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Buenas Prácticas > Concurso Internacional > 2014 > http://habitat.aq.upm.es/dubai/14/bp-21.html   
Programa de desarrollo de igualdad e inclusión social a través del fomento de la accesibilidad universal (España)

Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2014, y catalogada como GOOD. (Best Practices Database)
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — nacional
Agentes — fundación.

Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte. Equidad de género e inclusión social. Arquitectura y diseño urbano.


Contacto Principal

Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad — fundación
Jesús Hernández Galán [jhernandez@fundaciononce.es], director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE

Sebastián Herrera 15,
28012 Madrid (España)

Tel: +34 915068873
Fax: +34 915393487

E-mail: secretariaaccesibilidad@fundaciononce.es

Organización Nominadora

Comité Hábitat Español — asociación entre los sectores público, privado y ciudadanos
José Luis Nicolás Rodrigo

Ministerio de Fomento,
Paseo de la Castellana 112, 
28046 Madrid (España)

Tel: +34 91 7284091
Fax: +34 91 7284862
E-mail: concursobbpp@fomento.es
Web: http://www.fomento.es


Resumen

Desde su creación en 1988, la Fundación ONCE tiene como objetivo principal la realización de programas de inclusión laboral para personas con discapacidad lo que complementariamente precisa de la creación de entornos, productos y servicios, físicos y virtuales, universalmente accesibles.

Así, por iniciativa de la Fundación ONCE hacia las administraciones, en el año 1990 se inician diversos acuerdos para el desarrollo de proyectos y actuaciones de accesibilidad universal. Este programa se ha mantenido durante 22 años, hasta el año 2011, con unas cifras aproximadas de 1.700 convenios, 800 municipios beneficiados y una incidencia en el 70% de la población española potencialmente beneficiada.

Estamos hablando de la colaboración público-privada en materia de accesibilidad más importante del mundo, que en términos económicos ha generado una inversión de más de 167 millones de euros (aproximadamente 217 millones contando con la aportación de terceros) y cuyo impulso ha supuesto una transformación en la manera de entender la accesibilidad en España y en Europa. Un programa que abarca diversos ámbitos que afectan a la vida diaria de todas las personas, ámbitos como la planificación municipal accesible, la ejecución de obras para mejorar las condiciones de accesibilidad de nuestros edificios y entornos urbanos, la implantación de transporte accesible a través del servicio del taxi o la mejora de la accesibilidad a la tecnología de la información y comunicación (TIC).

Por último conviene resaltar que la naturaleza de las actuaciones contemplan el diseño para todos, beneficiando no sólo al colectivo de personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, personas mayores, personas inmigrantes que no conocen nuestro idioma o personas con analfabetismo funcional, por poner ejemplos, sino al conjunto de la sociedad por tratarse de actuaciones que al aportar accesibilidad se transforman en confortables y seguras.

Fechas Clave

Descripción

Situación previa a la iniciativa

Con anterioridad a este acuerdo, las actuaciones de las administraciones españolas en materia de accesibilidad eran residuales. Esta situación se revirtió a través de una óptima planificación usando escasos recursos humanos y una gran inversión que ha garantizado la ejecución de actuaciones de calidad en toda España con un altísimo beneficio social para su población.

Establecimiento de prioridades

La acción prioritaria de esta iniciativa es posibilitar el desarrollo comunitario de las personas con discapacidad, creando espacios físicos y virtuales accesibles, y proporcionándoles el conocimiento para que puedan ejercer su derecho a una vida participativa desde lo laboral, político y económico.

El patronato de la Fundación ONCE, máximo órgano de gobierno, es su actor principal.

Como actores secundarios encargados de la ejecución del programa, se ha contado con los agentes políticos y técnicos, principalmente de las corporaciones locales y también de algunas universidades y fundaciones.

Formulación de objetivos y estrategias

El primer año se inicia con un programa para potenciar la puesta en marcha del servicio de taxis accesibles en varios municipios españoles, ampliándose, poco tiempo después, a la ejecución de proyectos de accesibilidad (medidas concretas) en el urbanismo y la edificación.

En los últimos años además de los programas anteriores se concedía ayuda económica para los siguientes: diagnóstico para lograr la accesibilidad (estudio de las medidas necesarias para lograr un uso no discriminatorio de entornos, productos y servicios en el medio físico y virtual); implantación de sistemas de gestión de accesibilidad; ejecución de proyectos en entornos y servicios basados en TIC y actuaciones de sensibilización, formación e innovación.

Movilización de recursos

Los actores económicos que durante más de dos décadas han participado en el programa se dividen entre los que siempre han realizado una aportación económica y aquellos cuya aportación ha sido eventual.

Dentro del primer grupo se sitúan la Fundación ONCE, la administración central y las corporaciones locales, universidades y fundaciones beneficiarias de los acuerdos de colaboración.

El segundo abarca a fondos procedentes de las comunidades autónomas y la Comisión Europea a través de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER), cuya finalidad es la ayuda para el desarrollo económico de regiones deprimidas de la Unión Europea.

Los recursos humanos empleados abarcan a los equipos de trabajo de la Fundación ONCE y de las administraciones con las que se ha trabajado.

Proceso

La Fundación ONCE es un instrumento de cooperación y solidaridad de los distintos colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida. En el año 1990 las entidades que formaban parte de su patronato representaban a personas con discapacidad visual, física, intelectual y auditiva a través de seis entidades. Estas seis entidades fueron las responsables de aprobar la iniciativa introduciendo las demandas correspondientes en la redacción de los textos base del acuerdo. Este primer acuerdo cimentó la base de los posteriores que se fueron modificando y ampliando en cuanto a su alcance y forma de proceder.

Sobre el proceso, para ilustrar el grado de transparencia y acceso a la información se comenta el procedimiento de los últimos años.

Cada año las bases de la convocatoria eran de público acceso. Las entidades, en su mayoría administraciones locales (ayuntamientos), solicitaban una ayuda económica entregando una documentación administrativa y técnica que era revisada y evaluada. Solamente aquellas que presentaban el apartado administrativo conforme a las bases y el proyecto técnico según las normativas de accesibilidad vigentes en España eran objeto de estudio por parte de una Comisión que decidía los beneficiarios conforme a los criterios publicados en las bases.

Las entidades beneficiarias firmaban un acuerdo económico-técnico-administrativo que constituía un marco para la ejecución de las actuaciones. Tras la finalización y la oportuna justificación, se realizaban acciones de difusión que ponían en conocimiento de la sociedad la razón de los distintos proyectos realizados. Esta difusión se llevaba a cabo a través de ruedas de prensa en los propios ayuntamientos beneficiarios o por medio de artículos en la prensa escrita o locuciones en la radio.

En todas y cada una de las fases se ha seguido un exhaustivo control técnico que ha permitido la ejecución óptima de los proyectos aprobados, gracias a un equipo multidisciplinar que cuenta, entre otros, con arquitectos e ingenieros de diversos campos expertos en accesibilidad.

Indicar, no obstante, que como en todo proceso de gestión se han afrontado ciertas incidencias de difícil resolución como son la lentitud a la hora de ejecución de los proyectos por parte de las entidades beneficiarias debido, principalmente, a sus propios procedimientos administrativos internos y la falta de continuidad en los proyectos una vez que los fondos se acabaron en el año 2011, fruto de la actual crisis económica que atraviesa el país y, en algunos casos, de la envergadura de las actuaciones a realizar como pueden ser las actuaciones de accesibilidad en el entorno urbano.

Resultados obtenidos

El acuerdo ha generado mejoras perfectamente medibles debido a la existencia de informes técnicos de evaluación final (elaborado por la Fundación ONCE) de cada una de los proyectos realizados. Estos informes incluyen la documentación justificativa entregada por la entidad beneficiaria, y consta de memorias técnicas, económicas y facturas y, en el caso de las obras, cuentan con la visita de un técnico de la Fundación ONCE que evalúa la correcta ejecución de las mismas.

Las mejoras alcanzadas intentan poner fin al incumplimiento del artículo 14 de la Constitución Española en el reconocimiento de la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación que tenga su causa en una discapacidad y permita a todas las personas participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social. La herramienta utilizada para conseguir este objetivo es la consecución de la accesibilidad universal y la aplicación del diseño para todos en los entornos, bienes, productos y servicios físicos o virtuales que la sociedad ofrece a los ciudadanos.

Por todo lo anterior, la Fundación ONCE se ha convertido en un referente en materia de accesibilidad gracias a este programa, hecho que ha permitido su inclusión en grupos de trabajo para la revisión y optimización de marcos normativos y legislativos de obligado cumplimiento en esta materia.

Para finalizar con la herencia recibida, los proyectos llevados a cabo han servido de paradigma permitiendo a las administraciones locales en general, no sólo a las que participaron en estos acuerdos, recoger el testigo de futuras actuaciones conectadas con las necesidades de todas las personas, en especial de aquellas con discapacidad.

Sostenibilidad

En este acuerdo se relacionan íntimamente la sostenibilidad económica y social. Por su cuantía económica se convierte en motor para el crecimiento de la accesibilidad en España, mejorando el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y contribuyendo al desarrollo económico del sector secundario a través de las empresas adjudicatarias de los concursos gestionados por las administraciones locales. También se promueve el desarrollo del sector terciario a través de la potenciación del turismo, el comercio y los transportes al generar espacios urbanos y arquitectónicos utilizables por todas las personas, accesos más intuitivos a las nuevas tecnologías y dotar a las localidades de transporte de taxi accesible. Además las actuaciones realizadas en el urbanismo, en los casos que estipule la legislación, cuentan con el correspondiente estudio de impacto ambiental y la accesibilidad al servicio público de transporte por taxi conjuga sostenibilidad con eficiencia energética al reducir el número de vehículos en circulación de nuestras ciudades.

Los proyectos realizados han permitido aportar conocimientos sobre soluciones de accesibilidad a una gran variedad de profesionales: arquitectos, ingenieros de distintas especialidades (obras públicas, telecomunicaciones, informática) y políticos de los ayuntamientos en sus solicitudes o asistentes personales u otros profesionales y familiares de personas con discapacidad en aquellas acciones de sensibilización y promoción de la autonomía personal. Desde este conocimiento parten, por un lado, el desarrollo de políticas o estrategias que se incorporan en las diferentes áreas de gestión de las corporaciones locales y que se han transferido, de hecho, a otras localidades no participantes en los acuerdos, así como la consideración permanente y el respeto a las necesidades de estos colectivos y su diversidad generacional y, por otro lado, se consigue que las futuras actuaciones, siendo accesibles, perduren en el tiempo evitándose cambios futuros (con sus costes e impacto en la vida de las personas).

Lecciones aprendidas

De entre las lecciones aprendidas, cabe destacar las siguientes propuestas de mejora:

Perfil Financiero

Socio 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Fundación ONCE 4.329.533 4.329.533 826.911 826.911 826.911 11.139.799
Otras entidades 15.673.202 19.622.140 3.736.043 4.041.852 4.136.805 47.210.042
Presupuesto total 20.002.735 23.951.673 4.562.954 4.868.763 4.963.716 58.349.841

Datos expresados en euros.

Legislación y políticas relacionadas

Este acuerdo implica la aplicación real del reconocimiento del derecho fundamental de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, tal y como se recoge en la Constitución Española (en su artículo 14) y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.

El marco legislativo español contempla además leyes específicas sobre discapacidad de carácter nacional, como las mencionadas en el apartado «Fechas clave»: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración del minusválido (LISMI) y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). En la actualidad, ambas leyes han sido sustituidas por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

En última instancia nos encontramos con el marco legislativo autonómico y su desarrollo mediante reales decretos que, durante años, han contenido las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de actuaciones relacionadas con la accesibilidad, sobre todo en los ámbitos de urbanismo y edificación.

Referencias

Fembek, Michael et al.  (2014)   Zero Project Report 2014, Focus of the Year 2014: Accessibility.   Vol. 810, 164 pp. 

Edición del 2-12-2015
Revisión: Alejandro Rodríguez Sebastián
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