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La emergente exclusión social y la pérdida de la identidad cultural
que existe en un gran número de ciudades están generando la
desvinculación de los ciudadanos con la ciudad en la que habitan.
En este contexto, la actuación sobre las ciudades resulta
prioritaria. Entendiéndolo así, la Unión Europea ha aceptado el
compromiso de avanzar en la cohesión económica y social en un marco
de desarrollo sostenible. Con este fin ha definido numerosos líneas
de actuación o políticas comunitarias dirigidas a reducir los
desequilibrios territoriales.
En mayor o menor medida casi todas las políticas de la Unión
Europea influyen sobre el funcionamiento y desarrollo de las
ciudades. El Mercado Único, la política Medioambiental, la política
de Investigación y Desarrollo, así como las políticas Estructurales
y las de Cohesión son, sin duda, grandes herramientas comunitarias
que impactan directamente en la evolución de las ciudades.
Estas políticas están soportadas y financiadas con fondos
comunitarios, de los cuales los que más se ajustan a los objetivos
y necesidades urbanas son los fondos de desarrollo.
Cuadro N. 1
Fondos que se adjudican directamente a las ciudades en zonas de
objetivo 1
| Estado miembro |
Total Mecus |
Ciudades Mecus |
% |
| Portugal | 8.724 | 4.082 | 47 |
| Grecia | 9.489 | 3.207 | 34 |
| Irlanda | 2.562 | 900 | 35 |
| Reino Unido (1) | 677 | 126 | 19 |
| Alemania (2) | 6.958 | 1.670 | 24 |
| España | 15.944 | 5.984 | 38 |
| Italia | 3.400 | 1.000 | 30 |
Si para las zonas objetivo 1 ha sido evidente que una gran parte de
las ayudas comunitarias ha ido a parar las ciudades, en el caso de
las zonas objetivo 2 todavía es más significativo. Sin entrar a
pormenorizar el destino de los fondos, resulta especialmente
relevante que las ayudas a las ciudades hayan alcanzado porcentajes
superiores al 70 % en el caso de ciertas regiones de Francia e
Italia. Más aún en el caso del Reino Unido, que en su conjunto ha
dedicado más del 80 % de las ayudas del FEDER a sus ciudades en
zonas objetivo 2.
En lo referente a los fondos de cohesión y con el criterio antes
comentado de no asignar a las ciudades los proyectos de
infraestructuras de transporte, sólo contabilizando los proyectos
de tratamiento, saneamiento y depuración de aguas residuales el
porcentaje de fondos asignado directamente a las ciudades supera el
75 % de las ayudas totales en el campo de los proyectos de medio
ambiente. Las
iniciativas comunitarias para el periodo 1994-1999 también han
tenido, en su mayor parte, una dedicación prioritaria a las
ciudades (Cuadro 2). De entre todas ellas cabe destacar la
iniciativa URBAN cuyos objetivos principales son:
Cuadro N. 2
Iniciativas comunitarias (1994 - 1999).
Reparto de las asignaciones (MECUS) y objetivos
|
Asignación Mecus |
Objetivos | |
| INTERREEG II | 3.455 | Fomentar la cooperación transnacional |
| ADAPT | 1.683 | Adaptación a nuevas tipologías de empleo |
| EMPLEO | 1.849 | Impulsar el crecimiento del empleo |
| LEADER II | 1.768 | Proyectos de desarrollo rural |
| PYME | 1.087 | Ayudas a las Pymes |
| URBAN | 891 | Problemas de distritos urbanos |
| KONVER | 739 | Ayudas a la reconversión de Ind. Defensa |
| RETEX | 607 | Ayudas a la reconversión de Ind. Textil |
| PESCA | 300 | Ayudas a la reconversión de Ind Pesca |
| REGIS II | 612 | Integrar zonas ultraperiféricas |
| PEACE | 302 | Proceso de paz irlandés |
Los gestores de las ciudades, incluso los gobiernos de los Estados
no ocultan su preocupación por los riesgos a los que se encuentran
sometidas las ciudades europeas.
La elevada tasa de desempleo, que en gran parte se concentra en las
ciudades, y dentro de ellas, de algunos barrios marginales
(verdaderos focos de pobreza y de inestabilidad social).
La sobreexplotación de los usos del suelo, provocada por el aumento
exacerbado de la actividad económica localizada, o el efecto
contrario, el abandono de algunos espacios.
La congestión de las infraestructuras urbanas y su derivada, la
disminución alarmante de la calidad ambiental.
Son algunos ejemplos de la problemática asociada a las ciudades que
se manifiestan con toda su crudeza en:
Los desafíos a los que se enfrentan no son sólo propios de las
ciudades sino que resultan la expresión de los desafíos de
desarrollo de los territorios a los que se encuentran vinculadas.
Estos desafíos ofrecen al menos tres facetas:
La Comisión Europea recogiendo diversas iniciativas tanto de
asociaciones de municipios como del propio Parlamento Europeo y el
Comité de Regiones, ha preparado una comunicación, denominada
"Hacia una política urbana para la Unión Europea" en la que examina
diversas posibilidades de mejorar la habitabilidad de las ciudades
así como incrementar la eficacia de las intervenciones comunitarias
que afectan a las zonas urbanas.
La gran incidencia de las políticas comunitarias sobre las ciudades
está haciendo recapacitar a los diferentes responsables
administrativos, sobre la necesidad de evaluar previamente los
impactos de éstas sobre el desarrollo coherente y sostenible del
territorio y de las ciudades. Por lo que propone que las grandes
actuaciones se orienten en cuatro niveles.
Que las políticas de la Unión Europea tengan en cuenta la
perspectiva urbana.
Las políticas comunitarias, generalmente de carácter social, deben
incorporar también un tratamiento integrado que aúne las
estrategias sectoriales con objetivos espaciales, como es el caso
de las zonas urbanas. Para lo cual es necesario que la
planificación urbana se oriente hacia el desarrollo sostenible; que
la planificación de las Redes de Transporte Transeuropeas garantice
la accesibilidad a los bienes, a los mercados y a la cultura; que
se mejore el rendimiento de los servicios de transporte y la
movilidad sostenible interior de las ciudades; que se apoyen las
medidas de investigación y desarrollo tecnológico a las ciudades
con atención específica a la protección de patrimonio natural y
cultural; que se favorezca la extensión de las redes de
telecomunicación y servicios de valor añadido; que se fortalezca la
actividad económica; que se establezcan programas de lucha contra
la exclusión social, la segregación y el paro; que se introduzcan
políticas de seguridad y salud social y que se creen sistemas de
cooperación y colaboración entre los diferentes agentes implicados,
para reforzar el efecto de las políticas sectoriales que ya hayan
sido diseñadas en la UE o tengan carácter nacional o regional.
Que se mantenga y mejore un adecuado nivel en los servicios de
interés público y de desarrollo urbano.
La Comisión, reconociendo la diversidad de modos de organización de
los Estados, ha subrayado la importancia de los servicios de
interés público como valores compartidos de Europa. Estos servicios
son una de las características que mejor identifican el modelo de
sociedad europea.
Es un hecho evidente que la riqueza de un país, medida en términos
de renta per cápita, está asociada en general al nivel
medio de formación de su población del mismo modo que el nivel de
los servicios públicos evidencia el desarrollo social de los
Estados.
La autoridad pública sigue siendo el principal proveedor de los
servicios no comerciales como la educación, la formación, la
asistencia sanitaria, entre otros. Tal y como la Comisión destaca,
es evidente que los servicios públicos no estrictamente
comerciales, han de servir a la sociedad en su conjunto,
garantizando su continuidad, igualdad de acceso, universalidad y
transparencia.
Que los Fondos Estructurales contribuyan a la puesta en marcha de
las políticas urbanas.
Es necesario que los programas de desarrollo regional cuenten con
el apoyo de las políticas estructurales de la Unión, pudiéndose
aplicar acciones como concentración de las actividades del Fondo en
las zonas de las ciudades con alto nivel de desempleo, o
desarrollando programas específicos como el de URBAN.
Que se fomente el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
En este sentido, la Comisión lanzará una auditoría urbana para
evaluar los puntos fuertes y los débiles de las ciudades europeas,
para lo cual se establecerán indicadores que permitan llevar a cabo
un seguimiento de su evolución temporal y destacando el impacto de
las políticas aplicadas.
La organización social europea trata de conciliar las fuerzas de la
economía del mercado con la solidaridad y la igualdad de acceso a
los servicios públicos, a la educación y a la salud. Para avanzar
tanto en la mejora de la competitividad como en la integración y el
desarrollo social en la UE se han instaurado, con diverso éxito,
las políticas estructurales y de cohesión.
El último informe sobre la cohesión económica y social hace balance
de los efectos de esta política que va dirigida fundamentalmente a
disminuir la diferencia no sólo de desarrollo sino de calidad de
vida de todos los ciudadanos. A pesar de los avances generales, se
reconoce que algunas de las políticas, en especial la del Mercado
Unico, no han favorecido la convergencia del desarrollo a corto
plazo, aunque se estima que el proceso de saneamiento de los
sistemas productivos redundará en mayor eficacia y mejor
competitividad exterior a largo plazo.
La UE se está enfrentando a la definición de la Europa del siglo
XXI en un contexto donde es necesario dar satisfacción a las
demandas y preocupaciones de los ciudadanos. La primera de las
demandas se focaliza en resolver una tasa de paro y una exclusión
social inaceptables para el nivel de desarrollo social de la UE, y
la segunda se refiere a la inquietud de los ciudadanos por la salud
pública y la degradación del medio ambiente.
La Comisión ha preparado la Agenda 2000 en la que trata de ordenar
sus políticas y sus ayudas financieras para hacer frente a estas
demandas en el marco temporal de los primeros seis años del siglo
XXI y en un proceso de ampliación de la UE a los países del Este.
Este documento es un interesante esfuerzo de reflexión y
autocrítica en el que uno a uno se examinan los futuros objetivos
comunitarios.
Además de las perspectivas a largo plazo de la Política Agraria
Común, de notable importancia para el mundo rural, y la posición de
la Unión en el contexto mundial, de contenido geoestratégico; las
políticas de la Unión se centran en dos grandes bloques: las
políticas internas y la política cohesión económica y social.
Dentro de las políticas internas se da preferencia a objetivos
como:
Las zonas objetivos se reducen de 6 a 3, con el siguiente esquema:
Nuevo objetivo 1: Potenciar el desarrollo de las zonas deprimidas.
Constituidas por las regiones con renta per cápita media inferior
al 75% de la media comunitaria (igual que en el anterior período)
pero incluyendo a las zonas objetivo 6 (escasamente pobladas del
norte). Tanto las regiones objetivo 1 que han superado
recientemente el 75% del PIB comunitario como aquellas, objetivo 6,
que también superan el 75% del PIB, se podrán beneficiar de
acuerdos particulares transitorios.
Nuevo objetivo 2: Se dirigen a la reconversión económica
(industrial y servicios), zonas rurales, zonas en declive, zonas
pesqueras en crisis y barrios urbanos en dificultades. Los
objetivos son ayudar a la innovación tecnológica, fomentar la
formación profesional, protección del medio ambiente y lucha contra
la exclusión social (inversión de recursos humanos).
Nuevo objetivo 3: Que se dirige a desarrollar una estrategia de
recursos humanos complementaria a las indicadas en las zonas
objetivos 1 y 2. Su propósito es favorecer el acceso al empleo
mediante la formación continua de los trabajadores y ayudar a la
promoción del empleo y lucha contra el paro y la lucha contra la
exclusión social.
Con el mismo criterio de simplificar las ayudas comunitarias, la
Comisión propone reducir a tres de las iniciativas comunitarias,
que versarán sobre:
El otro gran concepto de los Fondos estructurales es el Fondo de
Cohesión. La asignación de este fondo está destinada a la ayuda a
los Estados miembros cuyo PIB per capita medio sea inferior al 90%
de la media comunitaria. Las ayudas, igual que el período anterior,
se dirigirán a proyectos de infraestructuras, transportes y medio
ambiente. La previsión anual del fondo es de 3 mil millones de
ecus, cifra similar a la prevista para el año 1999.
Documentación de Referencia
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