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Desarrollo de las Agendas 21 Locales en los municipios de la provincia de Barcelona (España)

Fecha de referencia: 26-06-2002

Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2002, y catalogada como GOOD. ( Best Practices Database.)
País/Country: España
Región según Naciones Unidas: Europa
Región ecológica: rivera (cuenca hidrográfica)
Ámbito de la actuación: provincial/estatal
Instituciones: gobierno local, agencia internacional
Categorías = igualdad y equidad de género: acceso a los recursos, funciones y cometidos por razón del género, necesidades por razón del género, integración; procesos de planificación urbana y regional: elaboración de presupuesto, proceso consultivo, aplicación local de la Agenda 21, realización de Agenda 21 Local, recursos para el planeamiento regional; buena gestión urbana: auditoría, gobernabilidad urbana y metropolitana, fomento de la colaboración pública y privada, políticas públicas, movilización de recursos

Contacto principal:
Diputación de Barcelona, gobierno local.
Domènec Cucurull Descàrrega
Servicio de Medio Ambiente, Diputación de Barcelona
C/ Urgell, 187 (Edificio del Reloj, 2. planta)
08036 Barcelona
Telf.: 934022485
Fax: 934022493
E-mail: cucurulldd@diba.es
Página web: http://www.diba.es/mediambient/sos

Socio:
Unión Europea, agencia internacional.
Antonio Revilla Delgado
Via Laietana, 26
08003 Barcelona
Telf.: 935671729
Fax: 935671796
E-mail: arevilla@governacio-ri.gencat.es
Página web: http://www.gencat.es/sial
Colaboración financiera.

Socio:
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat (Red de ciudades y pueblos hacia la sostenibilidad), gobierno local.
Tomás Carrión Bernal
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
Platja de la Vila, s/n.
08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
Telf.: 933860050
Fax: 934660067
E-mail: carrionbt@diba.es
Página web: http://gramenet.diba.es
Colaboración financiera.


R E S U M E N

En la década de los 90, la Diputación de Barcelona incorporó un nuevo ideario ambiental. Entendió que la construcción de infraestructuras para paliar el deterioro era un camino complementario, que lo principal era modificar la actividad de producción, de ocio y de residencia de las poblaciones. Y adoptó las propuestas de la Cumbre de Río: tratamiento global de los problemas, elaboración de Agendas 21 e implicación de la población en la solución de los problemas.

En 1993, se abrió un programa para desarrollar Agendas 21 en todos los municipios de la provincia de Barcelona, que continúa vigente. Este programa tuvo respaldo de la Unión Europea, de la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles y del IV Congreso Nacional de Medio Ambiente (España 1998) y consiguió una gran implicación de los municipios.

Entre 1993 y 2001, se consiguió completar el desarrollo documental de 64 Agendas 21, empezar otras 19, y preparar el comienzo de 48 más; se desarrolló un Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad, se elaboró una Metodología para realizar Agendas 21, y se creó la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, que agrupa 191 municipios.

Así, se han conseguido procesos de Agenda 21 para el 90% de la población de la provincia y para el 35% del territorio.

El apoyo internacional, la disponibilidad de un cuerpo metodológico, el consenso de las fuerzas políticas y los agentes ciudadanos, sociales y económicos han sido bases sólidas para desarrollar procesos de protección del medio para el siglo XXI, bajo el principio de sostenibilidad.



Fechas clave

1993: Inicio de la primera Agenda 21 Local en el municipio de Igualada.

1997: Se alcanza la madurez del programa: 19 Agendas 21 puestas en marcha.
Constitución de la Red de ciudades y pueblos hacia la sostenibilidad.

2000: Publicación de la Metodología para la realización de Agendas 21 Locales.
Publicación del Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad.




D E S C R I P C I Ó N

Situación de partida

Las municipalidades se centraban en el desarrollo de infraestructuras y servicios, relativos al agua, los residuos y la contaminación.

Las actuaciones eran correctivas, de final de proceso. Así, al no intervenir sobre las actividades que originan el daño ambiental, cada vez necesitaban más infraestructuras. La población vivía ajena al proceso y los recursos económicos y técnicos precisos eran cada vez mayores, y a la vez menos eficientes.

Objetivos

El objetivo central es:


Las prioridades son las políticas preventivas, las actuaciones de largo plazo, la integración de las funciones económicas, residenciales y de ocio en una política ahorradora de recursos, y la participación de los ciudadanos.

Como objetivos derivados destacan:


Todos se definieron entre la Diputación y los municipios.

La estrategia se centró en promover la puesta en marcha de Agendas 21 Locales; facilitar la constitución de la red de municipios y la participación en asociaciones internacionales; suministrar formación, aportar metodología y prestar servicios de expertos.

Descripción de la actuación

Después de la cumbre de Río, la Diputación decidió vertebrar la política de apoyo a las municipalidades sobre el concepto de sostenibilidad.

Esta orientación se explicó a los municipios y surgió el acuerdo para desarrollar conjuntamente un programa de Agendas 21 Locales. Luego, se consultó con universitarios, técnicos municipales, asociaciones ecologistas y asociaciones ciudadanas. Finalmente, se decidió seguir un método deductivo de elaboración de la Agenda 21, cuya base sería la auditoría ambiental.

Alcanzado este consenso, la Diputación y los 131 municipios adheridos afrontaron cuatro dificultades: conseguir fondos, desarrollar la metodología común, organizar la participación y formar a los técnicos.

Se desarrolló el acuerdo entre gobiernos de todos los ámbitos: europeo, nacional, regional, provincial y municipal, y se consiguió la complicidad ciudadana. La Diputación tuvo la iniciativa, la acordó con los municipios, juntos obtuvieron el aval del gobierno regional y el gobierno nacional, presentaron la idea a la U.E., y consiguieron su apoyo financiero.

La aportación inicial de fondos la acordaron la Unión Europea, los ayuntamientos y la Diputación. La U.E. asumió el 50% del coste, la Diputación, el 30%, y los ayuntamientos, el 20%.

La metodología tuvo una referencia inicial en el sistema EMAS, y, conforme se desarrolló la práctica, la Diputación elaboró una metodología específica.

La participación la organizó cada Agenda 21 Local a partir de un denominador común. La presentación a los ciudadanos se hizo mediante una carta del alcalde y una encuesta de percepción ambiental. Y la presentación a las asociaciones y ONGs la hicieron los técnicos del ayuntamiento. Luego, se desarrolló un proceso con tres niveles: reuniones de interesados en cada tema, reuniones de grupos sociales, y constitución del Consejo Municipal de Sostenibilidad. El principal problema, aún abierto al día de hoy, fue lograr el equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la de los grupos con organización previa.

Los participantes aportan las valoraciones que modifican los documentos técnicos, y los convierten en documentos sociales y políticos, listos para implementarse.

La formación de los técnicos la asumieron la Diputación de Barcelona y la Red de Ciudades, mediante jornadas y seminarios, y también la generó la práctica del proceso.

La aplicación territorial del proceso se organizó en 11 bloques consecutivos. Se empezó con una prueba piloto en Igualada, en 1993, se siguió con tres municipios (Manlleu, Mataró y Sant Celoni) especialmente comprometidos con la protección del medio, en 1994 y 1995, y cuando ya se tomó plena seguridad en la iniciativa se resolvieron los restantes bloques, de manera que a partir de 1996 se elaboraron Agendas 21 para unos diez municipios cada año, limitación que se explica únicamente por la disponibilidad de recursos técnicos y económicos.

Resultados alcanzados

Impacto

La Planificación urbanística se fusionó con la Agenda 21 y situó el bienestar de las personas por delante del crecimiento económico, con el siguiente resultado: más suelo libre, más espacios y mayor densidad de servicios ciudadanos, más calidad de las viviendas, menos tráfico, más contacto entre las personas, mayor igualdad en el consumo de recursos, y más diversidad de usos.

La participación ciudadana, especialmente de los grupos de edad, de género y de riesgo de discriminación, legitimó esta inversión de valores.

Además, cada Agenda 21 institucionalizó un Consejo Municipal de Sostenibilidad, que gobierna la Agenda 21, según reglamentan sus estatutos.

Así, parte de los recursos se ponen al servicio de un órgano mixto, con presencia de responsables del ayuntamiento y de la sociedad, y se rompe la forma jerárquica del organigrama.

El acuerdo de 131 municipios para utilizar la Agenda 21 y la constitución de la Red de Ciudades generó una relación cooperadora entre los municipios y ha aumentado su peso frente a cualquier institución.

La Cumbre de Río, la metodología de la Diputación de Barcelona y la promoción de consensos facilitaron el camino, pero se encontraron resistencias internas para reformar los organigramas y la toma de decisiones, dificultades para obtener dinero para ejecutar los planes de acción, y pérdidas de tensión en el proceso participativo.

Cada municipalidad construye 30 indicadores (Sistema Municipal de Indicadores) para seguir el proceso, que también incluyen los de la Unión Europea.

Sostenibilidad

El coste de la iniciativa se paga con fondos públicos, procedentes de ingresos ordinarios, pero el aumento de gastos para las municipalidades es moderado, porque la parte mayor la asumen entidades supramunicipales. Se espera, además, que a medio y largo plazo se compensarán con el ahorro de gastos en infraestructuras ambientales (depuradoras, vertederos, medidores de contaminación), que gracias a la iniciativa ya no serán precisas.

La metodología de las Agendas 21 de esta iniciativa garantiza la integración de todos los agentes. El modelo de participación exige el pronunciamiento de los niños, las mujeres y las personas mayores (grupos de rol social); las minorías culturales, los inmigrantes, y las etnias (grupos en riesgo de discriminación); los empresarios y los sindicatos (grupos económicos), y los vecinos. Estos grupos valoran el estado de sostenibilidad del municipio, establecen el plan de acción de mejora y se comprometen a actuar.

La metodología creada iguala los objetivos del equilibrio ecológico y el equilibrio social. Los dos son precisos para una Agenda 21. Las intervenciones sobre las ciudades y los pueblos son pacificadoras, disminuyen el consumo de recursos para ajustarlo a la disponibilidad del territorio y garantizan mayor igualdad de oportunidades para los que consumen menos.

El primer principio es que todos los agentes trabajen para consumir menos recursos. Los planes urbanísticos tienen que reducir el consumo de suelo, crear espacios públicos y mantener los usos tradicionales, las normativas sobre viviendas garantizarán el aprovechamiento de energías renovables, la organización del tráfico disminuirá el consumo de combustible y creará espacios para viandantes, y el mapa de servicios garantizará que todos puedan alcanzarlos.

Los ciudadanos se comprometerán a disminuir sus consumos de agua y a cambiar los hábitos para generar menos residuos. En el mismo sentido actuarán las empresas, que, además, tienen que comprometerse a reducir las emisiones atmosféricas.

Intercambio de experiencias

La transferencia se desarrolló en acciones comunes para todos los territorios y acciones específicas para cada uno.

Las acciones comunes fueron el intercambio de información, la aportación de materiales de trabajo, la cesión de metodología y la formación de técnicos.

Las acciones específicas fueron distintas para España, Europa y la cuenca mediterránea. En España dominó la cesión temporal de expertos, en Europa, la dirección de proyectos transnacionales para realizar Agendas 21 y la constitución de redes de ciudades, y en la cuenca mediterránea, la formación de técnicos.

Hasta 2000 predominó la presentación de la iniciativa en foros formativos y encuentros de administraciones. Así, obtuvo el premio ciudad sostenible del IV Congreso Nacional de Medio Ambiente (España, 1998), el premio europeo ciudad sostenible de la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles (La Haya, 1999), y la mención de proyecto del mundo (Expo 2000, Hannover).

Estos tres organismos difundieron la idea y la metodología entre sus colaboradores, lo que permitió obtener la confianza de las administraciones locales de España, Europa y el Mediterráneo. A ello también contribuyeron la Federación Española de Municipios y Provincias, ICLEI (The International Council for Local Environmental Initiatives) y la red Medcités.

A partir de 2000 las transferencias se generalizaron. En España, se establecieron convenios con la Junta de Andalucía, las diputaciones de Huesca y Guipúzcoa, y se hicieron aportaciones a las diputaciones de Ávila, Tarragona, Segovia, Lleida, Girona, Almería, Alicante, Badajoz y Cádiz, a ayuntamientos de Galicia y Asturias, y a los Consejos de las Islas Baleares. En Europa, se establecieron acuerdos con Portugal (Región del Algarve y provincia de Setubal), Francia (departamento de L'Herault y Conseil General du Nord) e Italia (provincias de Catania, Roma y Módena). También empezaron los contactos con Suecia (provincia de Estocolmo), Inglaterra (provincia de Manchester) y Polonia (regiones de Lubelskie y Podlaskie) y en la cuenca mediterránea, se estableció la colaboración con Medcités.

La prestación de colaboración a otras entidades puede realizarse a través de las siguientes actuaciones: Intercambio de información, cesión de metodología, formación de técnicos, prestación temporal de expertos e incorporación a la red de entidades por la Agenda 21.

La experiencia en cifras

Resultados


Financiación

Inversión total 1997-2001: 2.419.966 euros.


Este documento se ha editado a partir de una versión castellana.

Revisado por Álvaro Sevilla Buitrago.

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