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País/Estado — Brasil
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — tropical y subtropical
Ámbito de la actuación — barrio
Agentes — gobierno local; paraestatal; gobierno central; sector privado; instituciones filantrópicas; organización de base comunitaria (OBC).Categorías — Vivienda. Ordenación territorial. Buena gestión urbana.
Avenida João Mosmann Filho, 143 Parobé, Rio Grande do Sul, 95630-000 Brazil Tel: +55 51 3953.1000 Fax: +55 51 3543.1027
Rua dos Andradas, 1000, 7o. andar 90010-191 Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil Tel: +55 51 3205 6000 Fax: +55 51 3205 6203Colaboración financiera.
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco H, Edifício Telemundi II Brasília, Distrito Federal 70070-010 Brazil Tel: +55 61 2108.1000E-mail: ministro@cidades.gov.br
Avenida Borges de Medeiros, 1501, 14o. andar Porto Alegre, Rio Grande do Sul 90119-900 Brazil Tel: +55 51 32884600 Fax: +55 51 32276717Web: http://www.sehadur.rs.gov.br
Rua Vera Cruz, 607 Parobé, Rio Grande do Sul 95630-000 Brazil Tel: +55 51 35434181Web: http://hagah.com.br/rs/parobe/local/112750,2,pecuaria-curio.html
Rua Vera Cruz, 607 Parobé, Rio Grande do Sul 95630-000 Brazil Tel: +55 51 81168257Colaboración técnica.
Rua Alcides Ferreira, Parobé, Rio Grande do Sul 95630-000 Brazil Tel: +55 51 96358357Colaboración administrativa.
Rua Helberto Sander, 350 Parobé, Rio Grande do Sul 95630-000 Brazil Tel: +55 51 99585426Colaboración administrativa.
Avenida Assis Brasil, 8787 Porto Alegre, Rio Grande do Sul 95630-000 Brazil Tel: +55 51 33478787 Fax: +55 51 33478865E-mail: cozinhabrasil@sesirs.org.br
Praça Saint Pastous, 125 3o. andar Porto Alegre, Rio Grande do Sul 95630-000 Brazil Tel: +55 51 3215.7500 Fax: +55 57 3215.7502Web: http://www.senar-rs.com.br
En la ciudad de Parobé, lo que comenzó como un plan ambicioso de reducción del déficit de vivienda a cero ha resultado ser un éxito. Parobé es una ciudad situada en el extremo sur del país, con 51.634 habitantes y la industria del calzado como su principal actividad económica. La Administración municipal junto con la participación popular mejoraron las estadísticas mediante la construcción de 1.000 viviendas, el establecimiento de un marco legal sobre el suelo y la construcción de infraestructuras (de saneamiento, educativas y de salud) que han benificiado a un total de 6.000 personas.
En la década de los 90 se vivió un panorama muy difícil. Varias fábricas de zapatos cerraron debido a la crisis económica y a la competencia internacional. Las familias que habían inmigrado en busca de oportunidades sufrieron serias consecuencias: desempleo, empobrecimiento y dificultad de acceso a la vivienda, lo que elevó el déficit habitacional a un 20%.
El planeamiento urbano y las prácticas en trabajos artesanales, demandadas desde talleres profesionales, permitió que surgiesen oportunidades de trabajo para los desempleados y los ingresos suficientes para que los propietarios de vivienda pudiesen hacerse cargo de sus compromisos.
La transformación de la vida de las familias se hizo realidad tras un aumento del 80% en las infraestructuras, con la recuperación del sistema de transporte, pavimentando 10 km, realizando obras de drenaje y corrigiendo los efectos de la erosión.
La inclusión social de las mujeres, los ancianos, los drogodependientes y la gente en situación de vulnerabilidad se hizo posible. En el registro para la adquisición de la propiedad de la vivienda y para la formación para el empleo se priorizó a las mujeres cabeza de familia único sostén (el 60% de los casos).
Se legalizaron áreas ocupadas y se entregaron a sus habitantes 1.000 títulos de propiedad.
Se crearon cuarenta organizaciones de vecinos estructuradas, en las que se consolidó el liderazgo femenino. La puesta en marcha experimental de huertos de fruta y verdura en cada barrio introdujo nuevos hábitos nutricionales, así como estímulos para el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
La población local, además de ser capaz de tener una vivienda en propiedad, encontró nuevas perspectivas vitales y se ha hecho más consciente de su condición, reduciendo los índices negativos de la ciudad.
Se establecieron las siguientes necesidades:
Los recursos financieros los aportaron, además de los beneficiarios, el Gobierno del Estado (Sehadur) y el Gobierno Federal (MCidades y Caixa).. Se creó un equipo multidisciplinar para el desarrollo de las acciones. Además de construir las viviendas y de mejorar el saneamiento, se necesitaba garantizar la generación de renta, para lo que se impartieron cursos de formación en la comunidad.
La participación de las familias en el proyecto educativo era esencial para combatir la violencia y el abuso de drogas, reducir el daño ambiental y mantener una actitud preservacionista en general. El proyecto contó con la implicación de tres asociaciones de residentes, aumentando la cantidad de recursos humanos en el proceso y legitimizando las decisiones de acción adoptadas.
Se realizaron campañas sobre el cuidado de la higiene, que condujeron a un aumento de los índices sanitarios, y de control de la proliferación de mascotas domésticas, enseñando a la población a prevenir enfermedades y promoviendo eventos para estimular la adopción de perros abandonados en colaboración con entidades vecinales. El asunto de la gestión de los residuos requirió especial atención y se realizaron varios talleres en los que se enseñaba cómo separar el material para su reciclaje o reutilización, además de un taller de limpieza que contó con la particìpación de la comunidad para llevar a cabo la retirada de residuos sólidos y otros desechos de las calles.
Previamente a la entrada del equipo técnico entrara en las áreas de intervención, se contactó con los líderes locales para discutir sobre el trabajo que se iba a realizar y los objetivos del proyecto. Esta acción acercó a la comunidad y sirvió para aumentar la transparencia y para legitimar las decisiones tomadas, promoviendo además la difusión del proyecto a través del boca a boca, así como los sucesivos ajustes.
Se mapearon las áreas en riesgo y las de mayor déficit de vivienda aplicando el cuestionario del Cadastro Único del Gobierno Federal. Se realizaron tomas de datos en el lugar, estudios sobre el perfil socioeconómico de los residentes, el diagnóstico de las áreas y un Proyecto de Trabajo Técnico Social (PTTS). El PTTS, un garante de la participación comunal, se llevo a cabo a la vez que el proyecto. Más adelante se eligió a un grupo de representantes de la comunidad para el seguimiento del mismo.
La ejecución se desarrolló gradualmente, por fases. A medida que las viviendas se iban acabando se realojaba a las familias de las áreas de riesgo, priorizando en función del perfil socioeconómico.
Lo siguiente fue la urbanización y la construcción de las infraestructuras, que comprendían la pavimentación de las calles, el drenaje de aguas de lluvia y alcantarillado y el acceso a agua potable. Esta vasta intervención requirió la participación de los niños, de multiplicadores y de agentes transformadores de las nuevas viviendas.
La segunda fase de la intervención consistió en la recuperación ambiental de las áreas degradadas y el desarrollo de eventos enfocados a aumentar la conciencia de la población. El Ayuntamiento llevó a cabo en una estructura cubierta situada en la plaza pública varias actividades sociales y ambientales, tales como mercadillos de artesanía, actos culturales y una campaña de adopción de perros abandonados. Esta última fue titular en las noticas de la televisión del Estado. En los barrios se realizó un trabajo de limpieza grupal con la participación de las familias.
Se fomentó el sentimiento de pertenencia mediante la plantación huertos familiares de árboles, frutas y verduras, que simbolizan la identidad de cada familia. El trabajo social con éstas respaldó la intervención. Se realizaron colaboraciones para el éxito del proyecto, aumentando las acciones en varios frentes: formación profesional (talleres y cursos), inclusión de familias en redes sociales, prevención del consumo de drogas, cuidado diferenciado para la población mayor y asistencia a la población en situación de vulnerabilidad social.
Uno de los puntos más destacados del proceso es la prioridad que se dio a las mujeres cabeza de familia en el registro y regularización de las propiedades. Ellas son el único sostén en el 60% de los casos.
La regularización del suelo garantizó la propiedad urbana de los asentamientos irregulares y, con las medidas adoptadas, la conservación medioambiental.
Las familias se encontraban en situación de vulnerabilidad y de desmotivación absoluta. Se les incentivó a participar en cada fase del proceso, permitiéndoles así sentirse dueños y agentes principales del mismo. La adhesión a las redes sanitaria y educativa permitió desarrollar acciones integrales en materia de reciclado, de depósito de residuos y de higiene personal, así como de la correcta separación de la basura y su adecuado tratamiento de cara a evitar los riesgos que conlleva una incorrecta disposición.
La sostenibilidad del proyecto surge del compromiso de los residentes y de su capacitación, ya que fueron cualificados para asumir el cuidado y la preservación de sus bienes, así como para desarrollar formas alternativas de obtener ingresos. Un análisis prospectivo apunta a la unión de familias en cooperativas y asociaciones, una clara muestra del espíritu emprendedor que se ha estimulado en la comunidad.
Destacó el desarrollo de huertos experimentales de frutas y verduras, que genera un efecto multiplicador entre los residentes, fomentando nuevos hábitos alimenticios. Los cursos de artesanía, de reutilización de la comida y de reforestación de las zonas comunales con semillas de árboles nativos contribuyeron a la implicación de la comunidad. La participación en cada fase del proceso hace a la gente sentirse parte de él. Se convierten en co-responsables del mantenimiento de su nueva propiedad, asentando sus raíces y asegurando el desarrollo futuro.
La importancia de la movilización de los residentes y de su compromiso durante todo el proceso fue fundamental no sólo durante la elaboración del proyecto y del diagnóstico local, sino también en lo que respecta a las necesidades para las tareas de desarrollo urbano, acondicionamiento de las viviendas y deficiencia de los servicios básicos, para que las acciones llevadas a cabo se adecuaran a la realidad local.
El diagnóstico definió las políticas públicas, puesto que se identificaron los puntos frágiles que debían ser atendidos. Los socios enriquecieron el trabajo del Gobierno, dirigiendo correctamente las acciones sumamente necesarias.
El desarrollo del proyecto en su conjunto en la región ha servido de ayuda a los residentes para solucionar sus problemas, realizando colaboraciones que minimizan el impacto de la situación en sus vidas. El Gobierno gana credibilidad ante los residentes, que realmente han recibido mucho apoyo local y la presencia diaria de un equipo técnico en las zonas implicadas. Las reclamaciones se han llevado directamente a los gestores, que propuesieron reuniones con la comunidad. Todos ganan en este proceso, estrechando las fronteras del asociacionismo y la colaboración. Los técnicos implicados reconocen el crecimiento profesional que les ha supuesto la experiencia y la potencialidad de llevar esto a otras comunidades. El elevado número de perros abandonados en las áreas empobrecidas motivaron acciones de cooperación. Mediante una colaboración local, los perros recibieron varios tratamientos, permitiendo su adopción por parte de familias con miembros con alguna discapacidad física, lo que motivó su mejoría y eliminó transmisores potenciales de enfermedades de las calles.
Las propuestas desarrolladas por el programa de viviendas pueden ponerse en marcha en otras comunidades de baja renta para disminuir su déficit de vivienda. La importancia del Trabajo Social, que elabora un diagnóstico participativo, se caracteriza por la formación de grupos de residentes que encuentran un lugar donde expresar sus deseos y necesidades en relación con el área donde se desarrollará la intervención. Una parte muy importante de la sostenibilidad y el éxito del proyecto reside aquí.
Esta es la primera ejecución del Programa de Subsidio a la Vivienda [Programa de Subsídio à Habitaçao] en la región, y Parobé ha sido una de las primeras en llevar a cabo un proyecto de este tipo, constituyendo un ejemplo para los gestores de localidades vecinas, que vienen a tomar ideas para desarrollar proyectos similares en sus comunidades.
La concepción de las viviendas y su modelo de planta constituyen un referente material para la discusión de estos temas en el gobierno del estado. Las iniciativas adoptadas y la participación sistemática han alcanzado a la red de escuelas municipales y se han presentado a un concurso regional de proyectos ambientales, promovido por una universidad local.
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