Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas
patrocinado por Dubai en 2014, y catalogada como
BEST.
(Best Practices Database)
País/Estado — Perú
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — tropical y subtropical
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — instituciones filantrópicas; gobierno central.
Categorías —
Procesos de planificación urbana y regional.
Arquitectura y diseño urbano.
Participación ciudadana y riqueza cultural.
Contacto Principal
Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social (CJ) — instituciones filantrópicas
T'ika Luízar Obregón [tika200@hotmail.com]
Heraclio José Cereceda Vergara
Ayacucho 227, Torre Flores e Hijos, oficina 401,
08001 Cusco (Perú)
Tel: +51 84 633680 / +51 984734599
Instituto para los Servicios Legales Alternativos-ILSA
Socio
Consejo Nacional para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Cusco (CODAPANC) — gobierno central
Socio
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) — instituciones filantrópicas
El propósito del programa es la protección del
patrimonio cultural con la participación consciente de la sociedad civil.
El Programa de Protección Social del Patrimonio arranca en
2010 cuando el Instituto de Cultura Regional, hoy Dirección Descentralizada
Cultural de Cusco, aprobó la retirada de un muro
imperial inca para facilitar la construcción de
un centro comercial. Este lugar era el Templo
Aclla Wasi (Casa de las Mujeres Elegidas, en
tiempos incas), localizado en la esquina entre
las calles Loreto y Maruri en Cusco.
El patrimonio cultural está formado por vestigios
preincaicos, incas y republicanos que dieron
lugar a que Cusco recibiera los títulos de Capital
Arqueológica de América (Argentina, 1933), Herencia
Cultural Mundial (Italia, 1978), Herencia Cultural por la
UNESCO (Francia, 1983), Patrimonio Cultural de la Nación
(Perú, 1983), Capital Histórica de Perú (Perú, 1993),
Capital Histórica de América Latina (Cusco, 2001) y
Capital Cultural de América (Cusco, 2007).
El Programa ha obtenido los siguientes logros:
- Persecución de ataques sobre el patrimonio
cultural, como resultado de las quejas y demandas de la sociedad
civil (organizaciones profesionales, organizaciones de base...).
- Incremento de la participación de la sociedad
civil en el control social y en la sanción a los
ataques al patrimonio cultural.
- La sentencia del director y el equipo del Instituto
Nacional de Cultura, implicados en la autorización de la demolición
de parte del muro inca, después de cinco años.
- Reconocimiento en la región de la eficacia del
programa en la defensa del patrimonio cultural. Esto queda expresado en el aumento de
solicitudes de defensa provenientes de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.
- Diciembre 2008 — Constitución de la Comisión de Juristas
contra la Corrupción y por la Defensa Social (CJ), como resultado de la clasificación de Cusco como la
ciudad más corrupta del país.
- Julio 2009 — La CJ hace los primeros intentos de elevar
quejas por la situación del patrimonio cultural.
- Abril 2010 — Quejas por las agresión sufrida al Torreón Solar de Machu Pichu al aplicar sustancias químicas que cambiaron el color original de las piedras.
- Junio 2011 — El presidente de la CJ asume el caso del
Torreón Solar de Machu Pichu. El Fiscal General que estudia el caso
eleva una queja contra el presidente de la CJ.
- Enero 2013 — La CJ consiguió la orden para que el clero entregara el inventario, catálogo y registros del patrimonio religioso-cultural.
- Noviembre 2013 — La CJ hace la primera reclamación por
el uso de la lengua quechua y solicita que el juez utilice esa lengua. Es el primer juicio en lengua nativa desde la colonización española a lo largo de la historia de Perú hasta hoy.
- Diciembre 2013 — Se produce el juicio y veredicto del director y
equipo de funcionarios del Instituto Nacional de Cultura por el
ataque al muro inca de la calle Loreto.
- Enero 2014 — La CJ hace una reclamación ante el clero peruano por no informar de la pérdida de patrimonio religioso y cultural en todas las iglesias de la ciudad de Cusco.
Durante muchos años ha habido ataques al patrimonio cultural con total impunidad en
la ciudad de Cusco. La arquitectura histórica fue destruida, desaparecieron piezas importantes y se dio un proceso de discriminación cultural. La corrupción entre los grupos
de poder económicos, en conspiración con las autoridades políticas, administrativas y
religiosas, era muy destacada.
Por parte de la CJ, CODAPANC e ILSA, se establecieron las siguientes prioridades:
- Perseguir cualquier infracción contra el patrimonio cultural, tanto el tangible como el intangible.
- Movilizar a la sociedad civil en la defensa de su patrimonio.
La CJ decide formalizar su iniciativa emprendiendo acciones
legales en defensa del patrimonio cultural. Recibe apoyo técnico y
político de ILSA y apoyo político de CODAPANC. Para
unir a la causa a una en principio temerosa y más tarde emocionada y llorosa ciudadanía, se
inició un proceso gradual de continuas protestas, con marchas cívicas, vigilias, compartiendo
evidencias y quejas sobre ataques culturales.
- Fortalecer la autoestima de los sectores indígenas, reconociendo su valor y su contribución cultural a la nación y a toda la humanidad.
- Preservar el patrimonio cultural, tangible e intangible, que existe en la región de Cusco.
- Promover y facilitar las investigaciones de casos de ataques al patrimonio cultural.
- Conseguir la movilización de la sociedad civil en la vigilancia del patrimonio cultural
y denunciar los ataques contra la misma.
- Conseguir la movilización de la sociedad civil para investigar y acumular evidencias
para las denuncias.
- Incrementar la visibilidad de la sociedad civil en la defensa de su herencia cultural.
La CJ cuenta con 8 socios fundadores y activos. En los casos asumidos por el
Programa, ellos aportan horas de su propio trabajo (editando fotos, videos, gastos
de viaje y de teléfono, etc.). Se estima que, a lo largo de 2013, cada uno de ellos
invirtió el 30% de su jornada laboral en trabajo voluntario relacionado con la
protección del patrimonio cultural. El director de ILSA hace
similares contribuciones. Hoy en día, el número de casos se ha
incrementado un 20% anual desde la fundación de la CJ.
Un abogado que trabaje 8 horas diarias gana 2.500 dólares
estadounidenses al mes. De esta manera, la
contribución de cada voluntario de la CJ o de ILSA
aporta al programa 750 dólares al mes.
CODAPANC y otras organizaciones de la sociedad civil usan
también sus propios recursos. Cada uno define su participación y
decide cuantos recursos invierten en estas actividades.
|
Socio | 2010 | 2011 | 2012
| 2013 |
|
CJ | 41.667 | 50.000 | 60.000 | 72.000 |
|
CODAPANC | - | - | - | - |
|
ILSA | 5.208 | 6.250 | 7.500 | 9.000 |
|
Total | 46.875 | 56.250 | 67.500 | 81.000 |
Datos expresados en dólares estadounidenses.
Los problemas encontrados para la implementación de la iniciativa fueron:
- Intimidación y hostigamiento hacia los
miembros de la CJ. Los grupos de poder
implicados en los ataques al patrimonio
cultural presentaron alegaciones en diferentes regiones contra los miembros
de la CJ para generar una causa por resistencia a la autoridad y así poder emitir
una orden de captura. La solución estuvo en convocar a profesionales de otras
regiones fuera de Cusco para que asumieran la defensa de los
miembros de la CJ.
- Las contrademandas por difamación y
habeas corpus para los miembros de la CJ fueron ganadas mediante el ejercicio de
la autodefensa.
- Intimidación y persecución a expertos
especializados. Los expertos convocados por el Programa debían verificar y
medir la extensión del daño causado al patrimonio cultural. Fueron amenazados
con el despido. Se resolvió convocando a
otros expertos independientes identificados con la causa y con libertad de acción.
El asunto todavía no ha sido resuelto.
Existen aún influencias nocivas sobre
las agencias gubernamentales, fiscales y
jueces para ampliar y extender procesos
judiciales y hacen poco fiables las investigaciones que se llevan a cabo. Están
en complicidad con los grupos de poder
implicados en las grandes inversiones
que dañan el patrimonio cultural.
Dados todos estos factores, es importante implicar a la población a
través de mecanismos como marchas cívicas, vigilias, compartir
evidencias y denuncias contra ataques culturales, unido a la sanción social manifestada en la no entrada
a los comercios y centros locales construidos sobre patrimonio arquitectónico.
Algunas de las principales lecciones aprendidas han sido las
siguientes:
- Los problemas de agresiones al patrimonio cultural son más serios y más complejos
de lo que nos imaginamos. Constituyen un genocidio cultural. Esto plantea la necesidad de sensibilizar e implicar a la mayor parte de sectores de la sociedad civil en la
defensa del patrimonio cultural y de que se monitorice el papel de las instituciones
estatales, responsables de la gestión del patrimonio cultural. La
CJ esta presentando nuevas demandas y documentación de apoyo
de la Dirección Regional de Cultura
acerca de agresiones y saqueos al patrimonio cultural. Como
resultado de estas acciones, las instituciones han sido forzadas a
crear la Oficina de Defensa y Rescate del Patrimonio Cultural para tratar los casos de agresiones en esta área.
- Es posible luchar contra la corrupción y conservar el patrimonio cultural mediante
una movilización y supervisión ciudadana. La fortaleza de la sociedad civil puede
influir en el funcionamiento de las instituciones. La sociedad civil y la prensa pueden aportar evidencias de nuevas
agresiones al patrimonio cultural y demandar inspecciones sobre
estos hechos. El número de demandas desde muchos sectores e
instituciones ajenas a la CJ sobre agresiones al patrimonio cultural se está incrementando.
- Existe la necesidad de convocar a la participación de diferentes
disciplinas científicas en investigación y preservación del patrimonio
cultural. Investigaciones poco rigurosas están minando los intentos de
restauración. La CJ está aportando evidencias documentales e
investigadores de diferentes disciplinas interesadas en llevar a cabo
investigaciones sobre estos temas. La tesis realizada por uno de los
investigadores a partir de estos materiales ha guiado la visita de
estudiantes españoles que querían conocer el trabajo de la
CJ.
Todas las actividades de la CJ y de sus asociados son
ad honorem y tienen un carácter filantrópico. Están motivados por
la fuerza de su identidad y sus valores éticos, lo que asegura su sostenibilidad financiera.
La población local, formada mayormente por grupos étnicos locales, esta completamente identificada con la defensa de
su herencia cultural y aliados en el proceso, sin distinción económica o social.
La identidad histórico-cultural de la población de la región está muy reforzada y anima a la protección del patrimonio
cultural, lo que es admirado y valorado internacionalmente.
El perfil arquitectónico de la ciudad de Cusco esta protegido al ser
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Esta iniciativa de defensa del patrimonio cultural es posible
replicarla en otras ciudades y regiones movilizando a la sociedad
civil y a las organizaciones sociales que tienen su propia identidad y
su herencia cultural.
Esta toma de conciencia queda patente en múltiples artículos de prensa, material fotográfico, videos, en
diferentes espacios públicos (plazas, radio y televisión,
internet...), etc.
El proceso de sensibilización está en marcha, un gran número de
personas y organizaciones se unen a la protesta y las denuncias de los
ataques al patrimonio se multiplican.
La CJ recibe invitaciones de organizaciones, grupos profesionales y población residente con el objetivo de
formar otras CJ.
Se ha enviado la documentación y toda la información disponible a investigadores nacionales y extranjeros,
interesados en llevar a cabo investigaciones sobre ataques al patrimonio cultural.
Se han incrementado las demandas en casos de agresiones al patrimonio
cultural. El esfuerzo de la CJ y de las
instituciones implicadas no son suficientes y el proceso de sensibilización no es muy costoso.
Las implicaciones financieras de los recursos a aportar en el proceso de transferencia, incluyendo tiempo de
personal, edición de material visual, etc., recaen sobre la CJ. Sin embargo, esto queda mitigado en parte cuando
otras organizaciones disminuyen el gasto debido a la identificación de la población con el tema.
La CJ animará a otras ciudades a compartir sus experiencias y apoyará la organización de procesos similares en
otras localidades y regiones donde haya recursos disponibles para estas actividades.
Los principales resultados obtenidos gracias a esta experiencia han
sido:
- Aumento de la conciencia social y de la visibilidad de la sociedad civil que participa en la protección del patrimonio cultural.
- Cambios en las conductas y actitudes de las instituciones públicas. Esto queda expresado en
medidas institucionales tomadas para frenar los actos de corrupción detectados, en aportar investigaciones e implementar las medidas correctoras y acciones que hagan retroceder el proceso de
destrucción del patrimonio cultural. Por ejemplo, se suspendieron las acciones de limpieza del
Torreón Solar de Machupichu, se suspendió la construcción de la
Dirección Regional en andenes incas, se obtuvo la condena y sanción
del director regional de Cultura como consecuencia de las agresiones
al muro imperial inca llevadas a cabo en la calle Loreto.
- Incremento de la transparencia en la información sobre los hechos imputados. La prensa local los difunde y la población los conoce.
- Participación de la sociedad civil en la recolección y organización de la documentación informativa sobre agresiones al patrimonio cultural.
- Habeas data[1] ordenando a la Iglesia entregar el catálogo,
registro e inventario del patrimonio cultural religioso de Cusco.
- Informe y nivel preliminar de las acusaciones por discriminación
por el uso de la lengua quechua. En este proceso, la CJ
solicita llevar el juicio en lengua quechua. Fue el primer caso en la historia de Perú en que se llevó un caso en
esta lengua. Desde la conquista española, nunca en Perú había habido un juicio en lengua nativa.
- Realización de la tesis doctoral Ciudadanía, identidad y
descentralización democrática como ejemplo de la implicación de la
sociedad civil en defensa del patrimonio cultural de Cusco.
- Las denuncias de la CJ forzaron al Instituto
Nacional de Cultura a organizar un encuentro científico en Cusco para
discutir la adecuación de la aplicación de productos químicos en la
limpieza de las piedras que caracterizan las construcciones
precolombinas.
- La UNESCO hizo una declaración sobre las agresiones en la
calle Loreto, denominándolas «crimen contra la cultura», como
resultado de la negligencia de las autoridades.
En Perú, la legislación sobre protección del patrimonio cultural es
abundante y está dispersa en varias leyes, convenciones, acuerdos y
memorandos de entendimiento a nivel internacional, como los de la
UNESCO. La aplicación de esta legislación corresponde a varias instituciones
estatales. Esta dispersión causa confusión, disminución de la obligación de cumplimiento por
oficiales responsables de su aplicación en diferentes áreas, no se asume la responsabilidad y
se transfiere a otras áreas. Esto cresa debilidad, pasividad y tráfico de influencias, lo que lleva
a una protección ineficaz del patrimonio.
Como resultado de esta actuación, se han producido los siguientes avances políticos:
- Se ha generado un gran interés en la revisión e implementación de las normas legales
existentes, así como la necesidad de trabajar conjuntamente entre distintas agencias con la
participación de la sociedad civil.
- Constitución de la Oficina de Defensoría del Patrimonio
Cultural dentro de la Dirección Descentralizada de Cultura de
Cusco.
- Se solicita la compilación de todas las normas dispersas sobre
protección del patrimonio cultural en una única ley.
- Se demanda mayor rigor en las condenas por dañar en patrimonio cultural.
- Se incorpora al currículo en las escuelas de Derecho la Ley
de Patrimonio Cultural.
- A través de la Asociación de Periodistas de Cusco hay una
difusión diaria de anuncios sobre patrimonio cultural.
Notas
[1]: N. del T.: Recurso legal a disposición de todo individuo que permite acceder a un banco de información o registro que incluye referencias informativas
sobre sí mismo.