País/Estado — Chile
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — costera
Ámbito de la actuación — nacional
Agentes — gobierno central; gobierno local.

Categorías — Servicios sociales: seguridad ciudadana; reducción y prevención del delito. Participación ciudadana y riqueza cultural: participación comunitaria.

Contacto Principal

Calle Agustinas, 8a. planta
Santiago, Chile
Teléfonos: +56 (2) 550 2702
           +56 (2) 550 2736

Socios

Resumen

Específicamente, este programa dispone de un Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad cuyo propósito es promover la participación de la comunidad en la co-producción de su seguridad, financiando las iniciativas que mejoren su calidad de vida.

Estos proyectos se envían a las organizaciones sociales de diverso tipo y responden a las necesidades centrales de la vida de la comunidad local que han sido previamente identificadas por medio de estudios participativos de análisis desarrollados por equipos técnicos del ministerio, la municipalidad y la propia comunidad.

Con respecto a los logros alcanzados, se pueden mencionar brevemente los siguientes:

• Aceptación a nivel nacional de una noción integral de seguridad civil, que implica a la comunidad como agente fundamental de su diseño y ejecución, y de la necesidad de estrategias. De acuerdo con esto, la participación social se ha incrementado a través de proyectos comunitarios, principalmente relacionados con la prevención y la mejora de la calidad de vida.
• Participación de más de 4.000 organizaciones sociales diferentes a los largo de los tres priemros años de funcionamiento.
• Desarrollo de 1.756 proyectos, en distintas zonas del país, para solucionar los problemas reales de las comunidades, como son la recuperación de los espacios públicos y las iniciativas para la prevención social y situacional, que han beneficiado a una población estimada de tres millones de personas. En este sentido, la generación de redes sociales ha aumentado la confianza de la ciudadanía.
• Consolidación, a nivel local, de espacios públicos como lugares para el debate y el trabajo sobre estos temas, generando de esta manera los instrumentos necesarios para mejorar la ejecución de las políticas públicas relacionadas con el nivel local de seguridad y la participación en las zonas más pobres del país.

Fechas Clave

• Marzo de 2001 — Definición de las comunas que formarían parte del programa.
• Primer trimestre de 2001 — Creación del Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad.

Descripción

Situación previa a la iniciativa

Establecimiento de prioridades

El liderazgo comunitario es de máxima importancia a la hora de definir el conjunto específico de problemas que afecta a una comunidad concreta a través de estudios participativos de análisis. Resulta también de gran importancia dar prioridad a la participación clave de los programas especializados que se desarrollan a nivel local.

Formulación de objetivos y estrategias

A nivel local, las municipalidades y los Consejos Comunales de Seguridad ciudadana se encargan de decidir las líneas prioritarias de actuación, basándose en los problemas detectados por las personas a través de estudios de análisis realizados en cada sector de la comuna.[1] Los resultados de estos estudios son determinantes para la inversión.[2] De esta forma, el proceso de toma de decisiones tiene un carácter democrático y los actores locales se hacen corresponsables de la mejora de la seguridad y de la reducción de la delincuencia y del sentimiento de inseguridad.

Movilización de recursos

El gobierno nacional transfiere cada año a las municipalidades los recursos necesarios para el Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad.[3] La municipalidad contribuye con la infraestructura y el personal de apoyo. La ciudadanía contribuye con parte del coste del proyecto. Durante tres años las diferentes comunidades han contribuido con el 60% del coste total de los proyectos (incluyendo trabajo, infraestructuras y materiales). La ciudadanía también ha ayudado a través de las redes sociales que proporcionan los servicios y el asesoramiento necesarios para llevar a cabo los proyectos.

Cada organización comunitaria gestiona dirctamente los fondos asignados y emite informes a la municipalidad sobre su gestión del proyecto.

Sobre la base de los resultados obtenidos por el programa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado ocho proyectos locales dirigidos a prevenir la violencia en la familia, en la escuela y a nivel de comuna.[4] Estos proyectos van a ser desarrollados conjuntamente con otros servicios de atención social dirigidos especialmente a mujeres, niños y jóvenes.

Proceso

• Dificultades para centrar los objetivos: el programa siempre ha buscado la participación de la gente, pero al principio muchos proyectos no tenían relación directa con temas de seguridad. Fue necesario mejorar las estrategias de comunicación, desarrollar programas de formación y ejecutar el programa centrando las inversiones hacia las actuaciones más eficaces para prevenir la delincuencia y reducir la sensación de inseguridad.
• Débil participación: desde los años 90, y debido al proceso de modernización, los niveles de participación social han disminuido. Esto ha supuesto una pérdida de representatividad de las organizaciones sociales. Para aumentar la participación y legitimar a las organizaciones civiles, cualquier asociación comunitaria puede solicitar su incorporación al programa, que establece como criterio de selección de los proyectos el grado de asociación y el número de beneficiarios del mismo.
• Falta de confianza en las instituciones: el programa se ha puesto en marcha en un contexto de fmuy débil confianza en las instituciones encargadas de la seguridad, como la policía y la judicatura, lo que en la práctica tiene como consecuencia, entre otras, un alto porcentaje de delitos no denunciados. Sin embargo, el programa abre espacios de encuentro que han permitido la creación de vínculos de cooperación mutua.
• Falta de formación técnica: los líderes sociales no tienen por qué tener la formación necesaria para gestionar los proyectos. Por esta razón el programa incluye cursos de formación para estos líderes, así como la distribución de diversos materiales didácticos para facilitar la planificación y ejecución de las correspondientes actuaciones.

La participación de los ciudadanos y de otros agentes locales se ha producido en una diversidad de formas:

• Los ciudadanos pueden solicitar recursos del Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad a través de sus asociaciones, que pueden a su vez realizar una solicitud de forma conjunta.[5] El desarrollo de estos proyectos viene respaldado por una importante participación ciudadana.
• Las propias asociaciones tienen la responsabilidad de gestionar los recursos asignados, así como emitir informes y llevar a cabo las actuaciones necesarias para la ejecución de los proyectos.
• Muchos de estos proyectos han recibido el apoyp de instituciones locales, públicas y privadas. Así, por ejemplo, muchos proyectos incluyen el apoyo de la policía en conferencias y cursos. En ocasiones también se recibe el apoyo de los servicios de salud y prevención de la drogadicción.[6]
• La ciudadanía decide, junto al gobierno local, qué proyectos recibirán los recursos asignados. Los ciudadanos también participan a través de sus representantes en los Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana.

El principal instrumento empleado para hacer efectiva la participación ciudadana ha sido la difusión masiva del programa y del fondo asociado, a través de la pegada de carteles y la programación de reuniones con los vecinos en sus propias zonas de residencia. Una vez que se pone en marcha el programa se entrega a las asociaciones interesadas un documento con instrucciones relevantes; también reciben un manual que indica y muestra como formular proyectos, que es complementado con formación personalizada.

La difusión de este programa se realizada en las diferentes comunas, con especial énfasis en las zonas de mayor riesgo.

Resultados obtenidos

Hay un mayor control sobre la delincuencia: se han recuperado más de 961 espacios cuya inseguridad impedía su uso por la ciudadanía a través de proyectos de iluminación o construcción de espación de reunión ciudadana (campos de deportes, plazas, etcétera).[8]

Estos proyectos están relacionados con los mapas de inseguridad trazados a partir de estudios participativos de análisis. Estos mapas han permitido a la policía centrar y hacer más eficaces sus actuaciones de disuasión.

El sentimiento de inseguridad se ha visto reducido: se han llevado a cabo 795 proyectos, dando espacio para la participación, la integración y el desarrollo comunitario.[9] Aparte de esto, la policía ha participado en la selección de proyecto y en la ejecución de la mayoría de ellos, estableciendo relaciones de confianza y de colaboración con la ciudadanía, cuyos resultados indican que los ciudadanos se sienten más libres que antes para realizar una denuncia.

Como parte de los proyectos se ha desarrollado una supervisión psicosocial para interrumpir la dinámica de violencia.[10]

La evaluación del programa y del uso de sus recusos se ha desarrollado a través de grupos de trabajo sobre temas específicos, en los que han participado los gestores de los proyectos, y estudios realizados por diversas instituciones como el Departamento del Tesoro y diferentes universidades. Las conclusiones indican que la percepción ciudadana sobre estos proyectos permite un aumento de su participación para dar solución a los problemas de seguridad, tener una perspectiva más integral de la seguridad y reducir las tasas de delincuencia.

Sostenibilidad

• La alta eficiencia en la gestión de los recursos. Las organizaciones sociales han mostrado que son muy capaces de gestionar por sí mismas los recursos asignados, lo que significa que son capaces de pagar los gastos y emitir informes a la municipalidad sobre dichos gastos. Menos del 5% de los proyectos han tenido problemas graves a la hora de rendir cuentas.
• La óptima coordinación entre el nivel local y nacional. El desarrollo del Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad es posible gracias a la cooperación entre los diferentes agentes. El nivel central sólo define las líneas básicas de ejecución del programa, mientras que es el nivel local el encargado de concretar el destino de las inversiones. La coordinación tiene un carácter jurídico (basado en un convenio entre la municipalidad y el Ministerio del Interior) y técnico (el nivel central acompaña y apoya, la municipalidad recibe los recursos y los transfiere a las organizaciones sociales ejerciendo su liderazgo).
• Inclusión social de poblaciones vulnerables. La iniciativa se ha sostenido sobre la participación de grupos social históricamente excluidos, que han sido la base sobre la que se han formado las redes sociales. Los sectores más pobres de la población tienen la posibilidad de dar su opinión e incluir en la toma de decisiones a través del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, donde se desarrolla un diálogo de igual a igual con las autoridades y con la policía. En el caso de las zonas más pobres se ha dado especial prioridad a las organizaciones de mujeres y de jóvenes, que tiene asegurada una plaza en el consejo.

La sostenibilidad del programa y de su financiación se basa en la confianza en la capacidad local de corresponsabilizarse de la seguridad y, especialmente, en la capacidad de los ciudadanos y de los grupos más vulnerable para gestionar sus propias soluciones.

Lecciones aprendidas

Los ciudadanos necesitan participar. El program ha demostrado que cuando se abren espacios a la participación ciudadana, la gente hace uso de ellos y se implica. Esto es lo que ha ocurrido con los estudios participativos de análisis y con la convocatoria para presentar proyectos. La ciudadanía puede decidir dónde y qué invertir, y de esta forma aumenta su motivación para participar.

Es posible reducir los niveles de desintegración social. Los proyectos facilitan la integración de importantes grupos sociales históricamente excluidos, como los grupos formados por mujeres, niños y jóvenes. La comunidad dirige sus capacidades de diálogo e integración, fortaleciendo su capital social.

La referenciación geográfica permite centrar los objetivos de inversión. La inseguridad varía dentro de cada comuna. La participación comunitaria en los estudios de análisis ha permitido conocer las necesidades particulares en cada zona de una misma comuna, identificando sus puntos más vulnerable. La referencia territorial de la inseguridad ha permitido centrar los esfuerzos inversores en las zonas más necesitadas de cada comuna.

Transferibilidad

Antes de la ejecución del Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad se realiza estudios participativos de análisis a nivel regional denominados diálogos ciudadanos. La metodología empleada ha sido adoptada por las municipalidades para diseñar sus propios planes y desarrollar presupuestos participativos. Este es el caso específico de El Bosque y Cerro Navia.

En numerosas comunidades que no forman parte del programa también se han creado espacios de participación ciudadana. Los Consejos Comunales se han replicado con el objetivo de implicar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones.

Esta réplica de la experiencia se produce mediante cuatro elementos básicos:

• La creación de espacios locales de participación donde los ciudadanos pueden participar en el proceso de toma de decisiones. Una forma de lograr esto es mediante el establecimiento de un Consejo de Seguridad Ciudadana con la participación activa de autoridades políticas y policiales, así como de los propios ciudadanos.
• Llevar a cabo estudios participativos de análisis para establecer una líneas prioritarias de inversión.
• Difundir ampliamente el programa entre los líderes sociales y el conjunto de la ciudadanía y, a partir de ahí, establecer programas formativos.
• Generar mecanismos de supervisión y de respaldo de los poryectos financiados.

Perfil Financiero

El programa está financiado íntegramente por el Ministerio del Interior. En cualquier caso, los municipios contribuyen con la difusión y la ejecución administrativa, financiera y técnica de los proyectos.

En los tres años de funcionamiento (2001-2003), el Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad ha contado con presupuestos anuales de 1.200, 1.560 y 2.620 millones de pesos (aproximadamente 2.073.000, 2.696.000 y 4.528.000 dólares EEUU, según cambio de enero de 2004).

Referencias

Benavente, José y otros  (2003)   Programas Antidelincuencia: Evaluando Comuna Segura   Departamento de Economía Universidad de Chile, 24 pp 

Dammert, Lucía y Mary Fran Malone  (2003)   «Fear of Crime or Fear of Life? Public Insecurities in Chile»,   Bulletin of Latin American Research, Journal of the Society for Latin American Studies, Vol. 22, pp 79-101 

Montero, Luis  (2003)   «Programa Comuna Segura Compromiso 100. Comunidad, piedra angular del sistema»,   Seguridad Ciudadana (Asociación Chilena de Municipalidades), No. 1, pp  13-26 

[1]: Se ha otorgado especial importancia a los programas derivados del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y del Servicio Nacional de Menores (SENAME).
[2]: Los problemas identificados con mayor frecuencia están relacionados con la alta vulnerabilidad social de la gente jóvem (desempleo, desintegración familiar, adicción a las drogas, etc.) y la existencia de espacios públicos inseguros (solares, calles sin iluminación, etcétera). Ambos problemas tiene gran importancia para el 70% de las comunidades.
[3]: Los recuersos también permiten contar con los servicios de un profesional en cada una de las comunidades. Este profesional se encarga de supervisar y dirigir el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana.
[4]: En total se van a invertir 2.611.065 dólares EEUU en proyectos multiregionales
[5]: Como media, cada proyecto es presentado por dos o tres organizaciones comunitarias asociadas.
[6]: Dentro de la comunidad, el Programa Previene, dependiente del Comité Nacional sobre Drogas, supervisa la mayoría de los proyectos dirigidos a prevenir la drogadicción.
[7]: Del total de solicitudes, los consejos comunales han seleccionado casi el 40%. Entre las entidades solicitantes destacan las asociaciones culturales, deportivas y vecinales (la mayoría formadas por gente joven).
[8]: Un ejemplo de esto es un proyecto desarrollado en Valparaíso por una organización de mujeres, el Centro de Madres Once Estrellas, que ha recuperado un solar adyacente a un arroyo que los vecinos no usaban por miedo y donde los delitos eran recurrentes. En dicho lugar se ha construido una tapia perimetral que delimita una plaza con juegos infantiles. En la actualidad se ha convertido en un mirador frecuentado por los turistas.
[9]: Un ejemplo de esta línea de trabajo es el proyecto llevado a cabo en Coronel, donde el Centro Juvenil Oro Negro ha reparado un vagón de ferrocarril situado en un barrio muy pobre para desarrollar actividades culturles dirigidas a niños y jóvenes en situación de riesgo social.
[10]: Este es el caso de proyectos como el desarrollado en Talcahuano en el Centro Cultural y Deportivo de Ciudadanía Activa, que ha permitido el tratamiento psicológico de niños, jóvenes y mujeres víctimas de la violencia doméstica y ha sido respaldado por la policía local.
[11]: Durante los tres primeros años el programa se ha desarrollado en 40 comunas, alcanzando al 46,6% de la población total del país, poco más de siete millones de habitantes. En el año 2004 otras 16 comunas han sido incorporadas.
[12]: Uno de los requisitos para formar parte del Programa Comuna Segura, es que la comuna tenga al menos 70.000 habitantes. Muchas de las comunas con menor población han adaptado parte de su modelo con apoyo especial del Ministerio del Interior.