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Boletín CF+S > 55: Noveno Catálogo de Buenas Prácticas Españolas > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n55/amort.html   
Gestión de recursos como parte del desarrollo local
Margarita Ortega Delgado[1]
Madrid (España), Septiembre de 2013.


Índice General

 

La gestión de los recursos a escala local: hacer de la necesidad virtud

Posibilitar la recuperación del medio agrario local mediante la alimentación y el consumo más responsable en los centros escolares, gestionar un corredor fluvial para fortalecer el patrimonio cultural de los municipios ribereños, poner el acento en la participación ciudadana para una nueva gestión de residuos, transformar el problema de una antigua cantera en un renovado atractivo o incorporar la gestión de riesgos en el planeamiento urbano son algunos ejemplos de las Buenas Prácticas presentadas a esta IX convocatoria del Concurso Internacional de Buenas Prácticas.

Todas ellas hacen de la gestión de recursos una baza para el desarrollo local. Más aún cuando la conservación, la utilización o la gestión de los recursos naturales o culturales se plantean integrando la ciudad con su entorno.

En todos estos casos las iniciativas puestas en marcha responden no sólo a un buen planteamiento de la gestión de recursos, en muchos casos obligada. Son, sobre todo, proyectos innovadores fruto de su entendimiento vinculado con la política local superando así la gestión sectorial convencional. Todos parten de un acertado diagnóstico de los problemas a abordar, cuentan con un fuerte liderazgo que implica a otros actores, y un diseño de las respuestas adecuado a las posibilidades del lugar, factores que caracterizaron el desarrollo endógeno de los años 80 y ahora son claves en la futura política territorial de la Unión Europea (UE).

Reflejan además otra constatación. Que los efectos de la actual crisis son más visibles a escala local, y más graves en los territorios más vulnerables. Pero son también una oportunidad para la transición hacia modelos más sostenibles al utilizar los recursos de forma más eficiente.

Esta lógica, derivada de la generalización de los problemas a escala europea, pero también de la importancia de aprovechar las oportunidades, motivó el proceso seguido en Europa desde finales de los 80 del siglo XX sobre la dimensión territorial del desarrollo. Lo que traducido en términos prácticos es la necesidad de utilizar el enfoque territorial —es decir, la política territorial y la urbana— para hacer más efectivas las políticas. Para ello es imprescindible el papel de las políticas locales. El proceso, incluso, aspiraba a «servir de base para una política territorial a escala de la UE» como decía la Estrategia Territorial Europea[2]. Aspiración en cierto modo cumplida al incorporarse al Tratado de Lisboa el nuevo objetivo de cohesión territorial que deberá ser materializado con el uso de los fondos estructurales[3]

Precisamente por la importancia de los proyectos locales, estas líneas resumen los planteamientos y documentos adoptados como apoyo y referente para afianzar y fortalecer las buenas prácticas en el futuro.

El desarrollo territorial sostenible: la apuesta desde los documentos europeos

Se partía de un diagnóstico común. Fundamentalmente la preocupación por los constantes desequilibrios entre los territorios europeos —no resueltos por las políticas comunitarias sectoriales— provocados por los efectos desiguales de las presiones a los que están sometidos (deslocalización de actividades, cambio climático, segregación y vulnerabilidad en áreas urbanas, pérdida de funcionalidad de áreas rurales...) agudizados más aún por la crisis económica. Problemas extendidos a escala europea, bautizados como desafíos en la jerga comunitaria, que pedían respuestas comunes. No con nuevos instrumentos sino utilizando las políticas comunitarias al ser las principales herramientas para actuar de forma conjunta y reducir, además, los efectos a veces negativos de un enfoque meramente sectorial. Y, por supuesto, implicando también a las políticas nacionales, regionales y locales, responsables de su aplicación, como parte de la solución para orientar y materializar adecuadamente las respuestas. Como se decía durante el proceso, «hacer más territoriales las políticas sectoriales, y más europeas las territoriales».

Trabajar en esta línea ha permitido afianzar algunos conceptos clave. En primer lugar el de desarrollo territorial sostenible[4] entendido como «un desarrollo económico basado en una estructura espacial sólida, lo más equilibrada posible, que utilice los valores e identidades específicas del territorio, y combinado con una gestión racional de los recursos y del patrimonio natural y cultural (territorial)». Término incorporado y desarrollado también por el Consejo de Europa en sus trabajos[5].

Y sobre todo el reciente concepto de cohesión territorial, al que la Comisión Europea dedicó un Libro Verde[6] que la define como «conjunto de principios para un desarrollo territorial armonioso, equilibrado, eficiente y sostenible, y que ofrece a los ciudadanos y a las empresas, estén donde estén, igualdad de oportunidades para sacar todo el partido a su potencial territorial». Este objetivo incorpora también la solidaridad para promover la convergencia entre las economías de los territorios más ricos y las de los menos desarrollados, base de la política regional de la UE. Otro término, tan repetido como banalizado, es el de gobernanza, que no es otra cosa que la coordinación y la coherencia entre políticas y niveles de decisión[7], más importante que nunca ante la generalizada reducción de recursos económicos que padecemos.

La idea clave, por tanto, es dotar de dimensión territorial a las políticas. Se trata de explotar o liberar el potencial o capital territorial en todos los ámbitos —local, regional, nacional o transnacional— con estrategias de desarrollo basadas en el conocimiento y «adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio, utilizando la escala o el ámbito más conveniente en cada caso». Es decir, aprovechar los puntos fuertes y específicos para contribuir a la competitividad de los territorios[8]. Significa también valorar la diversidad como potencial para el desarrollo; diversidad en la que juega un papel importante la identidad local y regional.

De los documentos producidos merece especial mención la Estrategia Territorial Europea (ETE) que, con una visión común del espacio europeo, muestra que es posible una integración no sólo económica. Y ello mediante una serie de orientaciones que sirven por igual a los distintos niveles administrativos—desde el comunitario al local— pero también a nuevos ámbitos como los transfronterizos, resultado de una mayor integración europea.

Su habilidad es que plantea, por vez primera, tres objetivos territoriales a utilizar de manera conjunta, que hoy son una referencia muy extendida:

Para llevarlo a cabo no propone nuevos instrumentos, sino utilizar los existentes con estos enfoques y con una mayor cooperación y coherencia entre las políticas nacionales y las políticas comunitarias, es decir con gobernanza territorial.

Sus orientaciones son perfectamente aplicables al desarrollo local y regional al que se está haciendo referencia. Por ejemplo, la necesidad de contemplar los sistemas urbanos desde su función territorial (considerando el papel de los distintos tipos de ciudades, metropolitanas, medias y pequeñas), mejorar su atractivo, apostar por la ciudad compacta o responder a la creciente interdependencia entre los espacios urbanos y rurales. En cuanto al patrimonio natural y cultural, se acuña el principio de conservación activa o formas innovadoras de uso y gestión de los recursos que hagan compatible la conservación con las nuevas funciones, superando la tradicional lógica de protección-control que tanto ha lastrado la gestión. El patrimonio, que incluye al paisaje cultural, se reconoce como factor de calidad de vida, autoestima de la población y seña de identidad, a contemplar no como hitos o piezas aisladas, sino de forma territorial, por corredores o redes (ecológicos o itinerarios).

Las orientaciones de la ETE han servido para las iniciativas de cooperación en ordenación del territorio (Interreg) entre regiones de diferentes países (Mediterráneo, Atlántico, Sudoeste, Báltico, etc.) para responder a problemas comunes que no conocen barreras administrativas, formato que se consolida en la futura política de cohesión a través de la figura de la cooperación territorial.

Un primer compromiso de los Estados

En esa línea surge la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020[9] como una apuesta liderada por los Estados para contribuir a la aplicación del objetivo de cohesión territorial del Tratado en la política comunitaria para el nuevo periodo 2014-2020. Es coherente con otros documentos de la UE. Sobre todo con la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un «crecimiento inteligente, sostenible e integrador» como base de la política comunitaria[10]. Desde la Agenda se insiste en que para lograrlo hay que tener en cuenta la dimensión territorial, ya que los problemas y las oportunidades son diferentes en cada región, defendiendo el desarrollo territorial (obviamente integrado y sostenible) para aplicar la política de cohesión. O lo que es lo mismo, que el uso eficiente del territorio y de sus recursos es clave para la economía, el acceso a los servicios, o para la gestión prudente del capital natural y cultural a escala europea. Tesis a la que apuesta «La nueva cultura del territorio» [11].

La Agenda actualiza los desafíos comunes de la UE a los que se enfrentan la mayoría de los ámbitos locales y regionales para que su desarrollo territorial los transforme en potencial. Por ejemplo, los efectos de la globalización y la necesidad de buscar respuestas en estructuras más sólidas y duraderas; los problemas demográficos y sociales, como la despoblación o la exclusión y segregación de grupos vulnerables; los efectos del cambio climático (elevación del nivel del mar, sequías, inundaciones o mayor frecuencia de riesgos naturales) que exigen acciones claras de adaptación y de mitigación; o la pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural, cultural y paisajístico como parte esencial del capital territorial para el bienestar y el atractivo económico.

Estos desafíos justifican unas prioridades territoriales de carácter europeo para responder y utilizar de manera integrada las políticas sectoriales como la ambiental, la agraria, la de transporte, la del agua, la de energía o la de vivienda.

Evitar las políticas aisladas es más necesario que nunca. Pero sobre todo las destinadas a fomentar el desarrollo integrado de las ciudades[12] para lograr economías locales sólidas y reducir su vulnerabilidad mediante una mayor especialización y desarrollo de productos y mercados locales. O el especial trato a las regiones rurales para mejorar sus condiciones de vida y modernizar su economía. Sobre todo el reconocimiento de las nuevas relaciones entre las áreas urbanas y las rurales para una planificación conjunta con las ciudades medias y pequeñas sin olvidar la necesaria integración de lo rural en las áreas metropolitanas, aspecto muy poco considerado en la práctica de nuestro país.

La idea más innovadora es que muchos de estos desafíos y prioridades, ya anunciados por la ETE, trascienden los ámbitos administrativos convencionales. Por ello, aunque valen para cualquier escala de intervención, en muchos casos la respuesta adecuada debería ser por ámbitos acordes con los problemas a resolver, o regiones funcionales, superando la fragmentación de las divisiones administrativas, y creando así masa crítica para una gestión más competitiva (gestión ambiental, mercados de trabajo, equipamientos, etc.). En definitiva, cuestiones que a veces sólo pueden resolverse de manera conjunta entre municipios, no necesariamente de la misma región o entre áreas urbanas y rurales. En esta idea se insiste para los nuevos proyectos en cohesión territorial.

Y con más motivo para determinados recursos, por lo imprescindible de identificar, conectar y gestionar de manera coherente los valores ecológicos, naturales, culturales o paisajísticos mediante su integración en redes y corredores (infraestructuras verdes). La Agenda estima que para su logro obviamente es imprescindible contar con la coordinación territorial de las políticas, tanto las territoriales de los estados como las sectoriales de la UE y las nacionales, reconociendo la importancia de su impacto en el territorio. Sobre todo la política local y la rural. En este sentido, los Estados se comprometen a una serie de mecanismos para asegurar la coordinación y el enfoque más integral y estratégico a partir de las prioridades territoriales de cada área funcional. Para ello es esencial que desde los Estados y sus ámbitos operativos (áreas funcionales) se definan los conceptos, objetivos e instrumentos de desarrollo territorial de acuerdo con sus peculiaridades. Un papel que debería cumplir la política local y la territorial. Serviría para dar un nuevo sentido a la política urbanística superando el mero soporte inmobiliario y a la territorial, todavía muy insuficiente en nuestro país.

Hacia un uso más eficiente de los recursos en los proyectos locales

Una reciente propuesta de la UE (Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, 2011)[13] da un paso más para transformar la idea mantenida, hasta ahora, de un crecimiento basado en un uso intensivo e ineficiente de los recursos y dar paso a una nueva concepción que garantice una recuperación sostenible de la crisis económica que pueda impulsar además el empleo. Se trata, de nuevo, de intentar disociar crecimiento de utilización de recursos y desbloquear nuevas fuentes de desarrollo mediante la innovación y la generación de oportunidades económicas con políticas que asocien economía y formas de vida coherentes e integradoras. Su visión es que para 2050 se deberían gestionar, de manera sostenible, todos los recursos, desde las materias primas hasta el agua, el aire, la tierra o el suelo. Es decir, apuntar hacia una economía más competitiva e integradora, «crear más con menos», mediante la innovación.

Como tal Hoja de ruta plantea algunas pistas de interés para las prácticas a escala local o regional.

Una, general, de transformación de la economía, hacia ese uso más eficiente de los recursos que aporte nuevas formas de gestión y ahorre costes. Fundamentalmente incide en aspectos básicos como productos más sostenibles, cambios en las pautas de consumo o la conversión de residuos en recursos que reduzca dependencia y daños ambientales. En definitiva, las claves hacia una economía más verde con un mayor papel de las ciencias sociales para cambiar comportamientos, reducir ayudas perjudiciales para el medio ambiente (combustibles fósiles o agua, por ejemplo) o la fijación de precios más justos considerando recursos todavía no valorados adecuadamente como los ecosistemas o la biodiversidad[14].

Más cercano al margen de maniobra de las prácticas locales es el objetivo —para 2020— de que las autoridades públicas y las empresas deberán valorar y tener en consideración el capital natural y los servicios ambientales que proporciona, de los que depende la prosperidad económica[15]. Para ello propone impulsar la infraestructura ecológica, evitar su pérdida, inventariar su estado y evaluar su valor económico —clave el papel del planeamiento local para su caracterización y defensa—, que deberá incorporarse en su día a los sistemas de contabilidad nacional y comunitaria.

Otros objetivos tienen una mayor repercusión a escala local. Por ejemplo la biodiversidad, clave para los ecosistemas, cuya pérdida pone en peligro los servicios ambientales, los hace más vulnerables y es más costosa o irreversible su restauración. Para ello es necesario integrarla en las restantes políticas, como la agricultura, pero para ello es necesario identificarla y protegerla desde la planificación territorial y local. Lo mismo ocurre con el agua, a responder de acuerdo con lo que señala la Directiva marco Europea para mantener su calidad y cantidad mediante el principio de gestión de la demanda y el precio. O con el aire limpio, como recurso valioso, también de obligado cumplimiento de la normativa europea, sobre todo en las áreas urbanas.

Y otros objetivos son específicos para la política local. Los referidos a tierra y suelos, cuyo ambicioso objetivo es una ocupación cero a partir de 2050 para lo cual sería necesario modificar completamente los criterios expansivos que se han venido utilizando, con soluciones obligadas de rehabilitación y reutilización, especialmente de las áreas degradadas, como una línea de trabajo necesaria.

O la mejora de la construcción y del uso de los edificios hacia un parque de viviendas más eficiente en el uso de recursos (eficiencia energética, uso de energías renovables, materiales sostenibles, diseño...). De hecho, se plantea el objetivo de generalizar la renovación y construcción de edificios e infraestructuras basado en el ciclo de vida, con el reciclado del 70% de los residuos de la construcción y demolición, y la renovación del parque inmobiliario existente a un ritmo del 2% anual.

Toda una declaración de intenciones de calado, más por su enfoque o aviso a navegantes que por unos resultados que van a depender en gran medida de un apoyo decidido e internacional de todos los sectores y actores concernidos.

El paisaje como un recurso emergente para el buen uso del territorio

Por último, es necesario hacer una referencia a un recurso emergente como es el paisaje que hoy se incorpora a la gestión de recursos y a las buenas prácticas urbanas como un activo territorial y un elemento para una mejor ordenación y gestión del territorio gracias al Convenio Europeo del Paisaje[16].

Para entenderlo es preciso aclarar el término innovador de paisaje que introduce el Convenio. A diferencia del sentido tradicional, por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Es decir, todo el territorio es paisaje, especialmente el degradado, importan los valores que le da la población y no se trata de un fósil sino de un espacio vivo transformado y transformable. Es parte del patrimonio natural y cultural, es decir, es patrimonio territorial. Y, en clara sintonía con el desarrollo territorial, el paisaje emerge como un nuevo e importante recurso local[17] para la actividad económica por sus valores culturales ecológicos y ambientales, cuya gestión puede contribuir a la creación de empleo, además de ser clave para la calidad de vida individual y colectiva —el entorno cotidiano del ciudadano— y la identidad —sentido de pertenencia— de la población.

De acuerdo con esta idea el paisaje va a jugar un doble papel: el de reconocimiento y diagnóstico del territorio pero también el de guiar su transformación. Es lo que se denominan los objetivos de calidad paisajística a plantear de acuerdo con la población y no sólo por decisión de los expertos.

El Convenio obliga a dotar de reconocimiento jurídico al paisaje sobre tres realidades que le reconoce: pertenecer al marco de vida y ser, por tanto, un derecho el disfrutar del paisaje; formar parte del patrimonio y ser un factor de identidad. Por este motivo el paisaje debe integrarse en la ordenación territorial y en la urbana, pero también en todas aquellas políticas con impacto sobre el paisaje, como la cultural, la rural, la agraria o la forestal, o las infraestructuras.

Al ser un tratado internacional, reivindica el valor de los paisajes europeos y propone medidas para garantizar su aplicación a todo el continente sobre la base de la cooperación y de su estímulo, como la inclusión del paisaje en los programas de cooperación, el intercambio de experiencias o la identificación de paisajes fronterizos para una gestión conjunta y coherente entre territorios vecinos[18].

Para cumplir el Convenio hay que plantear una política activa de paisaje con estrategias, directrices o medidas para proteger y conservar sus valores, gestionar, restaurar y, en su caso, hasta crear nuevos paisajes. También identificar los paisajes y las presiones a las que están sometidos para poder actuar sobre ellas. Y muy específicamente, sensibilizar a la población, formar expertos o facilitar la educación en paisaje[19].

Se cuenta ya con una mayor base de apoyo. Prácticamente todas las comunidades autónomas están trabajando en la materia desde diferentes modalidades. Algunas han optado por la elaboración de legislación específica[20], otras se han dotado de instrumentos propios y se han creado centros de referencia[21]. O incluso se ha incorporado el paisaje en la reforma de los Estatutos de Autonomía. Pero sobre todo implican a la planificación territorial y urbana y a las políticas con impacto en el territorio.

A escala nacional se dispone de una primera caracterización en el Atlas de los paisajes de España (2003) y la incorporación progresiva del paisaje en la legislación y en los instrumentos para la aplicación de políticas públicas[22].

...y dos consideraciones finales

Los documentos europeos que se han analizado no son vinculantes pero anuncian una nueva forma de entender el desarrollo. Su efectividad va a depender de la voluntad de aplicarlo desde cada ámbito de intervención. Una tarea difícil si no existe una clara intención de responder desde los tres niveles, el local, el regional y el nacional con coherencia y mutuo apoyo. Por ello son aun más valiosas aquellas Buenas Prácticas que ayudan a vencer estas limitaciones.

Precisamente por este carácter todavía no vinculante, el realizar buenas prácticas y su difusión e intercambio ocupa un papel relevante en los documentos como verdaderos instrumentos para mostrar la viabilidad de este futuro. En definitiva, la utilización de esfuerzos comunes para responder conjuntamente a unos retos que trascienden a una escala ya mundial.

Bibliografía

Colegio de Geógrafos y Asociación de Geógrafos Españoles  (2006)   Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio.    Marzo. No publicado. Disponible en http://nuevaculturadelterritorio.files.wordpress.com/2008/05/manifiesto-por-una-nueva-cultura-del-territorio-d5.pdf

Comisión Europea  (1999)   Estrategia Territorial Europea (ETE).   Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. Disponible en español en la web de la Unión Europea: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf

Comisión Europea  (2009)   Libro verde sobre cohesión territorial. Convertir la diversidad en un punto fuerte.   Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo. Bruselas, 6 de octubre de 2008. COM (2009) 616 final. 

Comisión Europea  (2010)   Europe 2020   http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

Comisión Europea  (2011)   Hoja de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos.   Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas, 20 de septiembre de 2011. COM (2011) 571 final. 

CEMAT  (2000)   Principios Directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo.   Consejo Europeo, Conferencia de los Ministros responsables de Ordenación del Territorio. Disponible en http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/CEMAT/Default_en.asp 

Comisión Europea  (2000)   Convenio Europeo del Paisaje.   Florencia, 2000. Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/convenio.aspx y web del Consejo de Europa: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp 

Mata Olmo, R. y C. Sanz Herranz  (2003)   Atlas de los Paisajes de España.   Ministerio de Medio Ambiente. Centro de Publicaciones. Madrid. 

Naciones Unidas  (2012)   Gente resiliente en un planeta resiliente: un futuro que vale la pena elegir.   Informe del Grupo de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la sostenibilidad mundial: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/700&referer=/english/&Lang=S

Unión Europea  (2010)   Declaración de Toledo.   Reunión informal de ministros de Desarrollo Urbano. Disponible en http://siu.vivienda.es/infoWeb/barrios/agenda_urbana/6_declaracion_Toledo.pdf 

Unión Europea  (2011)   Agenda Territorial Europea.   Disponible en http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/el-desarrollo-territorial-en-el-ambito-europeo/union-europea/default.aspx 

Notas


[1]: Arquitecta urbanista. Diplomada en Ordenación del Territorio. Miembro del Grupo de Expertos en el IX Concurso Internacional de Buenas Prácticas del Comité Hábitat en el área temática de «Recursos Naturales», «Ciudad» y «Entorno Natural»
[2]: La Estrategia Territorial Europea (ETE), adoptada por los ministros responsables de Ordenación del Territorio de la UE (Potsdam, 1999), con el subtítulo Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE, es uno de los documentos más relevantes de este proceso.
[3]: El Tratado de Lisboa, en vigor desde 2010, incorpora el objetivo de cohesión territorial a los ya existentes de cohesión económica y social para dirigir la política comunitaria. Este objetivo se plantea compartido entre la Comisión y los Estados miembros ofreciendo un mayor papel a las políticas territoriales nacionales y locales, así como a las sectorial.
[4]: La Ley de Suelo (RDL 2/2008) recoge el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible como marco de los objetivos y actuaciones en los usos y ordenación del suelo.
[5]: Tras la Carta Europea de Ordenación del Territorio (Torremolinos, 1983), la Conferencia Europea de Ministros responsables de Ordenación del Territorio (CEMAT), del Consejo de Europa, adopta los principios directores para el desarrollo territorial sostenible del Continente Europeo (Hannover, 2000). Versión española traducida y editada por el Ministerio de Medio Ambiente.
[6]: Con el subtítulo Convertir la diversidad en fortaleza (2008), elaborado por la Comisión Europea a petición de la Agenda territorial y sometido a consulta a través de la web.
[7]: El diccionario de la Real Academia Española (RAE) lo define muy acertadamente: «Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil y el mercado de la economía».
[8]: Lo que se denomina el placed-based approach, acuñado en el Informe Barca realizado en 2009 por Frabrizio Barca a solicitud de la Comisión Europea. Este enfoque se propone como uno de los fundamentos para la nueva política europea de cohesión, clave de la integración europea, haciendo de la dimensión territorial el núcleo duro en torno al cual se debe reconstruir el modelo político de desarrollo europeo (Jose Antonio Nuñez Butragueño, 2012).
[9]: Revisión de la primera Agenda (2007), adoptada en 2011 por los ministros responsables de ordenación del territorio y de desarrollo territorial de los Estados miembros en colaboración con la Comisión Europea y con el respaldo del Comité de las Regiones, con el subtítulo Hacia una Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones diversas.
[10]: Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», actualmente en desarrollo.
[11]: El Manifiesto de «La nueva cultura del territorio», lanzado en España en 2006, ante los efectos derivados de la falta de planificación territorial y urbanística, afirma que un territorio bien gestionado es un activo económico, además de una responsabilidad de los poderes públicos.
[12]: Para las ciudades se reconoce su propia agenda, o marco de referencia para el desarrollo urbano sostenible. Ver, en este sentido, la «Declaración de Toledo» adoptada en la reunión informal de ministros de Desarrollo Urbano bajo presidencia española en junio de 2010.
[13]: Esta Hoja de ruta responde al mandato de la Estrategia Europa 2020 para definir objetivos a medio y largo plazo, así como los medios para conseguirlos.
[14]: Tesis a la que apunta también el informe del Secretario General de Naciones Unidas basado en el trabajo de un Panel de alto nivel sobre Sostenibilidad Global que va a ser presentado en la Conferencia Rio+20.
[15]: Los que denomina servicios ecosistémicos como por ejemplo suelos fértiles, tierras productivas, agua dulce o aire limpio, polinización, o control del clima, todos tratados hasta hoy como productos básicos gratuitos sin haber entrado en el mercado.
[16]: Adoptado por el Consejo de Europa (Florencia, 2000), ratificado por España y en vigor desde 2008 para su aplicación en todos los ámbitos territoriales.
[17]: La dimensión social y económica del paisaje, así como los servicios ambientales han sido tratados muy expresamente por el Consejo de Europa para nuevas pautas de actividades y empleo. 10o Talleres para la implementación del CEP. Évora (Portugal), octubre 2011.
[18]: Los proyectos galardonados en el Premio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa, son una muestra del valioso papel del paisaje como desarrollo territorial. Ver la última sesión en http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/Prix/Session2010_en.asp.
[19]: El Proyecto Ciudad, Territorio, Paisaje de la Generalitat de Cataluña, es un ejemplo pionero para formar en paisaje a los alumnos de la ESO: http://www.catpaisatge.net/educacio/ Ha sido reconocido por el Consejo de Europa entre los premios Europeos del Paisaje en 2010-2011.
[20]: La Comunidad valenciana aprobó la primera ley (2004), han seguido Cataluña (2005), Galicia (2008) y en la actualidad el País Vasco, todas ellas con fuerte sentido de identidad.
[21]: Directrices (Canarias), Cartas de Paisaje (Aragón), Estrategia de paisaje (Andalucía), Observatorio del Paisaje de Cataluña o Centro de Estudios Paisaje y Territorio de Andalucía.
[22]: Es el caso de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que asume la definición del Convenio; la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del medio rural, que incluye al paisaje en sus políticas; o la Ley del Suelo (RDL 2008) que incorpora como deberes y derechos del ciudadano el disfrutar del paisaje natural y urbano, que incluye entre los recursos a regular a través de las políticas de uso, ocupación y transformación del suelo.


Edición del 28-septiembre-2013
Revisión: Rebeca Fernández Yunquera
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