapaz de hacer frente a las presiones de la urbanización acelerada.

Fecha Actividad/importancia
Febrero 1982 Se concibe el Proyecto Mabote como un programa de parcelación y servicios
Abril 1984 El Proyecto Mabote es declarado Área de Desarrollo Preferencial
Abril 1985 El gobierno, los líderes tradicionales y la población aceptan la concepción del proyecto
Agosto 1985 Los gobiernos de Lesoto y del Reino Unido firman un acuerdo de colaboración
Agosto 1989 El Proyecto Mabote se convierte en el Departamento de Desarrollo Urbano e incorpora el Fondo para el Desarrollo Infraestructural



D E S C R I P C I Ó N


La zona donde se inició el Proyecto Mabote, llamada Mabote por el nombre de un poblado, se encontraba hasta 1980 fuera del área municipal de Maseru. Al ser una zona rural, estaba administrada por jefes y por Comités de Desarrollo del Pueblo, órganos designados que asesoraban en cuestiones de asignación de suelos y otros asuntos relacionados con la planificación urbana. La zona estaba dedicada principalmente a cultivos cuando, en 1980, el gobierno introdujo una nueva legislación, la Land Act 1979 (Ley del Suelo 1979), cuyo carácter revolucionario consistió en desposeer a los jefes de su potestad de asignar tierras y concedérsela a los Comités de Desarrollo de los pueblos de las áreas rurales. En las zonas urbanas, este poder de asignación de suelo correspondía a los Comités de Suelo Urbano. Simultáneamente, el límite urbano de Maseru se amplió, incorporando la hasta entonces área rural del poblado de Mabote, cuya jefa era Makueba Majara; el poblado de Khubetsoana, liderado por la jefa Mahlathe Majara, y la zona de tierra cultivable perteneciente al poblado de Sekamaneng, al cargo de la jefa Manapo Majara.

La principal motivación para poner en marcha la iniciativa fue prevenir la proliferación de asentamientos no planificados que se podía esperar como resultado de la ira de los líderes tradicionales ante la usurpación de su autoridad. En el pasado, a los jefes les había resultado sencillo ganarse la colaboración de los propietarios de suelo rural para llevar a cabo la subdivisión clandestina y la venta de suelo con el objetivo de impedir los programas de desarrollo urbano elaborados por el gobierno. Esto era posible debido a que el gobierno no estaba obligado a pagar compensación por el suelo expropiado. Los propietarios de suelo, apoyados por sus jefes, podían subdividir y vender la tierra impunemente ya que parecía existir falta de decisión política para poner fin a esta práctica. Los asentamientos surgidos de esta forma de asignación del suelo carecían de viales y de cualquier otra forma de infraestructura. Debido a la configuración física caótica y a la disposición irregular de las propiedades en estos asentamientos, a menudo resultaba prácticamente imposible la incorporación posterior de infraestructuras sin incurrir en costes por completo prohibitivos. Al venderse el suelo sin que existiera ninguna planificación a la que atenerse, no se reservaba espacio para dotaciones tales como escuelas, zonas de juego para niños o enterramientos. Con anterioridad se habían elaborado varios planes de urbanización de asentamientos que no habían podido llevarse a cabo debido a la falta de cooperación entre las autoridades de planeamiento y los propietarios del suelo.

El gobierno central, los jefes y los propietarios del suelo no actuaban conjuntamente. Al hallarse los propietarios de suelo bajo la jurisdicción de los jefes, a éstos les resultaba más fácil manipularlos. De hecho, por una cuestión de protocolo, los funcionarios del gobierno no podían llevar a cabo ninguna actividad en ningún poblado sin el consentimiento y la implicación del correspondiente jefe. Esto generaba un contexto muy difícil para el gobierno central. Venía a agravar la situación el hecho de que el país se hallara por entonces bajo la dictadura de un partido único y que, por lo tanto, no existieran mecanismos adecuados para contrarrestar la situación existente.

Preparando el terreno para la intervención
El primer paso, llevado a cabo en febrero de 1982, fue proponer la idea de un Proyecto de Parcelación y Servicios a la jefa Makuena Majara del poblado de Mabote. La jefa se mostró partidaria del proyecto, aunque señaló que la tierra pertenecía a su gente, que eran quienes la cultivaban, y no a ella, y que, por tanto, la población tenía que estar presente en el consejo. Aconsejó también que se informara a sus vecinas, las jefas Mahlathe y Manapo Majara, ya que sus respectivas zonas iban a experimentar directamente las consecuencias de todo lo que se hiciera en Mabote. Ambas fueron consultadas y también se mostraron partidarias del proyecto en los mismos términos formulados por la jefa Makuena. A continuación se elaboró una propuesta de proyecto de parcelación y servicios bajo el título: "Mabote Pre-serviced sites Project" (Proyecto Mabote de parcelación con servicios previos). El título responde a la intención de recalcar ante el gobierno, los jefes y todos los beneficiarios potenciales que, al contrario de lo ocurrido con otros asentamientos, en este caso los servicios se desarrollarían antes de que las parcelas fueran asignadas.

En 1982 se sometió la propuesta a la consideración del gobierno y hubo que esperar a 1985/86 para obtener la financiación conjunta del gobierno de Lesoto y el gobierno británico.

Formulación de objetivos y de estrategias y movilización de recursos
Los objetivos originales establecidos para el proyecto de parcelación con servicios previos eran una combinación de los deseos de las comunidades locales y de los objetivos generales de desarrollo perseguidos por el gobierno.

Estos objetivos originales eran:

Tras un estudio de viabilidad se reformularon dichos objetivos de la siguiente forma:



El gobierno del Reino Unido puso los fondos para un estudio de viabilidad, la construcción de un oficina en el lugar y la adquisición de un vehículo y de equipo para la oficina. El gobierno de Lesoto, por otra parte, se encargó de financiar los salarios del personal y los costes de operación.

Se llevaron a cabo una serie de reuniones con las tres jefas, la Empresa Eléctrica de Lesoto, la Autoridad para el Agua y el Saneamiento y la por entonces llamada Oficina Municipal, predecesora de la actual Junta Municipal de Maseru, con el fin de acordar el contenido del proyecto y la manera de incorporar al consejo a los propietarios de suelo.

Las jefas organizaron reuniones informativas destinadas a convencer a los propietarios de suelo y a la población en general de que colaboraran. Por entonces, el proyecto ya se había ampliado e incorporaba el poblado de Mabote, bajo la jefatura de Makuena Majara; el poblado de Khubetsoana, a cargo de la jefa Mahlathe Majara, y el poblado de Sekamaneng, donde la jefa era Manapo Majara. La superficie correspondiente había aumentado de 100 Ha a 640 Ha.

Se había conseguido el apoyo del gobierno, el de la Overseas Development Administration/(ODA) (Administración para el Desarrollo Exterior/(ADE)) y el de las tres líderes tradicionales, así como la colaboración de los propietarios de suelo. Aún no se habían conseguido fondos para infraestructuras, ya que, según la ADE, la concesión de los mismos debía estar condicionada a la garantía de una cierta disciplina urbanística. La financiación inicial estaba destinada al establecimiento de la oficina y a la organización de los controles de planificación y análisis. Se obtuvo una franja horaria en la radio nacional para promover el proyecto y sus criterios de planeamiento.

Proceso de realización
El proyecto fue declarado Área Preferente de Desarrollo en abril de 1984. El objetivo de dicha declaración, un instrumento basado en la sección 44 de la Ley del Suelo de 1979, era anular todas las reclamaciones de propiedad sobre el suelo con el fin de asegurar un planeamiento sin contratiempos. En un principio se pensó que las jefas eran partidarias del proyecto debido a sus beneficios desde el punto de vista urbanístico y ambiental. Posteriormente, se hizo evidente que el principal valor del proyecto para las jefas era el hecho de que concentrara en su zona la demanda de parcelas para viviendas. Las jefas utilizaron sus proximidad a los responsables urbanísticos y el propio proceso consultivo para urdir estrategias destinadas a maximizar sus beneficios personales. Informaron a los propietarios de suelo de que el gobierno les iba a arrebatar sus tierras sin ninguna compensación para entregárselas a forasteros, y así les convencieron de que las vendieran. De la noche a la mañana, casi la totalidad de la zona se plagó de carteles de propiedad sobre las parcelas. Dado que muchas personas querían meterse en el Proyecto Mabote porque habían oído que la zona, al contrario que las restantes áreas periurbanas, tendría calles, agua, electricidad, escuelas, zonas de juego, etc, los precios del suelo se dispararon rápidamente de 400 millones a 600 millones por una parcela de 900 m2. Actualmente, estos precios serían el equivalente a 80 y 160 dólares EEUU, respectivamente. Esto ocurría alrededor de 1984/85. El proyecto, cuando por fin se puso en marcha, ya había dejado de ser un Proyecto de Parcelación y Servicios para convertirse necesariamente en un programa de mejora. Entre los incentivos de las jefas a la hora de facilitar las transacciones ilegales de suelo estaba el cobro de unos 20 dólares por la emisión de un documento de propiedad enmarcado de tal manera que daba a entender que había sido extendido previamente a la ampliación de los límites urbanos. La jefa obtenía además una porción de suelo del campo afectado para venderlo ella misma.

Ante esta situación, se planteaban tres opciones:

El director del proyecto, quien presenta esta práctica, aconsejó el reconocimiento de las asignaciones ilegales. Fue inmediatamente expulsado de la reunión en la que se discutían estas opciones y retirado del proyecto. La reunión prosiguió y se acordó aconsejar al Ministro del Interior, el jefe Sekhonyana Maseribane, que ordenara la anulación de las ocupaciones ilegales. Mientras la burocracia organizaba trabajosamente los preparativos para el asalto a las parcelas, la jefa Manapo Majara, sin que lo supiera el gobierno, enviaba emisarios a los barracones militares de Makoanyane para anunciar que los precios de las parcelas habían descendido de 400 a 100 millones. Al cambio actual, esto equivale a 80 y 20 dólares EEUU respectivamente. Su objetivo, tal como lo explica ella, era garantizar que el gobierno se encontrara con una situación demasiado explosiva como para hacer nada. Sin que, al parecer, tuviera conocimiento de esta nueva complicación y gracias a la intervención del prefecto jefe Masupha Seeiso, el primer ministro Leabua Jonathan ordenó al ministro Maseribane que suspendiera inmediatamente la acción prevista. La mañana misma en que se estaban agrupando en el lugar camiones y trabajadores convictos para entrar en acción, llegó la orden de suspensión del Ministro del Interior. A continuación se llevó a cabo una reunión de crisis a la que se invitó a participar de nuevo al director del proyecto anteriormente expulsado. Se había visto la necesidad de reconocer y regularizar las asignaciones ilegales.

Se acordó celebrar una reunión de todos los implicados, incluyendo los centenares de nuevos propietarios de parcelas, con el fin de convenir la forma de mantener los objetivos clave del proyecto. El precio que debían pagar los propietarios era la aceptación del planeamiento y la reducción del tamaño de las parcelas.

A continuación se llevó a cabo el registro y la representación cartográfica de 180 campos. Debajo de cada campo se anotaron los nombres de todos los propietarios. Aprovechándose del compromiso por parte del proyecto de realojar a todos los propietarios de parcelas, a menudo la lista de asignados excedía la capacidad del campo correspondiente, incluso tras la reducción de los tamaños de la parcelas.

El área del proyecto se dividió en manzanas definidas por calles. Las calles se trazaron mediante una máquina niveladora con el fin de determinar los límites de reserva de la calle y las lindes de las manzanas. Una vez trazadas las calles, se recurrió a una subdivisión rápida y sencilla de las manzanas para facilitar el reasentamiento. Se adoptó un sistema de numeración provisional para establecer los registros de parcela. La superficie media de éstas se redujo de 900 a 600 metros cuadrados, reservando los 300 metros cuadrados restantes a viales, equipamientos y dotaciones públicas. En una etapa posterior, o previamente en los casos en que se solicitó, se llevaron a cabo estudios catastrales completos con el fin de facilitar el registro de arrendamiento.

El proceso de planeamiento no tardó en verse sometido a la presión de ofrecer resultados rápidos. Se introdujo para ello un instrumento de planeamiento bautizado como "Tres paralelas". De acuerdo con este sistema, se establecía el punto medio entre dos lindes opuestas de la manzana y se trazaba una tercera paralela a éstas, definiendo sí sendas franjas que solían ser de 30 m de anchura. Posteriormente se subdividían estas franjas a intervalos de 20 m, obteniendo así las parcelas de la dimensión deseada.

En este momento, han pasado catorce años desde que el proyecto se puso en marcha, pero aún quedan algunos problemas pro resolver. Al no ser responsables del reasentamiento, la jefa y los propietarios de los campos acabaron haciendo asignaciones múltiples para una misma zona. En algunos casos, hubo personas que adquirieron certificados de asignación que no estaban asociados a ninguna localización concreta, esperando que fuera la oficina de proyecto quien los reasentara. A otras personas les costaba enormemente admitir la reducción en el tamaño de unas parcelas que habían adquirido previamente. Otros propietarios no afectados por los viales se negaban a ajustar sus parcelas a los planes, dificultando así el reasentamiento de los demás.

A la vista de este caos, la ADE retiró su apoyo, con lo cual no se pudo seguir manteniendo la promesa de la infraestructura. Aquello hizo aún más difícil el mantener la colaboración de la población. En un momento determinado, se les sugirió a las tres líderes tradicionales que había que abandonar el proyecto en conjunto. Ellas, seguramente temerosas de las posibles repercusiones del cierre del proyecto, se opusieron vehementemente. Se concibió una estrategia basada en talleres de formación previos al reasentamiento y se comprobó que quienes participaban en dichos talleres se mostraban más proclives a la colaboración.

Resultados alcanzados
En último extremo, no fue la designación de la zona como Área Preferente de Desarrollo lo que propició el que el proyecto funcionara, sino la paciencia en las negociaciones y la disposición a adaptarse a las circunstancias prevalecientes en cada momento. En su gran mayoría, las calles y las nuevas parcelas ya están terminadas. Hay escuelas, una clínica y zonas de juego paras niños y funcionan las principales infraestructuras. Existen también espacios libres concebidos desde la óptica del mantenimiento a través de medidas tales como la plantación de árboles.

Hacia 1990, las autoridades y los representantes de las poblaciones de otros lugares comenzaron a emular el Proyecto Mabote en sus respectivas zonas. Esto ha conducido a la reproducción del Proyecto Mabote en al menos otros 35 proyectos en todo el país.

Los residentes del Proyecto Mabote fueron informados de que iba a resultar difícil proporcionarles infraestructura dado que la ADE se había retirado y el gobierno carecía de fondos para ello. La población afectada dijo:

"No queremos fondos de nadie. Podemos pagarnos las infraestructuras. Nuestro problema es que las organizaciones de servicios quieren que les paguemos en el acto. Esto no nos lo podemos permitir, pero sí que podemos permitirnos el pagar plazos mensuales si se nos concede financiación por adelantado."

Esto supuso el inicio del Fondo para el Desarrollo Infraestructural, INFUND. De acuerdo con este sistema, el programa paga a la empresa de servicios al contado o a plazos convenidos y recupera el importe al cabo de un periodo acordado con el beneficiario.

Tanto el Proyecto Mabote como el subprograma asociado, INFUND, se han ampliado a los diez distritos administrativos de Lesoto
en la forma de 35 proyectos de base comunitaria y varios cientos de préstamos individuales para infraestructuras. Hasta este momento, son más de 65.000 personas las que se han beneficiado del programa. Recientemente se ha establecido otro subprograma heredero del Proyecto Mabote. Se trata del Community Infraestructure Support Programme /CISP (Programa de apoyo a la infraestructura comunitaria) y consiste en un programa de financiación de la construcción de calles basado en un sistema de parcelación y servicios. La importancia de estos programas reside principalmente en que han servido para que el gobierno se de cuenta de que, gracias a su aplicación, los beneficiarios han aceptado el planeamiento y han pagado el suelo, la electricidad y el agua. Esto ha contribuido a que el gobierno haya decidido garantizar la construcción de calles en los nuevos asentamientos.

Las mujeres han desempeñado un papel esencial en la toma de decisiones y en la gestión de los programas a nivel comunitario. Las estructuras de comités desarrolladas para los once programas de organización comunitaria que se completaron en 1996, reflejaban la práctica ausencia de sesgo en las responsabilidades: sobre un total de 350 hogares, con un 52 % de hombres y un 47 % de mujeres, los comités estaban formados por un 45 % de hombres y un 55 % de mujeres.

Como consecuencia de la coordinación impulsada por el Proyecto Mabote, tanto las empresas de agua como las de electricidad se convencieron de la conveniencia de desviar sus inversiones desde otras zonas al Proyecto, facilitando así la venta de sus servicios, sobre todo mediante préstamos para la conexión gestionados a través del INFUND. Todos los planes de asentamiento que se elaboran se comunican inmediatamente a las compañías de servicios para que éstas los puedan incorporar a sus planes de expansión.

A través de la demanda pública, como lo demuestran las invitaciones de miembros de la población y de las autoridades locales, el programa se ha ampliado a la totalidad de los diez distritos, ofreciendo servicios en áreas tanto urbanas como rurales. En 1989, el programa cambió de nombre y de ámbito operativo, pasando a convertirse en un departamento gubernamental llamado Urban Development Services (Servicios de Desarrollo Urbano). Esta iniciativa ha ejercido un impacto fundamental sobre el escenario urbanístico, al asegurar que grandes superficies de suelo se sometían al proceso de planificación y dotación de infraestructuras. Por otra parte, el programa se ha convertido en objeto privilegiado de investigación por parte de muchos estudiosos universitarios y los sistemas desarrollados a través del proyecto se han convertido en mecanismos habituales de actuación por parte del gobierno y de las organizaciones paraestatales. La planificación de los asentamientos se ha ampliado para incluir medidas de protección ambiental: por ejemplo, se aplica una tasa de protección ambiental del 3 % a la venta de parcelas. El sistema de compra de suelo a los propietarios con el fin de asegurar el planeamiento está empezando a ser superado por el propio programa, y se está considerando la forma de promover la capacidad del sector privado de urbanizar y proporcionar suelo. También se están explorando las posibilidades de forjar instrumentos de colaboración entre los propietarios de suelo y los financieros del sector privado. Gracias a estos sistemas se podría conseguir que la planificación y el desarrollo de suelo se obtuvieran a un coste cero por parte del gobierno, contribuyendo al mismo tiempo a fomentar la distribución de poder entre la población a través del incremento de las oportunidades de participación en las iniciativas de desarrollo de suelo.

En 1993 se restauró en Lesoto la democracia abolida por el golpe de estado de 1970 y se celebraron elecciones generales. En 1994, al racionalizarse los ministerios y las funciones gubernamentales, el programa, bajo la forma de Departamento de Desarrollo Urbano, se fusionó con el Departament of Land Surveys and Physical Planning (Departamento de Estudios de Suelo y Planeamiento Físico). Una posterior racionalización de los programas supuso la combinación del Department of Housing (Departamento de Vivienda) y el Departamento de Desarrollo Urbano en un centro único llamado Housing and Urban Development (Vivienda y Desarrollo Urbano). Estas fusiones crearon oportunidades para la unión de fuerzas entre las organizaciones implicadas. Gracias a ello, ha sido posible descentralizar los servicios. Actualmente, se están estableciendo oficinas regionales para ofrecer toda la gama de servicios que competen a la Dirección General. Por otra parte, se están asignando funcionarios a las poblaciones de distrito para proporcionar los servicios básicos de administración del suelo.

En concordancia con la capacidad de transformar los problemas en oportunidades de que ha hecho gala el programa en todo momento, cuando el gobierno decidió que no iba a financiar más la concesión de créditos hipotecarios, la idea de desarrollar instrumentos de colaboración y el fomento de la participación del sector privado en el desarrollo de suelo adquirieron nuevo impulso. En estos momentos se están llevando a cabo debates con los diversos grupos de interés e individuos implicados con el objetivo de definir los parámetros de este nuevo enfoque.

El programa ha evolucionado desde ser un simple mecanismo de promoción del planeamiento en las áreas periurbanas a convertirse en una herramienta mediante la cual el gobierno ofrece las zonas de alto valor que está ocupando en las áreas urbanas centrales a la iniciativa privada para que ésta las desarrolle comercialmente. El efecto de esta política ha sido facilitar la renovación urbana a medida que las nuevas promociones sustituyen a las antiguas. Los operadores del sector informal también se están organizando para determinar qué rasgos deben poseer las nuevas promociones pra facilitar sus condiciones de actividad. La intención del programa es invitar a dichos operadores del sector informal a participar en la construcción de las unidades comerciales previstas y a convertirse en propietarios de las tiendas, ya sea completamente o en colaboración con otros.

Por otra parte, el programa ha introducido un sistema paralelo y más rápido para la asignación de suelo que ha permitido superar los procesos burocráticos propios de los comités de suelo urbano.

Sostenibilidad
En sus inicios, el programa dependía de las subvenciones del gobierno, pero actualmente se autofinancia prácticamente en su totalidad. Los beneficiarios pagan todos los gastos de medición del suelo y dotación de infraestructuras, con la excepción de las calles, que son consideradas un servicio público. Así pues, no existe dependencia de ningún tipo de recursos externos. Las unidades familiares adquieren préstamos para la adquisición del suelo y la conexión de los servicios. El reembolso de estos préstamos se realiza mediante plazos mensuales o los empresarios los descuentan directamente de los salarios. Por ejemplo, todos aquellos trabajadores cuya paga depende directamente del gobierno firman una orden autorizando este descuento en nómina.

A quien solicita un crédito se le puede exigir una garantía prendaria por el mismo, aunque, en el caso de los empleados del gobierno, la autorización de débito es considerada garantía suficiente.

Debido a la sub-capitalización, el programa de adquisición de suelo para la planificación y la urbanización de parcelas vírgenes ha tenido un impacto limitado, por lo cual el gobierno ha dejado de suministrar fondos para la compra de suelo. Dado que los donantes no apoyan siquiera la idea de adquirir suelo, el programa se plantea en estos momentos el ofrecer asistencia en el planeamiento y fomentar el desarrollo del sector privado. Esto significa que los propietarios de suelo podrían urbanizar ellos mismos y promover viviendas bajo la dirección de los departamentos gubernamentales correspondientes.

Por otra parte, el programa de infraestructuras tuvo que enfrentarse al problema planteado por aquellos beneficiarios que no podían obtener una garantía prendaria o eran incapaces de devolver los préstamos. Para ello, se ha desarrollado un nuevo sistema, que en estos momentos se utiliza ampliamente, mediante el cual los miembros del proyecto ofrecen una garantía prendaria colectiva y asumen la responsabilidad de asegurar los reembolsos de todos los préstamos individuales. Este sistema queda ilustrado en el caso que exponemos a continuación.

El programa Ikaheng Likoti Electricity fue desarrollado para 54 hogares situados en un ámbito rural que solicitaron la conexión a la red eléctrica. Muchos de los participantes en el programa no podían obtener la garantía prendaria exigida. El enfoque que aquí se presenta es el más reciente dentro de la variedad de innovaciones concebidas para las personas sin recursos ni capacidad de acceder a instrumentos convencionales de garantía.
Programa: Programa Ikaheng Likoti
Servicio: Electricidad
Ámbito: Rural
N. de hogares: 54
Coste: 41.639 dólares EEUU
Depósito: Mínimo 10 % del coste = 5.400 dólares EEUU
Gastos de servicio: 5 % del coste = 2.082 dólares EEUU
Fondos ya recaudados por la comunidad: 5.200 dólares EEUU
Capital del préstamo individual:
Modalidad 1 (menos depósito): Normal= 710 dólares EEUU
Modalidad 2 (sin depósito) Adoptado = 810 dólares EEUU

La modalidad 2 se concibió expresamente para este proyecto. Mediante acuerdo con los beneficiarios, se decidió no utilizar la suma en depósito para reducir el coste de conexión del servicio, sino como garantía prendaria colectiva. El dinero se depositó en una cuenta en el Banco Central a nombre del grupo y del INFUND. A través de un acuerdo firmado conjuntamente con el comité, cada miembro debía pagar sus correspondientes plazos directamente al comité, quien por su parte debía asegurarse de que estos pagos se descontaban de las cuentas individuales. En caso de producirse algún atraso, el INFUND se reservaba el derecho a retirar la cantidad correspondiente de la garantía prendaria. Si, por el contrario, no se producían atrasos o los préstamos se pagaban en su totalidad, la cantidad correspondiente a la garantía prendaria, junto con los intereses acumulados, se devolvería en su totalidad al grupo. Se consideró que este mecanismo promovía la identificación con el programa y otorgaba a los beneficiarios la seguridad de que los préstamos iban a ser devueltos. De esta forma, el comité, el grupo y los miembros individuales actuarían como un conjunto cohesionado y dinámico a lo largo de todo el proceso.

El 31 de julio de 1996, se realizó el depósito de la garantía prendaria, consistente en 26.033,40 millones en bonos del tesoro. El 1 de mayo de 1998, debido a los intereses acumulados, la cantidad había aumentado a 33.700,00 millones. Esto representa un crecimiento del 29 %. Mediante este sistema, el coeficiente de devolución del préstamo es superior que cuando la recuperación del mismo es gestionada directamente por el departamento gubernamental. En este caso, el coeficiente medio de devolución mensual para 1996/97 fue del 97 %. Durante el periodo 1997/98, descendió al 92 %. Los coeficientes correspondientes a otros programas previos fueron del 76 % en el periodo 1992/93, del 81 % para 1993/94 y del 86 % para 1994/95.

La zona del Proyecto de Mabote se ha convertido en un gran asentamiento, diferente en carácter de otras áreas periurbanas de Maseru. En estos momentos posee la estructura de distrito electoral, bajo el nombre de Mabote, y está en situación de exigir atención y asignaciones de recursos por derecho propio.

Lecciones aprendidas
Este programa ha demostrado que las personas colaboran mejor en los esfuerzos por mejorar su calidad de vida cuando desempeñan un papel de responsabilidad en la identificación de sus problemas y en la planificación del modo de resolverlos. El programa ha ido evolucionando gradualmente desde una situación inicial en que era el organismo gubernamental quien se encargaba de recuperar los préstamos hasta la situación actual, en que dicha responsabilidad recae sobre el propio grupo comunitario. El resultado es que en este segundo caso ha aumentado el coeficiente de recuperación de los préstamos.

Por otra parte, el apoyo de la comunidad es también mucho mayor cuando los beneficios materiales del programa recaen directamente sobre la misma. Esto se ha visto de forma palpable en el caso en que los fondos comunitarios para el préstamo se han invertido en bonos del tesoro y además se han utilizado como garantía prendaria, de forma que la responsabilidad de la recuperación del préstamo se ha trasladado del programa a la comunidad. Este sistema es el que se utiliza actualmente de forma generalizada en los nuevos programas comunitarios.

Transferibilidad
La participación comunitaria es la clave para el éxito de los programas de desarrollo. Los habitantes de los asentamientos ilegales no están necesariamente en contra de la ley, y la paciencia el pragmatismo a la hora de tratar con ellos pueden contribuir a proporcionarles vivienda adecuada de forma mucho más eficaz que invirtiendo grandes sumas de dinero al modo convencional. Es esencial, por lo tanto, implicar a los beneficiarios desde las etapas iniciales de planeamiento del proyecto. Por otra parte, la experiencia nos ha permitido constatar que quienes necesitan vivienda no exigen necesariamente que sea el gobierno quien se la proporcione, sino que están dispuestos a realizar un esfuerzo de auto-financiación siempre que las condiciones se adecúen a sus circunstancias específicas.

Anteriormente a este programa, los planes de vivienda se llevaban a cabo recurriendo a los servicios de consultores para todos los aspectos de la intervención, lo cual daba lugar a un producto muy costoso.

La Corporación para la Vivienda y el Desarrollo del Suelo de Lesoto, así como el Departamento de Estudios de Suelo y Planeamiento Físico, ya han adoptado los sistemas elaborados dentro del Proyecto Mabote para el desarrollo de parcelas destinadas a vivienda asequible. El Consejo Municipal de Maseru también está siguiendo los mismos pasos. La Corporación para la Vivienda y el Desarrollo del Suelo de Lesoto ya ha desarrollado un importante programa de vivienda basado en los criterios del Proyecto Mabote en la periferia de Maseru. Por su parte, el Departamento de Estudios de Suelo y Planeamiento Físico ha llevado a cabo un proyecto similar en Maputsoe, en el distrito de Leribe.

A continuación se enumeran los proyectos desarrollados con arreglo al Proyecto Mabote:
DISTRITO PROYECTO NÚMERO DE PARCELAS POBLACIÓN BENEFICIARIA
1. Maseru
1.1. Proyecto Mabote 3.600 18.360
1.2. Ha Ratsoana 362 1,846
1.3. Parcelación y servicios de Ha Matala 206 1,050
1.4. Parcelación y Servicios de Khubelu 677 3.453
1.5. Electricidad de Maitin 20 102
1.6. Electricidad de Mafefooane 9 46
1.7. Electricidad de Semphetenyane 25 128
1.8. Electricidad de Tsoapo-le-Boila 35 179
1.9. Electricidad de Bosofo 21 107
1.10. Electricidad de Masafe. Fase I 30 153
1.11. Electricidad de Masafe. Fase II 49 250
1.12. Electricidad de Mafefooane 9 50
1.13. Electricidad de Senatsi 25 128
1.14. Electricidad de Roma 23 117
2. Qacha´s Nek
2.1. Electricidad de Maiteko 10 51
2.2. Parcelación y servicios de White City 69 352
3. Berea
3.1. Electricidad de Lithabaneng 83 423
3.2. Electricidad de Motjoka 18 92
3.3. Parcelación y servicios de Motjoka.
Fase I
70 357
3.4. Parcelación y servicios de Motjoka.
Fase II
250 1.275
3.5. Electricidad de Ikaheng Likoti 54 275
3.6. Electricidad de Mokhothu 64 326
4. Botha-Bothe
4.1. Electricidad de Boiteko 25 128
4.2. Parcelación y servicios de Khapung 550 2.805
4.3. Electricidad de Lipelaneng 97 495
5. Mokhotlong
5.1. Parcelación y servicios de Boiketlo 400 2.040
6. Mafeteng
6.1. Parcelación y servicios de Matholeng 758 3.866
6.2. Parcelación y servicios de Motse-Mocha 220 1.122
6.3. Granjas urbanas de Khubetsoana - -
6.4. Parcelación y servicios de Thabaneng 240 1.224
7. Leribe
7.1 Parcelación y servicios de Ha Nyene 1.010 5.151
7.2. Parcelación de Lipeketheng 471 2.402
7.3. Electricidad de Corn Exhange - -
7.4. Electricidad de Kolonyama 21 107
8 Mohale´s Hoek
8.1. Parcelación y servicios de Mohlakeng 1.000 5.100
8.2. Parcelación y servicios de la zona de la pista de carreras 350 1.785



Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.

Traducido por Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas.


Revisado por Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas.

Buenas Prácticas > Concurso Internacional > 1998 > http://habitat.aq.upm.es/dubai/98/bp146.html
 
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