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Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 1996, y catalogada como BEST.
(
Best Practices Database.)
País/Country: Senegal
Región según Naciones Unidas: África (Norte de África y Madagascar
incluidos)
Región ecológica: Árido y semiárido
Ámbito de la actuación: Nación
Instituciones: gobierno central, gobierno local, organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
organizaciones de base comunitaria (OBC), sector privado
(incluido el sector informal).
Palabras clave = Servicios básicos. Capacidad de gestión.
Participación comunitaria. Organización basada en la comunidad.
Impacto ambiental.
Categorías = Infraestructuras: abastecimiento de agua potable;
saneamiento; gestión y tratamiento de residuos. Vivienda y uso
del suelo: propiedad del suelo; ordenación territorial y
normativa (SIG incluido). Proceso de planificación regional y
urbana: planificación comunitaria; proceso consultivo; Agenda 21.
Contacto principal:
Projet DUA/GTZ
Avenue Roosevelt/Nelson Mandela
BP. 253 Dakar, Senegal
221 22 89 02 /22 32 04
Patrocinador:
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Germany
Hd. Frau Vogel
OE 1015
Postfach 5180, 65726 Eischborn Germany
Socio:
Landing SANE
Projet DUA/GTZ
BP. 253 Dakar, Senegal
221 22 89 02
Socio:
Jean Louis de Bie
Projet DUA/GTZ
BP 253 Dakar, Senegal
221 22 89 02
El Programa, que comenzó en 1987, confía en implicar (humana y
financieramente) a la población de estos suburbios en la mejora
de sus condiciones de vida.
El resultado que se espera del programa es conseguir alojamientos
adecuados a través de un enfoque que permita la mejora de las
viviendas con criterios que contribuyan a un medio ambiente sano.
Por ejemplo, se promueve activamente la legalización de los
asentamientos ilegales.
Los principales objetivos del proyecto son: la seguridad legal
para sus ocupantes mediante el título de propiedad del suelo, la
participación de la gente, la recuperación de gastos y la
capacidad de reinversión, la intervención mínima en
infraestructuras, y en el medio ambiente y la gestión del
entorno.
Inicio: 10/87
Final: 12/98
Este programa, que comenzó en 1987 en Dalifort (Proyecto piloto),
fue diseñado y ejecutado con el apoyo técnico y financiero de la
German Technical Cooperation (GTC) (Deutsche Gesellschaft fur
Technische Zusammenarbeit) en el mismo año. Confía en implicar
(física y financieramente) a la población de estos suburbios en
el proceso de mejora de sus condiciones de vida.
El Programa espera conseguir alojamiento adecuado a través de una
propuesta que permita la mejora de las viviendas con criterios
positivos para el medio ambiente, por ejemplo, promoviendo
activamente la legalización y mejora de los asentamientos.
El programa se puede definir en cuatro etapas:
El asentamiento elegido para ejecutar el proyecto piloto fue
Dalifort, una colonia de alrededor de 7.000 habitantes, situada
entre Dakar y Pikine y formada por cabañas de madera.
La estrategia desarrollada en aquel experimento se basó en un
diálogo permanente entre las autoridades administrativas y la
población, así como en la participación de la comunidad en todas
las etapas del proceso de mejora (planeamiento, ejecución,
financiación y gestión).
Paralelamente a la mejora física del área (viario, agua,
electricidad, saneamiento y equipamientos), esta propuesta
insiste en garantizar la titularidad del suelo a las personas que
han sido debidamente censadas. Este requisito es una importante
motivación para la población asentada, desde la cual se puede
conseguir la legalización de su situación.
Dados los alentadores resultados de la operación Dalifort, las
autoridades senegalesas aumentaron el alcance de este enfoque
que, con los Decretos Presidenciales de junio, han establecido
una nueva política de mejora y legalización de los asentamientos
ilegales (voluntad política).
Estos asentamientos fueron elegidos de acuerdo a sus
características específicas, a partir de las cuales el objetivo
fue ejecutar y adaptar el experimento Dalifort a contextos muy
diferentes, tanto desde el punto de vista del suelo como de la
construcción.
Se diseñó un programa de actuación definido pero adaptable,
basado en la estrategia de intervención, considerando la
experiencia obtenida por el proyecto piloto.
Un Decreto Presidencial ha creado un fondo rotatorio que se
sustenta gracias a la contribución económica de la población, el
Gobierno, las juntas municipales y las organismos donantes
internacionales para posibilitar la reinversión económica.
De manera que el propósito es apoyar los esfuerzos para
simplificar los procedimientos de legalización del suelo y
desplegar gradualmente un sistema financiero (FORREF).
A nivel institucional, se ha establecido un diálogo activo entre
todos los agentes implicados (ministerios, juntas municipales,
organismos gubernamentales descentralizados,las ONG).
Con estas nuevas condiciones, ha llegado a ser necesario pensar
en la creación de un operador que debería mantener su función
pública y social, manteniéndose al margen de las autoridades
administrativas. Debería de esta manera actuar como un
intermediario activo tanto para la población como para las
instituciones nacionales y los organismos externos.
En consecuencia, su estatus autónomo debería clarificar y
simplificar la coordinación y el diálogo entre los ministerios
involucrados, las compañías concesionarias y otros miembros
asociados como las ONG.
Para apoyar el proceso de descentralización, podría funcionar
como una estructura asesora con objeto de reforzar las
actuaciones de las organizaciones locales en el campo del
planeamiento urbanístico.
El programa tiene 5 objetivos principales:
El crecimiento del alojamiento precario no siempre se debe a la
pobreza sino también a un sentimiento de inseguridad; en
consecuencia, el acceso a la propiedad del suelo anima a los
propietarios a invertir en sus viviendas.
Los beneficiarios de esta política de titularidad del suelo son
identificados al principio de la operación por medio de un censo
y una confirmación pública de todos los candidatos. El principio
es: una parcela de terreno por cabeza de familia. Al final del
procedimiento, se les concede una auténtica escritura de
propiedad.
El conjunto de ocupantes o sus representantes participan
activamente en todas las etapas del proceso de mejora de sus
condiciones de vida: toma de decisiones, ejecución, financiación
y gestión de las instalaciones.
Una vez que se han organizado por sí mismos como un Groupement
d'Intert Economique - (GIE) (agrupación de interés económico),
la población define sus necesidades prioritarias. Todas las
decisiones son tomadas en común con la debida preocupación por
sus medios de financiación.
Puesto que las diversas etapas se llevan a cabo con los
trabajadores del equipo del proyecto trabajando sobre el terreno,
existe más claridad que, en consecuencia, estimula a la gente y
a la Administración a desarrollar la confianza mutua. A nivel del
ocupante, el principio de la solidaridad debe ser un requisito
previo. Los gastos de mejora son repartidos entre todos justa y
equitativamente.
Aunque la participación en la ejecución es posible en algunos
lugares, especialmente en tareas de limpieza de vías públicas,
la experiencia ha demostrado que todos los trabajos de ingeniería
civil deben dejarse a profesionales.
Se espera que los beneficiarios del proyecto paguen sus parcelas.
También se intenta una recuperación de costes para asegurar la
capacidad de reinversión de las operaciones de mejora.
Tras su creación, la agrupación (GIE) abrió una cuenta bancaria
y recogió las cuotas y ahorros de sus miembros. Se estimaron los
precios de las parcelas incluyendo la participación en los gastos
de infraestructuras, el valor del suelo, los impuestos y los
derechos de registro.
Aunque cada cabeza de familia tenía que firmar un contrato de
compromiso, la participación económica conlleva un riesgo
considerable. Pero esto es compensado con un diálogo permanente
con la población para hacerles conscientes de sus beneficios, un
cuidado seguimiento y la creación de formas de pago "flexibles"
y graduales como cuotas, cartillas de ahorro, o créditos a un
tipo de interés atractivo.
Un proyecto de mejora para asentamientos ilegales no puede
solucionar por sí solo todos los problemas relacionados con las
condiciones de vida de la población. Este es un proceso y un reto
para muchas generaciones.
La intervención del proyecto establece prioridades e intenta
estar limitada en el espacio y el tiempo, considerando la
implicación económica de la población.
Con respecto a estos criterios, se incluye adaptar la
planificación al entorno existente. Si es necesario, tal
planificación deberá realizarse sin respetar las normas y
criterios urbanísticos que prevalecen.
Aunque el programa se centre en la legalización de la propiedad,
no puede atender, en la medida en que le interesa la mejora del
entorno de la gente, todos los problemas relacionados con el
entorno económico y físico.
Las actuaciones en este campo (recogida de basuras y fabricación de abonos, gestión de servicios públicos, seguimiento de un programa de nutrición y educación, fondos de crédito autogestionados) pertenecen a uno de los aspectos del proyecto.
Además de las actuaciones de mejora física para el suministro del
agua, la electricidad, el saneamiento y los equipamientos
sociales, el proyecto ha proporcionado un título de propiedad del
suelo a la gente en mejor situación económica.
Las autoridades sengalesas han ampliado el alcance de la
intervención estableciendo una nueva política de mejora y
legalización de asentamientos ilegales.
Teniendo en cuenta la experiencia obtenida con el proyecto
piloto, se ha diseñado un programa de actuación definido pero
adaptable basado en la estrategia de la intervención.
Se creó un fondo de inversiones rotatorio para posibilitar la
reinversión. Este fondo se nutre de las contribuciones económicas
de la población, el Gobierno, las juntas municipales y los
donantes internacionales.
El Gobierno está trabajando en el refuerzo de los medios
administrativos y desplegando instrumentos tanto técnicos como
legales o financieros.
A nivel institucional, se ha establecido un diálogo activo entre
todas las partes afectadas (ministerios, juntas municipales,
organismos gubernamentales descentralizados, las ONG).
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