Los espacios públicos en la ciudad de los ciudadanos. Una teoría sobre la desregulación y un mensaje para los que no quieren renunciar a vivir en Madrid

Madrid (España), octubre de 1998.

Estas notas van dirigidas a todos los que les gusta leer, y a todos los que les gusta mirar en la ciudad, y a todos los que les gusta hablar con sus vecinos y todos los que viviendo en Madrid se resisten a buscar desesperadamente otro lugar para vivir que no sólo para alojarse, cosa bien distinta de lo anterior.

También va dirigida a los que usan la ciudad, sea cual fuese su motivo; y a los que trabajan por tratar de entender la ciudad, cualquier ciudad, y vivir desde ella. Y sobre todo va dirigida a los que no están acostumbrados a rendirse; también está dedicada a los que mandan en la ciudad, y a los que supuestamente ejercen la oposición a los mismos, aunque no formen parte de ninguno de los grupos anteriores.

Va dirigida a mujeres y hombres que pertenezcan a una clase común por voluntad propia: la de los ciudadanos.

Recomendamos la lectura de estas notas de un solo tirón, y una única vez, para no desperdiciar el efecto que una primera lectura provoca en cada uno, todos distintos y todos en la ciudad. El texto permite su lectura a ciudadanos de a pie, y para aquellos más iniciados en el oficio urbanístico se amplia el discurso mediante la lectura de las notas editadas en letra cursiva. Ambas están redactadas por el Colectivo de Mujeres Urbanistas, del que forman parte Mónica de Blas, Aurora Justo, Purificación Ramos, Marta Román, Begoña Pernas, Purificación Barreiros, Elena Álvarez, Isabel Velázquez, Carmen Álvarez, Pilar Vega, M. Trinidad Martínez y Mercedes Llop, todas ellas vecinas y ciudadanas de Madrid.

Las notas que siguen tienen su origen en un escrito-alegación que como colectivo ciudadano presentamos al Avance del Plan Estratégico de Ejecución de Zonas Verdes que formuló y redactó de oficio el Ayuntamiento de Madrid durante los meses finales de 1997. De ahí que las referencias se hagan siempre a los espacios libres cuando el objeto de estas notas es el de reflexionar sobre los espacios públicos. La reflexión tiene mucho de coyuntura pues se elabora en un momento en que la amenaza de descomposición de la cultura urbanística de los últimos años en una ciudad como Madrid resulta muy grave, no tanto por incorporar criterios maximalistas en la ocupación de nuevos espacios de colonización, frente al tratamiento de la ciudad existente y sus ciudadanos, como en la preparación de todo un "marco pragmático de desregulación" cuya puesta en marcha conduciría a situaciones irreversibles poco favorables para los futuros ciudadanos y menos aún para los que somos en estos momentos, en el panorama urbano madrileño.

La importancia en la propuesta para la ciudadanía que plantea explícitamente el Plan Estratégico nos ha resultado tanto más provocadora por cuanto supone todo un intento tecnocrático de minar las bases de la actual cultura urbanística. El citado Plan basándose en la consecución de la mejora del bienestar social (y de la mejora de la calidad de vida en Madrid) mediante la mejora de la gestión urbanística, permitirá en el momento que se consiga aprobar definitivamente, que sobre una gran parte de zonas verdes de nuestra ciudad aparezcan, eso sí regulados convenientemente (no olvidemos que una vez aprobado el tema la modificación de las condiciones de regulación son fácilmente ajustables en aras una vez más de la mejora de calidad de vida) usos tan amplios como los que literalmente citamos:

• Polideportivos, piscinas, campos de fútbol, gimnasios, clubes de campo y sociales, etc.
  
• Instalaciones deportivas para la formación de técnicos y entrenamiento de alto rendimiento.
  
• Instalaciones deportivas para el espectáculo.
  
• Tiendas relacionadas con el deporte.
  
• Tiendas relacionadas con el mundo cultural.
  
• Granja Escuela, taller escuela de jardinería.
  
• Biblioteca, videoteca, ludoteca, etc.
  
• Instalaciones dedicadas al mundo infantil.
  
• Tiendas relacionadas con el mundo infantil.
  
• Establecimientos para el consumo de comidas y bebidas: bares y restaurantes.
  
• Salas de reunión: cafés concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos.
  
• Casinos, juegos recreativos y de azar, etc.
  
• Espectáculos: cine, teatro, circo estable, etc.
  
• Museos, auditorios, rocódromos, plazas de toros, palacio de congresos, jardín botánico, planetarios.
  
• Zoológicos, acuarios, parques acuáticos, científicos y recreativos, etc.
  
• Viveros.

Valga la reflexión como primer análisis para todos los espacios públicos, los grandes amenazados en aras de la eficacia en la gestión urbanística.

1. A modo de presentación

Se tramita con carácter de Plan Especial y plantea como objetivo el establecer un marco global y coherente a la problemática derivada de la ejecución y mantenimiento de las reservas dotacionales de zonas verdes en Madrid.

Según se desprende de la lectura literal de su memoria, sus conclusiones afectarán a todas las zonas verdes que por el proceso de planeamiento y gestión no corresponde ejecutar a la iniciativa privada.

El Plan Estratégico se articula a partir de la determinación de un marco de actuación general para la totalidad de áreas calificadas de zonas verdes, definiendo mecanismos de gestión instrumentados en concesiones administrativas, posibilitando la implantación de una serie de los usos anteriormente citados y que supuestamente contribuirán a la ejecución y mantenimiento del resto de zonas verdes pendientes de ejecución.

A la vista del abanico de usos posibles, sobre una calificación de zonas verdes, comprobamos que no estamos tratando de la futura organización de "parques equipados" sino de un cambio en la propia calificación del suelo de los futuros espacios libres de Madrid.

Las zonas verdes que estarían incluidas en el ámbito de afección del Plan Estratégico serían de dos tipos:

• las zonas verdes de áreas consolidadas pertenecientes al patrimonio público de suelo, gestionadas desde los planeamientos municipales habidos hasta estos momentos, junto con las procedentes de espacios históricos no acondicionados como tales o con acondicionamiento defectuoso en la actualidad.
  
• las zonas libres que forman parte de los Sistemas Generales de Espacios Libres del municipio de Madrid, tanto obtenidas como pendientes de obtención.

El Plan Estratégico que desde el punto de vista urbanístico se presenta bajo la figura de planeamiento de Plan Especial, podría definirse a partir de dos características:

1. se trata de un planeamiento urbanístico de desarrollo del planeamiento de mayor rango, al que desarrolla, esto es el NPG.
   
2. sus determinaciones afectan a un elemento, el sistema de espacios libres municipal, considerado por la legislación urbanística como uno de los "elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio".

2. Sugerencias sobre los objetivos y la articulación de la futura organización de los espacios libres a partir de la aplicación de un Plan Estratégico para Madrid

• El Plan Estratégico plantea una clara voluntad de restringir usos de carácter público sobre suelos pertenecientes al patrimonio público de suelo, calificados urbanísticamente desde el NPG como zonas verdes, mediante una privatización de los mismos, destinándose a una demanda potencial que supuestamente financiaría el mantenimiento de otra parte de las áreas libres públicas.
  

• Se provoca así; una sustitución de éstos usos públicos en áreas de dominio público, por usos privativos, con intención de promover una diversificación de usos y abaratar la gestión y el mantenimiento del resto de cada una de las zonas verdes. Se trata por tanto de habilitar para un determinado tipo de demanda solvente (porque si no es solvente no sería en este caso considerada demanda) los usos que desde el planeamiento general se definen como públicos, esto es con acceso y disfrute de la totalidad de la ciudadanía.
  

• Los denominados por el Plan Estratégico "distintos colectivos de usuarios" serían en este caso aquellos que estuvieran dispuestos a pagar por utilizar un determinado servicio, frente al resto de ciudadanos. Estos nuevos usos estarían localizados en todo caso en áreas distintas a las previstas por el planeamiento general municipal mediante la correspondiente calificación urbanística.
  

• No obstante lo anterior, el grueso de inversión para poner en uso las instalaciones determinadas se realiza con inversión pública (léase impuestos) de los ciudadanos que se verán paradójicamente excluidos de su disfrute. Los espacios libres públicos, y fundamentalmente los que ya forman parte del patrimonio municipal de suelo, se encuentran en lugares dotados de los servicios que se han ido gestionando y construyendo a lo largo del tiempo y siempre a partir de inversión pública aportada por sus ciudadanos. La ocupación aunque solo fuese parcial de estos suelos por usos lucrativos privativos previstos, no haría sino apropiarse de una inversión social de la que no participan ni han participado en el pasado, a la vez que se excluye a los ciudadanos el disfrute de las plusvalías sociales, tanto heredadas como ejecutadas con fondos públicos.
  

• Nuestra consideración de la ciudad viene gestada como un derecho constitucional, fuera de toda consideración mercantil.
  

• El Ayuntamiento se convierte en el gran administrador del patrimonio de los madrileños, con el fin de "acelerar el
  proceso de mejora de la calidad de vida", hipotecando su uso por los mismos en principio durante 25 años (no tenemos conocimiento de cómo se resuelven las concesiones una vez transcurrido el período de concesión, sólo el ejemplo de los aparcamientos de residentes con la propuesta de enajenación a corto plazo de los mismos).
  

• La rentabilidad de las propias instalaciones las colocan en primer plano del deseo de inversión de cualquier capital ante el escaso riesgo de la inversión, avalada por la propia iniciativa de la administración municipal.
  

• Manifestamos, como colectivo ciudadano, nuestro desacuerdo ante la consideración de las zonas verdes madrileñas como el soporte de ocupación idóneo para los usos mas genuinamente incompatibles con éstas (espacios libres versus edificados) mediante usos que más que equipar el parque convierten al mismo en áreas de mejora ambiental para los terciarios, comercios y áreas lucrativas. ¿Qué mejor área comercial para el público infantil y juvenil que la que dispone de amplios jardines complementarios, cuidadosamente mantenidos por los propios administradores de la instalación comercial? ¡Y en las mejores zonas de Madrid!. Nuestra pregunta: ¿hasta lo que no puedan pagar los inversores, en estas zonas, habremos de pagarlo con nuestros impuestos el resto de ciudadanos?
  

• Manifestamos nuestro desacuerdo con la consideración de los espacios de ocio como espacios de consumo, haciendo evolucionar el
  modelo urbano de lugares de disfrute hacia los usos de los ocio-programa y ocio-dirigido.

• Tampoco compartimos el entendimiento de que los espacios libres sean los elementos más vulnerables de la ciudad, no sabemos si en función de su dominio público ("lo que es de todos no es de nadie") o de la escasa consideración real de su función urbana, social, y medioambiental.
  

• Desde el Colectivo de Mujeres Urbanistas, como colectivo ciudadano y profesional, entendemos que los esfuerzos de gestión deben traducirse (y no solamente definirse) en medidas encaminadas a la construcción de la ciudad donde se produzcan cambios participados por aquellos que la usan de una forma intensiva y extensiva en primera instancia. Son aquellos madrileños y ciudadanos en general de los que en sus dos terceras partes de número están sociológicamente encuadrados como demanda sin voz y grupos urbanos vulnerables, a saber: menores de edad, adultos sin trabajo, mujeres sin trabajo remunerado, jubilados, accidentados, enfermos crónicos, inmigrantes, minusválidos ocasionales o permanentes y en general todos aquellos que pueden a lo largo de su vida dilatada hacer uso de la ciudad (no olvidemos que la actual esperanza de vida se cifra hoy para un español en 80 años para las mujeres y 76 para los hombres). Ellos, no obstante no parecen ser tenidos en cuenta en la medida que no responden al calificativo de "demanda solvente" a los efectos actuales.

• La utilización de la ciudad de una manera mucho más intensa y la inversión de nuestros impuestos en la misma no parece que avalen a estos grupos de ciudadanos frente a los componentes de los grupos denominados de demanda solvente, para los que parece que estamos obligados a realizar una labor solidaria al preparar para ellos la ciudad.
  

• El modelo de demanda utilizado es el que podríamos llamar modelo de ciudadano atemporal, porque no modifica sus características en el tiempo, "solvente" volviendo a utilizar términos de mercado, siempre adulto, en edad laboral, sano, con empleo estable, capacidad de ahorro, realiza traslados rutinarios, preferencia de modos de transporte privado, sin obligaciones familiares de niños o ancianos, sin necesidades domésticas derivadas de los anteriores, sin conocimiento del vecindario, con hábitos de consumo progresivo y compulsivo, con predilección por los ocios-consumo, sin valoración de componentes medioambientales, y que no se plantea el hecho de que la ciudad que le ha acogido como niño le habrá de acoger como anciano o como enfermo casual o crónico, y que la ciudad que le ofrece un trabajo le ha de acoger igualmente cuando necesite liberarse de él, de disfrutar del anti-trabajo, del sentimiento de fiesta sin previo pago y con sus vecinos. Y todo eso a ella, a él y a todos juntos, y a lo largo de tantos años como la mejora de la calidad de vida que procuremos todos, se lo permita. Y sin aceleraciones, porque tenemos la tranquilidad y la garantía que proporciona un estado de derecho.
  

• Estas consideraciones, al igual que sus contrarias, tienen una traducción física en distintos modelos urbanos, gestionados tan complejamente como complejo es el modelo social, y la dificultad en su gestión y en su administración no pueden avalar el desprecio hacia la existencia de toda una reflexión acerca de las bases de nuestra cultura urbanística, y la madrileña entre ellas y en estos momentos en primera plana.
  

• La introducción del cambio progresivo del concepto urbano de "ciudadanía" hacia el de "clientela", la denominada estructuración de grupos de demanda solvente y su consideración en los pretendidos planes urbanísticos viene a excluir a todos aquellos que no van a tener posibilidad de pagar cuotas por la prestación de servicios localizados a mayor abundamiento sobre un soporte territorial heredado de sus anteriores, construido y financiado con sus impuestos y regulado desde un panorama enmarcado por la ley y planificado desde los correspondientes planeamientos.
  

• El propio NPG establece para las zonas verdes posiciones estratégicas "En los planeamientos de desarrollo se priorizará su localización central respecto a la trama residencial circundante así como una adecuada posición en relación a la red viaria local y distrital que garantice su accesibilidad a través de recorridos peatonales y de transporte público". Hecho este derivado de un imperativo legal (en este caso la propia legislación urbanística) que no hace sino articular urbanísticamente los derechos constitucionales.
  

• Paradójicamente las áreas centrales, construidas a lo largo de su misma historia y por ella misma, serían las mejores ofertas (entendidas desde el punto de vista de soporte de actividades) para el desarrollo de los ocios comerciales. Comenzando por la minoración de riesgos empresariales a la garantía de demanda (no hace falta realizar una previsión de población porque ya está allí) y la innata mejora de infraestructuras (por cierto realizadas con presupuestos públicos).
  

• No encontramos mejor lugar para invertir nuestros impuestos que en los propios ciudadanos. Nuestra ciudad, tanto la heredada como la que construimos cada día, no puede valorarse con criterios de oportunidad mercantil porque además se nos estaría negando un derecho constitucional, el derecho a la herencia social de la cual no somos sino meros administradores. Espacios urbanos de calidad, para todos, financiados desde y para los ciudadanos, mediante fórmulas concertadas que implican a los distintos agentes que operan en el territorio municipal, regulados mediante leyes, diseñados mediante planes y gestionados para que aquellos que también tienen derecho a la ciudad, aunque formen parte de una demanda silenciosa, y que la han usado y la usan mucho más que los que la utilizan como herramienta de mercado. Pretendemos que nosotros como ciudadanos y ciudadanas que hemos heredado la ciudad, podamos dejarla en herencia a los siguientes, contribuyendo así a la mejora de un estado de derecho, mejora cultural (por cierto, también derecho constitucional, como la herencia) y aumento de riqueza para nuestra ciudad, con la que nos implicamos cada día. No queremos acelerar aparentes mejoras que indefectiblemente terminarán con la hipoteca física y social de los espacios libres de nuestra ciudad.
  

• La dificultad en la gestión de los espacios públicos y más en los espacios libres, entendiendo gestión como construcción y mantenimiento, no puede llevar en modo alguno a la definición de localización de usos lucrativos que restrinjan el servicio a los ciudadanos con carácter general, que es lo que propone el Plan Estratégico, sino más bien búsqueda de fórmulas concretas en cada uno de los espacios a tratar y en todo caso priorizando inversiones ajustadas a las necesidades ciudadanas estimadas y planificadas.
  

• Desde la consideración de que las inversiones municipales se realizan mediante fondos públicos (esto es, impuestos de los ciudadanos) que son los que permiten que la ciudad siga evolucionando y disponiendo de servicios nuevos y reponiendo los existentes, parece razonable la exigencia de que las inversiones, tanto si se realizan con la colaboración de agentes privados como si no resultara así, se genere desde un marco donde la discrecionalidad no pueda reinar de la forma propuesta por el documento que nos encontramos valorando, como Plan Estratégico.

3. Observaciones sobre el proyecto de una nueva articulación urbanística en Madrid

• Se plantea una modificación explícita de la organización de la estructura territorial del municipio de Madrid, formulada por el planeamiento general, NPG. Se propone, a partir de un planeamiento en desarrollo (que por otra parte no se instrumenta como tal plan de desarrollo del planeamiento general) un cambio de calificación de los suelos, mediante una técnica tácita donde los usos compatibles sustituyen los característicos, vulnerando la calificación urbanística e introduciendo un elemento claro de oportunidad en lo que a usos del suelo se refiere, lo que provoca una clara indefensión de los derechos ciudadanos al no poder conocer la localización de usos que se desarrollará en los sistemas generales de su propio municipio.
  

• La figura de Plan Especial a la que se remite el Plan Estratégico, y que en modo alguno responde a la tipificada por la legislación urbanística vigente para el contenido que se prevé permite la tramitación del expediente exclusivamente en el Ayuntamiento de Madrid, garantizando la exclusión de cualquier agente urbanístico local o regional, extraño al propio ayuntamiento.
  

• En aplicación del Plan Especial, y en cada momento, el Ayuntamiento valora, con criterios de oportunidad exentos de cualquier racionalidad derivada de la planificación, la idoneidad de la oferta, desde un terciario a un deportivo, todos ellos de uso restringido a grupos privados.
  

• Los usos que pudieran en cada momento estimarse oportunos para localizarse en las zonas verdes vendrían a representar "la oferta de actividades que pudieran dinamizar y potenciar la presencia de distintos colectivos de usuarios" siempre van a estimarse en función de criterios de rentabilidad económica coyuntural, extraños en todo caso a valoraciones urbanísticas.

• La estrategia del NPG en cuanto a localización de equipamientos se vulnera puesto que cualquiera de las zonas verdes son susceptibles de soporte para la localización de nuevos servicios (obviamente privados) tanto dotacionales como terciarios y comerciales. Y dado que el Plan Estratégico aún a pesar de tramitarse como Plan Especial no contiene determinaciones propias del mismo, sino que realiza determinaciones que vuelven imprecisas las propias del NPG, nos colocamos en situación de no poder conocer los usos del suelo que paradójicamente irán apareciendo sobre lo hasta ahora calificado como zona verde. El mecanismo de desregulación del suelo resulta a todas luces novedoso en el panorama urbanístico madrileño.
  

• Se destruye la lógica de localización de usos, siempre a partir de la búsqueda de la mayor rentabilidad de inversiones. Los terciarios "pueden" a partir de este momento localizarse en las zonas verdes, en la medida que sean más rentables que su localización en suelos calificados específicamente para estos usos, pero no tanto porque lo determine el planeamiento sino porque la determinación de una nueva figura de planeamiento, la del Plan Estratégico, invadiendo competencias que le son impropias, es precisamente la de asignar una discrecionalidad en la utilización del espacio y precisamente aquel espacio que desde el momento que forma parte del patrimonio público de suelo pasa de ser mercancía a ser un derecho constitucional.
  

• A través de la figura del Plan Estratégico aparecerá en el territorio madrileño y sobre suelo calificado de zona verde pública una nueva y nada escasa en superficie, destinada a dotaciones privadas y terciario recreativo, siempre destinada a "clientes potenciales". Estas áreas, con nueva edificabilidad lucrativa, se verían excluidas de cualquier área de reparto ajustadas por el NPG.
  

• No existen unidades de ejecución para cada uno de los ámbitos sino que serán las propias necesidades que determine la administración las que irán determinando cómo y cuando se actúa sobre estos espacios libres.
  

• La adquisición del derecho a edificar ya no vendrá determinada por la capacidad que la ley otorga al planeamiento urbanístico para este hecho, sino por la coyuntura administrativa" o la dinámica presupuestaria real".
  

• Se genera la paradoja jurídica de definir sobre los sistemas generales y locales de dotación y espacios libres públicos un "posible aprovechamiento urbanístico" o "aprovechamiento virtual" (entendiendo por tal el lucrativo muy diferente de la edificabilidad destinada a dotación pública) cuya concreción quedaría excluida de los mecanismos que la ley y el planeamiento general establecen. La concreción de "variable aprovechamiento" se irá determinando también en función de la "dinámica presupuestaria real". Sobre la totalidad del término municipal de Madrid.
  

• Todo lo anterior sin introducir la variable de propiedad del suelo. Los aprovechamientos urbanísticos virtuales, una vez determinados en el propio acto de concesión de licencia y localizados sobre sistemas generales y locales de espacios libres ya gestionados, aún sin cuantificar, ¿corresponden a sus titulares o también son susceptibles de interpretación? Desbaratado el marco legal por imperativo del propio plan, podríamos incluso a poner en tela de juicio la organización del estado de derecho:
  

  Regulación constitucional -- Derechos ciudadanos -- Regulación por ley de derechos -- formalización de derechos según planificación (en nuestro caso mediante el planeamiento general).
  

• Frente al colectivo de ciudadanos madrileños, en calidad de propietarios titulares de los suelos destinados a espacios libres, nos encontramos ante una evidente situación de inseguridad jurídica a la vez que en una situación de indefensión de nuestros derechos.
  

• Un razonamiento similar, en grandes líneas, podría plantearse con respecto al a las posibles actuaciones sobre el subsuelo de estos sistemas generales y locales.
  

• Se produce una dicotomía entre usos de suelo y apropiación del aprovechamiento urbanístico ligado a su dominio. En este caso no podemos sino asombrarnos como ciudadanas, del desprecio que se hace gala hacia la cultura y la técnica urbanísticas a las que consideramos uno de los motores del avance urbano frente a la discrecionalidad administrativa.

4. A modo de conclusiones

• No queremos confundir la mejora de la calidad de vida con la imagen de la mejora de la calidad de vida mediante propuestas que como la que analizamos ahora supone "acelerar el proceso de mejora de la calidad de vida de los madrileños", a partir de mecanismos que conllevan un total discrecionalidad en la utilización de un suelo destinado a espacios libres, algunos provinientes de suelos urbanos históricos y otros correspondientes a los elementos del denominado sistema general de espacios libres.
  

• La presentación del Plan Estratégico sucede en un momento en el que se acaba de aprobar definitivamente una revisión del planeamiento general municipal. Este Plan General, por mandato de ley, evalúa económicamente y programa temporalmente todas y cada una de las acciones correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio. El enunciado de una programación y de su contraria, simultáneamente, resulta a todas luces provocador para los ciudadanos.
  

• Resulta evidente para nosotras, como ciudadanas de Madrid, que la construcción del estado de bienestar se asienta sobre las bases de un estado de derecho en donde de no resultar posible la gestión de un determinado modelo urbanístico ajustado a ley, obligará a definir otro y nunca vulnerar el primero.

• Entendemos que la posibilidad de concertación público-privada como fórmula para la gestión de actuaciones urbanas forma parte de un entendimiento participativo entre los distintos agentes implicados en la construcción de la ciudad.
  Es más, entendemos imprescindible para la buena organización de nuestro municipio la concertación de agentes, la concertación de inversiones y también la concertación entre administraciones, pero siempre bajo el marco de la planificación. Concertación para el proyecto y nunca concertación para la discrecionalidad.
  

• Porque también entendemos que la consideración de la concertación entre agentes público-privados desde la óptica de la desregulación administrativa, no supone sino una regresión en la cultura urbanística de los últimos años. La "concertación público-privada extra-plan" acrecienta la discrecionalidad de la administración de la misma forma que alimenta la inseguridad jurídica de los ciudadanos, hecho absolutamente ilegítimo en un estado de derecho.
  

• Tanto la propia concepción de construcción de la ciudad desde la doble perspectiva física y social a la cual los poderes públicos están constitucionalmente obligados a participar, como la instrumentación de esta construcción, regulada desde leyes y planes, pasando por una dinámica de actuación: la planificada, explícita y eficazmente gestionada para los ciudadanos, hace que no consideremos nunca a estos como clientes potenciales de determinados servicios.
  Porque al mostrarnos esos servicios, desde la imagen de la eficacia en la gestión, se nos están enmascarando nuestros más sólido derecho a la ciudad y más cuando esos servicios para los que se nos ofertan, quedan soportados en una estructura territorial financiada por los mismos ciudadanos a los que se les va a vender (siempre que ellos puedan comprar) el uso futuro de los espacios libres.
  

• Cuando uno de nuestros derechos democráticos, que constitucionalmente va ligado al territorio que forma parte de los patrimonios públicos de suelo, es considerado un bien tan escaso en nuestra ciudad como irreproducible, no estamos de acuerdo en actuar mediante medidas irreversibles como es la de restringir el uso de los espacios públicos en aras de acelerar nuestro bienestar.
  

• La realidad enunciada en el punto anterior hace que no resulte admisible la manifestación explícita desde el propio Plan Estratégico de que: "será la dinámica presupuestaria real y las conclusiones del Plan Estratégico de Ejecución de las Zonas Verdes las que establezcan el calendario de las actuaciones en zonas verdes, señalando las prioridades y sus implicaciones territoriales".
  

• Desde un colectivo urbano no sabríamos cómo calificar los esfuerzos que los ciudadanos madrileños hemos dedicado a que se determinara la estructura de nuestro territorio municipal, dedicación en tiempo (programación temporal de las actuaciones) y en dinero (programa económico financiero) si simultáneamente nos dicen, nuestros poderes públicos, que parece conveniente emplear criterios de oportunidad para actuar sobre la estructura de espacios libres de nuestra ciudad.

Las ilustraciones que acompañan al presente texto han sido realizadas por Alicia Plaza y Miguel Plaza.

Fecha de referencia: 27-11-1998