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Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4. 28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X

Los lodos tóxicos de Aznalcóllar y el desarrollo sostenible de Doñana


Antonio Estevan
Madrid (España), mayo de 1998



Introducción


La reciente catástrofe ecológica de Doñana ha ofrecido la más triste y contundente de las demostraciones imaginables acerca de la irresponsabilidad de gestión y la deliberada política de ocultación y falseamiento de la realidad que caracterizan en la actualidad a la política ambiental española y europea.

En Doñana ha quedado bien patente que las instituciones y las administraciones públicas españolas y europeas contemplan actualmente la cuestión ambiental ante todo como un problema de imagen y opinión pública, y que, al margen de las declaraciones políticas realizadas en cada momento y lugar, siguen mostrando la misma indiferencia hacia las repercusiones de las actividades económicas sobre el medio ambiente que la que han venido mostrando sus antecesoras desde hace varias décadas, antes, durante y después de que los problemas ecológicos fuesen entrando en la agenda de la política cotidiana, hasta llegar a ocupar un lugar propio en los medios de comunicación.

Como se verá a continuación, todas las instituciones implicadas de un modo u otro en la gestión y conservación de Doñana conocían sobradamente, desde hace décadas [1], el riesgo que suponía la presencia de un enorme y creciente depósito de residuos tóxicos aguas arriba del parque. Sin embargo, no sólo no hicieron nada por prevenir o denunciar esta situación, sino que intentaron por todos los medios evitar su conocimiento público, ocultando la información de que disponían, y neutralizando o bloqueando las denuncias reiteradamente presentadas por las organizaciones ecologistas.



Veinte años esperando el desastre: una larga lista de silenciosos implicados


El conjunto de los terrenos comprendidos en el sistema de Doñana está sometido a distintas normativas de protección, cuya tutela o responsabilidad corresponde a diferentes instituciones, cuyo comportamiento antes y después del desastre interesa considerar aquí. Hasta cinco figuras jurídico-administrativas de protección coinciden en el espacio de Doñana, confirmando el valor único de este espacio natural, no sólo en el ámbito andaluz o español, sino incluso en el contexto europeo y mundial:




Las instituciones españolas: Doñana, recursos por explotar


La Junta de Andalucía es una de las dos instituciones españolas más profundamente implicadas en la catástrofe de Doñana (la otra es, obviamente, el Ministerio de Medio Ambiente). La actitud que la Junta y los ayuntamientos de la comarca han mantenido antes, durante y después de la catástrofe ha demostrado sobradamente algo que todas las organizaciones y personas comprometidas de algún modo en la defensa de Doñana saben perfectamente desde hace muchos años: para las administraciones públicas andaluzas relacionadas con Doñana, tanto municipales como autonómicas, la existencia del Parque sigue siendo considerada como un estorbo para la explotación económica de la zona.

Estas instituciones contemplan Doñana como un extenso territorio casi virgen que no puede ser adecuadamente explotado desde el punto de vista turístico, agrícola, industrial e infraestructural por la existencia del parque y sus malditos patos, y por el renombre nacional e internacional que este espacio ha ido alcanzando con el paso del tiempo. La famosa pregunta popular de si son más importantes los patos o las personas, que surge espontáneamente cada vez que hay algún problema relacionado con Doñana, ha sido, desde hace décadas, reiteradamente sugerida desde las instituciones municipales y autonómicas andaluzas. Por si hubiera alguna duda, la catástrofe de Doñana ha coincidido en el tiempo con la decisión de la Junta de Andalucía de modificar los límites del Parque Natural (por supuesto, reduciéndolos) para facilitar la ejecución, en terrenos actuales del Parque, del gigantesco desarrollo urbanístico conocido como "Proyecto Hohenlole". Algo que, curiosamente, los medios de comunicación se han guardado muy bien de señalar en la profusa información ofrecida sobre la catástrofe.

El Ministerio de Medio Ambiente, y los organismos de la Administración Central que le precedieron en las competencias sobre el tema, han colaborado activamente para mantener oculta la situación de riesgo extremo que se incubaba desde hace años. Su papel en la etapa preparatoria de la catástrofe de Doñana ha consistido, esencialmente, en mover los hilos adecuados para evitar que prosperasen las sucesivas denuncias judiciales presentadas por las organizaciones ecologistas, y en proporcionar a Bruselas las coartadas necesarias para que la Comisión Europea pudiera desestimar las denuncias presentadas ante ella por las organizaciones ecologistas andaluzas. Además, la Administración Central, manteniendo deliberadamente amplias lagunas jurídicas en el campo medioambiental (Ley de Minas, etc.), proporciona cobertura legal para que actuaciones como la de Boliden en Doñana puedan ser realizadas con total impunidad.

Una vez producido el desastre, los "científicos", esto es, el CSIC y los muy diversos departamentos universitarios llamados a consulta, se han convertido ante los medios de comunicación en la gran esperanza para la salvación de Doñana. ¡Que callen los políticos y que hablen los científicos!, clamaban los comentaristas y los tertulianos de la radio en los días que siguieron al desastre. No está de más recordar, sin embargo, que la Ciencia Española estaba presente en Doñana desde mucho tiempo atrás, tanto en las actividades relacionadas con la Reserva Biológica Integral como en las innumerables investigaciones realizadas sobre todos los aspectos imaginables del sistema de Doñana. Ya se ha señalado, por otra parte, que la amenaza de Aznalcóllar era desde tiempo atrás un lugar común en los ambientes relacionados con los estudios sobre Doñana. Sin embargo, no se tiene noticia de una sola denuncia de este problema procedente de las instituciones científicas y académicas oficiales.

El comportamiento de la empresa Boliden apenas merece comentario alguno. A la vista del historial de desmanes ecológicos de esta empresa, sólo cabe sospechar que lo que se ha sabido es sólo una parte de lo que ha podido estar pasando en Aznalcóllar en los últimos años. Las instituciones públicas son las responsables de que empresas como esta puedan haber operado a sus anchas en el entorno de Doñana, recibiendo incluso gigantescas subvenciones oficiales.

En su conjunto, y en numerosas actuaciones concretas, el comportamiento anterior a la catástrofe de varias de las instituciones españolas implicadas en Doñana probablemente hubiera merecido una calificación delictiva en los tribunales de numerosos países. Aquí ni siquiera se consiguió que fuera tramitada una sola de las numerosas denuncias presentadas, lo que por cierto suma un dato más sobre la condición en que se encuentra el sistema judicial español. Pero este comportamiento anterior de las instituciones resulta poco menos que seráfico comparado con el que han mostrado después de la catástrofe.



El día después: Doñana se ha salvado, a pesar de los ecologistas


Una vez superados algunos nerviosismos iniciales, el Gobierno, la Junta y la Ciencia (en este último caso, con alguna honrosa excepción) han desplegado una estrategia descaradamente concertada y basada esencialmente en dos ejes de actuación:


Esta segunda línea de defensa resultaba vital, pues si se hubiera permitido que las organizaciones ecologistas hubieran alcanzado un elevado protagonismo ante los medios, pronto hubiera sido imposible ocultar el verdadero comportamiento de cada institución, y se hubiera ido revelando la densa trama de intereses que las ha interconectado entre sí, y con otros estamentos económicos y sociales igualmente implicados en el encubrimiento del problema de Aznalcóllar. Los departamentos institucionales de relaciones públicas han trabajado activamente ante los grandes medios de comunicación, convenciéndoles de que los ecologistas sólo estaban interesados en sacar su propio beneficio político de esta lamentable e inevitable catástrofe "natural", y señalando la peligrosa irresponsabilidad que supondría conceder protagonismo en esta tragedia a organizaciones caracterizadas por sus posiciones y actividades anti-sistema.

Obviamente, los grandes medios de comunicación no necesitaban que nadie les convenciera de esta idea, que comparten desde hace años. Como muestra del comportamiento informativo de los medios en todo este asunto, basta señalar que la manifestación de varios miles de personas celebrada en Sanlúcar de Barrameda el Domingo 10 de Mayo, que había sido convocada por todo el movimiento ecologista estatal y había recibido innumerables apoyos del movimiento ecologista internacional (miles de cartas habían sido ya enviadas desde todo el mundo por correo y por Internet al Presidente de la Junta de Andalucía y a otras autoridades), no apareció en los telediarios de ninguna de las cadenas de televisión estatales ni fue reseñada en ninguno de los grandes diarios de difusión estatal (como excepción, un diario catalán le dedicó dos líneas). Pocos días después, una manifestación mucho menos numerosa de los mineros de Aznalcóllar pidiendo la reapertura inmediata de la mina fue recogida en todos los medios, sin excepción, incluyendo en muchos diarios una fotografía del evento.



La gran dama europea prefiere no saber


Junto con la Ciencia Española, la Comisión Europea ha sido la otra gran institución presentada por los medios como situada por encima de toda sospecha, y también como gran esperanza -en este caso económica- para la recuperación de la zona.

A este respecto hay que recordar de nuevo que, al igual que todas las administraciones españolas implicadas, la Comisión Europea conocía perfectamente el problema de la mina de Aznalcóllar, que incluso le había sido denunciado oficialmente. Pero en lugar de exigir al gobierno español que explicase las razones por las que autorizaba la existencia de un embalse con siete millones de metros cúbicos de aguas y lodos extremadamente tóxicos aguas arriba de la zona húmeda y la ZEPA más importantes de la Unión, se limitó a pedir explicaciones técnicas sobre el estado de la presa [2]. El Gobierno Español le contestó con un informe técnico basado en datos groseramente tergiversados, cuya transcripción fue ofrecida por la Comisión a los denunciantes como única y lacónica respuesta ante la grave denuncia planteada.

Como ha hecho en otras muchas ocasiones, y aunque parezca increíble, la Comisión utilizó, para desestimar una denuncia, la transcripción literal de las explicaciones ofrecidas por el denunciado -en este caso el Estado Español, que, lógicamente, tenía que negar los hechos denunciados-, y no realizó por su cuenta investigación alguna para confirmar o desmentir los hechos, pese a tratarse de un tema de extrema gravedad, que afectaba a una zona del máximo valor ambiental en la que la Comisión estaba profundamente implicaba en diferentes terrenos económicos y ecológicos.

La Comisión Europea tenía sobrados medios para refutar el informe del Gobierno Español. Sus servicios técnicos conocen perfectamente Doñana, entre otras cosas porque la Comisión ha aprobado en esta zona numerosas ayudas, incluyendo no sólo los ya citados planes de inversión multimillonarios para el desarrollo sostenible de la zona, asignados en épocas muy recientes y aún en ejecución, sino incluso enormes subvenciones a la empresa explotadora de la mina que ha ocasionado la catástrofe [3].

En el caso de Doñana, como en tantos otros, la Comisión Europea tenía la obligación de saber, y de hecho lo sabía, que una vez más se le estaba engañando, cosa por otra parte nada sorprendente viniendo los informes de donde venían. Al margen de los argumentos utilizados por el Gobierno Español, que de puro groseros cabría preguntarse si no eran abiertamente insolentes, los técnicos de la Comisión sabían, como cualquier técnico en la materia sabe, que no es posible mantener indefinidamente confinado un almacenamiento tóxico de esas gigantescas dimensiones sin filtraciones o derrames.

Técnicamente, lo más probable era que las filtraciones denunciadas fueran ciertas (la mayoría de los embalses las tienen). Pero además, si la presa estaba realmente en malas condiciones y estaba dejando de ser fiable, el asunto tenía difícil solución, porque a diferencia de un embalse de agua, ese "embalse" nunca podría ser vaciado de modo controlado. Nadie se atrevería jamás a tomar semejante decisión, y el volumen de los vertidos acumulados descartaba cualquier posibilidad de tratamiento. El destino de ese embalse sólo podía ser el de aguantar el mayor tiempo posible por la bondad de la Providencia, para acabar antes o después derramándose violentamente sobre Doñana, como ocurrió lamentablemente antes de tiempo.

Y sabiéndolo perfectamente, la Comisión se dio por satisfecha con la cínica respuesta de Madrid, porque de haberla rechazado, no sólo habría comprometido los importantes intereses que se cruzaban entre dos países miembros en este tema, sino que hubiera dejado ver las condiciones en que se estaban empleando sus propias subvenciones en un lugar tan llamativo como Doñana.



El futuro de Doñana: negro y brillante, como los lodos de Aznalcóllar


Con semejante conjunto de instituciones velando por Doñana, cabe anticipar que el guión de la "solución" de la catástrofe y la continuación del proceso de destrucción del Parque está ya escrito, aunque se irá publicando por entregas: también en ese aspecto el caso de Doñana recuerda a alguna de las más enmarañadas novelas realistas del XIX. En esencia, los acontecimientos que veremos a partir de ahora en Doñana se pueden sintetizar así:

La empresa minera causante de la catástrofe no va a sufrir quebranto alguno: se ha deshecho en unas horas de varios millones de toneladas de residuos tóxicos acumulados durante veinte años, cuyo tratamiento y neutralización hubiera alcanzado costes prohibitivos, haciendo de hecho inviable la explotación de la mina. No habiendo por medio desgracias personales aparentes (los daños a la salud humana a largo plazo nunca se podrán demostrar en términos forenses), en el peor de los casos sus aseguradoras sólo tendrán que indemnizar a los propietarios agrícolas afectados (cuatro o cinco mil hectáreas), asunto que se resolverá con unos pocos miles de millones de pesetas. Ciertamente, mucho menos de lo que hubiera costado el tratamiento previo de los residuos. Sobre los bienes públicos afectados -el Parque de Doñana en sí mismo- la legislación actual no facilita la exigencia de responsabilidades económicas, y al tratarse de un accidente, no será fácil establecer responsabilidades penales (a poco de producirse la catástrofe, el Ministro de Industria se apresuró a fotografiarse ante los medios con el director de Boliden, dejando así constancia de la estima que le merece esta empresa).

Los mineros de Aznalcóllar tampoco tienen nada que temer. Probablemente, la mina se reabrirá en condiciones básicamente similares a las actuales, comenzando de nuevo a acumular lodos para una nueva "catástrofe" allá por el 2015 ó el 2020. No hay que olvidar que la balsa, que ahora se ha quedado vacía, está siendo reparada, y pronto estará disponible para reiniciar el almacenamiento de residuos. Si en el peor de los casos, y a consecuencia del revuelo internacional levantado por la catástrofe, no hubiera más remedio que imponer a la empresa criterios europeos de protección ambiental, la mina se cerrará, el estado indemnizará a Boliden por las inversiones realizadas, y algún fondo de protección de empleo se hará cargo de los parados.

Las instituciones implicadas acabarán saliendo del desastre no sólo airosas, sino incluso legítimamente orgullosas. El caso de Doñana será presentado como un caso ejemplar de la aplicación del principio de "quien contamina paga" (o sea, su aseguradora paga), y de la capacidad de las instituciones, la ciencia y la técnica españolas para hacer frente a los inevitables costes ecológicos del progreso. Se comparará reiteradamente la actitud constructiva y cooperadora del Gobierno y la Junta con la actitud negativa e insolidaria de los grupos ecologistas, empeñados en alarmar injustificadamente a la población y en impedir la utilización de los recursos naturales de Doñana en favor del desarrollo económico sostenible que tanto necesita la comarca.

Los estamentos científicos y técnicos más destacados del país dirigirán en los próximos meses una limpieza somera a costes millonarios sufragados por el erario público español y europeo, eliminando la negrura más visible de los lodos. La Naturaleza se tragará lo demás, y las afecciones que se producirán a largo plazo sobre los ecosistemas afectados darán lugar a nuevas oleadas de interesantes estudios científicos. Algún ayudante de investigación o algún profesor adjunto se jugarán su carrera planteando nuevas denuncias junto con los ecologistas, pero los medios no les harán ningún caso, ni a unos ni a otros. Bruselas, finalmente, retirará algunas de las subvenciones asignadas a una empresa que se ha mostrado tan poco cuidadosa, y aportará grandes sumas para la restauración ambiental, apareciendo una vez más ante la opinión pública como la más firme defensora del medio ambiente en la Europa Unida en torno al Euro.

Cuando pase el tiempo suficiente, el desastre estará olvidado, y nadie querrá enterarse de que la balsa de residuos se sigue llenando de nuevo. Para entonces, el valor ecológico de Doñana habrá bajado muchos puntos. Su imagen de marca como espacio natural único, en la que se habían puesto grandes esperanzas para promover con dinero europeo diversas operaciones económicas de desarrollo sostenible dictaminadas por los más afamados gurús -incluyendo grandes inversiones en carreteras y otras infraestructuras-, quedará comercialmente muy devaluada al estar el nombre de Doñana definitivamente asociado a la presencia de tóxicos ambientales. Su fauna resultará sensiblemente mermada y simplificada por los efectos de la contaminación sobre la fecundidad de las especies más valiosas, aunque no faltarán científicos prestigiosos que afirmen, desde sus relevantes cargos públicos, que estas cosas forman parte de la evolución natural, como ya ha ocurrido en situaciones similares en la tormentosa historia del Parque. Sus espacios inundables se habrán reducido al verse privados de las aportaciones del río Guadiamar, su principal tributario hídrico, y varios miles de hectáreas quedarán inutilizadas para la agricultura e incluso para casi todas las formas de vida natural, pues los análisis seguirán señalando la presencia de metales pesados durante décadas.

Será entonces más fácil reactivar las numerosas operaciones económicas pendientes desde hace años para el definitivo desarrollo de la zona, poniendo en explotación playas vírgenes, espacios urbanizables, y otros recursos naturales mercantilizables sobre los cuales no se pudo poner la mano en el siglo XX. Cuando todo haya terminado, en algún momento del próximo siglo, los niños de todos los EUE echarán cacahuetes a los inofensivos cocodrilos transgénicos del Gran Parque Temático Doñana's Wetlands, N. 1 en Europa, mientras sus padres se juegan los Euros en los casinos de El Rocío, abiertos todo el año, aeropuerto internacional propio, gran juerga flamenca 24 horas non stop.

Fecha de referencia: 31-7-1998


1: El riesgo que suponía para Doñana el embalse de residuos tóxicos de Aznalcóllar comenzó a ser denunciado incluso desde antes de la entrada en funcionamiento de la mina en 1980. Ya en 1978, un proyecto de Plan Especial de Protección de Doñana redactado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (Revista CSCA, n.17, septiembre-octubre de 1978, pág. 16) incluía este riesgo entre las siete grandes amenazas que pendían sobre Doñana. Las otras seis eran el proyecto de carretera Cádiz-Huelva, el proyecto de Central Nuclear de Almonte, el proyecto FAO-IRYDA de desecación de las marismas, la sobreexplotación de los acuíferos, la urbanización de Matalascañas, y el llamado "proyecto Guadalbahía", una parte del cual ha resucitado recientemente bajo la forma del "proyecto Hohenlole", con pleno apoyo de la Junta de Andalucía..
2: En enero de 1996 la Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía remitió a la Unión Europea un informe denunciando la situación del embalse de Aznalcóllar. La Comisión solicitó explicaciones al gobierno español, que contestó en Agosto de 1997 mediante una carta en la que se reproducía un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el que se desechaba rotundamente cualquier posible riesgo para el Parque, alegando, entre otras cosas, que "el río Guadiamar no pasa por el Parque Nacional de Doñana" (sic). Tal y como se dibuja en los mapas, el cauce del río Guadiamar no pasa, efectivamente, por la zona concreta del Parque Natural de Doñana que está calificada además como Parque Nacional, pero hasta los niños de las escuelas de la zona saben que el río Guadiamar es el principal alimentador de las marismas de Doñana.
3: Existen sospechas fundadas de que estas subvenciones hayan podido ser objeto de utilización ilegal por parte de la empresa, aplicándolas a acciones explícitamente clasificadas como no subvencionables. Ante la publicidad que ha recibido el tema, que ha desencadenado preguntas en el Parlamento Europeo, la Comisión se ha apresurado a anunciar que revisará el expediente en cuestión, y que no dudará en bloquear los fondos no entregados todavía, e incluso en exigir a Boliden la devolución de lo ya gastado (unos 2.000 millones de Pts.), si se demuestra que ha sido objeto de utilización ilegal. La pregunta de qué hubiera ocurrido con estos fondos si la catástrofe no se hubiera producido resulta inevitable, como resulta también inevitable extenderla a otras muchas subvenciones que no han atraido la atención del público al no estar vinculadas a catástrofes inocultables.

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