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País/Estado — Argentina
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — árida y semiárida
Ámbito de la actuación — provincial/estatal
Agentes — organización no gubernamental (ONG); institución académica o de investigación.Categorías — Gestión ambiental: reducción de la contaminación; higiene ambiental; seguimiento y control; sostenibilidad ecológica; gestión de recursos. Buena gestión urbana: gestión y administración públicas; fomento de la colaboración pública y privada; legislación; políticas públicas; recursos humanos y formación de dirigentes; descentralización; auditoría; apertura y transparencia; evaluación; responsabilidad; gobernabilidad urbana y metropolitana. Participación ciudadana y riqueza cultural: participación comunitaria; riqueza social y cultural; expresión y animación; educación cívica; respeto a la diversidad cultural.
Calle 9 de julio 1.257, piso 5, oficina 55. CP: M5500DOX. Mendoza, Argentina. Teléfono: (00 54 261) 4372079 / 154183715. Teléfono/fax.: (00 54 261) 4257050.E-mail: oikos@oikos.cjb.net
Ciudad Universitaria, Parque General San Martín. CP: M5500. Mendoza, Argentina.Colaboración financiera.
Jujuy 951 CP: M5500 Mendoza, Argentina Teléfono/fax.: (00 54 261) 4300059E-mail: Cullunche@infovia.com.ar
El programa Defensoría Ciudadana del Ambiente (DCA) asesora a personas afectadas por problemas ambientales, observa el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad ambiental y defiende los derechos ambientales de los ciudadanos de la provincia de Mendoza.
Cualquier afectado, a título personal o en representación de un grupo de afectados, puede dirigirse a nuestra oficina personalmente, por teléfono, fax o correo electrónico. La denuncia se escribe en un formulario, un equipo de admisión la analiza de acuerdo con criterios preestablecidos y decide rechazarla, derivarla a otra institución o aceptarla. No se aceptan denuncias anónimas, aunque se acepta la confidencialidad del nombre si es el deseo del denunciante, ya que promovemos la participación y el compromiso de los ciudadanos en la resolución de los conflictos ambientales. Si la denuncia es aceptada, se inicia un procedimiento de investigaciones y trámites ante los organismos públicos correspondientes. Si la vía administrativa-gubernamental se agota sin resolver el caso, se acude a la Defensoría del Pueblo de la nación y a Fiscalía de Estado de la provincia. Si ninguna entidad logra mejorar la situación del caso, se ofrece patrocinio legal sin coste, con el fin de facilitar al denunciante el acceso a la justicia en defensa de sus derechos ambientales.
El programa DCA funciona desde diciembre de 2001. Hasta la fecha (diciembre de 2003) ha atendido aproximadamente setecientas consultas de diversa índole y ha gestionado cincuenta casos relacionados con conflictos ambientales, de los cuales la tercera parte se resolvió favorablemente y otra tercera parte está en proceso de resolución, mientras que los restantes casos no han podido resolverse por diversas razones, entre ellas obstáculos de origen legal o abandono del caso por parte de los afectados. Defensoría Ciudadana del Ambiente ganó en 2002 el Premio Nacional al Emprendedor Solidario entre más de cien propuestas de todo el país.
Antes de la implantación del programa DCA, los ciudadanos de Mendoza no disponían de información sobre los instrumentos legales, administrativos y jurídicos para acceder a la justicia en temas ambientales, ni contaban con ONG que se dedicaran a la resolución de este tipo de conflictos. Los sectores de la sociedad con menor capacidad de respuesta económica o cultural eran los más afectados.
Las prioridades del programa Defensoría Ciudadana del Ambiente son promover la resolución de los conflictos ambientales y facilitar el acceso a la justicia en temas ambientales por parte de comunidades vulnerables. Las mismas se establecieron a partir de las necesidades manifestadas por los afectados, generalmente miembros de comunidades con escasos recursos, altamente perjudicadas por proyectos o actividades humanas y sin posibilidades de defender sus derechos, a las cuales se consultó antes de establecer el programa.
Específicamente, enfatizamos el liderazgo de las mujeres en diversos conflictos ambientales, especialmente cuando afectan a la salud familiar y al entorno donde viven.
Los principales objetivos son:
La estrategia general se basa en el derecho ciudadano a exigir el cumplimiento de sus derechos ambientales. Fue establecida por un equipo formado ad hoc a partir de la aparición de varios casos en la provincia y de pequeñas experiencias piloto.
Establecimos como estrategia que las mujeres involucradas en conflictos ambientales asumieran las responsabilidades, pues son ellas quienes llevan adelante con mayor perseverancia el esfuerzo que involucra gestionar un conflicto.
Los recursos financieros provinieron generalmente de la propia institución o de pequeñas donaciones, utilizadas en gastos de traslado, fotocopias de expedientes y otras fuentes de información, impresión de formularios, afiches y folletos promocionales y gastos de comunicación (teléfono y correo electrónico y convencional). Todo el trabajo es voluntario hasta el momento. Las donaciones correspondieron en la mayoría de los casos a la regulación de honorarios otorgados a nuestros abogados por parte de los jueces, una vez terminados los procesos judiciales.
Los recursos técnicos principales provienen de la propia institución (computadora, impresora, teléfono, fax. etc.), mientras que cuando es necesario acudir a estudios o análisis de sustancias presumiblemente contaminantes acudimos a universidades locales, laboratorios privados o centros de investigación, que disponen de información y recursos técnicos.
Los recursos humanos provienen principalmente de la institución (gestores ambientales, abogados y voluntarios), de las universidades (alumnos o graduados, profesores que cumplen funciones de consultoría...) y de las organizaciones comunitarias que colaboran en la realización de trámites o en la recopilación de información. También trabajamos en colaboración con la oficina local de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde noviembre de 2003.
Los recursos financieros son administrados por Oikos Red Ambiental.
El primer problema fue asumir que un solo programa de una única ONG no podía resolver todos los problemas de los mendocinos, ya que exceden ampliamente su capacidad física, así que decidimos formar a los vecinos, lideres sociales y miembros de organizaciones comunitarias sobre las ventajas de la participación ciudadana, los instrumentos para acceder a la justicia y todo lo relacionado con la gestión de un conflicto ambiental, proceso que hoy continúa.
Otro inconveniente es de orden económico, cuando es necesario encargar estudios costosos o pericias técnicas. Para este problema aún no hemos encontrado una solución definitiva, pero estamos estableciendo convenios con universidades para utilizar sus recursos y buscando auspicios de empresas para financiar pequeños análisis (por ejemplo, sobre la calidad del agua o del aire). Mientras tanto, intentamos conseguir que el Gobierno Provincial realice las mediciones que deberían realizar los gobiernos locales, los cuales generalmente no disponen del equipamiento necesario.
Dos problemas complementarios son la búsqueda de profesionales para temas específicos y la rotación de los voluntarios. Para el primer caso, Oikos invita permanentemente a nuevas personas a formar parte de DCA, con lo que logra en la mayoría de los casos cubrir las demandas eventuales. Respecto al problema de la rotación del personal voluntario, buscamos permanentemente personas con deseos de integrarse, para lo cual ofrecemos charlas en universidades y colegios técnicos e invitamos a los interesados a través de afiches, folletos..., que entregamos en las organizaciones comunitarias y sitios afines. Estos problemas aparecen eventualmente cada año.
La participación de la población es crucial para resolver los casos, pues ellos son los denunciantes y los principales afectados, y a la vez generalmente impulsan la solución del problema o conflicto a través de sus gestiones personales. Las comunidades, organizaciones e instituciones participantes tienen diversas funciones, pero todas ellas ligadas a la resolución de casos específicos. En todos los casos fue positiva esta relación, salvo con algunas instituciones gubernamentales que se resisten al cambio u obstaculizan el acceso a la justicia de los grupos afectados. Para ellos existen herramientas legales.
El proceso de toma de decisiones es complejo, pues el afectado/denunciante puede decidir la detención de todos los trámites en el momento que desee; se le consulta sobre el tipo de gestión que es conveniente realizar y en todos los casos toma la decisión de continuar. Esto lleva a un proceso de negociación constante. El proceso de gestión comunitaria genera fuertes demandas que hay que satisfacer de la mejor manera posible. Los aportes principales de la población son información recopilada sobre el conflicto, acceso a organizaciones comunitarias, tiempo disponible...
Los usuarios principales de DCA son miembros de comunidades involucradas en problemas y conflictos ambientales, generalmente vulnerables y de escasos recursos.
DCA ha contribuido sustancialmente en algunos casos a mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas en conflictos o problemas ambientales. Si sumamos a las personas beneficiadas, directa o indirectamente, por la resolución de los conflictos tratados, son aproximadamente 46.000 en dos años, en los que hemos conseguido detener la construcción y utilización ilegal de hornos de ladrillos altamente contaminantes, mejorar la calidad del aire respirado gracias a la implantación de filtros por parte de la fábrica contaminante, disminuir el peligro de incendios por un menor uso de la pirotecnia, asegurar la provisión de agua de mejor calidad gracias a los esfuerzos realizados frente a la empresa proveedora del servicio, o trasladar una planta que generaba desechos radiactivos y otros residuos peligrosos a un nuevo sitio. También logramos mejorar la posición de negociación de un municipio de 40.000 habitantes ante una gran empresa internacional, para obtener compensación por los daños ocasionados por la mala gestión del agua de una presa, que afectó a más de 40.000 hectáreas, gracias a un estudio de impacto ambiental realizado por DCA. También conseguimos que la población de una ciudad de 140.000 habitantes tuviera acceso a información objetiva sobre un controvertido proyecto inmobiliario que pretendía llevar adelante el gobierno local, gracias a una acción ante la justicia.
A nivel cualitativo, hemos logrado que algunos gobiernos locales nos consulten acerca de variados temas. En el nivel institucional, logramos mayor coordinación entre organismos gubernamentales, el acercamiento de las comunidades a algunas de sus organizaciones de base, una mejor gestión y distribución de fondos públicos orientados a la protección ambiental y la mejora en la capacidad y eficiencia de la gestión a nivel gubernamental. A nivel general, los funcionarios piensan más en el control de los ciudadanos cuando van a tomar decisiones controvertidas.
Cada caso está debidamente analizado y documentado. Se mide el resultado a través del impacto directo e indirecto en las comunidades afectadas. En algunos casos, los datos requieren costosas evaluaciones que el programa no puede afrontar, así que se toman indicadores cualitativos para dejar asentada alguna medición del éxito o fracaso en la resolución del caso.
DCA no posee mayores problemas financieros, ya que tiene un costo de mantenimiento bajo, al tratarse de un trabajo esencialmente voluntario y honorario. Si existieran fondos disponibles, seguramente su eficiencia aumentaría, al poder atender mayor cantidad de casos y disponer de mayores recursos para trasladarse por toda la provincia (150.000 Km2).
Los aportes obtenidos hasta el momento han alcanzado para atender las demandas más imperiosas. Otros gastos más elevados, como los análisis físico-químicos, están aún pendientes. No existen préstamos adquiridos para el funcionamiento de este programa. El sistema podría asumirse como sustentable a partir de aportes de sus miembros y obtenidos por donaciones.
La participación ciudadana aumenta la inclusión social, promueve la igualdad en todo sentido y produce una recuperación de costos comunitarios, ya que la resolución de los problemas y conflictos ambientales produce una mejora en las condiciones de vida de las comunidades afectadas, que ahora pueden destinar los recursos gastados en recuperar la salud o adquirir elementos para combatir el problema en otros rubros de gastos como educación y alimentación, por nombrar solamente dos. Este ahorro comunitario podría tener alto valor y no ha sido evaluado hasta el momento desde una perspectiva económica.
En algunos casos concretos las comunidades afectadas han revalorizado la herencia cultural y ambiental y la han defendido frente al cambio de las condiciones de vida. También los gobiernos han entendido algunos patrones de comportamiento de los afectados, respetando su derecho a defenderse y reclamar ante hechos y omisiones que llevaron a tal situación de desventaja social.
Observamos que las comunidades más vulnerables incorporan paulatinamente el enfoque ambiental a sus decisiones cotidianas. Además, comprobamos un uso más eficiente de los recursos, en particular del agua potable, o el hecho de que las empresas distribuidoras de energía se preocupan en retirar elementos contaminantes.
La lección aprendida más importante fue descubrir que la estrategia de involucrar socialmente a los afectados surte mayores beneficios que encargarse de resolver sus conflictos. La participación directa dignifica a la persona y le permite dedicar mayores esfuerzos a la resolución de sus propios conflictos y los de otros afectados.
Otra lección aprendida se refiere a que es más efectiva la resolución de los conflictos a partir del involucramiento de la mayor cantidad posible de actores, que intentar resolverlos únicamente con aquellos de mayor poder político o económico, situación que desde las estructuras políticas suele ser común.
Además, la solución de los problemas y conflictos tiene mayor efecto y perdura más en el tiempo cuando nace a partir de las ideas y los recursos propios de la comunidad afectada, que si los mismos son provistos por un tercero externo, como el gobierno, ya que las soluciones no consensuadas ni apropiadas por los afectados carecen del compromiso necesario para se mantengan en el tiempo.
A nivel institucional, observamos que las personas que integran DCA permanecen más tiempo cuando adquieren mayor compromiso personal. El aprendizaje radica en buscar aquellas personas que sientan que pueden brindarse a los demás antes que satisfacer sus propias necesidades.
En un reciente encuentro en la provincia de Córdoba con abogados e instituciones que trabajan en el área de derecho ambiental, varios asistentes se mostraron interesados en conocer más acerca del programa DCA, aunque aún no hay propuestas formales al respecto. La única experiencia de replicabilidad es que la organización no gubernamental Protección del Consumidor (PRODELCO) en la provincia de Mendoza ha tomado nuestro modelo de atención para trabajar casos de usuarios de servicios ambientales o en los que los derechos del consumidor tienen relación con el ambiente. A partir de marzo de 2004 acordaremos con la Defensoría del Pueblo de la Nación recibir los casos ambientales en la provincia, es decir, DCA será el delegado adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación en materia ambiental.
Si tuviéramos que colaborar en la replicabilidad de la experiencia, elaboraríamos un manual con el procedimiento para la aplicación del programa en una comunidad determinada, con el conjunto de experiencias y lecciones aprendidas, modelos de formularios, criterios de admisión de casos, estrategias específicas, modelos de organización y búsqueda de recursos humanos y estrategias ante los medios de comunicación, los gobiernos y otras organizaciones, acompañando a las instituciones personalmente o a través del medio más adecuado en sus primeras etapas, para después convertirnos en una institución de consulta. El programa contribuirá de manera amplia al beneficio de todas las comunidades que lo necesiten sin mayores impedimentos por parte de las instituciones que los llevan a cabo.
| Socio | Año 1 (2001) | Año 2 (2002) | Año 3 (2003) | Año 4 |
| Oikos Red Ambiental(80-100% del presupuesto) | 900 | 280 | 400 | 500 |
| Fundación Cullunche (10% del presupuesto, valor en efectivo y en especies) | 100 | 35 | - | - |
| Universidad Nacional de Cuyo (10% del presupuesto, valor en especies) | 380 | - | - | - |
| Presupuesto total (en dólares norteamericanos) | 1380 | 315 | 400 | 500 |
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