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Boletín CF+S > 55: Noveno Catálogo de Buenas Prácticas Españolas > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n55/agmal.html   
El género en los proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión social
Graciela Malgesini Rey[1]
Madrid (España), Septiembre de 2013.


Índice General

 

El marco de la lucha contra la pobreza y la exclusión social

El primer objetivo de este artículo es analizar el marco de las políticas europeas puestas en marcha para salir de la crisis y el lugar que ocupan en ellas la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En el ámbito de la Unión Europea, en el año 2010 se ha observado un cambio de enfoque sustantivo con respecto a las políticas de inclusión social y de gobernanza, que se habían desarrollado durante la década anterior, en la que estuvo vigente la Estrategia de Lisboa.

Se ha pasado a la vigente Estrategia Europa 2020 (EU2020), en la que la meta de erradicar la pobreza enunciada en Lisboa se ha reducido a la salida de la pobreza del 25% de la población afectada en 2010, en el año 2020. Los conceptos de inclusión social y de construcción de una sociedad inclusiva han pasado a formar parte de la historia. El objetivo de contar con la participación de todos los actores sociales se redujo a una referencia en el epígrafe 16 de la EU2020.

Como consecuencia de las políticas puestas en marcha a raíz de la crisis del euro, la meta de reducción de pobreza se encuentra subordinada al logro de objetivos de crecimiento económico, de consolidación fiscal, de incremento del nivel de empleo y de logros educativos, ocupando un lugar modesto. Ya no existen los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social, más comprometidos con logros sociales, educativos y de empleo. A nivel europeo, la Estrategia EU2020 desarrolla una serie de «iniciativas emblemáticas», una de las cuales es la Plataforma Europea contra la Pobreza, cuyos objetivos de trabajo y presupuesto no prometen un impacto social relevante en la meta fijada.

En los Estados Miembro, la Estrategia EU2020 se gestiona mediante los Programas Nacionales de Reforma (PNR). En todos los PNR el peso específico de la meta de la pobreza es mucho menor que en los años previos a 2010 y está completamente subordinado a las políticas macroeconómicas, fiscales y presupuestarias, dirigidas a salir de la crisis, como lo expresa el análisis realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), presentado a la Comisión Europea[2]. Esta reorientación se ha reforzado con la firma del Tratado sobre la Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de Europa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, para garantizar la disciplina presupuestaria común[3]. Este Tratado fue ratificado por España mediante la Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio[4].

Paradójicamente, frente a esta pérdida cualitativa y cuantitativa de interés en invertir los recursos en una sociedad europea inclusiva, se produce una escalada de las cifras de personas que se ven afectadas por el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Si la Estrategia EU2020 busca reducir la pobreza en un 25% a nivel de Europa, partiendo de un total de 80 millones de personas, los datos más actuales de la Comisión Europea muestran que la tendencia es la inversa: esa cifra no sólo no ha disminuido, sino que ha escalado a los 115 millones, afectando ya al 23,4% de la población total en 2012[5].

En el caso de España, antes de la debacle financiera, más del 19% de la población vivía en situación de pobreza, unas cifras incompatibles con el nivel de crecimiento económico existente entonces. El primer Programa Nacional de Reformas correspondiente a EU2020 (2011) fijó como objetivo la reducción de entre 1.400.000 y 1.500.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social antes de 2020, de acuerdo con un indicador agregado que incluye a quienes viven por debajo del umbral de la pobreza (pobreza relativa); aquellas personas que sufren privación material severa; y a las personas que viven en hogares con una intensidad de empleo baja o nula. La reducción de la pobreza infantil se realizaría en proporción similar a la reducción de la pobreza en general. Esta reducción quedaba ligada a la consecución del objetivo de empleo y de los objetivos de educación. Además, ciertos grupos de población, como las personas con discapacidad y las que sufren de privación material, serían objeto de políticas concretas y específicas, especialmente en el ámbito de la vivienda, la educación, la formación y el empleo. Este PNR se elaboró contando con la participación de diversos actores sociales.

A pesar de estos antecedentes, en el Programa Nacional de Reformas de 2012, la meta de reducción de la pobreza y las citadas políticas para grupos vulnerables quedaron eliminadas del texto principal, mientras seguían aumentando las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, particularmente por el impacto de los hogares con todos sus miembros adultos desempleados y sin cobertura. Esta desaparición de la meta de pobreza llamó la atención del Consejo de la Unión Europea, quien así se lo hizo saber al Gobierno de España en su Observación no 14 (mayo de 2012):

La pobreza ha aumentado, habiéndose incrementado el número de personas con riesgo en 1,1 millones en 2010, y la pobreza infantil se sitúa en la proporción alarmante del 26,2%. La tasa de pobreza de personas con empleo entre los trabajadores temporales es superior al doble de la de los trabajadores permanentes.

Frente a esta constatación, el Consejo propuso la siguiente Recomendación (no 7) al gobierno español:

Tomar medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.[6]

El PNR, finalmente adoptado en septiembre de 2012, no recoge este extremo, sino que se centra en la consolidación presupuestaria y fiscal, el aumento del crecimiento y la competitividad. Así lo reflejan también los Presupuestos Generales del Estado para 2013. A pesar de que los gastos sociales siguen manteniendo un peso importante en dichos presupuestos, se observa la reducción de la dotación económica de varios capítulos clave en 2012 y previsiblemente en 2013. Estos recortes afectan directamente a las prestaciones que reciben o a los servicios que se prestan a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, tanto a través de la administración pública, como de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social y de las empresas de servicios.

En conclusión, en la coyuntura actual, con necesidades sociales que aumentan y con creciente número de personas en riesgo de pobreza y exclusión, los fondos públicos disponibles para combatir, erradicar o atemperar estos procesos se reducen, como consecuencia (entre otros factores) de la caída de los ingresos fiscales por la recesión económica, de la reorientación de fuertes recursos públicos para el pago de los compromisos de la deuda y debido a los efectos de los recortes aplicados para ajustar el déficit público, en cumplimiento de los compromisos asumidos con Europa[7].

Los proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión social: tendencias observadas

Teniendo en cuenta el marco anteriormente descrito, el segundo objetivo de este artículo es llamar la atención sobre las siguientes cuatro tendencias, que pueden resultar preocupantes:

Por diversos medios, se han reducido notablemente los fondos destinados a financiar proyectos sociales

En el ámbito público, este descenso se ha producido por la menor dotación presupuestaria para fines sociales (excepto pensiones y protección del desempleo) y la consiguiente disminución de las contrataciones de servicios, de convenios y de convocatorias públicas, especialmente las descentralizadas.

Una de las vías de la financiación pública es la casilla para otros fines de interés social en la declaración anual de la Renta. Un total de 9,47 millones de contribuyentes españoles y residentes, 53.000 más que en 2010, marcaron la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta en 2011, de modo que destinaron el 0,7 por ciento de su tributación vía IRPF a proyectos de acción social, cooperación internacional y protección del medio ambiente[8]. La recaudación por esta vía fue de 267 millones de euros, 5 millones menos que el año anterior (2010), pese a que 53.000 ciudadanos más la marcaron[9]. La principal causa de este descenso es la destrucción de empleo, y por tanto la disminución del número de contribuyentes. La otra explicación es que el 48% de las personas contribuyentes no ha marcado esta casilla[10].

En el campo de los fondos privados, otro aspecto que está teniendo un peso importante es la desaparición de las convocatorias de las obras sociales de las extintas cajas de ahorro, a partir de su bancarización. Es difícil evaluar este fenómeno, en toda su dimensión, dado que las cajas financiaban servicios y proyectos para 2,5 millones de personas y actualmente esta labor ha quedado restringida a un par de entidades[11]. Finalmente, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo no favorece tampoco las donaciones de particulares a entidades benéficas, como en otros países de la Unión Europea. Esta ley ha sido muy criticada y el Tercer Sector de Acción Social ha pedido su reforma desde hace tiempo. Entre otras razones, por el bajo impacto fiscal que tienen las donaciones que se realizan a entidades sin ánimo de lucro[12].

Con la reducción de los fondos procedentes de los administraciones públicas (descenso de entre el 5 y el 20%) y grandes empresas (reducción del 20-25%), ya el 52% de las entidades habían visto mermados sus ingresos en 2010. A este descenso del 1,28% en los ingresos totales de las entidades sociales, de las cuales apenas un 13% estimaban que sus recursos crecerían a medio plazo, mientras que el 45% preveía un descenso, ha contribuido también la disminución de los fondos procedentes de Cajas de Ahorros a través de su Obra Social, cuyas aportaciones constituyeron el 12,7% de la financiación privada en 2009-2010[13].

En el marco de las restricciones de financiación de proyectos sociales, se está dando un giro cuantitativo hacia aquellos orientados a las graves consecuencias de la crisis y, por ende, a la emergencia, en desmedro o en reemplazo de aquellas iniciativas de empoderamiento o de cambio estructural

Un ejemplo paradigmático del tipo de proyecto que está predominando es la distribución de alimentos destinados a personas con necesidades sociales extremas. El Banco de Alimentos da de comer a dos millones de personas en España, más que el doble que en 2007 (850.000). A los usuarios tradicionales, personas que viven por debajo del umbral de pobreza (21,8% en 2011 frente al 19,5% en 2009), se han sumado la denominada nueva pobreza: clases media y baja afectadas por el desempleo persistente y que acuden a recibir ayuda alimentaria para poder reservar fondos al pago de la hipoteca o la renta de la vivienda[14]. En algunas de las grandes entidades de acción social, como Cruz Roja España, el programa de distribución de alimentos se había extinguido prácticamente en 2007. En los últimos años se han incorporado cerca de un millón de nuevos usuarios, prácticamente todos ellos a los programas de alimentos y de emergencia social[15].

Este sendero parece conducir a la antigua concepción del trabajo social, que ha regido durante décadas, caracterizado por una concepción de distribución de servicios, enraizada en una ideología de arriba-abajo

En esta visión, quienes proveen los servicios tienden a no transferir el conocimiento o los recursos que definen su rol, habilidad o competencia; antes bien, la atesoran, generando relaciones de dependencia y perpetuando en la persona usuaria o beneficiaria la continuidad de la ayuda y del servicio. En el contexto de la urgencia y la necesidad, la metodología de intervención característica del asistencialismo está ganando espacio a la de la intervención transformadora.

Se observa un desinterés creciente por los proyectos relacionados con el empoderamiento, la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la desigualdad de género, a pesar de la importancia transversal de estos temas.

Con respecto a la desigualdad que afecta a las mujeres[16], no deja de ser llamativo el desinterés de los financiadores y de las entidades que desarrollan proyectos sociales. Siguiendo con el ejemplo de la convocatoria de Pogramas del IRPF, porque es la más importante en cuantía y porque es representativa de la tendencia general, del total de 1.083 proyectos de 410 ONG de acción social en España, 27,6% se destinó a entidades de ayuda a personas mayores; 23,1% para las que trabajan con discapacitados; 10,3% para la protección de la infancia y apoyo a la familia; 9% para programas de inclusión social; 6% para inmigrantes, solicitantes de asilo y protección internacional; 5% para jóvenes; 4% para programas de promoción del voluntariado; 3% para reclusos, ex-reclusos y personas afectadas por Sida; 3% para drogodependientes, 3% para el pueblo gitano. Las organizaciones dedicadas a las mujeres recibieron solamente un 5,4% del total de las ayudas[17]. Este porcentaje se mantiene en la convocatoria de 2012. Sin embargo, la desigualdad de género es uno de los fenómenos más persistentes e importantes, que afecta transversalmente a toda la sociedad española y que se manifiesta de forma específica en las estadísticas sobre pobreza y exclusión social[18]. Como ejemplo, el reciente informe del INE, Mujeres y Hombres en España (2012)[19], destaca las notorias desigualdades entre hombres y mujeres en términos de renta, empleo y conciliación:

Debido en parte a estos problemas, sumados a la inestabilidad laboral-económica y a la persistencia de un sistema de reparto desigual del trabajo reproductivo del hogar, la fecundidad se ve reducida a su mínima expresión. La conducta reproductiva se completa con una fecundidad más alta de grupos de riesgo, como personas con bajos logros educativos, adolescentes y mujeres inmigrantes en situación precaria.

Otro problema trascendental es el de la violencia de género, que se cobró la vida de 613 mujeres entre el 2003 y el 2012, además de varios miles con diversas lesiones, muchas de ellas de gravedad y con carácter crónico[20].

Se puede concluir que, como consecuencia de las tendencias mencionadas y por la escasez de fondos destinados a proyectos de género, esta temática ha quedado relegada entre las prioridades, a pesar de su capital importancia.

El tema de género en la selección de buenas prácticas sociales

El tercer objetivo de este artículo es valorar el peso del tema de género dentro de los proyectos sociales presentados recientemente a la convocatoria del Comité Hábitat Español. También se ofrecen algunas recomendaciones para incrementar la participación de este tipo de actuaciones y para transversalizar el género a todos los criterios de selección de las Buenas Prácticas.

La selección de Buenas Prácticas presentadas al Comité Hábitat Español, que realiza una recomendación al Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Dubai, se convoca de forma bianual. En la modalidad de Lucha contra la Exclusión Social de 2008 y 2010 se seleccionaron 23 prácticas, de las cuales solamente tres están relacionadas con aspectos de desigualdad de género. La primera de ellas trata sobre la integración socio-laboral de mujeres inmigrantes en Puente de Vallecas, un barrio de Madrid, en 2008. Ya en la convocatoria de 2010, la segunda práctica se refiere a la participación social de mujeres víctimas de violencia de género. La tercera se centra en la inclusión social del colectivo que ejerce la prostitución. El resto de proyectos, aunque probablemente contaran con personas beneficiarias de sexo femenino, no hacían hincapié en un enfoque específico al respecto[21].

En la convocatoria presentada al Concurso Hábitat Buenas Prácticas 2012, a la línea correspondiente a Género y Lucha contra la Exclusión Social, se han presentado solamente dos proyectos con mujeres como beneficiarias mayoritarias y con una orientación no asistencialista. El objetivo de los mismos era, respectivamente, desarrollar un espacio de encuentro entre mujeres y apoyar una radio universitaria que sirviera para difundir experiencias de mujeres. No fueron preseleccionados, debido a su naturaleza incipiente y a su escaso alcance social. Por lo tanto, en la convocatoria 2012, no ha habido prácticas preseleccionadas con un componente importante de género.

En el resto de proyectos, entre los beneficiarios, probablemente hubiera mujeres, pero no es posible saberlo con detalle. En las fichas recibidas pocas prácticas consignaban estos datos de forma diferenciada, pero ninguno aclaraba cuáles eran los impactos diferenciados para necesidades y situaciones diversas.

Por todo ello, sería conveniente considerar las siguientes acciones en las futuras convocatorias:

  1. Mejorar la visibilización de las prácticas con enfoque de género.

    Esta primera recomendación consistiría en insistir en la presentación de prácticas que estén luchando a favor de la igualdad y contra la discriminación por género, particularmente aquellas que intervienen desde una perspectiva transformadora. Esta convocatoria tendría que hacer un énfasis especial, que pudiera servir como incentivo para que se conozcan actuaciones que, por su naturaleza territorial o su dimensión local, estén menos conectadas con este tipo de concursos.

  2. Hacer transversal el género en la recogida de datos y en el proceso de selección.

    La segunda recomendación consistiría en reformar la ficha de recogida de datos, introduciendo preguntas de chequeo en las principales variables que se emplean para evaluar las prácticas presentadas, además del indicador separado como sucede en la actualidad.

    Estas preguntas (a modo de lo que se conoce como gender checklist), se formularían de forma que muestren claramente las diferencias y las similitudes existentes entre hombres y mujeres en los problemas o acciones abordadas, incluso cuando se trata de proyectos netamente medioambientales, así como los factores que pueden influir en sus respectivas situaciones, directa o indirectamente.

    Una de las consecuencias de aplicar una lista de chequeo es que se obliga a quienes completan la ficha de recogida de datos a reflexionar sobre aspectos o temas que no se habían tenido en suficiente consideración, lo cual es un primer paso importante hacia la concientización al respecto.

    Seguidamente, se ofrece una exposición de los tres criterios de calidad considerados clave, Impacto, Asociación y Sostenibilidad, introduciendo preguntas que pueden servir para un chequeo de cómo las mismas afectan la posición de las mujeres.

Impacto

Este criterio es uno de los más importantes, pues analiza los efectos del proyecto, considerando el tiempo transcurrido desde la finalización. Estos efectos pueden ser positivos, pero también pueden tener connotaciones negativas, en los que la práctica ha sido contraproducente en general o en aspectos particulares. Un ejercicio que ayuda a conocer y, por ende, a prevenir esas externalidades negativas es un análisis de posibles grupos o sectores afectados, en el momento de la formulación.

Impacto con respecto al género:

Sostenibilidad

La sostenibilidad es lo que permite observar la viabilidad futura y continuidad de la práctica. Se trata de un proceso multidimensional, porque se deben tener en cuenta múltiples factores, como la implicación y el compromiso de las personas beneficiarias en el sostenimiento del proyecto, así como de las autoridades, instituciones, líderes y otros actores involucrados. Otros aspectos que se consideran son los siguientes: si la tecnología y las técnicas aplicadas por el proyecto pueden ser asumidas por los beneficiarios sin grandes obstáculos; si el proyecto realiza un buen manejo de los recursos del ambiente y si se conseguirán los recursos necesarios para hacer frente a los gastos de funcionamiento y mantenimiento una vez finalizada la práctica.

La sostenibilidad se manifiesta en cambios duraderos en los marcos legislativos, normas, ordenanzas o estándares; en las políticas sociales y estrategias sectoriales con posibilidad de aplicación en otras situaciones; en marcos institucionales y procesos para la adopción de decisiones y en sistemas de gestión eficaces, transparentes y responsables.

Sostenibilidad con respecto al género:

Asociación

El Concurso Hábitat propone que, en este criterio, se mida al menos dos de las siguientes entidades: Gobierno nacional y regional; Ciudades, Autoridades locales o sus asociaciones; ONG y OBC; Sector privado y Fundaciones públicas o privadas; Organismos internacionales, Instituciones académicas y/o de investigación, Asociaciones Profesionales, Medios de comunicación, Líderes cívicos, Voluntarios, profesionales, personas físicas.

Asociación con respecto al género:

Criterio adicional al de Asociación: Participación

El criterio de participación está relacionado directamente con el de la asociación. Sería aconsejable que se pudiera incorporar de forma desagregada, porque ofrece información útil sobre la apropiación del proyecto por parte del entorno social y las personas protagonistas de la práctica. El tema de la participación se ha vuelto crucial para determinar la calidad de la intervención y el nivel del impacto. La acción de participar no se debería limitar al momento del diagnóstico y olvidarse luego, optando por una ejecución donde primen los criterios prácticos, como el que subyace en la frase «no vamos a andar consultando cada decisión con la gente», el argumento de que «como tenemos prisa, tomemos las decisiones y, en todo caso, las validamos más adelante con la gente» o la auto-justificación «yo, como técnico/a, se lo que es mejor para ellos/as».

Participación con respecto al género:

A continuación, se ofrece una exposición de los cuatro criterios de calidad considerados complementarios: liderazgo y fortalecimiento de la comunidad, igualdad de género, innovación y transferencias. Se introducen preguntas que pueden servir para un chequeo acerca de cómo las mismas afectan a la posición de las mujeres.

Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad

Tal como lo define el Concurso Hábitat, el liderazgo consistiría en iniciativas que inspiren actividades innovadoras, fomenten cambios, incluyendo cambios en las políticas públicas; habilitación de la gente, barrios y comunidades e incorporación de sus habilidades; aceptación y respuesta a la diversidad social y cultural; posibilidad de intercambio, transferencia y aplicación de experiencias y medidas adecuadas a las condiciones y niveles de desarrollo locales.

López-Zafra y García-Retamero (2009) han resumido los enfoques teóricos para explicar el reducido número de mujeres en posiciones de liderazgo. Han señalado que las mujeres están especialmente infrarrepresentadas en aquellos roles que implican autoridad sobre otras personas respecto a la toma de decisiones y a la capacidad de decisión sobre los salarios o las promociones en las organizaciones. Además, tienen especiales dificultades en acceder a puestos de dirección, sobre todo si es un ámbito no congruente con el estereotipo de género femenino[22].

Liderazgo con respecto al género:

Igualdad de género

El concepto de género se refiere a una construcción social que diferencia los roles, responsabilidades, condicionantes, oportunidades y necesidades de hombres y mujeres en un contexto determinado. Como toda construcción social el género es un proceso contingente y cambia a lo largo del tiempo. El análisis de las relaciones de género hace hincapié en la desigualdad en las relaciones de poder y el acceso a los recursos y las oportunidades vitales.

El concurso selecciona iniciativas que acepten y respondan a la diversidad social y cultural, promuevan la igualdad y equidad social, por ejemplo en los ingresos, género y edad, condiciones físicas/mentales y reconozcan y valoren las distintas capacidades.

Se proponen las siguientes preguntas de chequeo.

Igualdad de género:

Innovación

Los procedimientos y soluciones habituales de la lucha contra la exclusión suelen reproducir modelos que no contemplan la complejidad, diversidad y dinamismo de los factores que la afectan. Por esta razón, son necesarias actuaciones creativas y originales, que den respuesta a estos fenómenos y sirvan de modelo para otros contextos. La innovación no sólo se refiere a los procedimientos y soluciones, sino también a las problemáticas que atienden. Este último aspecto es fundamental ya que uno de los problemas de la exclusión es que muchas veces sus causas se encuentran ocultas o no aparecen en las agendas públicas.

Desde el punto de vista genérico del concurso, este criterio mide cómo se han enterado y beneficiado otros de la iniciativa. También valora los medios usados para compartir o transferir conocimientos. El chequeo del factor del género es pertinente también en este tema, puesto que ningún cambio y ninguna innovación es neutral; pueden producir o modificar un esquema de vencedores y perdedores.

Innovación con respecto al género:

Transferencias

Este criterio trata de iniciativas que conlleven un impacto tangible resultante de la transferibilidad de ideas; cambios en políticas o prácticas resultantes y sostenibilidad de la transferencia como parte de un proceso continuo de aprendizaje.

Una buena práctica es replicable en la medida en que permite la transferencia de conceptos y metodologías, y que estos se pueden adaptar a otros contextos. Es decir que puede servir como referencia a otras organizaciones o personas para aprender de ella y adaptarla a sus propias condiciones. Para esto es necesario que la información sea accesible, que la explicación sea clara y que el problema que aborde sea de interés en otros ámbitos.

Transferencia con respecto al género:

Conclusiones

La crisis social está caracterizada por un incremento constante de las personas en situación de vulnerabilidad social, desempleadas, en riesgo de pobreza y de exclusión social. Muchos esfuerzos se están concentrando en proyectos paliativos, de atención a las manifestaciones de la pobreza, que satisfacen necesidades humanas, de carácter urgente, como el techo, los alimentos o el vestido. Sin duda, son imprescindibles para evitar un empeoramiento de la situación. Sin embargo, en este artículo se ha pretendido llamar la atención sobre la necesidad de seguir asignando recursos también para actuaciones integrales y transformadoras.

Para que una práctica pueda ser incidente, más allá de los objetivos planteados y los resultados logrados, deberá ser socialmente estratégica, en tanto que la exclusión es un fenómeno estructural. La práctica en cuestión deberá incidir en el debilitamiento de los factores que la generaron. Asimismo, dicha actuación deberá ser concebida y diseñada desde una visión integral encaminada a combatir la complejidad de las situaciones de exclusión.

Un criterio básico para definir una buena práctica de inclusión social se refiere a la necesidad de que las actuaciones en cuestión aboguen de una forma definitiva por procesos que capaciten a las personas, huyendo de las actuaciones exclusivamente asistenciales, con un enfoque de arriba-abajo. La crisis actual y el crecimiento incesante del número de personas en situaciones de vulnerabilidad social no deberían servir de excusa.

Otro criterio no menos fundamental es que se considere al género como un eje transversal de desigualdad, particularmente en combinación con la edad, el origen, el estatus socioeconómico y el entorno espacial. Estos factores se caracterizan por incrementar las condiciones que provocan la exclusión en los diferentes ámbitos de intervención (laboral, formativo, etc.) o territorios (rurales o urbanos).

Combatir la desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres en términos de acceso a derechos y a recursos es clave para lograr una sociedad con mayor cohesión. Los datos estadísticos demuestran que, si no se atajan dichas brechas con políticas de promoción y capacitación para mejorar la igualdad de oportunidades y erradicar la discriminación, la desigualdad no sólo tiende a perpetuarse, sino también a multiplicarse.


Notas


[1]: Doctora en Historia Económica. Es Investigadora y Consultora sobre Vulnerabilidad Social, Políticas Sociales e Inmigración. Miembro del grupo de Expertos en el IX Concurso Internacional de Buenas Prácticas del Comité Hábitat en el área temática de «Género y Lucha contra la Exclusión Social».
[2]: EAPN, An EU Worth Defending. Beyond Austerity to Social Investment and Inclusive Growth EAPN analysis of the 2012 National Reform Programmes (NRPs) and National Social Reports (NSRs). Consultado en http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2012-eapn-nrp-report-en.pdf el 22 de septiembre de 2012.
[3]: Este Tratado también es conocido por su nombre en inglés, Fiscal Compact. Texto en http://european-council.europa.eu/media/639250/02_-_tscg.es.12.pdf consultado el 29 de septiembre de 2012.
[4]: Boletín Oficial del Estado, no 178, jueves 16 de julio de 2012, Sec. I., pág. 53541. Consultado en http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf el 27 de septiembre de 2012.
[5]: EUROSTAT. News-release, 21/12, 8 February 2012, «At risk of poverty or social exclusion in the EU27. In 2010, 23% of the population were at risk of poverty or social exclusion and 27% of children aged less than 18». Consultado el 23 de septiembre de 2012. Disponible en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/EN/3-08022012-AP- EN.PDF
[6]: Comisión Europea, «Recomendación del Consejo sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015», Bruselas, 30 de mayo de 2012. COM(2012) 310 final, página 5.
[7]: Según el informe de la Fundación Foessa para LaCaixa Proinfancia, en 2011 cerca de 30.000 familias con niños pasan hambre en España; la mitad de las personas pobres ya no podían comprar medicamentos, ni seguir ningún tratamiento médico. Cuatro de cada diez personas vivían con menos de 8.000 euros al año, y 60.000 menores de edad habían pasado o pasan hambre con frecuencia, lo que significa que no comen casi nada durante el día y no cenan nunca por la noche. Las familias monoparentales, especialmente de mujeres solas con hijos, y las formadas por un cabeza de familia menor de 44 años, sin estudios y en paro, son las más precarias y proclives a caer en situación de exclusión severa.
[8]: «Más de 9,47 millones marcaron la casilla de Fines Sociales de IRPF». Madrid, 15 de marzo de 2012. Disponible en http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mas- 94-millones-marcaron-casilla-fines-sociales-irpf-20120315135330.html, consultado el 11 de mayo de 2012.
[9]: Convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Fresno, José Manuel y Andrea Tsolakis (2011), Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. Propuestas para mejorar la financiación pública del Tercer Sector de Acción Social. Plataforma de ONG de Acción Social.
[10]: De todos modos, la convocatoria de proyectos sociales que se realiza con un porcentaje importante de esos fondos no ha variado demasiado: en 2011 repartió 105.123.880 millones. En 2012, el monto total asciende a 104.973.880,00 (es decir, un 0,14% menos). Datos de: Boletín Oficial del Estado, No113, jueves 12 de mayo de 2011, Sec. III., pág. 48435, disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8333.pdf consultado el 2 de septiembre de 2012 y Boletín Oficial del Estado, No 235, miércoles 6 de junio de 2012, Sec.III, pág. 41168, disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/06/pdfs/BOE-A-2012-7574.pdf consultado el 30 de septiembre de 2012.
[11]: El 40,9% de la Obra Social de las Cajas se destinó a los Servicios de Asistencia Social y Sanidad en 2009. Las Cajas han sido vitales para la financiación de muchas entidades del Tercer Sector de Acción Social, ya que apoyan 2 de cada 10 de sus programas. Esta concertación implica la mejora del bienestar de millones de personas, a través de sus cuatro líneas de actividad. Muchos ciudadanos españoles, especialmente en el medio rural, carecerían de numerosos servicios asistenciales y verían prácticamente imposibilitado su acceso a la cultura, si cesara esta financiación. Fuente: Memoria 2009, Confederación Española de Cajas de Ahorro.
[12]: En España, si una empresa decide aportar 10.000 euros a un proyecto impulsado por una entidad sin ánimo de lucro, puede deducirse el 35% de la aportación (el coste real para la empresa habrá sido de 6.500 euros). Si esto mismo lo hiciera en Francia, con el mismo coste neto, esta empresa hubiera podido aportar casi el doble. En España, las donaciones individuales desgravan un 25% del IRPF y un 35% del impuesto de sociedades, si se trata de empresas, mientras que en Francia estas condiciones son el 66% y el 60% respectivamente. En el caso de EE.UU., las aportaciones filantrópicas pueden desgravar hasta el 100% de la donación. Jordi Camí, ¿Cómo debe reformarse la Ley de Mecenazgo, en La Vanguardia, 10 diciembre de 2009, disponible en http://www.lavanguardia.com/vida/20091210/53842277826/ como-debe-reformarse-la-ley-de-mecenazgo.html, consultado el 4 de julio de 2012.
[13]: Según datos del informe Los ingresos de las ONG de acción social: situación actual y expectativas, de la Fundación Empresa y Sociedad.
[14]: Más información en la web de la Federación Española de Bancos de Alimentos: http://www.fesbal.org/
[15]: Estos programas son: distribución de alimentos, lotes de emergencia social, vestuario y enseres, la puesta en marcha de puntos de información sobre empleo o las ayudas económicas de carácter puntual. Fueron más de 325.000 personas en situación de extrema pobreza y exclusión social, 100.000 más que el año anterior, a través de acciones como las Unidades Móviles de Emergencia Social (UMES)—con cargo al IRPF—, la atención psicosocial, los Centros de Acogida, los Servicios de Emergencia Social, la prevención de la exclusión escolar, las prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas o el soporte a familias en riesgo de exclusión. Datos del Coordinador de Cruz Roja España en la presentación del Boletín no 5 sobre Vulnerabilidad Social, marzo de 2012.
[16]: El término género hace referencia a la construcción social de mujeres y hombres, a la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones sociales que varían a lo largo del tiempo, el espacio y las culturas. Cuando hablamos de género nos referimos a un sistema de relaciones sociales que establece normas y prácticas sociales para los hombres y las mujeres y a un sistema de relaciones simbólicas que proporciona ideas y representaciones. El análisis de las relaciones de género hace hincapié en la desigualdad en las relaciones de poder y el acceso a los recursos y las oportunidades vitales. A pesar de que a veces los términos sexo y género se utilizan indistintamente, es importante distinguirlos claramente, porque conceptualmente son diferentes. María Caprile (2012) Guía práctica para la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la investigación. Fundación CIREM.
[17]: Análisis de la Fundación Lealtad, disponible en http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/medios/detalleNoticia?idNoticia=1851&idTipoNoticiaSelec=-1&fechaSelec- cionada=. Consultado el 12 de septiembre de 2012
[18]: Se debe distinguir entre los conceptos de sexo y género. Sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras que género es una construcción social que diferencia los roles, responsabilidades, condicionantes, oportunidades y necesidades de hombres y mujeres en un contexto determinado.
[19]: http://www.ine.es/ss/Satellite?param1=PYSDetalleGratuitas&c=INEPublicacion_C&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&cid=1259924822888&L=0
[20]: http://www.msps.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/informes/docs/Enero_2012.pdf
[21]: En 2010 se cambia la denominación de la línea por Género y Lucha contra la Exclusión Social.
[22]: López-Zafra, Esther y R. García-Retamero (2009): Causal attributions about feminine and leadership roles. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 492-509.


Edición del 28-septiembre-2013
Revisión: Rebeca Fernández Yunquera
Boletín CF+S > 55: Noveno Catálogo de Buenas Prácticas Españolas > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n55/agmal.html   
 
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