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País/Estado — País
Región según Naciones Unidas — América Latina
Región ecológica — ribera (cuenca hidrográfica)
Ámbito de la actuación — ESCpueblo
Agentes — gobierno local; organización no gubernamental (ONG); organización de base comunitaria (OBC).Categorías — Gestión ambiental: tecnología ambientalmente responsable; restauración ambiental; higiene ambiental; gestión de recursos. Infraestructuras, comunicaciones y transporte: medios de comunicación; uso y producción de la energía; abastecimiento de agua potable. Participación ciudadana y riqueza cultural: participación comunitaria; riqueza social y cultural; educación cívica.
Baltazar La Torre N 570 San Isidro Lima 27 Lima Perú Tel: 051 01 2642082E-mail: cipurlima@terra.com.pe
Autopista Lima-Canta, km 34 Carabayllo Lima, PerúColaboración técnica.
Av. Tupac Amaru N 1733 km 18 Carabayllo Lima, Perú Tel: 051 01 264 2082Colaboración administrativa.
Callao TO Mz 2 lote 3 Distrito Independencia Lima, PerúColaboración administrativa.
La iniciativa tiene como objetivo organizar, movilizar, cualificar y sensibilizar a los habitantes de los núcleos rurales de la cuenca baja del río Chillón, con el fin de mejorar la calidad y la cantidad del suministro de agua así como ampliar el servicio hasta otros asentamientos en condiciones más precarias. El agua actúa como eje dinamizador de otras demandas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, mientras que la participación de la comunidad garantiza la sostenibilidad del proyecto.
En cuanto a la organización de los socios, ha sido posible integrar y organizar catorce núcleos dispersos, con el agua como punto de partida de una estrategia enfocada a la cualificación progresiva y a la participación directa de la población. Los campesinos asimilaron el proyecto mientras que la administración se encargó de movilizarlos hasta la ejecución y administración del sistema. Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la iniciativas se creó la Comisión de Administración Integral de las Obras de Agua, la Junta Integral Administradora del Sistema de Agua Potable (JIASAP) y la Comisión de Obras del Puente formada por representantes de cada población.
Respecto a la cuestión institucional, gracias al establecimiento de varios acuerdos de colaboración y donaciones, la firma de acuerdos de cooperación con la población, la ONG y el gobierno local, se ha fomentado el establecimiento de alianzas estratégicas que han permitido añadir más recursos destinados a alcanzar el objetivo, implicando al estado y a diversas instituciones privadas.
En el campo técnico, se han instalado más de 7 km de redes de tuberías de agua bajo la supervisión del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). En cuanto al puente, se ha diseñado una estructura metálica cruzada tipo viga Warner Biro que proporcionará el Ministerio de Transporte.
Según el estudio socio-económico realizado por muestreo en marzo de 2001, de 2.067 familias, el 69,4%se dedica a la agricultura. De ellas, el 27 %son propietarias de la tierra mientras que el 63,8 %restante trabaja como jornaleros o se dedican a otras actividades (cuidado de ganado, conductores, guardianes, albañiles, etc.), el 4,2 %son obreros y comerciantes, el 2 %son empleados. El 93,6 %de la población tiene unos ingresos comprendidos entre los 200 y 400 soles, unos 100 dólares EEUU de media y tan sólo el 3 %gana una cantidad mayor.
Los tipos de cultivos son rotatorios y permanecen durante todo el año, como la patatas, el choclo, el maíz, la calabaza y las verduras en general, aquellos que se dan con dificultad en el mercado metropolitano. Como consecuencia del fenómeno de El Niño en los años 97 y 98, los asentamientos sufrieron daños muy serios, especialmente los situados en la margen derecha del río. Todos los veranos la crecida del río se lleva el puente, con la consiguiente interrupción del transporte de mercancías y el suministro de ingresos para la agricultura afectando así a la única fuente de trabajo e ingresos.
La falta de comunicación perjudica el desarrollo educativo de los niños así como la atención sanitaria y comunitaria en general. En caso de emergencia les obliga a hacer desplazamientos de más de 35 km en los que las malas condiciones del camino les llevan a emplear más de dos horas para llegar al hospital más cercano.
En cuanto a los servicios básicos, 9.824 habitantes no disponen de electricidad, el 86 por ciento utiliza velas y/o mecheros y el resto usa lámparas. Además carecen de letrinas, el 80 %realiza sus necesidades fisiológicas al aire libre y el 20 %en canales de regadío contaminando el agua de los cultivos.
Algunos de los asentamientos de la orilla izquierda disponen de una red de abastecimiento de agua desde su captación (aunque la infraestructura no está en muy buen estado) hasta las poblaciones de Collide, Casablanca, Cassinelli y Caballero, que cuentan en total con 893 habitantes. Estas redes con más de 60 años de antigüedad (pertenecen a la época de la propiedad rural) presentan serios problemas de conducción: se han construido viviendas sobre ellas, humedecen los precarios muros de las mismas, y cruzan propiedades privadas o zonas de cultivo, por lo que se ven afectadas por los cultivos agrícolas o expuestas a instalaciones reservadas que afectan a la calidad, la continuidad y la cantidad del agua. Eran continuos los problemas de desabastecimiento de agua por las roturas y las fugas de las tuberías, las cuales se reparaban de manera manual. Debido a ello, con frecuencia los usuarios se quedaban sin suministro durante más de dos semanas.
Los habitantes de poblaciones como San José y Rosario de 366 habitantes, se veían obligados a caminar 1,5 km para abastecerse de agua. Hasta julio de 2001, los asentamientos de Cerro Puquio, San Martín y SIPAN Perú, con 575 habitantes, se abastecían de agua mediante pozos artesianos situados en la parte baja de la población. La construcción de la depuradora destinada a producir 5 m3 de agua potable para consumo humano de la metrópolis, supuso la perforación de varios nuevos pozos que ocasionaron la desecación de varios de los antiguos pozos excavados a mano, con el consiguiente desabastecimiento de las poblaciones.
En la orilla derecha se encuentran las poblaciones de Huarangal, Olfa, Huatocay, Los Olivos y el Trapiche, con 7.990 habitantes. Huarangal se abastece de la red que suministra agua a la Central de Energía Nuclear de Huarangal, sin una pauta determinada y en pequeña cantidad, por lo que se ve obligada a consumir agua de los canales de regadío contaminados por los compuestos químicos que utilizan los agricultores. Las otras cuatro poblaciones cuentan con precarias instalaciones de captación manual de los arroyos.
Los resultados del estudio se presentaron en un Taller sobre el Problema del Hábitat de los Núcleos Poblacionales en el que participaron los usuarios en colaboración con los técnicos del Centro de Investigaciones y Proyectos Urbanos y Regionales (CIPUR). A raíz de este taller se debatieron y ordenaron los distintos problemas y se establecieron las prioridades según el grado de relación con la calidad de vida de los residentes y el incremento de los ingresos. Asimismo se decidieron las reservas y las estrategias a seguir para solucionar los problemas más acuciantes: en primer lugar, disponer de agua; en segundo lugar la necesidad de construir un puente que una ambas orillas del río y por último la necesidad de aumentar la renta agrícola, fundamental para mejorar el acceso y la instalación de la energía eléctrica.
Objetivo 1. Mejorar, ampliar y abastecer a las poblaciones rurales con agua de calidad, en cantidad suficiente y de manera continua. Objetivo 2. Construir un puente para el tráfico rodado entre las dos márgenes del río. Objetivo 3. Mejorar la productividad de la agricultura de la cuenca baja del río Chillón. Objetivo 4. Negociar la instalación de energía eléctrica en los asentamientos rurales. Las estrategias adoptadas para cada objetivo han sido las siguientes:
Para el objetivo 1:
Para el objetivo 2:
Para el objetivo 3:
Por razones técnicas y económicas, para alcanzar el objetivo 1, la ejecución de la obras se dividió en tres fases: la primera fase comprendió a las poblaciones de Collide, Casablanca, Cassinelli y Caballero; la segunda fase, a San José, Rosario, San Martín de Porres, SIPAN Perú y Cerro Puquio, situados en la orilla izquierda del río Chillón; y la tercera fase a Los Olivos, Huatocay, Olfa y Huarangal, en la orilla derecha.
En la primera etapa la población contribuyó con mano de obra no especializada para la excavación de zanjas, proteccioness y depósitos por valor de 7.649 dólares EEUU. La Municipalidad de Carabayllo aportó equipo de apoyo a las administraciones ante el gobierno central por valor de 400 dólares EEUU. El Centro de Salud del Ministerio de Sanidad realizó el análisis del agua valorado en 400 dólares. El CIPUR, con los recursos de Misereor, pagó la mano de obra cualificada encargada de ejecutar las redes, la construcción de los vasos y las cámaras de captación, así como los materiales para la cámara, las tuberías complementarias y los accesorios para las redes de conducción, la desinfección de las canalizaciones, la ficha técnica, así como la dirección técnica, la promoción, organización y movilización, todo ello por valor de 33.953,36 dólares EEUU. La Unión Europea proporcionó tuberías de pvc y accesorios para las redes y vasos, además del Proyecto Agua Potable para los Pueblos Jóvenes de la Ciudad de Lima (APPJ) lo que ascendió 12.186,41 euros. Y, por último, el SEDAPAL se encargó de la supervisión técnica de las pendientes de las redes, lo que costó unos 2.000 dólares EEUU.
Durante la segunda etapa, la población contribuyó con mano de obra no especializada para la excavación de las zanjas de la primera etapa. La administración de materiales para los trabajos de la misma se valoraron en 9.310 dólares EEUU. La Municipalidad de Carabayllo ayudó en las gestiones ante el Gobierno Central, y el SEDAPAL, con una contribución estimada de 400 dólares. El Centro de Salud Victor Raúl Haya de la Torre, dependiente del Ministerio de Salud, se encargó de analizar las condiciones reales en las que el agua llegaba realmente. La contribución del CIPUR, con recursos de Misereor, consistió en la elaboración de la ficha técnica, la dirección técnica, así como la promoción, organización y movilización ya emprendida, por un valor de 6.000 dólares. La Unión Europea contribuyó con tuberías de pvc de 110 y 90 mm de diámetro y con accesorios para las redes de conducción sobrantes de la primera etapa, todo ello por valor de 1.500 dólares EEUU. El SEDAPAL contribuyó con material y mano de obra cualificada por valor de 29.441 dólares.
Para la ejecución de la tercera etapa se necesitaron 121.400 dólares repartidos entre dos zonas: la población de Huarangal constituye la primera zona y la segunda comprende los núcleos rurales de Olfa, Huatocay, Los Olivos y Trapiche. En la primera zona se contó con la aportación de la población en forma de mano de obra no cualificada para la excavación de zanjas, protecciones y depósitos, valorada en 5.000 dólares EEUU. La Municipalidad de Carabayllo, en representación del gobierno central y de la Central de Energía Nuclear, colaboró con 400 dólares. El Centro de Salud Victor Raúl Haya de la Torre, del Ministerio de Sanidad, llevó a cabo el análisis del agua, valorado en 400 dólares. El CIPUR, con recursos de Misereor, contribuyó pagando la mano de obra cualificada encargada de dar pendiente a las redes, construir los vasos y las cámaras de recepción, así como los materiales para las conducciones y los accesorios para las redes de agua, la desinfección del sistema, la ficha técnica, la dirección técnica, la promoción, organización y movilización, por un valor de unos 19.600 dólares EEUU. El Instituto Peruano para el Impulso y el Desarrollo de los Discapacitados (IPIDD) se hizo cargo del pago de parte del cemento para la formación de la pendiente del embalse, aportando 400 dólares. Y por último, el SEDAPAL llevó a cabo la supervisión técnica de la pendiente de las redes por valor de 2.000 dólares EEUU.
Para el segundo objetivo se necesitaron 248.260 dólares, para lo cual se movilizaron algunos recursos, otros estaban garantizados y otros estaban pendientes. Si consideramos como contribución por parte de los residentes la mano de obra no cualificada encargada de excavar las zanjas, construir los estribos, el vaciado de hormigón, las protecciones y el almacenaje de materiales, la colaboració asciende a 38.022 dólares EEUU. La Municipalidad de Carabayllo contribuyó con el transporte de la estructura metálica para el puente, valorado en 2.314 dólares. El CIPUR, con recursos de Misereor, promovió, organizó y movilizó a la población, realizó la ficha técnica, llevó la dirección técnica de las obras, así como la consultoría para las gestiones ante el gobierno central, por valor de 32.382. El Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción donó las cruces de la estructura metálica Biro y Sima que estaban en desuso, instaladas 400 km al sur de Lima, para el puente sobre el Chilloncito, valorado en 62.000 dólares. Se está negociando con este mismo ministerio para que colabore con 88.720 dólares que permitan financiar la construcción de los estribos y el tablero de hormigón, así como el montaje de la estructura metálica, a lo que habría que añadir otros 24.728 dólares para el desmontaje del puente metálico de la población de Huaytara.
Para el objetivo 3 se necesitaron cuantiosos recursos destinados a revertir los procesos negativos de la agricultura del valle. Para lograr este objetivo se optó, en primer lugar, por realizar un diagnóstico, definir los cultivos apropiados y diseñar los proyectos de intervención. Se recaudaron entre los residentes 400 dólares EEUU para la realización de un estudio sobre la situación de la productividad en el valle bajo. El CIPUR aportó 9.600 dólares para la consultoría en administración ambiental y agrícola para el desarrollo del estudio y la puesta en marcha de la estrategia y los proyectos. El cooperante alemán aportado por la Universidad de Kassel Witzenhausen se encargó de realizar un estudio dirigido a aumentar la producción del valle bajo del río Chillón, valorado en 14,400 dólares. La Junta de Usuarios de Agua del Distrito de Riego del Chillón contribuyó con las instalaciones al desarrollo del estudio y proporcionando información básica valorada en 2.000 dólares y la Municipalidad de Carabayllo contribuyó en las administraciones ante el Ministerio de Agricultura por un valor aproximado de 400 dólares.
Los catorce asentamientos se distribuyen entre ambas orillas de la cuenca baja del valle del Chillón hacia el noroeste de Lima, entre los kilómetros 28 y 40 de la autopista de Canta. Los campesinos que trabajaron en las grandes propiedades rurales hasta 1968 fueron los que acogieron la reforma agraria. Después de la reforma agraria (Ley 17716) se constituyeron y consolidaron pequeños núcleos poblacionales de manera paralela al proceso de adjudicación, subdivisión y atomización de las parcelas. Como resultado de este proceso, de un total de 2.067 familias, actualmente sólo la cuarta parte es propietaria de la tierra, mientras que el resto trabaja como jornaleros. La producción social del hábitat de los habitantes de los asentamientos rurales, dedicados fundamentalmente a la agricultura (el 69,4 por ciento), es bastante precaria si tenemos en cuenta los servicios, la vivienda, el trabajo. Por si esto no fuera suficiente, en lo que respecta al acceso a la educación y a la asistencia sanitaria, la distancia oscila entre uno y dos kilómetros.
Los primeros problemas a afrontar fueron la dispersión de los habitantes y, naturalmente, la organización. Esta se llevó a cabo con la ayuda de un grupo de líderes de primer orden, que se coordinaron pueblo a pueblo. Partiendo del problema más latente, que era el agua, fueron creando comisiones de agua en cada población para acabar formando una asamblea de todas las ciudades, la Comisión Integral de Obras de Agua.
Una vez puesta en marcha la base, el segundo problema lo constituían los hábitos y costumbres adquiridas de la propiedad rural con su modelo impuesto de vivienda y de empleo. Esta cuestión tan arraigada (vivienda más agua), heredada de la época en la que se pensaba que alguien tenía que solucionarles sus problemas, había contribuido a deteriorar la situación de las familias. Estos modelos se revirtieron mediante un trabajo intenso de promoción y organización que garantizaba la solidaridad, la ayuda mutua y la responsabilidad, estableciendo sus estándares o regulaciones para las diferentes etapas del proceso, por ejemplo para las obras comunes.
El tercer problema fue apostar por la sostenibilidad económica del servicio del agua cuando la población nunca antes había pagado por el suministro de agua procedente del río. Esto exigió un proceso de formación y educación ambiental en el que se enseñaba que el agua es un recurso no renovable y que percibir este servicio tiene un coste, del mismo modo que su puesta en marcha y su mantenimiento también tienen un coste, hasta que la propia población llegue a aceptar la necesidad de crear una estructura de costes y a crear una Junta Integral Administrativa de agua.
El cuarto problema fue la escasez de recursos. Los asentamientos humanos de la periferia de las ciudades, por su magnitud y localización, tienen la posibilidad de ejercer presión social para atraer la atención del estado, mientras que las poblaciones rurales dispersas y aisladas de la ciudad y de menor magnitud no tienen esta oportunidad, por lo que resulta mucho más difícil canalizar los recursos que permitan mejorar la precariedad de estas poblaciones. Por esta razón se optó, en primer lugar, por establecer de manera estratégica relaciones con el gobierno local para, a continuación, ir ganando nuevos aliados procedentes de la cooperación internacional hasta llegar a las instancias del estado capaces de afrontar los grandes problemas generales asociados al agua, las reparaciones de la red, el puente sobre el río Chillón, la mejora de la rentabilidad agrícola y la electricidad, por no mencionar la vivienda, la sanidad y la educación.
Se ha conseguido abastecer de agua de calidad, a razón de 40 litros por habitante, de manera continuada en la primera y la tercera etapa; institucionalizar la Junta Integral Administradora Integral de Agua; cambiar los comportamientos y actitudes de inmovilismo, aislamiento y postración de la población por otros de ayuda mutua y solidaria. La coordinación y la comunicación entre los pueblos, partiendo de la atención a un elemento de salud y vida como es el agua, permitió el fortalecimiento de su organización de cara a las obras comunes, constituyendo organismos adecuados de gestión. Esto ha permitido ejercer presión ante el SEDAPAL respecto al tema de la desecación de los pozos que afecta a varios pueblos y ante el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción para la construcción del puente, así como ante Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte (EDELNOR), para la instalación de la red electrica.
En lo referente a cuestiones técnicas, se han producido algunos cambios en la actitud de varias instituciones como el SEDAPAL, consiguiendo que ésta supervise las Obras y apruebe el trazado de las líneas de conducción y la pendiente de las redes. También se ha conseguido ampliar la capacidad técnica de la población usuaria, facilitando información sobre las obras comunes. Esta labor se ha reforzado a través de talleres de formación sobre el proceso constructivo de cada fase. Se han instalado 7.700 metros lineales de tuberías de pvc clase 7.5, de 110 y 90 mm de diámetro, así como válvulas de control de 110 y 90 mm con sus respectivas cajas de acumulación de seguridad en la fases primera y tercera.
Otro resultado ha sido que la población se ha concienciado sobre la importancia de hacer un uso apropiado del agua para la agricultura, abandonando los monocultivos en favor de la diversificación de los cultivos, modificando sus esquemas de uso, sustituyendo los compuestos químicos por los orgánicos y asumiendo la necesidad de ayuda técnica para mejorar la productividad.
Otros resultados han sido la predisposición del Ministerio de Transporte a proporcionar la estructura metálica necesaria para el puente y la puesta en marcha de un estudio para la mejora de la productividad agrícola.
El proyecto, emprendido con el objetivo de fomentar el uso del agua, se ha extendido como un abanico, hasta alcanzar un alto nivel de integración con otros problemas y con otras demandas de contenido social, económico-productivo y ambiental. El resultado ha sido un incremento de la conciencia respecto a la relación existente entre el incremento de los ingresos y el uso apropiado desde el punto de vista ambiental de los elementos del valle: agua, suelo y vegetación.
Desde el punto de vista financiero, la práctica ha demostrado que, a pesar de la escasez de recursos, cuando existe una buena comunicación, acuerdos, propuestas técnicas y, sobre todo, organización por parte de la población, es posible la obtención de recursos destinados a solucionar los problemas, recursos que una única ONG no hubiera podido de ninguna manera conseguir.
Las cuestiones prioritarias, como el agua, el puente y la ayuda técnica agrícola (durante un año), han representado una inversión de más de 397.916 dólares EEUU, sin contar con la electrificación, que requiere de unos 1.200 dólares de ayuda. De esta cantidad, la aportación comunitaria ha supuesto el 20 %, la cooperación internacional el 25 %, mientras que el estado ha participado con el 55 por ciento, lo que constituye una interesante propuesta de cara a la cooperación, para el propio estado y para el sector privado.
En cuanto a la sostenibilidad socio-económica, como ya se ha dicho, una cuarta parte de la población es propietaria de la tierra. De las más de 1.200 hectáreas de cultivos, la mayor parte son pequeñas propiedades (entre 1 y 3 hectáreas por familia) que resultan insuficientes para el mantenimiento de una familia y más aún en un medio en el que las políticas agrarias no existen y el nivel de ingresos es bajo (100 dólares de media). Por todo esto, cualquier solución debería ser de bajo coste y aceptable técnicamente. Hay que otorgar prioridad a los problemas sanitarios relacionados con el uso del agua, a los problemas de comunicación (en este caso el puente) y a los relacionados con la producción agrícola (en este caso, la labor de formación, los préstamos y la electrificación).
Culturalmente, han tenido lugar algunos cambios provocados por la necesidad de cambiar las actitudes individualistas (aislamiento) por otras colectivas que permitan unir fuerzas al mismo tiempo que se modifican los modelos y comportamientos practicados durante años. El suministro de servicios implica internalizar costes de los que la población no es consciente y conlleva adoptarlos con responsabilidad. Por otra parte, es fundamental educar sobre el uso del agua y la cultura de pago.
En el aspecto ambiental, el proyecto del suministro de agua permite hacer un uso eficiente del agua siempre y cuando, de los 14 litros por segundo de caudal que tiene el río, se deje discurrir la mitad y se canalicen los otros 7. Con la modernización de las redes y la ampliación del sistema no sólo se ahorrará el 50 %del caudal suministrado a los 1.834 habitantes de la orilla izquierda, sino que el 50 %restante revertirá directamente en el nivel freático o pasará a formar parte del embalse.
La mayoría de los agricultores residentes han aprendido que la unión hace la fuerza y que ésta les permite, de una forma organizada, acceder a agua corriente de calidad, en cantidad suficiente y de manera continuada a través de su decisión y su esfuerzo conjunto. Gracias a ello, se están preparando nuevos servicios, como la instalación de una red eléctrica, que ayuden a mejorar sus condiciones de vida.
La atención a un servicio cuya consecución les ha exigido un esfuerzo físico (trabajo común), una aportación económica (para las protecciones o el embalse) y su participación organizada, ha supuesto que se valore el resultado y la importancia de la institución de aquellos sistemas de gestión que el propio proceso demanda (Comisión de Obras de Agua, Comisión de Obras del Puente, etc.). Igualment, se ha constatado la necesidad de constituir la Junta Integral del Sistema de Agua para la sostenibilidad del suministro de agua.
La producción social de un hábitat para 2.067 familias, enfocada en un principio hacia el problema del agua, llevó a establecer otras relaciones de igual o parecida importancia, sirviendo dicho tema inicial como detonador de la organización y de otras iniciativas. Así pues, la resolución de esta cuestión implica otras, que vinculan estrechamente la calidad de vida con la actividad económica. En este caso, ha sido especialmente importante también la vinculación entre la mejora de las condiciones en el sector agrícola y su repercusión en el mercado a través del incremento de productividad.
La experiencia ha permitido la raificación de un modelo de intervención basado en el uso de tecnologías apropiadas, en la participación de los propios actores implicados, y en la elaboración de estrategias de colaboración con los sectores públicos y privado, siendo el agua el elemento dinamizador del desarrollo. Estas características son repetibles en otras zonas rurales de la periferia de la ciudad que, a pesar de su proximidad a la metropolis, presentan indicadores de primer orden de salud y calidad de vida.
La declaración de compromisos y responsabilidades mediante la suscripción de acuerdos de colaboración, la institucionalización de los actores implicados y la garantía de ejecución de los mismos, es un modelo que el estado ha adoptado en otros proyectos de desarrollo, especialmente en proyectos de obras urbanas o rurales.
La experiencia es una invitación a la intervención sistémica e integral en los diferentes procesos de producción social del hábitat de una comunidad, mediante la determinación del elemento dinamizador, y la identificación tanto d elos agentes protagonistas de los procesos, como de los elementos retardadores de los mismos.
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