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Programa Hábitat
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos
Estambul (Turquía), 1996.
Índice General
1. Reconocemos la necesidad imperiosa de mejorar la calidad de los
asentamientos humanos, que tiene profundas repercusiones en la vida cotidiana y
el bienestar de nuestros pueblos. Reina la sensación de que existen grandes
oportunidades y la esperanza de que es posible construir un mundo nuevo en el
que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio
ambiente, en cuanto componentes interdependientes y sinérgicos del desarrollo
sostenible, pueden lograrse mediante la solidaridad y la cooperación dentro de
los países y entre éstos, y mediante el establecimiento de asociaciones
eficaces a todos los niveles. La cooperación internacional y la solidaridad
universal, guiadas por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y en un espíritu de asociación, son indispensables para mejorar la
calidad de la vida de los pueblos del mundo.
2. El objetivo de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II) es tratar dos temas de igual importancia a
escala mundial: "Vivienda adecuada para todos" y "Desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización". El ser humano es
el elemento central del desarrollo sostenible, que incluye vivienda adecuada
para todos y asentamientos humanos sostenibles, y tiene derecho a llevar una
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
3. En relación con el primer tema, gran parte de la población mundial carece de
vivienda y de servicios de saneamiento, particularmente en los países en
desarrollo. Reconocemos que el acceso a una vivienda segura y salubre y a los
servicios básicos es indispensable para el bienestar físico, psicológico,
social y económico del ser humano y debe ser parte fundamental de nuestras
medidas urgentes en favor de los más de mil millones de personas que no viven
en condiciones decentes. Nuestro objetivo es conseguir que todas las personas
dispongan de una vivienda adecuada, especialmente los pobres de las ciudades y
el campo que carecen de ella, mediante un criterio que favorezca el desarrollo
y la mejora de la vivienda sin perjudicar al medio ambiente.
4. En cuanto al segundo tema, el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos combina el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección
del medio ambiente, respetando plenamente todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y ofrece los
medios para lograr un mundo más estable y pacífico, fundado en una visión ética
y espiritual. La democracia, el respeto de los derechos humanos, la
transparencia, la representatividad y la rendición de cuentas en la gestión
pública y la administración en todos los sectores de la sociedad, así como la
participación efectiva de la sociedad civil, son pilares indispensables para el
logro del desarrollo sostenible. La falta de desarrollo y la gran extensión de
la pobreza absoluta pueden inhibir el goce pleno y efectivo de los derechos
humanos y debilitan la democracia frágil y la participación popular. No
obstante, no cabe invocar ninguna de esas causas para justificar la violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
5. Reconociendo la dimensión mundial de estas cuestiones, la comunidad
internacional, al convocar Hábitat II, ha decidido que mediante un enfoque
mundial concertado podría acelerarse considerablemente el avance hacia esos
objetivos. Unas pautas de producción y consumo insostenibles, particularmente
en los países industrializados, la degradación del medio ambiente, los cambios
demográficos, la pobreza extendida y persistente y la desigualdad social y
económica pueden tener repercusiones locales, transnacionales y mundiales.
Cuanto antes las comunidades, las administraciones locales y las asociaciones
entre los sectores público, privado y comunitario, aúnen sus esfuerzos para
elaborar estrategias de vivienda y de asentamientos humanos amplias, decididas
e innovadoras, mejores serán las perspectivas de seguridad, salud y bienestar
de las personas y más prometedoras serán las esperanzas de encontrar soluciones
a los problemas sociales y ambientales del mundo.
6. Habiendo examinado la experiencia adquirida desde la primera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, celebrada en Vancouver
(Canadá) en 1976, Hábitat II reafirma los resultados logrados en las recientes
conferencias mundiales pertinentes y los ha consolidado en un programa para los
asentamientos humanos: el Programa de Hábitat. En la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre para la
Tierra), celebrada en Río de Janeiro en 1992, se elaboró el Programa 21. En esa
Conferencia, la comunidad internacional acordó un marco para el desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos. En todas las demás conferencias, entre
ellas la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la
Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (Barbados, 1994), la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres Naturales (Yokohama, 1994) y la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos (Viena, 1993), así como la Cumbre Mundial en favor de la
Infancia (Nueva York, 1990) y la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos
(Jomtien (Tailandia), 1990), se trataron también importantes cuestiones
sociales, económicas y ambientales, en particular diversos elementos del
programa de desarrollo sostenible, para cuya ejecución satisfactoria es preciso
adoptar medidas a nivel local, nacional e internacional. La Estrategia Mundial
de la Vivienda hasta el Año 2000, que se adoptó en 1988 y en la que se destaca
la necesidad de mejorar la construcción y la entrega de viviendas, revisar las
políticas nacionales de vivienda y adoptar una estrategia que propicie esos
fines, contiene directrices útiles para lograr el objetivo de que todas las
personas tengan una vivienda adecuada en el próximo siglo.
7. A lo largo de la historia, la urbanización ha estado asociada al progreso
económico y social, el fomento de la alfabetización y la educación, la mejora
de la situación sanitaria general, un mayor acceso a los servicios sociales y
la participación en la vida cultural, política y religiosa. La democratización
ha favorecido ese acceso, así como la participación y dedicación fructífera de
los agentes de la sociedad civil, las asociaciones entre los sectores público y
privado y la planificación y la ordenación descentralizadas y participativas,
que son elementos indispensables para el futuro de los centros urbanos. Las
ciudades y los pueblos han sido motores de crecimiento y focos de civilización,
y han favorecido la evolución del saber, la cultura y la tradición, así como de
la industria y el comercio. Los asentamientos urbanos bien planificados y
administrados encierran la promesa del desarrollo humano y de la protección de
los recursos naturales del mundo por su capacidad de sustentar a gran número de
personas limitando al mismo tiempo sus efectos en el medio ambiente. El
crecimiento de las ciudades y los pueblos provoca cambios sociales, económicos
y ambientales que rebasan los límites de las ciudades. Hábitat II se ocupa de
todo tipo de asentamientos, grandes, medianos y pequeños, y reafirma la
necesidad de realizar mejoras universales en las condiciones de vida y trabajo.
8. Para superar los problemas actuales y velar por que no se detenga la mejora
de las condiciones económicas, sociales y ambientales de los asentamientos
humanos, debemos comenzar por reconocer las dificultades a que se enfrentan las
ciudades y los pueblos. Según las proyecciones actuales, a comienzos del siglo
próximo más de tres mil millones de personas, es decir, la mitad de la
población mundial, vivirán y trabajarán en zonas urbanas. Los problemas más
graves a que se enfrentan las ciudades y los pueblos, junto con sus habitantes,
comprenden la escasez de recursos financieros, la falta de oportunidades de
empleo, el aumento del número de personas sin hogar y de asentamientos de
precaristas, el incremento de la pobreza y el desequilibrio creciente entre
ricos y pobres, el aumento de la inseguridad y de los índices de delincuencia,
las deficiencias y el deterioro del patrimonio de viviendas y de los servicios
e infraestructuras, la falta de instalaciones sanitarias y docentes, el uso
indebido de la tierra, la inseguridad en la tenencia, la creciente congestión
del tráfico, el aumento de la contaminación, la falta de zonas verdes, las
deficiencias en el abastecimiento de agua y el saneamiento, la falta de
coordinación del desarrollo urbano y la creciente vulnerabilidad a los
desastres. Todos esos factores han puesto a prueba la capacidad de los
gobiernos a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para
alcanzar el objetivo del desarrollo económico y social y la protección del
medio ambiente, componentes interdependientes del desarrollo sostenible que se
potencian mutuamente y constituyen el marco de nuestro empeño por mejorar la
calidad de vida de todos los pueblos. Los altos índices de migración
internacional e interna y el crecimiento de la población en las ciudades y los
pueblos, sumados a las pautas insostenibles de producción y consumo agudizan
particularmente esos problemas. En las ciudades y los pueblos de todo el mundo,
grandes sectores de la población viven en condiciones deficientes y padecen
graves problemas, inclusive de orden ecológico, que se ven agravados por la
falta de capacidad de planificación y gestión, la falta de inversiones y
tecnología, la movilización insuficiente y la asignación incorrecta de recursos
financieros, además de la escasez de oportunidades sociales y económicas. En el
caso de la migración internacional, los migrantes tienen necesidades de
vivienda y servicios básicos, educación, empleo e integración social sin
menoscabo de su identidad cultural, y debe dárseles protección y atención
adecuadas en los países de acogida.
9. En el proceso de mundialización y creciente interdependencia, los
asentamientos rurales representan un gran incentivo y una gran oportunidad para
renovar las iniciativas de desarrollo a todos los niveles y en todas las
esferas. No obstante muchos asentamientos rurales carecen de oportunidades
económicas adecuadas, en particular en materia de empleo, así como de
infraestructura y servicios, sobre todo en relación con el agua, el
saneamiento, la salud, la educación, las comunicaciones, el transporte y la
energía. Mediante actividades y tecnologías apropiadas para el desarrollo rural
puede contribuirse a reducir, entre otras cosas, los desequilibrios, las
prácticas insostenibles, la pobreza, el aislamiento, la contaminación y la
inseguridad de la tenencia de tierras. Esa labor puede favorecer la
incorporación de los asentamientos rurales al conjunto de la vida económica,
social y cultural, promover la sostenibilidad de las comunidades y la seguridad
del medio y reducir las presiones que propician el crecimiento de las ciudades.
10. Las ciudades, los pueblos y los asentamientos rurales están vinculados
entre sí por los movimientos de bienes, recursos y personas. Los vínculos entre
la ciudad y el campo son indispensables para la sostenibilidad de los
asentamientos humanos. Dado que el crecimiento de la población rural ha
sobrepasado el ritmo de creación de empleo y de oportunidades económicas, la
migración a las ciudades ha aumentado sin cesar, sobre todo en los países en
desarrollo, lo que ha sometido a una enorme demanda las infraestructuras y los
servicios urbanos, que ya eran objeto de grandes presiones. Es imperioso
erradicar la pobreza rural y mejorar la calidad de las condiciones de vida, así
como crear oportunidades de empleo y educación en los asentamientos rurales,
los centros regionales y las ciudades secundarias. Debe sacarse el máximo
partido de las contribuciones complementarias y los vínculos entre las zonas
rurales y las ciudades equilibrando sus distintas necesidades económicas,
sociales y ambientales.
11. Más personas que nunca viven hoy en condiciones de pobreza absoluta y
carecen de vivienda adecuada. En muchos países, las viviendas deficientes y la
falta de vivienda son un problema que no deja de aumentar y que amenaza las
condiciones de salud y seguridad y pone en peligro la propia vida. Todas las
personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para sí mismas y sus
familias, lo que incluye alimento, vestido, vivienda, agua y saneamiento
adecuados, y a la mejora constante de las condiciones de vida.
12. En muchas regiones del mundo, el rápido aumento del número de personas
desplazadas, incluidos los refugiados, otras personas desplazadas que necesitan
protección internacional y las personas desplazadas en el interior de los
países, de resultas de desastres naturales o provocados por el hombre está
agravando la crisis de la vivienda y pone de relieve la necesidad de dar una
solución rápida y duradera al problema.
13. Es necesario tener plenamente en cuenta las necesidades de los niños y los
jóvenes, en particular por lo que respecta a sus entornos vitales. Hay que
prestar especial atención a los procesos que favorecen la participación en lo
que atañe al ordenamiento de ciudades, pueblos y barrios, con objeto de
garantizar las condiciones de vida de los niños y los jóvenes y de utilizar su
intuición, su creatividad y sus ideas acerca del medio ambiente. Debe prestarse
especial atención a las necesidades en materia de vivienda de los niños
vulnerables, como los niños de la calle, y los que son víctimas de explotación
sexual. Los progenitores y otras personas legalmente responsables de los niños
tienen derechos, deberes y responsabilidades, de conformidad con la Convención
sobre los Derechos del Niño, en lo referente a la satisfacción de estas
necesidades.
14. En el ámbito de las políticas de vivienda y de desarrollo y ordenación
urbanos, debería prestarse particular atención a las necesidades y la
participación de los pueblos indígenas. Esas políticas deberían respetar
plenamente su identidad y cultura y ofrecerles un entorno apropiado que
favorezca su participación en la vida social, económica y política.
15. La mujer tiene un papel de primer orden que desempeñar en el logro de
asentamientos humanos sostenibles. No obstante, a causa de diversos factores,
entre los que figura la persistente y creciente carga de la pobreza para las
mujeres y la discriminación en razón del género, la mujer tropieza con
obstáculos particulares cuando trata de obtener una vivienda adecuada y de
participar plenamente en la adopción de decisiones relativas a los
asentamientos humanos sostenibles. La emancipación de la mujer y su
participación plena y en condiciones de igualdad en la vida política, social y
económica, la mejora de la salud y la erradicación de la pobreza son
indispensables para lograr la sostenibilidad de los asentamientos humanos.
16. La discapacidad es parte de la vida normal. Las personas con discapacidad
no siempre han tenido la oportunidad de participar plenamente y en condiciones
de igualdad en el desarrollo y la gestión de los asentamientos humanos,
comprendida la adopción de decisiones, a menudo a causa de barreras sociales,
económicas, de actitudes y físicas, así como de la discriminación. Deben
eliminarse esas barreras, y las necesidades y las preocupaciones de las
personas con discapacidad deben quedar plenamente integradas en los planes y
las políticas de vivienda y de asentamientos humanos sostenibles, a fin de que
éstas sean accesibles para todos.
17. Las personas mayores tienen derecho a llevar una vida satisfactoria y
productiva y deben tener oportunidades de participar plenamente en sus
comunidades y su sociedad y en todas las decisiones relativas a su bienestar,
especialmente a sus necesidades de vivienda. Deben reconocerse y valorarse sus
múltiples contribuciones a los procesos políticos, sociales y económicos de los
asentamientos humanos. Debe prestarse especial atención a satisfacer las
necesidades en evolución en materia de vivienda y movilidad, a fin de que
puedan seguir teniendo una vida satisfactoria en su comunidad.
18. Aunque muchos países, en especial los países en desarrollo, carecen de
recursos jurídicos, institucionales, financieros, tecnológicos y humanos para
responder como es debido al rápido ritmo de urbanización, muchas autoridades
locales están acometiendo ese problema con un criterio abierto, responsable y
eficaz y quieren incorporar a los ciudadanos al proceso del desarrollo
sostenible. Debe fomentarse el establecimiento de estructuras que propicien la
iniciativa independiente y la creatividad y que impulsen el establecimiento de
asociaciones de distinta índole, inclusive con el sector privado, y dentro de
los países y entre éstos. Además, debe favorecerse la participación efectiva y
en condiciones de igualdad de todas las personas, en particular las que
pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, sobre todo las que viven en
la pobreza, en todas las actividades relacionadas con los asentamientos
humanos, pues ello es la base de la conciencia cívica y debe recibir el impulso
de las autoridades nacionales. El Programa de Hábitat proporciona un marco que
permite a los ciudadanos asumir responsabilidad en la promoción y la creación
de asentamientos humanos sostenibles.
19. Los problemas de los asentamientos humanos tienen múltiples facetas. Se
reconoce que una vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos no están desligados del desarrollo social y económico más
amplio de los países ni pueden desvincularse de la creación de un marco
nacional e internacional que favorezca el desarrollo económico, el desarrollo
social y la protección del medio ambiente que son componentes indispensables y
mutuamente complementarios del desarrollo sostenible.
20. Existen diferencias críticas entre los asentamientos humanos en distintas
regiones y países y dentro de los países. En la ejecución del Programa de
Hábitat deben tenerse en cuenta las diferencias, las situaciones particulares y
la distinta capacidad de cada comunidad y país. En ese contexto, son
indispensables para la ejecución del Programa de Hábitat, la cooperación
internacional, regional, subregional, nacional y local, y la participación de
instituciones como la Comisión de Asentamientos Humanos y el Centro de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), así como recursos.
21. El Programa de Hábitat constituye un llamamiento mundial para la acción a
todos los niveles. Ofrece, en un marco de objetivos, principios y compromisos,
una visión positiva de los asentamientos humanos sostenibles, en que todas las
personas tengan una vivienda adecuada, un entorno salubre y seguro, acceso a
los servicios básicos y un empleo productivo libremente elegido. El Programa de
Hábitat orientará todas las actividades encaminadas a convertir esa visión en
realidad.
22. Los objetivos del Programa de Hábitat concuerdan plenamente con los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho
internacional.
23. Si bien debe tenerse en cuenta la importancia de las características
nacionales y regionales y de los diversos antecedentes históricos, culturales y
religiosos, corresponde a todos los Estados promover y proteger todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo.
24. La aplicación del Programa de Hábitat, en particular mediante las leyes
nacionales y las políticas, programas y prioridades de desarrollo, es derecho
soberano y responsabilidad de cada Estado de forma compatible con todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al
desarrollo, teniendo en cuenta la importancia de los diversos valores éticos y
religiosos, antecedentes culturales y convicciones filosóficas de los
individuos y de sus comunidades, respetándolos cabalmente y contribuyendo al
pleno disfrute de todos sus derechos humanos a fin de lograr los objetivos de
vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos.
25. Nosotros, los Estados participantes en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), suscribimos una visión
política, económica, ambiental, ética y espiritual de los asentamientos humanos
basada en los principios de igualdad, solidaridad, asociación, dignidad humana,
respeto y cooperación. Adoptamos los objetivos y principios de una vivienda
adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en
un mundo en proceso de urbanización. Creemos que el logro de esos objetivos
contribuirá a que el mundo sea más estable y equitativo y a que esté más libre
de injusticias y conflictos y ayudará a alcanzar una paz justa, general y
duradera. Las luchas civiles, étnicas y religiosas, las violaciones de los
derechos humanos, la dominación extranjera y colonial, la ocupación extranjera,
los desequilibrios económicos, la pobreza, la delincuencia organizada, el
terrorismo en todas sus formas y la corrupción son destructivos para los
asentamientos humanos, por lo que deben ser denunciados y desalentados por
todos los Estados, que deben cooperar para lograr la eliminación de esas
prácticas y de todas las medidas unilaterales que entorpecen el desarrollo
económico y social. En el plano nacional, reforzaremos la paz mediante el
fomento de la tolerancia, la no violencia y el respeto de la diversidad y
mediante la solución de controversias por medios pacíficos. En el plano local,
la prevención del delito y la promoción de comunidades sostenibles son
indispensables para lograr sociedades seguras. La prevención de la delincuencia
mediante el desarrollo social es una de las claves para conseguir esos
objetivos. En el plano internacional, promoveremos la paz y la seguridad
internacionales y haremos todo lo posible por resolver las controversias
internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, y apoyaremos todas las actividades encaminadas a ese fin.
26. Reafirmamos y nos guiamos por los propósitos y los principios de la Carta
de las Naciones Unidas y reafirmamos nuestra determinación de velar por que se
respeten plenamente los derechos humanos enunciados en los instrumentos
internacionales, y en especial, en este contexto, el derecho a una vivienda
adecuada con arreglo a lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los
Derechos del Niño, teniendo en cuenta que el derecho a una vivienda adecuada,
incluido en los mencionados instrumentos internacionales, se hará realidad de
forma gradual. Reafirmamos que todos los derechos humanos -civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales- son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí. Hacemos nuestros los
principios y objetivos enumerados a continuación para que orienten nuestra
labor.
I
27. Son asentamientos humanos equitativos aquellos en que todas las personas,
sin discriminación de ningún tipo por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, bienes,
nacimiento u otra condición, tienen las mismas oportunidades de acceso a la
vivienda, la infraestructura, los servicios de salud, alimentos y agua en
cantidad suficiente, educación y espacios abiertos. Además, esos asentamientos
humanos brindan a todos las mismas oportunidades de ganarse la vida en forma
productiva y libremente elegida, igualdad de acceso a los recursos económicos,
incluido el derecho a la herencia, la posesión de tierras y otros bienes, el
crédito, los recursos naturales y las tecnologías apropiadas; las mismas
oportunidades para el desarrollo personal, espiritual, religioso, cultural y
social; para la participación en el proceso público de adopción de decisiones;
igualdad de derechos y obligaciones respecto de la conservación y utilización
de los recursos naturales y culturales; e igualdad de acceso a los mecanismos
establecidos para que no se violen los derechos. La potenciación del papel de
la mujer y su participación plena y en pie de igualdad en todos los sectores de
la sociedad, tanto rurales como urbanos, son fundamentales para el desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos.
II
28. La erradicación de la pobreza es indispensable para la sostenibilidad de
los asentamientos humanos. El principio de la erradicación de la pobreza se
basa en el marco adoptado por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en
los resultados pertinentes de otras grandes conferencias de las Naciones
Unidas, inclusive el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de toda la
población, y en particular de los que viven en la pobreza, los grupos
desfavorecidos y vulnerables, especialmente en los países en desarrollo donde
la pobreza es aguda, así como el objetivo de favorecer el acceso de todas las
mujeres y todos los hombres a medios de vida seguros y sostenibles mediante el
empleo y el trabajo productivos y libremente elegidos.
III
29. El desarrollo sostenible es indispensable para el desarrollo de los
asentamientos humanos y tiene plenamente en cuenta las necesidades y las
condiciones para el logro del crecimiento económico, el desarrollo social y la
protección del medio ambiente. Debe prestarse especial atención a la situación
y a las necesidades particulares de los países en desarrollo y, si procede, de
las economías en transición. Los asentamientos humanos se planificarán,
desarrollarán y mejorarán teniendo plenamente en cuenta los principios del
desarrollo sostenible y todos sus componentes, enunciados en el Programa 21 y
los documentos conexos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. El desarrollo sostenible de los asentamientos humanos
garantiza el desarrollo económico, las oportunidades de empleo y el progreso
social, en armonía con el medio ambiente. Incorpora, además de los principios
contenidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
que son igualmente importantes, y en otros documentos de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los principios de la
precaución, la prevención de la contaminación, el respeto de la capacidad de
carga de los ecosistemas y la conservación de las oportunidades para las
generaciones venideras. La producción, el consumo y el transporte deben
ordenarse con arreglo a criterios que permitan proteger y conservar los
recursos al mismo tiempo que se aprovechan. La ciencia y la tecnología tienen
un papel crucial en el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y en
la conservación de los ecosistemas de los que dependen. La sostenibilidad de
los asentamientos supone su distribución geográfica equilibrada u otra
distribución apropiada de conformidad con las condiciones nacionales, la
promoción del desarrollo económico y social, la salud y la educación de la
población, y la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de
sus componentes, y el mantenimiento de la diversidad cultural, así como de la
calidad del aire, el agua, los bosques, la vegetación y el suelo a un nivel que
permita sustentar la vida y el bienestar de las generaciones futuras.
IV
30. La calidad de vida de todas las personas depende, entre otros factores
económicos, sociales, ecológicos y culturales, de las condiciones físicas y las
características espaciales de nuestras aldeas, pueblos y ciudades. El trazado y
la estética de las ciudades, las pautas de utilización de la tierra, las
densidades de población y de construcción, el transporte y la facilidad de
acceso para todos a los bienes, los servicios y los medios públicos de
esparcimiento tienen una importancia fundamental para la habitabilidad de los
asentamientos. Esto es especialmente importante para las personas vulnerables y
desfavorecidas, que a menudo tienen dificultades para conseguir vivienda y para
participar en las decisiones acerca del futuro de sus asentamientos. La
necesidad de pertenecer a una comunidad y la aspiración a vecindarios y
asentamientos más habitables por parte de la población deberían orientar el
proceso de diseño, ordenación y mantenimiento de los asentamientos humanos.
Entre los objetivos de esta labor figuran la protección de la salud pública, la
creación de condiciones de seguridad, la educación y la integración social, la
promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad y la identidad cultural,
la mejora del acceso para las personas con discapacidad y la conservación de
edificios y distritos de importancia histórica, espiritual, religiosa y
cultural, el respeto del paisaje local y el respeto y el cuidado del medio
ambiente local. Deberá prestarse asistencia, inclusive por medio de la
cooperación internacional, para la conservación de los asentamientos humanos
históricos y del patrimonio natural, incluidos lugares, monumentos y edificios
históricos, en especial los protegidos por la Convención para la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO. También reviste particular
importancia promover en el plano local la diversificación espacial y el uso
mixto de viviendas y servicios a fin de satisfacer las diversas necesidades y
expectativas.
V
31. La familia es la unidad básica de la sociedad y, como tal, debe ser
fortalecida. Tiene derecho a recibir protección y apoyo amplios. En distintos
sistemas culturales, políticos y sociales existen diversas formas de familia.
Para contraer matrimonio es preciso el libre consentimiento de los futuros
cónyuges, y marido y esposa deben formar una pareja igual. Deben respetarse los
derechos, la capacidad y las responsabilidades de cada miembro de la familia.
Al planificar los asentamientos humanos debe tener presente el papel
constructivo de la familia en el diseño, el desarrollo y la ordenación de esos
asentamientos. La sociedad deberá facilitar, cuando proceda, todas las
condiciones necesarias para su integración, reunificación, conservación, mejora
y protección en viviendas adecuadas que tengan acceso a los servicios básicos y
a medios de vida sostenibles.
VI
32. Todas las personas tienen derechos y deben aceptar al mismo tiempo su
responsabilidad de respetar y proteger los derechos de los demás, inclusive los
de las generaciones futuras, y de contribuir activamente al bien común. Son
asentamientos humanos sostenibles aquellos que, entre otras cosas, generan un
sentido de ciudadanía e identidad, cooperación y diálogo en pro del bien común,
y un espíritu de servicio voluntario y de participación cívica, donde todas las
personas reciben apoyo y tienen ocasión de participar en pie de igualdad en la
adopción de decisiones y en el desarrollo. Los gobiernos, a todos los niveles
apropiados, incluidas las administraciones locales, tienen la responsabilidad
de garantizar el acceso a la educación y de proteger la salud, la seguridad y
el bienestar general. Ello exigirá, según proceda, formular políticas,
promulgar leyes y dictar reglamentos para las actividades públicas y privadas,
alentar actividades privadas responsables en todas las esferas, facilitar la
participación de grupos comunitarios, adoptar procedimientos transparentes,
alentar el liderazgo desinteresado y las asociaciones entre el sector público y
el privado, y ayudar a la población a entender y ejercer sus derechos y
responsabilidades mediante procesos de participación abiertos y eficaces,
educación para todos y difusión de la información.
VII
33. Las asociaciones entre países y, dentro de éstos, entre todos los agentes
pertenecientes a organizaciones públicas, privadas, voluntarias y comunitarias,
el sector de las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales y los
particulares, son indispensables para alcanzar el objetivo del desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos y para proporcionar una vivienda
adecuada y servicios básicos a todos. Las asociaciones pueden integrar y apoyar
los objetivos de la participación de base amplia, entre otras cosas,
estableciendo alianzas, aunando recursos, compartiendo conocimientos, aportando
conocimientos técnicos y aprovechando las ventajas comparativas de la acción
colectiva. Esos procesos pueden hacerse más eficaces reforzando las
organizaciones civiles a todos los niveles. Debe hacerse todo lo posible por
alentar la cooperación y la asociación de todos los sectores de la sociedad y
entre todos los que intervienen en los procesos de adopción de decisiones,
según proceda.
VIII
34. La solidaridad con las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos y
vulnerables, inclusive las personas que viven en la pobreza, así como la
tolerancia, la no discriminación y la cooperación entre todas las personas,
familias y comunidades, constituyen los pilares de la cohesión social. La
comunidad internacional, los Estados y todos los demás agentes pertinentes
deben promover la solidaridad, la cooperación y la asistencia a fin de hacer
frente a las dificultades que plantea el desarrollo de los asentamientos
humanos. La comunidad internacional y los gobiernos a todos los niveles
apropiados habrán de promover políticas e instrumentos bien concebidos y
eficaces, fortaleciendo así la cooperación entre los gobiernos y las
organizaciones no gubernamentales, y movilizar recursos complementarios para
hacer frente a esos obstáculos.
IX
35. Salvaguardar los intereses de las generaciones presentes y futuras en los
asentamientos humanos es uno de los objetivos fundamentales de la comunidad
internacional. La formulación y ejecución de estrategias de desarrollo de los
asentamientos humanos corresponde ante todo a cada país a nivel nacional y
local en el marco de su ordenamiento jurídico, entre otras cosas mediante la
creación de un entorno favorable al desarrollo de los asentamientos humanos y
teniendo en cuenta la diversidad de condiciones económicas, sociales y
ambientales de cada país. Se necesitan recursos financieros nuevos y
adicionales de distintas fuentes para lograr los objetivos de vivienda adecuada
para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en
proceso de urbanización. Es preciso mejorar los recursos de que disponen los
países en desarrollo -públicos, privados, multilaterales, bilaterales, internos
y externos- con mecanismos e instrumentos económicos apropiados y flexibles
para apoyar los objetivos de una vivienda adecuada para todos y el desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos. Junto con esto, es preciso adoptar
medidas concretas para propiciar la cooperación técnica internacional y el
intercambio de información.
X
36. La salud humana y la calidad de la vida son elementos centrales en los
esfuerzos por desarrollar asentamientos humanos sostenibles. Por ello, nos
comprometemos a promover y alcanzar las metas de un acceso universal y
equitativo a una educación de calidad, al nivel más alto posible de salud
física, mental y ambiental y al acceso equitativo de todos a la atención
primaria de la salud, y haremos esfuerzos especiales para rectificar las
desigualdades en lo relativo a las condiciones sociales y económicas, incluida
la vivienda, sin distinción de raza, origen nacional, sexo, edad o
discapacidad, respetando y promoviendo nuestras culturas comunes y
particulares. La buena salud durante todo el período de vida de todos los
hombres y todas las mujeres, la buena salud de todos los niños y una educación
de calidad para todos son elementos fundamentales para garantizar que las
personas de todas las edades puedan desarrollar sus plenas capacidades con
salud y dignidad y que puedan participar de modo cabal en los procesos
sociales, económicos y políticos de los asentamientos humanos, contribuyendo
así, entre otras cosas, a la erradicación de la pobreza. Los asentamientos
humanos sostenibles dependen del desarrollo interactivo de políticas y medidas
concretas encaminadas a proporcionar acceso a los alimentos y a la nutrición,
al agua apta para el consumo, al saneamiento, y al acceso universal a la más
amplia gama de servicios de atención primaria de salud, en consonancia con el
informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo;
erradicar las enfermedades principales que se cobran un elevado número de
víctimas humanas, especialmente las enfermedades infantiles; crear lugares
seguros donde trabajar y vivir; y proteger el medio ambiente.
37. Abrazando los principios que preceden en nuestra calidad de Estados
participantes en esta Conferencia nos comprometemos a aplicar el Programa de
Hábitat mediante planes de acción locales, nacionales, subregionales y
regionales u otras políticas y programas elaborados y ejecutados en cooperación
con las partes interesadas a todos los niveles y apoyados por la comunidad
internacional, teniendo presente que el ser humano es el centro de interés de
las cuestiones relativas al desarrollo sostenible, entre ellas la vivienda
adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, y
que tiene derecho a llevar una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza.
38. En el cumplimiento de esos compromisos, es preciso prestar particular
atención a las circunstancias y necesidades de las personas que viven en la
pobreza, que viven sin hogar, las mujeres, los ancianos, los indígenas, los
refugiados, las personas desplazadas, las personas con discapacidad y las
pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos. También debe prestarse
especial atención a las necesidades de los migrantes. Además, es preciso
prestar especial atención a las necesidades y circunstancias específicas de los
niños, en particular los niños de la calle.
39. Reafirmamos nuestra determinación de garantizar progresivamente el
ejercicio pleno del derecho a una vivienda adecuada, según lo previsto en los
instrumentos internacionales. A ese respecto, reconocemos que los gobiernos
tienen la obligación de lograr que la población pueda conseguir una vivienda y
de proteger y mejorar las viviendas y los vecindarios. Nos comprometemos a
alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de forma
equitativa y sostenible, de manera que todos tengan una vivienda adecuada que
sea salubre, segura, accesible y asequible y que comprenda servicios,
instalaciones y comodidades básicos, que nadie sea objeto de discriminación en
materia de vivienda y seguridad jurídica de la tenencia. Cumpliremos y
promoveremos ese objetivo de modo plenamente acorde con las normas de derechos
humanos.
40. Asimismo nos comprometemos a perseguir los siguientes objetivos:
- velar por la coherencia y la coordinación de las políticas
macroeconómicas y las políticas y estrategias de vivienda como prioridad
social en el marco de los programas de desarrollo nacional y la política
urbana a fin de apoyar la movilización de recursos, la generación de
empleo, la erradicación de la pobreza y la integración social;
- garantizar la seguridad jurídica de la tenencia y la igualdad de acceso
a la tierra para todos, incluidas las mujeres y las personas que viven en
la pobreza; y emprender reformas legislativas y administrativas para
garantizar a la mujer un acceso pleno y equitativo a los recursos
económicos, en particular el derecho a la herencia y a la propiedad de
tierras y bienes y el acceso al crédito, los recursos naturales y las
tecnologías apropiadas;
- promover el acceso de todas las personas al agua potable, el saneamiento
y otros servicios, instalaciones y comodidades básicas, especialmente de
las personas que viven en la pobreza, las mujeres y los grupos vulnerables
y desfavorecidos;
- garantizar el establecimiento de sistemas transparentes, integrales y
accesibles para la transferencia de los derechos sobre la tierra y la
seguridad jurídica de la tenencia;
- fomentar el acceso amplio y no discriminatorio a servicios de
financiación de la vivienda abiertos, eficientes, eficaces y apropiados
para todos, comprendida la movilización de nuevos recursos financieros y de
otro tipo -públicos y privados- para el desarrollo de la comunidad;
- fomentar métodos y tecnologías de construcción que estén disponibles
localmente y que sean apropiados, asequibles, seguros, eficientes e inocuos
para el medio ambiente en todos los países, particularmente en los países
en desarrollo, a los niveles local, nacional, regional y subregional, que
permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos locales,
promuevan el ahorro de energía y protejan la salud humana;
- concebir y aplicar normas en que también se prevea el acceso de las
personas discapacitadas de conformidad con las Normas Uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad;
- aumentar la oferta de viviendas asequibles fomentando y estimulando la
propiedad de viviendas asequibles y aumentando la oferta de viviendas
asequibles de alquiler o de propiedad comunal, cooperativa o de otro tipo
mediante la asociación de la iniciativa pública, privada y comunitaria, y
crear y promover incentivos en el mercado respetando debidamente los
derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios;
- fomentar la mejora del patrimonio de viviendas existentes mediante
rehabilitación y mantenimiento y el suministro adecuado de servicios,
instalaciones y comodidades básicos;
- erradicar la discriminación en el acceso a la vivienda y los servicios
básicos por cualquier motivo, como raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, bienes,
nacimiento u otra condición; debe ofrecerse la misma protección contra la
discriminación por motivos de discapacidad o edad; y garantizar la
protección jurídica contra tal discriminación;
- apoyar a la familia en sus funciones de sustento, educación y crianza
para reconocer su importante contribución a la integración social y
fomentar políticas sociales y económicas destinadas a atender las
necesidades de vivienda de las familias y sus miembros, especialmente los
miembros más desfavorecidos y vulnerables, prestando especial atención al
cuidado de los niños;
- promover el suministro de viviendas y servicios básicos de apoyo y
servicios de educación y salud para las personas sin hogar, las personas
desplazadas, los indígenas, las mujeres y los niños supervivientes de la
violencia en el hogar, las personas con discapacidad, los ancianos, las
víctimas de desastres naturales o causados por el hombre, y las personas
pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos, comprendido el
suministro de alojamiento y servicios básicos provisionales a los
refugiados;
- proteger, en el contexto nacional, los derechos jurídicos tradicionales
de los indígenas sobre la tierra y otros recursos y fortalecer la
ordenación del territorio;
- proteger a todas las personas contra los desalojamientos forzosos que
sean contrarios a la ley, tomando en consideración los derechos humanos, y
garantizar la protección y reparación judicial en esos casos; cuando los
desahucios sean inevitables tratar, según corresponda, de encontrar otras
soluciones apropiadas.
41. Velar por que se siga prestando apoyo internacional a los refugiados a fin
de atender sus necesidades y ayudarlos a encontrar una solución justa y
duradera de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas
y el derecho internacional.
42. Nos comprometemos a conseguir que los asentamientos humanos sean
sostenibles en un mundo en proceso de urbanización velando por el desarrollo de
sociedades que hagan uso eficiente de los recursos dentro de los límites de la
capacidad de carga de los ecosistemas y tengan en cuenta el principio de
precaución y ofreciendo a todas las personas, en particular las que pertenecen
a grupos vulnerables y desfavorecidos, las mismas oportunidades de llevar una
vida sana, segura y productiva en armonía con la naturaleza y su patrimonio
cultural y valores espirituales y culturales, y que garanticen el desarrollo
económico y social y la protección del medio ambiente, contribuyendo así a la
consecución de los objetivos del desarrollo nacional sostenible.
43. Asimismo nos comprometemos a perseguir los siguientes objetivos:
- promover, según corresponda, asentamientos humanos socialmente
integrados y accesibles que cuenten con servicios apropiados de salud y
educación, combatir la segregación, la discriminación y otras políticas y
prácticas de exclusión; y reconocer y respetar los derechos de todos, en
particular de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las
personas que viven en la pobreza y los grupos vulnerables y desfavorecidos;
- crear un clima internacional e interno que propicie el desarrollo
económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente como
elementos interdependientes y complementarios del desarrollo sostenible y
que atraiga inversiones, genere empleo, contribuya a la erradicación de la
pobreza y produzca ingresos para el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos;
- integrar la ordenación y la planificación urbana en lo relativo a la
vivienda, el transporte, las oportunidades de empleo, las condiciones
ambientales y los servicios comunitarios;
- proporcionar servicios de infraestructura ambiental adecuados e
integrados en todos los asentamientos lo antes posible con el fin de
mejorar las condiciones de salud asegurando el acceso de todos a un
abastecimiento suficiente y constante de agua potable y a servicios de
saneamiento, desagües y eliminación de desechos, prestando especial
atención a los sectores de la población que viven en la pobreza;
- promover la planificación integrada de la utilización del agua a fin de
determinar las formas más eficaces y económicas de movilizar un
abastecimiento sostenido de agua para las comunidades y para otros usos;
- poner en práctica los objetivos sociales y de desarrollo ya acordados
por la comunidad internacional en las esferas de la educación básica, la
atención primaria de salud y la igualdad entre el hombre y la mujer;
- reconocer, encauzar y fomentar los esfuerzos y la capacidad de los
sectores productivos no estructurado y privado, según corresponda, para
crear medios de vida y empleos sostenibles y aumentar los ingresos y
suministrar viviendas y servicios a las personas que viven en la pobreza;
- promover, según corresponda, la mejora de los asentamientos espontáneos
y los barrios urbanos de viviendas improvisadas como medida expeditiva y
solución pragmática a la escasez de vivienda en las ciudades;
- promover el desarrollo de asentamientos humanos más equilibrados y
sostenibles mediante la promoción de inversiones productivas, la creación
de empleos y el fomento de la infraestructura social en ciudades pequeñas y
medianas y en aldeas;
- promover cambios en las pautas de producción y consumo insostenibles,
particularmente en los países industrializados, y políticas demográficas y
estructuras de asentamientos que sean más sostenibles, reduzcan la tensión
ambiental, fomenten la utilización del uso eficiente y racional de los
recursos naturales -en particular el agua, el aire, la diversidad
biológica, los bosques, las fuentes de energía y la tierra- y satisfagan
las necesidades básicas, asegurando así un entorno de vida y de trabajo
salubre para todos y mitigando los efectos de los asentamientos humanos en
el medio ambiente;
- promover, según corresponda, la creación de una estructura de
asentamientos geográficamente equilibrada;
- asignar atención prioritaria a los programas y políticas encaminados a
reducir la contaminación urbana producida sobre todo por las deficiencias
en el suministro de agua, el saneamiento y los desagües, el tratamiento
deficiente de los desechos industriales y domésticos, comprendido el
tratamiento de los residuos sólidos, y la contaminación del aire;
- fomentar el diálogo entre las partes interesadas de los sectores
público, privado y no gubernamental para desarrollar el concepto del
"balance", conforme al cual se reconoce, que al decidir la asignación de
recursos, es preciso tener en cuenta las consecuencias económicas,
ambientales, sociales y civiles para las partes directa e indirectamente
afectadas, incluidas las generaciones futuras;
- facilitar el acceso al trabajo, los bienes, los servicios y los medios
de esparcimiento, entre otras cosas, mediante la promoción de sistemas de
transporte eficientes, eficaces, ecológicamente inocuos, más silenciosos y
de mayor rendimiento energético y mediante el fomento de modalidades de
desarrollo espacial y políticas de comunicaciones que reduzcan la demanda
de transporte y la promoción de medidas, según corresponda, para que el
contaminador se haga cargo del costo de la contaminación, teniendo en
cuenta las necesidades y condiciones especiales de los países en
desarrollo;
- promover una tecnología de mayor rendimiento energético y fuentes de
energía alternativas/renovables para los asentamientos humanos y reducir
los efectos nocivos de la producción y utilización de la energía en la
salud humana y en el medio ambiente;
- promover la utilización óptima del terreno productivo en las zonas
urbanas y rurales y proteger los ecosistemas frágiles y las zonas
ecológicamente vulnerables de los efectos nocivos de los asentamientos
humanos, entre otros medios, concibiendo y fomentando prácticas más
eficientes de ordenación de la tierra que contemplen integralmente la
posible pugna por su utilización con fines agrícolas, industriales, de
transporte, de urbanización, de creación de zonas verdes o zonas protegidas
y para otras necesidades vitales;
- abordar los problemas de población con que se enfrentan los
asentamientos humanos e integrar plenamente las cuestiones demográficas en
las políticas de asentamientos humanos;
- proteger y mantener el patrimonio histórico, cultural y natural, en
particular las modalidades tradicionales de habitación y de asentamiento,
según corresponda, de los indígenas y otros grupos, así como los paisajes y
la flora y la fauna urbanas en los espacios abiertos y las zonas verdes;
- proteger los lugares sagrados y de importancia cultural e histórica;
- promover la reurbanización y reaprovechamiento de los terrenos
comerciales y residenciales de los centros urbanos en que ya hay servicios
pero que no se utilizan bien a fin de revitalizarlos y reducir las
presiones de la urbanización sobre las tierras productivas de la periferia
dedicadas a la agricultura;
- promover la educación y capacitación sobre tecnologías, materiales y
productos ecológicamente inocuos;
- promover la igualdad de acceso y la plena participación de las personas
con discapacidad en todas las esferas de los asentamientos humanos e
instituir políticas y disposiciones jurídicas adecuadas de protección
contra la discriminación por razón de discapacidad;
- elaborar y evaluar políticas y programas destinados a mitigar los
efectos nocivos e intensificar los efectos positivos del ajuste estructural
y la transición económica en el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos, especialmente en los grupos vulnerables y desfavorecidos y las
mujeres, entre otras cosas, estudiando los efectos del ajuste estructural
en el desarrollo social por medio de estudios de los efectos sociales sobre
los hombres y las mujeres y otros métodos pertinentes;
- formular y poner en práctica programas que contribuyan a mantener y
aumentar la vitalidad de las zonas rurales;
- velar por que en las iniciativas nacionales de desarrollo se reconozca
la importancia de las zonas costeras y por que se haga todo lo posible por
garantizar su utilización sostenible;
- prevenir los desastres causados por el hombre, sobre todo los graves
desastres causados por fallas tecnológicas, mediante la aplicación de
medidas reglamentarias y de otra índole que resulten adecuadas para evitar
esos desastres, y reducir los efectos de los desastres naturales o
situaciones de emergencia de otro tipo en los asentamientos humanos, entre
otras cosas, utilizando mecanismos apropiados de planificación y recursos
para asegurar respuestas rápidas que antepongan los intereses de la
población y promuevan una transición sin tropiezos del socorro a la
rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo, teniendo en cuenta los
factores culturales y la sostenibilidad; reconstruir los asentamientos
afectados por desastres de manera que se reduzcan los riesgos de futuros
desastres y los asentamientos reconstruidos sean accesibles a todos;
- tomar medidas apropiadas para velar por la utilización inocua y eficaz
de los metales pesados, en particular el plomo, y en lo posible eliminar la
exposición sin control a fin de proteger la salud humana y el medio
ambiente;
- eliminar lo antes posible la utilización de plomo en la gasolina;
- crear viviendas que puedan servir de lugar de trabajo funcional a
hombres y mujeres.
44. Nos comprometemos a adoptar una estrategia de habilitación de todos los
agentes principales de los sectores público, privado y comunitario para que
desempeñen una función eficaz -a nivel nacional, provincial o de estado,
metropolitano y local- en el desarrollo de los asentamientos humanos y de la
vivienda.
45. Nos comprometemos además a alcanzar los siguientes objetivos:
- fomentar la capacidad local de liderazgo, promover el gobierno
democrático, ejercer la autoridad pública y utilizar los recursos públicos
de todas las instituciones públicas, a todos los niveles, de manera que
asegure la gestión pública transparente, responsable, razonada, justa,
eficaz y eficiente de las ciudades, centros urbanos y zonas metropolitanas;
- establecer, según proceda, condiciones favorables para la organización y
el desarrollo del sector privado, así como definir y fortalecer su función
en el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, en particular
mediante la capacitación;
- descentralizar la autoridad y los recursos, según proceda, así como las
funciones y las responsabilidades hasta el nivel que sea más eficaz para
hacer frente a las necesidades de las poblaciones en sus asentamientos;
- apoyar el progreso y la seguridad de las personas y las comunidades, de
modo que cada miembro de la sociedad pueda satisfacer sus necesidades
humanas básicas, vivir dignamente y en condiciones de seguridad, y dar
expresión a su creatividad y sus aspiraciones vitales;
- trabajar en asociación con los jóvenes a fin de desarrollar y mejorar
sus capacidades efectivas y proporcionarles educación y capacitación con
objeto de prepararlos para el desempeño de sus funciones actuales y futuras
en la gestión y el desarrollo de los asentamientos humanos y medios de vida
sostenibles;
- promover marcos institucionales y jurídicos que tengan en cuenta las
necesidades de hombres y mujeres y la creación de capacidad a los niveles
nacional y local que favorezcan el compromiso cívico y una participación de
base amplia en el desarrollo de los asentamientos humanos;
- alentar la creación de organizaciones comunitarias, organizaciones de la
sociedad civil y otras formas de entidades no gubernamentales que puedan
contribuir a las iniciativas encaminadas a reducir la pobreza y mejorar la
calidad de vida en los asentamientos humanos;
- institucionalizar un enfoque participativo del desarrollo y la gestión
sostenibles de los asentamientos humanos, basado en un diálogo permanente
entre los agentes del desarrollo urbano (el sector público, el sector
privado y las comunidades), en especial las mujeres, las personas con
discapacidad y los indígenas y teniendo en cuenta asimismo los intereses de
los niños y los jóvenes;
- fomentar la capacidad y la capacitación en materia de planificación,
gestión y desarrollo de los asentamientos humanos, al nivel nacional y
local, mediante la enseñanza, la capacitación y el fortalecimiento
institucional, especialmente en favor de las mujeres y las personas con
discapacidad;
- promover marcos institucionales y jurídicos, al nivel nacional,
subnacional y local, que favorezcan la movilización de recursos financieros
destinados al desarrollo sostenible de la vivienda y los asentamientos
humanos;
- promover la igualdad en el acceso a información fidedigna, al nivel
nacional, subnacional y local, utilizando, según proceda, tecnologías y
redes modernas de comunicación;
- asegurar la posibilidad de recibir educación a todos y apoyar las
actividades de investigación encaminadas a crear una capacidad local que
promueve la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos, ya que en vista de los problemas es preciso aumentar
la aplicación de la ciencia y la tecnología a los problemas relacionados
con los asentamientos humanos;
- facilitar la participación de los inquilinos en la gestión de las
viviendas públicas y comunitarias, así como la participación de las mujeres
y de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos en
la planificación y la realización del desarrollo urbano y rural.
46. Nos comprometemos a lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en el
desarrollo de los asentamientos humanos. Nos comprometemos además a alcanzar
los objetivos siguientes:
- en la legislación, las políticas, los programas y los proyectos
relativos a los asentamientos humanos, tener en cuenta las necesidades de
hombres y mujeres mediante la aplicación de análisis en que se evalúen las
diferencias entre ellos;
- elaborar métodos conceptuales y prácticos para tener en cuenta las
necesidades de hombres y mujeres en la planificación, el desarrollo y la
evaluación de los asentamientos humanos, incluida la elaboración de
indicadores;
- reunir, analizar y difundir datos e información desglosados por sexo,
entre ellos estadísticas que reconozcan y pongan de manifiesto el trabajo
no remunerado de la mujer, para utilizarlos en la planificación y la
ejecución de políticas y programas;
- tener en cuenta las necesidades de hombres y mujeres en la concepción y
aplicación de mecanismos de gestión de recursos ecológicamente racionales y
sostenibles, en las técnicas de producción y en el desarrollo de
infraestructuras, en las zonas rurales y urbanas;
- formular y reforzar políticas y prácticas para promover la plena
participación y la igualdad de la mujer en la planificación de los
asentamientos humanos y en la adopción de decisiones al respecto.
47. Aunque reconocemos que el sector de la habitación y la vivienda es un
sector productivo y debe poder obtener, entre otras cosas, financiación
comercial, nos comprometemos a fortalecer los mecanismos financieros existentes
y, cuando proceda, a adoptar enfoques innovadores para financiar la ejecución
del Programa Hábitat, que movilicen nuevas fuentes de financiación -públicas,
privadas, multilaterales y bilaterales- a nivel internacional, regional,
nacional y local, y fomenten la eficiencia, la eficacia y la responsabilidad en
la asignación y gestión de los recursos, reconociendo que las instituciones
locales que se ocupan del pequeño crédito pueden tener el potencial más
importante a los efectos de la vivienda de los pobres.
48. Nos comprometemos además a alcanzar los siguientes objetivos:
- estimular las economías nacionales y locales, mediante la promoción del
desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio
ambiente a fin de atraer recursos financieros nacionales e internacionales
e inversiones privadas, generar empleo y aumentar los ingresos, con objeto
de dar una base financiera más sólida al desarrollo de viviendas y
asentamientos humanos;
- fortalecer la capacidad de gestión fiscal y financiera, a todos los
niveles, para alcanzar un pleno desarrollo de las fuentes de ingresos;
- aumentar los ingresos públicos mediante la utilización, según proceda,
de instrumentos fiscales que favorezcan prácticas ambientales racionales, a
fin de promover un apoyo directo a los asentamiento humanos sostenibles;
- fortalecer los marcos reglamentarios y jurídicos para dar a los mercados
la posibilidad de funcionar, superar sus deficiencias y favorecer la
iniciativa independiente y la creatividad, así como para promover una
inversión y reinversión empresarial responsables desde el punto de vista
social y ambiental en las comunidades locales, y en asociación con éstas, y
propiciar una amplia gama de asociaciones destinadas a financiar el
desarrollo de la vivienda y los asentamientos humanos;
- promover la igualdad de acceso al crédito para todos;
- adoptar, según proceda, mecanismos de carácter transparente, oportuno,
predecible y basados en resultados, para la asignación de recursos a los
diferentes niveles de gobierno y a los diferentes agentes;
- fomentar la capacidad de acceso al mercado de los grupos menos
organizados e informados o que, por otro motivo están excluidos de la
participación, mediante la concesión de subvenciones, según corresponda, y
promover sistemas de crédito y otros instrumentos apropiados para
satisfacer sus necesidades.
49. Nos comprometemos, en interés de la paz, la seguridad, la justicia y la
estabilidad internacionales, a intensificar la cooperación y las asociaciones
internacionales, que favorecerán la ejecución de los planes nacionales y
mundiales de acción y el logro de los objetivos del Programa de Hábitat,
mediante la colaboración y la participación en programas multilaterales,
regionales y bilaterales, arreglos institucionales y programas de asistencia
técnica y financiera, mediante el intercambio de la tecnología apropiada, el
acopio, el análisis y la difusión de información sobre la vivienda y los
asentamientos humanos y el establecimiento de redes internacionales.
50. Además, nos comprometemos a alcanzar los siguientes objetivos:
- tratar de alcanzar lo antes posible el objetivo del 0,7nacional bruto de los países desarrollados con destino a la asistencia
oficial para el desarrollo y de aumentar, según proceda, la parte destinada
a la financiación de programas de vivienda adecuada y de desarrollo de los
asentamientos humanos en proporción con el alcance y la escala de las
actividades necesarios para lograr los objetivos y metas del Programa de
Hábitat;
- utilizar los recursos y los instrumentos económicos de modo eficaz,
eficiente y equitativo y no discriminatorio a nivel local, nacional,
regional e internacional;
- fomentar una cooperación internacional responsable entre las
organizaciones públicas, privadas, sin fines de lucro, no gubernamentales y
comunitarias.
51. Nos comprometemos a observar y aplicar el Programa de Hábitat como guía
para la adopción de medidas en nuestros países y seguiremos de cerca los
progresos en el logro de ese objetivo. Los indicadores cuantitativos y
cualitativos a los niveles nacional y local, desglosados para reflejar la
diversidad de nuestras sociedades, son fundamentales para planificar, vigilar y
evaluar los progresos en el logro de la vivienda para todos y los asentamientos
humanos sostenibles. A este respecto, el bienestar de los niños es un indicador
fundamental de una sociedad sana. Se deben elaborar indicadores relativos a la
edad y basados en las diferencias entre hombres y mujeres, datos desglosados y
métodos de reunión de datos apropiados, y utilizarlos para vigilar las
repercusiones de las políticas y prácticas de asentamientos humanos para las
ciudades y las comunidades, prestando atención especial y permanente a la
situación de las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos y vulnerables.
Reconocemos la necesidad de un enfoque integral y de medidas concertadas para
lograr el objetivo de vivienda adecuada para todos y el desarrollo de
asentamientos humanos sostenibles y nos esforzaremos por coordinar la
aplicación de los compromisos y los programas de acción internacionales.
52. Nos comprometemos además a evaluar, con miras a su revitalización, el
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), que,
entre otras cosas, se encarga de la coordinación y de ayudar a todos los
Estados a aplicar el Programa de Hábitat.
53. Hace 20 años en Vancouver, en la primera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos, la comunidad mundial aprobó un programa para
el desarrollo de los asentamientos humanos. Desde entonces, se han producido
cambios notables en las circunstancias demográficas, sociales, políticas,
ambientales y económicas que repercuten en el panorama estratégico. Esos
cambios han llevado a muchos gobiernos a adoptar y promover políticas que
propician la acción individual, familiar, comunitaria y del sector privado
encaminada a mejorar las condiciones de los asentamientos humanos. No obstante,
se calcula que al menos mil millones de personas carecen aún de vivienda
adecuada y viven en condiciones inadmisibles de pobreza, principalmente en los
países en desarrollo.
54. Aunque la tasa de crecimiento de la población está disminuyendo, durante
los 20 últimos años la población mundial ha pasado de unos 4.200 millones a
unos 5.700 millones de personas, de las que casi la tercera parte son menores
de 15 años, y ha aumentado también el número de personas que viven en ciudades.
Para el final del siglo, la proporción de la humanidad que reside en zonas
urbanas superará el 50de personas más que se esperan en los dos próximos decenios y ordenar los
asentamientos humanos de modo que sean sostenibles será una tarea ingente.
Particularmente en los países en desarrollo, el rápido proceso de urbanización
y el crecimiento de pueblos, ciudades y megalópolis, donde tienden a
concentrarse los recursos públicos y privados, plantean nuevas dificultades y
al mismo tiempo ofrecen nuevas oportunidades. Es preciso hacer frente a las
causas fundamentales de estos fenómenos, inclusive la migración del campo a la
ciudad.
55. En la esfera económica, la reciente mundialización de la economía hace que
las personas y sus comunidades actúen en mercados más amplios y que los fondos
para inversiones procedan más a menudo de fuentes internacionales. Como
resultado, el nivel de desarrollo económico de muchos países ha aumentado. Al
mismo tiempo, se han acrecentado las diferencias entre los pobres y los ricos,
tanto países como personas, y de ahí la necesidad de asociaciones para crear un
entorno económico internacional más favorable. Las nuevas tecnologías de las
comunicaciones ofrecen un acceso mucho mayor a la información y aceleran todos
los procesos de cambio. En muchas sociedades han surgido nuevos problemas de
cohesión social y seguridad personal, y la solidaridad se ha convertido en una
cuestión central. El desempleo, la degradación del medio ambiente, la
desintegración social y los desplazamientos de población en gran escala, así
como la intolerancia, la violencia y las violaciones de los derechos humanos,
se han convertido también en factores críticos. Debemos tener presentes estas
nuevas condiciones al elaborar las estrategias de asentamientos humanos para
los dos primeros decenios del siglo XXI.
56. Mientras que Hábitat II es una conferencia de Estados y hay muchas medidas
que los gobiernos nacionales pueden adoptar para que las comunidades locales
puedan resolver los problemas, la mayoría de los agentes que determinarán el
éxito o el fracaso de los intentos por mejorar la situación de los
asentamientos humanos se encuentran a nivel de la comunidad en los sectores
público, privado y no lucrativo. Son ellos, las autoridades locales y otras
partes interesadas, quienes marchan a la vanguardia en la tarea de alcanzar las
metas de Hábitat II. Aunque las causas estructurales de los problemas deben
abordarse a menudo a nivel nacional y a veces a nivel internacional, los
progresos dependerán en gran medida de las autoridades locales, la
participación cívica y el establecimiento de asociaciones a todos los niveles
de la administración pública con el sector privado, el sector de las
cooperativas, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, los
trabajadores y empresarios y la sociedad civil en general.
57. Hábitat II forma parte de una serie extraordinaria de conferencias
mundiales celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas durante los
cinco últimos años. En todas ellas se trataron importantes cuestiones relativas
al desarrollo sostenible centrado en la persona, inclusive el crecimiento
económico sostenido y la equidad, para cuyo logro es necesario adoptar medidas
en todos los planos, especialmente en el local. Las estrategias sobre
cuestiones sociales, económicas y ambientales, de reducción de desastres,
población, discapacidad y sexo habrán de aplicarse tanto en las zonas urbanas
como en las rurales, en particular, donde los problemas son más agudos y
provocan tensiones.
58. En Hábitat II, los representantes de los gobiernos a todos los niveles, de
las comunidades y del sector privado han estudiado la forma de promover en el
plano local el logro de los dos principales objetivos de la Conferencia, a
saber, "Vivienda adecuada para todos" y "Desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización", mediante un
proceso que permita a las personas, las familias y sus comunidades desempeñar
un papel estelar. Este es el rasgo distintivo del Plan de Acción Mundial de
Hábitat II y de las estrategias para su aplicación. La ejecución de esas
medidas habrá de adaptarse a la situación concreta de cada país y comunidad.
59. La estrategia del Plan de Acción Mundial se basa en la habilitación, la
transparencia y la participación. Con arreglo a esa estrategia, la labor de los
gobiernos se basa en el establecimiento de marcos legislativos, institucionales
y financieros, gracias a los cuales el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales y los grupos comunitarios podrán contribuir plenamente al logro
de vivienda adecuada para todos y un desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos y conseguir que todas las mujeres y los hombres colaboren entre sí y en
sus comunidades con la administración a todos los niveles para determinar
colectivamente su futuro, decidir cuáles son las esferas de acción
prioritarias, encontrar y asignar cursos equitativamente y establecer
asociaciones para lograr metas comunes. La habilitación permite crear:
- una situación en la que se movilizan todo el potencial y los recursos de
todos los agentes en el proceso de construcción y mejora de las viviendas;
- las condiciones necesarias para conseguir que mujeres y hombres ejerzan
sus derechos individuales y asuman sus responsabilidades por igual y puedan
poner sus aptitudes al servicio de actividades que mejoren y sostengan el
entorno en que viven;
- las condiciones adecuadas para la interacción y el establecimiento de
redes entre organizaciones e instituciones, con la creación de asociaciones
encaminadas a alcanzar los objetivos de vivienda adecuada para todos y un
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
- las condiciones necesarias para que todas las personas puedan mejorar su
condición;
- las condiciones propicias para el aumento de la cooperación
internacional.
60. Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que
guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente,
accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y
durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficientes,
una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de
agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del
medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con
acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. La
idoneidad de todos esos factores debe determinarse junto con las personas
interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo gradual. El
criterio de idoneidad suele variar de un país a otro, pues depende de factores
culturales, sociales, ambientales y económicos concretos. En ese contexto,
deben considerarse los factores relacionados con el sexo y la edad, como el
grado de exposición de los niños y las mujeres a las sustancias tóxicas.
61. Desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948,
el derecho a una vivienda adecuada se ha reconocido como uno de los componentes
importantes del derecho a un nivel de vida adecuado. Todos los gobiernos sin
excepción tienen algún tipo de responsabilidad en el sector de la vivienda,
como demuestran la creación de ministerios de la vivienda u organismos
estatales análogos, la asignación de fondos al sector de la vivienda y las
políticas, programas y proyectos de todos los países. El suministro de vivienda
adecuada a todas las personas no sólo exige medidas por parte de los gobiernos
sino de todos los sectores de la sociedad, incluido el sector privado, las
organizaciones no gubernamentales, las comunidades y las autoridades locales,
así como las organizaciones y entidades asociadas de la comunidad
internacional. En un contexto global de creación de condiciones propicias, los
gobiernos deben adoptar medidas apropiadas a fin de promover, proteger y velar
por el logro pleno y gradual del derecho a una vivienda adecuada. Esas medidas
son, entre otras, las siguientes:
- disponer que, en materia de vivienda, la ley prohibirá toda forma de
discriminación y garantizará a todas las personas una protección igual y
eficaz contra la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición;
- facilitar a todas las personas, incluidas las mujeres y las personas que
viven en la pobreza, seguridad jurídica en cuanto a la tenencia e igualdad
de acceso a las tierras, así como protección eficaz frente a los desalojos
forzosos que sean contrarios a la ley, tomando en consideración los
derechos humanos y teniendo presente que las personas sin hogar no deben
ser penalizadas por su condición;
- adoptar políticas encaminadas a lograr que las viviendas sean
habitables, asequibles y accesibles, incluso para aquellos que no pueden
conseguir una vivienda adecuada por sus propios medios, haciendo, entre
otras cosas, lo siguiente:
- aumentar la oferta de viviendas asequibles con medidas de regulación
e incentivos de mercado apropiados;
- aumentar el número de viviendas asequibles concediendo subvenciones
y subsidios de alquiler y de otro tipo a las personas que viven en la
pobreza;
- apoyar programas de vivienda en régimen de alquiler y de propiedad
de base comunitaria, cooperativos y sin fines de lucro;
- promover los servicios de apoyo para las personas sin hogar y otros
grupos vulnerables;
- movilizar nuevas fuentes de recursos financieros y de otra índole,
públicos y privados, para la vivienda y el desarrollo comunitario;
- crear y promover incentivos con base en el mercado para alentar al
sector privado a satisfacer las necesidades de viviendas asequibles en
régimen de alquiler y de propiedad;
- promover pautas sostenibles de desarrollo espacial y sistemas de
transporte que mejoren el acceso a los bienes, los servicios, los
medios de esparcimiento y los lugares de trabajo;
- supervisar y evaluar con eficacia las condiciones de alojamiento;
inclusive el número de personas sin hogar y de viviendas deficientes y, en
consulta con la población afectada, formular y adoptar políticas de
vivienda apropiadas y poner en práctica estrategias y planes eficaces para
hacer frente a esos problemas.
62. Puesto que conduce a la movilización plena de todos los recursos locales
posibles, una estrategia de vivienda basada en un criterio de creación de
condiciones propicias contribuye sobremanera al desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos. La ordenación de esos recursos debe estar centrada en la
población y debe ser ecológica, social y económicamente racional. Esto sólo
podrá ocurrir si las políticas y medidas que se adopten en el sector de la
vivienda se integran con otras políticas y medidas que tengan por objeto
promover el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del
medio ambiente. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de este
capítulo consiste en integrar las políticas de vivienda con las políticas que
orientarán el desarrollo macroeconómico y social y la ordenación racional del
medio ambiente.
63. Un segundo objetivo fundamental del presente capítulo es ofrecer a los
mercados, principal mecanismo de oferta de viviendas, las condiciones
necesarias para que realicen su función con eficacia. Para lograrlo, y al mismo
tiempo contribuir al alcanzar las metas sociales, se recomienda la aplicación
de medidas que comprendan, cuando proceda, el establecimiento de incentivos
basados en el mercado y la adopción de mecanismos de compensación. Otros
objetivos y recomendaciones se refieren a los componentes de los sistemas de
oferta de vivienda (terreno, financiación, infraestructura y servicios,
construcción, materiales de construcción, mantenimiento y rehabilitación) en
los sectores privado, comunitario y público de alquiler de viviendas, y a la
forma de lograr que presten mejores servicios a toda la población. Por último,
se presta especial atención a todos los que, al carecer de seguridad de
tenencia o no poder participar en los mercados de vivienda, corren un riesgo
considerable, especialmente las mujeres. Se recomienda la adopción de medidas
para reducir su vulnerabilidad y permitirles obtener una vivienda adecuada de
modo justo y humanitario.
64. La cooperación internacional y nacional a todos los niveles será necesaria
y beneficiosa para fomentar la oferta de viviendas adecuadas para todos. Esa
necesidad se hace sentir especialmente en las regiones afectadas por la guerra
o los desastres naturales, industriales o tecnológicos y en los casos en que
los recursos necesarios para la reconstrucción y la rehabilitación son
superiores a los recursos nacionales.
65. La formulación, la evaluación periódica y la revisión, cuando proceda, de
políticas de vivienda que propician la creación de un marco para sistemas de
oferta de vivienda eficientes y efectivos, son la base para el suministro de
una vivienda adecuada para todos. Uno de los principios fundamentales para
formular una política realista en materia de vivienda es su integración con las
políticas generales de desarrollo macroeconómico, ambiental y social. En las
políticas de vivienda, centradas en la creciente demanda de vivienda e
infraestructura, también se debe insistir en aumentar la utilización y en el
mantenimiento del patrimonio de viviendas existente mediante la propiedad, el
alquiler y otros regímenes de tenencia, a fin de satisfacer las diversas
necesidades. Esas políticas también deben alentar y apoyar a los habitantes,
que en muchos países, particularmente en los países en desarrollo, actúan a
título individual o colectivo como importantes productores de viviendas. Las
políticas deben responder a las diversas necesidades de las personas
pertenecientes a grupos desfavorecidos y vulnerables, tal y como se establece
en la subsección 4 infra (párrs. 93 a 98).
Medidas
66. Los gobiernos deben hacer lo posible por descentralizar las políticas de
vivienda y su administración a nivel subnacional y local dentro del marco
nacional siempre que sea posible y cuando proceda.
67. Para integrar las políticas de vivienda con las políticas macroeconómicas,
sociales, demográficas, ambientales y culturales, los gobiernos, según proceda,
deben hacer lo siguiente:
- establecer y poner en práctica mecanismos de consulta entre las
autoridades gubernamentales que dictan las políticas económicas,
ambientales, sociales, de asentamientos humanos y de vivienda y las
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado a fin de coordinar
el sector de la vivienda de modo coherente, lo que debe incluir la
definición del mercado y de criterios precisos para la asignación de
viviendas, subsidios y otras formas de asistencia;
- vigilar ininterrumpidamente las repercusiones de las políticas
macroeconómicas en los sistemas de oferta de vivienda, teniendo en cuenta
sus vínculos concretos y sus posibles efectos en los grupos vulnerables y
desfavorecidos;
- fortalecer los vínculos entre las políticas de vivienda, la generación
de empleo, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio
cultural, la movilización de recursos y el aprovechamiento máximo de los
recursos, y fortalecer el estímulo y el apoyo al desarrollo económico
sostenible y las actividades de desarrollo social;
- aplicar políticas oficiales, entre otras, políticas de gastos,
tributarias, monetarias y de planificación, para estimular los mercados de
la vivienda y la urbanización de terrenos de manera sostenible;
- integrar las políticas de la vivienda y del suelo con las políticas
orientadas a la reducción de la pobreza y la creación de empleo, la
protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural, la
promoción de la educación y la salud, el abastecimiento de agua potable y
servicios de saneamiento, y el mejoramiento de la situación de los miembros
de grupos desfavorecidos y vulnerables, especialmente las personas sin
hogar;
- reforzar los sistemas de información sobre vivienda y hacer uso de las
actividades pertinentes de investigación en la elaboración de políticas,
inclusive los datos desglosados por sexo;
- evaluar periódicamente y revisar, cuando proceda, las políticas de
vivienda, teniendo en cuenta las necesidades de las personas sin hogar y
los efectos de esas políticas en el medio ambiente, el desarrollo económico
y el bienestar social.
68. Para formular y aplicar políticas que promuevan la creación, la
conservación y la rehabilitación de viviendas en las zonas rurales y zonas
urbanas, los gobiernos a todos los niveles, cuando proceda, deben:
- utilizar mecanismos amplios de consulta y participación en los que
intervengan representantes de los sectores público, privado, no
gubernamental, cooperativista y comunitario, incluidos representantes de
grupos que se considere que viven en la pobreza, a todos los niveles del
proceso de elaboración de políticas;
- establecer mecanismos apropiados de coordinación y descentralización en
los que se definan claramente los derechos y las responsabilidades en el
plano local en el marco del proceso de elaboración de políticas;
- establecer estructuras institucionales adecuadas y prestarles apoyo,
especialmente para facilitar las inversiones del sector privado en el
suministro de viviendas en las zonas rurales y urbanas;
- estudiar el establecimiento de prioridades para la asignación de
recursos naturales, humanos, técnicos y financieros;
- establecer y aprobar un marco normativo y prestar apoyo institucional
con miras a facilitar la participación y la concertación de acuerdos de
asociación a todos los niveles;
- revisar y ajustar, según proceda, el marco jurídico, fiscal y normativo
de manera que responda a las necesidades especiales de la población que
vive en la pobreza y la que tiene bajos ingresos;
- promover la oferta de viviendas de alquiler a precios razonables y el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los
inquilinos y los propietarios con arreglo a las leyes.
69. A fin de adoptar y aplicar un enfoque multisectorial en la elaboración de
políticas, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades
locales, deben:
- coordinar e integrar las políticas en materia de vivienda y de
asentamientos humanos con otras políticas conexas, como las políticas de
población y de desarrollo de los recursos humanos, las políticas en materia
de medio ambiente, cultura, infraestructura y ordenación territorial, y la
planificación urbana y rural, así como las iniciativas privadas y oficiales
en materia de empleo;
- tener plenamente en cuenta la necesidad del desarrollo económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente y los objetivos de una
vivienda adecuada para todos, los principios del desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos y las necesidades básicas en materia de
desarrollo humano y salud;
- adoptar políticas que aseguren que las personas con
discapacidad tienen acceso a los nuevos edificios e instalaciones públicos,
viviendas oficiales y sistemas de transporte público. Además, siempre que sea
posible se adoptarán medidas análogas cuando se renueven edificios ya
construidos;
- alentar la elaboración de métodos de construcción ecológicamente
racionales y asequibles y la producción y distribución de materiales de
construcción, incluido el fortalecimiento de la industria local de
materiales de construcción, que debe basarse, en la medida de lo posible,
en los recursos disponibles a nivel local;
- promover el libre intercambio de información sobre todos los aspectos de
la higiene ambiental relacionados con la construcción, incluida la
elaboración y difusión de bases de datos sobre los efectos ecológicos
adversos de determinados materiales de construcción, con la colaboración de
los sectores privado y público.
70. Para mejorar los sistemas de suministro de vivienda, los gobiernos, a los
niveles apropiados, deben:
- adoptar un enfoque que propicie el desarrollo de la vivienda, en
particular la renovación, la rehabilitación, el mejoramiento y el aumento
del patrimonio de viviendas, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas;
- fijar prioridades para la asignación de recursos naturales, humanos,
técnicos y financieros;
- elaborar estructuras institucionales adecuadas para los sectores
público, comunitario y privado, especialmente para facilitar la inversión
del sector privado y de entidades sin fines de lucro en el suministro de
viviendas en las zonas rurales y urbanas;
- revisar y ajustar, cuando proceda, el marco jurídico, fiscal y
normativo, de manera que responda a las necesidades especiales de los
miembros de grupos vulnerables y desfavorecidos, en particular las personas
que viven en la pobreza y las de bajos ingresos;
- evaluar periódicamente y, según proceda, revisar las políticas y los
sistemas de financiación de la vivienda, teniendo en cuenta las
repercusiones de esas políticas y sistemas en el medio ambiente, el
desarrollo económico y el bienestar social, especialmente sus distintos
efectos en los grupos vulnerables y desfavorecidos;
- promover y adoptar, según proceda, políticas orientadas a coordinar y
estimular la oferta adecuada de los elementos fundamentales para la
construcción de viviendas e infraestructura, como terrenos, financiación y
materiales de construcción;
- alentar el desarrollo de métodos de edificación ecológicamente
racionales y asequibles y la producción y distribución de materiales de
construcción, incluido el fortalecimiento de la industria local de
materiales de construcción, que, en la medida de lo posible, debe basarse
en los recursos disponibles a nivel local;
- promover, en los países en que proceda, la utilización de técnicas de
construcción y conservación de gran densidad de mano de obra que generen
empleos en el sector de la construcción para la fuerza de trabajo
subempleada que hay en la mayoría de las grandes ciudades, y fomentar al
mismo tiempo la capacitación técnica en el sector de la construcción.
Facilitar el funcionamiento de los mercados
71. En muchos países, el mercado es el mecanismo primario de suministro de
viviendas, por lo que su eficiencia y eficacia son importantes para alcanzar la
meta del desarrollo sostenible. Incumbe a los gobiernos crear un marco que
facilite el buen funcionamiento del mercado de la vivienda. Debe considerarse
que el sector de la vivienda es un mercado integrador en el que las tendencias
de un segmento influyen en el comportamiento de otros segmentos. Para
satisfacer las necesidades de los grupos desfavorecidos y vulnerables, a los
que los mercados no sirven de forma adecuada, es necesaria la intervención del
gobierno.
Medidas
72. A fin de asegurar la eficiencia de los mercados, los gobiernos, a los
niveles apropiados y de conformidad con su autoridad legal, deben:
- evaluar la oferta y la demanda de vivienda, desglosadas por sexo, y
recoger, analizar y difundir información sobre los mercados de vivienda y
otros sistemas de suministro, y alentar al sector privado, las entidades
sin fines de lucro y los medios de información a proceder de igual modo,
evitando al mismo tiempo la duplicación de actividades;
- evitar las intervenciones indebidas que ahogan la oferta y distorsionan
la demanda de viviendas y servicios, y revisar y ajustar periódicamente los
marcos legislativos, financieros y normativos, incluidos los relativos a
contratos, utilización del suelo y códigos y normas de edificación;
- utilizar mecanismos (por ejemplo, un conjunto de leyes, un catastro,
reglamentos para la tasación de propiedades y otros) para definir
claramente los derechos de propiedad;
- permitir el traspaso de terrenos y viviendas sin restricciones
innecesarias y utilizar procedimientos que aseguren que las transacciones
de propiedades son transparentes y verificables, a fin de evitar prácticas
corruptas;
- emprender reformas legislativas y administrativas con miras a conceder a
las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, inclusive el
derecho a la herencia y la posesión de tierras y otros bienes, el crédito,
los recursos naturales y la tecnología apropiada;
- utilizar medidas fiscales apropiadas, incluidos los impuestos, para
fomentar la oferta adecuada de vivienda y de terrenos;
- evaluar periódicamente las mejores maneras de satisfacer la necesidad de
intervención gubernamental a fin de atender las necesidades concretas de
las personas que viven en la pobreza y de los grupos vulnerables, para
quienes los mecanismos tradicionales del mercado no son adecuados;
- elaborar, según convenga, instrumentos flexibles para la reglamentación
de los mercados de vivienda, incluido el mercado de alquiler, teniendo en
cuenta las necesidades especiales de los grupos vulnerables.
Facilitar la producción de viviendas por las comunidades
73. En muchos países, especialmente países en desarrollo, más de la mitad del
patrimonio de viviendas existente ha sido construido por los propios dueños
ocupantes, principalmente en el sector de población de ingresos más bajos. La
construcción de la propia vivienda seguirá teniendo durante mucho tiempo un
papel fundamental en el suministro de viviendas. Muchos países están prestando
apoyo a este medio de construcción de viviendas por medio de programas de
regularización y mejora.
Medidas
74. Con objeto de apoyar las actividades de los ciudadanos, emprendidas a
título individual o colectivo, para producir viviendas, los gobiernos, a los
niveles apropiados y según convenga, deben:
- fomentar la construcción de viviendas por los propios interesados en el
contexto de una política general de utilización del suelo;
- integrar y regularizar las viviendas construidas por los propios
interesados, especialmente con programas apropiados de registro de
terrenos, como parte del sistema global de vivienda e infraestructura en
las zonas urbanas y rurales, con sujeción a una política general de
utilización del suelo;
- fomentar actividades encaminadas a mejorar el patrimonio de viviendas
construidas por los propios interesados, mediante un mejor acceso a los
recursos de vivienda, inclusive el terreno, la financiación y los
materiales de construcción;
- elaborar métodos de mejorar las condiciones de las viviendas construidas
por los propios interesados;
- fomentar el papel de las organizaciones comunitarias y no
gubernamentales en la asistencia y facilitación de la producción de
viviendas construidas por los propios interesados;
- facilitar un diálogo habitual y la participación, teniendo en cuenta la
situación de hombres y mujeres, de los diversos agentes que intervienen en
la producción de viviendas en todos los niveles y las fases del proceso de
adopción de decisiones;
- paliar los problemas relacionados con los asentamientos humanos
espontáneos mediante programas y políticas que se anticipen a los
asentamientos no planeados.
Garantizar el acceso a la tierra
75. El acceso a la tierra y la seguridad jurídica de la tenencia son
condiciones estratégicas para el suministro de vivienda adecuada a todas las
personas y para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en las
zonas urbanas y rurales. Son también una de las claves para interrumpir el
círculo vicioso de la pobreza. Todos los gobiernos deben mostrar su
determinación de promover una oferta de terrenos adecuada en el contexto de las
políticas de uso sostenible de la tierra. Si bien se reconoce la existencia de
distintos sistemas o legislaciones nacionales de tenencia de tierras, los
gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, habrán
de esforzarse por eliminar todos los obstáculos que puedan oponerse al acceso
equitativo a la tierra y velar por que la ley proteja la igualdad de derechos
de la mujer y el hombre en relación con la tierra y los bienes. La falta de
políticas y prácticas apropiadas de ordenación territorial de las zonas rurales
y urbanas, a todos los niveles, sigue siendo una de las principales causas de
la desigualdad y la pobreza. Origina también el aumento del costo de la
vivienda, la ocupación de terrenos expuestos a riesgos, la degradación del
medio ambiente y el aumento de la vulnerabilidad de los hábitat urbanos y
rurales, lo que repercute en toda la población, especialmente en los grupos
desfavorecidos y vulnerables, las personas que viven en la pobreza y las de
bajos ingresos.
Medidas
76. A fin de garantizar una oferta adecuada de terrenos útiles, los gobiernos,
a los niveles apropiados y de conformidad con su ordenamiento jurídico, deben:
- reconocer y legitimar la diversidad de los sistemas de oferta de
terrenos;
- descentralizar las funciones en lo relativo a la ordenación territorial
y elaborar programas de fomento de la capacidad local que reconozcan la
función de las principales partes interesadas, si procede;
- preparar inventarios completos de los terrenos de propiedad pública y,
según proceda, elaborar programas para convertirlos en terrenos disponibles
para la construcción de viviendas y de asentamientos humanos, incluso, si
procede, por organizaciones no gubernamentales y comunitarias;
- aplicar, según proceda, mecanismos de incentivos fiscales transparentes,
amplios y equitativos a fin de alentar una utilización de las tierras
eficiente, accesible y ecológicamente racional y aprovechar la tributación
territorial y otros sistemas fiscales a fin de movilizar recursos
financieros para la prestación de servicios por las autoridades locales;
- examinar la posibilidad de adoptar medidas fiscales y de otro tipo,
según proceda, para promover el funcionamiento eficaz del mercado de
terrenos baldíos, a fin de garantizar la oferta de viviendas y tierras para
el desarrollo de asentamientos;
- preparar y aplicar sistemas de información sobre tierras y prácticas de
ordenación del suelo, incluida la tasación de terrenos, y procurar que esa
información se pueda obtener fácilmente;
- hacer uso exhaustivo de la infraestructura existente en las zonas
urbanas, fomentando una densidad óptima de ocupación de los terrenos
habilitados disponibles de conformidad con su capacidad de carga, y velando
al mismo tiempo por que haya una cantidad adecuada de parques, zonas de
recreo, espacios y servicios comunes y parcelas para huertos domésticos,
según convenga;
- examinar la posibilidad de adoptar instrumentos innovadores para
aprovechar los aumentos del valor de la tierra y recuperar las inversiones
públicas;
- examinar la posibilidad de adoptar instrumentos innovadores para la
concentración y la urbanización de tierras de forma eficaz y sostenible,
incluso, si procede, mediante el reajuste y la concentración parcelaria;
- desarrollar sistemas catastrales apropiados y simplificar los
procedimientos de registro de tierras, a fin de facilitar la regularización
de los asentamientos no convencionales, cuando proceda, y simplificar las
transacciones de terrenos;
- elaborar códigos territoriales y marcos jurídicos que definan las
características de los terrenos y los bienes raíces y los derechos
oficialmente reconocidos;
- movilizar los conocimientos locales y regionales para fomentar la
investigación, la transferencia de tecnología y los programas educativos, a
fin de apoyar los sistemas de administración de tierras;
- fomentar el desarrollo rural integral por medio de medidas como el
acceso a la tierra en condiciones de igualdad, la mejora de las tierras, la
diversificación económica, el desarrollo de las ciudades pequeñas y
medianas en zonas rurales y, cuando proceda, de los asentamientos en
tierras indígenas;
- establecer procedimientos simples para la transferencia de terrenos y la
conversión del uso del suelo en el contexto de un marco normativo amplio,
que incluya la protección de las tierras de labranza y del medio ambiente.
77. A fin de promover el funcionamiento eficiente de los mercados de tierras y
un uso ecológicamente sostenible de la tierra, los gobiernos a los niveles
apropiados deben:
- volver a evaluar y, de ser necesario, ajustar periódicamente los marcos
normativos de la planificación y la construcción, tomando en consideración
sus políticas de asentamientos humanos y sus políticas económicas, sociales
y ambientales;
- apoyar el desarrollo de los mercados de tierras mediante marcos
jurídicos eficaces y desarrollar mecanismos flexibles y variados con objeto
de movilizar tierras con distintos regímenes jurídicos;
- alentar la multiplicidad y diversidad de las intervenciones de los
sectores público y privado y de otras partes interesadas, hombres y mujeres
por igual, que participen en el sistema de mercado;
- elaborar un marco jurídico de utilización del suelo con objeto de
conjugar la necesidad de construcción y la protección del medio ambiente,
reduciendo al mínimo los riesgos y diversificando los usos;
- revisar los procesos jurídicos y normativos, los sistemas de
planificación, las normas y los reglamentos urbanísticos que sean
restrictivos, excluyentes y costosos.
78. A fin de eliminar las barreras jurídicas y sociales que impiden el acceso
en condiciones de igualdad y equidad a la tierra, especialmente para las
mujeres, las personas con discapacidad y los miembros de grupos vulnerables,
los gobiernos, a los niveles apropiados y en asociación con el sector privado,
las organizaciones no gubernamentales, el sector de las cooperativas y las
organizaciones comunitarias, deben:
- abordar las causas culturales, étnicas, religiosas, sociales y debidas a
discapacidades que dan lugar al establecimiento de barreras que conducen a
la segregación y la exclusión, mediante, entre otras cosas, el fomento de
la educación y la capacitación para la solución pacífica de controversias;
- promover campañas de sensibilización, educación y prácticas de
habilitación relativas, en especial, a los derechos legales respecto de la
tenencia, la propiedad y la herencia de tierras por las mujeres, con miras
a superar las barreras existentes;
- revisar los marcos jurídicos y normativos, ajustándolos a los principios
y compromisos del Plan de Acción Mundial, y garantizando que la igualdad de
derechos de hombres y mujeres esté claramente especificada y se respete;
- elaborar programas de regularización y formular y aplicar esos programas
y proyectos en consulta con la población afectada y con los grupos
organizados, velando por la plena e igual participación de las mujeres y
tomando en consideración las distintas necesidades según el sexo, la edad,
las discapacidades y la vulnerabilidad;
- apoyar, entre otras cosas, programas, políticas y proyectos comunitarios
encaminados a eliminar todas las barreras que impiden el acceso de las
mujeres a viviendas asequibles, a la propiedad de tierras y otros bienes, a
los recursos económicos, los servicios sociales y la infraestructura, y
velar por la plena participación de las mujeres en todos los procesos de
adopción de decisiones, con especial atención a las mujeres que viven en la
pobreza, especialmente las que son cabeza de familia y las que representan
la única fuente de ingresos de sus familias;
- emprender reformas legislativas y administrativas con miras a conceder a
las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, incluso el
derecho a la herencia y a la propiedad de la tierra y de otros bienes, al
crédito, los recursos naturales y la tecnología apropiada;
- promover mecanismos de protección de las mujeres que corren el riesgo de
perder su hogar y sus bienes al enviudar.
79. A fin de facilitar el acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia para
todos los grupos socioeconómicos, los gobiernos, a los niveles apropiados,
incluidas las autoridades locales, deben:
- adoptar un marco jurídico y normativo propicio basado en un mejor
conocimiento, comprensión y aceptación de las prácticas y de los sistemas
existentes de suministro de tierras con miras a estimular la creación de
asociaciones con el sector comunitario y las empresas privadas,
especificando las modalidades de tenencia de tierras reconocidas y
prescribiendo procedimientos para la regularización de la tenencia, cuando
sea necesario;
- ofrecer apoyo institucional, mejorar el nivel de responsabilidad y la
transparencia de la ordenación territorial, y ofrecer información exacta
sobre la propiedad y las transacciones de tierras y la utilización actual y
prevista del suelo;
- estudiar disposiciones innovadoras para fortalecer la seguridad de la
tenencia, aparte de la legalización total que, en ciertas situaciones,
puede ser excesivamente costosa y requerir demasiado tiempo, inclusive el
acceso al crédito, cuando proceda, aun cuando se carezca del título usual
de propiedad;
- promover medidas para velar por que las mujeres dispongan de igual
acceso al crédito para la compra, el arrendamiento o alquiler de tierras, y
de igual protección en cuanto a la seguridad jurídica de la tenencia de
esas tierras;
- capitalizar las contribuciones potenciales de las principales partes
interesadas del sector privado estructurado y no estructurado y apoyar la
participación de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones
comunitarias y el sector privado en iniciativas y sistemas participativos y
colectivos apropiados para la solución de controversias;
- fomentar, en particular, la participación de las organizaciones
comunitarias y no gubernamentales de las formas siguientes:
- revisando y ajustando los marcos jurídicos y normativos a fin de
reconocer y alentar distintas formas de organización de la población
que participa en la producción y la ordenación del suelo, la vivienda y
los servicios;
- estudiando la posibilidad de establecer sistemas financieros que
reconozcan la solvencia de las organizaciones, concedan créditos a
unidades colectivas respaldadas por garantías colectivas e introduzcan
procedimientos financieros que se adapten a las necesidades de la
producción de viviendas por los propios interesados y a las modalidades
que la población utilice para generar ingresos y ahorros;
- elaborando y aplicando medidas complementarias para aumentar su
capacidad, que incluyan, según convenga, apoyo fiscal, programas de
enseñanza y capacitación, asistencia técnica y fondos para impulsar la
innovación tecnológica;
- apoyando el fomento de la capacidad y la acumulación de experiencia
por organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, a
fin de que se conviertan en asociados eficientes y competentes para la
ejecución de los planes de acción nacionales en materia de vivienda, y
- alentando a las instituciones de crédito a que reconozcan la
posibilidad de que las organizaciones comunitarias actúen como garantes
de las personas que, debido a la pobreza o la discriminación, carecen
de otras fuentes de capital, concediendo especial atención a las
necesidades de las mujeres a título individual.
- Movilizar fuentes de financiación.
80. Los organismos de financiación de la vivienda sirven al mercado
convencional pero no siempre atienden de manera adecuada las distintas
necesidades de grandes sectores de la población, en particular los miembros de
grupos vulnerables y desfavorecidos, las personas que viven en la pobreza y las
de bajos ingresos. Para lograr una mayor movilización de los recursos
nacionales e internacionales para la financiación de la vivienda y para
extender crédito a más hogares, es necesario integrar la financiación de la
vivienda en el sistema financiero general y emplear los instrumentos
existentes, o elaborar otros nuevos cuando sea necesario, para satisfacer las
necesidades financieras de las personas que tienen un acceso limitado al
crédito o que carecen por completo de él.
Medidas
81. Con objeto de aumentar la eficacia de los actuales sistemas de financiación
de la vivienda, los gobiernos a los niveles apropiados deben:
- adoptar políticas que aumenten la movilización de recursos para la
financiación de la vivienda y permitan conceder más créditos a las personas
que viven en la pobreza, manteniendo al mismo tiempo la solvencia de los
sistemas de crédito;
- reforzar la eficiencia de los actuales sistemas de financiación de la
vivienda;
- hacer que los sistemas de financiación de la vivienda sean más
accesibles y erradicar todas las formas de discriminación contra las
personas que solicitan créditos;
- promover la transparencia, la responsabilidad y el empleo de prácticas
éticas en las transacciones financieras apoyadas por marcos jurídicos y
normativos eficaces;
- establecer, cuando sea preciso, un conjunto amplio y detallado de leyes
sobre la propiedad y de derechos de propiedad y aplicar leyes de ejecución
de hipotecas para facilitar la participación del sector privado;
- alentar al sector privado a que movilice recursos para hacer frente a la
demanda variable de vivienda, incluida la vivienda de alquiler, la
conservación y rehabilitación;
- apoyar la competitividad de los mercados hipotecarios y, según proceda,
facilitar el desarrollo de mercados secundarios y la titularización;
- descentralizar, según proceda, las operaciones crediticias de los
mercados hipotecarios y alentar al sector privado a actuar de igual modo, a
fin de ofrecer mayor acceso físico al crédito, especialmente en las zonas
rurales;
- alentar a todas las instituciones crediticias a que mejoren la gestión y
eficiencia de sus operaciones;
- fomentar programas hipotecarios comunitarios asequibles a las personas
que viven en la pobreza, en especial las mujeres, a fin de aumentar su
capacidad productiva brindándoles acceso al capital, los recursos, el
crédito, la tierra, la tecnología y la información para que puedan
incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida y su situación
en la familia.
82. A fin de crear nuevos sistemas de financiación de la vivienda, según
proceda, los gobiernos a los niveles apropiados deben:
- aprovechar las posibilidades que ofrecen los arreglos financieros no
tradicionales, alentando a las comunidades a formar cooperativas de
vivienda y de desarrollo comunitario de toda índole, especialmente para el
suministro de viviendas económicas;
- revisar y fortalecer el marco jurídico y normativo y la base
institucional para movilizar a los prestamistas no tradicionales;
- fomentar, en particular eliminando obstáculos legales y administrativos,
el aumento de cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones de crédito,
bancos de cooperación, cooperativas de seguros y otras instituciones
financieras no bancarias, y establecer mecanismos de ahorro en el sector no
estructurado, en particular para la mujer;
- apoyar la formación de asociaciones entre dichas cooperativas e
instituciones de financiación, públicas o de otro tipo, como medio eficaz
para movilizar el capital local y ponerlo a disposición de empresarios
locales e iniciativas comunitarias para el desarrollo de la vivienda y la
infraestructura;
- facilitar la labor de sindicatos, organizaciones de agricultores, de
mujeres y de consumidores, organizaciones de personas con discapacidades y
otras asociaciones de grupos interesados, para que establezcan sus propias
instituciones y sistemas financieros, a nivel local o en régimen de
cooperativa;
- fomentar el intercambio de información sobre innovaciones en materia de
financiación de la vivienda;
- apoyar a las organizaciones no gubernamentales y su capacidad para
propiciar el desarrollo, según proceda, de pequeñas cooperativas de ahorro.
83. A fin de facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden recurrir a
los sistemas financieros existentes, los gobiernos deben revisar y
racionalizar, cuando proceda, sistemas de subvenciones mediante políticas que
aseguren su viabilidad, equidad y transparencia, permitiendo así la entrada en
el mercado de muchas personas que no tienen acceso al crédito ni a la vivienda.
Garantizar el acceso a infraestructura y servicios básicos
84. La infraestructura y los servicios básicos a nivel comunitario comprenden,
entre otros, abastecimiento de agua potable, saneamiento, eliminación de
desechos, asistencia social, servicios de transporte y comunicaciones, energía,
servicios de salud y de emergencia, escuelas, seguridad ciudadana y la
ordenación de los espacios abiertos. La carencia de servicios básicos
adecuados, componente esencial de la vivienda, menoscaba gravemente la salud
humana, la productividad y la calidad de vida, particularmente en el caso de
las personas que viven en condiciones de pobreza en la ciudad y en el campo.
Las autoridades locales y de los estados o provincias, según el caso, son las
principales responsables de prestar o facilitar los servicios, que deben estar
reglamentados por una legislación y unas normas apropiadas. Los gobiernos
centrales deben apoyar la capacidad de las autoridades locales para
administrar, explotar y mantener la infraestructura y los servicios básicos. No
obstante, hay otros muchos agentes, incluidos el sector privado y las
organizaciones comunitarias y no gubernamentales, que pueden participar en la
prestación y la gestión de servicios bajo la coordinación de los gobiernos a
los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales.
Medidas
85. A fin de salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de todas las
personas, mejorar sus condiciones de vida y ofrecer infraestructura y servicios
básicos adecuados y asequibles, los gobiernos a los niveles apropiados,
incluidas las autoridades locales, deben de promover:
- el abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente y el acceso a
ese servicio;
- servicios adecuados de saneamiento y de control de desechos;
- una adecuada movilidad mediante el acceso a transportes públicos
económicos y físicamente accesibles y a otros servicios de comunicación;
- acceso a los mercados y al comercio minorista para la compra
y la venta de artículos de primera necesidad;
- la prestación de servicios sociales, en especial para los grupos y
comunidades desfavorecidos;
- el acceso a instalaciones comunitarias, incluidos los lugares de culto;
- el acceso a fuentes sostenibles de energía;
- tecnologías ecológicamente racionales y la planificación, suministro y
conservación de infraestructura, incluidos caminos, calles, parques y
espacios abiertos;
- un elevado nivel de seguridad ciudadana;
- el empleo de diversos mecanismos de planificación que permitan una
participación útil a fin de reducir los efectos negativos sobre los
recursos biológicos, como los bosques y las tierras agrícolas de buena
calidad, que pudiesen resultar de las actividades en materia de
asentamientos humanos;
- sistemas de planificación y ejecución que integren todos los factores
mencionados en el diseño y la ordenación de asentamientos humanos
sostenibles.
86. A fin de asegurar el suministro más equitativo de sistemas de
infraestructura y servicios básicos, los gobiernos a los niveles apropiados,
incluidas las autoridades locales, deben:
- colaborar con todas las partes interesadas para ofrecer terreno
habilitado y asignar espacio suficiente para los servicios básicos y para
las zonas de esparcimiento y espacios abiertos cuando preparen nuevos
planes y mejoren los existentes;
- contar con las comunidades locales, particularmente las mujeres, los
niños y las personas con discapacidad, en el proceso de adopción de
decisiones y en el establecimiento de prioridades para la prestación de
servicios;
- hacer participar, alentar y prestar asistencia, cuando proceda, a las
comunidades locales, particularmente a las mujeres, los niños y las
personas con discapacidad, en el proceso de establecimiento de normas para
las instalaciones comunitarias y en la explotación y conservación de esas
instalaciones;
- apoyar la labor de los grupos académicos y profesionales en la
evaluación de las necesidades de infraestructura y de servicios a nivel
comunitario;
- facilitar la movilización de fondos de todas las partes interesadas,
particularmente del sector privado, a fin de que se realicen mayores
inversiones;
- establecer mecanismos de apoyo que permitan que las personas que viven
en la pobreza y los desfavorecidos puedan acceder a la infraestructura y
los servicios básicos;
- eliminar los obstáculos legales, comprendidos los relativos a la
tenencia y el crédito, que niegan a la mujer la igualdad de acceso a los
servicios básicos;
- fomentar el diálogo entre todas las partes interesadas para contribuir a
la prestación de servicios básicos y de infraestructura.
87. A fin de asegurar la eficiencia de la infraestructura y la prestación de
servicios, así como su funcionamiento y conservación, los gobiernos a los
niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:
- establecer mecanismos para fomentar la gestión autónoma, transparente y
responsable de los servicios a nivel local;
- establecer un entorno propicio para alentar al sector privado a
participar en la gestión eficiente y competitiva y la prestación de
servicios básicos;
- fomentar la aplicación de tecnologías adecuadas y ecológicamente
racionales para la infraestructura y la prestación de servicios de manera
económica;
- fomentar las asociaciones con el sector privado y con organizaciones sin
fines de lucro a los efectos de administrar y prestar servicios; cuando sea
necesario, mejorar la capacidad normativa del sector público; y establecer
políticas de precios que garanticen la sostenibilidad económica y la
utilización eficiente de los servicios, así como el acceso de todos los
grupos sociales a esos servicios en condiciones de igualdad;
- cuando proceda y sea factible, establecer relaciones de asociación con
grupos comunitarios para la construcción, el funcionamiento y la
conservación de la infraestructura y los servicios.
- Mejorar la planificación, el diseño, la construcción, la conservación y
la rehabilitación.
88. A causa de la rápida urbanización, el crecimiento demográfico y la
industrialización, a menudo no existen o son de baja calidad los conocimientos
técnicos, los materiales y la financiación que se necesitan para planificar,
proyectar, construir, conservar y rehabilitar viviendas, infraestructuras y
otros servicios. Las políticas del sector público y las inversiones privadas
deben propiciar el adecuado suministro de materiales de construcción,
tecnología de construcción y financiación transitoria que sean eficaces en
relación con el costo a fin de evitar los estrangulamientos y distorsiones que
obstaculizan el desarrollo de las economías locales y nacionales. Al mejorar la
calidad y disminuir los costos de producción, las viviendas y otras estructuras
serán más duraderas, estarán mejor protegidas contra los desastres, estarán al
alcance de las personas de bajos ingresos y serán accesibles para las personas
con discapacidad, lo que permitirá contar con un medio vital más adecuado.
Deben aprovecharse las posibilidades de creación de empleo y otros efectos
socioeconómicos positivos de carácter externo del sector de la construcción; su
actividad debe estar en armonía con el medio ambiente y debe aprovecharse su
aportación al crecimiento económico global, todo lo cual redundaría en
beneficio de la sociedad en general. Debe, asimismo, ofrecerse apoyo
institucional en forma de normas industriales y controles de calidad, en los
que se debe insistir en el ahorro de energía, la salud, la facilidad de acceso
y la seguridad y protección de los consumidores.
89. Para atender las necesidades reales de las personas, las familias y sus
comunidades no se puede considerar la vivienda de manera aislada. Para mejorar
las condiciones de vida, es esencial proporcionar servicios e instalaciones
sociales adecuados, mejorar y racionalizar la planificación urbana y los
proyectos de viviendas para que tengan debidamente en cuenta las necesidades
reales de las comunidades, y prestar la asistencia técnica y de otra índole que
proceda a los habitantes de los asentamientos no planificados.
Medidas
90. Para atender debidamente la necesidad de que la planificación, el diseño,
la construcción, la conservación y la rehabilitación de las viviendas, la
infraestructura y otras instalaciones sean adecuadas, los gobiernos a los
niveles apropiados deben:
- alentar y apoyar las investigaciones y los estudios encaminados a
fomentar y desarrollar las técnicas, normas y baremos autóctonos de
planificación y diseño con el fin de adecuarlos a las necesidades reales de
las comunidades locales;
- alentar la participación pública en la evaluación de las necesidades
reales de los usuarios, particularmente las necesidades de uno y otro sexo,
como medida integrada del proceso de planificación y diseño;
- alentar el intercambio de experiencias a nivel regional e internacional
en relación con las mejores prácticas y facilitar la transferencia de
técnicas de planificación, diseño y construcción;
- reforzar la capacidad de las instituciones de capacitación y las
organizaciones no gubernamentales de aumentar y diversificar la oferta de
trabajadores de la construcción calificados y fomentar la formación de
aprendices, particularmente de mujeres;
- concertar contratos con organizaciones comunitarias y, cuando proceda,
con el sector no estructurado, con el fin de planificar, diseñar,
construir, conservar y rehabilitar viviendas y servicios locales,
particularmente en asentamientos de bajos ingresos, insistiendo en el
aumento de la participación y, por ende, en los beneficios a corto y a
largo plazo para las comunidades locales;
- reforzar la capacidad de los sectores público y privado de proporcionar
infraestructuras, recurriendo, cuando proceda, a métodos económicos que
requieran gran densidad de mano de obra, lo que tendrá importantes
consecuencias para la creación de empleo;
- fomentar las investigaciones, el intercambio de información y el fomento
de la capacidad en materia de tecnologías de construcción, conservación y
rehabilitación que sean asequibles y técnica y ecológicamente racionales;
- ofrecer incentivos a los ingenieros, arquitectos, urbanistas y
contratistas y a sus clientes para que proyecten y construyan estructuras e
instalaciones accesibles y de bajo consumo de energía utilizando recursos
locales y para que se reduzca el consumo de energía en los edificios que ya
están en uso;
- ofrecer capacitación a los profesionales y técnicos del sector de la
construcción y la urbanización para que actualicen sus conocimientos
teóricos y prácticos con el fin de fomentar la elaboración de programas de
vivienda que satisfagan los intereses y las necesidades de la mujer, las
personas con discapacidad y los grupos desfavorecidos y garanticen su
participación en todas las fases del proceso de construcción de viviendas;
- adoptar normas adecuadas de planificación, diseño, construcción,
conservación y rehabilitación y velar por su cumplimiento;
- apoyar las iniciativas del sector privado de ofrecer préstamos
transitorios a los constructores a tipos de interés razonables;
- apoyar a los grupos profesionales ofreciendo asistencia técnica en
materia de planificación, diseño, construcción, conservación,
rehabilitación y gestión a organizaciones comunitarias, organizaciones no
gubernamentales y otras organizaciones que realicen actividades de
autoayuda y de desarrollo comunitario;
- reforzar y hacer más transparentes los sistemas públicos de regulación e
inspección;
- colaborar con asociaciones profesionales para examinar y revisar las
normas y reglamentos de construcción, teniendo en cuenta las normas
técnicas vigentes, las prácticas de construcción y de planificación, las
condiciones locales y la agilidad de los trámites administrativos, así como
adoptar normas de evaluación cuando proceda;
- ayudar a las organizaciones no gubernamentales y otros grupos a lograr
la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y las
personas con discapacidad en la planificación, el diseño y la construcción
de viviendas adecuadas a sus necesidades concretas de índole personal y
familiar.
91. A fin de fomentar y apoyar un suministro suficiente de materiales básicos
de construcción de producción local, ecológicamente racionales, asequibles y
duraderos, los gobiernos a los niveles apropiados y en colaboración con todas
las demás partes interesadas, deben:
- alentar y apoyar, cuando proceda, el establecimiento y la expansión de
pequeñas industrias locales y ecológicamente racionales dedicadas a la
fabricación de materiales de construcción, así como la expansión de su
producción y de la comercialización, recurriendo, entre otras cosas, a
incentivos legales y fiscales, a la concesión de créditos, a la labor de
investigación y desarrollo y a la información;
- cuando proceda, adoptar políticas y directrices para favorecer la
competencia leal en el mercado de los materiales de construcción, con una
mayor participación de todas las partes locales interesadas, y establecer
mecanismos públicos para aplicar esas políticas y directrices;
- fomentar el intercambio de información y de tecnologías adecuadas de
construcción ecológicamente racionales, asequibles y accesibles y facilitar
la transferencia de tecnología;
- prestando la debida atención a las necesidades en materia de seguridad,
volver a formular y adoptar, cuando proceda, normas y reglamentos de
construcción para fomentar y permitir la utilización de materiales de
construcción de bajo costo en proyectos de viviendas y utilizar esos
materiales en obras públicas;
- cuando proceda, fomentar relaciones de asociación con el sector privado
y las organizaciones no gubernamentales a fin de crear mecanismos para la
producción y distribución comerciales de materiales de construcción básicos
destinados a programas de construcción basados en la autoayuda;
- evaluar periódicamente los progresos realizados para conseguir los
objetivos mencionados.
92. A fin de reforzar la capacidad local de producción de materiales y de
técnicas de construcción ecológicamente racionales, los gobiernos a los niveles
apropiados, incluidas las autoridades locales, y en cooperación con todas las
partes interesadas, deben:
- intensificar y apoyar las investigaciones encaminadas a descubrir
productos sustitutivos de los recursos no renovables o utilizar esos
recursos de manera óptima, y reducir sus efectos contaminantes, prestando
especial atención al reciclaje, a la reutilización de los materiales de
desecho y al aumento de la reforestación;
- alentar y fomentar la aplicación de tecnologías de fabricación de bajo
consumo de energía, ecológicamente racionales y seguras, respaldadas por
normas adecuadas y medidas de regulación eficaces;
- adoptar políticas y prácticas de explotación de minas y canteras que
entrañen perjuicios mínimos para el medio ambiente.
93. La vulnerabilidad y las desventajas suelen deberse a la marginalización y
la exclusión de las tendencias socioeconómicas predominantes y de los procesos
de adopción de decisiones, así como a la falta de acceso en condiciones de
igualdad a los recursos y las oportunidades. Si se aspira a reducir la
vulnerabilidad y las desventajas, es necesario mejorar y garantizar el acceso
de los pertenecientes a los grupos vulnerables y desfavorecidos a la vivienda,
la financiación, la estructura, los servicios sociales básicos, los mecanismos
de protección social y los procesos de adopción de decisiones. Se entiende que
no todos los pertenecientes a los grupos vulnerables y desfavorecidos son
vulnerables y desfavorecidos en todo momento. La vulnerabilidad y las
desventajas se deben fundamentalmente a las circunstancias, y no a las
características inherentes. A partir del reconocimiento de que la
vulnerabilidad y las desventajas se ven afectadas, entre otras cosas, por las
condiciones imperantes en el sector de la vivienda y por la disponibilidad, la
imposición y la eficacia de la protección legal que garantiza la igualdad de
acceso a los recursos y las oportunidades, algunos miembros de determinados
grupos tienen más probabilidades de ser vulnerables y de sufrir desventajas en
lo que respecta a la vivienda y a las condiciones de los asentamientos humanos.
Los pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos están en situación de
especial riesgo cuando no gozan de seguridad en la tenencia o cuando carecen de
servicios básicos o se enfrentan con efectos ecológicos o de salud
desproporcionadamente negativos o pueden verse excluidos, inadvertida o
deliberadamente, del mercado o de los servicios de vivienda.
94. Se debe reconocer que la vivienda adecuada es un elemento importante del
cuidado y la asistencia especiales a que tienen derecho los niños y sus
familias, así como los niños que viven fuera de la familia o carecen de ella.
Debe prestarse especial atención a las necesidades de los niños que viven en
circunstancias difíciles.
95. Una vivienda inadecuada o la falta de vivienda contribuyen a menoscabar la
dignidad y la salud de los refugiados, otras personas desplazadas que necesitan
protección internacional y los desplazados internos. Es necesario reforzar el
apoyo a la protección y la asistencia internacionales que se prestan a los
refugiados, en especial a las mujeres y los niños refugiados, que son
particularmente vulnerables.
Medidas
96. A fin de eliminar los obstáculos y erradicar la discriminación en el
suministro de viviendas, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las
autoridades locales, deben:
- examinar y revisar las estructuras jurídicas, fiscales y normativas que
constituyen obstáculos en el sector de la vivienda;
- recurrir, cuando proceda, a la legislación, los incentivos y
otros medios para respaldar a las organizaciones de grupos vulnerables y
desfavorecidos con objeto de que puedan defender sus intereses y participar más
activamente en el proceso de adopción de decisiones económicas, sociales y
políticas a nivel local y nacional;
- promulgar normas y reglamentos encaminados a impedir la discriminación y
las barreras y, en caso de que existan esas leyes y reglamentos, velar por
su cumplimiento;
- colaborar con las cooperativas del sector privado y las comunidades
locales y otras partes interesadas para sensibilizarlas acerca de la
necesidad de eliminar los prejuicios y la discriminación en las
transacciones y los servicios relacionados con la vivienda;
- estudiar la posibilidad de pasar a ser partes en los instrumentos
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que tratan, entre otras
cosas, de las necesidades concretas y especiales de los grupos vulnerables,
como la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, la
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así
como las Normas Uniformes sobre la Equiparación de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad;
- fomentar sistemas de transporte público que sean asequibles y
accesibles, con objeto de que haya una gama más amplia de viviendas y
trabajos a disposición de los grupos vulnerables;
- lograr que los grupos vulnerables y desfavorecidos tengan acceso a la
información y oportunidades de participar en el proceso local de adopción
de decisiones sobre las cuestiones comunitarias y de vivienda que les
afecten;
- ampliar el alcance de los servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento para que los grupos vulnerables y desfavorecidos tengan acceso
a cantidades suficientes de agua potable y a un saneamiento higiénico.
97. A fin de satisfacer las necesidades de vivienda de los grupos vulnerables,
los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, y en
colaboración con todas las partes interesadas, deben:
- facilitar a los grupos más vulnerables, cuando proceda, subvenciones,
servicios sociales y mecanismos de protección social de diversa índole que
sean transparentes y estén orientados a fines concretos;
- colaborar con el sector privado, las entidades sin fines de lucro, las
organizaciones comunitarias y otros agentes para facilitar vivienda
adecuada a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, esforzándose
especialmente por eliminar todos los obstáculos físicos que impidan a las
personas con discapacidad y a las personas de edad llevar una vida
independiente;
- esforzarse por ofrecer, cuando proceda, instalaciones especiales y
diversas soluciones para el alojamiento de las personas pertenecientes a
grupos vulnerables, como albergues para las mujeres objeto de malos tratos
o alojamientos comunes para personas con discapacidad mental o física;
- ofrecer un entorno que permita a las personas pertenecientes a grupos
vulnerables participar en la vida social, económica y política de su
comunidad y su país.
98. A fin de reducir la vulnerabilidad, los gobiernos a los niveles apropiados,
incluidas las autoridades locales, deben:
- colaborar con las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones
comunitarias para ayudar a los miembros de los grupos vulnerables a
conseguir seguridad en la tenencia;
- proteger a todas las personas contra los desalojos forzosos que son
contrarios a la ley y proporcionarles protección legal y formas de ponerles
remedio, teniendo en cuenta las consideraciones de derechos humanos; cuando
los desalojos sean inevitables, asegurarse, cuando proceda, de que se
ofrezcan otras soluciones idóneas;
- fomentar y apoyar programas e iniciativas de autoayuda en materia de
vivienda;
- fomentar, cuando proceda, el cumplimiento y la aplicación de todas las
leyes en materia de salud y medio ambiente, particularmente en las zonas de
bajos ingresos en las que viven grupos vulnerables;
- facilitar la adopción de medidas encaminadas, entre otras cosas,
a garantizar la seguridad jurídica de la tenencia, el fomento de la capacidad y
el mejoramiento del acceso al crédito, lo cual, junto con las subvenciones y
otros instrumentos financieros, puede constituir una estructura de protección
que reduzca la vulnerabilidad;
- aplicar políticas que faciliten el acceso de los grupos vulnerables a la
información y las consultas con ellos;
- facilitar el acceso de los grupos vulnerables a la información jurídica
y a la asistencia letrada;
- fomentar la utilización de mecanismos de prevención y mitigación de los
desastres, así como la preparación para casos de desastre, con objeto de
reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente a los desastres
naturales, tecnológicos y causados por el hombre.
99. La rápida urbanización, la concentración de la población urbana en las
grandes ciudades, la expansión de las ciudades en zonas geográficamente más
amplias y el rápido crecimiento de las megalópolis se encuentran entre las
transformaciones más importantes de los asentamientos humanos. Para el año
2005, la mayoría de la población mundial vivirá en zonas urbanas y el 40aproximadamente serán niños. Las zonas urbanas influirán poderosamente en el
mundo del siglo XXI, y las poblaciones urbanas y rurales serán cada vez más
interdependientes para su bienestar económico, ambiental y social. Entre los
factores económicos y sociales que influyen en este proceso, se encuentran el
crecimiento demográfico y las migraciones voluntarias e involuntarias, las
oportunidades de empleo reales y aparentes, las expectativas culturales, los
cambios en las pautas de consumo y producción y los serios desequilibrios y
disparidades entre las distintas regiones.
100. Dada la magnitud de los problemas que plantean los asentamientos humanos,
la sociedad debe valorar y aprovechar el saber, los conocimientos y la
capacidad de cada persona. El desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos exige acciones cooperativas y complementarias entre las partes
interesadas. La combinación de partes interesadas adecuada para la
participación puede ser distinta en cada caso, según quién tenga la
responsabilidad en esa situación o esté afectado por ella. En general, entre
las partes interesadas hay mujeres y hombres de todas las edades,
administraciones públicas al nivel apropiado, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, empresas, organizaciones
laborales y ecológicas.
101. La sostenibilidad del medio ambiente mundial y de la vida humana no se
alcanzará a menos que, entre otras cosas, los asentamientos humanos, tanto en
las zonas urbanas como en las rurales, sean económicamente pujantes,
socialmente dinámicos y ecológicamente sanos, y se respete plenamente el
patrimonio cultural, religioso y natural y su diversidad. Los asentamientos
urbanos encierran una promesa de desarrollo humano y de protección de los
recursos naturales gracias a su capacidad para mantener a muchas personas
limitando al mismo tiempo su impacto sobre el medio natural. Sin embargo,
muchas ciudades están registrando pautas dañinas de crecimiento, de producción
y consumo, de uso del suelo, de movilidad y de degradación de su estructura
física. Esos problemas son con frecuencia sinónimos de contaminación de la
tierra, el aire y el agua, despilfarro de recursos y destrucción de los
recursos naturales. Algunos asentamientos humanos están también sujetos a
limitaciones en lo que se refiere al abastecimiento de agua, el saneamiento y
el drenaje, así como a una dependencia de fuentes de energía tóxicas y no
renovables y a una pérdida irreversible de la biodiversidad. Muchas de estas
tendencias se ven agravadas o aceleradas por un elevado crecimiento demográfico
y por la magnitud de la migración de las zonas rurales a las urbanas. Los
factores demográficos, combinados con la pobreza y la carencia de recursos y
pautas insostenibles de producción y consumo, especialmente en los países
industrializados, pueden causar o exacerbar los problemas de degradación
ambiental y agotamiento de los recursos, con lo que inhiben un desarrollo
sostenible. En consecuencia, un mundo en gran medida urbanizado implica que el
desarrollo sostenible dependerá sobre todo de la capacidad de las zonas urbanas
y metropolitanas para administrar los sistemas de producción y consumo, así
como de transporte y eliminación de desechos, necesarios para preservar el
medio ambiente.
102. La administración pública municipal puede contribuir eficazmente a que los
asentamientos humanos sean viables, equitativos y sostenibles, puesto que ese
nivel de administración es el más próximo al ciudadano. Es necesario que los
gobiernos reconozcan la función esencial de las autoridades locales en lo que
respecta a proporcionar servicios y poner al ciudadano en condiciones de lograr
el desarrollo económico, el bienestar social y la protección medioambiental de
sus comunidades locales, así como en lo concerniente a la cooperación
internacional entre autoridades locales. Las autoridades locales pueden
construir, explotar y mantener la infraestructura económica, social y
medioambiental, supervisar los procesos de planificación, fijar políticas
ecológicas locales y prestar asistencia en la aplicación de políticas
ecológicas nacionales y subnacionales. Desempeñan un papel vital en lo que
respecta a educar y movilizar a los ciudadanos y responder a la demanda pública
para promover el desarrollo sostenible.
103. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, la comunidad internacional acordó una serie de objetivos y medidas
encaminados a fomentar el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
En el capítulo 7 del Programa 21 se desarrolló el concepto de "enfoque
facilitador" en el sector de los asentamientos humanos, en virtud del cual con
una asociación entre los sectores público, privado y comunitario se procuraba
mejorar la calidad social, económica y ecológica de los asentamientos humanos y
las condiciones de vida y de trabajo de todos los ciudadanos, en particular de
quienes viven en la pobreza en las zonas urbanas y rurales. Se atribuyó
especial importancia a la participación de grupos comunitarios, mujeres,
indígenas, ancianos y personas con discapacidad en el proceso de adopción de
decisiones. El Programa 21 pone de relieve la necesidad de que las autoridades
locales trabajen en cooperación con todas las partes interesadas, incluidos los
individuos, los grupos sociales y el sector privado, para promover y aplicar
estrategias eficaces de desarrollo sostenible.
104. En el proceso de urbanización, las políticas y programas de desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas, requieren fuertes instituciones administrativas subnacionales que
trabajen en asociación con todas las partes interesadas. En muchos países esas
instituciones son todavía débiles y su eficacia se ve amenazada por los
problemas crecientes del regionalismo político y las luchas étnicas. Todas
estas preocupaciones y exigencias hacen necesario un enfoque regional y
transectorial de la planificación de los asentamientos humanos que destaque las
vinculaciones entre zonas rurales y urbanas y considere a las aldeas y las
ciudades como dos extremos de una serie continua de asentamientos humanos en un
ecosistema común.
105. Cada vez más, las ciudades tienen una red de conexiones que se extienden
mucho más allá de sus límites. El desarrollo urbano sostenible exige que se
considere la capacidad de carga de todo el ecosistema que apoya ese desarrollo,
comprendidas las medidas para prevenir y mitigar los efectos ambientales
adversos que se producen fuera de las zonas urbanas. La eliminación deficiente
de desechos provoca la degradación del medio ambiente natural: se ven afectados
acuíferos, zonas costeras, recursos oceánicos, pantanos, hábitat naturales,
bosques y otros ecosistemas frágiles, así como la tierra natal de los pueblos
indígenas. Toda circulación transfronteriza de desechos y sustancias peligrosas
debe realizarse de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes por
las partes en dichos acuerdos. La rápida urbanización de las zonas costeras
está causando el rápido deterioro de los ecosistemas costeros y marinos.
106. La diversidad de tipos de asentamientos humanos es un elemento clave para
crear sociedades justas y sostenibles. Es preciso mejorar las condiciones de
vida y de trabajo en todos los asentamientos humanos, incluidos los centros
urbanos regionales, los centros de servicios rurales, las pequeñas comunidades
rurales, las ciudades de mercado y las aldeas, haciendo especial hincapié en la
vivienda, la infraestructura social y física y los servicios. El mantenimiento
y desarrollo de los asentamientos rurales exigen unas actividades agrícolas y
forestales sostenibles y tecnologías agrícolas perfeccionadas, así como una
diversificación económica y un aumento de las oportunidades de empleo mediante
el estímulo de una inversión adecuada y ambientalmente sostenible en la
industria y en las actividades conexas de producción económica y servicios.
107. A fin de mitigar los desequilibrios en el desarrollo geográfico de los
asentamientos humanos y de potenciar con eficacia la creación de una economía
dinámica, los gobiernos a los niveles apropiados, deben formar asociaciones con
las partes interesadas pertinentes a fin de fomentar el desarrollo sostenible y
la ordenación de ciudades de todos los tamaños y crear las condiciones
necesarias para que estas diferentes ciudades ofrezcan oportunidades de empleo
y servicios en el proceso de lograr el desarrollo económico, el bienestar
social y la protección del medio ambiente. Deben concebir estrategias y apoyar
medidas que aborden los problemas de los movimientos de población que dan lugar
a una concentración demográfica extrema en algunas zonas, ejercen presión sobre
ecosistemas frágiles como las zonas costeras y ocasionan pérdidas de población
en otras zonas.
108. La cooperación internacional, incluida la cooperación entre ciudades, es
necesaria y mutuamente beneficiosa para fomentar el desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos. Según el contexto y las necesidades de las ciudades,
los centros urbanos y las aldeas de cada país y región, debe prestarse especial
atención a las cuestiones más críticas, como los cambios de las pautas de
producción y consumo, el uso eficaz de la energía, la ordenación sostenible de
los recursos y la administración del uso del suelo, la población y la salud, la
erradicación de la pobreza, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la
eliminación de desechos, la prevención, mitigación, preparación y control de
los desastres, el patrimonio cultural, natural e histórico, así como la
protección del medio ambiente, la industria, la infraestructura y servicios
básicos como los servicios de salud y de educación. Hábitat II constituye una
oportunidad para examinar a fondo el efecto que los sistemas actuales de
desarrollo de los asentamientos humanos tendrán en la capacidad para conseguir
los objetivos fijados en conferencias recientes de las Naciones Unidas. Es
indispensable seguir con mucha atención las tendencias del desarrollo urbano
para la viabilidad del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos tanto
en las zonas rurales como en las urbanas.
109. La tierra es esencial para proporcionar alimentos, agua y energía a muchos
sistemas vivos y tiene una importancia crítica para la actividad humana. En
zonas de rápido crecimiento urbano es cada vez más difícil acceder a la tierra
por las demandas potencialmente contradictorias que se derivan de la vivienda,
la industria, el comercio, la infraestructura, el transporte, la agricultura y
por la necesidad de espacios abiertos y zonas verdes, así como la protección de
ecosistemas frágiles. Por otra parte, el costo creciente del suelo urbano y
otros factores impiden que las personas que viven en la pobreza y los miembros
de otros grupos vulnerables y desfavorecidos tengan acceso a tierras
suficientes, cuya ubicación no plantee especiales riesgos económicos,
ambientales o de salud para los residentes, por razones tales como la
proximidad de instalaciones industriales contaminantes, condiciones geográficas
inapropiadas o exposición a los desastres naturales. La armonización del
desarrollo de las zonas urbanas con el medio ambiente natural y el sistema
general de asentamientos es una de las tareas básicas que deben emprenderse
para conseguir un mundo urbanizado sostenible. Entre los instrumentos para
lograr un desarrollo físicamente más equilibrado figuran no sólo políticas
urbanas y regionales específicas y medidas jurídicas, económicas, financieras,
culturales y de otro tipo, sino también métodos innovadores de planificación y
diseño de ciudades, desarrollo, renovación y ordenación urbanos. Es preciso que
las políticas y los problemas nacionales, subnacionales y locales estén
integrados. En este sentido, los Estados deben adoptar ampliamente el principio
de precaución, estipulado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, según su capacidad y es conveniente que recurran a evaluaciones de
los efectos ambientales y sociales.
110. El uso de la tierra está estrechamente relacionado con la gestión de los
recursos hídricos debido a la necesidad crítica de proteger los acuíferos y
otros recursos de agua dulce de los efectos dañinos causados por los
asentamientos humanos. Debe prestarse especial atención a ubicar las
actividades que puedan ser peligrosas fuera de las zonas frágiles. Es preciso
proteger los océanos y las zonas costeras de la contaminación procedente de la
tierra.
111. Muchas ciudades están utilizando indebidamente tierras periféricas para
actividades urbanas, mientras que tierras habilitadas e infraestructuras ya
existentes no se desarrollan ni utilizan plenamente. Para evitar un crecimiento
desequilibrado, insalubre e insostenible de los asentamientos humanos es
necesario fomentar pautas de uso de la tierra que minimicen la demanda de
transporte, ahorren energía y protejan los espacios abiertos y las zonas
verdes. Una densidad urbana adecuada y directrices para la utilización mixta de
las tierras son de capital importancia para el desarrollo urbano. Deben volver
a examinarse cuidadosamente las políticas y los planes de desarrollo
nacionales, subnacionales y locales a fin de asegurar una utilización óptima de
la tierra y un desarrollo económico geográficamente más equilibrado, que
incluya la protección de las indispensables tierras de cultivo, tierras que
mantengan la diversidad biológica, la calidad del agua y la reposición de las
aguas subterráneas, las zonas frágiles, como las costeras, así como otras zonas
vulnerables que es necesario proteger.
112. Los espacios verdes y la cubierta vegetal en las zonas urbanas y
periurbanas son esenciales para el equilibro biológico e hidrológico y el
desarrollo económico. La vegetación crea hábitat naturales y permite una mejor
absorción del agua de lluvia por medios naturales, lo que supone un ahorro en
la gestión de los recursos de agua. Asimismo, las zonas verdes y la vegetación
desempeñan una función importante en lo que respecta a reducir la contaminación
del aire y crear condiciones climáticas más adecuadas, mejorando de esta forma
el medio vital en las ciudades. Unas buenas actividades agrícolas
ecológicamente adecuadas y el suministro de tierras comunes son elementos que
deben integrarse en la planificación de las zonas urbanas y periurbanas.
Medidas
113. Los gobiernos a los niveles adecuados, incluidas las autoridades locales y
otras partes interesadas, con el apoyo de las instituciones internacionales y
regionales pertinentes, deben apoyar los esfuerzos de los asentamientos humanos
por establecer pautas y planes sostenibles de uso del suelo urbano y, a tal
fin, deben:
- establecer, según proceda, marcos jurídicos para facilitar el desarrollo
y la aplicación, a nivel nacional, subnacional y local, de planes y
políticas públicos de desarrollo urbano sostenible y de rehabilitación,
utilización de la tierra y vivienda, así como el mejoramiento de la gestión
del crecimiento urbano;
- promover mercados de bienes raíces eficientes y accesibles que respondan
a la demanda y satisfagan las necesidades de la comunidad;
- desarrollar, según proceda, incentivos fiscales y medidas de ordenación
territorial, incluidas soluciones para la planificación del uso de la
tierra de modo que sea posible un aprovechamiento más racional y sostenible
de los limitados recursos de tierras;
- prestar mayor atención a satisfacer las necesidades de inversión de
capital en los asentamientos humanos mediante estrategias y políticas de
movilización de los recursos que faciliten un mayor flujo de inversiones
privadas para el desarrollo urbano en aquellas zonas que contribuyan a la
adopción de pautas sostenibles de uso de la tierra;
- alentar la formación de asociaciones entre los sectores público, privado
y voluntario y otras partes interesadas a fin de gestionar los recursos de
tierras para el desarrollo urbano sostenible;
- promover las iniciativas de planificación urbana, vivienda y política
industrial que desaconsejen el establecimiento de centros industriales
peligrosos en zonas residenciales;
- prevenir o minimizar la contaminación y la exposición a la contaminación
procedente de instalaciones industriales, y fomentar al mismo tiempo
iniciativas de planificación urbana, vivienda y política industrial que
desalienten el establecimiento desproporcionado de instalaciones
industriales contaminantes en zonas habitadas por personas que viven en la
pobreza o pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos;
- desarrollar y apoyar la aplicación de mejores métodos de ordenación
territorial que integren globalmente las necesidades contradictorias de
suelo urbano para la vivienda, la industria, el comercio, la
infraestructura, el transporte, espacios verdes y zonas arboladas, teniendo
en cuenta la necesidad de espacios para actividades cotidianas, como
parques infantiles, jardines, campos de deportes, zonas de esparcimiento y
terrenos adecuados para la jardinería y la agricultura urbana;
- fomentar la planificación integrada del uso de la tierra, las
comunicaciones y el transporte a fin de promover pautas de desarrollo que
reduzcan la demanda de transporte;
- desarrollar y aplicar planes integrados de ordenación de las zonas
costeras con el fin de garantizar un desarrollo y una conservación
adecuados de los recursos del litoral;
- fomentar el uso de instrumentos y el aumento de la capacidad de
vigilancia y de información transparente sobre el medio urbano, basados en
indicadores apropiados de los resultados conseguidos por las ciudades en el
terreno ecológico, social y económico;
- institucionalizar un enfoque participativo de los asentamientos urbanos
sostenibles mediante el desarrollo y apoyo de estrategias y mecanismos que
propicien un diálogo abierto e inclusivo entre todas las partes
interesadas, prestando especial atención a las necesidades y prioridades de
las mujeres, las minorías, los niños, los jóvenes, las personas con
discapacidad, las personas de edad y las personas que viven en la pobreza y
la exclusión;
- fomentar en los asentamientos humanos las mejores prácticas comunitarias
de ordenación territorial;
- reforzar la capacidad de ordenación integrada del medio ambiente.
114. Para desarrollar y apoyar una ordenación territorial mejorada e integrada,
los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales,
deben:
- desarrollar sistemas integrados de información territorial y de
cartografía;
- establecer, según proceda, estructuras para la aplicación de las leyes y
reglamentos sobre ordenación territorial con el fin de que dicha aplicación
y las apelaciones sean más eficaces y efectivas;
- desarrollar el mercado de bienes raíces mediante el establecimiento de
un marco jurídico eficaz que incorpore preocupaciones ambientales y abarque
los diversos sistemas de tenencia;
- desarrollar, con la participación de todas las partes interesadas,
estrategias globales y ecológicamente correctas de uso de la tierra a nivel
local.
115. La promoción de asentamientos humanos equitativos, socialmente viables y
estables está inextricablemente ligada a la erradicación de la pobreza. La
comunidad internacional comparte las preocupaciones del Año Internacional y del
Decenio Internacional para la Erradicación de la Pobreza y reconoce también la
feminización de la pobreza. La pobreza tiene diversas manifestaciones, como la
carencia de hogar y las viviendas inadecuadas. La erradicación de la pobreza
requiere, entre otras cosas, políticas macroeconómicas correctas encaminadas a
crear oportunidades de empleo, acceso igual y universal a las oportunidades
económicas (así como iniciativas especiales para facilitar el acceso de los
grupos desfavorecidos); actividades de educación y capacitación que fomenten
medios de vida sostenibles mediante el empleo y el trabajo productivos
libremente elegidos, y servicios sociales básicos, incluidos servicios
sanitarios. Sin embargo, no hay soluciones universales que se puedan aplicar
equitativamente. Las personas que viven en la pobreza deben poder influir en
todos los aspectos de la vida política, económica y social participando en ella
por libre elección. Otros elementos clave de una estrategia de reducción de la
pobreza son las políticas orientadas a reducir las desigualdades, aumentar las
oportunidades, mejorar y dar acceso, según proceda, a los recursos, al empleo y
a los ingresos; ofrecer protección social a los que no pueden mantenerse a sí
mismos; reconocer las necesidades y aptitudes especiales de las mujeres;
desarrollar los recursos humanos; mejorar la infraestructura, incluidas las
comunicaciones, y hacerla más accesible; y promover políticas nacionales para
atender a las necesidades básicas de todos.
Medidas
116. Con el fin de fomentar la igualdad de acceso y la prestación justa y
equitativa de servicios en los asentamientos humanos, los gobiernos a los
niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:
- formular y aplicar políticas de desarrollo de los asentamientos humanos
que garanticen un acceso igual a los servicios básicos y el mantenimiento
de los mismos, incluidos los relacionados con la seguridad alimentaria, la
educación, el empleo y los medios de subsistencia, los servicios básicos de
atención sanitaria, el agua potable y el saneamiento, la vivienda adecuada,
el acceso a espacios abiertos y zonas verdes, dando prioridad a las
necesidades y derechos de las mujeres y los niños, que con frecuencia
soportan la mayor carga de la pobreza;
- cuando proceda, reorientar los recursos públicos para estimular la
gestión comunitaria de los servicios y la infraestructura y fomentar la
participación del sector privado y los residentes locales, incluidas las
personas que viven en la pobreza, las mujeres, las personas con
discapacidad, los indígenas y los miembros de grupos desfavorecidos, en lo
que se refiere a la determinación de los servicios públicos necesarios, la
planificación y el diseño del espacio, el suministro y mantenimiento de
infraestructura urbana y de espacios abiertos y zonas verdes.
117. Para fomentar la integración social, los gobiernos a los niveles
apropiados, incluidas las autoridades locales, reconociendo la importancia de
las contribuciones voluntarias, y en estrecha cooperación con organizaciones no
gubernamentales, organizaciones comunitarias, el sector cooperativo y
fundaciones públicas y privadas, deben:
- prohibir las prácticas discriminatorias excluyentes relacionadas con la
vivienda, el empleo y el acceso a los servicios sociales y culturales;
- ofrecer oportunidades y espacios físicos para estimular la interacción
positiva entre grupos culturalmente diversos;
- conseguir la participación de grupos e individuos marginados y/o
desfavorecidos en la planificación, las decisiones, la vigilancia y la
evaluación relacionadas con el desarrollo de los asentamientos humanos; y
- estimular, en cooperación con las partes interesadas pertinentes,
comprendidos los padres en lo que respecta a la educación de sus hijos, la
elaboración de programas escolares, programas de educación y centros
comunitarios para desarrollar la comprensión y la cooperación entre
miembros de diversas culturas.
118. La pobreza urbana y rural y el desempleo representan graves limitaciones
para el desarrollo de los asentamientos humanos. Con el fin de combatir la
pobreza, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades
locales, y en asociación con todas las partes interesadas pertinentes,
incluidas las organizaciones de trabajadores y empresarios, deben:
- estimular oportunidades de empleo productivo que generen ingresos
suficientes para conseguir un nivel de vida adecuado para todos, al tiempo
que garantizan la igualdad de oportunidades de empleo y salario para las
mujeres y fomentan la creación de oportunidades de empleo en el hogar y en
sus proximidades, particularmente para las mujeres que viven en la pobreza
y para las personas con discapacidad;
- perseguir el objetivo de garantizar puestos de trabajo de calidad y
salvaguardar los derechos y los intereses básicos de los trabajadores y,
con este fin, fomentar libremente el respeto de los convenios pertinentes
de la Organización Internacional del Trabajo, comprendidos los relativos a
la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo de los niños, a la
libertad de asociación, al derecho de sindicación y de negociación
colectiva, así como el respeto del principio de no discriminación;
- mejorar las políticas destinadas a reducir los peligros que el medio
ambiente puede causar a la salud y proporcionar al sector no estructurado y
a todos los trabajadores información accesible sobre cómo aumentar la
seguridad en el trabajo y reducir los peligros para la salud;
- fomentar, según proceda, inversiones y métodos de gran densidad de mano
de obra y costos razonables a fin de proporcionar, rehabilitar y mantener
la infraestructura y los servicios de los asentamientos;
- fomentar sistemas de contratación y adquisición que faciliten, según
convenga, la participación del sector privado local, incluidos los pequeños
empresarios y contratistas y, cuando proceda, el sector no estructurado y
el sector comunitario en la provisión de bienes y servicios públicos
básicos;
- garantizar que las personas que viven en la pobreza tengan acceso a los
recursos productivos, como el crédito, la tierra, la educación y la
capacitación, la tecnología, los conocimientos y la información, así como
los servicios públicos, y que de esta forma tengan oportunidad de
participar en la adopción de decisiones en un contexto normativo y
regulador que les permita beneficiarse de las oportunidades económicas y de
empleo;
- fomentar el acceso al crédito y a modalidades alternativas e innovadoras
de financiación con avales y garantías flexibles para las mujeres y para
quienes viven en la pobreza, incluidos los que trabajan en el sector no
estructurado, las empresas familiares y las pequeñas empresas;
- promover bancos cooperativos de la comunidad y reinversiones
empresariales responsables en las comunidades locales;
- fomentar y reforzar las empresas productivas, incluidas las
microempresas y las pequeñas empresas privadas y del sector cooperativo y
ampliar las oportunidades de mercado, empleo y capacitación para las
mujeres, los hombres y los jóvenes, incluidas las personas con discapacidad
y, cuando proceda, reforzar las conexiones entre el sector no estructurado
y el estructurado;
- fomentar donde convenga un rápido acceso de los desempleados,
especialmente de las personas que viven en la pobreza, a la educación y la
formación profesional;
- vincular entre sí pequeñas empresas independientes mediante redes
manufactureras flexibles;
- establecer y reforzar programas concebidos para mejorar la capacidad
administrativa de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales,
entre ellas las organizaciones de la juventud, a nivel comunitario y local,
inclusive la evaluación de las necesidades, el establecimiento y diseño de
proyectos, la gestión financiera, la ejecución de proyectos y el análisis,
seguimiento y evaluación de los resultados;
- estimular el establecimiento de las organizaciones de base comunitaria,
las organizaciones voluntarias privadas y otras organizaciones no
gubernamentales que contribuyan a los esfuerzos por erradicar la pobreza;
- estudiar la creación de estructuras de apoyo cuasi públicas que den
aliento a las empresas interrelacionadas basadas en la comunidad mediante
el suministro de asistencia a la elaboración, la comercialización y la
distribución de productos manufacturados en la comunidad;
- dar a conocer mejor las oportunidades de empleo a través de los medios
de difusión.
119. Con el fin de fomentar una planificación y gestión de los asentamientos
humanos en que se tengan en cuenta las necesidades de uno y otro sexo, los
gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, y en
colaboración con grupos de mujeres y otras partes interesadas, deben:
- adoptar, cuando proceda, reglas y normas y establecer directrices de
planificación que tengan en cuenta las necesidades y situaciones de hombres
y mujeres, muchachas y muchachos, en relación con la planificación, el
desarrollo y la adopción de decisiones en materia de asentamientos humanos,
y en la provisión de servicios básicos y de acceso a ellos, inclusive el
transporte público y los servicios de salud y educación;
- tener presente, en el proceso de planificación, que con frecuencia las
mujeres forman parte del sector no estructurado y utilizan su hogar para
realizar actividades económicas o mercantiles;
- fomentar estructuras representativas, garantizando al mismo tiempo la
participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres;
- establecer directrices normativas y programas que estimulen y fomenten
la participación de los grupos de mujeres en todos los aspectos del
desarrollo comunitario relacionados con la infraestructura ambiental y el
suministro de servicios urbanos básicos y alienten a las mujeres a crear
sus propias cooperativas y a participar en otras;
- promover cambios de actitudes, estructuras, políticas, leyes y otras
prácticas relativas a los sexos a fin de eliminar todos los obstáculos a la
dignidad humana y la igualdad en la familia y la sociedad, y promover la
participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y los
hombres, comprendidas las personas con discapacidad, en la vida social,
económica y política, entre otras cosas en la formulación, la aplicación y
el seguimiento de políticas y programas públicos;
- fomentar políticas económicas que tengan un efecto positivo en el empleo
y los ingresos de las trabajadoras tanto en el sector estructurado como en
el no estructurado y adoptar medidas concretas para abordar la cuestión del
desempleo de la mujer, en particular el desempleo a largo plazo;
- eliminar las barreras jurídicas y consuetudinarias, donde existan, que
se oponen a la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra y las finanzas
y a su control;
- fomentar el acceso en condiciones de igualdad a todos los niveles de la
educación para las mujeres adultas y jóvenes;
- establecer programas para resolver la pobreza absoluta existente entre
las mujeres de las zonas rurales, insistiendo especialmente en su necesidad
de vivienda y empleo adecuados;
- producir y difundir datos desglosados por sexo, procurando que las
estadísticas se reúnan, compilen, analicen y presenten por edades y sexos;
establecer mecanismos de supervisión en las estructuras gubernamentales e
incorporar los resultados pertinentes en las principales políticas de
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
- sensibilizar más a la comunidad respecto de los problemas con que se
enfrentan las mujeres que viven en la pobreza, carecen de hogar, las
mujeres migrantes, las refugiadas, otras mujeres desplazadas que necesitan
protección internacional y las desplazadas en sus propios países,
especialmente acerca de los problemas relacionados con las vejaciones
físicas y sexuales, y preparar respuestas comunitarias adecuadas;
- garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la vivienda, la tierra
y los servicios públicos en las zonas urbanas y rurales, de conformidad con
la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.
120. Con el fin de desarrollar plenamente el potencial de los jóvenes y de
prepararlos para asumir un papel responsable en el desarrollo de los
asentamientos humanos, los gobiernos, a los niveles apropiados, incluidas las
autoridades locales, y en asociación con el sector privado, organizaciones
juveniles no gubernamentales y otras organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de base comunitaria, deben:
- tener en cuenta las preocupaciones de la juventud en todas las
políticas, estrategias, proyectos y programas nacionales, subnacionales y
locales pertinentes;
- potenciar a la juventud apoyando y valorando su capacidad de desempeñar
un papel activo y creador en el establecimiento de comunidades sostenibles;
- proporcionar acceso en condiciones de igualdad a la educación básica,
prestando especial atención a las personas que viven en la pobreza y a los
jóvenes que viven en las zonas rurales y haciendo frente a las limitaciones
impuestas por la distancia, la falta de medios educacionales y las barreras
sociales y económicas;
- adoptar medidas especiales para reducir la tasa de deserción escolar a
todos los niveles de la educación mediante una educación más pertinente y
de mejor calidad y facilitar el acceso de los que abandonan los estudios a
medios de vida sostenibles;
- utilizar la educación, tanto académica como no académica, y las
actividades y los programas de formación profesional, promover -en
colaboración con la juventud- programas de empleo y de desarrollo de las
aptitudes profesionales que refuercen la capacidad de la juventud para
participar plenamente en los procesos sociales, económicos y políticos de
los asentamientos humanos;
- eliminar la explotación sexual y económica de muchachas y niños,
mejorando su calidad de vida e intensificando su contribución al desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos;
- estimular las campañas de sensibilización y otras medidas preparadas y
aplicadas por la juventud, a fin de fomentar la apreciación por los jóvenes
del patrimonio histórico, natural, religioso, espiritual y cultural y su
toma de conciencia de los valores ecológicos y de las consecuencias
ambientales de sus pautas de producción, consumo, de comportamiento y
éticas, especialmente las relacionadas con una vivienda adecuada para todos
y con el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
121. A fin de promover una planificación y una gestión de los asentamientos
humanos en las que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad, los
gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:
- promover la aprobación de leyes, reglas y normas, y elaborar directrices
y programas de planificación en los que se tengan en cuenta las necesidades
concretas de las personas con discapacidad, incluidas las que padecen
enfermedades crónicas, en todo lo relativo a la planificación, el
desarrollo y la adopción de decisiones en materia de asentamientos humanos;
- fomentar la aprobación de leyes y políticas que garanticen a las
personas con discapacidad el pleno acceso a todos los nuevos edificios e
instalaciones públicos, vivienda pública y sistemas públicos de transporte,
y además fomentar el acceso a los edificios e instalaciones, viviendas y
transportes ya existentes, siempre que sea posible, especialmente
aprovechando las renovaciones que se introduzcan;
- promover estructuras representativas que garanticen la igualdad y la
plenitud de oportunidades de participación a las personas con discapacidad;
- eliminar las barreras a las comunicaciones, a fin de reducir el
aislamiento físico y social que padecen las personas con discapacidad,
adoptando medidas como la preparación y difusión de información,
especialmente información al público, en formatos adecuados;
- promover la igualdad de acceso de las personas con discapacidad a todos
los niveles de la educación y la formación profesional;
- producir y difundir datos desglosados presentados por edades, sexos y
situación laboral; establecer mecanismos de supervisión en las estructuras
gubernamentales e incorporar los resultados pertinentes en las principales
políticas de desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
- reconocer que las personas con discapacidad son expertas en cuanto a sus
propias necesidades de vivienda y entorno comunitario, que deberían
encargarse de adoptar las decisiones sobre las vivienddas adecuadas para
ellas y que deben participar en el diseño y la ejecución de las viviendas
que les están destinadas;
- sensibilizar más a la comunidad respecto de los problemas de atención de
salud que deben afrontar las personas con discapacidad y preparar
respuestas comunitarias apropiadas;
- proporcionar a las personas con discapacidad atención de salud de
calidad y asequible;
- elaborar políticas y directrices y prestar servicios que permitan alojar
a las personas con discapacidad en viviendas comunitarias;
- elaborar y poner en práctica programas que permitan a las personas con
discapacidad tener las mismas oportunidades de obtener una remuneración
suficiente para alcanzar un nivel de vida adecuado;
- tener presente, en el proceso de planificación, que con frecuencia las
personas con discapacidad utilizan su hogar para realizar actividades
económicas o mercantiles;
- promover actividades deportivas, recreativas y culturales para las
personas con discapacidad.
122. A fin de promover el progreso constante de los indígenas y de garantizar
su plena participación en el desarrollo de las zonas rurales y urbanas en que
viven, con el pleno respeto de sus culturas, idiomas, tradiciones, educación,
organizaciones sociales y tipos de asentamiento, los gobiernos y los dirigentes
de las comunidades indígenas deben, en el contexto nacional:
- adoptar medidas especiales para aumentar su capacidad de producción,
garantizando su pleno acceso en condiciones de igualdad a los servicios
sociales y económicos y su participación en la elaboración y la aplicación
de políticas que afectan a su desarrollo;
- apoyar las actividades económicas de los indígenas, a fin de mejorar sus
condiciones y su desarrollo, y lograr su interacción segura con economías
de más entidad;
- integrar a las mujeres indígenas, sus perspectivas y sus conocimientos,
en pie de igualdad con los hombres, en la adopción de decisiones sobre los
asentamientos humanos, comprendida una gestión sostenible de los recursos,
así como la elaboración de políticas y programas para el desarrollo
sostenible, entre ellos, y en particular, los ideados para enfrentarse con
la degradación ambiental de las tierras y cortarla;
- ocuparse de las necesidades particulares de los niños indígenas y sus
familias, especialmente de los que viven en la pobreza, con lo cual podrán
beneficiarse plenamente de los programas de desarrollo económico y social.
123. Para prevenir, reducir y eliminar la violencia y la delincuencia, los
gobiernos a los niveles apropiados, especialmente a nivel local y en
colaboración con todas las partes interesadas, deben:
- diseñar, crear y mantener asentamientos humanos habitables en los que se
fomente la utilización de los espacios públicos como centros de vida
comunitaria, de modo que no se transformen en lugares propicios para las
actividades delictivas;
- sensibilizar a la opinión al respecto e impartir educación, en un
esfuerzo por mitigar el delito y la violencia y reforzar la sociedad;
- fomentar la prevención de la delincuencia mediante el desarrollo social
y la búsqueda de formas de ayudar a las comunidades a hacer frente a los
factores subyacentes que menoscaban la seguridad ciudadana y propician la
delincuencia, por ejemplo, haciendo frente a problemas críticos como la
pobreza, la desigualdad, las tensiones familiares, el desempleo, la falta
de oportunidades de educación y de trabajo y la inexistencia de atención de
salud, comprendidos los servicios de salud mental;
- alentar a los jóvenes y a los niños, en particular a los niños de la
calle, a convertirse en partes interesadas en su propio futuro y en el de
su comunidad por medio de la educación, el esparcimiento y la capacitación
y el asesoramiento para obtener empleo, actividades que puedan atraer
inversiones del sector privado y el apoyo de organizaciones sin fines de
lucro;
- incrementar la seguridad de la mujer en la comunidad, teniendo en cuenta
en las políticas y los programas de prevención de la delincuencia las
necesidades de uno y otro sexo; ello puede lograrse procurando que los
encargados de aplicar esas políticas conozcan y comprendan mejor las
causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra la mujer;
- establecer programas encaminados a perfeccionar las aptitudes de los
líderes locales en materia de formación de grupos, solución de conflictos e
intervenciones;
- cuando proceda, promover la seguridad personal y reducir el temor
mejorando los servicios de policía, exigiéndoles una mayor responsabilidad
ante la comunidad a la que prestan servicios, y estimulando y facilitando,
siempre que sea posible, la adopción de medidas y sistemas legítimos de
prevención de la delincuencia basados en la comunidad;
- ofrecer sistemas de justicia locales que sean accesibles, económicos,
imparciales, ágiles y humanitarios, entre otras cosas facilitando y
fortaleciendo, cuando proceda, las instituciones y los procedimientos
tradicionales existentes para resolver controversias y conflictos;
- impulsar el establecimiento de programas y proyectos basados en la
participación voluntaria, especialmente de los niños, los jóvenes y las
personas de edad, para prevenir la violencia, inclusive la violencia en el
hogar, y la delincuencia;
- adoptar medidas concertadas y urgentes para desmantelar las redes
internacionales y nacionales de proxenetismo.
124. A fin de proteger a las personas vulnerables y a las que se encuentran en
situación desventajosa, los gobiernos a los niveles apropiados, en colaboración
con todas las partes interesadas, deben cooperar a fin de:
- adoptar políticas y programas económicos, sociales y ambientales
integrados, transparentes y atentos a las cuestiones que afecten a uno y
otro sexo, en beneficio de las zonas desfavorecidas y de las zonas que se
caracterizan por fenómenos de exclusión social;
- facilitar la participación de organizaciones locales, entre ellas
consejos de ancianos, grupos de mujeres, movimientos populares, grupos de
jóvenes y de niños, y organizaciones de personas con discapacidad, así como
otras organizaciones de base comunitaria, en los procesos de adopción de
decisiones relativas a los programas de bienestar social;
- promover y establecer asociaciones operacionales con iniciativas de
bienestar social y desarrollo de la comunidad;
- mejorar la planificación y el diseño de los asentamientos humanos a fin
de responder concretamente a las necesidades de las personas vulnerables y
en situación desventajosa, en especial las personas con discapacidad.
125. La calidad de vida y las actividades de todas las personas en los
asentamientos humanos están estrechamente relacionadas con los cambios y los
modelos demográficos, en particular, el crecimiento, la estructura y la
distribución de la población, y las variables de desarrollo como la educación,
la salud y la nutrición, los niveles de utilización de los recursos naturales,
el estado del medio ambiente y el ritmo y la calidad del desarrollo económico y
social.
126. Los movimientos de población dentro de los países y entre ellos, incluido
el crecimiento muy rápido de las ciudades, así como la distribución regional
desequilibrada de la población, deben tenerse en cuenta para asegurar la
sostenibilidad de los asentamientos humanos.
Medidas
127. A fin de atender a las cuestiones relativas a la población que afectan a
los asentamientos humanos y de integrar plenamente las preocupaciones
demográficas en las políticas sobre asentamientos humanos, los gobiernos a los
niveles apropiados, incluidas las autoridades locales y otras partes
interesadas, deben:
- velar por que se tengan debidamente en cuenta las cuestiones
demográficas en los procesos de adopción de decisiones, especialmente los
relativos a la planificación y la ordenación urbanas y regionales, la
infraestructura básica y la prestación de servicios básicos u otras
políticas conexas;
- de ser necesario, crear o mejorar bases de datos, en particular, datos
desglosados por sexo y edad, y recopilar y analizar datos a fin de
facilitar una información de referencia que pueda utilizarse para prever
mejor el crecimiento de la población en ciudades, pueblos y aldeas;
- fomentar la toma de conciencia, el conocimiento y la comprensión de los
efectos de los cambios demográficos y de las variables de desarrollo en los
asentamientos humanos a todos los niveles de la sociedad mediante campañas
de información pública, y actividades de comunicación que se centren en la
importancia y pertinencia de las cuestiones relacionadas con la población y
en las medidas responsables necesarias para resolver esas cuestiones, en
particular la salud, la planificación familiar y los modelos de consumo y
producción compatibles con un desarrollo sostenible;
- estudiar la necesidad de planear, diseñar y construir asentamientos
humanos sostenibles teniendo en cuenta su efecto en el medio ambiente, a
fin de aliviar las presiones actuales -y evitar las futuras- de la
población y el desarrollo en las zonas urbanas y rurales.
128. Los asentamientos humanos sostenibles dependen de la creación de un
entorno mejor para la salud y el bienestar humanos, que mejore las condiciones
de vida de las personas y reduzca las disparidades en su calidad de vida. La
salud de la población depende por lo menos tanto del control de los factores
ambientales que perjudican la salud como de las respuestas clínicas a las
enfermedades. Los niños son particularmente vulnerables a un medio urbano
dañino y deben ser protegidos. Las medidas preventivas son tan importantes como
disponer de tratamiento y atención de salud apropiados. Por lo tanto, es
esencial dar un enfoque integrado a la salud en el que la prevención y la
atención se sitúen en el contexto de la política ambiental y reciban apoyo de
sistemas eficaces de gestión y planes de acción que prevean objetivos fijados
en función de las necesidades y capacidades locales.
129. Los problemas de salud relacionados con condiciones ambientales adversas,
incluida la falta de abastecimiento de agua pura y saneamiento, la eliminación
inadecuada de desechos, el drenaje deficiente, la contaminación del aire y la
exposición a niveles excesivos de ruido, así como servicios de salud
ineficientes e inadecuados, afectan muy negativamente a la calidad de vida de
millones de personas y a su contribución general a la sociedad. Pueden agravar
asimismo las tensiones y desigualdades sociales y aumentar la vulnerabilidad de
las personas a los efectos de los desastres. Un enfoque integrado del
suministro de infraestructura ecológicamente adecuada en los asentamientos
humanos, en particular para las personas que viven en la pobreza en zonas
rurales y urbanas, constituye una inversión en el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos que puede mejorar la calidad de vida, reducir los efectos
negativos sobre el medio ambiente, mejorar la salud general de la población y
reducir la carga de la inversión en medicina curativa y mitigación de la
pobreza.
130. Muchos riesgos para la salud relacionados con la contaminación son
particularmente elevados en las zonas urbanas, así como en las zonas de bajos
ingresos, a causa de la mayor concentración de contaminantes procedentes, por
ejemplo, de la industria, el tránsito de vehículos, las emanaciones de las
cocinas y la calefacción, la sobrepoblación y la eliminación inadecuada de
desechos sólidos y líquidos. Los riesgos ambientales en el hogar y en el lugar
de trabajo pueden tener un efecto desproporcionado sobre la salud de las
mujeres y los niños en razón de su diferente susceptibilidad a los efectos
tóxicos de diversas sustancias químicas, de su diferente exposición a ellos y
del carácter de las tareas que frecuentemente realizan las mujeres. Los riesgos
ambientales en el hogar pueden tener además un efecto desproporcionado sobre
los niños.
131. Muchos contaminantes ambientales, como los materiales radiactivos y los
contaminantes orgánicos persistentes, se introducen en la cadena alimentaria y
en definitiva en los seres humanos, con lo cual ponen en peligro la salud de
las generaciones actuales y futuras.
132. La exposición a metales pesados, en particular el plomo y el mercurio,
puede tener efectos nocivos persistentes en la salud y el desarrollo del ser
humano y en el medio ambiente. Los niños y las personas que viven en la pobreza
suelen ser particularmente vulnerables; los efectos de un alto grado de
concentración de plomo en el desarrollo intelectual de los niños son
irreversibles, lo que es motivo de especial preocupación. Existen opciones
eficaces y asequibles que permiten evitar muchos usos de esos metales. Deben
buscarse sustitutos apropiados de los productos que no permiten controlar ni
mitigar la exposición al plomo.
133. Las pautas insostenibles y antieconómicas de producción y consumo provocan
también mayores problemas de eliminación de desechos. Es esencial intensificar
los esfuerzos encaminados a reducir al mínimo la producción y el vertimiento de
desechos y a estimular el reciclado y reaprovechamiento en la mayor medida
posible, así como la eliminación del resto de manera ecológicamente racional.
Ello requerirá cambios de actitudes y pautas de consumo, así como del diseño de
edificios y vecindarios y modalidades innovadoras, eficientes y sostenibles de
control de desechos.
134. Se reconoce que el diseño de las zonas edificadas tiene repercusiones
sobre el bienestar y la conducta de las personas y, por lo tanto, sobre su
salud. El buen diseño de las viviendas nuevas y su mejoramiento y
rehabilitación es importante para crear condiciones de vida sostenibles. El
diseño de edificios altos para viviendas debe complementar el marco del barrio
en que están situados. En particular, el desarrollo en gran escala de viviendas
ubicadas en edificios altos puede traer consigo inconvenientes sociales y
ambientales; por consiguiente, es preciso prestar especial atención a la
calidad del diseño, incluidos los aspectos de escala y altura, al mantenimiento
apropiado, la inspección técnica periódica y las medidas de seguridad.
135. La habitabilidad de las zonas edificadas es muy importante para la calidad
de la vida en los asentamientos humanos. La calidad de la vida supone la
existencia de los atributos que permiten atender a aspiraciones diversificadas
y crecientes que van más allá de la satisfacción de las necesidades básicas de
los ciudadanos. La habitabilidad guarda relación con las características y
cualidades de espacio, entorno social y medio ambiente que contribuyen
singularmente a dar a la gente una sensación de bienestar personal y colectivo
e infundirle la satisfacción de residir en un asentamiento determinado. Las
aspiraciones a la habitabilidad varían de un lugar a otro y evolucionan y
cambian con el tiempo. También difieren según las poblaciones que integran las
comunidades. Por lo tanto, las condiciones para que haya asentamientos humanos
habitables presuponen una democracia que funcione y en la que estén
institucionalizados los procesos y mecanismos de participación, dedicación
cívica y fomento de la capacidad.
Medidas
136. A fin de mejorar la salud y el bienestar de todas las personas a lo largo
de su vida, en particular de las personas que viven en la pobreza, los
gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, en
asociación con otras partes interesadas, deben:
- formular y ejecutar planes o estrategias nacionales, subnacionales y
locales de salud y fortalecer los servicios de higiene ambiental para
prevenir, mitigar y hacer frente a las enfermedades y a la mala salud
resultantes de las malas condiciones de vida y de ambiente de trabajo y las
condiciones de la gente que vive en la pobreza, y seguir tratando de
alcanzar el objetivo del Programa 21 de lograr un mejoramiento de los
indicadores de salud de un 10 a un 40
- adoptar medidas para prevenir y controlar la contaminación del aire, el
agua y el suelo y reducir los niveles de ruido, cuando sea apropiado, y
desarrollar sistemas preventivos y curativos apropiados de atención de
salud y garantizar el acceso a ellos con objeto de enfrentar los problemas
de salud conexos;
- velar por la investigación adecuada de la forma y la medida en que las
mujeres y los niños son particularmente susceptibles o están expuestos a la
degradación y los riesgos ambientales, inclusive, en caso necesario, la
investigación y la recolección de datos sobre grupos determinados de
mujeres y niños, en particular las mujeres de bajos ingresos, las indígenas
y las pertenecientes a minorías;
- mejorar las condiciones de la vivienda a fin de mitigar los riesgos para
la salud y la seguridad, en particular los riesgos de las mujeres, las
personas de edad, los niños y las personas con discapacidad, que están
relacionados con las actividades en el hogar;
- aumentar a todos los niveles la capacidad de administración efectiva de
la higiene ambiental;
- formular y ejecutar programas que garanticen el acceso universal de las
mujeres a lo largo de toda su vida a una gama completa de servicios de
atención de salud, incluidos los relacionados con la salud reproductiva,
que incluye la planificación de la familia y la salud sexual, de forma
compatible con lo dispuesto en el Informe de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo;
- formular criterios, según corresponda, respecto de los niveles máximos
permitidos de exposición a ruidos en condiciones de seguridad y fomentar el
control y la evaluación de los ruidos como parte de los programas de
higiene ambiental;
- dar a conocer mejor la interdependencia del medio ambiente y la salud y
desarrollar en las comunidades los conocimientos, las actitudes y las
prácticas necesarios para mejorar la salud personal y de la comunidad, con
especial atención a la higiene;
- promover, según corresponda, la planificación y el buen diseño de los
asentamientos humanos, tanto en las urbanizaciones nuevas como en el
mejoramiento y la rehabilitación de otras, haciendo hincapié a la vez en la
calidad estética y en la calidad técnica y funcional, racional y
sostenible, a fin de enriquecer y mejorar la calidad general de vida de las
personas;
- establecer procesos para aumentar el intercambio de información,
experiencia y asistencia técnica entre gobiernos nacionales, subnacionales
y locales, inclusive al mismo nivel de la administración, y entre sectores
para el mejoramiento de la higiene ambiental;
- conseguir que se dé la debida prioridad y se faciliten recursos
adecuados, a nivel nacional, regional e internacional, para combatir la
amenaza que representan para los individuos y la salud pública la rápida
difusión del VIH/SIDA en todo el mundo y la reaparición de enfermedades
importantes como la tuberculosis, el paludismo, la oncocercosis y las
enfermedades diarreicas, en particular el cólera;
- fomentar condiciones sanas y seguras en el lugar de trabajo para hombres
y mujeres.
137. A fin de mejorar las condiciones ambientales y reducir los desechos
industriales y domésticos y otras amenazas para la salud en los asentamientos
humanos, los gobiernos a los niveles apropiados, en asociación con todas las
partes interesadas, deben:
- elaborar y aplicar planes y políticas nacionales y locales y programas
intersectoriales específicos que aborden todos los capítulos pertinentes
del Programa 21;
- elaborar leyes y políticas que determinen niveles apropiados de calidad
del medio ambiente, fijen objetivos para la mejora del medio ambiente y
señalen los instrumentos para su consecución de acuerdo con las prioridades
y condiciones nacionales y subnacionales;
- establecer, equipar y fomentar la capacidad para vigilar y evaluar el
cumplimiento de las normas ambientales y la eficacia de su aplicación a
todos los niveles;
- establecer criterios ecológicos con miras a facilitar la selección y
preparación de tecnologías adecuadas y su utilización apropiada;
- reconocer y combatir los efectos desproporcionadamente grandes y
adversos de políticas y programas sobre la salud o el entorno de las
personas que viven en la pobreza y las pertenecientes a grupos vulnerables
y desfavorecidos;
- ofrecer incentivos y desincentivos a fin de fomentar el uso de procesos
de producción y tecnologías no contaminantes y que ahorren energía y agua,
los cuales, entre otras cosas, puedan aumentar las oportunidades económicas
en lo que respecta a la tecnología ambiental, la limpieza del medio
ambiente y los productos ecológicamente adecuados, así como mejorar el
atractivo y la competitividad de los asentamientos humanos para recibir
inversiones económicas;
- ofrecer directrices y capacitación para la aplicación de procedimientos
de evaluación de los efectos sobre la higiene ambiental;
- hacer evaluaciones ambientales y evaluaciones de las consecuencias que
tienen para el medio ambiente los proyectos y planes de desarrollo,
respectivamente, que podrían influir considerablemente en su calidad;
- apoyar mecanismos de consulta y de asociación entre las partes
interesadas para preparar y aplicar planes ambientales locales y programas
relacionados con la aplicación del Programa 21 en el plano local, así como
programas intersectoriales específicos de higiene del medio ambiente;
- sensibilizar a la opinión pública acerca de las cuestiones ambientales y
promover en las comunidades el conocimiento, las actitudes y las prácticas
necesarias para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
- adoptar medidas apropiadas para administrar efectivamente y en
condiciones de seguridad, la utilización de los metales pesados, en
particular el plomo, y eliminar, donde sea posible, toda exposición
incontrolada a esos metales, a fin de proteger la salud humana y el medio
ambiente;
- eliminar cuanto antes la utilización del plomo en la gasolina;
- en cooperación con la comunidad internacional, promover la protección
del entorno de vida y tratar de que la tierra, el aire y el agua
contaminados vuelvan a estar a niveles aceptables para los asentamientos
humanos sostenibles.
138. Reconociendo que es necesario adoptar un enfoque integrado del suministro
de servicios y políticas ambientales que son esenciales para la vida humana,
los gobiernos a los niveles apropiados, en asociación con otras partes
interesadas, deben:
- incorporar de manera integrada los principios y estrategias del Programa
21 y de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: el
principio de precaución, el principio del contaminador pagador, el
principio de prevención de la contaminación, el enfoque por ecosistemas,
incluidas las estrategias relativas a la capacidad de carga y la evaluación
de los efectos ambientales y sociales;
- promover prácticas y pautas de producción y consumo que conserven y
protejan los recursos de agua dulce y agua salada y la capa arable de la
tierra, así como la calidad del aire y del suelo;
- velar por que todos los asentamientos humanos dispongan de agua limpia
lo más pronto posible mediante, entre otras cosas, la adopción y mejora de
la tecnología, y velar por la preparación y aplicación de planes de
conservación y protección del medio ambiente con miras a sanear sistemas
hídricos contaminados y rehabilitar cuencas hidrográficas dañadas;
- lograr cuanto antes que todos los desechos sólidos, incluidos los
peligrosos, y las aguas residuales, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas, se eliminen de forma compatible con las normas nacionales o
internacionales de calidad del medio ambiente;
- fomentar la protección del medio ambiente y la salud pública por medio
de un tratamiento apropiado, el reciclado y la reutilización de sistemas de
saneamiento ecológicamente racionales y el tratamiento y la eliminación de
aguas residuales y desechos sólidos;
- hacer un esfuerzo concertado por reducir la generación de residuos y de
productos de desecho mediante, entre otras cosas, el establecimiento de
objetivos nacionales y locales en materia de reducción de los envases;
- elaborar criterios y metodologías para la evaluación de las
consecuencias ambientales y las necesidades de recursos en el plano local a
lo largo del ciclo vital de productos y procesos;
- elaborar y aplicar mecanismos jurídicos, fiscales y administrativos con
miras a lograr una ordenación integrada de los ecosistemas;
- establecer mecanismos con objeto de asegurar la administración y
conservación transparentes, responsables y económicas de la
infraestructura.
139. A fin de fomentar un entorno saludable que siga manteniendo viviendas
adecuadas para todos y asentamientos humanos sostenibles para la generación
actual y las venideras, los gobiernos, a los niveles apropiados, en
colaboración con todas las partes interesadas, deben:
- promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica
urbana y periurbana, incluidos los bosques, los hábitat locales y la
diversidad de especies; la protección de la diversidad biológica debería
tenerse en cuenta en las actividades locales de planificación del
desarrollo sostenible;
- proteger los recursos forestales existentes y promover, donde sea
posible, la forestación en torno a los asentamientos humanos y en ellos,
con objeto de satisfacer las necesidades básicas relativas a la energía, la
construcción, el ocio y la seguridad alimentaria;
- fomentar, cuando proceda, la creación de cinturones verdes para la
producción y el esparcimiento alrededor de las aglomeraciones urbanas y
rurales con objeto de proteger su medio ambiente y contribuir al
abastecimiento de productos alimentarios;
- reducir considerablemente el deterioro del medio marino causado por
actividades terrestres, incluidos los residuos y desagües municipales,
industriales y agrícolas, que tienen efectos perniciosos sobre las zonas
productivas del medio marino y el litoral;
- procurar que los niños tengan acceso a la naturaleza de forma habitual
por medio de juegos al aire libre y establecer programas de enseñanza para
ayudar a los niños a investigar el entorno de sus comunidades, incluidos
los ecosistemas naturales;
- velar por que todas las partes interesadas tengan oportunidades
adecuadas de participación pública a todos los niveles del proceso de
adopción de decisiones relativas al medio ambiente.
140. La ordenación de los recursos hídricos en los asentamientos humanos
constituye un gran problema para el desarrollo sostenible. Combina la exigencia
de garantizar a todas las personas la satisfacción de la necesidad humana
básica de un suministro seguro de agua potable limpia y la de satisfacer las
demandas contrapuestas de la industria y la agricultura, que son cruciales para
el desarrollo económico y la seguridad alimentaria, sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades de agua.
141. Para hacer frente a ese problema se requiere un enfoque integrado de la
ordenación de los recursos hídricos que tenga en cuenta los vínculos entre el
agua, el saneamiento y la salud, entre la economía y el medio ambiente, y entre
las ciudades y sus alrededores, y que armonice la planificación del uso de la
tierra y las políticas de vivienda con las políticas del sector hídrico y
aplique un enfoque amplio y coherente a fin de fijar y hacer cumplir normas
realistas. Para una ordenación integrada de los recursos hídricos son
indispensables un decidido compromiso político, la cooperación entre sectores y
disciplinas diversos y una colaboración activa de todas las partes interesadas.
A tal fin, los gobiernos a los niveles apropiados, en colaboración con otras
partes interesadas, deben:
- aplicar políticas de ordenación de los recursos hídricos inspiradas en
la idea más amplia de sostenibilidad económica, social y ambiental de los
asentamientos humanos en general y no únicamente en consideraciones
sectoriales;
- establecer estrategias y criterios (biológicos, físicos y de calidad del
agua desde el punto de vista químico) para preservar y restablecer los
ecosistemas acuáticos de manera integrada, tomando en consideración las
cuencas hidrográficas en su totalidad y los recursos vivos que contienen;
- administrar la oferta y la demanda de agua de manera efectiva, que
permita satisfacer las necesidades básicas de los asentamientos humanos y,
al mismo tiempo, tener en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas
naturales;
- promover el establecimiento de asociaciones entre los sectores público y
privado y entre instituciones en los planos nacional y local con objeto de
asignar con mayor eficacia las inversiones en recursos hídricos y
saneamiento y aumentar su operatividad;
- prestar apoyo a los organismos competentes a fin de que aumenten su
capacidad para evaluar la demanda de las comunidades y para incorporar esa
demanda en la planificación de servicios de infraestructura ambiental;
- aplicar las reformas institucionales y legislativas necesarias para
eliminar las redundancias y duplicaciones de funciones y jurisdicciones de
numerosas instituciones sectoriales y para lograr la coordinación eficaz de
esas instituciones en la prestación y administración de servicios;
- elaborar instrumentos económicos y aplicar medidas reguladoras a fin de
reducir el desperdicio de agua y fomentar el reciclado y la reutilización
de aguas residuales;
- idear estrategias para reducir la demanda de los limitados recursos de
agua aumentando la eficiencia de los sectores agrícola e industrial;
- regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos no estructurados
con objeto de alcanzar el nivel mínimo de reconocimiento jurídico necesario
para la provisión de servicios básicos;
- promover la instalación y utilización de sistemas sanitarios eficientes
y seguros, como las letrinas secas, para reciclar las aguas residuales y
los componentes orgánicos de los desechos sólidos municipales y
convertirlos en productos útiles como fertilizantes y biogás;
- tomar en consideración las necesidades de las mujeres al adoptar
decisiones de carácter tecnológico respecto del nivel de servicios básicos
y del acceso a ellos;
- velar por la participación plena y en igualdad de condiciones de la
mujer en todas las decisiones relativas a la conservación y gestión de los
recursos de agua y a las opciones tecnológicas.
142. Para mejorar la habitabilidad de los asentamientos humanos, los gobiernos
a los niveles apropiados, en asociación con otras partes interesadas, deben
promover:
- la plena participación de todas las partes interesadas en la
planificación del espacio, el diseño y las prácticas que contribuyen a la
sostenibilidad, la eficiencia, la conveniencia, la accesibilidad, la
seguridad, la estética, la diversidad y la integración social en los
asentamientos humanos;
- la interacción dentro de los distintos grupos sociales y entre ellos
mediante la creación y mantenimiento de servicios culturales y de una
infraestructura de comunicaciones;
- una oferta suficiente de vivienda accesible para todos;
- legislación para salvaguardar los derechos e intereses de los
trabajadores, a fin de potenciar los derechos de los consumidores y
garantizar la seguridad de tenencia;
- un entorno económico que pueda generar oportunidades de empleo y que
ofrezca una diversidad de bienes y servicios;
- el fomento de la capacidad, el desarrollo institucional y la
participación cívica para contribuir a la integración y a un aumento
general de la productividad en los asentamientos humanos.
143. En una economía en proceso de mundialización, la creciente incidencia de
la contaminación transfronteriza y la transferencia a través de fronteras
nacionales y regiones de tecnologías peligrosas para el medio ambiente puede
representar una grave amenaza para las condiciones ambientales de los
asentamientos humanos y la salud de sus habitantes. Por consiguiente, los
gobiernos deben cooperar con miras a establecer nuevos mecanismos jurídicos
multilaterales a fin de aplicar el principio 13 de la Declaración de Río de
Janeiro, relativo a la elaboración de leyes sobre responsabilidad e
indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en
zonas situadas fuera de su jurisdicción. La comunidad internacional, las
organizaciones internacionales y los gobiernos también deben tratar de
encontrar medidas preventivas apropiadas en los casos en que haya un claro
riesgo de que se produzcan accidentes ambientales importantes que puedan tener
efectos transfronterizos. Además, los Estados deben guiarse por el principio 16
de la Declaración de Río de Janeiro, que recomienda el criterio de que el
responsable de la contaminación corra, en principio, con los gastos que de ella
se deriven.
144. A fin de prevenir la contaminación transfronteriza y reducir al mínimo sus
consecuencias sobre los asentamientos humanos cuando se produce, los gobiernos
deben cooperar con miras a elaborar mecanismos apropiados para evaluar las
consecuencias ambientales de las propuestas de actividades que puedan tener
considerables consecuencias adversas para el medio ambiente, incluida una
evaluación de las observaciones pertinentes formuladas por otros países que
podrían resultar afectados. Los gobiernos deben asimismo cooperar a fin de
elaborar y aplicar mecanismos para la notificación previa y oportuna, el
intercambio de información y la celebración de consultas de buena fe, y la
mitigación de los posibles efectos adversos relacionados con esas actividades,
tomando en consideración los acuerdos e instrumentos internacionales
existentes.
145. La utilización de la energía es esencial para el transporte, la producción
industrial y las actividades domésticas y el trabajo de oficina en los centros
urbanos. La actual dependencia de fuentes de energía no renovables en la
mayoría de los centros urbanos puede provocar cambios climáticos, contaminación
atmosférica y problemas consiguientes para el medio ambiente y la salud humana,
y puede representar una grave amenaza para el desarrollo sostenible. Es posible
mejorar la producción y utilización sostenibles de energía fomentando el
rendimiento energético, por medios como una política de fijación de precios, la
sustitución de combustibles, la utilización de fuentes alternativas de energía,
el transporte público masivo y la sensibilización de la opinión pública. Hay
que coordinar activamente las políticas de asentamientos humanos y de energía.
Medidas
146. A fin de fomentar la utilización eficiente y sostenible de la energía, los
gobiernos a los niveles apropiados, en asociación con el sector privado, las
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de base comunitaria y los
grupos de consumidores, deben, según proceda:
- promover la planificación urbana y rural y concebir soluciones que
propicien la utilización eficaz de la energía y presten la debida atención
a los usuarios finales y a sus actitudes y prácticas;
- instituir medidas apropiadas a fin de fomentar la utilización de fuentes
de energía renovables e inocuas y hacer más eficiente la utilización de la
energía en los asentamientos humanos, velando por que quienes viven en la
pobreza y sus familiares no resulten desfavorecidos;
- fomentar sistemas de alto rendimiento energético, por ejemplo,
introduciendo o apoyando medidas innovadoras y eficientes de generación,
distribución y utilización de energía, como sistemas de calefacción y
refrigeración combinados que aprovechen la recuperación de calor sobrante y
la generación conjunta de calor y electricidad;
- alentar la investigación, el desarrollo y la utilización de sistemas de
transporte no motorizados o de bajo consumo de energía y la utilización de
fuentes de energía renovables y las correspondientes tecnologías, como la
energía solar, la eólica y la derivada de la biomasa;
- alentar a los países, en particular a los países en desarrollo, a
cooperar en el intercambio de conocimientos, experiencia e información
técnica respecto de la eliminación gradual de la gasolina con plomo, entre
otras cosas, mediante la utilización de etanol de biomasa como sustituto
ecológico;
- instituir el cobro de tarifas a los usuarios u otras medidas o modificar
las que ya existan para fomentar un uso doméstico eficaz de la energía;
- estimular, mediante incentivos fiscales u otras medidas, y adoptar
tecnologías de alto rendimiento energético y ecológicamente racionales para
la rehabilitación de las industrias y los servicios existentes y la
creación de otros nuevos;
- prestar apoyo a programas de reducción y neutralización de emisiones de
gases contaminantes que se originen en la generación, distribución y
utilización de energía;
- alentar y promover campañas de educación pública y de información a
través de los medios de difusión para fomentar el reciclado, el
reaprovechamiento y un consumo de energía menor;
- fomentar el empleo de tecnologías de calefacción, refrigeración y
generación de electricidad basadas en la energía solar, el diseño para un
uso eficiente de la energía, la ventilación y un mejor aislamiento de los
edificios para reducir el consumo de energía en su interior;
- promover el empleo en la construcción de productos industriales y
desechos agrícolas inocuos y otros tipos de materiales de construcción
reciclados y que requieren un bajo consumo de energía;
- alentar y fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías nuevas y
ecológicamente racionales, inclusive la reducción de los compuestos
metálicos como componentes de los combustibles usados en el transporte, así
como sistemas racionales de utilización de la energía.
147. Los sistemas de transporte y comunicaciones son la clave del movimiento de
mercancías, personas, información e ideas, el acceso a los mercados, el empleo,
las escuelas y otros servicios y el aprovechamiento de la tierra, tanto dentro
de la ciudades como entre éstas, y en zonas rurales y otras zonas apartadas. El
sector del transporte es un importante consumidor de energía no renovable y de
tierras y contribuye mucho a la contaminación, la congestión y los accidentes.
Mediante una planificación y una política integradas de transporte y uso de la
tierra es posible reducir los efectos negativos de los actuales sistemas de
transporte. Las personas que viven en la pobreza, las mujeres, los niños, los
jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad resultan
especialmente desfavorecidos por la falta de sistemas de transporte público
accesibles, asequibles, seguros y eficientes.
148. Los avances tecnológicos de las comunicaciones pueden tener un efecto
considerable sobre las pautas de actividad económica y los asentamientos
humanos. Es importante tener en cuenta los posibles efectos a fin de conseguir
que la comunidad obtenga los máximos beneficios y reducir los resultados
desfavorables en lo que se refiere al acceso a los servicios.
149. La ordenación del transporte en los asentamientos humanos debe efectuarse
de modo que fomente el acceso adecuado de todos a los lugares de trabajo, la
interacción social y el esparcimiento y facilite importantes actividades
económicas, entre ellas la obtención de alimentos y la satisfacción de otras
necesidades vitales. Simultáneamente, hay que reducir los efectos negativos del
transporte sobre el medio ambiente. En los sistemas de transporte hay que
asignar prioridad a la reducción de los viajes innecesarios mediante políticas
adecuadas de aprovechamiento de la tierra y de comunicaciones; el
establecimiento de políticas de transporte que hagan hincapié en medios de
locomoción que no sean el automóvil; el desarrollo de combustibles alternativos
y de vehículos que los utilicen, el mejoramiento del comportamiento ecológico
de los medios de transporte existentes y la adopción de normas y reglamentos
adecuados sobre precios y otras cuestiones.
150. El transporte no motorizado es un importante medio de locomoción,
especialmente para los grupos de bajos ingresos, vulnerables y desfavorecidos.
Una medida estructural para contrarrestar la marginación socioeconómica de esos
grupos consiste en fomentar su movilidad mediante la promoción de medios de
transporte baratos, eficientes y que economicen energía.
Medidas
151. A fin de lograr sistemas de transporte sostenible en los asentamientos
humanos, los gobiernos a los niveles apropiados, en asociación con el sector
privado, el sector comunitario y otras partes interesadas pertinentes, deben:
- apoyar una política de transporte integrada que explore toda la gama de
opciones técnicas y de gestión y preste la debida atención a las
necesidades de todos los grupos de población, especialmente de aquellos
cuya movilidad se ve limitada por razones de discapacidad, edad, pobreza o
por cualquier otro factor;
- coordinar la ordenación territorial y la planificación del transporte a
fin de fomentar estructuras espaciales para los asentamientos que faciliten
el acceso a necesidades básicas, como los centros de trabajo, las escuelas,
la atención de salud, los lugares de culto, los bienes y servicios y los
lugares de esparcimiento, reduciendo así la necesidad de desplazarse;
- alentar la utilización de una combinación óptima de diversas modalidades
de transporte, inclusive el ir a pie, la bicicleta y los medios de
transporte privados y públicos, mediante la fijación de tarifas apropiadas,
políticas espaciales para los asentamientos y otras medidas reguladoras;
- promover y aplicar medidas disuasorias para evitar el crecimiento cada
vez mayor del tráfico motorizado privado y reducir la congestión, que es
perjudicial desde el punto de vista ambiental, económico y social y también
para la salud y la seguridad humanas, mediante la fijación de tarifas
adecuadas, la regulación del tráfico, los aparcamientos y los métodos de
planificación del uso de la tierra y de control del tráfico, y facilitando
o fomentando medios alternativos efectivos de transporte, sobre todo en las
zonas más congestionadas;
- facilitar o fomentar un sistema de transporte público y comunicaciones
efectivo, barato, físicamente accesible y ecológicamente adecuado, en el
que se dé prioridad a los medios de transporte colectivos, con una
capacidad de carga adecuada y una frecuencia que permita satisfacer las
necesidades básicas y mejorar las principales corrientes de tráfico;
- fomentar, regular y aplicar tecnologías silenciosas, eficientes y de
baja contaminación, por ejemplo, motores de bajo consumo de combustible,
sistemas de control de las emisiones y combustibles con bajo nivel de
emisiones contaminantes y de repercusiones en la atmósfera, así como otras
formas alternativas de energía;
- fomentar y promover el acceso del público a servicios de información
electrónica.
152. Los lugares históricos y los objetos y manifestaciones de valor cultural y
científico, simbólico, espiritual y religioso son importantes expresiones de la
cultura, la identidad y las creencias religiosas de las distintas sociedades.
Se debe realzar su función e importancia, en particular teniendo en cuenta la
necesidad de poseer una identidad y continuidad cultural en un mundo en rápida
evolución. Edificios, espacios, lugares y parajes impregnados de valores
espirituales y religiosos representan elementos importantes de una vida social
estable y humana y del orgullo colectivo. La conservación, rehabilitación,
reutilización y adaptación, respetando debidamente los valores culturales, del
patrimonio urbano, rural y arquitectónico están también en consonancia con la
utilización sostenible de los recursos naturales y artificiales. El acceso a la
cultura y a la dimensión cultural del desarrollo es de capital importancia y
todas las personas deben tenerlo.
Medidas
153. A fin de fomentar la continuidad histórica y cultural y alentar una amplia
participación cívica en todo tipo de actividades culturales, los gobiernos a
los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:
- determinar y documentar, siempre que sea posible, la importancia
histórica y cultural de zonas, lugares, parajes, ecosistemas, edificaciones
y otros objetos y manifestaciones y establecer objetivos de conservación
que sean de interés para el desarrollo cultural y espiritual de la
sociedad;
- fomentar el conocimiento de ese patrimonio a fin de hacer comprender su
valor, la necesidad de su conservación y la viabilidad financiera de la
rehabilitación;
- alentar y apoyar a las instituciones, asociaciones y comunidades
culturales locales, y las dedicadas a la preservación del patrimonio, en
sus tareas de conservación y rehabilitación, e inculcar en los niños y los
jóvenes un sentimiento adecuado de su patrimonio;
- fomentar un apoyo legal y financiero suficiente para la protección
efectiva del patrimonio cultural;
- fomentar la enseñanza y la capacitación en artes y oficios tradicionales
de todas las disciplinas apropiadas para la conservación y promoción del
patrimonio;
- fomentar un papel activo de las personas de edad como custodios del
patrimonio cultural, de los conocimientos y de las artes y oficios.
154. A fin de integrar los objetivos del desarrollo con los de la conservación
y la rehabilitación, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las
autoridades locales, deben:
- reconocer que el patrimonio histórico y cultural es un recurso
importante y tratar de mantener la viabilidad social, cultural y económica
de sitios y comunidades de importancia histórica y cultural;
- preservar los asentamientos y parajes históricos heredados del pasado, y
al mismo tiempo proteger la integridad de la trama histórica urbana y dar
orientación sobre las nuevas construcciones en zonas de interés histórico;
- ofrecer apoyo legal y financiero suficiente para la realización de
actividades de conservación y rehabilitación, en particular mediante la
capacitación adecuada de recursos humanos especializados;
- ofrecer incentivos a empresas de urbanización públicas, privadas y sin
fines de lucro para realizar esas actividades de conservación y
rehabilitación;
- fomentar la acción comunitaria para la conservación, rehabilitación,
renovación y mantenimiento de barrios;
- apoyar la formación de asociaciones entre los sectores público y privado
y la comunidad para rehabilitar barrios y guetos urbanos;
- velar por que en los proyectos de conservación y rehabilitación se
tengan en cuenta las cuestiones ambientales;
- tomar medidas para reducir la lluvia ácida y otros tipos de
contaminación ambiental que dañan las edificaciones y otros objetos de
interés cultural e histórico;
- adoptar políticas de planificación de los asentamientos humanos,
especialmente en materia de transporte y demás infraestructuras, que eviten
la degradación ambiental de las zonas de interés histórico y cultural;
- velar por que en los proyectos de conservación y rehabilitación se
tengan en cuenta los problemas de acceso de las personas con discapacidad.
155. Las economías urbanas son parte integrante del proceso de transformación y
desarrollo económicos. Son condición previa para la creación de una base
económica diversificada que genere oportunidades de empleo. Será necesario
crear muchos empleos nuevos en las zonas urbanas. Las ciudades generan
actualmente más de la mitad de la actividad económica nacional en todo el
mundo. Si se hiciera frente en forma efectiva a otros factores, como el
crecimiento demográfico de las ciudades y la inmigración urbana, entre otras
cosas, mediante la planificación urbana y el control de los efectos negativos
de la urbanización, las ciudades podrían desarrollar la capacidad necesaria
para mantener su productividad, mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes y proceder a la ordenación de los recursos naturales en forma
ecológicamente sostenible. La industria, junto con el comercio y los servicios,
da el impulso principal a este proceso.
156. Las ciudades han servido tradicionalmente de centros económicos y se han
convertido en los principales proveedores de servicios. Como motores del
crecimiento económico y del desarrollo, funcionan en el marco de una red de
actividades económicas de apoyo situadas en las zonas periurbanas y rurales
circundantes. Por esta razón, también es necesario tomar medidas concretas para
establecer y mantener sistemas de transporte, de información y de comunicación
eficientes y económicos, así como enlaces con otros centros urbanos y con las
zonas rurales y para tratar de establecer modalidades de desarrollo
razonablemente equilibradas, tanto desde el punto de vista geográfico como
desde el económico. Los rápidos cambios en la tecnología de producción y en las
pautas de comercio y consumo ocasionarán cambios en las estructuras espaciales
urbanas que habrá que tener en cuenta, cualquiera que sea su naturaleza.
157. Es posible potenciar el desarrollo económico y el suministro de servicios
si se mejoran las actividades relacionadas con los asentamientos humanos, como
la renovación urbana, la instalación, modernización y mantenimiento de
infraestructura, la construcción y las obras públicas. Estas actividades
constituyen al mismo tiempo importantes factores de crecimiento en la
generación de empleo e ingresos y de eficiencia en otros sectores de la
economía. A su vez, y en combinación con políticas apropiadas de la protección
ambiental, contribuyen a mejorar de manera sostenible las condiciones de vida
de los habitantes de las ciudades y la eficiencia y productividad de los
países.
Medidas
158. A fin de sentar una base financiera firme para el desarrollo urbano, los
gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, en
cooperación con sindicatos, organizaciones de consumidores, empresas,
industrias, organizaciones comerciales y el sector financiero, comprendidas las
empresas organizadas en forma de cooperativas y las organizaciones no
gubernamentales, según proceda, deben:
- formular y aplicar políticas financieras que promuevan una amplia
variedad de oportunidades de empleo en las ciudades;
- fomentar la formación de nuevas asociaciones entre los sectores público
y privado para crear instituciones de propiedad y administración privada
pero con funciones y objetivos públicos, y promover la transparencia y
responsabilidad en sus operaciones.
159. A fin de ofrecer oportunidades de empleo productivo e inversión privada,
los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, en
consulta con organizaciones sindicales y patronales, cámaras de comercio,
organizaciones industriales, comerciales y de consumidores, asociaciones
profesionales y el sector financiero, incluido el sector de las cooperativas, y
en el contexto de una planificación urbana global, deben:
- aplicar políticas de desarrollo urbano sostenible que tengan en cuenta
las necesidades de las empresas de propiedad local, las atiendan
debidamente y no sean nocivas para el medio natural y humano;
- facilitar el acceso a la enseñanza y capacitación a todos los niveles;
- fomentar un suministro adecuado y la asignación ecológicamente racional
de tierras con servicios suficientes para satisfacer las necesidades del
sector empresarial, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de la
pequeña y mediana empresa;
- ofrecer posibilidades de realizar actividades económicas urbanas,
facilitando el acceso de empresas nuevas e incipientes y de la pequeña y
mediana empresa, incluido el sector no estructurado, a fuentes de crédito y
de financiación y simplificando los trámites jurídicos y administrativos;
- facilitar, según proceda, la horticultura urbana;
- ayudar a las empresas del sector no estructurado a hacerse más
productivas e integrarse paulatinamente en la economía estructurada;
- considerar la posibilidad de designar ciertas zonas de los centros
urbanos para su reordenación y, para ello, proporcionar incentivos fiscales
y financieros, tomar disposiciones reguladoras apropiadas y establecer
relaciones de colaboración.
160. A fin de ofrecer oportunidades a la pequeña empresa y a los sectores de la
microempresa y las cooperativas, los gobiernos a los niveles apropiados,
incluidas las autoridades locales, en consulta con organizaciones no
gubernamentales, organizaciones comunitarias e instituciones financieras y de
capacitación profesional, deben:
- facilitar la extensión de la protección de los derechos humanos en la
esfera del trabajo al sector no estructurado y fomentar el respeto de los
convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
incluidos los relativos a la prohibición del trabajo forzado y el trabajo
de niños, la libertad de asociación, el derecho a la organización y la
negociación colectiva y el principio de no discriminación;
- promover y reforzar, según proceda, programas que integren el crédito,
la financiación, la formación profesional y los programas de transferencia
de tecnología en apoyo de los sectores de la pequeña empresa, la
microempresa y las cooperativas, en particular las creadas y utilizadas por
mujeres;
- promover un trato justo del sector no estructurado, propiciar la
utilización de prácticas ecológicamente racionales y fomentar los vínculos
entre instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales que
apoyen al sector no estructurado, cuando exista;
- incluir, según proceda, las necesidades del creciente sector no
estructurado en los sistemas de planificación, diseño y ordenación, entre
otras cosas promoviendo su participación en el proceso de planificación y
decisión y reforzando sus vínculos con la economía estructurada;
- promover la capacitación para la pequeña empresa, la microempresa y las
empresas del sector de las cooperativas y apoyarlas en sus esfuerzos por
mejorar sus productos, servicios, tecnología y redes de distribución, y por
encontrar nuevas oportunidades de mercado.
161. A fin de afianzar las economías urbanas para que puedan competir en una
economía en proceso de mundialización, los gobiernos a los niveles apropiados,
incluidas las autoridades locales, en consulta con todas las partes interesadas
deben, entre otras cosas:
- mejorar la educación y promover la capacitación en el empleo para elevar
la calidad de la fuerza de trabajo local;
- apoyar la reestructuración de industrias locales, cuando proceda,
desarrollar la infraestructura y los servicios urbanos, promover un
abastecimiento de energía fiable, eficiente y ecológicamente racional y
mejorar las redes de telecomunicaciones;
- examinar y revisar, según proceda, el marco normativo para atraer
inversión privada;
- prevenir el delito y mejorar la seguridad ciudadana a fin de que las
zonas urbanas sean más atractivas para la realización de actividades
económicas, sociales y culturales;
- alentar prácticas financieras adecuadas a todos los niveles de la
administración pública;
- promover la adopción de las medidas legislativas que sean necesarias
para alcanzar los objetivos mencionados.
162. A fin de mitigar los efectos adversos de las medidas de transición
estructural y económica, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las
autoridades locales, según proceda, deben:
- promover un planteamiento integrado, teniendo en cuenta las
consecuencias sociales, económicas y ambientales de las reformas para las
necesidades de desarrollo de los asentamientos humanos;
- promover el funcionamiento integrado de los mercados de la vivienda para
evitar la segregación del sector de la vivienda de interés social;
- ejecutar programas sociales básicos apropiados y asignar recursos
suficientes, en particular medidas en favor de las personas que viven en la
pobreza, las personas con discapacidad, otros segmentos vulnerables de la
sociedad, las microempresas y otras pequeñas empresas;
- examinar los efectos del ajuste estructural en el desarrollo social,
prestando particular atención a los efectos sobre el hombre y la mujer;
- formular políticas que fomenten un acceso mejor y más equitativo a
ingresos y recursos;
- apoyar, según proceda, a las empresas públicas y privadas que tratan de
adaptarse a los cambios en las necesidades de desarrollo de la tecnología y
de los recursos humanos.
163. Las zonas urbanas y las rurales son interdependientes desde el punto de
vista económico, social y ambiental. Al final de este siglo una proporción
importante de la población mundial seguirá viviendo en asentamientos rurales,
particularmente en los países en desarrollo. A fin de asegurar un futuro más
sostenible para la Tierra es preciso valorar y prestar asistencia a esos
asentamientos. La falta de infraestructura y servicios, la carencia de
tecnologías ecológicamente racionales y la contaminación causada por los
efectos negativos de la industrialización y la urbanización no sostenibles
contribuyen enormemente a la degradación del medio rural. Además, la falta de
oportunidades de empleo en las zonas rurales favorece la migración del campo a
la ciudad con la consiguiente pérdida de capacidad humana en las comunidades
rurales. Las políticas y programas de desarrollo sostenible de las zonas
rurales que integran esas regiones en la economía nacional requieren
instituciones locales y nacionales sólidas para la planificación y ordenación
de los asentamientos humanos que presten particular atención a los vínculos
entre el campo y la ciudad y traten a las aldeas y las ciudades como los dos
extremos de una serie continua de asentamientos humanos.
164. En muchos países, las poblaciones rurales, incluidas las indígenas,
desempeñan una función importante en cuanto a la seguridad alimentaria y el
mantenimiento del equilibrio social y ecológico en grandes extensiones del
territorio y aportan así una gran contribución a la tarea de proteger la
diversidad biológica y los ecosistemas vulnerables y la utilización sostenible
de los recursos biológicos.
Medidas
165. A fin de promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y
reducir la migración del campo a la ciudad, los gobiernos a los niveles
apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:
- fomentar la participación activa de todas las partes interesadas,
incluidos los que viven en comunidades aisladas y remotas, a fin de tener
en cuenta en forma integrada los objetivos ambientales, sociales y
económicos de las actividades de desarrollo rural;
- adoptar las medidas oportunas para mejorar las condiciones de vida y de
trabajo en los centros urbanos regionales, las ciudades pequeñas y los
centros de servicios rurales;
- promover un sistema agrícola sostenible y diversificado a fin de
constituir comunidades rurales vigorosas;
- proporcionar infraestructura, servicios e incentivos para la inversión
en zonas rurales;
- promover la educación y la capacitación en zonas rurales a fin de
facilitar el empleo y la utilización de tecnología apropiada.
166. A fin de promover la utilización de tecnologías nuevas y perfeccionadas y
prácticas tradicionales apropiadas en el desarrollo de los asentamientos
rurales, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades
locales, en cooperación con el sector privado, deben:
- mejorar el acceso a la información sobre la producción, la
comercialización y los precios agrícolas en las zonas rurales y remotas
utilizando, entre otras cosas, tecnologías de comunicaciones avanzadas y
accesibles;
- fomentar, en cooperación con asociaciones de agricultores, grupos de
mujeres y otras partes interesadas, la investigación y la divulgación de
los resultados obtenidos en lo que respecta a la utilización de tecnologías
tradicionales, nuevas y perfeccionadas para, entre otras cosas, la
agricultura, la acuicultura, la silvicultura y la agrosilvicultura.
167. Los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales,
al establecer las políticas de desarrollo y ordenación regional sostenible,
deben:
- promover programas de educación y capacitación y establecer
procedimientos para la plena participación de las poblaciones rurales e
indígenas en la fijación de prioridades para un desarrollo regional
equilibrado y ecológicamente viable;
- aprovechar al máximo los sistemas de información geográfica y los
métodos de evaluación ambiental en la preparación de políticas de
desarrollo regional que sean racionales desde el punto de vista ecológico;
- aplicar planes y programas de desarrollo regional y rural basados en las
necesidades y en la viabilidad económica;
- establecer un sistema eficaz y transparente de asignación de recursos a
las zonas rurales sobre la base de las necesidades de la población.
168. A fin de fortalecer el desarrollo sostenible y las oportunidades de empleo
en las zonas rurales empobrecidas, los gobiernos a los niveles apropiados,
incluidas las autoridades locales, deben:
- fomentar el desarrollo rural mediante la promoción de las oportunidades
de empleo, la provisión de servicios e instalaciones para la educación y la
salud, el mejoramiento de la vivienda, el fortalecimiento de la
infraestructura técnica y el estímulo de las empresas rurales y la
agricultura sostenible;
- fijar un orden de prioridades respecto de las inversiones en
infraestructura regional sobre la base de las posibilidades de rendimiento
económico, la equidad social y la calidad del medio ambiente;
- alentar al sector privado a establecer y afianzar mercados al por mayor
e intermediarios para la comercialización de los productos rurales sobre la
base de contratos a fin de instaurar en las zonas rurales un régimen
económico que facilite la circulación de dinero en efectivo o la
celebración de contratos de futuros o mejorar el régimen existente;
- promover el acceso equitativo y eficiente a los mercados y, cuando
proceda, sistemas de precios y de pago de los productos rurales,
especialmente los productos alimentarios consumidos en zonas urbanas;
- promover los productos procedentes de las zonas rurales en los mercados
urbanos y en los centros de servicios rurales mejorando el acceso a la
información sobre el mercado y a los centros y redes de distribución;
- reducir en forma apreciable o eliminar las subvenciones perjudiciales
para el medio ambiente y otros programas, como los que favorecen el uso
excesivo de plaguicidas y fertilizantes químicos, y los sistemas de control
o subvención de los precios que perpetúan prácticas y sistemas de
producción insostenibles en las economías rurales y agrícolas.
169. A fin de promover un desarrollo urbano y rural equilibrado y basado en el
apoyo mutuo es preciso adoptar un planteamiento integrado. Para lograr ese
objetivo, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades
locales, con el apoyo de las instituciones internacionales y regionales
competentes, deben:
- establecer un marco jurídico, tributario y de organización apropiado que
sirva para reforzar las redes de asentamientos pequeños y medianos en las
zonas rurales;
- facilitar la creación de una infraestructura eficaz de distribución y
comunicación para el intercambio de información, mano de obra, bienes,
servicios y capital entre las zonas urbanas y las rurales;
- fomentar una amplia cooperación entre las comunidades locales a fin de
buscar soluciones integradas para los problemas relativos al uso de la
tierra, el transporte y el medio ambiente en un contexto urbano-rural;
- aplicar un método participativo para lograr un desarrollo urbano y rural
equilibrado y mutuamente complementario, basado en un diálogo permanente
entre las partes interesadas en el desarrollo urbano y rural.
11. Capacidad de prevención de desastres, mitigación de sus efectos,
preparación para casos de desastre y rehabilitación posterior
170. Son cada vez mayores los efectos de los desastres naturales y los causados
por el hombre sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. Con frecuencia
los desastres son causados por situaciones de vulnerabilidad creadas por la
acción del hombre, como los asentamientos humanos no sujetos a control o mal
planificados, la falta de infraestructura básica y la ocupación de zonas
expuestas a desastres. Los conflictos armados también tienen consecuencias que
afectan a los asentamientos humanos y a todo el país. Por consiguiente, tanto
en casos de desastre como de conflicto armado, se requiere una acción especial
y procesos de rehabilitación y reconstrucción que pueden requerir la
participación internacional a solicitud del gobierno del país afectado. Los
efectos de esos desastres y situaciones de emergencia son especialmente graves
en los países que carecen de una capacidad suficiente de prevención,
preparación, mitigación e intervención para hacer frente a las situaciones de
esa índole.
171. Los sistemas más eficaces y eficientes de preparación para casos de
desastre y los mejores medios de intervención tras los desastres suelen ser los
que prestan los voluntarios y las autoridades locales en los barrios, que
pueden funcionar independientemente, a pesar de la reducción, el deterioro o la
destrucción de la infraestructura o la capacidad en otros lugares. Se requieren
también medidas concretas a los niveles de gobierno apropiados, incluidas las
autoridades locales, en asociación con el sector privado y en estrecha
coordinación con los grupos comunitarios para desarrollar la preparación para
casos de desastre y la capacidad de intervención con una planificación
coordinada y una ejecución flexible. La vulnerabilidad a los desastres y la
capacidad de intervención cuando éstos se producen guardan relación directa con
el grado de acceso descentralizado a la información, las comunicaciones, la
adopción de decisiones y el control de los recursos. Las redes nacionales e
internacionales de cooperación pueden facilitar un rápido acceso a los
especialistas, lo que puede contribuir a fomentar la capacidad de reducción de
los desastres, a la alerta temprana en casos de desastres inminentes y a
mitigar sus efectos. Las mujeres y los niños son los más afectados en casos de
desastre y sus necesidades deben tenerse en cuenta en todas las fases de la
gestión de las actividades en casos de desastre. Debe fomentarse la
participación activa de la mujer en la planificación y gestión de actividades
en casos de desastre.
Medidas
172. A fin de mejorar la prevención de los desastres naturales o causados por
el hombre, la preparación para esos casos, la mitigación de sus efectos y la
intervención, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades
locales, en estrecha consulta y cooperación con entidades como compañías de
seguros, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias,
comunidades organizadas y círculos académicos, médicos y científicos, deben:
- formular, aprobar y aplicar normas y reglamentos apropiados para la
ordenación territorial, la construcción y la planificación basados en
evaluaciones de la peligrosidad y la vulnerabilidad realizadas por
profesionales;
- asegurar la participación en la planificación para casos de desastre y
la gestión de las actividades en esos casos de todas las partes
interesadas, incluidas las mujeres, los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad, en reconocimiento de su vulnerabilidad especial
a los desastres naturales o causados por el hombre;
- alentar la movilización continua de los recursos nacionales e
internacionales para las actividades de reducción de los desastres;
- promover y difundir información sobre los métodos y las tecnologías de
construcción de edificaciones y obras públicas en general que sean
resistentes a los desastres;
- concebir programas que faciliten, en lo posible, la reinstalación
voluntaria y el acceso de toda la población a zonas menos expuestas a los
desastres;
- preparar programas de capacitación sobre métodos de construcción
resistentes a los desastres para diseñadores, contratistas y constructores.
Algunos programas deberán estar dirigidos en particular a las pequeñas
empresas, que se encargan de la construcción de la mayor parte de las
viviendas y otras edificaciones pequeñas en los países en desarrollo;
- adoptar medidas para aumentar, si fuera necesario, la resistencia de las
infraestructuras importantes y de las instalaciones y los servicios
esenciales para la supervivencia, en particular en las zonas en que los
daños pueden ocasionar desastres secundarios o dificultar las operaciones
de socorro de emergencia.
173. Todos los gobiernos y organizaciones internacionales con conocimientos
técnicos en materia de limpieza y eliminación de contaminantes radiactivos
deben considerar la posibilidad de prestar la asistencia adecuada que haga
falta con fines correctivos en las zonas adversamente afectadas.
174. Con respecto a la mitigación de los efectos de los desastres, los
gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, en
colaboración con todas las partes interesadas, deben, según proceda:
- establecer un sistema de información completo que determine y evalúe los
riesgos en las zonas expuestas a desastres e integrar ese sistema en la
planificación y el diseño de los asentamientos humanos;
- promover y apoyar soluciones factibles y económicas y métodos
innovadores para hacer frente a los riesgos críticos de las comunidades
vulnerables, entre otras cosas, mediante programas de cartografía de las
zonas de riesgo y programas comunitarios de reducción de la vulnerabilidad;
- alentar, promover y apoyar soluciones factibles y económicas, métodos
innovadores y normas de construcción apropiadas para hacer frente a los
riesgos críticos de las comunidades vulnerables, entre otras mediante
programas de cartografía de las zonas de riesgo y programas comunitarios de
reducción de la vulnerabilidad;
- delimitar claramente las funciones y responsabilidades de los diversos
sectores y agentes fundamentales en la gestión de las actividades previas a
los desastres, la preparación para esos casos y la mitigación de sus
efectos como, por ejemplo, la evaluación de riesgos y peligros, la
vigilancia, la predicción, la prevención, el socorro, el reasentamiento y
la intervención de emergencia, así como los cauces de comunicación entre
ellos;
- alentar a todos los sectores de la sociedad a que participen en la
planificación de la preparación para casos de desastre en ámbitos como el
almacenamiento de agua y alimentos, el combustible y los primeros auxilios,
así como en la prevención de desastres mediante actividades encaminadas a
crear una cultura de la seguridad;
- establecer sistemas de alerta temprana en los planos mundial, regional,
nacional y local para advertir a la población de un desastre inminente o
reforzar los sistemas ya existentes.
175. A fin de prevenir desastres tecnológicos e industriales, los gobiernos a
los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben, según
proceda:
- promover los objetivos de prevención de graves accidentes tecnológicos y
limitación de sus consecuencias mediante, entre otras cosas, las políticas
de ordenación territorial y la promoción de tecnologías seguras;
- adoptar las medidas necesarias, mediante procedimientos de consulta
apropiados, a fin de facilitar la aplicación de las políticas establecidas
con arreglo a lo dispuesto en el inciso a) supra, para regular la ubicación
de nuevos conjuntos habitacionales cercanos a lugares en que se realicen
actividades industriales peligrosas que puedan agravar el riesgo de que se
produzcan accidentes importantes;
- definir claramente las funciones y responsabilidades de los diversos
sectores fundamentales en materia de prevención de desastres y preparación
para casos de desastre, en particular la evaluación, la vigilancia, la
predicción, la prevención, el socorro, el reasentamiento y la intervención
de emergencia, así como los cauces de comunicación entre ellos;
- fomentar y alentar una participación de base amplia en las actividades
de preparación para casos de desastre proporcionando a la población que
viva en las cercanías de un lugar donde se realice una actividad peligrosa
información adecuada y periódica sobre los posibles peligros;
- establecer sistemas de alerta temprana en los planos mundial, regional y
local para advertir a la población en caso de grave accidente tecnológico o
reforzar los sistemas ya existentes.
176. Al preparar y ejecutar actividades de socorro, rehabilitación,
reconstrucción y reasentamiento después de un desastre, los gobiernos a los
niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, en colaboración con
todas las partes interesadas, deben:
- establecer o reforzar sistemas de preparación para casos de desastre e
intervención posterior en que se delimiten claramente las funciones y las
responsabilidades de los diversos sectores y agentes en las actividades de
preparación para casos de desastre y en la intervención posterior,
incluidas las medidas de ordenación, socorro y rehabilitación de
emergencia, así como los cauces de comunicación entre ellos;
- preparar ejercicios para ensayar la intervención y el socorro en casos
de emergencia, fomentar la investigación sobre los aspectos técnicos,
económicos y sociales de la reconstrucción después de un desastre y adoptar
estrategias y directrices eficaces para la reconstrucción posterior;
- establecer sistemas de comunicación fiables y mecanismos de adopción de
decisiones y de intervención a los niveles nacional, local y comunitario;
- establecer planes de reserva, sistemas de ordenación y asistencia y
disposiciones para la rehabilitación, la reconstrucción y el
reasentamiento;
- reforzar la capacidad científica y técnica de evaluación y observación
de los daños, así como técnicas especiales de rehabilitación y
reconstrucción;
- prestar apoyo a todas las partes interesadas en la realización de
actividades de socorro, rehabilitación y reconstrucción;
- identificar y apoyar enfoques adecuados para hacer frente a las
apremiantes necesidades de vivienda de las personas que vuelven a su lugar
de origen y de las internamente desplazadas, incluida, según proceda, la
construcción de viviendas provisionales dotadas de servicios básicos,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de hombres y mujeres;
- indicar enfoques adecuados para reducir al mínimo la interrupción de la
asistencia de los niños a la escuela;
- apoyar la labor de remoción de minas terrestres antipersonal
inmediatamente después del cese de un conflicto armado;
- cerciorarse de que se tengan en cuenta las necesidades especiales de las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables
en todas las actividades de comunicación, rescate, reubicación,
rehabilitación y reconstrucción;
- promover una dimensión cultural en los procesos de rehabilitación
después de los desastres;
- reconocer, apoyar y facilitar la función de la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de sus
sociedades nacionales miembros, en la prevención de los desastres, la
preparación para casos de desastre, la mitigación de sus efectos y la
intervención en esos casos, a los niveles local, nacional e internacional;
- alentar al Comité Internacional de la Cruz Roja a que en tiempo de
conflicto armado adopte medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas
de los conflictos y las personas desplazadas.
177. El desarrollo económico y social y la protección ambiental son componentes
interdependientes del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos que se
refuerzan mutuamente. Los asentamientos humanos económicamente pujantes,
socialmente vibrantes y ambientalmente racionales, inmersos en un proceso de
acelerada urbanización dependerán cada vez más la capacidad de todos los
niveles de la administración para atender a las necesidades prioritarias de las
comunidades, alentando y orientando el desarrollo local y concertando
asociaciones entre los sectores privado, público y comunitario. Esto sólo podrá
lograrse mediante una descentralización efectiva de las responsabilidades y una
asignación proporcionada de recursos a las instituciones más representativas de
los sectores interesados de la población y más cercanas a ellas, a fin de
iniciar un proceso de ordenación urbana basado en una visión común, que al
mismo tiempo garantice y proteja los derechos humanos. Esta concepción de un
proceso de descentralización y de ordenación urbana exigirá un gran esfuerzo a
las instituciones participantes, particularmente en los países en desarrollo y
en los países con economías en transición. Por lo tanto, el fomento de la
capacidad deberá dirigirse a reforzar la descentralización y la participación
en el proceso de ordenación urbana.
178. Una estrategia de habilitación, el fomento de la capacidad y el desarrollo
institucional deben estar orientados a habilitar a todos los agentes clave,
particularmente a las autoridades locales, el sector privado, el sector de
cooperativas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y las
organizaciones comunitarias, para que puedan desempeñar una función eficaz en
la planificación y gestión de los asentamientos humanos. Es necesario hacer
esfuerzos concertados a todos los niveles a fin de desarrollar los recursos
humanos y formar líderes, para poder llevar a cabo reformas institucionales,
desarrollar la capacidad organizativa y de gestión y realizar una labor
constante de formación y rediseño de instrumentos. El mejor modo de lograrlo
será mediante asociaciones y redes nacionales e internacionales de autoridades
locales y otras instituciones de capacitación nacionales y subnacionales,
aunque primero haya que reforzarlas. Los gobiernos de los países en desarrollo
y de los países con economías en transición deben dar alta prioridad a la
aplicación de una política integrada de fomento de la capacidad. La comunidad
internacional debe ayudar a esos países a desarrollar su capacidad, determinar
y evaluar las necesidades principales de desarrollo institucional y reforzar su
capacidad de gestión.
179. La habilitación y participación contribuyen a la democracia y el
desarrollo de asentamientos humanos sostenibles. La formulación de políticas y
su aplicación por los gobiernos debe regirse por los principios de
responsabilidad, transparencia y amplia participación pública. La
responsabilidad y la transparencia son imprescindibles para evitar la
corrupción y garantizar que los recursos disponibles se empleen en beneficio de
todas las personas. Cada gobierno debe garantizar el derecho de todos los
miembros de su sociedad a participar activamente en los asuntos de la comunidad
en que viven, y garantizar y alentar la participación en la adopción de
políticas, a todos los niveles.
Medidas
180. A fin de asegurar la descentralización y el fortalecimiento de las
autoridades locales y sus asociaciones y redes, los gobiernos a los niveles
apropiados deben:
- examinar y adoptar, según proceda, políticas y marcos jurídicos de otros
Estados que aplican con eficacia la descentralización;
- examinar y revisar, según proceda, la legislación a fin de aumentar la
autonomía local en la toma de decisiones, la aplicación, la movilización y
utilización de recursos, especialmente en lo que respecta a los recursos
humanos, técnicos y financieros y el desarrollo de empresas locales, en el
marco general de las estrategias nacionales, sociales, económicas y
ambientales, así como alentar la participación de los habitantes en la
adopción de decisiones en lo relativo a sus ciudades, vecindarios o
viviendas;
- desarrollar la educación cívica para poner de relieve la función de las
personas en sus respectivas comunidades;
- prestar apoyo a las autoridades locales mediante la revisión de los
sistemas de generación de ingresos fiscales;
- fortalecer, en caso necesario, la capacidad de las instituciones de
educación, investigación y formación para proporcionar formación continua a
funcionarios electos, gerentes y profesionales en cuestiones relacionadas
con el urbanismo, por ejemplo, planificación, técnicas de gestión de
tierras y recursos y finanzas municipales;
- facilitar el intercambio de tecnología, experiencia y conocimientos
prácticos en materia de gestión, vertical y horizontalmente, entre el
Gobierno y las autoridades locales en lo que se refiere a suministrar
servicios, controlar los gastos, movilizar recursos, fomentar las
asociaciones y desarrollar empresas locales, entre otras cosas mediante
programas de asociación técnica y de intercambio de experiencias;
- destacar los logros de las autoridades locales reuniendo datos
desglosados por sexo, edad e ingresos y analizando comparativamente y
difundiendo información sobre las prácticas innovadoras en cuanto al
suministro, funcionamiento y mantenimiento de bienes y servicios públicos,
a la atención de las necesidades de sus ciudadanos y al aprovechamiento del
potencial fiscal y de otra índole de sus ciudades;
- alentar la institucionalización de una amplia participación, incluidos
mecanismos de consulta, en la adopción de decisiones y los procesos de
gestión a nivel local;
- reforzar la capacidad de las autoridades locales para recabar la
participación de los sectores privado y comunitario en la fijación de
objetivos y de prioridades locales y normas ecológicamente racionales para
el desarrollo de infraestructura y el suministro de servicios y para el
desarrollo económico local;
- fomentar el diálogo entre todos los niveles de la administración y los
sectores privado y comunitario y otros representantes de la sociedad civil,
a fin de mejorar la planificación y la coordinación;
- en el marco de la administración, establecer asociaciones entre el
sector público y los ciudadanos privados con miras a la innovación urbana,
y analizar, evaluar y difundir información sobre las asociaciones que hayan
tenido éxito;
- recoger, analizar y divulgar, según proceda, información comparativa,
desglosada por sexo, edad e ingresos, sobre las realizaciones de las
autoridades locales en lo tocante a satisfacer las necesidades de sus
ciudadanos;
- reforzar las medidas tomadas para erradicar la corrupción y garantizar
una mayor transparencia, eficiencia y participación comunitaria en la
gestión de los recursos locales;
- facilitar a las autoridades locales y sus asociaciones o redes la
adopción de iniciativas en la esfera de la cooperación nacional e
internacional, en particular para compartir información sobre las prácticas
adecuadas y los enfoques innovadores de la gestión sostenible de los
asentamientos humanos;
- reforzar la capacidad de los gobiernos centrales y de los locales
mediante cursos de capacitación en hacienda y gestión urbanas, destinados a
funcionarios públicos electos y gestores.
- desarrollar o reforzar, según proceda, en colaboración con los órganos
competentes de las Naciones Unidas, en el marco de sus respectivos
mandatos, así como con asociaciones o redes de autoridades locales y otras
asociaciones y organizaciones internacionales, redes mundiales de
información fácilmente accesibles con objeto de facilitar el intercambio de
experiencias, conocimientos prácticos y conocimientos técnicos.
181. El desarrollo sostenible de los asentamientos humanos requiere el
compromiso activo de las organizaciones de la sociedad civil y una amplia
participación popular. También requiere una administración pública local con
capacidad de respuesta, transparente y responsable. La participación cívica y
el gobierno responsable necesitan del fortalecimiento de distintos mecanismos
de participación, como el acceso a la justicia y la planificación comunitaria
de las intervenciones, que garanticen que el parecer de todas las personas se
tenga en cuenta a la hora de determinar los problemas y las prioridades, fijar
las metas, ejercer derechos, determinar las normas aplicables a los servicios,
movilizar recursos y adoptar políticas y ejecutar programas y proyectos.
Medidas
182. A fin de alentar y apoyar la participación, el compromiso cívico y el
cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales, los gobiernos
nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales,
según proceda, deben poner en funcionamiento marcos institucionales y jurídicos
que faciliten y hagan posible la participación amplia de todos los ciudadanos
en la adopción de decisiones y la aplicación y vigilancia de estrategias,
políticas y programas de asentamientos humanos; estos marcos institucionales y
jurídicos deben estar dirigidos específicamente, entre otras cosas, a:
- proteger el derecho humano a tener opiniones propias y a expresarlas, y
a buscar, recibir y difundir ideas e información sin injerencias;
- facilitar el reconocimiento jurídico de las comunidades organizadas y su
consolidación;
- permitir, facilitar y proteger la formación de organizaciones no
gubernamentales comunitarias, locales, nacionales e internacionales
independientes;
- facilitar prontamente información completa y comprensible, sin excesivo
costo financiero para quien la solicite;
- realizar programas de educación cívica, utilizando todos los medios de
comunicación, y campañas de educación e información, a fin de fomentar el
espíritu cívico y promover el conocimiento de los derechos y
responsabilidades cívicos y de los medios de ejercerlos, así como de las
cuestiones del desarrollo económico sostenible y de la mejora de la calidad
de vida;
- establecer sistemas de consulta periódica y amplia para facilitar la
participación de la sociedad civil en la adopción de decisiones y reflejar
las necesidades diversas de la comunidad;
- eliminar los obstáculos jurídicos a la participación en la vida pública
de grupos socialmente marginados y promover leyes sobre la no
discriminación;
- establecer sistemas de participación en la preparación de programas a
fin de que los individuos, las familias, las comunidades, los indígenas y
la sociedad civil puedan desempeñar una función activa en la determinación
de las necesidades y prioridades locales y la formulación de nuevas
políticas, planes y proyectos;
- fomentar el conocimiento de la naturaleza de las relaciones
contractuales y de otra índole con los sectores privado y no gubernamental
a fin de adquirir los conocimientos técnicos necesarios para negociar
asociaciones eficientes para la ejecución, el desarrollo y la gestión de
proyectos que aporten a todo el pueblo los mayores beneficios posibles;
- fomentar la igualdad y la equidad, incorporar una perspectiva que tenga
en cuenta la igualdad entre el hombre y la mujer y la participación plena e
igual de la mujer y promover la participación de los grupos vulnerables y
de bajos ingresos con medidas institucionales que garanticen la inclusión
de sus intereses en los procesos de elaboración de políticas y de adopción
de decisiones, y mediante actividades de capacitación y seminarios sobre
defensa de intereses, que incluyan el fomento de técnicas de mediación y
creación de consenso a fin de facilitar el establecimiento de redes y la
formación de alianzas;
- facilitar el acceso de las personas y los grupos a las instancias
judiciales y administrativas a fin de que puedan apelar contra decisiones o
acciones social y ambientalmente perjudiciales o corregirlas, incluida la
introducción de mecanismos jurídicos que garanticen que todos los órganos
estatales, nacionales y locales y otras organizaciones civiles sean
responsables de sus actividades, de acuerdo con sus obligaciones sociales,
ambientales y de derechos humanos definidas en la legislación nacional;
- ampliar el derecho procesal de individuos y organizaciones de la
sociedad civil para incoar acciones jurídicas en nombre de comunidades o
grupos afectados que no tienen los recursos o los conocimientos para incoar
ellos mismos estas acciones;
- promover la representación de intereses intergeneracionales, incluidos
los de los niños y las generaciones futuras, en los procesos de adopción de
decisiones, fortaleciendo al mismo tiempo la familia;
- promover todas las posibilidades de los jóvenes como colaboradores
esenciales en el logro de una vivienda adecuada para todos y de
asentamientos humanos sostenibles mediante distintas formas de educación,
capacitación de calidad y transmisión de conocimientos, teniendo en cuenta
las capacidades, realidades y experiencias diversas de la juventud;
- facilitar a las personas que viven en la pobreza y a los grupos de bajos
ingresos acceso a estructuras de planificación y servicios jurídicos a
través de centros de asistencia y asesoría letrada gratuita;
- reforzar la capacidad de las autoridades locales y de las organizaciones
de la sociedad civil para revisar las políticas sociales, económicas y
ambientales que afecten a sus comunidades, y para determinar las
prioridades locales y contribuir a fijar normas locales para los servicios
en esferas como la educación básica, el cuidado de los niños, la salud
pública, la seguridad ciudadana, la sensibilización sobre el problema de
las drogas y la ordenación del medio ambiente;
- promover la aplicación de nuevas tecnologías de información y de los
medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación locales, para
facilitar el diálogo, intercambiar información, experiencias y prácticas
pertinentes sobre asentamientos humanos y formar colaboraciones
constructivas entre la sociedad civil y las personas encargadas de adoptar
decisiones.
183. Las autoridades locales y otras personas que administran los asentamientos
humanos necesitan aprovechar los conocimientos o los recursos de distintas
personas e instituciones a muchos niveles. La escasez de personal debidamente
cualificado y las fallas de los sistemas institucionales y de la capacidad
técnica son algunos de los principales obstáculos que dificultan el
mejoramiento de los asentamientos humanos en muchos países, especialmente en
los países en desarrollo. Las estrategias de fomento de la capacidad y
desarrollo institucional deben ser parte integrante de las políticas de
desarrollo de los asentamientos humanos en los planos nacional y local. Además,
deben utilizarse nuevos conocimientos, habilidades prácticas y tecnologías en
todas las esferas de la planificación y la gestión de los asentamientos
humanos. En los países en que los cambios se suceden rápidamente creando
problemas socioeconómicos y ambientales, los gobiernos y la comunidad
internacional deben garantizar el desarrollo y la transferencia eficaces y
eficientes de conocimientos en materia de dirección, planificación y
administración, métodos prácticos y tecnología.
Medidas
184. A fin de facilitar el fomento de la capacidad y el desarrollo
institucional para el mejoramiento de la planificación y gestión de los
asentamientos humanos los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las
autoridades locales y sus asociaciones, deben:
- prestar apoyo, según proceda, a programas de formación de
administradores y funcionarios públicos a todos los niveles y para todos
los demás participantes claves, que faciliten las cualidades de dirección y
promuevan la inclusión de mujeres y jóvenes en las estructuras de personal
y en la adopción de decisiones;
- considerar el establecimiento de foros públicos-privados, con el sector
comunitario y los sectores empresarial y económico, a fin de intercambiar
conocimientos prácticos y experiencia en materia de gestión;
- promover políticas y programas integrados de capacitación, educación y
desarrollo de los recursos humanos, en que se tengan en cuenta los
intereses del hombre y la mujer y que cuenten con la participación de las
autoridades locales y sus asociaciones y redes, así como de instituciones
académicas, de investigación, capacitación y enseñanza, organizaciones de
base comunitaria y el sector privado, centrados en:
- la formulación de un enfoque multisectorial del desarrollo de los
asentamientos humanos que incluya las contribuciones propias de las
instituciones de los indígenas y los inmigrantes;
- la formación de instructores a fin de crear un núcleo de personal
para el fortalecimiento institucional y el fomento de la capacidad que
incluya como componentes integrales la comprensión de los intereses de
uno y otro sexo y las necesidades de los niños, los jóvenes y las
personas de edad;
- el desarrollo de la capacidad local para determinar las
necesidades y emprender o encargar a otros investigaciones aplicadas,
especialmente en lo que respecta a análisis por edades en los que se
tengan en cuenta los intereses del hombre y la mujer, evaluaciones de
los efectos sociales y ambientales, crecimiento económico local y
creación de puestos de trabajo; y para incorporar los resultados a los
sistemas de gestión;
- desarrollar sistemas de información para establecer redes y tener acceso
a los recursos en forma oportuna y para intercambiar, transferir y
compartir experiencias, conocimientos técnicos y prácticos y tecnología en
materia de gestión de los asentamientos humanos;
- alentar, según proceda, en el contexto de la transparencia y la
responsabilidad la participación de autoridades del sector privado,
incluidas las organizaciones no gubernamentales, en el mejoramiento de la
gestión y administración del sector público y en la formación de entidades
que sean públicas por su función, privadas por su administración y mixtas
por su financiación;
- considerar la posibilidad de preparar programas de mediación para
resolver conflictos, incluidos los conflictos entre participantes que
compiten para el acceso a los recursos de los asentamientos humanos y su
distribución y utilización y formar a la sociedad civil en su utilización;
- ser alentados a aumentar sus conocimientos sobre los ciclos ecológicos
que afectan a sus ciudades a fin de prevenir los daños ambientales;
- integrar políticas y normas en las que se tengan en cuenta los intereses
del hombre y la mujer en cada una de las categorías anteriores si no se ha
indicado ya de modo específico.
185. A pesar de que los administradores de asentamientos humanos se enfrentan
con muchos problemas comunes, los encargados de la ordenación y el desarrollo
de las zonas metropolitanas y de las megalópolis se enfrentan con problemas
únicos que obedecen a la magnitud y la complejidad de sus tareas y funciones.
Entre las características de las zonas metropolitanas que requieren
conocimientos especiales, cabe mencionar la creciente competitividad mundial;
la diversidad étnica y cultural de la población; las grandes concentraciones de
pobreza urbana; las extensas redes de infraestructura y los sistemas de
transporte y comunicaciones; su función estratégica en las pautas nacionales,
regionales e internacionales de producción y consumo, desarrollo económico,
comercio y finanzas, y su capacidad para provocar una grave degradación del
medio ambiente. Las grandes zonas metropolitanas y las megalópolis también
están expuestas a grandes riesgos de pérdidas humanas, materiales y de
capacidad de producción en caso de desastres naturales o causados por el
hombre. En algunos países la inexistencia de una autoridad que abarque toda la
zona metropolitana crea dificultades de ordenación urbana.
Medidas
186. A fin de abordar las necesidades especiales de las zonas metropolitanas y
de todas las personas que viven en ellas, los gobiernos a los niveles
apropiados, incluidas las autoridades locales, deben:
- promover estrategias de planificación, desarrollo y gestión que abarquen
toda el área metropolitana, o regional y que aborden de modo integrado
todos los aspectos de las actividades urbanas y se basen en resultados
concertados para el área metropolitana;
- tener en cuenta los intereses del hombre y de mujer en las estrategias
de política, planificación y gestión;
- aprobar y aplicar directrices de gestión metropolitana en las esferas de
la ordenación de los terrenos, el medio ambiente y la infraestructura, así
como en las finanzas y en la administración;
- vigilar y analizar la eficacia y eficiencia de las estructuras y
sistemas administrativos metropolitanos, e incorporar los resultados a las
políticas públicas a fin de resolver problemas macroeconómicos, sociales y
ambientales;
- crear un marco legislativo y adoptar estructuras organizativas que
garanticen un suministro coordinado, eficiente y equitativo de servicios,
la movilización de los recursos y el desarrollo sostenible en todas las
áreas metropolitanas;
- reforzar la capacidad y las atribuciones de las autoridades
metropolitanas, a fin de que puedan resolver eficientemente problemas de
importancia regional y nacional, como las tierras y los derechos de
propiedad de las mujeres, la ordenación de las tierras, la gestión de los
recursos energéticos e hídricos, la ordenación del medio ambiente, el
transporte y las comunicaciones, el comercio y las finanzas, los servicios
e infraestructuras sociales adecuados y el acceso a ellos y la integración
social;
- desarrollar y, de ser necesario, crear un núcleo de personal
profesional, que incluya mujeres, capacitado en las esferas de la
planificación urbana, la gestión ambiental, la ingeniería, el transporte,
las comunicaciones y los servicios sociales, el desarrollo de
infraestructura primaria y la planificación para emergencias y que tengan
conocimientos para trabajar juntos a fin de resolver las cuestiones
importantes de planificación de modo integrado;
- facilitar y fomentar diálogos sobre políticas tanto a nivel nacional
como internacional, y el intercambio de experiencias, conocimientos
generales y prácticos y tecnología entre las autoridades metropolitanas, en
esferas como el transporte y las comunicaciones, la gestión de los recursos
hídricos y el tratamiento de las aguas residuales, la eliminación de
desechos, la conservación de energía, la gestión del medio ambiente y el
bienestar social, en los que se tengan en cuenta a las mujeres y a los
grupos marginados;
- tratar de encontrar soluciones útiles a los problemas urbanos que
obedecen a la presencia de poblaciones étnica y culturalmente diversas en
vez de depender sólo de las nuevas tecnologías.
187. Los fondos para la financiación de viviendas y el desarrollo de los
asentamientos humanos proceden principalmente de fuentes nacionales. Se dispone
también de importantes fondos suplementarios de fuentes internacionales, cada
vez más de fondos de inversión. Por lo tanto, las posibilidades de ampliar la
base financiera dependerán de las mejoras del desarrollo económico, de
prácticas financieras racionales y de la capacidad para movilizar recursos
nacionales, controlar los gastos y administrar eficientemente los presupuestos.
188. Financiar el desarrollo urbano futuro y sostener la viabilidad económica
de las ciudades representa un reto especial, que requerirá sistemas financieros
innovadores a nivel nacional y local. Es necesario establecer asociaciones
eficaces entre los sectores privado y público que combinen impuestos locales
sobre la producción y el consumo con incentivos fiscales para la realización de
inversiones por parte de la industria, el comercio y el sector privado. Es
preciso concebir nuevos sistemas de financiación municipal a fin de satisfacer
las necesidades futuras del desarrollo económico urbano y sufragar los costos
de mantenimiento de la infraestructura y los servicios.
189. A fin de fortalecer la base económica y financiera nacional y local con
objeto de hacer frente a las necesidades del desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos, las administraciones a los niveles apropiados, incluidas
las autoridades locales, deben tratar de proporcionar un marco favorable que
tenga por finalidad:
- reforzar, según proceda, la capacidad de las autoridades locales para
atraer inversión;
- adoptar políticas y sistemas macroeconómicos que fomenten el ahorro
interno y faciliten su utilización para el desarrollo de la vivienda, la
infraestructura básica y otros aspectos del desarrollo económico y social
de los asentamientos humanos;
- desarrollar fuentes de ingresos nacionales y locales eficientes,
equitativas y pujantes, en particular impuestos, tarifas de usuarios,
aranceles y cargos por mejoras, a fin de fomentar la capacidad nacional y
local para efectuar inversiones de capital en vivienda, infraestructura y
servicios básicos; y diseñar, según proceda, instrumentos financieros
nuevos para penalizar los daños al medio ambiente, tanto los causados por
actividades de producción como de consumo;
- mejorar la capacidad nacional y local de recaudación de impuestos, y el
control de gastos a fin de contener los costos y mejorar los ingresos;
- tratar de recuperar la totalidad de los costos de los servicios urbanos,
excepción hecha de los servicios de seguridad pública, mediante tarifas de
usuarios y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de los pobres
mediante, entre otras cosas, políticas de fijación de precios y, cuando
proceda, subvenciones transparentes;
- apoyar las actividades locales para crear asociaciones voluntarias entre
el sector privado y el comunitario, y la participación en la construcción,
el funcionamiento y el mantenimiento de los espacios verdes y la
infraestructura básica y de servicios que, entre otras cosas, tengan en
cuenta las necesidades de uno y otro sexo, hagan participar plenamente a la
mujer y aborden las necesidades de los grupos marginados;
- facilitar y racionalizar, cuando proceda, el acceso de las autoridades
locales a los mercados de capital e instituciones de crédito especializadas
nacionales, regionales e internacionales, a través, entre otras medidas, de
la creación de sistemas municipales independientes de crédito y
calificación crediticia, teniendo en cuenta la capacidad de devolución de
los créditos del prestatario, de conformidad con las correspondientes leyes
y reglamentos nacionales;
- facilitar la función de las autoridades locales en la formación de
asociaciones con el sector privado voluntario, comunitario y de
cooperativas y otras instituciones, para el desarrollo de empresas locales;
- institucionalizar sistemas presupuestarios, según proceda, y de
contabilidad para facilitar la participación de las autoridades locales en
programas de inversión a mediano y largo plazo;
- establecer sistemas y procedimientos transparentes para asegurar la
responsabilidad financiera;
- institucionalizar, cuando proceda, mecanismos de transferencia
intergubernamentales transparentes que sean rápidos, predecibles y se basen
en los resultados y las necesidades;
- atraer inversión privada y comunitaria para el desarrollo urbano.
190. Los recientes progresos en la tecnología informática y de las
comunicaciones, junto con la liberalización del comercio y el libre flujo de
capital a escala mundial, ocasionarán cambios radicales en los papeles y las
funciones de las ciudades y en sus procesos de adopción de decisiones y
asignación de recursos. Las sociedades que efectúen las inversiones necesarias
en tecnología e infraestructura informática y habiliten a sus ciudadanos para
que la utilicen eficazmente podrán lograr enormes aumentos de productividad en
la industria y el comercio. Esta tecnología informática mejorada debe ser
utilizada en forma óptima para preservar y compartir valores morales e impulsar
y mejorar la educación, la capacitación y la sensibilización pública sobre
cuestiones sociales, económicas y ambientales que afectan a la calidad de vida,
y para que todas las partes y las comunidades interesadas puedan intercambiar
información sobre las prácticas en materia de hábitat, incluidas las que
defienden los derechos de los niños, de las mujeres y de otros grupos
desfavorecidos, en el contexto de una creciente urbanización.
Medidas
191. A fin de mejorar la capacidad para aprovechar estas innovaciones con
objeto de potenciar sus repercusiones para bien de todos, las administraciones
a todos los niveles, incluidas las autoridades locales, deben, según proceda:
- desarrollar, mejorar y mantener la infraestructura y la tecnología
informática y alentar a todos los niveles de la administración, las
instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, así como
a las organizaciones de base comunitaria, a utilizarlas, y considerar las
comunicaciones como parte integrante de la política de asentamientos
humanos;
- promover la capacitación de todas las principales instituciones en
materia de utilización de la tecnología informática;
- desarrollar métodos para compartir experiencias de iniciativas locales
por medios electrónicos, como la Internet y redes y bibliotecas y para
difundir información sobre las mejores prácticas, incluidas aquellas en que
se recurre a políticas que tienen en cuenta las necesidades de uno y otro
sexo;
- aplicar programas que fomenten la utilización de bibliotecas y redes de
comunicación públicas, sobre todo por parte de los niños, los jóvenes y las
instituciones docentes;
- facilitar el proceso de aprendizaje mediante la divulgación de
experiencias, tanto fructíferas como fallidas, relacionadas con los
asentamientos humanos, en los sectores gubernamental, público, privado y
comunitario;
- fomentar políticas que permitan al público mayor acceso a servicios y
tecnología informáticos, en particular mediante una amplia utilización de
los medios de difusión;
- prestar especial atención a conseguir que las personas con discapacidad
tengan acceso a esas nuevas tecnologías;
- fomentar el desarrollo de una programación de los medios de difusión
nacionales y locales en que se reconozca la diversidad racial y cultural de
las grandes ciudades y se promueva la comprensión de puntos de vista
diferentes;
- promover la libre corriente y el acceso a información en esferas de la
política pública, la adopción de decisiones, la asignación de recursos y el
desarrollo social, en particular cuando tengan repercusiones para las
mujeres y los niños;
- asegurar la competencia en el mercado y un amplio acceso público al
suministro de la tecnología informática y de comunicaciones mediante una
intervención pública en el mantenimiento del acceso a la tecnología de
informática y comunicaciones.
192. La difusión de experiencias que contribuyen a facilitar el acceso a una
vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos
sostenibles ayuda a formular políticas públicas en materia de desarrollo de los
asentamientos humanos. Las administraciones nacionales, en asociación con las
principales instituciones sociales, deben:
- promover la selección de prácticas de gestión urbana que sobresalgan por
sus repercusiones positivas en la mejora del hábitat, su utilización de
formas participatorias de organización y funcionamiento, su carácter
sostenible y duradero y su tendencia a hacerse universales;
- crear estructuras de selección de las mejores prácticas, con la
participación de organizaciones no gubernamentales activas en la esfera del
desarrollo urbano;
- promover la difusión integrada de las prácticas, seleccionadas a nivel
local, nacional, regional e internacional.
193. Con objeto de promover los conocimientos y fortalecer la base de
información, las administraciones y las autoridades locales, junto con las
instituciones de investigación, las oficinas de estadística y otras partes
interesadas, deben:
- promover investigaciones sobre los aspectos económicos, sociales y
ambientales relacionados con la urbanización, los asentamientos humanos y
el desarrollo de la vivienda, centrándose en las prioridades de
investigación determinadas sobre la base de las necesidades nacionales y la
necesidad de una supervisión y evaluación sistemáticas del desarrollo, en
particular las repercusiones sociales y ambientales de las políticas,
programas y proyectos de asentamientos humanos, y prestando atención a las
necesidades propias de uno y otro sexo;
- fortalecer los sistemas de información existentes relacionados con los
asentamientos humanos adoptando metodologías y disposiciones
institucionales eficientes y sostenibles, incorporando sistemáticamente los
resultados de las investigaciones y recopilando, analizando y actualizando
los datos relativos a los asentamientos humanos y las estadísticas de
vivienda e indicadores que respondan a las políticas;
- difundir ampliamente indicadores de las investigaciones y demás
información, mejorar sus resultados en la adopción de políticas a todos los
niveles y garantizar una corriente de información en ambos sentidos entre
los productores y los usuarios de la información.
194. La meta de garantizar vivienda adecuada para todos y de hacer que los
asentamientos humanos y las comunidades sean productivos, salubres, seguros, no
discriminatorios, equitativos y sostenibles contribuirá al logro de la paz, el
desarrollo, la estabilidad, la justicia y la solidaridad humana en todo el
mundo. La cooperación internacional adquiere más significación e importancia a
la luz de las recientes tendencias hacia la mundialización y la
interdependencia que se observan en la economía mundial. Apremia redefinir y
reactivar los procesos y la estructura de cooperación y formular modalidades
nuevas e innovadoras de cooperación, a fin de que la humanidad pueda hacer
frente a los desafíos que plantea el desarrollo de los sectores rurales y
urbanos. Son necesarias, pues, la voluntad política de todos los Estados y
medidas concretas a nivel internacional a fin de establecer, inspirar y
promover nuevas modalidades de cooperación, asociación, coordinación a todos
los niveles e inversión de todas las fuentes, incluido el sector privado, con
objeto de contribuir eficazmente a la creación y el mejoramiento de condiciones
de vivienda en los asentamientos humanos, especialmente en los países en
desarrollo, teniendo en cuenta la diversidad de las necesidades y oportunidades
de los asentamientos humanos de los distintos países.
195. La formulación y aplicación de estrategias de desarrollo de los
asentamientos humanos son responsabilidad primordial de cada país a nivel
nacional y local, en el marco del ordenamiento jurídico de cada país, y deben
reflejar la diversidad económica, social y ecológica de la situación de cada
país. Sin embargo, la disminución general de la asistencia oficial para el
desarrollo, es motivo de profunda preocupación. En algunos países, esa
tendencia ha ido acompañada también de aumentos considerables de las corrientes
internacionales de capital y de una creciente participación del sector privado
en el desarrollo y la gestión de la infraestructura y los servicios. La
tendencia a la transición de la asistencia al comercio revela claramente la
necesidad de que el sector privado intervenga en la configuración de la
cooperación internacional. La comunidad internacional, incluidos los organismos
multilaterales y bilaterales de asistencia, las instituciones financieras
internacionales y el sector privado, deben desempeñar una importante función en
la aportación de recursos adicionales para reforzar los esfuerzos nacionales
por crear un entorno que propicie el logro de los objetivos de vivienda
adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
196. La mundialización de la economía mundial presenta oportunidades y retos
para el proceso de desarrollo, así como riesgos e incertidumbres. En este
contexto, la cooperación internacional adquiere más significación e importancia
a raíz de las recientes tendencias hacia la mundialización que se observan en
la economía mundial, por un lado, y del persistente deterioro de la difícil
situación de los países en desarrollo, por el otro. Los problemas que tienen su
origen en la pobreza, la urbanización, la falta de vivienda adecuada, incluida
la vivienda social, el rápido crecimiento demográfico, la migración de las
zonas rurales a las urbanas, el estancamiento económico y la inestabilidad
social son particularmente agudos.
197. Es necesario buscar enfoques y marcos innovadores para la cooperación
internacional en el desarrollo y la gestión de los asentamientos humanos, que
incluyan la participación activa de todos los niveles de gobierno, de los
sectores privado y cooperativista, de las organizaciones no gubernamentales y
de las organizaciones comunitarias en la adopción de decisiones, la formulación
de políticas y la asignación de recursos. Estos enfoques y marcos deben
incorporar asimismo modalidades nuevas y mejores de cooperación y coordinación
entre los países, los organismos multilaterales y bilaterales de asistencia,
las instituciones financieras internacionales, las organizaciones
internacionales y diversos órganos y organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, incluidas las transferencias de mejores prácticas Sur-Sur, Norte-Sur y
Sur-Norte, y el perfeccionamiento continuo de instrumentos y medios en materia
de políticas, planificación y gestión, como la utilización de indicadores
urbanos y de vivienda, el desarrollo de los recursos humanos y el
fortalecimiento de la capacidad institucional.
198. Estos enfoques innovadores no sólo deben promover la cooperación
internacional sino incorporar modalidades nuevas de cooperación y asociación
entre las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las
autoridades locales. Esto implica reconocer formas complementarias de
cooperación descentralizada y relaciones entre las autoridades locales, su
participación en la cooperación en el contexto del ordenamiento jurídico de
cada país, así como su contribución al proceso de formulación de las políticas
de asentamientos humanos. Los gobiernos, así como los organismos bilaterales y
multilaterales de asistencia, deben comprometerse a fomentar la cooperación
entre las autoridades locales y a fortalecer redes y asociaciones de
autoridades locales.
199. Los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza y la degradación
del medio ambiente, junto con la falta de paz y seguridad, las violaciones de
los derechos humanos y la disparidad en el desarrollo de instituciones
judiciales y democráticas, son todos ellos factores que influyen en migración
internacional. Una migración internacional ordenada puede tener repercusiones
positivas tanto para las comunidades de origen como para las de destino, al
constituir para las primeras una fuente de remesas y proporcionar a las
segundas los recursos humanos necesarios. La migración internacional también
puede contribuir a facilitar la transferencia de conocimientos especializados y
contribuir al enriquecimiento cultural. Sin embargo, la migración internacional
implica la pérdida de recursos humanos para muchos países de origen y puede
suscitar tiranteces políticas, económicas y sociales en los países de destino.
Estos factores tienen profundas repercusiones sobre la distribución espacial de
las poblaciones de las ciudades.
200. La economía mundial influye cada vez más en el suministro de vivienda
adecuada para todos y en el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
El proceso de urbanización está vinculado al desarrollo económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente, componentes
interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan entre sí. En este
contexto, es imperativo que todos los países, especialmente los países en
desarrollo, puedan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus
asentamientos humanos. Para ello se requieren un contexto internacional
propicio y enfoques integrados en los planos nacional e internacional que
tengan en cuenta la aplicación por los países de programas de reforma o
transición económica. Además, las transformaciones tecnológicas están obrando
cambios importantes en la estructura del empleo. Se debe reconocer que, desde
el punto de vista social y económico, la vivienda es un sector productivo. El
logro de las metas de una vivienda adecuada para todos y del desarrollo de
asentamientos humanos sostenibles a nivel mundial se verá facilitado, en
particular, por la adopción de medidas positivas para abordar las cuestiones de
la financiación, la deuda externa, el comercio internacional y la transferencia
de tecnología.
201. La comunidad internacional debe apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos
por hacer frente a los efectos de estos cambios sobre los asentamientos
humanos, en un marco de estrategias propiciadoras. La comunidad internacional
debe promover:
- el establecimiento de un entorno económico internacional abierto,
equitativo, cooperativo y mutuamente beneficioso;
- la coordinación de las políticas macroeconómicas a todos los niveles, a
fin de lograr un sistema financiero internacional que favorezca el
desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente como
componentes del desarrollo sostenible;
- un sistema financiero internacional más favorable al desarrollo estable
y sostenible de los asentamientos humanos, entre otras cosas, por el
aumento de la estabilidad de los mercados internacionales, la mitigación
del riesgo de crisis financieras y la reducción de los tipos de interés
reales;
- un entorno en todos los países que sea propicio a la inversión
extranjera directa e incentive el ahorro y la inversión nacional;
- el desarrollo de empresas e inversiones productivas y la ampliación del
acceso a mercados abiertos y dinámicos, en el contexto de un sistema
multilateral de comercio internacional sujeto a normas y disciplinas y que
sea abierto, equitativo, seguro, no discriminatorio, previsible y
transparente y el acceso a tecnologías y conocimientos técnicos adecuados
para todos, especialmente para quienes viven en la pobreza y los
desfavorecidos, así como para los países menos adelantados;
- el fomento de la capacidad en todos los países en desarrollo, en
particular en los países africanos y los países menos adelantados, y en los
países con economías en transición;
- el fortalecimiento y perfeccionamiento de la asistencia técnica y
financiera a los países en desarrollo para fomentar el desarrollo
sostenible y facilitar su participación plena y eficaz en la economía
mundial.
202. Concretamente en relación con el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos y el suministro de vivienda, la comunidad internacional
debe:
- velar por que los beneficios del crecimiento económico mundial sirvan
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de todos los países,
tanto en las zonas urbanas como en las rurales;
- movilizar recursos financieros nacionales e internacionales de todas las
fuentes para el suministro de viviendas y el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos;
- ampliar el acceso de todos los niveles de gobierno y del sector privado
en los países en desarrollo y en los países con economías en transición a
los recursos financieros internacionales, de modo que puedan atraer
inversiones en vivienda e infraestructura para el desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos;
- en consonancia con la legislación nacional, tratar de aumentar la
capacidad de las autoridades locales, el sector privado y las
organizaciones pertinentes para que puedan establecer vínculos con los
mercados mundiales de capital y tener acceso a los mercados financieros, de
conformidad con las salvaguardias de disciplina y control en esos mercados,
así como con las políticas monetarias nacionales, a fin de obtener recursos
para financiar los programas de vivienda e infraestructura y mecanismos e
instrumentos para facilitar la participación en el riesgo y el mejoramiento
del crédito;
- fomentar la adopción de políticas encaminadas a la creación y desarrollo
de un sector privado y promover estrategias que permitan realizar
inversiones públicas y privadas considerables y bien orientadas en la
construcción y el desarrollo de viviendas, infraestructura, servicios de
sanidad, educación y otros servicios básicos, en particular mediante la
prestación de asistencia técnica y financiera apropiada; además, alentar a
los gobiernos a promover estrategias que garanticen que el sector privado,
incluidas las empresas transnacionales, observe las leyes y códigos
nacionales, los reglamentos de seguridad social, los acuerdos, instrumentos
y convenciones internacionales aplicables, incluidos los relativos al medio
ambiente, así como otras leyes pertinentes, y a adoptar políticas y
establecer mecanismos con objeto de adjudicar los contratos sin hacer
discriminaciones; a contratar mujeres para puestos de dirección, adopción
de decisiones y gestión en las mismas condiciones que los hombres y
organizar programas de formación a los que hombres y mujeres tengan igual
acceso; y a respetar las leyes en materia de trabajo, medio ambiente,
derechos de los consumidores, sanidad y seguridad, en particular las que
afectan a las mujeres y a los niños;
- alentar la cooperación internacional para remediar los efectos
importantes de la migración internacional, en particular por medio de
asistencia técnica, conocimientos especializados de gestión e intercambio
de información;
- en consulta con los gobiernos, seguir ayudando a las personas
desplazadas, incluidos los refugiados, a otras personas que necesitan
protección internacional y a las personas internamente desplazadas, a fin
de atender a sus necesidades, teniendo presentes las recomendaciones
dimanantes de reuniones regionales sobre la migración internacional, las
personas internamente desplazadas y los repatriados, y contribuir a
encontrar para todos ellos una solución justa y duradera, de conformidad
con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y el derecho
internacional, considerando, teniendo debidamente en cuenta el principio de
la repatriación voluntaria, que los asentamientos humanos sostenibles para
ellos deben establecerse preferentemente en sus países de origen;
- facilitar el acceso a los recursos financieros internacionales a fin de
que todos los países en desarrollo, en particular los de Africa y los menos
adelantados, puedan aprovechar los mercados financieros internacionales en
expansión para promover las inversiones en vivienda, incluidas las
viviendas sociales, y en infraestructura de los asentamientos humanos
sostenibles;
- facilitar a los países con economías en transición el acceso a los
mercados financieros internacionales en expansión a fin de que puedan
promover la inversión y respaldar la aplicación de las reformas de vivienda
en el marco de la consecución de los objetivos de una vivienda adecuada
para todos y del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en esos
países.
203. La demanda de vivienda y de servicios de infraestructura en los
asentamientos humanos está en constante crecimiento. Debido al rápido aumento
del costo de la vivienda, de los servicios y de la infraestructura física, las
comunidades y los países, en especial los países en desarrollo, tienen
dificultades para movilizar recursos financieros adecuados. Es necesario contar
con recursos financieros nuevos y adicionales de fuentes diversas para lograr
los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización. Hay que potenciar
los recursos de que disponen los países en desarrollo -públicos, privados,
multilaterales, bilaterales, internos y externos- mediante mecanismos flexibles
e instrumentos económicos apropiados en apoyo del suministro de viviendas
adecuadas y del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
204. La aplicación cabal y efectiva del Programa de Hábitat, especialmente en
todos los países en desarrollo, en particular los países africanos y los menos
adelantados, requerirá la movilización de recursos financieros de diversas
fuentes en los planos nacional e internacional y una cooperación más efectiva a
fin de promover la asistencia para las actividades en materia de vivienda y
asentamientos humanos. Para ello, entre otras cosas, habrá que:
- dar mayor prioridad a los objetivos de vivienda adecuada para todos y
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos entre los donantes
multilaterales y bilaterales y movilizar el apoyo de éstos en favor de los
planes de acción nacionales, subregionales y regionales de los países en
desarrollo;
- esforzarse por lograr el objetivo convenido de que los países
desarrollados destinen el 0,7asistencia oficial para el desarrollo tan pronto como sea posible, y
aumentar, cuando corresponda, el porcentaje de financiación destinado a
programas de vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos, proporcionalmente al alcance y la escala de las actividades
requeridas para lograr los objetivos y metas del Programa de Hábitat;
- esforzarse por cumplir cuanto antes, de conformidad con los compromisos
contraídos en los acuerdos internacionales, como por ejemplo y, en
particular, la Declaración y Programa de Acción de París en favor de los
países menos adelantados en el decenio de 1990 (párr. 23), el objetivo del
0,15asistencia a los países menos adelantados, y por aumentar, cuando
corresponda, el porcentaje de financiación destinado a programas de
vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos,
proporcionalmente al alcance y la escala de las actividades requeridas para
lograr los objetivos y metas del Programa de Hábitat;
- procurar que los programas de ajuste estructural sean compatibles con
las condiciones económicas y sociales, las preocupaciones, los objetivos y
las necesidades de cada país, incluido el suministro de viviendas adecuadas
para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos,
proteger de los recortes presupuestarios los programas y gastos sociales
básicos, en particular los que benefician a las personas que viven en la
pobreza, las mujeres y los grupos vulnerables, y procurar que en los
correspondientes programas de inversión se tengan en cuenta las prioridades
del desarrollo de los asentamientos humanos, incluidas las prioridades
urbanas y rurales;
- instar a las instituciones financieras internacionales a que examinen
enfoques innovadores para ayudar a los países de bajos ingresos con un
elevado porcentaje de deuda multilateral, con objeto de mitigar la carga de
esa deuda;
- invitar a las instituciones multilaterales de desarrollo y a los
donantes bilaterales a que presten apoyo a los países, en particular a los
países en desarrollo, en sus esfuerzos por aplicar estrategias que permitan
a los gobiernos, las autoridades locales, las organizaciones no
gubernamentales, las comunidades, el sector privado y el sector
cooperativista formar asociaciones para participar en el suministro de
viviendas adecuadas y en el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos;
- estudiar medios de fortalecer, apoyar y ampliar la cooperación Sur-Sur,
en particular mediante la cooperación triangular, y la asociación entre
países en desarrollo y países desarrollados;
- fortalecer la solidaridad de la comunidad internacional y sus
organizaciones para suministrar vivienda adecuada a todos y promover el
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos para las poblaciones
sometidas a ocupación extranjera;
- fomentar, de forma compatible con el ordenamiento jurídico de cada país,
los programas de descentralización de la ayuda al desarrollo elaborados por
las autoridades locales y sus asociaciones, en virtud de los cuales los
recursos financieros se transfieren directamente de una autoridad local
donante a su homóloga del país en desarrollo;
- aumentar la eficacia de la asistencia oficial para el desarrollo y de
otras corrientes financieras externas mediante una mejor coordinación entre
los donantes, y también entre los donantes y las actividades operacionales
de las Naciones Unidas, y promoviendo una mayor integración de estas
corrientes en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos;
- apoyar los programas que promuevan la utilización eficaz y transparente
de los recursos públicos y privados, reduzcan el desperdicio de recursos y
los gastos sin destinatarios específicos y amplíen el acceso a la vivienda
y a los servicios de todas las personas, en particular de las que viven en
la pobreza;
- reconocer el efecto negativo de los gastos militares excesivos, del
comercio de armamentos, especialmente de las armas excesivamente nocivas o
de efectos indiscriminados, y de las inversiones excesivas en la producción
y adquisición de armamentos, aun aceptando la legitimidad de las
necesidades de la defensa nacional;
- dar preferencia, dentro de lo posible, a la utilización de expertos
nacionales competentes de los países en desarrollo o, cuando sea necesario,
de expertos competentes de la subregión o región o de otros países en
desarrollo en la formulación, preparación y ejecución de proyectos y
programas, y a la creación de capacidad local cuando ésta no exista;
- elevar al máximo la eficiencia de los proyectos y programas reduciendo
al mínimo sus gastos generales;
- integrar medidas prácticas para reducir la vulnerabilidad a los
desastres, en los programas y proyectos de desarrollo, en particular de
construcción de edificios, infraestructura y redes de comunicaciones
accesibles a las personas con discapacidad, incluidos los que se financien
con recursos de la comunidad internacional, y asegurarse de que esas
medidas formen parte integrante de los estudios de viabilidad y de
determinación de proyectos;
- idear y desarrollar medidas apropiadas para aplicar políticas económicas
que promuevan y movilicen el ahorro interno y permitan atraer recursos
externos para inversiones productivas, y buscar fuentes innovadoras de
financiación, tanto públicas como privadas, con destino a los programas de
vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, y
velar al propio tiempo por una utilización eficaz de esos recursos;
- fortalecer la asistencia técnica y financiera para los programas de
desarrollo comunitario y de autoayuda y reforzar la cooperación entre los
gobiernos a todos los niveles, las organizaciones comunitarias, las
cooperativas, las entidades bancarias institucionales y no institucionales,
las empresas privadas y las instituciones internacionales, con miras a
movilizar el ahorro interno, fomentar el establecimiento de redes
financieras locales, promover la inversión y reinversión de las empresas en
actividades que tengan en cuenta los factores sociales de las comunidades y
acrecentar la corriente de información sobre crédito y mercados de que
disponen las personas de bajos ingresos, las mujeres y los grupos
vulnerables y desfavorecidos respecto de la vivienda y el desarrollo de los
asentamientos humanos;
- facilitar el acceso a la financiación mundial de los gobiernos y
autoridades locales que inicien o estén ejecutando programas de asociación
entre el sector público y el sector privado;
- establecer y promover vinculaciones entre los mecanismos de crédito no
institucionales y las fuentes mundiales de recursos y ampliar el acceso de
la mayoría de la población a la financiación de la vivienda, mediante
procesos basados en la participación de las comunidades, las organizaciones
no gubernamentales, las cooperativas de crédito, las instituciones
financieras mundiales y otros agentes importantes;
- encauzar las corrientes internacionales de financiación pública y
privada hacia el suministro de viviendas y el desarrollo de los
asentamientos mediante instrumentos económicos apropiados;
- examinar los medios de facilitar la inversión extranjera del sector
privado en proyectos de asentamientos humanos sostenibles, incluidas las
empresas mixtas o las asociaciones entre el sector público y el privado, en
particular en las esferas de la infraestructura y el transporte;
- establecer mecanismos eficaces y equitativos de fijación de precios para
viviendas adecuadas y asentamientos humanos sostenibles, infraestructura y
servicios, y ayudar con este fin a los países, en particular a los países
en desarrollo, de modo que se generen corrientes más amplias de recursos
privados, nacionales y mundiales, y proporcionar también subvenciones
transparentes y con fines específicos a las personas que viven en la
pobreza;
- estudiar medidas apropiadas para la conversión de deuda en capital
social en favor del desarrollo de la vivienda y la infraestructura en los
asentamientos humanos;
- crear fuentes innovadoras de financiación, tanto públicas como privadas,
para el desarrollo de los asentamientos humanos y establecer un entorno
propicio para que la sociedad civil pueda movilizar recursos, incluidas las
contribuciones de los beneficiarios y las aportaciones voluntarias de los
particulares;
- promover la asistencia a las actividades de desarrollo de la vivienda y
los asentamientos humanos en favor de las personas que viven en la pobreza,
en particular de las mujeres, y los grupos vulnerables, como los
refugiados, las personas internamente desplazadas, las personas con
discapacidad, los niños de la calle, los migrantes y las personas sin
hogar, mediante subvenciones destinadas específicamente a esos
beneficiarios;
- reconocer la necesidad de vivienda adecuada para todos y del desarrollo
de los asentamientos humanos para resolver los problemas especiales de
algunos países que sufren los efectos de desastres naturales y causados por
el hombre y necesitan urgentemente reconstruir sus economías y
asentamientos humanos;
- dar gran prioridad a la difícil situación y las necesidades de los
países africanos y los países menos adelantados en la aplicación de los
objetivos de suministro de vivienda adecuada para todos y desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos;
- aplicar los compromisos de la comunidad internacional a las necesidades
y los factores de vulnerabilidad de los asentamientos humanos en los
pequeños Estados insulares en desarrollo, en particular proporcionando
medios efectivos, como recursos suficientes, previsibles, nuevos y
adicionales, para los programas de asentamientos humanos, de conformidad
con la Declaración de Barbados y sobre la base de las disposiciones
pertinentes del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los
pequeños Estados insulares en desarrollo;
- dar apoyo y asistencia internacionales a los países en desarrollo sin
litoral y apoyar a esos países y a los países en desarrollo vecinos de
tránsito en sus esfuerzos por hacer realidad los resultados de Hábitat II,
teniendo en cuenta, según proceda, los desafíos y problemas propios de esos
países;
- acordar un compromiso mutuo entre los países desarrollados y en
desarrollo interesados para destinar, en promedio, el 20oficial para el desarrollo y el 20programas sociales básicos.
205. La utilización y transferencia de tecnologías ecológicamente racionales
que tienen profundos efectos en las modalidades de producción y consumo son
indispensables para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Las
tecnologías avanzadas y apropiadas y los sistemas de conocimientos en que se
basa su aplicación brindan nuevas oportunidades para emplear de manera más
eficiente los recursos humanos financieros y materiales, instituir prácticas
industriales más sostenibles y crear nuevas fuentes de empleo. Las
organizaciones internacionales deben desempeñar una función importante en la
divulgación y promoción del acceso a información sobre las tecnologías que
puedan transferirse. Queda entendido que en la transferencia de tecnología se
tendrá en cuenta la necesidad de proteger los derechos de propiedad
intelectual.
206. La comunidad internacional debe promover y facilitar la transferencia de
tecnología y de conocimientos especializados para apoyar la ejecución de los
planes de acción nacionales en favor de una vivienda adecuada para todos y el
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, entre otras cosas:
- alentando el establecimiento y fortalecimiento, según proceda, de redes
mundiales entre todas las partes interesadas, a fin de facilitar el
intercambio de información sobre tecnologías ecológicamente racionales, en
particular las relacionadas con la vivienda y los asentamientos humanos;
- velando por que el proceso de transferencia de tecnología evite la
transferencia de tecnologías perjudiciales para el medio ambiente y por que
la transferencia de tecnologías favorables al medio ambiente y de los
correspondientes conocimientos tecnológicos, en particular a los países en
desarrollo, se haga en condiciones favorables, de forma convenida
mutuamente, teniendo en cuenta la necesidad de proteger los derechos de
propiedad intelectual;
- facilitando, desarrollando o intensificando la cooperación técnica con
todas las regiones y entre todas las regiones, incluida la cooperación
Sur-Sur, a fin de intercambiar experiencias, en particular respecto de las
mejores prácticas, propiciar el desarrollo de la capacidad técnica y
tecnológica y aumentar la eficiencia de las políticas y la gestión en
materia de vivienda y asentamientos humanos, con el respaldo coordinado y
complementario de mecanismos multilaterales y bilaterales;
- alentando y apoyando el uso de tecnologías de construcción apropiadas y
la producción de materiales de construcción locales, así como apoyando el
establecimiento de redes subregionales, regionales e internacionales de
instituciones dedicadas a la investigación, la producción, la divulgación y
la comercialización de materiales de construcción de producción local;
- haciendo especial hincapié en la financiación y el fomento de las
investigaciones aplicadas, así como en su divulgación, y de la innovación
en todos los aspectos que puedan contribuir a aumentar la capacidad de los
países en desarrollo, particularmente de los países de Africa y de los
países menos adelantados, para proporcionar vivienda, servicios urbanos,
infraestructura y lugares de esparcimiento a sus comunidades;
- promoviendo la identificación y divulgación de tecnologías nuevas y
prometedoras relacionadas con los asentamientos humanos que generen empleo,
especialmente las que puedan reducir el costo de la infraestructura, hacer
más asequibles los servicios básicos y reducir al mínimo los efectos
ecológicos perjudiciales, y determinando también las funciones concretas
que podrían desempeñar las organizaciones existentes de las Naciones Unidas
a fin de promover estos objetivos.
207. Para poder hacer frente a los retos que plantea un mundo en acelerado
proceso de urbanización es necesario garantizar que las redes internacionales y
regionales faciliten más eficazmente el intercambio y la transferencia de
conocimientos y experiencias sobre los marcos institucionales, jurídicos y
reglamentarios y divulgar las mejores prácticas en lo que respecta a los
asentamientos humanos sostenibles en las zonas urbanas y rurales, incluidas,
entre otras, las que se reflejan en los resultados de la Conferencia
Internacional sobre Mejores Prácticas para la mejora del entorno de vida,
celebrada en Dubai en noviembre de 1995. El Centro de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (Hábitat), con arreglo a su mandato, debe actuar de
catalizador de la movilización de cooperación técnica. Se podrían explorar las
posibilidades de mejorar la divulgación y el intercambio de ideas sobre
cooperación técnica en los planos nacional e internacional.
208. En particular, la comunidad internacional debe:
- teniendo en cuenta las redes existentes, estudiar el establecimiento de
redes mundiales de información eficientes, accesibles y de costo razonable
sobre asentamientos humanos, en forma de conferencias "electrónicas"
permanentes que deben incluir información actualizada sobre el Programa de
Hábitat y sobre las mejores prácticas, así como informes sobre la ejecución
de los planes de acción nacionales;
- mediante redes mundiales de información sobre asentamientos humanos,
ayudar a las administraciones públicas a todos los niveles, a los
principales grupos de agentes y a los organismos internacionales de
desarrollo a evaluar la información, desglosada por sexo, sobre las
consecuencias sociales y ambientales de las políticas, las estrategias, los
programas y los proyectos de desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos y de suministro de vivienda;
- con miras a apoyar y facilitar los esfuerzos nacionales y locales en la
esfera de la gestión de los asentamientos humanos, elaborar y reforzar
programas de fomento de la capacidad y fomentar el intercambio de
experiencias y políticas en materia de urbanización y desarrollo regional
integrado, en el marco de las estrategias de desarrollo nacionales;
- fomentar la capacidad de las autoridades nacionales y locales para
determinar y analizar los problemas críticos en materia de asentamientos
humanos, elaborar y aplicar eficazmente políticas y programas encaminados a
resolverlos y gestionar de manera eficiente el proceso de desarrollo de los
asentamientos humanos a nivel local, en particular por conducto del Centro
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), con
arreglo a su mandato;
- seguir apoyando los programas de cooperación técnica encaminados a
prevenir y mitigar los efectos de los desastres naturales y de los
desastres causados por el hombre, así como las actividades de
reconstrucción en los países afectados;
- facilitar el suministro de asistencia técnica, jurídica e institucional
a los gobiernos a todos los niveles pertinentes, cuando lo soliciten, en
estrecha cooperación con las actividades de fomento de la capacidad que
lleven a cabo las organizaciones competentes del sistema de las Naciones
Unidas, en particular por intermedio del Centro de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (Hábitat), conforme a su mandato y dentro de los
límites de los recursos existentes.
209. La tarea de lograr los objetivos de vivienda adecuada para todos y
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, frente a la creciente
interacción económica mundial, requiere la cooperación internacional de las
instituciones públicas y privadas que realizan actividades de desarrollo de los
asentamientos humanos, de modo que se puedan mancomunar recursos, información y
capacidad para resolver de manera más eficaz los problemas de los asentamientos
humanos.
210. El Programa de Hábitat incorpora nuevos elementos al temario de medidas
nacionales y cooperación internacional y promueve una percepción común de las
prioridades en materia de asentamientos humanos. El Programa de Hábitat debe
aplicarse en un marco coordinado que asegure que se dé amplio seguimiento a
todas las conferencias de las Naciones Unidas y que los programas de acción
convenidos sean cabalmente aplicados, supervisados y examinados, junto con los
resultados de otras conferencias recientes de las Naciones Unidas que guardan
relación con los asentamientos humanos.
211. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las
instituciones de Bretton Woods, los bancos y fondos de desarrollo regionales y
subregionales y los organismos bilaterales de asistencia, cuando corresponda y
de conformidad con el marco jurídico de cada país, deben:
- establecer o fortalecer mecanismos de cooperación a fin de integrar los
compromisos y las medidas relacionados con el objetivo de vivienda adecuada
para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en sus
políticas, programas y operaciones, en particular los compromisos y medidas
que figuran en el Programa de Hábitat, aprovechando los resultados de otras
conferencias recientes de las Naciones Unidas que guardan relación con los
asentamientos humanos;
- establecer o fortalecer los vínculos con las asociaciones
internacionales de autoridades locales, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria y con todas las
demás partes interesadas, a fin de hacer realidad las metas de la
Conferencia;
- realizar actividades encaminadas a fortalecer la capacidad de las
autoridades locales;
- intensificar su cooperación con las asociaciones y redes de autoridades
locales, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de voluntarios,
las asociaciones comunitarias y los sectores privado y cooperativista en
materia de vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos;
- apoyar las asociaciones entre el sector público y el privado en el
suministro de viviendas y servicios y otras actividades de desarrollo para
que haya vivienda adecuada y asentamientos humanos sostenibles;
- alentar las asociaciones de los sectores público y privado en lo que se
refiere a inversiones comunitarias social y ambientalmente responsables y a
la reinversión en programas de vivienda y asentamientos humanos
sostenibles, y hacer públicos y accesibles los datos y las mejores
prácticas desarrolladas de este modo;
- alentar la participación de todas las partes interesadas en el plano
local para formular las medidas, los programas y las acciones locales
necesarios para aplicar y supervisar el Programa de Hábitat y los planes de
acción nacionales, por medio, entre otros mecanismos, de los procesos del
"Programa 21 Local", conforme a lo dispuesto por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
212. El efecto a largo plazo de los compromisos asumidos por los gobiernos y la
comunidad internacional, junto con las autoridades locales y las organizaciones
no gubernamentales en Hábitat II dependerá de la aplicación de las medidas
acordadas a nivel local, nacional, regional e internacional. Será preciso
desarrollar o reforzar, según corresponda, planes nacionales de acción u otros
programas y medidas nacionales pertinentes para alcanzar los objetivos de la
vivienda adecuada para todos y del desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos y su aplicación habrá de ser supervisada y evaluada por los gobiernos
en estrecha cooperación con sus asociados en el desarrollo sostenible a nivel
nacional. Análogamente, será preciso evaluar los progresos realizados en la
aplicación del Programa de Hábitat con miras a alentar y capacitar a todas las
partes interesadas con el fin de mejorar su actuación y reforzar la cooperación
internacional.
213. Incumbe a los gobiernos la responsabilidad primordial de aplicar el
Programa de Hábitat. Como entidades encargadas de facilitar la aplicación, los
gobiernos deben crear y reforzar en cada país asociaciones eficaces con las
mujeres, los jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad, los grupos
vulnerables y desfavorecidos y los indígenas y con las comunidades, las
autoridades locales, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales.
Deben establecerse o mejorarse, según corresponda, mecanismos nacionales para
coordinar las medidas a todos los niveles pertinentes de la administración que
tengan efectos en los asentamientos humanos y para evaluar esos efectos antes
de adoptar las medidas. Debe apoyarse a las autoridades locales en sus
esfuerzos por aplicar el Programa de Hábitat si es necesario adoptar medidas en
el plano local. Deben desarrollarse y utilizarse todos los mecanismos adecuados
de participación, en particular las iniciativas del Programa 21 Local. Los
gobiernos tal vez deseen coordinar la ejecución de sus planes nacionales de
acción mejorando la cooperación y la asociación con las organizaciones
subregionales, regionales e internacionales, entre otras, el sistema de las
Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods, que tienen una
función muy importante que desempeñar en diversos países.
214. En el marco de la cooperación y la asociación a nivel internacional, en la
aplicación eficaz de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) debe tenerse en cuenta la
integración de los objetivos de una vivienda adecuada y del desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos con otras consideraciones más amplias
de carácter ecológico, social y económico. Los principales agentes
intergubernamentales a nivel mundial de la aplicación y el seguimiento del
Programa de Hábitat continuarán siendo todos los Estados, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, y, en particular, la
Comisión de Asentamientos Humanos, de conformidad con su mandato y su función,
contenidos en la resolución 32/162 de la Asamblea General, de 19 de diciembre
de 1977, y en todas las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea. También
tienen una importante función que desempeñar en la aplicación del Programa de
Hábitat otros órganos y organizaciones competentes del sistema de las Naciones
Unidas. El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(Hábitat) y todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deben tener en cuenta el Programa de Hábitat con miras a aplicarlo en
sus respectivas esferas de competencia.
215. Todos los Estados deben realizar esfuerzos concertados por lograr la
aplicación del Programa de Hábitat mediante la cooperación bilateral,
subregional, regional e internacional, así como a través del sistema de las
Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods. Los Estados
también pueden organizar reuniones bilaterales, subregionales y regionales y
tomar otras iniciativas apropiadas para contribuir al examen y la evaluación de
los progresos realizados en la aplicación del Programa de Hábitat.
216. Con respecto al examen de la cuestión de una vivienda adecuada para todos
y del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos a nivel
intergubernamental, debe prestarse especial atención a la función de la
Asamblea General y del Consejo Económico y Social.
217. La Asamblea General, como órgano intergubernamental supremo, es el
principal órgano de adopción y evaluación de políticas en las cuestiones
relativas al seguimiento de Hábitat II. En su quincuagésimo primer período de
sesiones, la Asamblea debería incluir en su programa el seguimiento de la
Conferencia incluyendo en él un tema titulado "Aplicación de los resultados de
la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II)". En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
que se celebrará en 1997 con el fin de realizar una revisión y evaluación
general del Programa 21, debería prestarse la debida atención a la cuestión de
los asentamientos humanos en el contexto del desarrollo sostenible. En su
quincuagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea debería examinar la
eficacia de las medidas tomadas para aplicar los resultados de la Conferencia.
218. La Asamblea General debería considerar la posibilidad de celebrar un
período extraordinario de sesiones en el año 2001 con el fin de realizar una
revisión y evaluación general de la aplicación de los resultados de Hábitat II,
y debería también examinar otras medidas e iniciativas al respecto.
219. El Consejo Económico y Social, de conformidad con el papel que le
corresponde en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones
y decisiones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Económico y
Social, supervisaría la coordinación general de la aplicación del Programa de
Hábitat en todo el sistema y formularía recomendaciones al respecto. Debería
invitarse al Consejo Económico y Social a que en su período de sesiones
sustantivo de 1997 revisara el seguimiento del Programa de Hábitat.
220. El Consejo Económico y Social podría convocar sesiones de representantes
de alto nivel para fomentar el diálogo internacional sobre cuestiones de
importancia crítica relativas a la vivienda adecuada para todos y al desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos, así como sobre políticas para abordar
esos temas mediante la cooperación internacional. A este respecto, podría
considerar la conveniencia de dedicar una serie de sesiones de alto nivel antes
del año 2001 a los asentamientos humanos y a la aplicación del Programa de
Hábitat, con la participación activa, entre otros, de los organismos
especializados, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.
221. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social, cuando procediera,
deberían promover la cooperación subregional y regional en la aplicación del
Programa de Hábitat. A este respecto, las comisiones regionales, en el marco de
sus mandatos y en cooperación con las organizaciones intergubernamentales y los
bancos regionales, deberían considerar la posibilidad de convocar reuniones de
alto nivel para examinar los progresos realizados en la aplicación de los
resultados de Hábitat II, intercambiar opiniones sobre sus experiencias
respectivas, especialmente en lo que respecta a las mejores prácticas, y
adoptar las medidas oportunas. En esas reuniones podrían participar, de ser
oportuno, las principales instituciones técnicas y financieras. Las comisiones
regionales deberían informar al Consejo de los resultados de esas reuniones.
222. La Comisión de Asentamientos Humanos, bajo la dirección del Consejo
Económico y Social, debe tener, entre otros, los objetivos, funciones y
responsabilidades siguientes, en particular en vista de su función de promover,
examinar, vigilar y evaluar los progresos realizados en la aplicación de los
objetivos de la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos en todos los países, de conformidad con el Programa de
Hábitat:
- fomentar políticas integradas y coherentes a todos los niveles,
encaminadas a alcanzar los objetivos de una vivienda adecuada para todos y
el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en todos los países,
teniendo debidamente en cuenta la capacidad máxima de carga del medio
ambiente, de conformidad con el Programa de Hábitat;
- hacer un seguimiento de los progresos realizados en la aplicación del
Programa de Hábitat, entre otras cosas, analizando las aportaciones
pertinentes de los gobiernos, las autoridades locales y sus asociaciones,
las organizaciones no gubernamentales competentes y el sector privado;
- prestar asistencia a los países, en particular a los países en
desarrollo, las subregiones y regiones en lo que respecta a intensificar y
mejorar sus propios esfuerzos por resolver los problemas de la vivienda y
los asentamientos humanos, en particular promoviendo la formación
profesional;
- fomentar, en apoyo de los planes y actividades nacionales de
seguimiento, la cooperación internacional con el fin de aumentar la
disponibilidad de recursos de todos los países en desarrollo, especialmente
los de Africa y los países menos adelantados, y promover la contribución
efectiva del sector privado y de las autoridades locales y sus
asociaciones;
- presentar recomendaciones adecuadas a la Asamblea General, por conducto
del Consejo Económico y Social, sobre la base de un análisis y síntesis de
la información recibida, e informar a la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible;
- facilitar la cooperación y las asociaciones entre todos los países y
regiones para alcanzar los objetivos de la vivienda adecuada para todos y
el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
- seguir formulando y promoviendo objetivos, prioridades y directrices
normativas en lo que respecta a los programas de trabajo existentes y
previstos del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(Hábitat) en las esferas de la vivienda adecuada y el desarrollo sostenible
de los asentamientos humanos, de conformidad con el Programa de Hábitat;
- seguir el avance de las actividades del sistema de las Naciones Unidas,
cooperar con otras organizaciones internacionales en lo que respecta a la
vivienda adecuada y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y
proponer, según corresponda, medios para alcanzar de la mejor manera
posible los objetivos y fines normativos generales en esos sectores en el
sistema de las Naciones Unidas;
- promover la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos en armonía con las recomendaciones hechas por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
especialmente el capítulo 7 del Programa 21, teniendo en cuenta, de
proceder, los resultados pertinentes de otras grandes conferencias y
reuniones en la cumbre de las Naciones Unidas;
- fomentar la plena y efectiva aplicación del Programa de Hábitat a nivel
nacional e internacional;
- estudiar, en el contexto del Programa de Hábitat, nuevas cuestiones y
problemas con miras a idear soluciones para lograr los objetivos de
vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos, incluidas las de carácter regional o internacional;
- continuar dando orientaciones normativas generales y supervisando las
operaciones del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Hábitat), incluida la Fundación de las Naciones Unidas para el
Hábitat y los Asentamientos Humanos;
- examinar y aprobar periódicamente la utilización de los fondos a su
disposición para llevar a cabo actividades de desarrollo de la vivienda y
los asentamientos humanos a todos los niveles;
- vigilar y evaluar los progresos realizados y los obstáculos con que se
ha tropezado para alcanzar los objetivos del Programa de Hábitat y
recomendar medidas oportunas y otras medidas alternativas que se consideren
necesarias para reforzar el carácter dinámico del Programa de Hábitat.
223. Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Asamblea General
en su quincuagésimo primer período de sesiones, la Comisión de Asentamientos
Humanos, en su próximo período de sesiones, debería examinar su programa de
trabajo a fin de asegurar el seguimiento efectivo y la aplicación de los
resultados de la Conferencia, en forma compatible con las funciones y
contribuciones de otros órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas,
y hacer recomendaciones al respecto al Consejo Económico y Social, en el marco
de su examen de las actividades de sus órganos subsidiarios. La Comisión
también debería examinar sus métodos de trabajo a fin de lograr que participen
en su labor los representantes de autoridades locales y entidades pertinentes
de la sociedad civil, en particular el sector privado y las organizaciones no
gubernamentales, en la esfera de la vivienda adecuada para todos y el
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, teniendo en cuenta su
reglamento.
224. Se invita a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social a que, de
conformidad con sus respectivos mandatos, examinen y refuercen el mandato de la
Comisión de Asentamientos Humanos, teniendo en cuenta el Programa de Hábitat,
así como la necesidad de coordinación con otras comisiones interesadas y las
actividades complementarias de la Conferencia, y de que se aplique un criterio
a nivel de todo el sistema para su puesta en práctica.
225. La Comisión de Asentamientos Humanos, como Comisión Permanente que presta
asistencia al Consejo Económico y Social, debe desempeñar una función central
en la vigilancia en el sistema de las Naciones Unidas, de la aplicación del
Programa de Hábitat, y debe asesorar al Consejo al respecto. Es preciso que la
Comisión tenga un mandato claro y recursos humanos y financieros suficientes,
mediante la redistribución de recursos en el presupuesto ordinario de las
Naciones Unidas que le permitan desempeñar ese mandato.
226. La Comisión de Asentamientos Humanos debe prestar asistencia al Consejo
Económico y Social al coordinar con las organizaciones competentes del sistema
de las Naciones Unidas la presentación de informes sobre la aplicación del
Programa de Hábitat. La Comisión debe aprovechar las aportaciones de otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de otras fuentes, según
proceda.
227. Al formular su programa de trabajo, la Comisión de Asentamientos Humanos,
debe examinar el Programa de Hábitat y analizar la posibilidad de incluir en su
programa de trabajo las actividades complementarias de la Segunda Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II). En este
contexto, la Comisión de Asentamientos Humanos podría examinar la manera de
seguir desarrollando su función catalítica en la promoción de la vivienda
adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
228. En el marco de su mandato y considerando la necesidad de centrarse en
objetivos bien definidos y en cuestiones estratégicas, el Centro de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) deberá cumplir, entre
otras, las funciones siguientes:
- supervisar, con miras a asegurar la armonización entre las secretarías,
los programas de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos planeados y ejecutados por el sistema de las
Naciones Unidas;
- prestar asistencia a la Comisión de Asentamientos Humanos en la
formulación de recomendaciones para coordinar las actividades relacionadas
con la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos en el sistema de las Naciones Unidas, a fin de
mantenerlas bajo examen y evaluar su eficacia;
- promover, facilitar y ejecutar programas y proyectos adecuados de
vivienda y desarrollo de los asentamientos humanos;
- facilitar un intercambio mundial de información acerca de los objetivos
de la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos, en particular, mediante un intercambio de
información sobre las mejores prácticas y fomentando la realización de
investigaciones sobre enfoques y métodos sostenibles en lo relativo a los
materiales de construcción y la tecnología de la construcción;
- abordar las cuestiones interregionales relacionadas con los objetivos de
vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos en plena cooperación con las comisiones regionales, así como con
las principales instituciones técnicas y financieras y otros asociados
pertinentes a nivel regional;
- complementar los conocimientos regionales para la formulación y
aplicación, previa solicitud, de programas y proyectos de vivienda adecuada
para todos y desarrollo de los asentamientos humanos, prestando la debida
atención a las instituciones regionales de cooperación;
- fomentar y consolidar la colaboración, conforme al ordenamiento jurídico
de cada país, con todas las partes interesadas, incluidas las autoridades
locales y el sector privado y las organizaciones no gubernamentales en la
aplicación del Programa de Hábitat;
- mantener y actualizar una guía mundial de consultores y asesores para
complementar el número de expertos disponibles en el sistema de las
Naciones Unidas y, cuando sea necesario, prestar asistencia en la
contratación de expertos a nivel mundial, incluidos expertos de países en
desarrollo y de países con economías en transición;
- efectuar actividades de información pública sobre vivienda adecuada para
todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, en cooperación
con el Departamento de Información Pública de la Secretaría de las Naciones
Unidas;
- fomentar la utilización de tecnología audiovisual e informática en
relación con los objetivos de vivienda adecuada y desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos;
- desempeñar las responsabilidades y funciones adicionales que le asigne
la Asamblea General y el Consejo Económico y Social;
- continuar ejecutando la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año
2000, teniendo en cuenta el Programa de Hábitat;
- analizar y vigilar las tendencias más importantes de la urbanización y
los efectos de las políticas en los asentamientos urbanos y rurales,
observar los progresos en la ejecución del Programa de Hábitat y continuar
su programa de publicaciones con inclusión entre otras publicaciones del
Informe mundial sobre los asentamientos humanos;
- prestar asistencia en la preparación de orientaciones para la vigilancia
y evaluación nacional y local de la aplicación del Programa de Hábitat
mediante la utilización de programas de indicadores de la vivienda y los
asentamientos humanos;
- promover la gestión y el desarrollo de base comunitaria de los
asentamientos humanos con el objetivo especial de conseguir una
administración transparente, representativa y responsable mediante el
desarrollo institucional, la creación de capacidades y las asociaciones.
229. La principal función del Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (Hábitat) situado en Nairobi (Kenya) es prestar servicios
sustantivos a la Comisión de Asentamientos Humanos y otros órganos
intergubernamentales en lo tocante a la vivienda adecuada para todos y al
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Se le debe nombrar centro
de coordinación de la aplicación del Programa de Hábitat. A la luz del examen
del mandato de la Comisión de Asentamientos Humanos, solicitado en el párrafo
224 supra, también deberán evaluarse las funciones del Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) con miras a revitalizarlo. Se
pide al Secretario General que asegure un funcionamiento más eficaz del Centro,
entre otras cosas proporcionándole suficientes recursos humanos y financieros
con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
230. En el marco de sus mandatos, otros órganos subsidiarios del Consejo
Económico y Social, como la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la
Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Población y
Desarrollo, deben tener debidamente en cuenta las cuestiones relativas a los
asentamientos humanos, según se indica en el Programa de Hábitat.
231. Se invita al Secretario General a que vele por una coordinación eficaz de
la aplicación del Programa de Hábitat y un examen adecuado de las necesidades
en materia de asentamientos humanos en todas las actividades del sistema de las
Naciones Unidas. El Comité Administrativo de Coordinación debe examinar sus
procedimientos a nivel interinstitucional y asegurar la coordinación en todo el
sistema y la participación de sus diversas entidades en la aplicación del
Programa de Hábitat. Estas entidades deben examinar sus programas con el fin de
determinar la mejor manera de contribuir a la aplicación coordinada del
Programa de Hábitat. Se pide al Secretario General que incluya la aplicación
del Programa de Hábitat en los mandatos de los grupos de tareas
interinstitucionales existentes del Comité Administrativo de Coordinación a fin
de facilitar una aplicación integrada y coordinada del Programa de Hábitat.
232. Se invita al Secretario General a que continúe asegurando el
funcionamiento eficaz del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Hábitat) para que pueda desempeñar cabalmente su mandato.
233. Debe insistirse en el importante papel del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en la supervisión de los aspectos del Programa de Hábitat
relacionados con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales por los Estados Partes.
234. Con el fin de reforzar su apoyo a las medidas adoptadas a nivel nacional y
para mejor contribuir a un seguimiento integrado y coordinado por las Naciones
Unidas, debe instarse a los organismos especializados y otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas a que consideren y determinen qué medidas
concretas adoptarán para atender a las prioridades indicadas en el Programa de
Hábitat.
235. Con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de las organizaciones de
las Naciones Unidas en lo que respecta al apoyo a los esfuerzos por facilitar
vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos a nivel nacional, y de aumentar la capacidad de esas organizaciones
para alcanzar los objetivos de Hábitat II, es necesario renovar, reformar y
revitalizar las diversas partes del sistema de las Naciones Unidas, en
particular sus actividades operacionales. Todos los organismos especializados y
las organizaciones conexas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas deben
reforzar y ajustar sus actividades, programas y estrategias de mediano plazo,
conforme a su mandato y según corresponda, para tener en cuenta el seguimiento
de Hábitat II, en especial sobre el terreno. Los órganos directivos pertinentes
deben examinar sus políticas, programas, presupuestos y actividades a este
respecto.
236. Las instituciones financieras internacionales deben contribuir a movilizar
recursos para la aplicación del Programa de Hábitat. Con este fin, se invita a
las instituciones pertinentes a que adopten las medidas siguientes:
- debe invitarse al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a los
bancos y fondos regionales y subregionales de desarrollo y a todas las
demás organizaciones financieras internacionales a que integren en mayor
medida los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos en sus políticas, programas y
operaciones, por ejemplo otorgando mayor prioridad a esos objetivos, cuando
sea posible, en sus programas de crédito;
- debe invitarse a las instituciones de Bretton Woods y a otras
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas a que trabajen
conjuntamente con los países interesados, especialmente los países en
desarrollo, para mejorar el diálogo sobre políticas y promover nuevas
iniciativas destinadas a asegurar que los programas de ajuste estructural
fomenten una vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos, prestando atención especial a las personas que viven
en la pobreza y otros grupos vulnerables;
- debe invitarse al sistema de las Naciones Unidas, incluidas las
instituciones de Bretton Woods y otros organismos especializados, a que
amplíen y mejoren su cooperación en relación con los objetivos de vivienda
adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos
con el fin de asegurar que los esfuerzos sean complementarios y a que, en
lo posible, mancomunen recursos impulsando iniciativas conjuntas tendientes
a proporcionar vivienda adecuada para todos y a promover el desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos, de conformidad con los objetivos
de Hábitat II.
237. La aplicación eficaz del Programa de Hábitat exige fortalecer las
autoridades locales, las organizaciones comunitarias y las organizaciones no
gubernamentales en las esferas de la educación, la salud, la erradicación de la
pobreza, los derechos humanos, la integración social, la infraestructura y el
mejoramiento de la calidad de la vida, y el socorro y la rehabilitación, para
que puedan participar de modo constructivo en la adopción y aplicación de
políticas. Para ello será necesario:
- establecer marcos legislativos y de reglamentación, disposiciones
institucionales y mecanismos de consulta para que las organizaciones puedan
participar en el diseño, aplicación y evaluación de las estrategias y
programas de asentamientos humanos;
- respaldar los programas de fomento de la capacidad de las organizaciones
que trabajan en esferas esenciales como la planificación participadora, el
diseño, la aplicación y evaluación de programas, el análisis económico y
financiero, la gestión del crédito, la investigación, la información y las
medidas de defensa de intereses;
- suministrar recursos consistentes en medidas como programas de
subvenciones y apoyo técnico y administrativo de otra índole para las
iniciativas asumidas y gestionadas en el plano de las comunidades;
- fortalecer las redes de cooperación y el intercambio de conocimientos y
experiencias entre estas organizaciones.
238. La contribución al desarrollo de las autoridades locales y de la sociedad
civil, con inclusión del sector privado, puede mejorarse de la siguiente
manera:
- elaborando procedimientos de planificación y adopción de políticas para
facilitar la asociación y la cooperación entre los gobiernos y la sociedad
civil en el desarrollo de los asentamientos humanos;
- alentando a las empresas comerciales a que realicen inversiones y
persigan otras políticas, en particular actividades no comerciales que
contribuyan al desarrollo de los asentamientos, especialmente en relación
con las oportunidades de creación de empleo, servicios básicos, acceso a
los recursos productivos y construcción de infraestructuras;
- facilitando y alentando la participación de los sindicatos en la
creación de oportunidades de empleo en condiciones justas, la prestación de
servicios de capacitación, atención de la salud y otros servicios básicos y
el desarrollo de un entorno económico que facilite el logro de una vivienda
adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos;
- apoyando a instituciones académicas y de investigación, especialmente en
los países en desarrollo, para que contribuyan a los programas de
desarrollo de los asentamientos humanos, y facilitando mecanismos para una
vigilancia independiente, imparcial y objetiva de los progresos de los
asentamientos humanos, especialmente reuniendo, analizando y difundiendo
información e ideas sobre la vivienda adecuada para todos y el desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos;
- alentando a las instituciones educativas, los medios de comunicación y
otras fuentes de información y opinión públicas para que presten especial
atención a los problemas de desarrollo de los asentamientos humanos y
faciliten un debate amplio y bien informado sobre políticas en toda la
comunidad.
239. Es esencial evaluar los efectos que las políticas, estrategias y las
medidas adoptadas tienen en los objetivos de proporcionar vivienda adecuada y
conseguir el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Los resultados
de estas evaluaciones serán examinados por los órganos pertinentes de las
Naciones Unidas, entre ellos la Comisión de Asentamientos Humanos. El Centro de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), junto con otras
organizaciones pertinentes, se encargará de establecer un proceso adecuado para
el análisis y la observación de las principales tendencias de la urbanización y
los efectos de las políticas urbanas. En particular, debe reunirse información
desglosada por edad y por sexo sobre los efectos que la urbanización tiene en
los grupos vulnerables y desfavorecidos, incluidos los niños, teniendo en
cuenta otros trabajos pertinentes en esta esfera.
240. Todos los participantes en el Programa de Hábitat, incluidos las
autoridades locales, el sector privado y las comunidades, deben vigilar y
evaluar periódicamente su propia actuación en lo que respecta a la aplicación
del Programa de Hábitat mediante indicadores comparables de asentamientos
humanos y vivienda y las mejores prácticas documentadas. La responsabilidad del
Centro comprenderá la prestación de asistencia para preparar directrices de
supervisión nacional y local y evaluación de la aplicación del Programa de
Hábitat mediante la aplicación de programas indicadores de la vivienda y los
asentamientos humanos. Se fortalecerán las capacidades de reunión y análisis de
datos de todos los participantes y se les prestará asistencia, si procede, a
todos los niveles, especialmente a nivel local.
241. Como parte de su determinación de fortalecer su actual capacidad de
reunión y análisis de datos sobre vivienda y asentamientos los gobiernos a
todos los niveles, incluidas las autoridades locales, deben continuar
seleccionando y divulgando las mejores prácticas, desarrollando y aplicando
indicadores de vivienda y de desarrollo de los asentamientos humanos, incluidos
los que reflejan los derechos y el bienestar de los niños. Los indicadores
esenciales, junto con indicadores orientados hacia las políticas a nivel
nacional y subnacional propios de las distintas regiones, y demás información
pertinente, serán utilizados, según corresponda, por los gobiernos para evaluar
la aplicación nacional del Programa de Hábitat. Los indicadores deben abarcar
esferas esenciales del Programa de Hábitat como la vivienda, la salud, el
transporte, la energía, el abastecimiento de agua, el saneamiento, el empleo y
otros aspectos de la sostenibilidad urbana, la potenciación, la participación y
la responsabilidad local, y en lo posible deben tener en cuenta las diferencias
entre los sexos. Esta información, que debe estar disponible y accesible para
todos, se suministrará a las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los diferentes
procedimientos de presentación de informes en las esferas económica, social y
ambiental y la necesidad de que los procedimientos de presentación de informes
reflejen la diversidad de características y prioridades regionales, nacionales,
subnacionales y, en especial, locales.
Edición del 29-6-2005
| Habitat II
> http://habitat.aq.upm.es/aghab/aproghab.html
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