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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
Federico Aguilera Klink, Departamento de Economía Aplicada.
Universidad de la Laguna.
Tenerife (España), septiembre de 1998.
Desde mi perspectiva, pensar en términos de "una nueva economía del
agua" significa asumir que nos encontramos en un cambiante contexto
social, económico y ambiental, es decir, cultural, y, por lo tanto,
bien diferente al de hace algunas décadas. Significa también
aceptar que las preguntas o cuestiones pertinentes para abordar
"los problemas del agua"[1] son, en la actualidad, distintas de
aquellas preguntas que eran pertinentes años atrás. Y, por último,
significa también que existe una diferente percepción social de lo
que es y lo que representa el agua, así como de las funciones que
satisface. Voy a tratar, en consecuencia con lo anterior, de
reflexionar sobre cuáles son genéricamente las características de
ese contexto cultural y cuáles son las preguntas pertinentes que
debemos plantearnos o, cuando menos, las que yo me planteo. También
sugeriré algunas respuestas, aunque deseo dejar claro que lo que
pretendo es abrir opciones, no cerrarlas, insistiendo en que
existen otras maneras de hacer las cosas y de gestionar el agua, ya
que esta gestión está relacionada no sólo con el conocimiento
científico sino con los valores socioculturales[2].
Evidentemente, la situación ha ido cambiando. El abastecimiento de
agua para uso urbano se ha generalizado y hemos dejado de ser un
país netamente agrícola, aunque la agricultura siga siendo el mayor
usuario del agua. Por su parte la industria ha aumentado su
consumo, aunque no es elevado, pero sí influye en el deterioro de
la calidad del agua a través de los vertidos no depurados, por lo
que su consumo real (volumen de agua usada más el volumen del agua
deteriorada) es superior al que usualmente se le atribuye. Así
pues, es necesario reconocer que el objetivo se ha cumplido, no en
vano la capacidad de embalse ha pasado de 96 Hm3 en 1900 a 43.000
Hm3 en 1992 [Nadal, 1993], siendo en la actualidad dicha capacidad
muy superior a la del agua que realmente se embalsa [Ruiz , 1993],
aunque existan algunos años en los que las lluvias son tan intensas
que algunos ríos se desbordan[3] y, en algunos pantanos, resulta
necesario efectuar desembalses. No se puede decir lo mismo, sin
embargo, de la rentabilidad (o de la eficiencia) económica, social
y ambiental que se obtiene con su uso.
Es más, se puede afirmar incluso que "...los nuevos regadíos hace
tiempo que dejaron de ser un elemento fundamental para el fomento
de la riqueza nacional, aunque sigan siendo de interés para mejorar
nuestra estructura productiva agraria [que] los proyectos
hidráulicos no son ya la punta de lanza del progreso, aunque la
disponibilidad de agua en la cantidad y con la calidad adecuadas,
donde y cuando los distintos usos la demanden, sigue siendo una
condición indispensable para la vida y para la actividad económica
[y que] la conciencia de la necesidad de preservar el medio
ambiente y proteger los recursos naturales se deriva de la
evidencia de la degradación generada por el uso indiscriminado del
agua, de los límites para su utilización y de los graves impactos
negativos de actuaciones que no han tenido ningún respeto hacia el
medio natural. Ideas como que la calidad de vida no depende sólo de
la abundancia de disposición de bienes, o que debe condicionarse el
desarrollo económico cuantitativo al respeto del medio ambiente y
la preservación de los recursos naturales, como único medio para
poder mantener ese desarrollo en el futuro, son hoy generalmente
compartidas por la mayoría de los ciudadanos" [APHN, 1993:9-11].
La inclusión de los párrafos anteriores no significa un total
acuerdo con ellos puesto que hay diferentes aspectos que habría que
explicar y matizar. Por otro lado, recogen unas preocupaciones
ambientales y unas percepciones sociales que, si bien reflejan lo
que piensa una parte de la sociedad, más bien parecen "guiños" ya
que posteriormente no se plasman con claridad en la memoria del
APHN. Pero sí se puede concluir afirmando que, en definitiva, no
sólo ha ido cambiando la "estructura económica" del país sino
también la estructura demográfica, la situación política y la
percepción social de los problemas así como la manera de abordarlos
mediante una mayor discusión y debate públicos con la participación
de los diferentes grupos sociales. Algo, esto último que ha sido
imposible hasta hace pocos años. Por eso llama la atención que las
propuestas o, si se prefiere, la lógica que subyace en las
propuestas de los diferentes borradores de los APHN - únicos
documentos oficiales con los que se puede contar a la hora de
redactar esta ponencia puesto que el gobierno actual todavía no ha
hecho pública su propuesta de plan hidrológico - preste escasa
atención al estudio del potencial que presentan las opciones
alternativas a la construcción de las infraestructuras hidráulicas,
es decir, las alternativas a continuar con una economía
expansionista del agua.
Como mostraré a continuación, mi perspectiva es que dicha economía
expansionista del agua ya no es necesaria. La razón es que si en la
actualidad existe escasez de agua, esta escasez no es
principalmente de carácter físico - puesto que como señalé más
arriba, la capacidad de almacenar agua es mayor que el agua que se
embalsa - sino que está socialmente condicionada [Harvey , 1977],
por un conjunto de factores que van desde una concepción obsoleta
del agua, que ignora la noción de ciclo, hasta el mal estado de las
infraestructuras de almacenamiento y distribución agrícola y
urbana, pasando por la existencia de un marco institucional
anticuado para las Comunidades de Regantes y de una administración
pública que hace dejadez de sus competencias y que se inhibe de sus
responsabilidades con el fin de no enfrentarse a determinados
conflictos y grupos de interés, lo que conduce inevitablemente a la
generación de otros conflictos diferentes que, probablemente, van
a afectar a otros intereses menos fuertes.
En definitiva, la cuestión clave en todo este asunto consiste en
estudiar cómo se configura el marco institucional y qué intereses
y valores refleja, es decir, cuál es la noción de coste con la que
vamos a trabajar y, por lo tanto, cuáles son las reglas de juego
que definen las acciones que son socialmente aceptables en el uso
y la extracción del recurso de las que va a depender lo que vamos
a considerar como eficiente o ineficiente. Esto es, también,
economía y, de hecho, no parece que se puedan entender los
problemas económicos sin una comprensión adecuada de la
configuración del marco institucional. Otra cosa diferente es que
para muchos economistas esta no sea una cuestión interesante o que
tenga cabida en la lógica que subyace en los modelos de carácter
más formal.
El agua como activo financiero
Para otros economistas, como Solow, los recursos naturales
agotables - y no se puede olvidar que bajo determinadas
circunstancias el agua, tanto en cantidad como en calidad, puede
considerarse como un recurso agotable - son, básicamente, "activos
financieros". Esto significa que la gestión adecuada (el
agotamiento óptimo), desde el punto de vista del
propietario-extractor de este tipo de activos, sería aquella que
permitiese la obtención de una rentabilidad similar a la de otros
activos financieros que soportasen el mismo tipo de riesgo. En
consecuencia, si un propietario-extractor de agua considerase que
la rentabilidad obtenida es insuficiente, una de las posibles
reacciones podría consistir en deshacerse del recurso e invertir su
dinero en otros activos más rentables. Otra opción consistiría en
agotarlo, suponiendo que existen tecnologías de sustitución o de
contención, y buscar nuevas inversiones financieras. Esta
perspectiva, está centrada en una "racionalidad económica" que
ignora el contexto social y ambiental en el que está inserta. Es
más, aunque parece un ejemplo típico de las abstracciones a las que
se dedican buen número de economistas, permite reflejar
adecuadamente la consideración que tiene el agua subterránea en
Canarias para muchos propietarios de pozos y de galerías, a la vez
que explica, en cierta medida, el deterioro, irreversible ya en
algunas zonas, de los acuíferos en Tenerife y Gran Canaria.
El agua como activo ecosocial
Finalmente, algunos economistas (Zimmerman y Hueting, entre ellos)
defendemos una noción funcional del agua como recurso natural o
activo ecosocial, entendiendo por tal la capacidad que tiene el
agua de satisfacer todo un conjunto de funciones económicas,
sociales y ambientales, tanto de carácter cuantitativo como
cualitativo. Así, "El agua no sólo es esencial para la
supervivencia biológica, sino que es una condición necesaria del
desarrollo y sostenimiento de la economía y de la estructura social
que hacen posible la sociedad. El agua no es sólo una mercancía; es
un imperativo central de la supervivencia, sostenimiento,
continuidad y vida de la comunidad..." [Utton , 1985:992]. Ahora
bien, en la medida en la que esta multifuncionalidad es ignorada,
se agudiza y se manifiesta con más intensidad el conflicto entre
las diferentes funciones, encontrándonos ante una nueva clase de
escasez que se explicita mediante la incapacidad del recurso de
satisfacer dichas funciones. Lo que ocurre, en última instancia, es
que el agua pierde su carácter de recurso puesto que su deterioro
impide la posibilidad de seguir realizando las mismas funciones que
satisfacía anteriormente.
En consecuencia, esta perspectiva se preocupa por la gestión del
agua no como si fuera un elemento aislado sino, al contrario, como
la gestión del ciclo hidrológico, es decir, "...como un sistema
abierto y desequilibrado en calidad asociada a la cantidad, cuyos
intercambios de masa y energía con el exterior originan flujos
variables en función de la energía natural de la radiación solar y
sus derivados o de la artificial de manejo que el hombre puede
introducir. El corolario que para la gestión del agua se deriva de
este enfoque ya no puede limitarse a aumentar las entradas al
sistema de usos sin atender a lo que ocurre dentro del mismo, sino
que debe orientarse a reducir o retrasar las pérdidas en cantidad
y calidad que se producen en su seno, buscando mejorar la
eficiencia de los usos y penalizando y desalentando los más
inadaptados y dispendiosos en los territorios cuyas escasa
dotaciones así lo justifiquen" [Naredo , 1997:164-165]. Dos
implicaciones fundamentales se derivan de estas reflexiones.
La primera me lleva a insistir en que no existe una apropiación ni
una gestión de recursos sino de ecosistemas. Por ejemplo, Pineda y
otros destacan que la mayor extensión de las cuencas españolas está
constituida por agroecosistemas en los que ocurren entradas y
salidas masivas de materiales y energía. En la medida en la que
gran parte de esa energía pretende exclusivamente maximizar la
producción, genera importantes pérdidas (nutrientes, humus,
...etc.) que no sólo disminuye la rentabilidad agraria, pues
requieren la aplicación compensatoria de abonos y otros elementos,
sino que además aceleran el ciclo del agua - como señalaba
Corominas en la nota 3 a pié de página - lo que origina una menor
eficacia en las recargas subterráneas, mayor evaporación, menor
amortiguamiento de avenidas, mayor turbiedad y capacidad erosiva de
los cauces. En otras palabras, la gestión del ciclo del agua, por
contraposición a la economía expansionista del agua, exige una
gestión ambiental integrada del territorio, es decir, no hay
gestión del agua sin gestión del territorio.
La segunda está relacionada con la anterior, así como con la
reflexión que hacía al comienzo de este apartado sobre el marco
institucional y la necesidad de redefinir la noción de factor de
producción y la noción de coste. Lo que quiero decir es que el
reconocimiento de la necesidad de una gestión integrada del
territorio, representa un cambio decisivo a la hora de plantearse
cuál es el marco institucional adecuado para llevar a cabo dicha
gestión. En otras palabras, se trata de abrir el debate sobre cuál
es la "lista limitada de acciones" - incluyendo en esa lista las
condiciones bajo las que se acepta la existencia de transacciones
de agua (el agua como una mercancía) - y cuáles son los costes, en
el sentido de derechos citado más arriba, que son compatibles con
la gestión del ciclo del agua y, por lo tanto, con el mantenimiento
de las Cuencas y de los ríos entendidos como "tramas territoriales
donde el agua interviene" [Pineda y otros , 1995:204]. Entiendo, sin
embargo, que no es posible especificar de manera detallada dicha
lista o definir con absoluta precisión dichos costes, puesto que
cada Cuenca presenta unas características físicas diferentes,
siendo también diferentes las actitudes sociales con respecto a la
aceptación o no de las transacciones de agua.
En cualquier caso, sí es aceptable, como mínimo, de acuerdo con la
filosofía del principio de precaución:
Es más, existe una estrecha relación entre la falta de voluntad
política y la pereza ante la necesaria reconversión mental. Tanto
una como otra tienen menos que ver con las actitudes "psicológicas
de los gobernantes y de los ciudadanos", o con una supuesta abulia
de éstos, que con las complejas composiciones de fuerzas sociales
y posibles conflictos de intereses. La razón es que gran parte de
la legislación ambiental, incluyendo la legislación sobre el agua,
no es aceptada desde una perspectiva política, social o cultural
porque "las situaciones que la legislación ambiental pretende
corregir no constituyen casos individuales de desviación respecto
del orden jurídico, sino verdaderas regularidades sociales. La
legislación que pretende incidir en la calidad ambiental es,
literalmente, "extravagante", en el sentido de que vaga por fuera
del sistema que se ha ido estableciendo en los últimos quinientos
años, y carece por sí misma de fuerza para transformarlo" [MOPU
, 1990:214]. Por eso me parece especialmente importante el papel que
pueden jugar los nuevos actores en el debate actual sobre las
opciones que existen para tratar la gestión del agua.
De hecho, este Congreso constituye un buen ejemplo de lo anterior,
desde el momento en el que su punto de partida no es otro que el
reconocimiento de la necesidad de ir cambiando hacia una "nueva
cultura del agua" en el doble sentido de cambio cultural o mental
y de cambio en el número, variedad de los actores involucrados y
formas de participación y deliberación. La idea fundamental de la
nueva cultura del agua consiste en la exigencia de una democracia
deliberativa, es decir, en la exigencia de un cambio en las formas
de hacer y de entender la política, ya que entendemos que tenemos
un legítimo derecho a hablar y a actuar no (o no sólo) como
poseedores de un conocimiento específico, sino más bien como
poseedores de intereses específicos - tanto individuales como
sociales - que percibimos que pueden ser dañados. Por eso
consideramos importante la capacidad de ser más activos
políticamente, no en el sentido de los partidos, sino en el sentido
de los problemas.
Así pues, asumimos el papel de científicos, pero también el de
ciudadanos, el de usuarios del agua y el de miembros activos de una
comunidad que necesita articularse sin excluir a los partidos
políticos pero que tampoco puede hacerlo exclusivamente a través de
ellos. En realidad, los problemas del agua, tal y como ocurre con
un gran número de problemas actuales, relacionados o no con el
medio ambiente, pero con mayor incidencia en este campo, están
mostrando la necesidad de un cambio cultural para poder abordarlos
de manera adecuada y efectiva, desde el momento en el que están
involucrados valores ético-sociales. "La mayoría de las elecciones
a las que se enfrenta la sociedad son morales y éticas. La ciencia
no proporciona soluciones pero puede ayudarnos a comprender las
consecuencias de las diferentes elecciones" [Lubchenco , 1998:495].
Por eso, en dicho cambio ocupa un papel central la preocupación por
las nuevas formas de participación, de debate y de toma de
decisiones que permitan explicitar los valores que están en juego
y los intereses que subyacen en lo que, con frecuencia, aparece
como una supuesta defensa de valores éticos o ambientales.
No estoy cuestionando la necesidad de los expertos sino el papel
que juegan. En otras palabras, estoy asumiendo que ante problemas
que son complejos y cuyo contexto, en un sentido amplio, es
necesario comprender para conocer cuáles son exactamente las causas
de esos problemas, aceptar únicamente las soluciones proporcionadas
por los expertos, que suelen prestar poca atención al contexto,
puede generar problemas de mayor envergadura que los que, en
principio, se pretenden solucionar. Es por esta razón por la que
Lubchenco defiende la formulación de un Nuevo Contrato Social para
la Ciencia en el que los científicos deberían:
En resumen, la noción de agua como activo ecosocial abarca o
incorpora la noción de agua como factor de producción, cuya
compatibilidad de usos hay que definir mediante un proceso social,
teniendo como objetivo la gestión integrada del agua y del
territorio. Pero es mucho más que esto. Por el contrario, la noción
de activo financiero es claramente incompatible con dicha gestión
puesto que tiende al agotamiento del recurso.
Fase expansionista | Fase de transición | Fase madura |
Más embalses y trasvases | Gestión de la demanda | Gestión integrada de cuencas |
-Laminación
avenidas -Garantizar suministro |
-Suministro está
garantizado -Avenidas controladas (Atención a las prácticas agrícolas) |
No hay gestión del agua sin gestión del territorio |
Prioridades agua: riego (80-90 %) y uso urbano (10 %) (abastecimiento- saneamiento) | Las prioridades son cuestionadas. La economía cambia | ¿Qué usos son compatibles con las cuencas? |
Escasa atención
hacia los problemas ambientales |
Aumenta percepción social de problemas ambientales | Destacado papel de los valores ambientales |
El agua es una necesidad básica | El agua es un factor de producción y un activo social | El agua es un activo ecosocial |
Escaso conflicto social y escasa participación pública | Aumentan conflictos sociales y aumenta la participación pública | Importantes conflictos sociales y papel clave de la participación pública |
Escasa preocupación
por la eficiencia
técnica en el uso y
la distribución del
agua. No hay incentivos |
Aumenta la
preocupación por la
eficiencia en el
uso y la
distribución Discusión sobre incentivos. Se aplican en algunos casos |
Importantes conflictos sociales y papel clave de la participación pública |
Ausencia de estadísticas de usos y consumos | Se insiste en la necesidad de trabajos fiables. Pero sigue sin haber estadísticas y series | Se supone que debería haber estadísticas y series fiables |
Entendiendo por tal potencial, el volumen de agua que se puede
ahorrar:
Entiendo, además, que tal potencial - que debería ser considerado
como una auténtica dotación despilfarrada del recurso agua - es muy
elevado[4] aunque no se le ha prestado mucha atención puesto que
movilizar dicho potencial exige replantearse toda la política de
aguas de este país y exige dar paso a nuevos organismos de gestión
puesto que, en la actualidad, nos encontramos con una serie de
obstáculos que impiden dicha movilización, siendo algunos de ellos
los siguientes.
Por ejemplo, se ha insistido, y nunca será suficiente, en que
carecemos de una información estadística adecuada sobre los
aspectos fundamentales del ciclo hidrológico, incluyendo la
distribución y los usos del agua. Algo que resulta inaudito en un
país donde no sobra el agua, pero que tiene una lógica y está
relacionada con la configuración del agua como un elemento
fundamental de poder y con la consolidación de "élites" o
"expertos" que han legitimado durante muchos años la opción
centrada en "más embalses y trasvases", es decir, en que no había
problemas para seguir construyendo nuevas infraestructuras ya que
esa era la opción adecuada ante una situación de "escasez física".
En otras palabras no existe demasiado interés en que se cuente con
un sistema de información detallado que nos diga qué pasa con el
agua.
También se ha insistido en la gratuidad o en la incapacidad
institucional "...para trasladar los costes de obtención y
transporte a los usuarios y generar recursos en las confederaciones
para procurar una mayor autonomía financiera y para afrontar las
inversiones futuras" [Carles , 1997:271]. Según este autor, dicha
incapacidad afecta fundamentalmente a algo más de un millón de
hectáreas que corresponden a nuevos regadíos, con aguas
superficiales, realizados al amparo de los planes del Estado.
Aunque la Administración sí que prevé imputar todos los costes a
los usuarios, resulta evidente que no lo ha logrado en buena parte
de los casos o no las ha aplicado voluntariamente en otros casos,
estableciendo cánones y tarifas que no incorporan los costes reales
en beneficio de regadíos con escasos rendimientos y que
difícilmente podrían asumir la totalidad de los costos de
suministro de agua [Carles , 1997]. Ahora bien, es conveniente
recordar que el pagar por el agua no se traduce inevitablemente en
un mejor uso. Es más, si la gestión del agua se transforma en un
negocio, y no en proporcionar un servicio, el objetivo de los
propietarios de agua puede llegar a convertirse en vender la mayor
cantidad posible, por lo que no es atractiva una "gestión de la
demanda" que busca la disminución del consumo. Por ejemplo, en
Canarias se paga un precio elevado por el agua, pero las pérdidas
en las redes de distribución son muy elevadas puesto que el
vendedor - con frecuencia propietario del canal - no se hace
responsable de ellas teniendo que asumirlas el comprador[5]. Esta
situación ha cambiado ligeramente con la entrada en escena, como
distribuidor de aguas, de la empresa pública BALTEN, propiedad del
Cabildo Insular de Tenerife, que ha instalado contadores y tuberías
de presión.
Lo anterior conduce al despilfarro y es, en parte, un resultado de
que se cobra por la superficie regada, a la que se imputa un
volumen de agua, dado que apenas existen contadores, y no por el
agua consumida. En otras palabras, el despilfarro es, a la vez, una
respuesta individual ante un marco institucional poco preocupado
por la gestión y el resultado de una actuación que refleja la
incapacidad de los organismos de gestión legitimados por dicho
marco. Si no hay que pagar por el agua y los agricultores no se
consideran parte de una comunidad de regantes que tiene la
responsabilidad de mantener las infraestructuras, al final nadie
tiene incentivos para mejorar el estado de las redes de
distribución, incorporar sistemas de riego localizado o,
simplemente, nivelar el terreno para hacer un uso más eficiente del
riego a manta.
Otro aspecto que se menciona continuamente es el la rigidez. Es
cierto que el marco institucional puede calificarse de rígido a la
hora de facilitar las transacciones definitivas de agua como una
"solución" habitual ante la escasez y la demanda entre diferentes
usos por lo que debe ser flexibilizado. Pero también es cierto que
las transacciones temporales son más habituales de lo que se dice.
Maestu recoge diferentes casos en los que, bajo la Ley vigente, han
tenido lugar subastas de agua; trueque y transacciones dentro de
una Comunidad de usuarios; reasignaciones en casos de sequía,
realizadas por las Confederaciones; transacciones vía artículo 53.2
de la Ley de Aguas, cuando así lo exija su uso racional;
transacciones con aguas residuales, etc. llegando a la conclusión
de que "...las reasignaciones, en el marco legislativo actual, son
más factibles en épocas excepcionales y más fáciles como solución
temporal que como una alternativa estructural a la creación de
nuevas infraestructuras [puesto que] el modelo de asignación
pública en España está basado en realidad en la huida de
situaciones competitivas" [Maestu , 1997:128-129]. Quizás, lo que
ocurre es que estemos exigiendo demasiado a unos organismos que no
están preparados para ello ya que tanto el régimen concesional como
los organismos de cuenca están diseñados para situaciones de
abundancia en las que "habría agua para todos", como señala esta
última autora.
Así pues, "...resulta prioritario llenar el vacío derivado de la
actual incapacidad de la administración pública del agua para
ejercer las funciones de gestión y control que la ley le
encomienda, cediendo competencias a instituciones capaces de
asumirlas. Para ello, no basta con postular el simple laissez faire
como objetivo, esperando que las empresas o los usuarios o las
agrupaciones de éstos cubran espontáneamente este vacío, habida
cuenta de que su comportamiento y su mentalidad se ven viciados por
la larga permanencia de un statu quo poco propicio para que asuman
y ejerciten con éxito nuevas funciones de gestión. Por lo tanto, no
basta con la simple desregulación y cesión de competencias. Esta
cesión debería ir acompañada de programas de formación, motivación
y reconversión de las instituciones receptoras" [Naredo
, 1997:182-183]. En otras palabras, el actual marco institucional
cumple, fundamentalmente, una función ceremonial, defendiendo unos
intereses y privilegios e impidiendo el cambio, en lugar de
cumplir una función instrumental [Tool , 1977:837] que consistiría,
esta última, en gestionar el recurso así como las infraestructuras
de captación y distribución, incentivando el ahorro. La solución al
problema pasa, por lo tanto, por una reconversión o cambio
institucional que elimine las actitudes ceremoniales e incentive
las instrumentales contando, en tanto sea posible, con lo que pueda
salvarse de las actuales instituciones y organismos.
En relación con los usos urbanos, existen diferentes comparaciones
entre tarifas y consumos medios por habitante y día en diferentes
ciudades, pero no está claro el papel que juegan realmente esas
tarifas como incentivo para disminuir el consumo, cuando, además,
tampoco se sabe bien qué es lo que incluye el término "consumo
medio" y, finalmente, cuando se deja de lado que los principales
responsables de esos consumos medios supuestamente tan elevados
suelen ser los propios ayuntamientos que se desinteresan, en su
mayoría, del estado de las redes de distribución, incluyendo las
pérdidas en dichas redes como "consumos". Así, mientras en 1994 la
Comunidad de Regantes de Viar vende al Ayuntamiento de Sevilla 30
Hm3 para solucionar una situación de emergencia, la empresa
municipal de aguas de Sevilla (EMASESA) pierde, debido al
deficiente estado de las redes, 60 Hm3 en 1992 [El País , 19.8.93].
Es más, resulta más que dudoso que las empresas privadas de gestión
del agua urbana muestren sensibilidad en mejorar la calidad de
dicha agua cuando es notorio que algunas de ellas tienen
importantes intereses en empresas cuya actividad es la venta de
agua embotellada.
Tengo, por otro lado, la sensación de que está casi todo dicho, de
que estamos dándole vueltas y vueltas al tema del agua y de que, al
mismo tiempo, es necesario profundizar en los problemas concretos
de cada Confederación Hidrográfica y de cada Comunidad de Regantes.
En mi opinión, sería más correcto calificar al actual marco
institucional no precisamente de rígido sino de seudorregulador,
seudorregulación bajo la que se escuda, en cierta medida, una gran
inercia para iniciar el cambio de los comportamientos de los
usuarios, fundamentalmente - pero no de manera exclusiva -
agrícolas. Por otro lado, entiendo que la Administración espera
demasiado del mercado, como mecanismo regulador e incentivador de
las transacciones de agua. Creo que gran parte de la discusión
sobre los mercados de agua, entendidos como soluciones
estructurales, se lleva acabo pensando más en una definición ideal
del mercado, sacada de los libros de texto, que del estudio
paciente de cómo funcionan en realidad otros mercados. Esa realidad
nos muestra que los mercados están regulados, aunque de diferente
manera, pero también nos muestra con frecuencia que ni la mano
invisible de la competencia funciona como reguladora ni el Estado
lleva a cabo, habitualmente, una supervisión eficaz como corrector
público que pueda sustituir al mercado. Por eso me preocupa, aún
reconociendo la necesidad de flexibilizar el marco de las
transacciones, que la insistencia en los mercados de agua suponga,
al final, el paso de un sistema seudorregulado a un sistema de
seudocompetencia, que descanse sobre monopolios privados de agua,
cuyo único objetivo consista en entrar en el enorme negocio del
agua. Algo similar es lo que ocurre en Canarias y que, como dije
más arriba, ha tenido que ser la Administración Insular de agua la
que haya roto esta situación mediante la actuación, como oferente
y distribuidor de agua, de la empresa pública BALTEN. En
consecuencia, el dominio hidráulico debe seguir siendo público,
puesto que el agua es un bien público, mientras que la gestión
puede ser privada, pública o colectiva ya que no existe ninguna
razón científica que demuestre la superioridad de alguna de ellas
sobre las demás.
Mi propuesta, ciertamente poco original, se centra en dos aspectos:
Ptas/m3 | Costes sociales y ambientales | Volumen potencial Ahorro de agua | |
Trasvase |
323(a) 150 (*) |
Sí | No |
Extracción agua subterránea |
100-200 (b) 20-35 (c) |
?? | No |
Depuración | 150 (b) | No | Elevado |
Desalinización convencional | 150-270 (d) | Sí | No |
Desalinización eólica | 115-190 (e) | No | No |
Mejora redes abastecimiento urbano | ?? | No | Elevado (f) |
Mejora redes infraestructur a agrícola |
95 (a) 180 (h) |
No |
Muy elevado
(g) 6000 Hm3 |
Eficiencia en el riego | 60 (i) - 75 (j) | No | Muy elevado (k) |
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Fecha de referencia: 31-1-1999
Boletín CF+S > 8 -- Ciudad, economía, ecología y salud > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n8/afagu1.html |
Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
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