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Buenas Prácticas > Concurso Internacional > 2008 > http://habitat.aq.upm.es/dubai/08/bp2190.html   
Inclusión laboral efectiva (Asunción y alrededores, Paraguay)

Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2008, y catalogada como GOOD. (Best Practices Database)
País/Estado — Paraguay
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — tropical y subtropical
Ámbito de la actuación — metropolitana
Agentes — organización no gubernamental (ONG)

Categorías — Erradicación de la pobreza: generación de ingresos; creación de puestos de trabajo; formación profesional; acceso a créditos. Servicios sociales: educación; ocio; salud y bienestar; seguridad ciudadana; reducción y prevención del delito; reforma del sistema judicial; acceso igualitario a los servicios sociales (especialmente para las mujeres). Buena gestión urbana: fomento de la colaboración pública y privada; legislación; políticas públicas; reforma institucional.


Contacto Principal

Fundación Saraki — organización no gubernamental (ONG)
María José Cabezudo

Artigas 1389 c/ Gral. Santos. 
P.O. Box: NA,
Asunción,
Paraguay.

Tel.: (595-21) 202155 
Fax: (595-21) 208413
E-mail: fundacion@saraki.org


Socio

Secretaría pública — gobierno central
Rossana Baez

calle Constitución esq. 25 de Mayo. 
Asuncion,
Paraguay.

Tel./Fax: (595-21) 451926/492109/497308
E-mail: sfp@sfp.gov.py
Colaboración política.
Colaboración técnica.


Socio

Instituto de Protección a Personas Excepcionales (INPRO) — gobierno central
Zulma Ferreira

Jeruti y Jacaranda.
Fernando de la Mora,
Paraguay.

Tel./Fax: (595-21) 670665 
Colaboración técnica.
Colaboración política.


Socio

Coordinadora Nacional por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONAPRODIS) — organización de base comunitaria (OBC)
Julio Fretes

Artigas 1375.
Asuncion,
Paraguay.

Tel./Fax: (595-971) 736-859
E-mail: dialeelial@gmail.com
Colaboración técnica.


Socio

Cumbre de empleo juvenil (YES) — organización no gubernamental (ONG)
Mirian Núñez

Mariscal Lopez.
Asuncion,
Paraguay.

Tel./Fax: (595-291) 32516
E-mail: red-yes-paraguay@stp.gov.py
Colaboración técnica.


Socio

Frente Paraguayo por las Personas con Discapacidad — organización de base comunitaria (OBC)
María Eugenia Marín

Médicos del Chaco 286/Fdo. de la Mora.
Asunción,
Paraguay.
 
Tel./Fax: (595-981) 574-237
E-mail: eugemrod@hotmail.com
Colaboración técnica.


Socio

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) — fundación
Carlos Gauto

Mariscal López 2029 esq. Acá Carayá.
Asunción,
Paraguay.

Tel./Fax: (595-21) 212.540
E-mail: cgauto@cird.org.py
Colaboración técnica.


Socio

Comision de Derechos Humanos del Congreso — gobierno central
Olga Ferreira de López, diputada nacional

El Paraguayo Independiente esq. 15 de Agosto. 
Asunción,
Paraguay.
 
Tel./Fax: (595-21) 414.4108 
E-mail: obferreira@diputados.gov.py
Colaboración política.
Colaboración técnica.


Resumen

Según el censo de 2002, sólo 10.000 personas con discapacidad son económicamente activas en Paraguay, de una población total de 5 millones. Los discapacitados están considerados como uno de los grupos más vulnerables en el país debido a su falta de derechos económicos y sociales. En este sentido, la ley 2479/04, que reserva puestos de trabajo en el sector público para personas con discapacidad, es el instrumento jurídico más importante para mejorar las oportunidades de empleo para este sector. Debido a diversos factores, las personas con discapacidad son marginadas dentro del ámbito laboral y se ven atrapados en un círculo de pobreza.

El objetivo principal de la iniciativa es promover la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Los esfuerzos se centran en que el proyecto cree mecanismos sostenibles para el trabajo articulado entre las Organizaciones de Personas con Discapacidad e instituciones públicas, reforma de las políticas públicas y de la ley 2479/04, así como del desarrollo reglamentario de dicha ley, para mejorar las condiciones laborales de las personas con discapacidad, y educar al público en general sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad.

El proyecto ha conseguido los siguientes logros:

Fechas Clave

Descripción

Situación previa a la iniciativa

La ley 2479/04, que reserva un 2

Establecimiento de prioridades

La Fundación Saraki estableció y coordinó a un equipo de expertos. Miembros de Coordinadora Nacional por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONAPRODIS), otras organizaciones de personas discapacitadas, el Instituto de Protección a Personas Excepcionales (INPRO), la Fundación Paraguaya de Diabetes (FUPADI), la Red de la Cumbre de Empleo Juvenil (YES), once instituciones públicas y los representantes del congreso, hicieron sus aportaciones al diseño.

Formulación de objetivos y estrategias

Se realizaron reuniones de equipo en las que participaron los principales beneficiarios. Durante éstas, se establecieron los objetivos y estrategias.

Objetivos

Estrategias

Movilización de recursos

Proceso

La estrategia principal consistió en el establecimiento de una red de ONGs por y para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y esta red, denominada Frente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, trabajó de forma conjunta con once instituciones públicas interesadas en el problema del empleo de las personas con discapacidad. Finalmente, los congresistas nacionales crearon su propia estructura de responsables políticos comprometidos con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad que se llama Frente Parlamento por los Discapacitados. Dentro de esta red, se establecieron dos equipos de trabajo. Uno para el estudio y análisis participativo de la ley 2479/04 durante las reuniones, donde cada sector proponía y debatía diversas áreas problemáticas de la ley, para su modificación y reglamentación adecuados. El segundo equipo se formó para el diagnóstico. En él los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, junto con la Fundación Saraki, diseñaron conjuntamente las herramientas para el diagnóstico sobre la accesibilidad de las instituciones. Se seleccionaron las instituciones públicas que se aprovecharían de estas herramientas y se establecieron los procedimientos. Las infraestructuras acordadas y el perfil de accesibilidad institucional se aplicaron en once instituciones.

Los equipos desarrollaron sus actividades en paralelo, pero al final de cada proceso relevante, se organizó una sesión de debate abierto para cada equipo de cara a compartir el trabajo en conjunto con todos los miembros de la red. Durante estas sesiones, se llevaron a cabo dos audiencias públicas en el Congreso Nacional con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos. En la primera de estas dos audiencias, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representaban expresaron su preocupación por los obstáculos al empleo, se propusieron medidas concretas para el Congreso y las instituciones públicas, y las conclusiones se publicaron en la prensa. Durante la segunda audiencia pública, los representantes de las instituciones públicas hablaron de sus acciones dirigidas a los derechos laborales de las personas con discapacidad y expresaron al público general, a las personas con discapacidad, a sus organizaciones, a la prensa y al Congreso, su preocupación sobre cuales eran las políticas más eficaces para el público perteneciente a este sector, solicitando el establecimiento de acciones conjuntas con las organizaciones de personas con discapcidad y el Congreso, ya que este sería el camino más eficaz para el cambio. Posteriormente, durante una tercera audiencia pública, las organizaciones de personas con discapacidad solicitaron formalmente al Congreso la creación de un frente parlamentario no partidista por los derechos de las personas con discapacidad, conformado por diversos responsables y comisiones políticas. Una semana después de esta audiencia se creó el frente.

Resultados obtenidos

Se han alcanzado todos los objetivos propuestos al inicio. Se ha generado una red de 25 organizaciones de personas discapacitadas que representan diversos tipos de discapacidades, se ha formado a los diputados y a once instituciones públicas para que articulasen acciones, por lo que 37 organizaciones se han beneficiado de la iniciativa (hubo alrededor de 200 personas que estuvieron directamente integradas en el sector público y privado). Además aproximadamente 900.000 personas con discapacidad se han beneficiado directamente y ahora son usuarios habituales de los servicios prestados por las organizaciones institucionales.

Otros ejemplos de los resultados obtenidos son:

Estos resultados han tenido un impacto positivo en el colectivo de los discapacitados, fortaleciendo su potencial para influir en la formulación de políticas relativas a sus derechos laborales y consolidando la red estatal de organizaciones de personas con discapacidad de cara a la consecución de objetivos comunes.

Las instituciones públicas han cambiado positivamente sus actitudes y acciones hacia el colectivo de los discapacitados, como resultado de la colaboración conjunta y el establecimiento de alianzas a largo plazo con las organizaciones de personas con discapacidad. Esto ha revertido en una mejora de los servicios para que puedan ser accesibles a todos.

Sostenibilidad

Sostenibilidad financiera / económica

La iniciativa fue financiada por una subvención no reembolsable de USAID, lo que significa que no se ha contraído ninguna deuda con su ejecución. La Fundación Saraki y sus socios han puesto en práctica un enfoque multiestratégico de recaudación de fondos locales e internacionales. Se creó una base de datos de potenciales donantes internacionales que suelen financiar acciones dirigidas a poblaciones vulnerables y personas con discapacidad. Las propuestas de los proyectos se diseñaron para la continuación de la iniciativa y se presentó a los donantes seleccionados. Con respecto a los recursos locales, la financiación se ha obtenido a nivel local a través de la red, y el instrumento de diagnóstico de accesibilidad creado previamente se ha replicado en las instituciones privadas como un servicio, la generación de fondos se reinvierte en la continuación del esfuerzo por parte de la organización.

Sostenibilidad social

A través de la capacidad de colaboración en red de las instituciones públicas y las organizaciones de personas con discapacidad, se han alcanzado la habilitación para el colectivo de los discapacitados y la reforma de la política, pero la iniciativa sigue teniendo impacto. La participación de las mujeres con discapacidad en la fase de formulación de políticas y en los grupos de presión y su representación en el congreso, ha influido positivamente en su liderazgo y su papel en la esfera pública.

Sostenibilidad cultural

Dado que el proyecto fue concebido por los propios beneficiarios, se prestó especial atención al respeto de las diferencias culturales y estilos de vida entre los diversos tipos de discapacidad: física, mental, visual y auditiva. Cada actividad y cada reforma legislativa que se han propuesto han tenido los aportes de cada sector, representado por el CONAPRODIS y el Frente Paraguayo por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sostenibilidad institucional

Con la creación del Frente Parlamentario por la Dicapacidad y del Frente Paraguayo por los Derechos de Personas con Discapacidad, junto con la red multisectorial de las organizaciones de personas con discapacidad, se consolidó una estructura para la continuación del proceso de influencia en la formulación de políticas que impacten directamente en el colectivo de discapacitados.

Con la integración de estos elementos se lograron efectos inesperados, tales como la revisión y actualización de la normativa municipal en materia de accesibilidad en las instituciones públicas y las revisiones presupuestarias de algunas instituciones públicas.

Lecciones aprendidas

Transferibilidad

La iniciativa se ha beneficiado de las experiencias nacionales generales que se detallan en el estudio de investigación realizado de cara a la generación de la ley 2479/04. Ahí se detallan los resultados de las entrevistas llevadas a cabo en los grupos focales con personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad, con los interlocutores sociales y con los profesionales del derecho. Este análisis señala tanto los puntos débiles de la ley, la falta de regulación y las barreras que tienen las personas con discapacidad para acceder a las instituciones públicas, como las limitaciones para su aplicación efectiva. Por otro lado, señala la necesidad de articular acciones entre los principales agentes en el sector del empleo: por un lado, las personas con discapacidad y sus organizaciones, por otro lado las instituciones públicas como potenciales generadores de empleo, como uno de los puntos clave para mejorar la aplicación de las leyes y por lo tanto, las condiciones de empleo para personas con discapacidad.

Este trabajo de investigación, junto con las principales experiencias detalladas por las diversas organizaciones que formaban parte de los equipos de trabajo han contribuido al diseño del proyecto y selección de estrategias.

En referencia a la réplica, la red sigue funcionando y se está expandiendo contínuamente, ya que las empresas privadas y el Poder Judicial son ahora miembros activos, con nuevos objetivos, pero con el mismo mecanismo de éxito. A nivel regional, la Fundación Saraki está abogando por la creación del Frente para la Discapacidad en el Parlamento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). La estrategia de trabajo a través de redes público-privadas se está aplicando en otras dos iniciativas actualmente en ejecución por la Fundación Saraki, que se iniciaron en el año 2007. Un ejemplo es el proyecto denominado Accesibilidad Web, que promueve el derecho de acceso a la información pública de personas con discapacidad a través de Internet. También hay talleres en los que se aborda el tema, organizados conjuntamente entre las instituciones públicas y las organizaciones de personas con discapacidad. Esta iniciativa ha sido un éxito.

Por otro lado, desde 2007 la Fundación Saraki está replicando el proceso de diagnóstico de la accesibilidad diseñado en la propuesta inicial en el sector privado como un servicio para promover la responsabilidad social de la empresa. Actualmente está siendo revisado por el grupo técnico que lo diseñó para que se pueda aplicar en empresas especializadas en diversos servicios más allá del ámbito del empleo.

Perfil Financiero

Colaborador (porcentaje aportado) 2006 2007 2008 2009 2010

Secretaría pública

6,1 - - - -

INPRO

- 2 - - -

CONAPRODIS

22 10,2 30 - -

YES

- 1 - - -

FEPADI

- 1,7 - - -

CIRD - USAID

- 59,2 - - -

Comisión de Derechos Humanos del Congreso (que incluyó a otras comisiones)

- 6,4 20 - -

Fundación Saraki

78 5,4 50 - -

otras 9 instituciones públicas

- 8 - - -

Total (en dólares EEUU)

5.750 48.900 18.000 - -

Legislación y políticas relacionadas

Las políticas públicas referidas a la lucha contra la pobreza o a la mejora de la situacion de la mujer no incluyen los componentes específicos en materia de discapacidad. Sin embargo, hay varias leyes que apoyan la iniciativa:

Constitución Nacional: art. 6 Calidad de vida; art. 46. Igualdad y No Discriminación; art. 58 de la Personas Excepcionales; art. 88 de la Igualdad en el Trabajo.

Ley 1925-02 que ratifica la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad.

Ley 36/90, que aprueba el Convenio nº159 de la Organización internacional del trabajo (OIT), sobre la rehabilitación profesional y el empleo de personas con discapacidades físicas.

Paraguay se incluyó el 30 de marzo de 2007 en el proceso de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención establece en su art. 4 el compromiso del Estado de reformar la legislación para asegurar la correcta aplicación de los acuerdos de la convención.

Ley 780/79, que crea el Instituto Nacional de las Personas Excepcionales (INPRO).

Ley 2479/04, que establece el mandato de la contratación de un mínimo del 2% de personas con discapacidad en las instituciones públicas.

Referencias

Diario ABC  (2008)   «La ley sobre la discapacidad y el trabajo debe cambiarse»,   Diario ABC, 28 de marzo de 2008, 35pag. 

Susana Oviedo  (2008)   «ANDE e IPS son las instituciones con el mayor número de empleados con discapacidad»,   Diario Ultima Hora, 9 de septiembre de 2008, 10 pag. 

Diario ABC  (2007)   «En busca de oportunidades de empleo para personas con discapacidad»,   Diario ABC, 30 de agosto de 2007, 12 pag. 

Susana Oviedo  (2007)   «Las personas con discapacidad son para exigir sus derechos»,   Diario Ultima Hora, 26 de agosto de 2007, 26 pag. 

Rudy Lezcar  (2007)   «Los jóvenes están pidiendo oportunidades, no compasión»,   Diario ABC, 26 de agosto de 2007, 27 pag. 

Diario Crónica  (2007)   «El Estado ignora a las personas con discapacidad»,   Diario Crónica, 26 de agosto de 2007, página 6 

CIRD  (2007)   «Iniciativas de la demanda para la inclusión laboral de personas con discapacidad»,   Periódico de Iniciativas Ciudadanas, N º 36, año 2007, pag. 4-6 

CIRD  (2007)   «Se ha creado el Frente del Parlamento para los derechos de las personas con discapacidad»,   Periódico de Iniciativas Ciudadanas, N º 41, año 2007, pag. 7 

Edición del 13-11-2008
Traducción del inglés: Natalia Pérez González
Revisión: Carlos Jiménez Romera
Buenas Prácticas > Concurso Internacional > 2008 > http://habitat.aq.upm.es/dubai/08/bp2190.html   
 
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