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País/Estado — Brasil
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — nacional
Agentes — gobierno central; organización no gubernamental (ONG).Categorías — Erradicación de la pobreza: generación de ingresos; creación de puestos de trabajo; formación profesional; acceso a créditos. Desarrollo económico: fomento de la inversión; oportunidades para la cooperación; desarrollo económico local / metropolitano; formación de capital y capacidad empresarial; acceso igualitario a los recursos económicos. Modelos de producción y consumo: conservación de recursos, ahorro de recursos; responsabilidad de los productores; ciclos de producción y consumo.
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Los objetivos alcanzados por este proyecto, algunos de los cuales se siguen trabajando hoy, se incluyen en la siguiente lista:
Todos los logros descritos se han alcanzado. De cualquier forma, la erradicación del hambre se ha conseguido de forma gradual y requiere un esfuerzo a largo plazo, puesto que es un problema que afecta a miles de familias en Pelotas y en su entorno.
Durante los años sesenta y setenta Brasil adoptó una política agraria incentivadora de cultivos basados en exportaciones que dañaban los proyectos de agricultura familiar y que forzaron el éxodo de familias desde sus municipios rurales en el sur de Río Grande do Sul a la ciudad de Pelotas. Se generó así un sector de población urbana (sobre todo compuesta por descendientes de esclavos y pequeños agricultores desplazados) que vivía en unas condiciones míseras que afectaban en especial a los niños, jóvenes, mayores y mujeres.
Para lograr satisfacer las necesidades de la población rural de comunidades repartidas en 14 municipos de la zona sur de Río Grande do Sul y de la población urbana afectada por el hambre se establecieron las siguientes prioridades:
El proceso se desarrolló a través de reuniones, seminarios y foros donde se emplearon métodos participativos a través de los que los líderes de las comunidades de agricultores, pescadores y urbanas se encargaron de establecer las prioridades. El comité de erradicación del hambre, formado por 14 líderes de organizaciones de pequeños agricultores y pescadores tradicionales y representantes de las comunidades religiosas y de las agencias gubernamentales coordinó la red. Sesenta mujeres voluntarias trabajaron en el proyecto, actuando como agentes fundamentales en el proceso de inclusión social.
El proyecto se marcó como objetivo el reconocimiento y la valoración del potencial inherente a los agricultores familiares de la región, el estímulo a la producción ecológica y la integración en el mercado institucional de las comunidades históricamente marginadas (los quilombos, los desplazados durante la reforma agraria y los pescadores tradicionales).
Estratégicamente, para alcanzar dichos objetivos se comenzó por la enfatización de formas interdependientes de organización a través de la creación de cooperativas y asociaciones así como del establecimiento de alianzas con organizaciones religiosas cuya experiencia y presencia en los barrios más pobres facilitaría las actuaciones de asistencia social hacia las familias con bajos ingresos. A continuación se crearon canales por los que los agricultores y los pescadores pudieran suministrar sus productos al programa de distribución de agricultura familiar; estos mismos canales distribuirían los alimentos entre las familias receptoras.
El hecho de que los productos de calidad, producidos ecológicamente en la región no llegaran a las comunidades preocupaba a las organizaciones participantes de la Red de Solidaridad, ya que diversas experiencias previas habían fracasado cuando los productos de los agricultores familiares no habían tenido éxito en las ferias callejeras celebradas para su venta en los barrios más pobres.
Con la colaboración del Gobierno Federal, el Gobierno Municipal de Pelotas y CAPA (una ONG con programas de desarrollo por todo el país) lanzaron en diciembre de 2003 el proyecto Alimentando la Ciudadanía. El proyecto perseguía el desarrollo económico y social a través del apoyo a agrigultores familiares de la región sur de Río Grande do Sul y a la expansión de los programas de alimentos. El programa fue bien recibido por las comunidades pero carecía de los recursos materiales clave. El proyecto se basaba en la participación comunitaria activa, en el incremento de lazos solidarios entre las poblaciones urbanas y rurales y por último en la construcción de ciudadanía a través de organizaciones responsables de la producción y consumo de alimentos. En un año la red distribuyó 1.200 toneladas de alimentos a través de los programas de alimentos; el 70% de lo distribuido se había cultivado en proyectos agro-ecológicos o en proyectos de transición hacia la eco-agricultura. La Red Solidaria incluye 13 organizaciones de agricultores familiares, descendientes de esclavos, asentados de la reforma y pescadores tradicionales. El programa Compra Especial de Agricultura Familiar de CONAB opera con 1.068,38 dólares EEUU por unidad familiar agrícola para la compra de su producción. Según CONAB, durante el primer año se beneficiaron diariamente 750 agricultores de la compra directa de su producción; otros 3.584 se beneficiaron indirectamente a través de su afiliación a las organizaciones.
Entre los grandes retos se encontraba la transformación de la producción agrícola a pequeña escala en un programa agrario colectivo que mantuviera su escala y la capacidad de servir a las familias registradas de forma consistente, incluso durante los momentos de condiciones meteorológicas duras, en particular durante sequías como la que hace dos años puso en dificultades a la agricultura familiar. La asistencia técnica de CAPA permitió a los agricultores superar estos retos a través se la introducción de programas de técnicas de desarrollo sostenible y prácticas de ecoagricultura tales como la conservación del suelo, la fertilización verde y la protección de las fuentes de agua. CAPA también ofreció un fondo de crédito rotativo que ayudó a las familias de agricultores a instalar las infraestructuras necesarias para la agricultura ecológica, entre las que se incluyeron invernaderos, sistemas de irrigación, compras de semillas y recursos para agroindustrias familiares.
El proyecto también tuvo que superar serias disputas con las compañías tabaqueras, puesto que esta región se considera como la mayor área de expansión potencial del cultivo de tabaco. La estructura de agricultura familiar de la región, con alta disponibilidad de mano de obra y concentración de pequeñas parcelas favorece particularmente el proyecto de expansión tabaquera. Las estrategias de fusión de plantaciones y extensión de las áreas de crecimiento del tabaco incluyen la financiación de la producción, garantías de mercado respaldadas por las compañías de cigarros e incluso el apoyo a las parejas jóvenes que deseen incorporarse a la industria. A pesar del agresivo empuje de estas compañías, la Red Solidaria se enfrentó a este reto incrementando la conciencia de los agricultores sobre los beneficios de la producción de alimentos saludables que ayudan a proteger la salud humana y el medio.
Los dos casos descritos sirven para subrayar mayores problemas que requieren de tratados internacionales y acciones de promoción del desarrollo sostenible.
El proyecto encontró alternativas locales a través de la agroecología que sirvieran para garantizar la alimentación y erradicar el hambre. Uno de los resultados obtenidos por esta iniciativa fue la creación de una red de solidaridad entre las poblaciones urbana y rural. La garantía de las ventas y el aumento de los precios pagados a los agricultores tuvo un impacto significativo en sus ingresos, expandiendo las prácticas de agricultura ecológica y fortaleciendo las organizaciones agrícolas. El programa también benefició a los grupos de descendientes de esclavos (quilombos) y a los pescadores artesanales tradicionales de la región como productores de alimentos protagonistas, incrementando su autoestima, sus ingresos familiares en un 40-50% y su producción en un 60-70%. La oposición a la extensión de las áreas de cultivo de tabaco, una práctica que produce enormes daños ambientales y reduce las zonas de producción de alimentos, consiguió garantizar la supervivencia de las plantaciones de alimentos en la región. El apoyo a los agricultores que detuvieron o disminuyeron su producción de tabaco, lo que ha incrementó a la vez la producción agroecológica, creó incentivos para que las familias se unieran a grupos ambientales.
Como resultado del proyecto, más de 3.000 familias, asentadas de la reforma agraria, descendientes de esclavos y pescadores tradicionales de nueve municipios de la región sur de Río Grande do Sul construyeron una red solidaria de cooperación y mercado capaz de gestionar respuestas rápidas, eficaces y viables a las políticas desarrolladas por el Gobierno Federal. Como resultado de este proyecto, de modo más amplio, podemos hablar de la implicación de las comunidades locales en la promoción de la inclusión social, con la consolidación del trabajo comunitario como práctica democrática e interdependiente que avanza en el camino de la solución de un problema social tan urgente como es el del hambre.
Desde un principio esta práctica buscó los medios de garantizar su sostenibilidad. Surgió como resultado de las políticas del Gobierno Federal que pretendían añadir valor a la base productiva brasileña, apoyando la creación de redes de solidaridad para la cooperación y el mercado. En este proyecto colaboraron organizaciones de agricultores familiares, de asentados de la reforma agraria, de descendientes de esclavos y de pescadores artesanales. Esta práctica contó como protagonistas con familias socialmente marginadas que utilizando la agricultura ecológica fueron capaces de generar ingresos a través de su participación en el mercado. La experiencia fortaleció los vínculos entre las organizaciones implicadas en la búsqueda de alternativas de mercado, permitiendo la producción de alimentos de alta calidad, manteniendo la producción a través de métodos agrícolas tradicionales y reclamando la ciudadanía y autonomía de las familias rurales que se encontraban en riesgo de perder sus terrenos.
Garantizar el trabajo y los ingresos en las zonas rurales ayuda a frenar el éxodo rural que desemboca en el agravamiento de los problemas sociales en las ciudades. En las ciudades, las familias que reciben los alimentos también reciben formación laboral e información básica sobre salud, educación y ciudadanía de parte de miembros de su propia comunidad. De este modo se mejoran los recursos humanos locales a la vez que se incentivan la ciudadanía y la autonomía y se permite que los beneficiarios se hagan autores de sus propias historias. Este proyecto forma parte de un programa de seguridad alimentaria basado en la biodiversidad y la producción local, que se consideran como factores fundamentales para la gestión local sostenible. Los alimentos se sirven en centros de día, en centros de asistencia social y en los barrios más pobres. Esta práctica es el resultado de la alianza entre la sociedad civil y el sector público y hoy es una realidad para miles de familias que tienen acceso a alimentos de alta calidad y que a la vez que apoyan el desarrollo rural de toda la región.
Las lecciones clave extraídas de este proyecto tienen que ver con el uso del potencial local en la lucha contra graves problemas sociales como pueden ser el hambre y la pobreza. Merecen mención los cortos ciclos de producción y consumo que involucran a la sociedad civil organizada y a las políticas públicas de desarrollo. Ambas se han integrado de forma armónica con las necesidades de la población, tanto las de las personas que habitan el campo, que necesitaban poder producir y vender sus bienes y las de las personas que habitan la ciudad, que necesitaban poder acceder a alimentos de alta calidad en cantidades suficientes. La utilización de métodos participativos que implicaran activamente a los beneficiarios de los proyectos ayudó a reforzar la ciudadanía y a crear nuevas relaciones a la vez que aumentaba los lazos de solidaridad entre las poblaciones rural y urbana. La inclusión de las comunidades de descendientes de esclavos (quilomba) como productores de cultivos alimenticios también nos ha enseñado que acciones colectivas pequeñas y cooperativas pueden alterar la realidad de poblaciones que dependen de la venta de su producción para mantener la vitalidad de sus vidas rurales; estas acciones a la vez aumentan su autonomía e incentivan la producción. Todas estas acciones consolidan el desarrollo de una agricultura basada en principios agroecológicos a través de la formación y la asistencia técnica, favoreciendo la producción ecológica de cultivos alimenticios y generando ingresos para las familias de agricultores, los asentados de la reforma agraria, los descendientes de esclavos y los pescadores tradicionales. El programa ha demostrado que es posible un nevo modelo social de distribución de ingresos más igualitario. También se ha demostrado que es posible promover patrones de consumo saludables entre las comunidades beneficiarias a la vez que se reclama la ciudadanía tanto de los productores como de los consumidores. La mayor lección es que la realización de este trabajo sólo es posible a través de la interacción de los diversos socios.
Este es un proyecto piloto que a través de políticas públicas puede ser exportado a otras zonas de Brasil o de otros países. Se presentó durante el Seminario Internacional sobre Ecología y Economía en Ginebra, Suiza, en 2003 y fue considerado un ejemplo de integración correcta de seguridad alimentaria y poblaciones marginadas replicable en países asiáticos y africanos. El Premio CAIXA a las Mejores Prácticas de Gestión Local incluyó a este proyecto entre las 10 experiencias más importantes en 2005.
Como resultado del balance positivo, en 2005 otros tres municipios de tamaño medio se sumaron al programa (Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul y Canguçú). La naturaleza replicable de este proyecto depende sólo del deseo de los administradores de adaptarlo a las condiciones locales; mientras sea posible organizar el capital social existente y desarrollar la gestión de recursos humanos y financieros para la cooperación, la solidaridad y la colaboración entre las diferentes esferas de la sociedad civil y del sector público.
Los gobiernos municipales interesados en replicar esta práctica se han puesto en contacto con ISAEC/CAPA para adaptar la experiencia de la Red de Solidaridad. Basados en este contacto, los líderes de 14 organizaciones han comenzado a reunirse. Se ha desarrollado un nuevo plan de producción y distribución de alimentos. Los gobiernos municipales han vuelto a registrar a las familias pobres beneficiarias del Programa Hambre Cero. ISAEC/CAPA ha desarrollado tres nuevos proyectos de su programa de compra de alimentos. Además de Pelotas, São Lorenço do sul y Santa Vitória do Palmar se han sumado al Programa Hambre Cero, utilizando como base la experiencia de la Red de Solidaridad para comprar alimentos sanos producidos por los agricultores familiares de la región. Para facilitar la transferencia del proyecto se creó un programa de intercambio en el que técnicos de los gobiernos municipales, CAPA y líderes de las organizaciones miembro de la red han visitado diferentes zonas de implantación del proyecto y agencias para adaptar ciertas prácticas y establecer alianzas. CAPA está extendiendo su asistencia técnica para permitir a los agricultores incrementar su producción ecológica y garantizar la distribución de alimentos entre los beneficiarios.
Esta práctica forma parte de una política del actual gobierno federal para la erradicación del hambre. A través del Ministerio de Desarrollo Social y del Programa Hambre Cero de erradicación se adquieren alimentos a los grupos participantes a través de CONAB quien a su vez dona estos alimentos a poblaciones con bajos ingresos en los municipios beneficiarios (Ley Federal N.10.696, Artículo 19). El nuestro fue un proyecto piloto en Brasil y CONAB lo ha utilizado como modelo que puede ser empleado en otras zonas. Tres gobiernos municipales en Río Grande do Sul están adaptando sus procedimientos de licitación para poder comprar alimentos para los programas de alimentación en colegios directamente a los agricultores familiares, según hemos recomendado en este proyecto.
| Socio | 2003 | 2004 | 2005 | Total |
| CAPA | 21.453,29 | 94.339,62 | 106.837,60 | 222.630,51 |
| CAIXA | - | 18.113,21 | - | 18.113,21 |
| CONAB | - | 678.490,56 | 1.160.905,50 | 1.839.396,06 |
| Total | 21.453,29 | 790.943,39 | 1.267.743,10 | 2.080.139,70 |
Las cifras se expresan en dólares EEUU, las tasas de cambio empleadas son las siguientes:
Popular (2003) «Agroecologia: Projeto desenvolvido pelo CAPA atende 8.345 crianças na zona sul: merenda ecológica é destaque no Seminário em Porto Alegre», Diário Popular, pg . 15, Nov. 21, Pelotas, RS.
Rita Surita (2004) «Alimentando a Cidadania», Agriculturas, Vol. 1, no. 0, Sept., 3 pgs.
Agriculturas (2003) «Merenda Ecológica é Destacada no Seminário de Agroecologia», Terra & Campo, Vol. II, no. 13, Nov., Canguçu, RS.
Tierra & Campo (2004) «Ong de Pelotas está na Expo Fome Zero - CAPA. Foi Convidado a Participar do Evento de Responsabilidade Social pela Atuação no Fome Zero, em Pelotas.», Terra & Campo, p. 3, Vol. II, no. 16, Feb., Canguçu, RS.
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