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País/Estado — Bolivia
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — árida y semiárida
Ámbito de la actuación — pueblo
Agentes — gobierno central; gobierno local; organización no gubernamental (ONG); organización de base comunitaria (OBC); agencia internacional; institución académica o de investigación.Categorías — Servicios sociales: educación; ocio; salud y bienestar; seguridad ciudadana; reducción y prevención del delito. Equidad de género e inclusión social: funciones y cometidos por razón del género; necesidades por razón del género; acceso a los recursos; legislación; eliminación de trabas a la igualdad de género (medidas de discriminación positiva); integración; fomento del auto-liderazgo de las mujeres. Participación ciudadana y riqueza cultural: participación comunitaria; riqueza social y cultural; expresión y animación; educación cívica; artes.
Calle Loayza esq. Obispo Cárdenas s/n, Ciudad de La Paz La Paz, Bolivia Tel: 2201517 Fax: 2201517E-mail: raymassamherst@hotmail.com
Calle Bartolina Sisa Nº 1272, San Pedro, La Paz, Bolivia Tel: 591 73008045, 76564150Colaboración política.
Centro comunitario de Tuni Tuni, Provincia Murillo, La Paz, Bolivia Tel: 591 71587762Colaboración política.
Plaza de España Edif. María Cristina Nº 612, Box 636 La Paz, Bolivia Telefax: 591 02 2410461, 591 02 2410334E-mail: aosbol@entelnet.bo
Calle Macario Pinilla nº 525 esq. Ascarrunz Sopocachi La Paz, Bolivia Tel: 591 2 2419195 Fax: 591 2 2410242E-mail: cdc@cdcbolivia.com
Calle Big Hole nº 1507, casi Plaza Israel, San Pedro, La Paz, Bolivia Tel: 591 2 2483948 / 591 2 2112476 Fax: 591 2 2483948 / 591 2 2112476E-mail: comunicacion-conamaq@hotmail.com
Calle Bartolina Sisa Nº 1272, San Pedro La Paz, Bolivia Tel: 591 71500438E-mail: bartolinas@bartolinasisa.org
Calle Colombia Nº 440 La Paz, Bolivia Tel: 591 2 2490033 Fax: 591 2 2490044Web: http://www.defensor.gov.bo
El proyecto plantea el fortalecimiento de las organizaciones indígenas originarias y campesinas de las veinte provincias del Departamento de La Paz, en Bolivia, mediante la formación de «Técnicos Superiores en Justicia Comunitaria», «Conciliadores Comunitarios» y «Promotores en Derechos Humanos, Fundamentales, Justicia Comunitaria y Saneamiento de Tierras». El proyecto apuesta por un diálogo intercultural que permita el respeto del otro bajo la premisa de que «un pueblo que sabe defiende mejor sus derechos».
Gracias a este programa de «Técnicos Superiores en Justicia Comunitaria» se ha logrado por primera vez en la historia de la universidad boliviana la entrada de sectores indígenas (Jacha Mallkus, Mama T'allas, Mallkus, Jilakatas, Jilankos y otros) en las instituciones de enseñanza superior para la obtención de un título académico. Además se contribuye a la resolución de los conflictos propios de cada comunidad indígena en un marco de interculturalidad, con total respeto a los derechos humanos y fundamentales con equidad de género, facilitando el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población boliviana.
De igual forma, la formación de los promotores ha permitido el fortalecimiento de mecanismos de participación gracias a los cuales los pobladores indígenas conocen sus derechos y deberes y los hacen valer.
El programa de Justicia Comunitaria y sus subprogramas han llegado a las zonas rurales de las veinte provincias del Departamento de La Paz, habiendo formado a más de 300 técnicos superiores en Justicia Comunitaria y a 8.000 promotores de derechos humanos, derechos fundamentales, justicia comunitaria, saneamiento de tierras y equidad de género.
Debido al impacto social de este proyecto se ha logrado el fortalecimiento de la capacidad de autoorganización de las comunidades indígenas, que han asumido la existencia del programa como algo necesario para su vida cotidiana, ya que el acceso a una justicia efectiva supone una mejora de sus condiciones de vida. Al aplicarse el programa con equidad de género, se ha logrado una mayor armonía en las comunidades al permitir que muchas mujeres indígenas puedan no sólo constituirse en verdaderas líderes de sus comunidades, ayllus, markas o municipios, sino incluso para representarlos ante instancias como la Asamblea Constituyente.
Sin duda otro de los beneficios obtenidos ha sido el intercambio de saberes entre las comunidades y entre éstas y los saberes propios de la cultura occidental, estableciendo un diálogo intercultural que por sus características se ha convertido en uno de los proyectos estrella de la universidad boliviana. Este diálogo ha surtido a la universidad de grandes temas de investigación.
La iniciativa ha sido reconocida internacionalmente por medio del Convenio Andrés Bello (CAB), institución que ha resaltado la «tenacidad de los campesinos bolivianos en valorar su derecho consuetudinario para enriquecer el diálogo con la legislación nacional y encontrar nuevas posibilidades para la solución de sus problemas y para el desarrollo comunitario». El CAB también ha destacado «el compromiso de que se ejerce desde el ámbito académico de la Universidad Mayor de San Andrés, en la relación con la sociedad y con las comunidades campesinas en particular, en un ejercicio de reconocimiento real de la diversidad cultural».
Bajo los principios estratégicos de la multiculturalidad y la interculturalidad entre las diversas culturas existentes en Bolivia, se pretende explotar estos intercambios para generar conocimientos que se sistematicen y reproduzcan. También se pretende fortalecer el papel de las mujeres en las comunidades originarias a través de la promoción de la igualdad integral. Todos estos objetivos han sido elaborados por docentes universitarios comprometidos con los representantes de las organizaciones tradicionales y sindicales de los campesinos indígenas.
Todas las decisiones son tomadas por un Directorio, que está formado por el Rector de la Universidad, el Vicedecano de la Facultad de Derecho, representantes indígenas de diferentes comunidades y representantes de docentes, estudiantes, organizaciones financiadoras y sociedad civil.
El órgano ejecutivo está constituido por el Director del proyecto, el Secretario Académico, un kardixta (archivero o contable) y el Secretario.
Hay que mencionar que se realizan auditorías anuales financieras y académicas, a través de la administración central de la Universidad Mayor de San Andrés y también por parte de las entidades financiadoras, que han reconocido la forma transparente y eficiente de llevar a cabo el trabajo.
Por otra parte, un gran sector de la comunidad universitaria no aceptaba ver formándose en las aulas de la Universidad a hombres y mujeres de origen quechua y aymara. Esto provocó que en ningún momento se aceptase la financiación del programa, por lo que hubo que recurrir a las organizaciones internacionales. Sin embargo con el tiempo se ha logrado, gracias a un trabajo sistemático, hacer comprender a la comunidad universitaria que existe un sistema jurídico indígena, con elevados valores morales, que también merece ser conocido y estudiado desde una perspectiva académica.
La participación de las organizaciones campesinas indígenas, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, ha sido decisiva para la consolidación del proyecto. Esta participación les ha fortalecido en una materia de vital importancia para la vida de sus comunidades. Para garantizar esto, cada uno de los alumnos indígenas que participan en el proyecto debe tener necesariamente el aval de su comunidad y comprometerse a volver a la misma tras finalizar sus estudios para ponerse al servicio de su comunidad.
En la metodología se tienen en cuenta tres enfoques: un enfoque comunitario, al partir de las necesidades, intereses y problemas de la comunidad, sobre la base del reconocimiento legal de sus usos y costumbres; un enfoque pedagógico, tanto teórico (apropiación del conocimiento) como práctico (adquisición y aplicación de experiencias); y por último un enfoque igualitario, que asegure la participación de los sectores desfavorecidos y de las mujeres, considerándolos protagonistas del proceso educativo, rescatando así saberes originarios en un diálogo franco con los saberes occidentales.
En cuanto a la evaluación, está vinculada a la interacción social dinámica que realizan los estudiantes que traen de sus comunidades una serie de problemas a tratar, que se analizan en cada una de sus clases bajo la dirección de un monitor, para buscar las soluciones tanto originarias como occidentales, para que el proceso de aprendizaje se encuadre en la realidad social y se produzca el encuentro de saberes.
Por otro lado, cada uno de los estudiantes del proyecto debe socializar en su comunidad los conocimientos adquiridos, por medio de talleres de educación popular, produciendo así un mayor impacto social. En muchos casos, con el apoyo de las entidades financiadoras externas, se ha logrado realizar concursos intercomunitarios sobre derechos humanos y cuestiones de género, que han estimulado la movilización general de las comunidades para lograr el primer premio. Normalmente el premio consiste en una cantidad donada por la cooperación para la ejecución de una obra de interés colectivo (bibliotecas, abastecimiento de agua potable, construcción de letrinas, donación de material informático).
Con la intervención de las instituciones educativas y los estudiantes del programa y de la carrera de Derecho de la UMSA en las propias comunidades, mediante los talleres de derechos humanos, justicia comunitaria y saneamiento de tierras, se llegó a registrar una participación directa, en las veinte provincias, de 8.000 campesinos indígenas. Éstos fueron elegidos de forma proporcional por provincias y comunidades, lo que permitió intercambiar conocimientos, ofrecer un espacio de participación y mejorar la situación de las mujeres dentro de las organizaciones sociales y de sus comunidades. La sensibilización de la población se expresa en la aplicación de la justicia comunitaria respetando la vida y la seguridad física de cada ser humano, en la restauración de una relación social equitativa y en las oportunidades de desarrollo integral que se abren a través de la defensa de sus derechos dentro del marco de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, se ha ido formando un espíritu de inclusión entre los participantes del programa, los profesionales educativos y los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad, ya que la interacción social generada por la iniciativa implica a la máxima autoridad de la Universidad Mayor de San Andrés, a los institutos de investigación y a otras instituciones que tienen relación con el programa.
También se ha logrado un proyecto de ley de justicia comunitaria elaborado por el Viceministerio de Justicia, en paralelo a la realización de un encuentro de las facultades de Derecho de todo el sistema universitario público de Bolivia (doce universidades), en el que se propuso la inclusión del Régimen Jurídico Indígena en los planes de estudios.
La participación de la mujer en el programa es un éxito que se manifiesta en el hecho de que tres alumnas fueron elegidas asambleístas en la histórica Asamblea Constituyente de Bolivia de 2007, así como otras han sido elegidas concejalas en sus municipios. También han demostrado su interés por participar en diferentes concursos, obteniendo los primeros lugares. Estos hechos demuestran que el programa ha contribuido a fortalecer su capacidad y ha tenido un enorme impacto en la valoración de sí mismas. Hay que tener en cuenta el doble trabajo que realizan las mujeres en el ámbito doméstico y el agrícola, y que deben distribuir de forma muy eficiente para sacar tiempo para asistir a la Universidad un día a la semana.
En cuanto a la sostenibilidad financiera se cuenta con los recursos de la COSUDE, que hacen posible esta iniciativa, aunque la Universidad viene reservando un presupuesto institucional propio para el programa. Por otro lado, la inversión ha resultado satisfactoria ya que ha superado los niveles e indicadores de cumplimiento de objetivos.
Que el programa se incorpore a la oferta de estudios, respetando los usos y costumbres, lo hace compatible con los derechos humanos y la justicia ordinaria, logrando de esta manera no perjudicar a los depositarios de esta herencia cultural transmitida de generación en generación.
La sostenibilidad institucional se logra gracias a la incorporación a la Constitución Política del Estado, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, del respeto y el cumplimiento de los fallos que emiten las autoridades originarias en los casos ocurridos en sus comunidades. Éstos se rigen por sus usos y costumbres y su objetivo es restablecer el equilibrio para la convivencia armónica de los pobladores, por lo que se trata de que el juez de la justicia ordinaria conozca el fallo de las autoridades originarias y simplemente se adhiera al mismo.
Otro dato que refuerza la sostenibilidad del programa es el hecho de que el Ministerio de Justicia ha creado un Viceministerio de Justicia Comunitaria para reconocer su uso y estimular su práctica. Por otra parte las facultades de Derecho de las universidades del sistema público están mostrando un gran interés para conocer a fondo nuestra experiencia.
El intercambio de saberes puede realizarse a través de un programa de estudios adecuado que permita la transmisión bidireccional de los conocimientos, gracias a las metodologías de la educación popular.
La formación específica de las mujeres ha permitido identificar sus actitudes de liderazgo. Su participación en las actividades de socialización de lo aprendido en sus comunidades, que forman parte del programa formativo, ha permitido desarrollar su autoestima, la valoración de su cultura propia y su preparación para la defensa de sus derechos y los de sus compañeros.
| Socio | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| COSUDE | 31.250 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Viceministerio de Justicia - BID | 30.000 | 49.000 | - | - | - |
| Presupuesto total | 60.250 | 81.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
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