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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Impresiones sobre el trabajo de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (C.C.I.O.D.D.H.H.) en Chiapas, redactadas por uno de sus integrantes.


Esteban Pujals Gesalí
Junio 1998

Redactar estas notas sobre la actividad de la Comisión Civil Internacional que el pasado mes de Febrero visitó México para elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos de la población indígena de Chiapas exige unas palabras preliminares sobre la existencia de una red internacional de plataformas de apoyo al EZLN, la organización que articula actualmente la resistencia de las comunidades indígenas a desaparecer en cuanto tales. Mi relación con esta red no es profesional (mi trabajo consiste en enseñar literatura inglesa y estadounidense a los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid) ni política en el sentido en el que se acostumbra entender este adjetivo, pues no estoy vinculado a ningún partido y de hecho estoy convencido de que es la profesionalización de la política en los llamados sistemas democráticos lo que hace posible la usurpación de la responsabilidad de los ciudadanos en relación con la tarea de tomar decisiones. Permítaseme así decir de mi apoyo a la causa zapatista que es desinteresado (en el sentido de no contener su éxito posible ni su fracaso probable posibilidad alguna de beneficiarme o perjudicarme directamente), pero que al mismo tiempo forma parte del interés que siempre he sentido por las sociedades que, en la disyuntiva entre protagonizar agresiones contra otras sociedades o defenderse de ellas, eligen la segunda alternativa. Los momentos más felices de la Humanidad constituyen páginas en blanco en el libro de la Historia y son las sociedades de las que menos se sabe las que más sabias lecciones están en condiciones de impartir.

Es indudable que desde su aparición pública, el aspecto más llamativo -por más novedoso- de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en defensa de los pueblos indígenas de México ha sido su capacidad para romper el bloqueo informativo sistemático al que está sometida en el país toda realidad que no promueva los intereses y la imagen pública del partido gubernamental, el PRI. Este bloqueo determina tanto la selección drástica de los hechos sobre los que los medios informan como la versión pública de los mismos, constantemente manipulada por periódicos, revistas y centros emisores de radio y televisión.

Para el estudioso de la colonización española de los territorios de la Nueva España esta situación es plenamente acorde con lo que ha venido sucediendo en la relación entre los pueblos indígenas de México y los pueblos "civilizados" que desde hace 500 años los someten y marginan. El bloqueo informativo en los asuntos de Indias y la emisión de relaciones manipuladas sobre lo que allí sucedía constituyeron una constante de la colonización desde su comienzo mismo y puede considerarse el conjunto de las obras escritas por Bartolomé de las Casas como un intento desesperado de combatir la desinformación sistemática que conquistadores, encomenderos e historiadores próximos a éstos practicaron respecto al genocidio atroz en el que consistieron tanto la conquista de los territorios de ultramar como su posterior explotación hasta la independencia. En muchas zonas de América (y Chiapas es un ejemplo típico) la independencia no supuso cambio alguno desde la perspectiva de los indígenas, quienes vieron cómo las mismas familias españolas o mestizas que hasta entonces explotaban recursos mineros, agrícolas y humanos con la autorización del Rey de España pasaban a hacerlo de idéntica manera con la de las nuevas repúblicas independientes que fueron apareciendo en los antiguos territorios coloniales.

Al romper la combinación de silencio y falsedad que presidía en el ámbito público las cuestiones relacionadas con los derechos y la identidad de los pueblos indígenas, el EZLN ha abierto un frente, el frente informativo, que ha sido vital para la causa indígena desde el momento mismo de la aparición pública del movimiento. Así, la noticia de la ocupación de cinco poblaciones chiapanecas el 1 de Enero de 1994 fue cubierta con mayor detalle y prontitud por la prensa europea y estadounidense que por la mexicana; y cuando el recién nombrado presidente Zedillo ordenó en Febrero de 1995 la ocupación militar de la "zona de conflicto", fue de nuevo el frente informativo el que resultó decisivo al posibilitar la constitución rapidísima de una red informativa nacional e internacional que dio lugar a movilizaciones masivas en Chiapas, en la capital mexicana y ante las embajadas mexicanas en el exterior, así como a las numerosas protestas de las organizaciones pro derechos humanos mexicanas e internacionales. Existe desde entonces una red comunicativa y organizativa internacional constituida por plataformas asamblearias de apoyo a la causa zapatista en las que los individuos preocupados por el destino de los indígenas mexicanos pueden integrarse horizontalmente. Esta red utiliza como soporte técnico el correo electrónico (enlacecivil@laneta.apc.org) y la página de internet (http://www.laneta.org.mx/enlacecivil/ o http://www.enlacecivil.org.mx/),[1] aunque también recurra a los modos más tradicionales del activismo.

El momento más sobrecogedor de la "guerra de baja intensidad" que viven las comunidades indígenas de Chiapas desde que el gobierno de Zedillo declarase una tregua en Marzo de 1995 publicando la Ley del Diálogo, tuvo lugar el 22 de Diciembre de 1997, cuando un grupo paramilitar asesinó a sangre fría a 45 indígenas desarmados en la pequeña población de Acteal, en el municipio de Chenalhó. De nuevo la masacre transcendió inmediatamente a los medios de comunicación de todo el mundo provocando una oleada de protesta internacional. A partir de este momento, la red de plataformas que aglutina el apoyo europeo a los indígenas mexicanos comenzó a trabajar sobre la posibilidad de crear una Comisión Civil Internacional que visitase la "zona de conflicto" y elaborase un informe sobre la situación de la población indígena de la región. La utilidad de este informe se vinculaba a la posibilidad de presionar sobre las instancias institucionales europeas para que éstas a su vez instaran al gobierno mexicano a encontrar una solución pacífica y negociada al conflicto chiapaneco; una solución que por primera vez en la historia de las relaciones entre las comunidades indígenas mexicanas y los pueblos que venían agrediéndolas desde los tiempos de Cortés incorporase las perspectivas y las aspiraciones indígenas en lugar de insistir en la imposición unilateral de criterios e intereses europeos, rebautizados ahora como "mestizos". Obligaban a actuar con gran rapidez tanto la oportunidad de la reacción provocada por la masacre de Acteal como el hecho de que la Comunidad Económica Europea estuviera en los primeros meses de 1998 estudiando la aprobación de un acuerdo económico preferencial con el gobierno mexicano; este acuerdo incluía cláusulas que comprometían a ambas partes en materia de Derechos Humanos. En muy pocas semanas el proyecto tomó forma: durante las semanas tercera y cuarta del mes de Febrero miembros de la sociedad civil internacional constituirían una Comisión que visitaría la capital mexicana y recorrería la "zona de conflicto", manteniendo entrevistas con cuantos responsables institucionales y representantes de las partes fueran accesibles. Con estas entrevistas y con toda la información que pudieran acopiar, los miembros de la Comisión procederían a redactar un informe que sería difundido en los medios de comunicación y entregado a cuantas instancias institucionales cupiera interesar en lograr una solución negociada del conflicto.

Considerado desde mi perspectiva como integrante de la misma, el éxito de la C.C.I.O.D.D.H.H. ha superado las expectativas más optimistas. Aparte de la cantidad de trabajo que suponía llevar a cabo la observación y la redacción de las secciones del informe en el tiempo récord de dos semanas, cabía esperar una gama de problemas que abarcaba desde la ambigüedad de la legislación mexicana en relación con nuestro objetivo de observación (varios miembros de la Comisión fueron de hecho repatriados forzosamente sin que diera tiempo a aclarar los motivos) hasta la posibilidad de que los constantes retenes militares en carreteras y caminos entorpecieran o impidieran incluso nuestra actividad (como de hecho sucedió la mañana del día 18, cuando más de la mitad de la Comisión, cerca de cien personas, fue detenida durante dos horas por agentes de Migración a la salida de Polhó). Sin embargo la Comisión contó en su trabajo con la constante colaboración del azar y las dificultades fueron relativamente pocas y de importancia relativamente pequeña. Los miembros de la Comisión llegaron a México DF entre los días 13 y 16 de Febrero, constituyéndose formalmente como Comisión en asamblea celebrada el lunes 16 en el Centro Universitario de Comunicaciones de la UNAM, articulándose en grupos de trabajo y subcomisiones y entrevistándose en las dos semanas siguientes a su constitución con prácticamente todas las autoridades y representantes de las partes que constituían su objetivo. Estas entrevistas tuvieron lugar en la capital federal, en las ciudades chiapanecas de Tuxla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas y en gran número de municipios de la llamada "zona de conflicto". Los entrevistados incluían a autoridades federales, como el titular de la Secretaría de Gobernación, Ldo. Francisco Labastida, la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lda. Rosario Green, o el Coordinador del Gobierno para el Diálogo, Ldo. Emilio Rabasa; y a autoridades del gobierno estatal de Chiapas, como el Presidente de la Cámara de Diputados del Estado, R. Bonifaz, y el Gobernador del Estado de Chiapas, Roberto Albores. Además de entrevistar a las autoridades institucionales, federales y estatales, la Comisión se entrevistó con representantes de los partidos políticos, con los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, con representantes de organizaciones civiles y con las autoridades municipales de numerosas poblaciones de la zona. Además de esto, la Comisión, dividida en seis grupos, que volvieron a subdividirse en ocasiones para hacer más eficaz su trabajo de observación, recopiló cientos de testimonios y denuncias relativas a la constante violación de los Derechos Humanos en la región. Estas denuncias fueron presentadas por las víctimas de las agresiones, indígenas que temen y desconfían de las corruptas instancias jurídicas mexicanas, instrumento local del caciquismo imperante. La Comisión tuvo sangrienta constancia de esto en el asesinato por parte de un grupo paramilitar de uno de sus informantes, José Tila, cuando volvía a su comunidad tras entrevistarse con miembros de la Comisión. Con frecuencia las violaciones de los Derechos Humanos en la zona han sido perpetradas por las fuerzas de seguridad (Ejército Federal, Policía Judicial y Policía Estatal), pero en los últimos tiempos la mayor parte de los actos violentos han sido protagonizados por los grupos paramilitares que con el demostrado apoyo de las fuerzas de seguridad y del partido gubernamental siembran actualmente el terror entre los indígenas de la zona.

Una circunstancia especialmente afortunada para el trabajo de la Comisión fue el hecho de que su visita tuviera lugar en la estación seca, la única del año en la que resultan plenamente transitables los caminos de la zona comprendida entre los Altos y la frontera de Guatemala. Debido a esto, nos fue posible realizar, en un tiempo récord, un "peinado" de la zona que hubiera resultado completamente imposible en verano. La climatología favorable posibilitó asimismo al máximo los desplazamientos de los representantes de las comunidades indígenas hasta los puntos acordados del recorrido de cada uno de los seis grupos en los que la Comisión se dividió para realizar su trabajo de observación.

Sin duda el momento más fructífero de nuestra visita lo constituyeron los días 18, 19, 20 y 21, en los que los miembros de la Comisión fuimos objeto de la hospitalidad de las comunidades indígenas que constituyen las bases de apoyo del movimiento zapatista. El conjunto de la Comisión salió en la madrugada del día 18 de San Cristóbal en una caravana de pequeños autobuses (de los utilizados en la zona para el desplazamiento de pasajeros, de mayor altura que la normal) y se dirigió a Polhó, en el municipio de Chenalhó, al que pertenece la población de Acteal. Allí fuimos objeto de un emocionante recibimiento por parte de los vecinos, tras el cual parte de la Comisión se dirigió a Acteal para entrevistarse con los familiares de las víctimas de la matanza. El resto de la Comisión se trasladó -tras ser detenidos en la carretera por agentes de Migración- a la población denominada Santa Catarina, un lugar especialmente remoto del municipio de Pantelhó, donde un número de "desplazados" (indígenas que han abandonado su lugar de residencia por temor a las agresiones de los grupos paramilitares) se ha instalado (escondido, sería más bien la palabra) provisionalmente en espera de que desaparezca la amenaza. El último tramo del recorrido consistió en una ascensión de casi tres horas a pie por un camino muy empinado, lo que nos proporcionó la medida del terror de los habitantes de Santa Catarina, quienes han elegido este grado de aislamiento para mejor protegerse de sus asaltantes. El retraso sufrido en la carretera por la mañana hizo que llegásemos a Sta. Catarina casi de noche, no pudiendo emprender el descenso hasta la madrugada y no llegando a San Cristóbal hasta mediodía del día 19.

Por la tarde del mismo día 19 cinco de los seis grupos de la Comisión emprendieron camino hacia los cinco Aguascalientes creados por el EZLN, dirigiéndose el sexto grupo hacia la zona Norte de Chiapas. La zona Norte es actualmente la más castigada por la actividad de los grupos paramilitares y fue el grupo que la recorrió durante los días 19, 20 y 21 el que se entrevistó con José Tila, quedando espantados los componentes de este grupo al regresar a San Cristóbal y ser informados del asesinato.

Aguascalientes es el nombre de una población mexicana que presenta una gran importancia simbólica desde la perspectiva de la lectura que hace el movimiento zapatista de la Historia de México, pues fue en esta población donde tuvo lugar en 1914 la Convención que, convocada por Emiliano Zapata y Francisco Villa, derrocó al autonombrado presidente Huertas, abriendo el proceso constituyente. La multiplicación de los Aguascalientes por parte del EZLN es algo así como una representación simbólica de la vocación dialogante y radicalmente democrática del movimiento. Como gesto, sugiere al mismo tiempo el entronque histórico del movimiento zapatista con una tradición revolucionaria y mexicana; y la necesidad existente, desde un punto de vista indígena, de extender al conjunto de la población la discusión sobre la diversa identidad de los ciudadanos de México, invocando un proceso proliferante de foros, asambleas y diálogos que corrija errores históricos cometidos en la etapa constituyente. Los Aguascalientes no son poblaciones, aunque cada uno de ellos se encuentre situado en un lugar estratégicamente próximo a varias poblaciones y en cierto modo represente cada uno de ellos a una de las comunidades lingüísticas y étnicas en las que se divide la población indígena de la zona. Los Aguascalientes construidos hasta el momento por el EZLN son: La Realidad (adonde acudieron en 1994 más de 6.000 personas de todo el país con ocasión de la convocatoria de la Convención Nacional Democrática), Oventic (sede, en Abril de 1996, del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo), La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios.

El plan de la Comisión era emplear los Aguascalientes como base de los movimientos de cada uno de los grupos durante los días 20 y 21. El grupo en el que yo me integré se dirigió a La Garrucha la tarde del día 19, llegando al Aguascalientes al anochecer. Fuimos recibidos allí por las autoridades egidales (a quienes la asamblea ha encomendado las cuestiones relacionadas con la gestión comunal de las tierras) y alojados en las espaciosas -aunque espartanas- edificaciones que son parte esencial del Aguascalientes; en ellas colgamos nuestras hamacas y descansamos en preparación del apretadísimo programa proyectado para el día siguiente, consistente en un minucioso recorrido de observación de las poblaciones situadas en la cañada de Patihuiz, recorrido que habría de incluir entrevistas con autoridades municipales de ayuntamientos priistas y zapatistas, así como con el comandante de uno de los destacamentos más importantes del Ejército Federal en la zona, San Quintín. Con la excepción de esta última entrevista (los centinelas nos comunicaron que el Comandante del acuartelamiento "no se encontraba", y al volver a San Cristóbal supimos que ésta había sido la respuesta a todos los demás grupos cuando intentaron entrevistarse con autoridades militares) cumplimos con los objetivos propuestos para el día 20. Las poblaciones que se encuentran a lo largo de la cañada de Patihuiz (Patihuiz, La Sultana, Santa Marta, La Soledad, Balboa, San Quintín) tienden a repartirse en dos grupos tan diferentes que es posible distinguirlas incluso con anterioridad a la entrada en la población: aquéllas en las que el partido gubernamental tiene una influencia mayoritaria, en las que puede observarse la presencia del tendido eléctrico, calles asfaltadas, alcantarillado, edificios de ladrillo y hormigón y una comparativa afluencia económica de sus habitantes; y aquéllas en las que existe una mayoría no afecta al PRI, tanto si se trata de bases de apoyo zapatistas como si no, que carecen de las infrestructuras mencionadas, presentando un aspecto mucho menos "desarrollado" y más en consonancia con los modos tradicionales de subsistencia de las comunidades indígenas de la selva. Salvo San Quintín, municipio importante en el que se encuentra instalado el mencionado acuartelamiento y en el que son visibles los esfuerzos institucionales recientes del gobierno por asegurarse el apoyo de la población mediante inversiones en infraestructura, las poblaciones situadas a lo largo de la cañada de Patihuiz son de pequeño tamaño (menos de cincuenta familias) y sus habitantes practican una agricultura de subsistencia cultivando el maíz y el frijol. El cultivo del café, para el que esta zona de Chiapas es especialmente apropiada y que constituía hasta el comienzo del conflicto la única posibilidad que las familias indígenas tenían de obtener una pequeña cantidad de dinero, ha sido abandonado en años recientes debido a la acción combinada de la caída del precio de este producto en el mercado internacional y del hostigamiento que estas comunidades han sufrido por parte de las fuerzas de seguridad en los cuatro últimos años.

Si la autoridad municipal priista de San Quintín, entrevistada por los miembros de la Comisión, expresó claramente su simpatía por la presencia del acuartelamiento contiguo, que ha constituido una importantísima fuente de trabajo, ingresos e infraestructuras para los habitantes de la localidad, muy otra parece ser la actitud de la mayor parte de los habitantes de las demás poblaciones de la cañada, quienes ven en el ejército un motivo constante de trastorno y preocupación. Aunque en los días en los que la Comisión visitó la zona los movimientos de tropas y la patrullas fueron reducidos al mínimo, es evidente que son una rutina habitual, constituyendo, en combinación con los vuelos rasantes de aviones y helicópteros, motivo incesante de temor para los miembros de estas comunidades campesinas, cuyos miembros recuerdan nítidamente la entrada a saco del Ejército Federal en sus aldeas durante el mes de Febrero de 1995. Desde entonces no han cesado las denuncias de actos de agresión cometidos por individuos o grupos de individuos pertenecientes a las fuerzas de seguridad en contra de la población indígena. Estos actos abarcan desde agresiones físicas hasta la invención de delitos ficticios por los que numerosos indígenas han sido condenados a prisión, así como robos (animales, el café de las plantaciones, a menudo recolectado por soldados una vez sus aterrorizados dueños han huido) y agresiones sexuales a las mujeres. En su recorrido por la cañada de Patihuiz (unos 50 kms.) los miembros de la Comisión pudimos comprobar, aparte del de San Quintín y el de Patihuiz, casi contiguo al Aguascalientes, la presencia de otros dos acuartelamientos más pequeños.

A su regreso, ya de noche, al Aguascalientes, los miembros de la Comisión fuimos invitados a café y al baile que con motivo de la festividad de San Caralampio habían organizado las comunidades más próximas. El baile tuvo lugar en la explanada situada ante la capilla y aunque la mayoría de nosotros estábamos cansados después de un largo día de viaje, trabajo y calor, bailamos y charlamos con aquéllos de entre los miembros de las comunidades que hablaban español hasta avanzada la noche.

El grupo de miembros de la Comisión dedicó el día 21 a las entrevistas que habían sido solicitadas el día anterior con los representantes del Concejo Autónomo de Francisco Gómez, en el que se encuentra el Aguascalientes, así como con el Consejo Ejidal. En la entrevista con los primeros, la Comisión fue informada sobre el modo de funcionamiento del municipio autónomo o rebelde, algo así como la aplicación al ámbito municipal del principio organizativo zapatista de "mandar obedeciendo". Integran este municipio autónomo 49 comunidades, cada una de las cuales constituye su asamblea para la toma de decisiones locales, nombrando asimismo a sus representantes ante la asamblea municipal. En contra de lo acordado en el Diálogo de San Andrés, donde los documentos firmados por las partes subrayaron la importancia del respeto gubernamental a los modos de organización tradicionales de la población indígena, el gobierno considera ilegales los municipios autónomos que se han ido creando en la zona de conflicto. Por ello los representantes del Concejo cubrieron su rostro con paliacates y pasamontañas durante las dos horas que duró la entrevista. Los representantes contestaron a nuestras preguntas refiriéndose a los modos comunales del trabajo de la tierra y a los problemas causados en este sentido por la presencia del Ejército, cuyos acuartelamientos son un motivo constante de contrariedad. El Ejército realiza continuas excavaciones, tala árboles "sin siquiera aprovechar la madera", nos dijeron, contamina los ríos con sus residuos, todo ello dentro del ejido y sin contar con las comunidades. El propio terreno en el que se encuentran situados los acuartelamientos ha sido ocupado sin tener en cuenta que anteriormente estuviera cultivado o constituyera un camino de utilidad para los habitantes de la zona. Las alambradas que utiliza el Ejército hieren a los animales de las comunidades e impiden su movimiento hacia los pastos. Todo ello sin mencionar el temor que causa la presencia del Ejército entre los miembros de las comunidades en general y especialmente entre las mujeres, quienes no se atreven a salir solas del recinto de la aldea. También se refirieron los representantes municipales a las carencias absolutas existentes en el municipio en todo lo referente a salud y educación. El Ejército impide actualmente a las organizaciones humanitarias el abastecimiento de las comunidades, así como el envío de medicamentos. En lo que se refiere a educación es importante mencionar que la población de la zona en la que se encuentra el Aguascalientes es mayoritariamente hablante de tzeltal, siendo muy pocos los miembros de las comunidades que pueden hablar la "castilla" o español. Por ello cualquier proyecto educativo, aunque incluyera la enseñanza del español, debería tener esto en cuenta y utilizar como base la lengua materna de la población a escolarizar, cosa que jamás se ha hecho en Chiapas a pesar de la presencia en todas las escuelas cercanas a las carreteras de grandes letreros en los que puede leerse "Escuela bilingüe". Es necesario decir que aunque varias de las comunidades del municipio tienen un edificio para la escuela, en ninguna de las 49 que lo integran hay en la actualidad maestro, bilingüe o monolingüe.

Por su parte los representantes ejidales con los que la Comisión se reunió a continuación insistieron en el perjuicio que en los diferentes ejidos ocasiona la presencia del Ejército, interfiriendo en el funcionamiento de las comunidades. Desde su perspectiva tanto las actividades del Ejército como las de los grupos paramilitares y la manera selectiva en la que se conceden las ayudas y subvenciones en la zona obedecen a un plan del gobierno para romper las solidaridades en las que entre la población indígena se basa el orden comunitario de la sociedad.

Una vez realizadas las entrevistas, el grupo de miembros de la Comisión se puso en camino para regresar a San Cristóbal, adonde fueron llegando los diferentes grupos en los que la Comisión en su conjunto se había dividido y donde tuvieron lugar en los días siguientes los trabajos de redacción del informe.

Uno de los historiadores españoles de la época de la conquista, y con toda seguridad el más influyente, Gonzalo Fernández de Oviedo, pensaba que la mejor solución al conflicto existente entre la ambición de los conquistadores y la presencia de la población indígena era que todos los indios desaparecieran de la faz de la Tierra. Oviedo insistía en su Historia general y natural de las Indias en que "Dios los ha de acabar presto", y consideraba que dicho exterminio resultaría "una enorme caridad de Dios". Nadie expresará hoy abiertamente su acuerdo con esta perspectiva, pero si algo está diciendo a gritos el conflicto chiapaneco es que para los indígenas no ha pasado el tiempo desde los días de Oviedo, ya que se enfrentan a una actitud extraordinariamente similar por parte del gobierno mexicano y de los sectores de la población que lo apoyan, para los que al parecer el problema que plantean los indígenas reside en su propia existencia. Importa aclarar que en México no es indígena quien físicamente presenta los rasgos característicos de las etnias pre hispánicas, sino quien forma parte de una comunidad indígena, regula su conducta de manera acorde con los usos de su comunidad, habla la lengua correspondiente, se viste y trabaja a la manera indígena y antepone los criterios e intereses de la comunidad a la que pertenece a su bienestar y provecho individual. Es indígena, por lo tanto, quien se concibe a sí mismo sujeto a la lengua, a las forma de vida y a lo usos y tradiciones indígenas. Por el contrario, basta con que un individuo nacido en una comunidad indígena la abandone, pase a hablar español y a prescindir en su conducta de todo lo que no contribuya a su provecho como individuo para que, independientemente de su origen o de su renta, pase a integrarse en la sociedad "mestiza".

Es preciso también decir que esta integración (siempre relativa, nunca completa en una sola generación) en la sociedad "mestiza" (o "blanca", "occidentalizada" o como queramos llamarla) conlleva una inmediata mejora de status en todo lo que se refiere a educación, salud, trabajo, vivienda, justicia y promoción individual, pues en la práctica la condición de indígena tiende a excluir al individuo del sistema. Hasta tal punto es esto así que ante una injusticia cometida contra ellos los indígenas ni siquiera intentan interponer denuncias, conscientes de que nadie ha de tomar sus denuncias en cuenta. Este estado de cosas supone una poderosísima presión permanente sobre los miembros de las comunidades para que abandonen su condición y adquieran la condición "mestiza", la única reconocida por el sistema social mexicano considerado en su conjunto.

Hasta el comienzo del conflicto no era fácil encontrar en la zona comunidades que estuvieran integradas al cien por cien por miembros partidarios de la fidelidad a los usos tradicionales o, al contrario, por miembros más individualizados que considerasen las tradiciones indígenas como un obstáculo a la promoción personal y colectiva. Las comunidades tendían a integrar proporciones variables de familias e individuos afectos a uno más bien que a otro modo de sentir en un contexto en el que la diferencia era solamente relativa y perfectamente tolerable en el seno de las comunidades. El estallido del conflicto supuso la identificación de esta diferencia como priista y zapatista y la violencia creciente en la zona ha hecho que cada comunidad en su conjunto tienda a identificarse con una u otra de las partes, creando minorías marginadas en el seno de cada comunidad. El apoyo del partido gubernamental y la presencia del Ejército han tendido a favorecer claramente al lado menos indígena de la división, incrementando la presión que ya existía con anterioridad al conflicto sobre los miembros de la comunidades para que abandonen su sujeción a los modos tradicionales y las comunidades zapatistas han reaccionado a esto intensificando el énfasis indigenista de su posición. Este desarrollo de los acontecimientos y la torpeza política de los gobiernos de Salinas y Zedillo, que no han sabido prever la situación a la que sus decisiones los abocaba, han terminado creando un escenario en el que la posición del gobierno resulta muy difícil de distinguir de la de los gobernadores y encomenderos españoles cuyos intereses defendía Gonzalo Fernández de Oviedo.

Así, si con anterioridad al conflicto los diferente gobiernos mexicano mantenían a las comunidades indígenas en el más completo abandono, a merced de los caciques locales, marginadas e ignoradas en tanto en cuanto indígenas, hoy es su naturaleza indígena lo que las identifica como el enemigo que se trata de abatir en esta guerra de la nación contra las aldeas de chozas y es evidente que es esta diferencia lo que se han propuesto eliminar tanto el ejército como los grupos paramilitares propiciados por el gobierno y el ejército. Nunca habrá habido, pues, ni antes ni después del comienzo del conflicto, una actitud verdaderamente capaz de comprender los modos de vida, de expresión, de organización y trabajo indígena como algo digno de reconocimiento en cuanto tal, no ha habido jamás, por parte de los gobiernos mexicanos, como antes por parte de los gobiernos españoles, el más mínimo gesto de aceptación del valor de lo diferente. Con ello queda desenmascarada la estrategia encubierta por la retórica institucional del "mestizaje": "mestizo" se opone a "indígena" en la misma medida en la que "español" se oponía a "indio" en tiempos de Fernández de Oviedo.

Fecha de referencia: 31-7-1998


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