| Buenas Prácticas > Concurso Internacional > 2002 > http://habitat.aq.upm.es/dubai/02/bp360.html |
País/Estado — País
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — ribera (cuenca hidrográfica)
Ámbito de la actuación — pueblo
Agentes — gobierno central; gobierno regional; gobierno local; paraestatal; sector privado; organización no gubernamental (ONG); organización de base comunitaria (OBC); agencia internacional; fundación; asociación de profesionales; institución académica o de investigación; instituciones filantrópicas; medios de comunicación.Categorías — Gestión ambiental: reducción de la contaminación; tecnología ambientalmente responsablerestauración ambiental; sostenibilidad ecológica; incentivos para una gestión responsable. Infraestructuras, comunicaciones y transporte: gestión y tratamiento de residuos. Participación ciudadana y riqueza cultural: riqueza social y cultural; educación cívica.
altasar Callao la Torre 570 San Isidro de Lima, 27 Lima, Perú Tel. 051-01-2642082E-mail: cipurlima@terra.com.pe
Autopista Lima-Canta Km.34 Carabayllo Lima, PerúColaboración técnica.
upac Amaru n 1.733 km.18 Carabayllo Lima, Perú Tel.: 051-01-264-2082Web: Colaboración administrativa.
entro de Salud Víctor Raúl Haya de la Torre Callao TO - Mz. 2 Lt.3 Distrito de Independencia Lima, PerúWeb: Colaboración administrativa.
La iniciativa tiene como objetivo organizar, movilizar, cualificar y sensibilizar a los habitantes de los centros rurales habitados de la cuenca baja del río Chillón, para mejorar la cantidad y la calidad del agua y para ampliar el servicio de abastecimiento a los núcleos de población cuya situación es más precaria, tomando el agua como principio dinamizador de otras necesidades y contribuyendo así a mejorar la calidad de vida; todo ello mediante la participación de la comunidad, que supone una garantía de la sostenibilidad del proyecto.
En cuanto a la organización de los socios colaboradores, es posible integrar y organizar catorce centros habitados dispersos, tomando como punto de partida el agua, con una estrategia de cualificación progresiva y de participación directa de la población. Los agricultores y ganaderos de estas poblaciones se implicaron en el proyecto y fueron movilizados desde la administración para lograr la puesta en marcha y la gestión de un sistema de trabajo. Para garantizar la sostenibilidad de sus proyectos se creó una comisión para administrar el conjunto de obras para el abastecimiento de agua, la Junta Administrativa Integral del Sistema de Agua Potable (JAISAP) y la Comisión para la Construcción del Puente, compuestas por representantes de cada núcleo habitado.
En cuanto a la cuestión institucional, la declaración contempla compromisos y contribuciones y la suscripción de acuerdos de colaboración entre los habitantes, las ONGs y el gobierno local, a partir de los cuales se fomentan las alianzas estratégicas que permiten sumar recursos para alcanzar el objetivo, comprometiendo al Estado y a las instituciones privadas.
En lo referente a la cuestión técnica, la instalación de siete kilómetros de conductos para el agua se ha realizado con la supervisión de SEDAPAL.
En lo que respecta al puente, la definición del sistema de estructura metálica en celosía de tipo Warner Biro será proporcionada por el Ministerio de Transporte.
La incomunicación perjudica el desarrollo educativo de los niños, la atención sanitaria y a la comunidad en general. Esta situación les obliga a realizar viajes de más de 35 kilómetros, tardando, en caso de emergencia, más de dos horas en llegar al hospital más cercano, ya que la ruta habitual se encuentra en malas condiciones.
En lo que respecta a los servicios básicos, 9.824 habitantes carecen de electricidad, el 86% hace uso de velas o de encendedores y el resto utiliza pequeñas lámparas. Ninguno cuenta con letrinas, el 80% realiza sus necesidades fisiológicas a campo abierto y el 20% en los canales de riego, contaminando el agua destinada a la agricultura.
Algunos núcleos habitados de la ribera izquierda del río cuentan con una red de distribución de agua cuya infraestructura no está en muy buen estado, que va desde su recepción hasta los cuatro núcleos de población (Chocas, Casa Blanca, Cassinelli y Caballero) que suman 893 habitantes. Estas redes, que tienen ya sesenta años, (el mismo tiempo que la propiedad) presentaban graves problemas de conducción, ya que se habían asentado viviendas sobre su recorrido, humedeciendo sus precarios muros; atravesando propiedades privadas o zonas de cultivo, siendo afectadas por el cultivo del suelo o expuestas al establecimiento de instalaciones ocultas, afectando a la calidad, a la continuidad y a la cantidad de agua. Los problemas de desabastecimiento de agua debidos a la rotura de las tuberías o a su desperdicio se reparan manualmente, lo que provoca a veces una situación de desabastecimiento de hasta dos semanas.
Los habitantes de núcleos de población como San José y Rosario, que suman 366 habitantes, tenían que caminar un kilómetro y medio para abastecerse de agua. Los núcleos de población de Cerro Puquío, San Martín de Porres y Sipán Perú, que suman 575 habitantes fueron abastecidos hasta Julio de 2001 mediante pozos artesianos localizados en la parte baja del asentamiento. Como consecuencia de la construcción de una depuradora que generaba 5m3 de agua potable para el consumo humano en la ciudad de Lima, se perforaron pozos tubulares, provocando el secado de los pozos realizados manualmente y dejando a los núcleos de población desabastecidos.
En la margen derecha del río se encuentran Huarangal, Olfa, Huatocay, El Olivar y Trapiche que cuentan con 7.990 habitantes. Huarangal recibe suministro de la red que da servicio al Centro de Energía Nuclear de Huarangal, sin una periodicidad fija y en pequeñas cantidades, lo que obliga a sus habitantes a utilizar el agua de los canales de riego, que está contaminada por los componentes químicos que utilizan los agricultores, para el consumo humano. Los otros núcleos habitados toman el agua de charcas mediante instalaciones precarias de recepción manual.
En un taller organizado por Hábitat en torno al problema del agua se presentaron los resultados de una encuesta realizada entre los núcleos habitados en la que participaban los usuarios junto con los técnicos del CIPUR, a partir de la cual se discutieron los problemas y se jerarquizaron y establecieron las prioridades, de acuerdo con el nivel de repercusión en la calidad de vida de los residentes y con el incremento de los ingresos. Se tomaron decisiones sobre el almacenaje del agua y sobre las estrategias futuras para la solución de los problemas de máxima prioridad, considerando en primer lugar el agua, en segundo lugar la necesidad de la construcción de un puente entre ambas orillas del río y, en tercer lugar, la necesidad de incrementar la renta agrícola, crucial para mejorar los ingresos y la infraestructura necesaria para la energía eléctrica.
Estrategias para llevar a cabo los objetivos:
Para el objetivo 1:
Para el objetivo 2:
Para el objetivo 3:
En cuanto al primer objetivo, por razones técnicas y económicas la ejecución de los trabajos se dividió en tres fases, una primera fase (Chocas, Casa Blanca, Cassinelli y Caballero), una segunda fase (San José, Rosario, San Martín de Porres, Sipán Perú y Cerro Puquío) en la margen izquierda del río Chillón y una tercera fase (El Olivar, Huatocay, La Olfa y Huarangal) en la margen derecha.
Durante la primera fase los habitantes contribuyeron a la excavación de las zanjas con mano de obra no cualificada, aportando guardias y un almacén, todo ello por valor de 7.649 dólares. El ayuntamiento de Carabayllo contribuyó con ayuda en forma de mobiliario para realizar las gestiones ante el gobierno central (400 dólares). El Centro de Salud del Ministerio de Sanidad contribuyó con la realización del análisis del agua (400 dólares); CIPUR con recursos procedentes de MISEREOR y con mano de obra cualificada para disponer las pendientes de las redes y para la construcción de depósitos y de cámaras de recepción de agua, con materiales para la cámara, tuberías complementarias y accesorios para las redes de conducción de agua, para la desinfección del sistema, el archivo técnico, la dirección técnica, la promoción, la organización y la movilización. La Unión Europea ha proporcionado 33.953,36 dólares en tuberías de PVC y accesorios para las redes y los depósitos, fondos sobrantes del proyecto APPJ, que suman 12.186,41 dólares y SEDAPAL la supervisión técnica de la pendiente de las redes: 2.000 dólares.
Para la segunda fase la población ha contribuido con mano de obra no cualificada a la excavación de las zanjas de la primera fase y realizando la gestión de los materiales de las obras, ayuda que se estima en 9.310 dólares. El ayuntamiento de Carabayllo ayuda a realizar las gestiones ante el gobierno central y SEDAPAL estima su contribución en 400 dólares. El Centro de Salud Víctor Raúl Haya de la Torre del Ministerio de Sanidad asume el análisis de las condiciones del agua distribuida (400 dólares). CIPUR con recursos de MISEREOR contribuye con el archivo técnico, la dirección técnica, la promoción, la organización y la movilización ya llevadas a cabo, que representan un valor de 6.000 dólares. La Unión Europea contribuye con tuberías de PVC de 110 y de 90 mm de diámetro y con accesorios para las redes de conducción sobrantes de la primera fase: 1.500 dólares. SEDAPAL contribuye con el material y con mano de obra cualificada: 29.441 dólares.
Para la ejecución de la tercera fase se precisan 121.400 dólares y se ha dividido en dos bloques, el primero el que corresponde a Huarangal y el segundo el que forman los núcleos rurales habitados de la Olfa, Huatocay, el Olivar y Trapiche. Para el primero se prepara la contribución de la población en forma de mano de obra no cualificada para la excavación de las zanjas de las calles, aportando guardas y un almacén, todo por valor de 5.600 dólares. El ayuntamiento de Carabayllo colabora con las gestiones ante al gobierno central y ante el Centro de Energía Nuclear, por un valor de 400 dólares; el Centro de Salud Víctor Raúl Haya de la Torre del Ministerio de Salud lleva a cabo el análisis del agua (400 dólares). CIPUR, con recursos de MISEREOR, contribuye con el pago de la mano de obra cualificada para supervisar la pendiente de las redes y para la construcción de depósitos y de cámaras de recepción; los materiales para las redes y los accesorios para la conducción del agua,! la desinfección del sistema, el archivo técnico, la dirección técnica, la promoción, la organización y la movilización, que suman un total de 19.600 dólares. El Instituto Peruano de Impulso y Desarrollo para los Discapacitados (IPIDD) contribuye en parte a la compra de cemento para aumentar la capacidad del embalse, representando 400 dólares, y SEDAPAL realizando la supervisión técnica del replanteo de las redes, que supone un valor de 2.000 dólares.
Para el objetivo 2 se requerían 248.266 dólares de los que se movilizaron algunos, se aseguraron otros y el resto se desviaron; calculando como contribución de los residentes la mano de obra no cualificada proporcionada para la excavación de las zanjas y para la construcción de espolones y el encofrado de hormigón. Los guardias y el almacén de material se estiman en 38.022 dólares. El Ayuntamiento de Carabayllo financia el transporte de la estructura metálica del puente, que cuesta 2.314 dólares. CIPUR, con recursos de MISEREOR, ha realizado la promoción, la organización y la movilización de los habitantes, el archivo técnico, la dirección técnica y la consultoría para las gestiones ante el gobierno central, valoradas en 32.382 dólares. El Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción dona las estructuras metálicas en celosía Biro y Sima instaladas y en desuso a 400 kilómetros al sur de Lima para el puente Chilloncito valoradas en 62.000 dólares y negocia c! on el ministerio del sector correspondiente (transporte y comunicaciones) la contribución de 88.720 dólares para financiar la construcción de espolones y losas de hormigón y la instalación y montaje de la estructura metálica, probablemente la cantidad necesaria para pagar el desmontaje in situ de la estructura metálica del puente en Huaytar.
Para el objetivo 3 se requieren recursos importantes que permitan invertir los procesos negativos de la agricultura del valle, por lo que se ha optado por llevar a cabo un diagnóstico y una definición de los cultivos apropiados, así como del diseño de proyectos de intervención, movilizando los recursos de los residentes mediante la realización de una encuesta sobre la situación actual de la productividad en el valle del bajo Chillón, valorado en 400 dólares. CIPUR con recursos de MISEREOR, proporciona la consultoría para una buena gestión ambiental y agrícola para el desarrollo del estudio y de la instrumentalización de la estrategia y de los proyectos, por valor de 9.600 dólares. El cooperante alemán de la Universidad de Kassel, Sr. Witzhausen, se ha hecho cargo del estudio para la mejora de la productividad de la cuenca baja del río Chillón, valorado en 14.400 dólares La asociación Junta de usuarios de agua de riego del distrito del Chillón contribuye con las instalacione! s para el desarrollo del estudio y proporciona información básica, valorada en 2.000 dólares; el ayuntamiento de Carabayllo, por su parte, contribuye a las gestiones ante al Ministerio de Agricultura por un valor aproximado de 400 dólares.
Los catorce núcleos habitados de ambas riberas de la cuenca baja del valle del Chillón al noreste de Lima, entre los kilómetros 28 y 40 de la autopista que va hacia Canta eran campesinos que se beneficiaron de la reforma del suelo de las grandes propiedades del terreno, que hasta 1968 eran puertos y que, después de la reforma del suelo, (Ley 17716) permitieron la constitución y la consolidación de pequeños núcleos habitados paralelamente al proceso de adjudicación, subdivisión y atomización de las parcelas, cuyos procesos implican a un total de 2.067 familias, de las que sólo la cuarta parte es propietaria del suelo y el resto trabajan como peones en la agricultura. Desde el punto de vista social, la situación de las poblaciones rurales dedicadas fundamentalmente a la agricultura (69,4%), es bastante precaria en lo que respecta a los servicios, a la vivienda y al trabajo y en lo que concierne al acceso a la educación y a la salud, equipamientos que se sitúan a una distancia! de entre uno o dos kilómetros.
Un primer problema que era necesario afrontar era la dispersión de los residentes y su organización, lo que se ha afrontado en la primera fase con la participación de un grupo de líderes que han garantizado la coordinación entre distintos pueblos, comenzando por el problema principal que era el sumiistro de agua, e iniciando la creación de comisiones de agua potable en cada población, para finalizar con la constitución de una asamblea de todos los pueblos constituyendo la Comisión integral de las obras del agua.
Una vez realizado el almacenamiento, el segundo problema lo constituían los hábitos y las costumbres derivados de la propiedad del terreno. El sistema impone la vivienda y el empleo y la herencia de una infraestructura que con el tiempo ha deteriorado a las familias inculcándoles el pensamiento de que alguien tiene que resolverles los problemas. Se ha tratado de cambiar esta mentalidad por medio de un trabajo intenso de promoción y organización para asegurar la solidaridad y el apoyo mutuo con responsabilidad, estableciendo los estándares y las normas de las distintas fases del proceso, entre las que se incluyen las tareas comunitarias.
Un tercer problema surgió al tratar de conseguir la sostenibilidad del servicio de agua potable, ya que nunca antes se había pagado por el agua recogida en las charcas, lo que hizo necesario un proceso de formación y de educación ambiental que enseñara que el agua es un recurso no renovable y que la recepción del servicio y las operaciones de mantenimiento tienen un coste. De esta manera se llegó a la necesidad de realizar una estructura de costes e instituir, por parte de la misma población, una Junta Administrativa Integral del Servicio de Agua Potable.
Un cuarto problema es la escasez de los recursos. Los asentamientos humanos de la periferia de las ciudades, debido a su magnitud y localización tienen la posibilidad de ejercer presión social para atraerse la atención del estado, mientras que, las poblaciones dispersas y aisladas de los ámbitos urbanos tienen un tamaño menor y carecen de la capacidad de ejercer presión, lo que dificulta la canalización de recursos para hacer frente a la precariedad que sufren, por lo que se optó estratégicamente, en primer lugar, por el establecimiento de relaciones con el gobierno local, para ir después ganando aliados procedentes de la cooperación internacional hasta formular peticiones al estado que permitieran afrontar las necesidades de agua, la reparación, el puente en el río Chillón, la mejora de la renta agrícola y la distribución de energía eléctrica, por no mencionar la vivienda, la salud y la educación.
El agua se distribuye a razón de 40 litros/habitante de forma continua para la primera y la tercera fase. Se ha logrado la institucionalización de la Junta Administrativa Integral del Servicio de Agua Potable, así como cambios en los comportamientos y las actitudes de inmovilismo, aislamiento y resignación de los habitantes, consiguiendo un apoyo mutuo y solidario.
La coordinación y la relación entre los pueblos, comenzando por la atención a una necesidad tan importante para la salud y para la vida como es el agua, permite fortalecer su organización para el trabajo comunitario, para constituir sus instancias a la administración y en la actualidad ejercer presión ante SEDAPAL en relación con el secado de pozos que afecta a uno de los grupos de estos pueblos; ante el Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción para la ejecución del puente, y ante EDELNOR para la electrificación.
En cuanto a la cuestión técnica, se han logrado los siguientes objetivos:
El proyecto, realizado con el propósito de abastecer de agua potable, se extiende sin embargo más allá, hacia un ámbito de integración con otros problemas y otras necesidades de contenido social, económico-productivas y ambientales; cuyo resultado se relaciona fácilmente con la reparación del agua, la salud, la educación, la comunicación y la productividad asociada al incremento de los ingresos y al tratamiento ambientalmente apropiado de los componentes del agua, del suelo y de las plantas del valle.
Desde el punto de vista financiero, la práctica demuestra que, a pesar de los escasos recursos, es posible obtener los recursos financieros necesarios, si hay una buena relación, un acuerdo, unas propuestas técnicas y, fundamentalmente, una organización de la población y que esta posibilidad quedaría fuera del alcance de una única ONG que pretendiera solucionar el problemadel abastecimiento. Para las prioridades del agua potable, el puente y la ayuda técnica agrícola (durante un año) se prevé una inversión de 397.916 dólares, sin contar con las necesidades de electrificación y los 1.200 dólares del abastecimiento; que se han cubierto con la contribución comunitaria (20%), la cooperación internacional (25%) y la participación del estado (55%), constituyendo una interesante propuesta para la cooperación, para el Estado y para el propio sector privado.
Desde el punto de vista socio-económico, como se ya se ha mencionado, la cuarta parte de la población es propietaria de las 1.200 parcelas cultivadas, en los que predomina la propiedad intensiva (una de cada tres está destinada a las familias), insuficiente para la sostenibilidad de una familia y más todavía en un medio en que no existe política agraria y con unos niveles de ingresos muy bajos (100 dólares de media) para los que cualquier solución debería, además de ser viable técnicamente, ser de bajo coste. Como resultado de la priorización de la atención a los problemas, se afrontan como emergencias la salud y la alimentación, al igual que el agua potable y la comunicación, como en el caso del puente, y la mejora de la agricultura, como en el caso de la formación, los préstamos y la electrificación.
En el aspecto cultural han tenido lugar cambios que van de los cambios de las actitudes individuales (aislamiento) hasta los cambios colectivos, que permiten unir fuerzas y a la vez modificar los patrones y las conductas que se han practicado durante años. La provisión de los servicios implica la internalización de los costes que no se contrastan, lo que implica asumirlos con responsabilidad, con una educación en el uso del agua y con una cultura del pago.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto de distribución de agua permite un uso eficiente de la misma, en la medida en que antes de su implantación se tomaban de la charca 14 litros por segundo y se perdían la mitad, 7 litros por segundo, mientras que con la renovación de las redes y la ampliación del sistema, no sólo se ahorra el 50%, sino que se suministra a los 1.834 habitantes de la margen izquierda del río. El 50% restante repercute en el nivel freático o constituye parte de la reserva.
Los residentes, en su mayoría agricultores y ganaderos, han aprendido que la unión hace la fuerza, lo cual les permite, de una forma organizada, tener acceso a un servicio de agua potable de calidad, con una garantía en el caudal de distribución, gracias a su decisión y a su esfuerzo conjuntos, comenzando por su preparación para conseguir nuevas reservas de agua que, unido al proceso de electrificación, contribuyó a mejorar sus condiciones de vida, y a satisfacer parte de sus necesidades.
La consecución de este nuevo servicio ha exigido de los residentes esfuerzo físico (trabajo comunitario), una contribución económica, para los guardias y el almacén, y una participación organizada. Todo ello se recoge en la valoración de los resultados y en la importancia que se da a la puesta en marcha de sistemas de gestión que el propio proceso requiere (Comisión de obras del agua, Comisión de obras del puente) identificando, para la sostenibilidad del servicio de agua, la necesidad de constituir una junta integral del sistema de agua.
La producción social del hábitat de 2.067 familias, centrada en un principio en la intervención en el agua potable, llevó a establecer otras relaciones de la misma importancia. El abastecimiento de agua ha sido un revulsivo para la organización de otras empresas y su realización ha conllevado otras tareas, tales como la provisión de agua asociada a la eliminación de excrementos o al drenaje (todavía una tarea pendiente), o como la mejora de la calidad de vida de la población en relación a su actividad económica que en este caso es la agricultura, mejorando su productividad y su relación con el mercado, mediante el acceso al mismo y a la civilización por medio de la construcción de un puente.
La experiencia permite la autentificación del modelo de intervención con una técnica apropiada, con la participación de los propios agentes, con estrategias de acuerdo con los sectores público y privado y contando con el agua como elemento dinamizador del desarrollo. Estas características se repiten en otras zonas rurales de la periferia de las ciudades que, a pesar de su proximidad a la metrópoli, presentan índices bajos de salud y de calidad de vida.
La declaración de compromisos y responsabilidades por medio de la suscripción de acuerdos, la garantía de ejecución de los mismos y la institucionalización de los agentes que participan, constituyen un modelo adoptado por el Estado en sus proyectos de desarrollo comunitario, como en los proyectos de trabajo urbano y de trabajo rural.
El sistema de administración en diferentes fases y de acuerdo con la naturaleza de los procesos se constituye como herramienta para la administración y la seguridad de la sostenibilidad de los procesos, así como de aquellos que vienen realizando las 250 instancias a la organización que gestiona el agua en las que también participa CIPUR.
La experiencia es una invitación a una intervención sistemática e integrada de los distintos procesos de producción social del hábitat dentro de una comunidad, en la que debe determinarse el elemento dinamizador y los líderes con quienes llevar a cabo los procesos, así como los elementos inhibidores de los mismos.
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