País/Estado — Colombia
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — montañosa
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno central; gobierno regional; gobierno local; paraestatal; organización de base comunitaria (OBC).

Categorías — Ordenación territorial: planeamiento y calificación del suelo; urbanización y desarrollo de suelo; remodelación urbana y suburbana. Participación ciudadana y riqueza cultural: participación comunitaria; educación cívica. Vivienda y derechos humanos: aplicación del derecho a una vivienda digna; prevención de deshaucios forzados; propiedad asegurada; dotación de infraestructura pública para una vivienda digna.

Contacto Principal

Carrera 49 Nº 44--94, local 194,
Parque San Antonio, Medellín, Colombia.

Tel: +57 4 576 76 30
Fax: +57 4 571 86 93

Organización Nominadora

 

Carrera 7 Bis A, Nº 123-33, Bogotá, Colombia.

Tel: +57 1 493 11 21
Fax: +57 1 214 79 74

Socio

Medellín, Colombia.

Tel: +57 4 385 54 02
     +57 4 385 54 23 
Fax: +57 4 262 29 52

Socio

Medellín, Colombia.

Tel: +57 4 385 60 00
Fax: +57 4 262 32 01

Socio

Medellín, Colombia.

Tel: +57 4 261 48 78
     +57 4 385 90 78
Fax: +57 4 385 90 95

Socio

Bogotá, Colombia.

Tel: +57 1 332 34 34
     +57 1 332 34 00

Socio

Medellín, Colombia.

Tel: +57 4 385 59 03
     +57 4 385 59 25 
Fax: +57 4 381 15 35

Socio

Calle 105C 49C 62, CP 9902, Medellín, Colombia. 

Socio

Medellín, Colombia.

Tel: +57 4 385 65 64
     +57 4 385 58 23
Fax: +57 4 381 17 40

Socio

Medellín, Colombia. 

Tel: +57 4 385 63 31

Socio

Medellín, Colombia.

Tel: +57 4 385 54 05
Fax: +57 4 381 18 31

Socio

Medellín, Colombia. 

Tel: +57 4 380 00 00

Resumen

A partir de 2004, la gerencia auxiliar de Gestión Urbana y Vivienda de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) se propuso adelantar una intervención integral, piloto y demostrativa en un asentamiento en condiciones críticas ubicado en las márgenes de la Quebrada Juan Bobo, en Medellín. Mediante la aplicación de un modelo alternativo de reasentamiento en sitio, consolidación habitacional y recuperación ambiental se buscó mejorar las condiciones de habitabilidad de 300 familias, introducir cambios en las políticas públicas y la actuación interinstitucional, incorporar el microterritorio al desarrollo de la ciudad e impulsar el ejercicio por el derecho a la vivienda en concierto con la comunidad.

Los logros después de cuatro años del inicio de la intervención se hacen evidentes en la transformación ambiental y físico-espacial del asentamiento y en el afianzamiento sociocultural, económico y político de la población. Los espacios ganados por la comunidad, como producto de su participación activa en el proceso de la mano de la EDU, se manifiestan en la legalidad de la tenencia, en la disposición de nuevas viviendas en altura y en la mejora habitacional con estándares de calidad; en la provisión y adecuación de espacio público e infraestructura de servicios, equipamientos sociales y productivos, saneamiento básico y acceso a los bienes y servicios urbanos.

Hoy es evidente el refuerzo de la identidad cultural y la cohesión social en el interior del asentamiento, y el surgimiento de proyectos colectivos entre la comunidad y el gobierno local, que contribuyen al aumento de las condiciones de seguridad económica y social. En los estamentos públicos, la experiencia logra incidir en la planeación y diseño de políticas y mecanismos alternativos para la gestión del suelo urbano, la consolidación habitacional y la gobernabilidad. En la actualidad, la EDU multiplica la experiencia en la parte alta de la Quebrada Juan Bobo y en La Herrera, del mismo sector. El municipio de Medellín, en el Plan de Desarrollo Local 2008-2011, se propone expandir el modelo de intervención beneficiando a más de 6.000 familias.

Fechas Clave

• Agosto de 2004 — Diagnóstico compartido y definición del área de planificación.
• Enero de 2005 — Inicio de los procesos legales, operacionales, técnicos y administrativos.
• Junio de 2005 — Disposición de recursos, estructura operativa y convenios interinstitucionales.
• Febrero 2006 — Inicio de la intervención y conformación de comités comunitarios.
• Marzo de 2007 — Entrega de soluciones y validación política de la intervención.
• Junio de 2007 — Consolidación de la experiencia y multiplicación a otras áreas de la ciudad.

Descripción

Situación previa a la iniciativa

En la parte baja de la Quebrada Juan Bobo se asientan de manera informal 1.260 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Las características de este asentamiento son marginalidad y fragmentación social; débil organización, liderazgo y control del territorio; ausencia de lazos familiares, normas y códigos de convivencia, de condiciones de seguridad y salubridad, y de canales de desenvolvimiento económico.

Un 80% de las viviendas tiene carencias estructurales y funcionales, un 35% se ubica en las áreas de retiro de la quebrada y en zonas con restricciones geotécnicas y un 94% presenta ilegalidad en la tenencia. La ilegalidad afecta también la prestación de los servicios básicos con un 50% del acueducto y un 35% de la energía en fraude, y con un 100% de alcantarillado informal. El 90% del caudal de la Quebrada Juan Bobo son aguas residuales. Los senderos discontinuos hacen difícil el acceso y cada habitante sólo cuenta con medio metro cuadrado de espacio público.

El asentamiento evidencia la carencia de mecanismos suficientes de planeación, control y monitoreo de los procesos de poblamiento en sectores informales y en riesgo, y la intervención ocasional y dispersa por parte de la administración municipal. Las acciones de las entidades gubernamentales se presienten como una inversión expulsora y el miedo al desalojo es una constante en la población.

Establecimiento de prioridades

Para la EDU, los siguientes aspectos fueron, además de prioritarios, principios fundamentales para acometer la intervención en Juan Bobo:

1. Un proyecto con la gente y para la gente. Producir un acercamiento entre las entidades del gobierno local y la comunidad, generar confianza entre los actores, se impulsar la participación y el establecimiento de compromisos.
2. Gobierno facilitador. Gestionar y promover el proyecto al interior de la administración local para garantizar la vinculación de las diferentes entidades territoriales, articular acciones y lograr un manejo integral y coordinado.
3. No desalojo. No expulsión. No expropiación. Legalizar la tenencia, habilitar nuevo suelo e impedir el desarraigo y la ruptura social.
4. La vivienda como detonante. Producir diferentes planes habitacionales respondiendo a los intereses y manifestaciones socioculturales de la población, con el fin de generar apropiación, permanencia y seguridad económica a largo plazo.
5. El territorio como ordenador. Reordenar, redensificar y liberar los componentes natural, habitacional y urbanístico —aún en medio de las restricciones geotécnicas del microterritorio— para mejorar integralmente las condiciones de habitabilidad y garantizar la inclusión social.
6. La institucionalización y multiplicación del modelo de intervención. Evaluar las lecciones aprendidas, inducir cambios en las políticas públicas para el mejoramiento y consolidación de asentamientos informales, asegurar la expansión y la sostenibilidad del modelo.

Formulación de objetivos y estrategias

El reasentamiento en sitio voluntario y la consolidación en Juan Bobo partió del reconocimiento de la complejidad y las particularidades sociales, económicas, ambientales y urbanísticas del asentamiento. Estas consideraciones condujeron a la EDU a idear soluciones no convencionales, a buscar flexibilidad técnica y normativa y a brindar respuestas acordes con las expectativas de la población. Un objetivo de importancia lo constituyó la concertación con la comunidad y el establecimiento de pactos urbanos y acuerdos sociales e interinstitucionales que garanticen una adecuada intervención.

Utilizando estrategias de reordenamiento, reajuste de tierras y recuperación ambiental, los objetivos de orden urbanístico de la EDU se orientaron a la construcción de obras de estabilización; a la disposición de terrenos para garantizar la reubicación y construcción de vivienda; a la dotación de infraestructura de servicios, provisión de espacio público y equipamientos comunitarios; al saneamiento básico y a la construcción de una plataforma económica y social que garantice la sostenibilidad.

En materia habitacional, sin perder de vista la estandarización y calidad de las soluciones y utilizando mecanismos del sector formal, el grupo técnico de la EDU se propuso emprender la construcción de vivienda nueva en altura —en edificios de entre cinco y nueve pisos— de manera paralela a la adquisición de vivienda usada que elimina factores de hacinamiento e inseguridad estructural y al mejoramiento del lugar por la autoconstrucción de las viviendas más consolidadas.

A nivel institucional, los objetivos se orientaron a la suscripción de convenios interinstitucionales entre entidades de los niveles local, regional y nacional; para actuar de manera coordinada, asignar funciones operativas y técnicas de acuerdo con especialidades y competencias, adaptar métodos, regulaciones y normativas vigentes, racionalizar las inversiones y aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros.

Para lograr el fortalecimiento de las capacidades gerenciales, tecnológicas, financieras y administrativas en el sector público, se buscó optimizar el uso de los recursos y adquirir herramientas de gestión innovadoras y futuristas para enfrentar más eficientemente las problemáticas y déficits habitacionales. Éste se convirtió en un objetivo fundamental para viabilizar la intervención, validar políticamente el modelo, expandir y garantizar la sostenibilidad en lo local y transferir aprendizajes a nivel nacional e internacional.

Movilización de recursos

En Colombia, la adjudicación de subsidios familiares para Vivienda de Interés Social (VIS) se aplica a unidades cuyo valor final no supere los 50 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) —es decir, 19,07 millones de pesos colombianos aproximadamente, unos 9.500 dólares estadounidenses en 2007—. Sobre esta base —en el caso de vivienda nueva en Juan Bobo— el municipio, la nación y el departamento aportaron respectivamente hasta 23, 21 y 3 salarios, y los beneficiarios los 3 SMMLV restantes. Para la mejora habitacional se dedicaron un total de 19 SMMLV de financiación —7,24 millones de pesos colombianos en promedio, 3.600 dólares estadounidenses en 2007—, de los cuales el gobierno local financió 13, el departamento 3 y las familias 3. El aporte de las familias se soportó en la evaluación comercial de la vivienda existente en el caso de la vivienda nueva y/o en créditos gestionados directamente por el Fondo de Vivienda de Interés Social de Medellín (FOVIMED) o entidades financieras para los mejoramientos.

Juan Bobo propició un esquema de corresponsabilidad entre la nación, el departamento y el municipio para el otorgamiento de subsidios a vivienda nueva y mejoramiento habitacional. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) de Colombia —con base en las postulaciones de las familias y una vez organizada la demanda efectiva— abrió la bolsa ordinaria de subsidios, con un valor estimado por el Municipio de Medellín para cada unidad de 6 millones de pesos colombianos en 2005 —3.000 dólares estadounidenses de 2008— y movilizó los recursos a través de un encargo fiduciario.

Mediante convenios interadministrativos, se delegó el manejo de recursos a la EDU, entidad que procedió a determinar el programa de inversión y la modalidad de contratación de las obras. Paralelamente, se logró la prefinanciación del proyecto por parte del FOVIMED, entidad que movilizó 4.000 millones de pesos colombianos cada año, que hacen un total de 12.000 millones —6 millones de dólares estadounidenses de 2008—, lo cual permitió la disposición efectiva de los recursos en función de la programación e hizo viable la gestión. El ente fiduciario estableció entonces una unidad de caja para aplicar los subsidios, contabilizar el aporte de mano de obra comunitaria para los mejoramientos, reconocer las mejoras para la vivienda nueva y gestionar una oferta mercantil para la construcción de las edificaciones en altura. La EDU desembolsó los recursos en especie (que provienen del banco de materiales del departamento) a través de convenios.

Para las obras de infraestructura y estabilización, adecuación del espacio público, movilidad, equipamientos comunitarios y provisión de servicios, la EDU, además del FOVIMED, coordinó los recursos económicos, financieros y técnicos de más de doce entidades y programas del gobierno local: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio, Secretaría de Obras Públicas, Empresas Varias de Medellín, Secretaría de Salud, Instituto de Deportes y Recreación (INDER), Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, y Secretaría de Bienestar Social. Por su parte, las familias aportaron no sólo mano de obra para obras de limpieza, mantenimiento del sector y mejoramiento de las viviendas, sino también recursos humanos durante la negociación, en la creación de comités temáticos y en la gestión de proyectos comunitarios.

Proceso

La débil organización comunitaria para enfrentar las exigencias de la intervención, el escepticismo por la presencia del Estado, el sometimiento a grupos de presión y el miedo al desalojo de la población de Juan Bobo hicieron que la EDU emprendiera un proceso de ajuste administrativo y técnico en el interior de la entidad para atender los procesos de organización social y asegurar la participación de la población durante la planeación, instrumentación, ejecución, mantenimiento y seguimiento del proyecto.

El primer paso fue la realización de un diagnóstico participativo —que permitió la delimitación del escenario de actuación y la observación rigurosa de las particularidades de cada una de las 300 familias beneficiarias de las acciones—, seguido de un acompañamiento permanente por parte de los grupos técnico y social de la EDU a través de la realización de recorridos por el sector, talleres, asambleas comunitarias y censos socioeconómicos para identificar las demandas sociales. Estas actuaciones impulsaron la participación de la comunidad en la toma de decisiones, el establecimiento de compromisos y la suscripción de acuerdos comunitarios. Un Pacto Urbano suscrito por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura Ciudadana y los grupos que ejercían control sobre el territorio hizo posible el acceso al asentamiento en condiciones de seguridad.

La presencia esporádica de las instituciones, la desarticulación e intermitencia de las acciones y la liquidación de la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (CORVIDE) —antes responsable de la gestión habitacional— ponían en entredicho el éxito de la intervención. Esta amenaza se convierte en oportunidad con la conformación de tres comités creados por la comunidad —de vivienda, ambiental y barrial de emergencias— y con el Semillero Ambiental, que reciben el apoyo de las entidades competentes y dan lugar a la suscripción de convenios, garantizando el acompañamiento gubernamental en aquellos procesos de sensibilización, educación, capacitación para el trabajo en la autoconstrucción, vigilancia y mantenimiento.

La escasa capacitación y la carencia de códigos de comportamiento de los beneficiarios frente a las nuevas condiciones de movilidad y habitabilidad, sobre todo en las edificaciones en altura, se soluciona con la aceptación y adopción comunitaria de un Reglamento de Copropiedad y un Manual de Convivencia —que toman en cuenta la diversidad cultural y hábitos de vida de indígenas, campesinos desplazados y afrocolombianos presentes en la comunidad—, y dejan sentados los acuerdos para el uso de los espacios comunes en las edificaciones y en los espacios públicos. Un comité de veeduría ciudadana se responsabiliza de las acciones de mejoramiento integral del barrio.

La falta de información técnica sobre la infraestructura, y sobre todo la carencia de registros catastrales indispensables para la legalización y el saneamiento fiscal de los predios, condujo a una labor exhaustiva de investigación y sistematización al interior de la EDU y de las entidades relacionadas, labor que arrojó como resultado la disposición de los estudios necesarios para cumplir con los objetivos y hacer posible la replicabilidad del modelo.

Al acometer la construcción de las viviendas y la infraestructura vial y de servicios, y al proceder al saneamiento fiscal, se hicieron evidentes los roles imprecisos en el interior de la entidad promotora y de las entidades públicas participantes, como también la aplicación inadecuada de las normas urbanísticas y los procedimientos jurídicos, que desconocían la formalidad. El diseño de herramientas técnicas alternativas, los reajustes normativos y la articulación de funciones fue un logro significativo ante las entidades que otorgan licencias y aplican normativas como Catastro, Planeación Municipal y las Curadurías Urbanas, las Empresas Públicas de Medellín y el Área Metropolitana.

La contratación de las obras para la vivienda nueva en altura con el sector privado no estuvo exenta de problemas, debido a la visión comercial del sector y el consecuente desinterés en los proyectos de vivienda social, a la rigurosidad de los métodos formales de construcción —no adecuados para responder a situaciones imprevisibles propias de la informalidad—, a las dificultades funcionales para acceder a la obra, al cambio de estándares y exigencias especiales para la operación, etc. Las debilidades administrativas u operacionales se obviaron a través de la conformación de un grupo multidisciplinario responsable del análisis integral del proceso de producción de la vivienda —planeación, gestión, adquisición de predios, estudios y diseños, obra civil, interventoría y acompañamiento social— adscrito a la EDU.

Resultados obtenidos

Las familias que viven en el sector bajo de la Quebrada Juan Bobo, por iniciativa de la comunidad denominado Sector Nuevo Sol de Oriente, disponen hoy de servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras y de un sistema de movilidad y de espacios públicos con plazas, plazoletas, senderos, escalinatas, miradores y puentes peatonales —que elevan el índice de 0,5 metros cuadrados por habitante a 3,17 metros cuadrados por habitante—. Además, disfrutan de seguridad y estabilidad estructural, zonas verdes y salubridad.

Actualmente cuentan con títulos de propiedad de sus viviendas y han configurado un patrimonio familiar que les abre posibilidades no sólo para acceder a créditos en el sector formal, sino para generar ingresos a partir del arriendo. La construcción de viviendas en altura brindó solución a 108 familias que hoy disponen de 30 metros cuadrados mínimo por vivienda, y tienen la posibilidad técnica de desarrollarse progresivamente.

El control social del territorio es una realidad, así como la seguridad en el interior del asentamiento. Hoy son cotidianas actividades de recreación y encuentro de niños y adultos en los espacios públicos que antes no eran posibles. El empoderamiento de las mujeres en estos procesos se refleja en la participación activa en los comités temáticos y en el aporte en mano de obra para la autoconstrucción de sus viviendas y las de vecinos mediante la organización de convites comunitarios.

La inserción de la comunidad en los programas sociales y de gobierno del municipio se complementa con la capacitación de mujeres en varios oficios por parte del Centro de Desarrollo Empresarial Zonal (CEDEZO); en la disposición de solares ecológicos por la Secretaría de Medio Ambiente; en salud, educación y recreación a los niños a través de la Ludoteka; en prevención y manejo de emergencias con el Sistema de Atención y Prevención a Desastres (SIMPAD); en el Pacto Urbano para el manejo de conflictos con la Secretaría de Gobierno, y el programa Buen Comienzo para la atención y seguimiento de la familia con la Secretaría de Bienestar Social.

El concepto de reasentamiento y mejoramiento barrial cambió al interior de la administración municipal dando valor al fortalecimiento de las centralidades barriales a través del mejoramiento, el redesarrollo y la estructuración de microterritorios. La entidad y el municipio cuentan ahora con modelos habitacionales que se pueden aplicar a través de diferentes tratamientos urbanos y mediante acciones institucionales coordinadas. El modelo de intervención en Nuevo Sol de Oriente (antes Juan Bobo) no sólo se incorpora a los propósitos del Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 2008-2011 y pasa a ser un programa con cobertura metropolitana, sino que se convierte en un producto habitacional pertinente al desarrollo urbano y de interés de los municipios de la región y del país.

La EDU, como entidad coordinadora y ejecutora, se fortalece técnica, administrativa y operacionalmente. Hoy, la entidad cuenta con diversas herramientas y mecanismos de contratación que facilitan la planeación de metas más ambiciosas en el sector (licitaciones públicas, encargos fiduciarios, ofertas mercantiles, alianzas, sociedades de economía mixta, concursos inmobiliarios, convenios de asociación, convenios interadministrativos, etc). Como responsable de la viabilidad técnica y económica de los proyectos habitacionales, la EDU se vuelve articuladora de las entidades municipales y promotora de la participación del sector público, las ONG, las cajas de compensación y el sector privado.

Sostenibilidad

Como complemento a las posibilidades económicas que de hecho brinda la propiedad de la vivienda, la EDU promovió diferentes mecanismos para la generación de ingresos de las familias a partir de la capacitación en diferentes oficios, del apoyo a los emprendimientos comunitarios y de la habilitación de una plataforma de actividades económicas a partir de la construcción de equipamientos flexibles.

Las mujeres fueron capacitadas en el manejo de alimentos, confecciones, zapatería y emprenderismo entre otras, lo cual les permite gestionar proyectos productivos con el municipio y algunas ONG. Hoy la comunidad formula proyectos como el taller barrial El Costurero en la parte baja de Juan Bobo, el Centro de Atención al Adulto Mayor en la parte alta, Unidades Productivas para una Comunidad Emprendedora y el Centro Cultural para la Mujer en La Herrera, que están siendo presentados a la comunidad internacional y al Municipio para vincular la cooperación y el apoyo de empresas privadas. Con funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se han iniciado actividades de embellecimiento del sector generando valores agregados, y las viviendas han sido mejoradas y equipadas evidenciando el arraigo y continua evolución del proyecto.

La población ha demostrado que es capaz de convocar, informar y vincularse a los procesos del sector, de la zona y de la ciudad y muchas comunidades urbanas brindan actualmente reconocimiento y respeto a las mujeres del barrio por los resultados obtenidos como producto de su esfuerzo constante y participativo. El proyecto motivó a varios habitantes a volver a las aulas, entre ellos niños y jóvenes que no podían estudiar por falta de ingresos y que hoy son apoyados en suministros y salud por el programa Buen Comienzo. La habilitación de espacios de acceso y senderos en el sector posibilita el abastecimiento de mercancías, bienes y servicios, y la construcción de unidades comerciales y equipamientos comunitarios garantiza el surgimiento de actividades productivas, nuevos negocios y el restablecimiento de los que existían antes del reasentamiento.

La capacitación de mujeres y hombres en la construcción ha beneficiado a más de 200 familias que no sólo han continuado mejorando o desarrollando de manera progresiva sus viviendas, sino que hoy son requeridas por contratistas formales o vecinos para efectuar reparaciones en otras viviendas u obras de la ciudad. Adicionalmente, el proyecto logró una amplia capacitación comunitaria en temas relevantes como trámites de licencias de construcción, escrituración, trámites para acceder a subsidios, formulación de pequeños proyectos comunitarios, uso racional de los servicios públicos, manejo ambiental y de residuos sólidos. Algunas familias viven del reciclaje y fueron vinculados al programa Recicladores de Medellín (RECIMED) que los dotó con uniformes y los capacitó en equipo con todas las personas que trabajan el reciclaje en la ciudad. La comunidad ha logrado también capacitarse para mantener la salubridad y limpieza de la vivienda y de los espacios públicos. El pago oportuno de los servicios públicos por la comunidad evidencia el arraigo y el cambio cultural.

La transformación urbana ha generado interés por parte de Microempresas de Antioquia, del sector privado, del sector cultural de la ciudad, de las universidades que ven en la experiencia de las familias de Juan Bobo un modelo a sostener en el tiempo, a partir de la formación y puesta de oportunidades para el desarrollo.

Lecciones aprendidas

El Proyecto Piloto de Consolidación Habitacional y Recuperación Ambiental de la Quebrada Juan Bobo abre para la EDU, para la Administración de Medellín y para las comunidades de la ciudad, un escenario de posibilidades para la planeación, instrumentación, gestión, manejo y seguimiento de proyectos habitacionales. El aprendizaje lleva a las siguientes conclusiones:

1. Es posible enfrentar el riesgo habitacional con criterios ambientales y de seguridad estructural y lograr el reconocimiento, validación técnica y compromiso de las entidades públicas, el sector privado y las organizaciones sociales; frente a nuevas alternativas de intervención en áreas con restricciones geotécnicas.
2. Es social, cultural y políticamente benéfico acometer desde el sector público una operación popular con justicia social en asentamientos informales, organizar la participación comunitaria y apostar por la construcción de tejido humano.
3. Es técnica, administrativa y financieramente recomendable aunar esfuerzos institucionales para adaptar los sistemas formales de gestión inmobiliaria a la solución de problemas habitacionales en el sector informal; desarrollar tipologías y sistemas constructivos adaptables a las condiciones sociales, técnicas y normativas. El reasentamiento en el sitio en edificios en altura para viviendas de interés social es una opción viable desde puntos de vista técnico, económico y social.
4. Las comunidades vulnerables están dispuestas a participar y comprometerse en el desarrollo de procesos de cambio y trasformación que mejoren sus condiciones de vida, su seguridad y salud, que les permitan adquirir destrezas y emprender acciones productivas, sobre todo cuando dichos procesos toman en cuenta sus particularidades culturales, necesidades y propósitos. La rentabilidad del suelo es para la gente.

Transferibilidad

La recurrencia de formación de barrios informales asociados a zonas con restricciones geotécnicas en Medellín, el departamento de la provincia, el país e incluso a nivel internacional, propicia la transferencia del modelo de reasentamiento y consolidación habitacional aplicado en la Quebrada Juan Bobo. El determinismo geográfico, la adaptabilidad cultural e histórica, la rigurosidad de la topografía y la comunidad como agente de desarrollo local que une las ciudades latinoamericanas y colombianas, permiten implantar el modelo habitacional en asentamientos con características similares a las de Juan Bobo.

Actualmente, la réplica del modelo se realiza en la parte alta de la Quebrada Juan Bobo y en la Quebrada La Herrera, favoreciendo a otras 121 familias con vivienda nueva y a 94 con mejoramientos. El Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 2008-2011, dentro de la línea estratégica Medellín Solidaria y Competitiva, ha proyectado recursos para adelantar reasentamientos en cuatro zonas de similares características de la ciudad donde habitan cerca de 6.000 familias. De otra parte, cinco municipios en conurbación con Medellín —Girardota, Copacabana, Itagüí, Caldas y Bello— han realizado reconocimientos de campo para verificar la factibilidad técnica y viabilidad económica de emprender intervenciones similares, y gobernantes de otras ciudades colombianas como Manizales, Cali, Cartagena y Bogotá, e internacionales, como la Paz (Bolivia), Tokio (Japón) y Río de Janeiro (Brasil), han visitado el proyecto y manifestado el interés en la transferencia de conocimientos.

La EDU, en unión con entidades académicas como la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología (EAFIT) y centros de investigación como el Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza (CEHAP), se propone sistematizar la información y producir una guía-memoria del proceso que le permita capacitar a grupos técnicos y sociales de otros municipios, así como implantar mecanismos para responder a las consultas técnicas en diferentes materias y desde distintas procedencias.

Políticas y legislación relacionadas

La intervención integral en Nuevo Sol de Oriente —Juan Bobo— logró que el gobierno central, de manera excepcional, dirigiera recursos al mejoramiento de vivienda, el entorno y el saneamiento básico, actuación que abre nuevos espacios para la realización de proyectos similares en otros municipios colombianos. Desde el punto de vista de la planeación municipal, la experiencia del Pacto Urbano suscrito con la comunidad beneficiaria permitió introducir formas alternativas de regularización urbanística basada en la construcción de consensos comunitarios e interinstitucionales. En 2006 se lograron ajustes en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad a través de una metodología establecida con la autoridad ambiental y las empresas prestadoras de servicios públicos y de planeación. También se elevaron a decreto municipal nuevas normas para los espacios públicos y para los mejoramientos de vivienda, previa validación de las mismas por la comunidad y por las entidades de control.

A nivel financiero, algunos decretos municipales —como por ejemplo el Decreto 867 de 2003— fueron modificados para otorgar prefinanciación a aquellas familias que antes no podían obtener subsidios. Gracias a esta medida, el municipio puede ahora orientar recursos a proyectos de reasentamiento ayudando a la financiación completa de los proyectos habitacionales y garantizando el reordenamiento de los asentamientos precarios de la ciudad. Por su parte, la empresa municipal prestadora de servicios públicos emitió un decreto para la refinanciación de las deudas de las familias beneficiarias de proyectos de reasentamiento, posibilitando la prestación de servicios básicos para las nuevas soluciones de vivienda.

La incidencia del proyecto en materia ambiental se hace evidente en el Sistema Integral de Manejos de Aguas del Área Metropolitana, de la cual forman hacen parte Medellín y otros nueve municipios, que ahora incluye la preservación de cuencas, el establecimiento de zonas de recreación pasiva y el manejo de aguas pluviales y residuales en zonas de alto riesgo, lo que contribuye a la culminación del programa de descontaminación del río Medellín.

Pero sin duda el mayor aporte del Proyecto Piloto de Consolidación Habitacional y Recuperación Ambiental de la Quebrada Juan Bobo a la planeación municipal y al establecimiento de nuevas políticas habitacionales fue la reconceptualización de las denominadas zonas en riesgo, consideradas antes de la intervención en Juan Bobo como zonas no habitables, objetivos de desalojo y expulsoras de población. Hoy, las zonas de quebradas y laderas urbanas en Medellín, aún en medio de sus restricciones geotécnicas, se consideran susceptibles de intervención, se suman al suelo disponible en el municipio para adelantar proyectos habitacionales y han sido formalmente incluidas dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Medellín 2008-2011. De manera paralela, y gracias a este enfoque innovador, el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) de la ciudad se ve enriquecido con nuevos proyectos barriales, metas de mayor alcance, un aumento de recursos para el período 2008-2011 y, lo más importante, con la confianza por parte de las comunidades más vulnerables.

Perfil Financiero