| Documentos > Foros > Documentación oficial del Comité Habitat España > http://habitat.aq.upm.es/ch/g014.html |
Dos aspectos fundamentales deben ponerse de manifiesto: por una
parte el espacio en el que se produce el conflicto y en
el que deben ponerse en marcha los recursos necesarios para
recuperar o restablecer as relaciones distorsionadas, el territorio
conocido y reconocido por los ciudadanos, por la otra la necesidad
de aproximar la resolución de los conflictos a la comunidad. Por
ello defendemos que los criterios de proximidad y subsidiariedad
política y administrativa son fundamentales para el desarrollo de
una política democrática de seguridad pública.
La seguridad pública es algo que hay que gestionar con relación a
la proximidad de la emergencia del conflicto; esta gestión debe
tener en cuenta las diferentes apreciaciones colectivas sobre el
conflicto, debe ser capaz de modular las intervenciones públicas
sobre la base de los recursos, a los conflictos y a la construcción
social que se haga de los mismos. En este sentido, parece claro que
las autoridades de proximidad, los alcaldes, son las mejor situadas
para hacer frente a esta gestión: su especial situación entre las
demandas de los ciudadanos y las capacidades de los servicios son
una garantía de ello.
Este planteamiento, en el que la seguridad es un cúmulo de
relaciones, algunas positivas y otras distorsionadas por el
conflicto, es el que venimos aplicando en Barcelona desde 1984.
Así nuestra política de seguridad no sólo integra las
respuestas penales, sino que también incorpora como elemento
central de estas políticas criterios de prevención, de
participación comunitaria, de solidaridad con las víctimas y
también con los victimarios. Desde nuestra perspectiva es necesario
elaborar un modelo de seguridad que incluya un modelo de
autoridades, un modelo de coordinación de políticas y un modelo de
participación comunitaria, en definitiva estamos planteando un
modelo de seguridad participado.
Barcelona, aparte de algunos episodios puntuales, ha sido, en su
historia, una ciudad tranquila, pacífica, segura. El hecho de que
los barceloneses tengan una imagen de sus relaciones con la ciudad
desde una perspectiva multicéntrica en la que coexisten un centro
político y administrativo, que permite cohesionar los rasgos de la
identidad colectiva y de la cultura común, con los barrios donde se
establecen las relaciones personales y de convivencia, y donde se
estructura un fuerte nivel de asociacionismo popular, configura una
ciudad intensamente conocida y reconocida por sus habitantes, con
una fuerte cohesión social más habitual de las ciudades pequeñas y
medianas que de las grandes metrópolis.
La fractura de algunos de estos elementos explicaría la aparición
de un episodio de inseguridad evidenciado en el año 1983. El
gobierno de la ciudad, con la información que tenía a su alcance
(estadísticas policiales, judiciales, etc.) no podía justificar una
relación directa entre este episodio y la realidad delictiva.
El Alcalde de la ciudad adoptó la decisión de constituir una
comisión ad hoc que realizara un análisis de la situación y
efectuara las propuestas adecuadas para desarrollar una nueva
política de seguridad pública en la ciudad.
A lo largo de catorce meses, más de un centenar de profesionales de
todos los ámbitos y especialidades desarrollaron esta tarea,
entorno a once grupos de trabajo: análisis, menores, enseñanza,
administración de justicia, policía, instituciones penitenciarias,
drogas, seguridad del comercio, juventud, medios de comunicación y
extranjeros.
De las propuestas de dicha comisión se extraen los criterios de la
política de seguridad pública de Barcelona. Esta se plantea sobre
la base de cuatro preceptos, prevención, represión, solidaridad y
participación comunitaria, que deberán de ser aplicados teniendo en
cuenta los siguientes ejes de trabajo: conocimiento de la realidad,
cooperación y solidaridad institucional, coordinación de las
políticas y desarrollo de programas.
De todas las conclusiones de la comisión, una de ellas ha sido
fundamental para el desarrollo de la nueva política de seguridad,
esta debe ser implantada teniendo en cuenta "la participación
comunitaria en la definición de las políticas". En este sentido se
hace evidente que el elemento principal para esta nueva concepción
de la seguridad es la propia ciudad; la eficacia de las grandes
opciones legislativas y gubernamentales depende de la apropiación
social que se haga de ellas, es impensable, por lo tanto, creer que
sea posible garantizar un nivel óptimo de seguridad y libertad sin
tener en cuenta la corresponsabilidad de los ciudadanos en este
ámbito de la vida de la ciudad.
Por otra parte, se propuso que esta nueva concepción de la
seguridad urbana había que establecerla entorno a la constitución
de órganos de representación y debate, los Consejos de Seguridad o
Prevención.
El Consejo fue constituido el día 25 de junio de 1984. En él están
representadas tanto las administraciones públicas como los
servicios que inciden en el ámbito de la prevención y del control,
así como representantes de los ciudadanos y de las fuerzas
económicas y sociales de la ciudad.
Como mencionábamos con anterioridad Barcelona es una ciudad con una
vida muy intensa en los barrios que la conforman, así nuestro
modelo no sería completo sin los Consejos de Seguridad y Prevención
en los diez distritos en que se divide la ciudad y donde están
desplegados los servicios de atención a los ciudadanos.
A lo largo de estos trece años de trabajo, los Consejos de
Barcelona han desarrollado una tarea muy importante; socializando
y, por lo tanto, democratizando la discusión de los términos de
seguridad, que han pasado a ser patrimonio de las administraciones
públicas, a formar parte del interés y las políticas que genera la
propia sociedad civil.
Decíamos que la nueva política de seguridad pública en Barcelona
debía tener en cuenta el conocimiento de la realidad. Así pues,
durante estos años se ha desarrollado un importante esfuerzo
mediante el análisis, año tras año, de las encuestas de
victimización y opinión sobre seguridad, que hemos exportado a
otros lugares del Estado, impulsando la constitución de estructuras
de análisis conjunto, analizando los datos de la policía,
recogiendo y analizando conjuntamente con los vecinos sus demandas.
En el ámbito de la cooperación, el Consejo ha permitido a las
administraciones desarrollar criterios de coordinación; en este
sentido hay que mencionar el esfuerzo desarrollado por la
administración de justicia para la puesta en marcha de la justicia
inmediata en Barcelona, el convenio de colaboración firmado entre
el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Barcelona referente
a la coordinación policial, la constitución de la Mesas de
Coordinación Policial, tanto en el ámbito de ciudad como de
distritos, el trabajo desarrollado en algunos distritos en
cooperación con servicios de la Generalitat de Catalunya (locales
de pública concurrencia, reparación de daños realizados por
menores, etc.). En lo que se refiere a la solidaridad
institucional, hay que citar el trabajo de investigación sobre la
victimización en el mundo del comercio realizado conjuntamente con
la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de Barcelona,
el trabajo conjunto con entidades privadas, la incorporación de
criterios de seguridad pública en los planes integrales, en
especial el de Ciutat Vella, la presencia de servicios dependientes
de otras administraciones en el seno de los Consejos de Seguridad
y Prevención de los distritos.
En este sentido, es de justicia poner de manifiesto la voluntad de
las administraciones, y en especial de las fuerzas políticas, de no
utilizar demagógicamente los temas referidos a la seguridad como
arma de confrontación partidista. Ésta ha sido una dinámica que,
más allá del beneficio puntual, ha permitido el desarrollo de un
trabajo basado en unos criterios comunes y, lo que es más
importante, se ha conseguido impregnar a la sociedad barcelonesa de
criterios de responsabilidad, tolerancia y aceptación de la
diferencia.
En lo que se refiere a la coordinación de políticas, la existencia
del Consejo y en especial de los Consejos de Seguridad y Prevención
de los distritos ha permitido un trabajo de coordinación de las
políticas de los diferentes servicios. En este sentido hay que
mencionar el importante papel desarrollado por los Presidentes de
los distritos municipales a la hora de impulsar los trabajos de los
Consejos de Seguridad y Prevención y de las Mesas de Coordinación
policial de los distritos, el trabajo entorno al Plan de acción
ante las drogodependencias, con una actuación muy importante de
información y conocimiento de los objetivos del Plan dirigida a
otros servicios, especialmente los policiales, lo que permite
adecuar las políticas propias de cada servicio a un objetivo común:
el papel desarrollado por la Fiscalía en los distritos; los
programas de prevención en el marco escolar, la gestión del
conflicto entre el derecho al descanso y la libertad del ocio son
algunos de los ejemplos de lo que ha permitido el modelo
participado de seguridad pública con el que se ha dotado a nuestra
ciudad.
Hasta ahí el modelo que hemos ido construyendo de forma cooperativa
en Barcelona, no obstante muchos son los retos que tenemos
planteados de cara al futuro. En este sentido, si bien es cierto
que han sido muchos los logros conseguidos en Barcelona, en el
campo de la seguridad en los últimos años, también lo es que la
consolidación de este nuevo modelo de intervención pública, y más
aún si se trata de asuntos relacionados con derechos fundamentales
como la libertad y la seguridad, debe tener procesos largos y a
menudo complejos.
En estos diez años de trabajo colectivo, hemos visto que la
seguridad pública es algo más que la inexistencia de hechos
delictivos. Los ciudadanos construyen su percepción social a partir
de un número elevado de datos, muchos de ellos ajenos a un hecho
delictivo objetivable; la confianza en el sistema de justicia, en
las instituciones, en los recursos públicos es básica en esta
construcción, y por tanto es algo indisociable de una política de
seguridad basada en criterios democráticos.
Así pues, si queremos dar un paso más deberemos abordar aquellas
cuestiones que completan el modelo existente, que aún sufre algunas
carencias. La consolidación de dicho modelo quedará asegurada
cuando las administraciones del Estado y la Generalitat de
Catalunya constituyan estructuras participadas de seguridad,
creando sus Consejos. Es preciso que el país no quede al margen de
las líneas de trabajo imperantes en todos los países de nuestro
entorno (Francia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca, EEUU,
Canadá) que utilizan o ponen en marcha estructuras de estas
características, ya que entienden que las cuestiones de seguridad
y la política criminal son algo global.
La necesidad de definir un modelo de autoridades en materia de
seguridad es fundamental para el país, no tiene sentido proseguir
la sobredimensión de los aparatos de control. En este sentido, hay
que tener en cuenta que los conflictos se vienen produciendo sobre
la base de los territorios, y son las autoridades de éstos quienes
se encuentran mejor situadas para dar una respuesta tanto a las
causas que originan los conflictos como a sus consecuencias.
La percepción de los ciudadanos respecto a la seguridad y a su
propio compromiso en la resolución de los conflictos se halla
fuertemente influida por la confianza en las instituciones. Será
fundamental seguir impulsando la aproximación de la justicia al
medio urbano, el éxito de la justicia inmediata y de las fiscalías
de distrito (la primera en Ciutat Vella) refuerza el interés por
otros tipos de medidas que deben ponerse en marcha; así, el
funcionamiento del jurado, la puesta en funcionamiento de la
justicia municipal, junto a una política decidida de impulsar
estructuras de mediación y conciliación en los conflictos de la
vida cotidiana son algunos de los ejes del trabajo que deberemos
desarrollar en los próximos años.
La legislación de menores y el NCP permite la reparación y el
desarrollo de tareas en beneficio de la comunidad; trabajaremos
para que la sociedad desarrolle una conciencia de tolerancia del
conflicto, aceptando e impulsando este tipo de medidas ya que
estamos convencidos de que en muchos casos la judicialización
de determinados problemas no
generan la resolución del conflicto, más bien al contrario, la
relación social que se ha distorsionado queda permanentemente
deteriorada.
No obstante, éstos también deberán ir acompañados de un impulso
decidido en la reducción del nivel actual de criminalización de los
conflictos. En este sentido queremos impulsar una cultura de
compromiso de la comunidad, que permita superar la actual situación
de sociedad judicializada, creemos que la propia comunidad debe
responsabilizarse de la resolución de muchos de sus propios
conflictos.
Si los primeros años de vida del Consejo de Seguridad Urbana de
Barcelona han estado dirigidos a estructurar un nivel óptimo en la
respuesta institucional y ciudadana a la delincuencia, en especial
a su vertiente preventiva, los próximos deberán dedicarse a
impulsar un compromiso de la comunidad con las estructuras de
regulación de los conflictos, sea por la vía de la justicia, sea
por la vía de la regulación comunitaria.
Es en este ámbito de potenciar el compromiso de la comunidad con
las políticas públicas de prevención y de seguridad donde nos
obligamos a desarrollar nuestras políticas de forma
descentralizada, en este sentido y como se ha mencionado con
anterioridad en los distritos de Barcelona vienen funcionando los
Consejos de Seguridad y Prevención, así como las Mesas de
Coordinación Policial, los dos están presididos [1] por el del
Distrito.
Para garantizar y impulsar el funcionamiento de los Consejos y
Mesas de coordinación se ha perfilado una figura, la Secretaria
Técnica de Prevención de distrito que tiene una función de staff
del Presidente y del Gerente del distrito.
Tal como manifiesta una de las secretarias técnicas de prevención,
cuando define su rol, "estas son órganos ejecutivos que integran
diferentes aspectos funcionales de los servicios del Ayuntamiento
con la finalidad de dinamizar el Consejo de Seguridad y Prevención
del distrito y la Mesa de Coordinación Policial". En este sentido,
su misión consiste en conseguir una mejora del sentimiento de
seguridad y de la seguridad real en el territorio, utilizando:
La participación comunitaria, la dinamización y la ejecución de las
propuestas y acuerdos -tanto preventivos como represivos- del
órgano de representación, el Consejo de Seguridad.
Estas realidades sólo pueden ser detectadas desde el propio
territorio, en este sentido necesitamos un referente válido tanto
para los ciudadanos como para los profesionales.
Las STP por el especial lugar que ocupan en la organización
administrativa, justo en el centro de las relaciones entre los
ciudadanos y los servicios, aglutinan un nivel de información muy
superior que la recogida por los servicios. Estos establecen
relaciones con determinados segmentos de la población; las STP
tiene una posición privilegiada ya que se relacionan con todos los
segmentos de la población (Asociaciones de Padres de Alumnos,
comerciantes, policías, jueces, población marginal,
drogodependientes, etc.).
Parece evidente que este trabajo no es posible realizarlo desde una
posición centralizada, especialmente si uno de los ejes de la
política de seguridad y prevención es la participación comunitaria
y el territorio. En este sentido las líneas de trabajo son
aplicadas según la percepción y sensibilidad de los distritos:
En el ámbito de la coordinación policial:
Por último algunas reflexiones alrededor de los espacios públicos
en el sentido de explicitar cómo la apropiación del espacio por
parte de la comunidad es lo que confiere seguridad y conservación
a los espacios, asimismo el elemento principal de sensación de
inseguridad se refiere a cuestiones relativas a la estructura,
morfología y diseño de los espacios. En este sentido es necesario
que la planificación y el diseño urbano incorporen elementos de
seguridad y prevención del riesgo, asimismo en estos procesos se
debería contar con mecanismos de incorporación de las expectativas
de los futuros usuarios, estableciéndose, en la puesta en
funcionamiento de los espacios públicos, un sistema de
acompañamiento en las fases iniciales para así conseguir una óptima
apropiación social del espacio.
| Documentos > Foros > Documentación oficial del Comité Habitat España > http://habitat.aq.upm.es/ch/g014.html |