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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

De Chiapas y otras otredades: brevísima relación


Esteban Pujals Gesalí
Junio 1998



Primer contexto: la crisis del desarrollo


Los últimos veinticinco años han visto cambios importantes en la conceptualización de lo que tradicional y eurocéntricamente ha venido denominándose el estilo de vida occidental. Desde el fin de la segunda guerra mundial, los modos de vida, de conocimiento y de actuación predominantes en Europa, los Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón venían siendo considerados, tanto en estas regiones como en las llamadas del Tercer Mundo, no sólo como viables y en proceso de perfeccionamiento, sino incluso como representación del modelo social, económico y científico que tarde o temprano habrían de adoptar todas las sociedades del planeta, en tanto en cuanto se le atribuía a esta cultura la posesión del conjunto de soluciones más eficaces contra la injusticia, el hambre y las enfermedades. Desde esta perspectiva, las formas de vida desarrolladas por las culturas orgánicas, periféricas con respecto al modelo hegemónico, presentaban un aspecto "primitivo", "atrasado" o "subdesarrollado" y, en la medida en que ofrecían resistencia a desaparecer, constituían un obstáculo para la consecución del ideal de una Humanidad occidentalizada, solidaria y feliz, capaz de controlar las catástrofes y de solucionar los males endémicos, un ideal al que se entendía que las regiones más ricas del planeta estaban contribuyendo con la promoción de políticas de desarrollo en las más pobres.

En los dos últimos decenios, sin embargo, se han producido acontecimientos y se han hecho visibles aspectos de procesos iniciados con anterioridad que han revelado la ingenuidad (o la hipocresía interesada) de esta visión. En primer lugar, la noción del desarrollo económico como el medio óptimo para eliminar la pobreza en el mundo ha terminado en el más estrepitoso fracaso. Hoy resulta evidente que en el Tercer Mundo los proyectos de supuesta ayuda no han conseguido mejorar las condiciones de vida de las sociedades periféricas; al contrario, en su mayor parte, dichos proyectos han provocado o intensificado en tales sociedades la crisis o la desaparición de medios de subsistencia que habían demostrado su sostenibilidad durante siglos o aun milenios sin garantizar alternativas solventes para la mayoría de la población implicada.

Pero también ha fracasado la noción de desarrollo en los propios países "desarrollados", donde, desaparecidas las instituciones tradicionales que daban cobijo al individuo, el Estado tuvo que crear las nuevas y costosas redes asistenciales del llamado Estado del Bienestar, cuyo mantenimiento se presenta, desde la perspectiva actual, cada vez más reñido con el equilibrio presupuestario.

La inviabilidad de un modelo económico productivista fundamentado en el crecimiento constante había sido apuntada repetidamente con anterioridad a 1972, pero la publicación en dicho año del Primer Informe del Club de Roma sobre Los límites del crecimiento hizo evidente que la "occidentalización" del planeta, además de injusta y destructiva con respecto a la diversidad tecnológica y cultural de la especie humana, constituía una imposibilidad. Si el capitalismo occidental exigía para sobrevivir un incremento constante de los mercados y, por lo tanto, la generación de necesidades inducidas entre los miembros de las sociedades periféricas, esta misma generación de necesidades estaba abocada a encontrar un tope en el agotamiento de los recursos planetarios (recordemos, por ejemplo, que si llegara a generalizarse la dieta y la tecnología estadounidense al conjunto de la población mundial y el petróleo se destinara solamente a este fin, se estima que las reservas planetarias de este recurso se agotarían en un período de entre 11 y 14 años).

Finalmente, la crisis disolutiva de los regímenes político-económicos de los llamados países socialistas del Este europeo ha hecho patente, por otra parte, que la idea de sistema económico que el marxismo ofrecía como alternativa, si bien fundada en una noción muy diferente de la justicia, era esencialmente la misma que la de la economía política capitalista en tanto en cuanto perseguía los mismos objetivos productivistas, con medios que se revelaron menos eficaces.

Todo lo dicho anteriormente apunta a una profunda relativización del valor intrínseco del modo de vida "occidental", que se revela hoy, en comparación con las formas de vida y de organización de las sociedades "periféricas", "orgánicas" o "primitivas", además de intolerablemente intolerante y soberbio con respecto a la sola existencia de éstas, inaceptablemente exigente en recursos, irracionalmente pródigo en residuos (considérese solamente, por ejemplo, la inversión en tiempo y dinero planificada para el desmantelamiento de la primera central nuclear española, Vandellós I), y netamente insostenible en relación con cualquier proyecto de supervivencia de las próximas generaciones sobre el planeta.

En este contexto, el valor de las culturas orgánicas o periféricas deja de limitarse a un conjunto de manifestaciones vivas de un pasado arcaico estimado vaga y tibiamente por motivos sentimentales, para cambiar radicalmente de signo y ofrecerse como conjunto de soluciones genuinamente reales (en el sentido de haber demostrado su eficacia y sostenibilidad a lo largo de siglos) a los problemas planetarios que el modo de vida occidental no ha hecho sino crear y para los que no tiene solución alguna. Desde esta perspectiva, y aparte criterios de justicia, la resistencia de las sociedades periféricas a desaparecer tal vez constituya hoy la única esperanza de supervivencia para la especie humana. Esta resistencia es limitada y precaria, dada la escala del proceso mundial de creación de los mercados que el capitalismo occidental exige para sobrevivir y la correspondiente potencia de la deriva ideológica generada por este proceso en el interior y en el exterior de su sistema; pero en los últimos decenios esta resistencia ha impulsado foros e iniciativas regionales que apuntan tanto a una mayor convicción sobre su propio valor inestimable como a una multiplicada capacidad de acción y de organización en movimientos coordinados.




Segundo contexto: 500 años de resistencia


Desde su súbita aparición en los medios de comunicación de todo el mundo a raíz de su ocupación de cinco poblaciones de los Altos de Chiapas el 1. de Enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional viene siendo objeto de una campaña informativa que intenta asimilarlo ante la opinión pública a una larga serie de proyectos revolucionarios latinoamericanos hoy claramente desacreditados. Tanto el anterior gobierno de Salinas de Gortari como el del actual Presidente mexicano, Ernesto Zedillo, han hecho cuanto han podido por presentar el zapatismo como uno más de los movimientos "foquistas" de Latinoamérica que aspiraban de manera muy poco realista a ganarse el apoyo espontáneo de la población en el intento mismo de tomar el poder por las armas. Sin embargo el desarrollo de los acontecimientos en la zona de conflicto ha demostrado que el EZLN tiene bien poca relación con el conjunto de las organizaciones guerrilleras surgidas en los decenios centrales de nuestro siglo, basadas en análisis sociales marxistas y en prácticas estratégicas leninistas. Por el contrario, la actuación del EZLN a lo largo de cuatro años de existencia pública, su peculiar tipo de organización y el discurso explícito constituído por los comunicados que ha emitido y por las reivindicaciones manifestadas ante el gobierno mexicano evidencian que se trata de un movimiento muy diferente.

En primer lugar es importante señalar que, frente a la tradicional incomprensión de los movimientos guerrilleros por la diferencia cultural indígena, sintomática de su parcialidad occidentalista, los zapatistas presentan un carácter marcadamente distinto. No sólo son los miembros del movimiento indios de las etnias tzotzil, tzeltal, tojolabal y chol, y en su mayoría hablantes monolingües de estas lenguas, sino que han elegido como emblema de su causa a Emiliano Zapata (el indio náhuatl que representó la defensa de los derechos de las comunidades indígenas durante la Revolución mexicana, por lo que fue asesinado después debido al conflicto entre tales derechos y las intenciones "modernizadoras" de otros líderes revolucionarios). En sus comunicados los zapatistas han insistido en situar su lucha en el contexto de la resistencia de las poblaciones indígenas americanas a la dominación colonial y al exterminio. Frente a la imagen extendida por el colonialismo de un indígena dócil y pacífico, falto de convicción, incapaz de organización, y víctima impotente de los ataques coloniales a su identidad cultural y a sus formas de vida, los zapatistas han insistido en que existe, por el contrario, evidencia abundante de una tradición de resistencia indígena inteligente, organizada y capaz, que no ha dejado de manifestarse desde que el primer europeo puso pie en el continente. Geográficamente, las referencias más cercanas son las sublevaciones chiapanecas de 1524 (dos años después de la conquista de México por Cortés), de 1527, sofocada por el capitán Diego Mazariegos, de 1712, reprimida por Toribio Cossío, Presidente de la Real Audiencia de Guatemala, y la más larga y sangrienta de 1869. Estas sublevaciones, como la de los manaos brasileños liderados por Ajuricaba a mediados del siglo XVIII, la de los incas dirigidos por Túpac Amaru en 1780, la de los araucanos argentinos o la de los mapuches chilenos a finales del siglo pasado, constituyen solamente los momentos más conocidos, imposibles de ocultar, de una resistencia constante y sistemáticamente silenciada. Pero tal vez, y en relación con la naturaleza indigenista del movimiento, la principal diferencia entre el zapatismo y el conjunto de los grupos guerrilleros que he mencionado más arriba sea la que se manifiesta en su organización, en la que llama la atención la ausencia de líderes y caudillos, rigiéndose las comunidades y el conjunto de éstas por un sistema de asambleas de origen maya a cuyas órdenes actúa el EZLN. Es en este sentido en el que el Ejército Zapatista debe ser considerado como un auténtico ejército regular que en su actuación sigue instrucciones de un pueblo que ejerce sobre él un control democrático. La insistencia de todos los enemigos del zapatismo (reiterada recientemente por Mario Vargas Llosa [1]) en el "protagonismo" de Marcos resulta ridícula para cualquiera que haya sido testigo del funcionamiento de la asamblea en las comunidades de Los Altos.

En relación con sus objetivos, y contrariamente al fin expreso de los movimientos guerrilleros tradicionales, los zapatistas han manifestado reiteradamente que no pretenden la toma del poder. El EZLN se presenta en sus comunicados como un movimiento armado, como un ejército, pero insiste en que su recurso a las armas es defensivo y no ofensivo, en la tradición mencionada de resistencia indígena a las agresiones desde el exterior. (Es importante subrayar aquí que el EZLN, al contrario que el Ejército Federal mexicano, sí ha respetado la tregua decretada con la publicación de la Ley del Diálogo y que sus últimas actuaciones armadas datan de enero de 1994.) El EZLN ha manifestado además repetida y paradójicamente su posición como ejército al que repugnan las armas, a las que recurre sólo por haber hecho el gobierno mexicano imposible cualquier otra manera de hacer visible la postergación y la marginación de la población indígena de Chiapas y de otras zonas de México. Resulta indudable que ha sido sólo la ocupación por las armas de cinco poblaciones del Sur de México en la fecha simbólica de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio lo que ha hecho que la posición zapatista fuera tenida en cuenta con la seriedad que merecía; es por ello lógico que los zapatistas se nieguen a entregar las armas mientras sus aspiraciones no sean oídas y satisfechas. Básicamente, lo que los zapatistas reivindican es dignidad; es decir, la igualdad de derechos real (y no sólo teórica o constitucional) de los indígenas con respecto al resto de la población mexicana y, como consecuencia de esto, la devolución de las tierras que les han sido repetidamente usurpadas y que les permitirían mantener formas de vida compatibles con la conservación de su identidad cultural y organizativa. Para conseguir estos objetivos, que implican el reconocimiento por parte del gobierno de la diversidad social y económica de la población mexicana, los zapatistas confían en la viablilidad de un diálogo que sólo ha podido tener lugar con posterioridad a su levantamiento armado.

Importa también apuntar que a pesar de su composición mayoritariamente indígena y de su atención prioritaria a la situación extrema de las comunidades indígenas, la ambición del movimiento zapatista trasciende el marco de aspiraciones de un movimiento indigenista para extender sus reivindicaciones a todas las minorías marginadas en el Estado mexicano por un sistema político y económico corrupto y empeñado en presentar como común a toda la sociedad lo que son las aspiraciones y modos de acción del grupo social privilegiado compuesto por las clases medias urbanas, que en México constituyen un sector muy reducido de la población. En este sentido la propuesta zapatista aspira a generar un proceso nacional de transformación que incorpore al conjunto de la sociedad civil y en el que se replantee la validez para México del modelo económico neoliberal, fundamentado en una concepción simplificada y errónea del ciudadano típico. La democratización que proponen los zapatistas para México va mucho más allá de cuestiones formales relacionadas con la eliminación de la corrupción de las instituciones para reivindicar umbrales mínimos para la totalidad de la población, umbrales que sean compatibles con la diversidad que, en cuestión de modos de vida, constituye la verdadera condición de la identidad mexicana.



Tercer contexto: acabar con la marginación a cañonazos


Con anterioridad al comienzo del conflicto el 1 de enero de 1994, el Estado de Chiapas presentaba, según el gobierno mexicano, una situación de "marginación aguda". Pero desde el estallido del conflicto, y sobre todo desde febrero de 1995, cuando el gobierno inició una ofensiva militar en la zona, la situación se ha agravado considerablemente, pues la llegada del Ejército a las comunidades provocó el abandono de muchas de ellas por parte de sus aterrorizados habitantes, quienes se ocultaron en la selva durante períodos prolongados y en muchos casos todavía no han regresado. Esta huida a la selva no se debió a un alarmismo irracional de los miembros de las comunidades mencionadas, pues quienes no huyeron fueron hostigados, detenidos y en algunos casos asesinados por miembros del Ejército Federal, que destruyó cultivos, aperos de labranza y los abastecimientos de maíz de las comunidades (en su informe correspondiente a 1995 la Comisión de Derechos Humanos de Conpaz denunció 244 violaciones graves en la zona de conflicto). La huida a la selva de los habitantes de las comunidades y el acoso del Ejército, que no ha abandonado desde entonces la zona, han supuesto la pérdida de cuatro cosechas, es decir, de los alimentos correspondientes a esos tres años y también de la semilla para la siembra del presente año, con lo que la situación en la zona, ya muy precaria con anterioridad al conflicto, adquiere ahora caracteres catastróficos.

Además de darse constantes violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército mexicano (un tercio de cuyos efectivos se encuentra destacado en la selva Lacandona), existe en la zona una situación de desnutrición aguda y, como consecuencia de esto y de la precariedad sanitaria que ya existía con anterioridad al conflicto, se han extendido entre la población la tuberculosis, el cólera y otras enfermedades gastrointestinales, así como la malaria y la leishmaniasis ("lepra de montaña"), contraídas por los habitantes de las comunidades durante los meses que pasaron en la selva.

La actitud del Gobierno de Ernesto Zedillo con respecto al levantamiento zapatista puede definirse como sistemáticamente ambigua: por una parte, ha reconocido su responsabilidad respecto a la principal causa del conflicto, la situación de postergación de los indígenas respecto a toda instancia de poder económico o político. Llama la atención en Chiapas en especial, pero de manera general en todo México (bajo una retórica institucional que glorifica la identidad "mestiza" del ciudadano mexicano), la ausencia de una conciencia explícita de la diferencia indígena, una ausencia que es en sí xenófoba y que constituye el principal instrumento de marginación. En los acuerdos suscritos conjuntamente por el EZLN y el gobierno, éste ha admitido su responsabilidad en relación con esta situación, comprometiéndose a poner con urgencia los medios necesarios para crear vías favorables a la modificación del status del indígena.

Sin embargo, en la práctica, la primera actuación en relación con los zapatistas del gobierno entrante de Zedillo a principios de 1995 fue la ocupación militar de la zona de conflicto en un intento infructuoso de capturar a su Comandancia. En este intento el gobierno de Zedillo hizo ya gala de la incomprensión, de la ignorancia xenófoba, que no ha dejado de mostrar; la de quien actúa respecto a una organización asamblearia, horizontal, como es la de los indígenas zapatistas, como contra una banda de narcotraficantes con la que se acaba deteniendo a los principales capos. Todo lo que consiguió la entrada del Ejército en las comunidades zapatistas fue provocar una oleada de manifestaciones prozapatistas en todo el país, así como una lluvia de protestas y denuncias indignadas por parte de organizaciones nacionales e internacionales pro Derechos Humanos. Ello le resultó políticamente muy costoso al gobierno Zedillo y determinó un movimiento de péndulo en su estrategia respecto al levantamiento zapatista, que se concretó en la publicación en Marzo de 1995 de la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas, una ley que reconocía al EZLN como fuerza armada beligerante respecto a la cual se declaraba una tregua en tanto no se rompiera el proceso de diálogo que esta ley iniciaba y regulaba. Con la publicación de esta ley el gobierno cambiaba totalmente su actitud, se tomaba en serio la capacidad del EZLN para hacerle frente con una combinación de guerrilla armada, estrategia informativa y argumentos de lesa humanidad, y adoptaba una nueva actitud dialogante y dispuesta a resolver el problema de la marginación indígena, actitud de la que, al menos explícitamente, aún no se ha apartado.




Vds. vayan dialogando mientras nosotros engrasamos los fusiles


La nueva actitud del gobierno mexicano hizo posible el proceso de diálogo que tuvo lugar a lo largo del año 1995, que culminó en la redacción de los llamados Acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígenas de Enero-Febrero de 1996. En estos acuerdos se redactó una propuesta de modificación de la Constitución Mexicana, proponiéndose asimismo un conjunto de cambios de la legislación del Estado de Chiapas. En estas modificaciones propuestas se explicitaba la diferencia indígena y se ampliaban considerablemente las atribuciones de los órganos indígenas de toma de decisiones, además de quedar garantizada la igualdad ante la ley y preverse toda una complejidad de nuevas situaciones que se seguían del reconocimiento explícito de la diferencia indígena (necesidad de crear un cuerpo de traductores para todas las lenguas indígenas en todo el sistema jurídico, necesidad de letrados conocedores de los usos jurídicos indígenas, adaptación del sistema educativo en su conjunto a una realidad plurilingüe y multicultural, etc.). Por parte del EZLN los acuerdos verbalizados en estos documentos fueron consultados prestamente con las asambleas de las comunidades de base y consensuados con agilidad. Previamente, en Enero de 1996 y mientras tenía lugar el diálogo, el EZLN había convocado un Foro Nacional Indígena, en el que se había logrado consenso en las reivindicaciones que los distintos grupos indígenas, que habían acudido desde diversos Estados del país, proponían para que quedaran plasmados en los documentos de los acuerdos de San Andrés. El gobierno, sin embargo, manifestó tener 27 objeciones para la ratificación de los acuerdos ya firmados por sus representantes en la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), la Comisión del Congreso nombrada para el diálogo con el EZLN e integrada por diputados en representación de los diferentes partidos políticos. Cuando el EZLN manifestó su negativa a renegociar algo que ya había sido negociado con la Comisión, el gobierno comunicó su voluntad de reducir sus objeciones a 4. Sin embargo, desde la perspectiva del EZLN, la naturaleza y el alcance de estas objeciones restaban toda seriedad al proceso de diálogo e ignoraban la importancia histórica del Foro Nacional Indígena, en el que se habían consensuado las reivindicaciones que los representantes del PRI en la Comisión ya habían aceptado, pero que el gobierno se negaba ahora a hacer suyas.

Por lo que se refiere a su comportamiento explícito, el gobierno mexicano no ha vuelto a actuar desde que hizo pública su negativa a ratificar los Acuerdos de San Andrés, hasta el 15 de Marzo de 1998, fecha en la que ha enviado al Congreso su propia "iniciativa de ley" para la reforma de los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las modificaciones contenidas en esta propuesta adaptan la Constitución, según palabras del propio Zedillo, a lo acordado en San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, y este proyecto de ley se presenta, a pesar del desacuerdo expresado tanto por el EZLN como por el PRD, principal partido de la oposición, y por instancias nacionales e internacionales, para su discusión y aprobación. Es perfectamente posible que, a pesar de su reciente retroceso electoral, el PRI, con la colaboración del PAN, partido de la oposición conservadora, obtenga los votos necesarios para la aprobación de esta versión muy atenduada de los acuerdos de San Andrés. Pero si así sucediese se daría la paradójica legalización de unos acuerdos sobre derechos y cultura indígenas que no contarían con el beneplácito de los afectados según la única consulta que jamás se haya hecho a los pueblos indígenas de México en cuanto tales.

Me he referido a la ambigüedad de la actuación explícita del gobierno de Zedillo en relación con el levantamiento zapatista (ocupación militar de la zona de conflicto primeramente, seguida de apertura a un diálogo que finalmente no ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar la reciente propuesta de una reforma de la Constitución). Pero es necesario mencionar que además de esta actuación explícita, el gobierno también ha desarrollado simultáneamente una actividad tácita en relación con las comunidades zapatistas durante los tres años que han transcurrido desde la publicación de la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas. La publicación de la Ley del Diálogo no significó la retirada del Ejército de la zona de conflicto. Por el contrario, los efectivos militares destacados en Chiapas no han dejado de incrementarse desde Marzo de 1995. Estos efectivos (actualmente unos 50.000 soldados distribuidos en 54 campamentos y 32 cuarteles situados en 20 municipios [2]) se encuentran acuartelados en terrenos de cultivo o de pasto contiguos a las comunidades en las que el Ejército sospecha la existencia de una mayoría prozapatista, en las que patrulla caminos y carreteras (impidiendo el paso de los convoyes de alimentos y medicinas procedentes de la ayuda internacional, así como de los observadores de DDHH), detiene a los miembros de las comunidades para interrogarles (llegando en ocasiones a ponerlos a disposición judicial con acusaciones infundadas) y efectuando vuelos rasantes desde el aire. El debilísimo pretexto alegado por el gobierno para la presencia y actuación del Ejército en la zona, puesto que la Ley del Diálogo ampara al EZLN, es la lucha contra el narcotráfico, lo que resulta harto sorprendente, dado que en la práctica una de las maneras de distinguir a las comunidades prozapatistas de la zona de las dominadas políticamente por el PRI es precisamente la presencia a la entrada de aquéllas de carteles prohibiendo todo consumo de drogas, incluido el alcohol.

Pero además de la presencia del Ejército en la zona de conflicto, los últimos tres años han visto la aparición de grupos paramilitares probadamente próximos al partido gubernamental, grupos que con nombres como "Desarrollo, Paz y Justicia", "Los Chinchulines", MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista), o Alianza San Bartolomé de los Llanos, han cometido numerosos asesinatos y atropellos contra las comunidades indígenas de la zona de conflicto. Estos grupos paramilitares llevan a cabo una constante actividad de hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas encaminada a amedrentarlas, lo que ha dado lugar a la existencia actualmente entre los Altos de Chiapas y la frontera guatemalteca de una gran número (se estima que son al menos 6.000, aunque no resulte fácil hacer la estimación, dado que los fugitivos tienden a ocultarse para evitar represalias) de desplazados (refugiados) que han abandonado sus comunidades por el temor a ser atacados y asesinados. Considerada en su conjunto, la actividad de estos grupos no deja dudas sobre los objetivos de una estrategia centralizada en la que la violencia que al Ejército no le está permitido ejercer contra los indígenas prozapatistas tras la publicación de la Ley del Diálogo es trasladada de manera planificada a sectores minoritarios de la población civil próximos al partido gubernamental. Si la violencia que ejercen estos grupos sobre las comunidades resulta menos visible desde la perspectiva de las organizaciones de Derechos Humanos, resulta sin embargo mucho más destructiva socialmente, pues instituye la división, el terror y una espiral retributiva en poblaciones muy pequeñas y a menudo en el propio seno de las familias indígenas.

Existen sospechas fundadas de que la aparición de los grupos paramilitares poco tiempo después del nombramiento del General Mario Renán Castillo como Comandante de la VII Región Militar en Febrero de 1995 no es una coincidencia. Ex-coordinador general de la Inspección y Controlaría del Ejército y de la Fuerza Aérea, Doctor en Psicología Militar, ex-alumno del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg (Carolina del Norte) y estratega de la ofensiva contra el EZLN en Febrero de 1995, Renán Castillo parece haber sido, con la colaboración del ex-Gobernador del Estado, Julio César Ruiz Ferro, el artífice de la guerra de baja intensidad[3] que ha vivido esta zona de Chiapas en los últimos tres años. Son al menos seis los grupos paramilitares cuya actividad ha sido observada en la zona, y se ha podido comprobar que su actividad sigue al pie de la letra el Manual de Campo 100-20, Foreign Internal Conflicts, publicado por la Academia de Mandos y Generales del Ejército de los EEUU (Fort Leavenworth, Kansas, 1997).

Importa subrayar que tanto Renán Castillo como Ruiz Ferro han sido relevados de sus puestos a raíz del escándalo suscitado por la masacre de Acteal, en la que 45 campesinos indígenas desarmados, indefensos, fueron asesinados a sangre fría por un grupo combinado de indígenas priistas y fuerzas de seguridad que apenas se molestaron en despojarse de sus uniformes. Estos cargos son ahora ocupados por el General José Gómez de Salazar, nuevo Comandante de la VII Región Militar, y por Roberto Albores Guillén, nuevo Gobernador de Chiapas. En estos relevos jugó sin duda un papel importante la probada connivencia tanto del Ejército como de la Policía Judicial y del PRI estatal con los autores de la matanza (los agresores se movilizaron en tres vehículos propiedad del Ayuntamiento priista de Chenalhó, ninguna autoridad se presentó hasta pasadas casi doce horas de la matanza, a pesar de tratarse de una zona intensamente vigilada, el levantamiento de los cadáveres tuvo lugar de manera completamente irregular, imposibilitando la reconstrucción de los hechos, etc.).



La globalización de la resistencia


Cuando en el decenio de 1960 Marshall McLuhan profetizaba el fin de la "galaxia Gutenberg" y el advenimiento de una nueva era de las comunicaciones entre personas y países, concretado en el concepto de la "aldea global" no era fácil resistirse a su optimismo. Es indudable, sin embargo, que en los últimos decenios el adjetivo "global" ha cambiado radicalmente de signo aplicado a las relaciones entre personas y comunidades. Frente a las resonancias utópicas de libertad y de satisfacción individual que presentaba la palabra hace treinta o cuarenta años, hoy remite a siniestros procesos macroeconómicos, a la mundialización de la política y al alejamiento de personas, comunidades y naciones con respecto a los centros de toma de decisión. Según la acepción más extendida, el adjetivo "global" remite hoy a una manera estandardizada de entender las relaciones sociales y económicas; su referencia sugiere la extensión al mundo entero del modo característico (individualista y productivista) de comportamiento económico y social en los países "occidentales". Se refería el comienzo de estas páginas al hecho de que tanto la justicia como la eficacia de esta extensión al resto del mundo de los modos productivistas, desarrollistas, de concebir el sujeto y la economía están hoy en entredicho. El de Chiapas es sólo uno de los conflictos abiertos en México entre formas de vida y modos de organización y México es sólo uno de los muy numerosos países dentro de cuyas fronteras se desarrollan hoy conflictos de este tipo; y entre los factores que explican la importancia que el conflicto chiapaneco ha adquirido en los medios de comunicación tanto mexicanos como internacionales es necesario mencionar el cuidado y la sabiduría con los que la Comandancia zapatista ha operado en el terreno informativo, buscando aliados y colaboradores en los nuevos foros abiertos por la reciente democratización de la tecnología comunicativa.

Pero resultaría absurdo reducir el interés despertado por el levantamiento zapatista a una hábil estrategia publicitaria. Es evidente que el conflicto en sí reúne condiciones que multiplican la visibilidad de cuestiones hoy candentes para un sector creciente de los habitantes del planeta preocupado por el rumbo dominante que la globalización parece haber impuesto a regiones y poblaciones. La inoperancia de la noción vigente de desarrollo es sin duda el principal de los aspectos iluminados por el conflicto chiapaneco. El adjetivo "sostenible" (o "sustentable", como prefieren algunos autores) con el que se intentan mitigar las resonancias de irresponsabilidad depredadora que en los últimos decenios ha ido adquiriendo el concepto en el contexto mundial no hace sino subrayar precisamente la extensión de la conciencia de que los efectos de las políticas de planificación que en el último medio siglo han recibido este nombre han resultado en una destrucción irreversible en relación con los ecosistemas y con las formas de vida que hacían posible su conservación. En relación con México, una de las consecuencias más importantes del levantamiento zapatista ha sido el nuevo conocimiento al que ha dado lugar, tanto sobre la naturaleza y los modos de organización de las comunidades mayas de Chiapas como sobre la historia de los modos de producción en la zona. Esta historia se presenta hoy como un registro ininterrumpido de actos de apropiación destructiva de las tierras y de los demás recursos de la región por parte de un grupo minoritario de propietarios ganaderos que en tiempos recientes se ha definido por su proximidad al PRI y cuya conducta recuerda la de los encomenderos españoles de los siglos XVI y XVII. Los diferentes gobiernos priístas, tanto de México como del Estado de Chiapas, aparecen en esta nueva historia como el instrumento de la concentración de los recursos en pocas manos, un proceso fomentado en gran medida por la promoción de iniciativas de "desarrollo", pues estas iniciativas se han centrado en la concesión de subvenciones agrarias, subvenciones que han terminado en manos de los propietarios y en modo alguno en las de la población indígena, cuya marginación no ha hecho sino incrementarse.

Lo sucedido en Chiapas con los proyectos supuestamente creados para el desarrollo de la zona ha servido para iluminar el sentido de la teoría económica que invariablemente inspira estos proyectos en el contexto planetario, proyectos directa o indirectamente promovidos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. El fundamento de esta noción del desarrollo lo constituye siempre lo que en los EEUU se viene denominando como la "trickle down theory" (literalmente, "teoría del goteo descendente"), según la cual conceder ayudas económicas a los empresarios produce de por sí mejoras para la mayoría de la población de la zona en la que esta inversión tiene lugar, pues fomenta el consumo por parte de los ricos, con el "consiguiente" beneficio por parte de los menos favorecidos. Más que una perspectiva de futuro, lo que sugiere esta visión es la identificación feudal -o de nuevo, contemporánea e inspiradora de las encomiendas de la conquista española- del propietario/empresario como benefactor. Medio siglo de aplicación de esta noción de desarrollo en Asia, África y Latinoamérica ha dejado en ridículo esta perspectiva, evidenciando que sólo podía haber surgido en un foro constituido por empresarios. Con respecto a las comunidades indígenas de Chiapas, la profundización en la historia de la zona que el alzamiento zapatista ha potenciado deja a las claras que lo que resulta necesario es una gestión indígena de los recursos, la aplicación, no de políticas que fomenten un individualismo insociable, sino de iniciativas generadas en las comunidades y dirigidas a un nuevo sujeto concebido como miembro de una comunidad solidaria.

Es evidente que tanto la crítica del concepto de desarrollo como la del sujeto que implica constituyen aspectos importantes en relación con el interés que ha despertado el alzamiento zapatista ante un sector creciente de la población del planeta que ve con preocupación el sentido que está adquiriendo el adjetivo "global". Pero es necesario, antes de concluir estas líneas, referirse a un aspecto al que tal vez corresponda dominar cualquier explicación sobre el eco que ha encontrado internacionalmente el movimiento zapatista en relación con este sector creciente de los habitantes del globo. A este conjunto de personas, hasta ahora informe, el desarrollo del conflicto de Chiapas le ha proporcionado un nombre: sociedad civil. Le ha encomendado además un papel político: fue la sociedad civil de la ciudad de México y de otras poblaciones y territorios del país (y no los partidos políticos ni ninguna otra instancia institucional) quien protagonizó manifestaciones masivas y la que en masa se trasladó en Febrero y Marzo de 1995 a la zona de conflicto, impidiendo así, con su presencia, el genocidio de la población indígena a manos del Ejército y forzando al gobierno a modificar su actitud con respecto al levantamiento zapatista. Considerado desde esta perspectiva, el conflicto chiapaneco ha contribuido a subrayar algo que constituye una intuición cada vez más generalizada entre los ciudadanos de amplias zonas del globo: la de la insuficiencia de la política de partidos, del dogma de la política profesional, que constituye la base del modelo de sistema democrático que en la actualidad está siendo mundializado. El hecho de que sea muy frecuente hoy día en dichos sistemas una abstención electoral que puede rondar sin escándalo de nadie el cincuenta por ciento habla elocuentemente de la insatisfacción que sin duda sienten en muchos países amplios sectores de la población con los términos mismos del llamado juego político democrático. Quienes desestiman este hecho afirmando que no existe otra alternativa al modelo globalizado que el fascismo no hacen sino expresar la posición de prioridad que la agenda de cualquier partido político concederá siempre a la supervivencia y ello nos obliga (como les ha obligado a los indígenas mexicanos miembros del movimiento zapatista) a reflexionar sobre los infinitos temas respecto a los cuales todos los partidos serán siempre solidarios entre sí y ganarán, por lo tanto, cualquier votación parlamentaria en contra de los ciudadanos.

Fecha de referencia: 31-7-1998


1: La otra cara del Paraíso (El País, 15 de Marzo de 1998, pp. 15-16) .
2: Datos publicados en Masiosare, suplemento dominical de La Jornada, 25-1-98.
3: Este término, utilizado hoy rutinariamente por periodistas y estudiosos del conflicto, así como por los habitantes de la zona, traduce la expresión inglesa "Low Intensity Warfare" (LIW), acuñación de los autores de los manuales de campo publicados por el ejército estadounidense.

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