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Boletín CF+S > 7 -- Especial: MUJER Y CIUDAD > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n7/aalop.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Género y desarrollo: el círculo vicioso de la interdependencia desigual


Ana Inés López Accotto
Socióloga

Madrid (España), 1997 [1].



1. La modernización y el desarrollo: una pareja de posguerra


El término "modernización" se institucionaliza en la sociología académica durante los años cincuenta, en los ámbitos anglosajones, para referirse a las consecuencias sociales y políticas generadas por el crecimiento económico que por entonces se estaba produciendo en los países llamados "en vías de desarrollo" y de aquellos descolonizados tras la II Guerra Mundial. Se presuponía que el proceso de modernización debía seguir el camino ya recorrido por los países desarrollados, de desarrollo autosostenido. La matriz del proceso de modernización quedaba así definida por el modelo occidental y, más concretamente, anglosajón: británico primero, norteamericano después.

Partiendo del enfoque estructural-funcionalista de Talcott Parsons, se desarrolló entonces la "Escuela de la modernización", que sostenía la existencia de un proceso de modernización único (con un carácter fuertemente normativo), por el que las estructuras sociales de los países pre-modernos o tradicionales se iban viendo sometidas a cambios de valores, actitudes y creencias cada vez más racionales conforme se incrementaba progresivamente su diferenciación institucional. El concepto de "diferenciación institucional" fue acuñado por Parsons y hace referencia a la subdivisión, diversificación y especialización de las formas organizativas de la sociedad. Responde a la tradición durkheimiana de la creciente división del trabajo y es considerado un concepto clave por la Escuela de la Modernización.

Las consecuencias sociales y políticas de la industrialización y, por supuesto, las económicas, serían entonces semejantes en todo el mundo al "modelo europeo" así construido; por lo tanto, modernización pasó a ser sinónimo de occidentalización. El desarrollo fue concebido como el crecimiento de la economía de mercado y la expansión de los lazos comerciales internacionales. Se creía que superados ciertos umbrales de pobreza a través de la formación de capital, de experiencia empresarial y de cualificación de mano de obra, las fuerzas del mercado impulsarían espontáneamente el desarrollo económico primero y el desarrollo político después.

De esta Escuela sociológica de la Modernización (algunos de cuyos autores más destacados o conocidos son Rostow, Smelser, Küznets, Macllelland, y, en América Latina, Gino Germani) se derivó una Escuela de Desarrollo Político, también enmarcada en el modelo te.rico estructural-funcionalista parsoniano, que postulaba una especie de determinismo socioeconómico según el cual, conforme se desarrollara el proceso de industrialización, sus efectos se trasladarían espontáneamente al subsistema político, generándose así una tendencia hacia la democratización. Englobados en la etiqueta genérica de lo que se conoce como pluralismo, se produjo entonces la institucionalización de la sociología política como disciplina académica autónoma, con el impulso de autores como Lipset, Dahl, Almond y Verba y Rostow, entre otros. Lo importante para toda esta corriente era determinar las precondiciones económicas que hacían posible el establecimiento de democracias de tipo occidental.

El término clave para este proceso era el de crecimiento de la renta per capita, como indicador infalible de la salud económica de un país. Los aspectos que se consideraban claves en esta concepción gradualista del desarrollo eran la industrialización, los flujos migratorios del campo a la ciudad, los procesos de urbanización, la alfabetización y la escolarización, los cambios demográficos (mortalidad/fecundidad), el crecimiento de los medios de comunicación de masas y el desarrollo político entendido como la instauración de democracias liberales. Se sostenía que el sector urbano de la economía era el verdaderamente importante para la acumulación de capital, para el ahorro e inversión, para la instrucción pública y la capacitación profesional, ya que se observaba que era donde los beneficios de las inversiones eran más elevados y los nexos comerciales, más fuertes. El sector agrario de la economía pasaba a tener un papel subordinado a las necesidades urbanas, como proveedor de alimentos, mercado para los productos industriales y ejército de mano de obra de reserva, en caso de necesidad. Las estrategias económicas debían basarse en el mercado como motor del desarrollo, dejándose al Estado el papel de movilizar recursos y crear las condiciones que favorecieran la expansión del primero.

A finales de los años cincuenta comenzaron a ponerse en marcha estas políticas que serían englobadas bajo el rótulo de "desarrollistas". En 1960 se inauguró la Primera Década del Desarrollo, propuesta por las Naciones Unidas y al principio pareció que se estaba en el buen camino: la mayor parte de las economías de los países latinoamericanos presentaron incrementos del Producto Interno Bruto per capita durante los años sesenta e incluso esta tendencia se prolongó hasta principios de la década siguiente. Las empresas transnacionales, fundamentalmente de origen norteamericano, trasladaron parte de su producción a los países latinoamericanos, instalando importantes plantas industriales, por ejemplo en sectores como el automotriz y el químico, produciendo cierto dinamismo en el mercado.

Hoy es posible afirmar, sin suscitar ninguna polémica, que el programa desarrollista resultó un fracaso: en muchos países del Tercer Mundo el elevado crecimiento del comercio mundial generó incrementos de la renta per capita pero ello no se tradujo, en general, en un proceso de desarrollo económico autosostenido ni, mucho menos, en una ampliación y profundización de la democracia política y social. La descomposición del sector agrícola y el proceso de industrialización fueron acompañados por una enorme migración hacia las ciudades, que se vieron completamente desbordadas e incapaces de generar y extender los servicios básicos que requerían los nuevos pobladores. Los barrios marginales surgieron como hongos, habitados por personas que más pronto que tarde empezarían a percibir que el sueño del desarrollo no iba con ellos y que el crecimiento del PBI per capita (por cabeza) tenía mucho de truco contable. En gran parte de estos países, el descuido del sector agrícola se tradujo en una caída de la producción de alimentos, viéndose obligados a importarlos, como ya se hacía con las maquinarias y otros insumos para el sector industrial; en otros, tradicionalmente exportadores de cereales y otras materias alimenticias, la falta de inversión en el sector agrícola fue llevándoles a una progresiva pérdida de competitividad en el mercado internacional. Todo ello llevaría a un progresivo desequilibrio de la balanza de pagos: se gastaba en comprar fuera mucho más de lo que se ganaba vendiendo en el exterior.

Las políticas desarrollistas impulsadas tanto por los gobiernos como por los organismos internacionales de ayuda partieron de la convicción de que una población abundante era un bien positivo, porque suponía contar con un amplio ejército de mano de obra. En esta primera etapa, las políticas de desarrollo se centraron en las familias y se partía del presupuesto normativo de que la maternidad era el rol primordial de las mujeres y que esa era su aportación principal a la riqueza de los países. Así, con la modernización venía también la agudización de los roles asignados según sexo: mientras que la inversión económica internacional se dedicaba a incrementar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo masculina, reforzando la idea de que el rol productivo es de los hombres, las estrategias de bienestar social se centraban en la familia, percibiendo a la mujer únicamente en términos de su rol reproductivo, canalizadora de alimentos y prestadoras de servicios para su núcleo familiar. En este sentido, las mujeres fueron vistas como beneficiarias pasivas del desarrollo.

Cabe señalar que, a partir de los años cincuenta, la región en su conjunto experimentó el proceso conocido como "transición demográfica": en un número importante de países la mortalidad comenzó a descender rápidamente, mientras que la caída de la fecundidad no se manifestó hasta mediados de la década de los años setenta. La tardanza en el ajuste entre ambas variables y los problemas de desnutrición infantil condujeron a un nuevo supuesto: que el problema de la pobreza podía disminuirse reduciendo la fertilidad, a través de una política amplia de difusión de los métodos de control de la natalidad entre la población femenina. Incluso se pusieron en práctica algunos programas de esterilización de mujeres, en muchos casos sin su conocimiento. Este tipo de intervención autoritaria, de inspiración maltusiana, fue denunciado en una película de la época titulada "Sangre de cóndor", que mostraba la forma de instrumentalización de las mujeres por parte de un equipo médico norteamericano impulsor de un programa de reducción demográfica en Bolivia. El problema estaba planteado como una agresión a la comunidad pero no como una cuestión que tuviera que ver con la autonomía de las mujeres sobre sus vidas y sobre el control de su fertilidad; es decir, con los derechos reproductivos.
Independientemente de los fines y los medios, lo cierto es que estas políticas de control de la natalidad pusieron el foco sobre las mujeres, iniciándose un creciente interés en torno a cuestiones relativas a ellas. Con el fracaso de estas estrategias autoritarias, los planificadores tuvieron que reconocer que había otras variables que podían incidir en los índices de fertilidad, relacionadas con las condiciones de vida de la población femenina, tales como la educación y la participación en el trabajo remunerado.

El fin de un período de expansión de la economía mundial, con el aumento de la competencia entre Estados Unidos, una Europa recuperada de los desastres de la primera y segunda guerras mundiales y un Japón emergente, por un lado, y la crisis petrolera de 1973 por otro, suscitó el debate sobre la viabilidad del crecimiento económico indefinido en sí mismo, tal como había sido concebido hasta entonces. Los años setenta se iniciaron en medio de un gran descontento con la llamada Estrategia de bienestar llevada a cabo en la década anterior, cuyo fracaso en términos de desarrollo se hacía cada vez más patente. Como señala Moser [Moser , 1991], las críticas provenían de tres posiciones diferentes:


Cabe señalar que el Comité sobre la situación de la mujer de Naciones Unidas, que funcionaba desde 1946, comenzó a impulsar estudios centrados en el análisis del rol de la mujer en el desarrollo ya desde principios de los años sesenta. Los temas en que se centró el interés en esta etapa fueron, por ejemplo, "Mujer y crecimiento demográfico", "Mujer y trabajo agrícola", "Mujer y medios de comunicación", al hilo de las principales cuestiones que orientaban a las políticas desarrollistas y en el marco de las premisas del funcional-estructuralismo dominante entonces. Como señala Portocarrero [Portocarrero , 1990: 21], "pese a criticar las consecuencias de la modernización sobre las mujeres, no lograron salir del marco teórico al que, simultáneamente, acusaban de inapropiado. Se explica así que (...) las demandas impulsadas por esta corriente, se orienten, al contrario, a reclamar la extensión de los beneficios de la modernización sobre las mujeres del Tercer Mundo, sin cuestionar su viabilidad."

Las diversas aportaciones desde estas posiciones institucionales y sociales distintas, fueron confluyendo en una sinergia que llevaría a la emergencia progresiva de las mujeres y sus problemas o, en otras palabras, a arrancarlas de su situación de invisibilidad social, política y económica.



2. Cambios de perspectiva y emergencia del concepto de género.


En los años setenta se produjo la difusión generalizada de la destrucción de varios mitos: por un lado, los que provenían de la Teoría de la modernización y que partían del presupuesto de que si los países subdesarrollados cumplían los pasos que supuestamente habían dado antes los desarrollados, llegarían a ser países económica, política y socialmente plenos. En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó dos resoluciones referidas a la necesidad de establecer e impulsar un nuevo orden económico internacional (NOEI), habida cuenta de que el orden económico imperante y las relaciones de subordinación dependiente tendían a acrecentar el deterioro permanente de los términos de intercambio, generando situaciones estructurales de pobreza creciente en los países más débiles, tal como analizaban las teorías sustentadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Las llamadas 'vías al desarrollo' comenzaban a mostrarse en toda su crudeza como vías hacia un subdesarrollo mayor.

Por otro lado -y en forma paralela-, comenzó a socavarse el mito de la neutralidad del desarrollo económico en términos de su impacto sobre los sexos. El foco se centró mucho más en las mujeres y los estudios sobre la dinámica de desarrollo en el Tercer Mundo comenzaron a poner en evidencia los fenómenos de marginación y discriminación alimentados por los proyectos de desarrollo, en el marco de la teoría de la modernización. Investigaciones sobre el papel de la mujer mostraron que la brecha en la productividad laboral entre hombres y mujeres se había acrecentado a lo largo de los años sesenta y que las políticas de formación y adiestramiento laboral llevadas a cabo tenían como consecuencia una creciente descualificación de las mujeres de cara a su inserción en el mercado de trabajo.

A partir de las críticas surgidas de grupos diversos comenzó a emerger el enfoque de las necesidades básicas, que concedía especial importancia a dimensiones sociales y humanas. Se partía del supuesto de que era necesario garantizar un trabajo adecuado a todas aquellas personas que lo requirieran y que era una tarea del Estado el impulsar los cambios para conseguirlo, para lo cual debía introducir políticas redistributivas que acompañaran a los objetivos de crecimiento económico. Esta manera de abordar el problema, centrado ahora en la satisfacción de las necesidades básicas del conjunto de la población, generó otras preguntas y abrió la posibilidad de desarrollar nuevas perspectivas de estudio. Teniendo como eje las necesidades básicas, algunos de los interlocutores implicados en los problemas de desarrollo se plantearon quién o quiénes se ocupaban más directamente de resolverlas, tanto en lo que se refiere a las familias como a las comunidades. Por primera vez se tomaba seriamente en consideración a las mujeres como agentes económicos aunque la familia continuaba siendo la unidad fundamental de análisis: el supuesto de que el bienestar de sus familias era el objetivo principal de las mujeres y que su consecución garantizaba su propio bienestar, continuaba vigente.

Los planteamientos de un nuevo orden económico internacional habían puesto de manifiesto los problemas estructurales de las relaciones de intercambio desigual y su impacto negativo para los países peor situados, pero no contemplaba los problemas estructurales de subordinación de las mujeres, sometidas a unas relaciones también de intercambio desigual. Habría que esperar para que pudiera abrirse camino la consideración acerca de la potencialidad de las mujeres como agentes económicos e independientes, con necesidades propias y específicas. La historia de los países periféricos se parece mucho a la de las mujeres: una historia de subordinación en la que las necesidades y los objetivos a alcanzar vienen definidos y enmarcados por las exigencias y objetivos de otros, sean los países centrales, sea el sector masculino de la población. La experiencia de los pueblos y de las mujeres parece demostrar que el manido argumento de que si a los sectores dominantes les va mejor, automáticamente les irá mejor a los dominados, es completamente falso.

Otros impulsos importantísimos durante la década de los años setenta se sumaron a esta corriente emergente: la consolidación de la llamada "segunda ola" del movimiento feminista constituyó una presión importante para que el debate se extendiera y para que la problemática de las mujeres comenzara a entrar en las agendas académicas y políticas. Es así como se fue configurando una corriente crítica a lo largo de esos años que, bajo el rótulo común de 'Mujer en el Desarrollo' (MED), dio por resultado el planteamiento de distintas estrategias alternativas respecto a las mujeres: las de equidad, anti-pobreza y eficiencia [Moser , 1991 : 28]. Es en este contexto cuando comienza a utilizarse y a extenderse el término 'género', que dará lugar a no pocas incomprensiones y controversias, pero que establece un marco muy importante en el debate sobre las relaciones de poder, a partir de los años setenta. Antes de seguir adelante con las estrategias que se van creando, detengámonos un momento en este concepto, sin el cual los desarrollos posteriores se vuelven difíciles de comprender.

Se denomina 'género' a un grupo de atributos y conductas culturalmente configurados, asociados a las mujeres o a los hombres. Creado a partir del trabajo de Margaret Mead (1935) en Sexo y temperamento, se sostiene que el sexo es biológico mientras que el comportamiento de género es una construcción social. Dos feministas norteamericanas, K. Millett y S. Firestone, radicalizaron en sus obras la utilización del término. En su libro Dialáctica del sexo, Firestone sostiene que las distinciones de género estructuran todos los aspectos de nuestra vidas, a través de la constitución de un marco incuestionado desde el cual las sociedades miran a las mujeres y a los hombres. La diferencia de género, afirma, es un sistema elaborado de dominación masculina. El desafío teórico de las feministas es comprender ese sistema; el desafío político es acabar con él [Humm , 1989].

En la construcción de los géneros, la polaridad es esencial ya que cada género es construido en oposición al otro. Cuando Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo (Le Deuxième Sexe, 1949), fue la primera que describió a la mujer como Otro o 'no-hombre'. Y muestra como este concepto de 'otredad' está subyacente en las categorías contrastantes de las etiquetas de 'femenino' y 'masculino', que expresan expectativas sociales de comportamiento según género. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando las etiquetas raciales operan en la definición social, estableciéndose atributos y expectativas sociales en torno al color de la piel; o con los términos polares rico/pobre. Quienes tienen la capacidad de definir y de imponer sus definiciones al conjunto de la sociedad, disponen del poder de estructurar el mundo de lo simbólico y de lo ideológico (entendidos como cosmovisiones) y, con ello, de legitimar y perpetuar las relaciones de dominación existentes.

Igual que en el caso del racismo, los estudios tradicionales sobre las diferencias entre los sexos se diseñan para probar que esas características no son construidas socialmente sino que derivan de diferencias biológicas. Por el contrario, numerosos estudios sociológicos han mostrado cómo los atributos que la sociedad occidental considera 'naturales' para las mujeres son creados a través de presiones y condicionamientos sociales, que producen su internalización. También desde la antropología, el psicoanálisis, la historia, la filosofía o la economía han ido desarrollándose estudios y aportaciones a la perspectiva de género.

Más allá de los debates que suscitan las diversas líneas de investigación, lo que parece importante es la aceptación de que las relaciones de género constituyen una dimensión colectiva, como las relaciones de clase. Y esta premisa ha coloreado también las reflexiones y prácticas en torno a los problemas del desarrollo, tanto en los ámbitos académicos como políticos.



3. Nuevas estrategias en el marco del MED (Mujer en el Desarrollo)


Las promotoras del enfoque MED sostenían que el objetivo del grupo era expresar el interés de aquell@s que trabajaban el campo del desarrollo y les preocupaba que la discriminación de las mujeres se reprodujera y reforzara a través de los programas de asistencia internacional [Portocarrero et al op.cit: 23]. Por un lado, las investigaciones mostraban que las mujeres participaban activamente en la producción económica de sus sociedades, especialmente en la agricultura, pero las estadísticas nacionales, la planificación y la ejecución de proyectos de desarrollo no hacían ninguna referencia a ello. Por otro lado, los nuevos proyectos de modernización estaban repercutiendo negativamente en las mujeres al desplazarlas de sus funciones productivas tradicionales, reduciendo sus ingresos, estatus y poder. Esto llevó al grupo MED de Estados Unidos a cuestionar el presupuesto de que la modernización implicara igualdad de género, sosteniendo que el desarrollo capitalista diseñado por el Primer Mundo estaba exacerbando las desigualdades entre hombres y mujeres en el Tercer Mundo [Moser op.cit: 29].

Este grupo buscaba no sólo la reflexión en el plano teórico sino su plasmación en los proyectos y acciones concretas impulsadas por los países centrales y los organismos internacionales. El esfuerzo inicial fue muy operativo ya que se tradujo en la inclusión, por primera vez, de 'los temas de la mujer' en las agendas de discusión de varias reuniones internacionales. Inmediatamente, en 1972, un grupo de organizaciones no gubernamentales comenzó a trabajar para que se estableciera un año internacional de la mujer. Al año siguiente, como resultado del trabajo de presión en el Congreso, se aprobó la enmienda Percy a la Ley de Cooperación Externa de Estados Unidos, en la que se afirmaba que la cooperación debía ayudar a "incorporar a la mujer dentro de sus economías nacionales" para mejorar su situación y estimular su incorporación al proceso de desarrollo. Aunque no se reconocía explícitamente la contribución que las mujeres han hecho siempre a las economías nacionales y comunitarias, el paso era importante porque se establecía claramente que debían tomarse en consideración sus problemáticas concretas en todos los planes y proyectos de cooperación internacional y de ayuda al desarrollo. Se incorporó al grupo MED en la agencia norteamericana para el desarrollo internacional (AID) y aunque no se lo dotó de muchos recursos, se oficializó su existencia y se le dio participación en la evaluación de los planes y proyectos, para que dictaminara su pertenencia o no a la perspectiva MED [Portocarrero et al op.cit: 23].

Inicialmente, la propuesta MED se basaba en lo que se ha denominado como 'estrategia de la equidad', que partía de la asunción de que las mujeres son participantes activas en el proceso de desarrollo, contribuyendo de manera decisiva (aunque generalmente no reconocida) al crecimiento económico, a través de sus roles productivo y reproductivo. Así como en el plano de la macroeconomía se argumentaba, desde los análisis cepalinos, que el modelo de desarrollo establecido había beneficiado más a los países centrales que a los periféricos, en forma paralela se argumentaba que ese modelo de desarrollo había beneficiado más, globalmente, a los hombres que a las mujeres. Por ello, un proceso de redistribución implicaba que el conjunto de las mujeres ganara terreno en todos los ámbitos, para conseguir una mayor igualdad entre los géneros y el consiguiente incremento del desarrollo económico, derivado de un aprovechamiento más racional de todos los recursos humanos disponibles. Y si los frenos para conseguirlo eran muy fuertes, debía recurrirse a políticas de discriminación que favoreciesen el cambio.

Tanto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Alimentación, celebrada en Roma en 1973, como en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población de 1974, en Bucarest, se reconocía la importancia de la participación activa de las mujeres frente a los retos planteados en estos ámbitos. Al mismo tiempo, la iniciativa para la celebración del Año Internacional de la Mujer fue recogida por Naciones Unidas y se comenzó a editar un "Boletín del Año Internacional de la Mujer", con el objeto de constituir una red de apoyo entre quienes estuvieran interesadas en la 'integración de la mujer en el desarrollo' y para informar sobre las actividades preparatorias de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, a celebrar en México, en 1975. Los objetivos de esta primera Conferencia estaban expresados en los siguientes términos: "La Conferencia busca analizar en qué medida la organización del sistema de las Naciones Unidas ha cumplido con las recomendaciones del Comité sobre la situación de la mujer, con respecto a la necesidad de eliminar la discriminación en contra de la población femenina (...) Se trata también de emprender un programa internacional de acción dirigido a lograr la integración de la mujer en el esfuerzo total al desarrollo (...) como partícipe plena y en iguales condiciones que el hombre. "Además de los temas que se estaban trabajando en las Naciones Unidas, como el desarrollo, la equidad y la paz, la Conferencia buscaba priorizar el debate sobre el papel de la mujeres en 'la consolidación de la paz mundial y en la eliminación de la discriminación social' [Naciones Unidas , 1976].

El carácter marcadamente participativo que acompañó a la Conferencia contrastó vivamente con el ambiente formal oficial que envolvía normalmente a las Conferencias internacionales y sorprendió a los responsables políticos. En su transcurso fueron aflorando las diversas posiciones que se estaban conformando en torno a la problemática de las mujeres y que implicaban estrategias de acción también diferentes. Siguiendo a Portocarrero [Portocarrero op.cit.], se pueden destacar los siguientes aspectos:



Tal como señala Moser ([Moser , 1991], los programas en los que debían plasmarse el Plan, se enfrentaron con diversos problemas desde sus inicios: la inexistencia de indicadores comunes sobre la situación social de la mujer y la carencia de datos sobre la situación económica, social y política, volvía metodológicamente imposible medir el grado de éxito de los programas ejecutados; la mayoría de las agencias de desarrollo se mostraban hostiles a la estrategia de la equidad, argumentado que ello suponía interferir en las tradiciones del país, al apuntar a una redistribución del poder. Además, gran parte de los gobiernos del Tercer Mundo partían del convencimiento de que el Plan era el producto de un feminismo occidental que era irrelevante para la mujer de la periferia, habida cuenta de los problemas de subsistencia a las que debían enfrentarse.

De las posiciones expresadas en esta primera conferencia se derivaron políticas y estrategias diversas que se han desarrollado en forma sucesiva o superpuesta. Ya se han mencionado la estrategia del bienestar, ligada estrechamente al modelo desarrollista de los años sesenta y la estrategia de la equidad, en el marco de los planteamientos de un nuevo orden económico internacional que caracterizaron a los años setenta. Con posterioridad a la Conferencia de México, vino a sumarse un tercer enfoque: la estrategia de la anti-pobreza. Esta se desarrolló como un segundo momento teórico del marco de análisis MED, ante la evidencia de la pobreza creciente en los países del Tercer Mundo y la necesidad de pensar sobre las relaciones entre mujeres y pobreza ("las más pobres de los pobres") y las acciones que éstas podían poner en marcha para paliar y combatir su situación. Se partía de la comprobación de que los beneficios del crecimiento acelerado no sólo no había repercutido en mejoras para los sectores más pobres, sino que las estrategias de desarrollo habían ahondado la posición de desventaja de las mujeres en su conjunto y de las más pobres en concreto.

En cierto sentido, constituye una versión "suavizada" de la estrategia de la equidad: mientras ésta centró sus análisis en la identificación de las posiciones subordinadas de las mujeres en términos de su relación con los hombres y, en consecuencia, planteó como principal desafío la transformación de las relaciones de dominación/subordinación entre los géneros, apuntando a las necesidades estratégicas de género, en la perspectiva de la anti-pobreza se trataba de aprovechar la posición reproductiva de las mujeres en un sentido también productivo, a través de la extensión de sus actividades domésticas, para orientarlas parcialmente hacia el mercado. El objetivo era conseguir mejoras en las condiciones de vida (necesidades prácticas de género), sin cuestionar el orden social.

En 1972 el Banco Mundial había planteado oficialmente un cambio de perspectiva: el objetivo fundamental no era ya alcanzar un crecimiento acelerado sino erradicar la pobreza absoluta y promover un desarrollo centrado en los más necesitados. La 'estrategia de las necesidades básicas' (alimentación, vestido, vivienda y combustible, educación, derechos humanos y participación social y política) pasó a ser la piedra angular de la nueva etapa. Una de las primeras iniciativas internacionales fue el Programa Mundial de Empleo, surgido de la Conferencia Mundial de Empleo de la OIT, en 1976, en la que la clase trabajadora pasó a ser considerada el grupo más necesitado de atención y en la que se asumió que el sector informal era una vía de solución al problema del desempleo, por su supuesta capacidad intrínseca de generar puestos de trabajo.

En este marco, la mujer de bajos ingresos se convirtió en un objetivo prioritario (o grupo meta): se reconocía la importancia del rol tradicional que ésta desempeña en la satisfacción de las necesidades básicas de la familia (como esposa, madre, hija) pero se ponía el énfasis en la necesidad de incrementar sus ingresos como una manera de equilibrar el desarrollo y combatir la precariedad relativa y absoluta. [Moser , 1991]; [Portocarrero , 1990]. El acento se puso en la importancia del rol productivo de la mujer y aunque se partía de la hipótesis de que el origen de la pobreza y de la desigualdad radicaba en la falta de acceso a la propiedad privada de la tierra y el capital, así como en la discriminación sexual en el mercado de trabajo, en la práctica los proyectos impulsados tendieron más a incrementar la productividad de las mujeres en las actividades femeninas tradicionales que a incrementar su campo de acción hacia áreas laborales más rentables o novedosas.

Al respetar el statu quo y no cuestionar el poder masculino ni plantear las dificultades que enfrentan las mujeres derivadas de su posición subordinada de género y de la asignación de las responsabilidades familiares, es decir, al no tener un planteamiento crítico, esta estrategia resultó más funcional y no fue percibida socialmente como una amenaza, generando menor rechazo. El problema es que tendió a perpetuar la situación de dependencia y precariedad de las mujeres.

Las estrategias que han sido dominantes en el campo de la planificación para el desarrollo han sido básicamente las del bienestar y de la antipobreza. Según estudios realizados por Evans [Evans , 1985], el 90 por ciento de los fondos MED entre 1975 y 1985, se han utilizado para apoyar proyectos y políticas enmarcados en estas perspectivas, tales como proyectos productivos artesanales basados en habilidades tradicionalmente femeninas, intensivos en mano de obra y generadores de muy bajos ingresos [Portocarrero , 1990]. Este tipo de proyectos ha supuesto una notable ambigüedad sobre los verdaderos beneficiarios (la familia, la comunidad, la mujer) y la aceptación de hecho de la división sexual del trabajo, con la consiguiente desigualdad tanto en la unidad doméstica como en el mercado laboral.

Una última estrategia dentro del marco MED es la que Moser (1991) señala como 'estrategia de la eficiencia', que sería el producto de un sutil deslizamiento desde mediados de los años setenta, desde el énfasis puesto en la mujer al énfasis puesto en el desarrollo, partiendo del supuesto de que una mayor participación económica de la mujer genera automáticamente una mayor equidad. Se corresponde en el tiempo con un proceso de deterioro creciente de la economía mundial, cuyo impacto fue muy duro en América Latina y devastador en 'Africa.

Como señalan De Barbieri y De Oliveira [De Barbieri y De Oliveira , 1989: 16], "la recesión en los países centrales y las políticas económicas aplicadas para su superación han repercutido en los países latinoamericanos al provocar la contracción en la producción en las economías centrales; el cierre de los mercados internacionales que significan las medidas proteccionistas de los países centrales y la caída de los precios de la mayor parte de las materias primas han provocado una serie de desequilibrios en las balanzas de pagos, a lo que se suma la baja o casi nula inversión privada."

Para aliviar la situación, la mayoría de los gobiernos de América Latina fueron adoptando las políticas de estabilización y de ajuste económicos, diseñadas por los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) y amparadas en dictaduras militares brutales que viabilizaron un proyecto político amplio de disciplinamiento social para reubicar a las clases trabajadoras en una posición política e institucional lo más débil posible.

La filosofía última de los programas de ajuste estructural se basa en el desplazamiento de los costos de la economía remunerada a la no retribuida, especialmente mediante el uso del tiempo libre de las mujeres. Aunque en este discurso de la eficacia y la productividad se pone el énfasis en una mayor participación de las mujeres en la economía, más bien se trata de una participación de las mujeres "muy económica". La estrategia de la eficiencia se apoya en la intensificación del milenario 'voluntariado involuntario' que las mujeres vienen ejerciendo: el elemento clave de todo el invento es "la elasticidad del trabajo femenino, tanto en su rol reproductivo como productivo y comunitario, que satisface las necesidades prácticas de género de las mujeres a costa de extender su jornada de trabajo e incrementar su tiempo de trabajo no pagado." [Moser op.cit: 36]. Esta es la estrategia hegemónica en la actualidad, en el contexto de protagonismo de las relaciones de mercado y de desmantelamiento creciente de los servicios públicos.

Diversas autoras [Elson , 1991]; [Moser , 1991] han identificado tres "tipos de sesgos masculinos" que subyacen a las políticas de ajuste estructural:


A la hora de las evaluaciones realizadas durante la década de los años ochenta, tanto en la II Conferencia de la Mujer, en Copenhague, 1980 como en la III Conferencia, en Nairobi, 1985, se comprobó que muchos de los objetivos planteados se fueron cumpliendo: se produjo un aumento sustantivo de la cantidad de datos e investigaciones acerca de las mujeres que ha permitido ir afinando los análisis y las propuestas. En la actualidad la mayoría de los países cuentan en sus legislaciones con leyes que garantizan los derechos de la mujer y en muchos de ellos se han establecido organismos especializados; se ha producido un creciente conocimiento y toma de conciencia sobre la existencia de problemas propios de las mujeres, su incorporación al mundo académico y un mayor compromiso por parte de algunos gobiernos. Finalmente, cabe señalar la sorpresa que se han llevado los responsables de las políticas de desarrollo, al comprobar los efectos multiplicadores que conlleva la inclusión activa de las mujeres en el diseño y ejecución de los programas.

En 1979 se aprobó la "Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres" y su "Comité de Seguimiento" se constituyó en 1981. El Tratado que surgió de allí había sido ratificado en 1993 por 138 países: es uno de los seis Tratados Mundiales de las Naciones Unidas y significa el reconocimiento de los derechos humanos para las mujeres, tal como se plasmaría ese año en la declaración oficial de la Cumbre de Derechos Humanos celebrada en Viena: "los derechos de las mujeres son también derechos humanos", aprobándose entonces el puesto institucionalizado de Relatora de Naciones Unidas encargada de recoger todas las denuncias y violaciones de esos derechos. Tanto la Cumbre de la Tierra de 1992, en Río de Janeiro, como la Conferencia de Población de 1994, en El Cairo, y la Cumbre de Desarrollo Social en Copenhague de 1995, fueron encuentros en los que los discursos de las mujeres, desde perspectivas de género, consiguieron hacerse oír, en el camino preparatorio hacia la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que tuvo lugar en Pekín, en septiembre de 1995.

Oficialmente, esta cuarta Conferencia tuvo como objetivos hacer un balance del decenio transcurrido desde Nairobi y adoptar una plataforma de acción para los cinco años siguientes, a fin de responder "a los problemas más preocupantes que constituyen los obstáculos para la promoción de la mujer en el mundo" [Naciones Unidas , sept.1994]. En el contexto de las políticas de ajuste estructural ya señaladas, que comporta una ofensiva tanto ideológica como concreta contra los derechos de las mujeres y a pesar de las dificultades añadidas que supuso la designación de Pekín para su realización, la movilización y la participación de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de mujeres de todo tipo saltó por encima de las innumerables barreras que fueron poniéndose en el camino. El Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 1995, de Naciones Unidas, ya había señalado los dos ámbitos en los que la situación de las mujeres se ha agravado especialmente: la pobreza y la representación política. Mientras que la primera se ha doblado en los últimos veinte años, representando las mujeres en la actualidad el 60% de los millones de pobres de las regiones rurales, la segunda ha disminuido respecto a diez años atrás: "Si bien las mujeres constituyen la mitad del electorado, no disponen más que del 10% de los escaños en el seno de los parlamentos y del 6% de las funciones ministeriales en el mundo".

Sin dejar de reconocer los avances, las limitaciones del marco de análisis MED han ido generando un proceso de desencanto y la intensificación de la búsqueda de alternativas.



4. Del marco MED a las propuestas GED (Género y Desarrollo)


La propuesta MED se orientó desde sus inicios a incorporar a las mujeres a las políticas de desarrollo en marcha, buscando introducir medidas correctivas a las desigualdades, pero sin cuestionar el proceso en sí mismo. En la mejor tradición filosófica liberal, sus concepciones se basan en los presupuestos de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente del sexo, y de la garantía de unas condiciones materiales mínimas que permita el ejercicio real de esos derechos. Desde esta perspectiva, "asegurar la igualdad entre los sexos como principio realmente operante supone, en última instancia, el acceso de las mujeres al ámbito público, al mercado de trabajo y, en especial, su incorporación a aquellas posiciones prestigiosas que otorguen poder" [Portocarrero, op.cit: 53/54]. Se tiende a valorar la dimensión pública de la actividad de los individuos y a subvalorar o no tomar en absoluto en consideración la dimensión privada: de ahí que desde este enfoque no se reivindique la actividad doméstica como trabajo, sino que se tienda a rechazarla y desvalorizarla. No está de más recordar que esta perspectiva se genera inicialmente en Estados Unidos, en donde la doctrina liberal, con su concepción individual-atomista de las sociedad, es la cosmovisión dominante.

En contraposición, a partir de escritos de feministas y de las experiencias de organizaciones de base de mujeres del Tercer Mundo, fue estructurándose una estrategia que corrió paralela a la de la equidad, pero que ocupó un espacio más marginal, acorde quizás a sus orígenes doblemente periféricos: la estrategia de la generación de poder (empowerment). Desde este enfoque se entra de lleno en el problema del poder -que feminismo de corte más liberal tiende a obviar-, y se centra en uno de los supuestos básicos sobre la concepción de poder implícita en los demás enfoques: el poder como dominación. Se sostiene que no se trata de que las mujeres consigan participar en las relaciones sociales desde una posición de dominación en vez de hacerlo desde una posición subordinada ("que la tortilla se vuelva"), sino de transformar las relaciones mismas, apoyándose en otra concepción de poder.

En la teoría política es posible diferenciar dos definiciones clásicas de poder: 1) como capacidad de forzar a alguien a hacer algo (estableciendo una dinámica de juego de suma cero); y 2) como capacidad de potenciación, que puede resultar cuando cuerpos autónomos cooperan, cuando diferentes fuentes de energía contribuyen a un objetivo común. La estrategia de generación de poder se adscribe más bien a la segunda y se sostiene que se trata de la capacidad de las mujeres de incrementar su propia autoconfianza en la vida y su fortaleza colectiva e influir en la dirección del cambio, mediante las habilidades de ganar y tener control sobre recursos materiales y no materiales. [Ajamil , 1995]; [Moser , 1991].

Una agrupación amplia de mujeres y de organizaciones feministas creadas poco antes de la Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi (1985), con el nombre de DAWN (Desarrollo Alternativo con Mujeres para una Nueva Era), sintetizó esta estrategia de generación de poder en los siguientes términos:

"Queremos un mundo libre de las desigualdades de clase, género y raza, tanto dentro de cada país como entre los países. Queremos un mundo donde las necesidades básicas se transformen en un derecho inalienable y donde la pobreza y toda forma de violencia sean eliminadas. Donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollar sus potencialidades y creatividad plenas y donde los valores femeninos de formar y cuidar a los otros y de solidaridad, caractericen las relaciones humanas. En un mundo como ese, el papel reproductivo de la mujer tendrá que ser redefinido: el hombre, la mujer y la sociedad en su conjunto compartirán la crianza y el cuidado de los hijos...Solamente estrechando los vínculos entre el desarrollo, la igualdad y la paz podremos mostrar que estos 'derechos inalienables' de los pobres están entrelazados con la transformación de las instituciones que subordinan a la mujer. Todo esto puede lograrse generando poder por y para las propias mujeres". [DAWN , 1985]

Los objetivos son semejantes a los del enfoque de la equidad pero, atendiendo a una concepción no individualista del poder sino colectiva, los medios son diferentes: la estrategia de generación de poder se asienta en el esfuerzo sistemático y sostenido de las organizaciones de mujeres: la movilización y la acción política directa, la toma de conciencia de género y la educación popular son las cuestiones claves a desarrollar. Las organizaciones que comparten esta estrategia de generar poder y fortalecer a las mujeres, rechazan las estructuras burocráticas rígidas y son partidarias de estructuras flexibles, abiertas y horizontales tanto en las relaciones internas como en sus interrelaciones. Sus planteamientos y sus prácticas tienen un potencial de cambio que suele ser percibido como una amenaza para el orden establecido, por lo que tanto los gobiernos como las agencias financieras bilaterales prácticamente no les dan apoyo. Sólo algunas agencias no gubernamentales internacionales o gobiernos del Primer Mundo se muestran dispuestos a brindarles alguna ayuda.

Este cambio de perspectiva respecto a los supuestos implícitos en MED ha ido avanzando también en el Primer Mundo, cristalizando en una propuesta que se conoce como GED (GAD en inglés, de Gender and Development). Este enfoque parte de cuestionar y replantear el desarrollo desde una perspectiva de género. Se centra en el análisis de las relaciones que se establecen entre los géneros, pero consideradas como un proceso histórico y dinámico cuya configuración, permanencia y cambio están asociados a premios, sanciones, normas, valores, representaciones y fantasías sobre lo masculino y lo femenino en cada sociedad [Portocarrero , 1990]. Ello no es óbice para que se tomen en cuenta la multiplicidad de factores (económicos, políticos, étnicos, religiosos, culturales) que conforman lo social y la necesidad de estudiar cómo juega el género en esas configuraciones multideterminadas. Por otra parte, se sostiene que la ruptura entre un ámbito público y otro privado debe superarse, ya que la eliminación de las relaciones de dominio/subordinación requiere el cambio simultáneo tanto de los condicionantes económicos y políticos como la transformación de los arreglos sociales privados. Con la incorporación de las mujeres al mercado laboral sin un cuestionamiento profundo de la división sexual del trabajo, sostiene GED, las mujeres trasladan su situación de sujetos subordinados en el hogar y en la sociedad al mercado de trabajo: su ingreso al mismo no supone necesariamente una mejora de status, como se plantea desde MED.

Dado que el proceso de desarrollo es complejo y multideterminado por diversos factores, es necesario realizar análisis concretos de las situaciones concretas y evaluar constantemente las políticas de acción y los cambios que se generen, a través de preguntas muy precisas a las personas implicadas, tanto hombres como mujeres. A partir de ello, pueden irse proponiendo proyectos alternativos en los que las mujeres vayan convirtiéndose en propulsoras activas del cambio. Al mismo tiempo, se trata de conseguir que los hombres vayan asumiendo una actitud más activa en la esfera privada, para que hagan desde allí el trabajo doméstico que se ha atribuido a la mujer.

GED se presenta como una perspectiva en construcción, tentativa, dinámica y abierta, movida por la voluntad expresa de construir una sociedad en la que el concepto de desarrollo tenga un significado progresista, igualitario y democrático. De lo que se trata es de construir una sociedad donde hombres y mujeres se relacionen en forma equitativa, más rica, para lograr juntos una vida más plena para todos. Esa es la propuesta, para cuya concreción no se descarta la necesidad de establecer alianzas "mediante estrategias amplias que permitan conjugar los intereses de las mujeres con otros más globales y crear así un lenguaje común entre grupos que impulsen el cambio social" [Portocarrero op.cit: 60]. Un desafío nada fácil, pero que posiblemente que merezca la pena, en la búsqueda de salida del círculo vicioso de la interdependencia desigual.



Referencias bibliográficas


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Fecha de referencia: 27-11-1998


1: Artículo publicado en la revista Leviatán n. 67.

Boletín CF+S > 7 -- Especial: MUJER Y CIUDAD > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n7/aalop.html

Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X
 
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