Jornadas Técnicas "Vivienda y Hábitat: Condicionantes de la exclusión social". Conclusiones finales
Dirección General de Acción Social, del Menor y de la
FamiliaMinisterio de Asuntos Sociales y Trabajo
Como conclusiones de todo lo tratado en estas Jornadas, se pueden
destacar las siguientes:
- La vivienda y la ciudad son factores de integración y exclusión
social. La causa esencial de la imposibilidad de acceder a una
vivienda digna es, casi siempre, económica (falta de recursos y/o
dificultades en acceder a los préstamos hipotecarios).
- Necesidad de reformar la legislación urbanística vigente: Ley
del Suelo y Nuevo Plan de Vivienda, en el que se recoja la
potenciación de la vivienda de alquiler, de la rehabilitación y de
la llamada "primera vivienda".
- Se constata la necesidad del promotor público de viviendas. La
labor de la Administración General es colaborar en la promoción de
viviendas y suelo, en especial viviendas para grupos sociales sin
capacidad de ahorro y para excluidos. Además se afirma lo
imprescindible de la coordinación entre los diferentes órganos
promotores y gestores de vivienda pública en alquiler y otros tipos
de vivienda para la integración social de los excluidos.
- La política de promoción de la vivienda social pública debe
verse acompañada por otras cinco medidas complementarias:
- Fomentar el mercado de alquiler, garantizando a los
propietarios, si es necesario, el pago de las rentas.
- Crear un Fondo de Garantía para evitar el desahucio por
impago de hipoteca o alquileres.
- Desarrollar políticas de incentivación del uso de vivienda
vacía de las grandes ciudades, fomentando su entrada en el mercado
de alquiler.
- Diversificar al máximo los tipos de vivienda.
- Desarrollar vivienda social en el mundo rural.
- Construcción de patrimonio público de suelo.
- Necesidad de potenciar la llamada "vivienda de integración
social" para los colectivos necesitados de especial protección
social. En este sentido, estas actuaciones, que deben ser siempre
integrales, deberán estar lideradas y/o protagonizadas
fundamentalmente por la Administración Local, dada su "cercanía" a
los ciudadanos.
- Los tres tipos más generalizados de demandantes de vivienda de
integración son:
- Personas sin hogar.
- Personas alojadas en infravivienda.
- Personas con dificultades de acceso a primera vivienda
(especialmente jóvenes).
Las propuestas de integración residencial deben considerar los
diversos estados de exclusión según colectivos específicos.
Además de lo anterior, y siempre que sea posible, parece de
indudable interés mantener a la "población atendida" en su hábitat;
lo que requiere programas específicos de transformación de la
infravivienda.
- Es necesario eliminar del repertorio de las Administraciones
Públicas dos tipos de actuaciones:
- Viviendas de baja calidad, modulares, prefabricadas y otros
tipos de actuaciones "rápidas".
- Configuración de núcleos de vivienda social para población
marginal, que no puede llevar a otra conclusión que la de producir
guetos.
- Sería interesante considerar la posibilidad de que, en el
ámbito del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales Municipales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
se ampliaran los equipamientos de Albergues y Centros de Acogida
con "Alojamientos básicos" para desfavorecidos, incorporando al
Ministerio de Fomento para un Plan para erradicación del
chabolismo.
- En relación con los denominados "recluidos forzosos",
caracterizados por la inadecuación de sus viviendas (chabolismo
vertical), se podrían aprovechar las posibilidades de la Ley de
Patrimonio para que, a través del proceso de permutas, y actuando
con los Patrimonios Públicos de viviendas, ofrecer unas condiciones
más dignas a los ciudadanos, lo que redundará en su participación
social.
- En este sentido se destaca que cualquier éxito de la política
en el área de vivienda necesita de un importante seguimiento y
preparación social; dado que crear nuevas barriadas para el realojo
de quienes viven en chabolas, sin un acompañamiento social,
perpetúa los mismos problemas, no olvidando que la incorporación al
circuito laboral es el eje fundamental del principio de
normalización e integración social.
- Se reconoció la importancia de la rehabilitación de cascos
viejos y barrios históricos mediante programas integrados para
facilitar la integración y mejora de la calidad de vida de sus
habitantes, siendo necesario, además, situar en zonas rehabilitadas
equipamientos públicos y privados, ya que la sola disponibilidad de
equipamientos y servicios no garantiza "la buena convivencia" en el
barrio, pero son fundamentales para favorecer y generar esa buena
convivencia.
- Los barrios desfavorecidos son un fenómeno permanente y
duradero en nuestras ciudades. En estos barrios se concentran y
acumulan una serie de factores negativos, tales como baja
cualificación profesional, alta tasa de paro, vivienda degradada,
desintegración social, etc., que se convierten en una trampa de la
que resulta extremadamente difícil salir. Se deben impulsar
Programas o Planes de Barrio para el desarrollo local, la cohesión
social y la sostenibilidad, que promuevan, especialmente en los
barrios desfavorecidos, la dinamización social y económica de las
familias y empresas residentes, dotación de servicios de
proximidad, mejora de la habitabilidad de las viviendas y espacios
públicos y buenas interconexiones con el resto de la ciudad y
especialmente con las áreas de centralidad y empleo.
- La política de barrios debe entenderse como una cuestión de
Estado, y ofrecer una solución positiva a las situaciones de
degradación y marginalidad que se concentran en estos barrios,
siendo necesaria una "decisión política de coordinación global e
integral entre las diversas administraciones y de éstas con la
iniciativa social, la sociedad civil y sus organizaciones y los
agentes económicos y sociales", la cual necesitará un presupuesto
específico y suficiente para erradicar el desfavorecimiento, y una
mejor utilización del existente. Se declara, por último, que las
diversas acciones deben actuar al mismo tiempo sobre las causas y
las consecuencias de la vulnerabilidad y la exclusión, y por tanto
hay que primar las actuaciones sobre políticas preventivas y
redistributivas.
- Actualmente el concepto de "sostenibilidad" está ausente del
desarrollo de las ciudades, por lo que existe la necesidad de
arbitrar programas integrales de actuación medioambiental,
urbanística,económica y social.
- Los retos futuros para una ciudad sostenible son:
sostenibilidad ambiental, cohesión social interna y competitividad
del sistema productivo.