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Boletín CF+S > 55: Noveno Catálogo de Buenas Prácticas Españolas > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n55/aejim.html   
De la encrucijada energética, de los retos globales y de las buenas prácticas locales
Enrique Jiménez Larrea[1]
Madrid (España), Septiembre de 2013.


Índice General

 

La encrucijada energética

La implantación de la máquina de vapor a fines del siglo XIX en Inglaterra, un dispositivo que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica mediante la combustión de unas fuentes de energía fósiles, (carbón y, años después, derivados del petróleo), sedimentadas en la tierra a lo largo de millones de años, impulsó un desarrollo extraordinario de los principales países de Europa y de los Estados Unidos, e implantó un nuevo modelo económico planetario indisolublemente vinculado al consumo de esas fuentes de energía, un modelo económico que cada vez necesitará más energía para mantener ese crecimiento.

El incipiente desarrollo social y político de las naciones con importantes recursos en fuentes de energía fósil y el acelerado desarrollo tecnológico de los países ricos conformaron un modelo de producción de los recursos fósiles que permitiría un consumo energético masivo, y a bajos costes, a los países más desarrollados (aún hoy, en los países de la OCDE 4.347 ktep. por habitante, frente a los 1.400 de Oriente Medio y 1.245 de América Latina y Caribe, por ejemplo), creándose una falsa ilusión sobre la garantía de suministro.

La creciente y exponencial demanda de energía de los países emergentes, que ha sucedido a un proceso acelerado de la internacionalización de la economía mundial de los últimos decenios, ha puesto en evidencia al mundo el carácter limitado de las fuentes de energía, principalmente de los hidrocarburos, con interrupciones abruptas de suministro a lo largo del pasado siglo por razones geopolíticas (shocks de oferta), económicas (por los costes crecientes de extracción y transformación) y financieras (por la caracterización de los mercados de hidrocarburos).

Se ha constatado, además, y de forma indiscutible para la comunidad científica, que la combustión de carbón, de gas natural y de los derivados del petróleo a los niveles actuales produce gases de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera es la principal amenaza de un cambio climático acelerado en el presente siglo.

Se prevé que la demanda mundial de fuentes de energía fósil (carbón, gas natural y petróleo) y sus emisiones en GEI asociadas crecerá en los próximos decenios de forma muy importante, principalmente en países emergentes como China, India, Oriente Medio y Brasil, y, aunque se contempla una cierta estabilización en la demanda de esos países para el segundo tercio de siglo, el 80% del incremento de la demanda de energía del conjunto del planeta seguirá procediendo de fuentes fósiles (carbón, gas natural y petróleo). La energía nuclear y las renovables no cubrirán en el mejor de los casos más allá del 20% de la demanda.

El incremento de las emisiones de GEI harían elevar la temperatura del planeta por encima de los 2o centígrados en este siglo.

El incremento de la producción de gas y petróleo se irá concentrando en pocos países (Arabia Saudí, Irak, Venezuela, Emiratos, Kuwait, Nigeria, Rusia, etc.) geopolíticamente inseguros. El petróleo tendrá que proceder de pozos de petróleo no convencional y del petróleo convencional aún no descubierto, principalmente de origen off shore (prospecciones en aguas de mares profundas, circulo polar ártico, etc.), con rangos de producción decrecientes en relación a las series históricas y con evidentes techos para los próximos decenios.

El suministro del gas y del petróleo estará muy concentrado a escala mundial. La mayor parte de la propiedad de las fuentes estará cada vez más en manos de entidades y organismos controlados por Estados soberanos y/o explotados por grandes corporaciones concesionarias, públicas y privadas, con gran capacidad técnica y financiera, quienes, junto con el resto de operadores petrolíferos (suministradores de maquinas y tecnología, transporte, refino y distribución) y gasísticos (redes de transporte, plantas de tratamiento y distribución) y los agentes de los correspondientes mercados, determinarán la oferta y los precios energéticos.

El suministro eléctrico seguiría un modelo similar en todos los países: grandes centrales de generación (alimentadas de carbón, gasóleo, gas natural y uranio), operadas por compañías nacionales muy alejadas de los centros de consumo (ciudades y centros productivos), a los que se suministrará energía mediante extensa e ineficientes redes de transporte y distribución.

Al crecer la demanda y sus costes de producción y transporte, los precios energéticos serán crecientes y harán a los países con menor nivel de autoabastecimiento, con sistemas económicos menos descarbonizados o más dependientes del transporte mucho más vulnerables.

En los próximos cincuenta años la población mundial crecerá aproximadamente un 55%, según últimos datos de previsiones de población mundial de las Naciones (a un ritmo anual del 1,2% ó 77 millones de personas al año). Para equilibrar este crecimiento, se necesitaría que el producto nacional bruto mundial crezca al menos en un 55% para el año 2050. Y la energía, factor que siempre acompaña intrínsecamente al desarrollo económico, tendría que crecer aún más dado el bajo punto de partida de accesibilidad al consumo energético (cerca de 1.500 millones de personas no tienen acceso a la electricidad, básicamente en África y Asia). Habrán de destinarse en todo el mundo cuantiosos recursos financieros en nuevas centrales de generación y redes eléctricas y en infraestructuras de petróleo y gas para garantizar esa demanda energética.

Todas estas tendencias plantean serios problemas. En primer lugar, la posibilidad de agotamiento de los recursos energéticos fósiles ¿Podrá el conjunto del planeta continuar ‘creciendo’ sin disponer de los recursos que han permitido el desarrollo actual? ¿Serán asumibles las tensiones geopolíticas que se producirán en el proceso de agotamiento de estos recursos? En segundo lugar está el problema de los costes. Y no se trata exclusivamente de los costes monetarios y financieros, sino del precio que se puede llegar a pagar en términos sociales y ambientales.

A pesar de estas perspectivas, y de las advertencias que desde los años setenta se vienen haciendo acerca del agotamiento de los recursos del planeta y la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, el mundo no ha dejado de utilizar sus recursos energéticos, con una intensidad creciente y de forma ‘apalancada’ al crecimiento, de forma inviable e insostenible.

No es difícil de entender que con esta perspectiva los Organismos Internacionales, como Naciones Unidas o la OCDE y sus Agencias, fijen, como orientación básica para una transición energética hacia otro modelo energético viable, la imperiosa necesidad de reducir el consumo energético y la máxima diversificación de las fuentes de energía.

Para la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el objetivo de limitar el aumento de temperatura global media a 2oC al 2050 sólo se puede conseguir con una contención del crecimiento anual de la demanda de energía primaria (petróleo y carbón, básicamente), un incremento sustancial de las fuentes de energía renovables (de más del 10% anual), una mejora sostenida de la intensidad energética (ahorro y eficiencia energética), atribuyendo a éste último factor, el 40% de aquél objetivo.

Orientaciones como las de la AIE tienen alcance muy limitado incluso a nivel planetario por la ausencia de una gobernanza internacional y la insuficiencia y limitaciones de los marcos y compromisos internacionales. Un ejemplo claro es el Protocolo de Kioto (2005), adaptado en sede de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), que adoptó medidas, con vínculos jurídicos, para reducir en al menos un 5% en promedio las emisiones entre 2008 y 2012, hoy día con dificultades para establecer un régimen vinculante para después de 2012 (COP 16. Cancún, México. Diciembre del 2010).

A este nivel, la Unión Europea, además de su tradicional papel en política energética, orientada al desarrollo del mercado interior (liberalización del sector) y a una política exterior conjunta de seguridad energética, pretende jugar un papel de liderazgo mundial fijando (en 2007) objetivos vinculantes al 2020 para los Estados Miembros en materia de reducción de emisiones GEI (-20%), de participación de las energías renovables en el uso final de la energía (20%) y en el fomento de la eficiencia energética y del ahorro (+ 20%). Estos objetivos, en su día ambiciosos, hoy se consideran insuficientes para alcanzar los objetivos deseables para 2050, y está en discusión una nueva hoja de ruta que revisaría al alza los objetivos a 2020 para garantizar la contención del cambio climático por debajo de los 2oC y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y un 90% para 2050, mediante un impulso ambicioso de las tecnologías hipocarbónicas en los sectores de la generación eléctrica, de la edificación, del transporte, de la industria y de la agricultura.

Aunque la actual crisis económica y financiera, que afecta especialmente a Europa, ha reducido la intensidad y visibilidad de esos objetivos que a medio plazo serán inaplazables.

La Unión Europea deberá restructurar y reorientar sus instrumentos financieros y mecanismos de apoyo para respaldar los instrumentos e inversiones necesarias para promover la transición hacia una economía hipocarbónica, tomando en consideración las características específicas de los distintos sectores, países y regiones.

Las ciudades

¿Cuál debería ser el papel de las ciudades y de las colectividades locales y de sus gobernantes en esta encrucijada energética?

En el futuro el planeta será urbano debido a la urbanización masiva y al crecimiento sin precedentes de las ciudades, principalmente de Asia y África.

Las ciudades acogerán a la mayoría de la población mundial (en 2050 la población urbana alcanzará el 66%, con 6.500 millones de personas, aproximadamente), y constituirán los nodos centrales de las principales redes de producción, distribución, redistribución y consumo.

Es una tendencia irreversible y con grandes desafíos globales en materia alimentaria, de vivienda, de cohesión social y de igualdad, de infraestructuras y servicios, de seguridad, de gestión medioambiental en agua y residuos y de abastecimiento energético, pues la demanda de energía crecerá exponencialmente.

Esos desafíos serán de distinta escala y alcance para las nuevas mega ciudades de los países emergentes (China, Brasil, India, Arabia Saudí), para las grandes urbes actuales de países en desarrollo (África mediterránea, Sureste Asiático, México), para las concentraciones urbanas de los países pobres (de África, Asia y América Latina) y para las ciudades de los países desarrollados. Pero no nos engañemos en un mundo globalizado e interrelacionado, los fracasos locales se traducirán, sin duda y cada vez más, en enormes riesgos para el resto del mundo.

Pero las ciudades emergen también como actores imprescindibles para impulsar cambios en los modelos y sistemas energéticos, al constituir centros de innovación y de difusión de nuevos valores y disponer de capacidades y recursos económicos, de gestión, y de proximidad social, con gran capacidad de transformación.

En España, las ciudades absorben el 75% de la energía consumida, de la que el 40% corresponde a los llamados sectores difusos: la residencia, los servicios y el transporte.

El sector residencial y de los servicios representa casi un tercio del consumo final (gas y electricidad, básicamente), con una demanda superior a la industria. El mayor consumo de los edificios se destina a calefacción, agua caliente sanitaria, motores domésticos e iluminación, y su consumo eficiente dependerá del aislamiento, de sus instalaciones térmicas y de iluminación y de la eco-eficiencia de los equipos de usos finales.

Aunque el consumo anual residencial es inferior a la media de la UE por razón de su climatología, la mayor parte de la edificación existente ha sido construida entre los años sesenta y la actualidad, y tiene importantes ineficiencias energéticas. La rehabilitación de edificios no despega y apenas alcanza el 0,2% del parque total.

El sector residencial representa un tercio de las emisiones de CO2, procedente de la generación eléctrica en cabecera y de la combustión de gas natural y gasóleo en el consumo doméstico.

La movilidad urbana y metropolitana, que representa más del 16% del consumo total y más de un tercio de las emisiones, se caracteriza por un constante crecimiento del vehículo privado para personas y mercancías y por un estancamiento del transporte colectivo (cercanías, bus y metro), tendencias están muy arraigadas en nuestro país y todo indica que para muchos años.

La energía no se ha considerado por los actores locales y gestores de las ciudades como un elemento transversal y decisivo. Los resultados de esta carencia se ven reflejados en el panorama que hoy ofrecen nuestras ciudades desde el punto de vista energético:

Tras las recientes décadas se hará necesario recuperar modelos y lógicas urbanas estructuralmente sostenibles en las que se contemple la variable energética de una forma decisiva:

El desarrollo de estas empresas pasará por la posibilidad de medir todo tipo de consumos y de gestionar óptimamente la oferta/demanda mediante sistemas flexibles de control y regulación.

A modo de conclusiones

La encrucijada energética, que hemos descrito de forma muy esquemática y con una cierta intención prospectiva, nos llevará a la imperiosa necesidad de profundos cambios a medio plazo. Cambios en los modos de entender el desarrollo humano en su relación con los equilibrios biofísicos básicos del planeta y con la huella que deja la actividad humana, cambios en la forma de consumir los recursos, cambios en las pautas y modos de orientar el crecimiento y las actividades económicas, cambios en la jerarquización de las prioridades de la gobernanza en todos los niveles y cambios en los hábitos de consumo de bienes y servicios.

Estos cambios deberían producirse de forma anticipada a los impactos derivados de las crisis (los precios de las diferentes fuentes de energía serán determinantes), pero lo más probable es que se irán produciendo al arrastre de los acontecimientos, generalmente de forma reactiva a las crisis que irán surgiendo a lo largo del presente siglo. Se reaccionará tarde y mal.

Los organismos internacionales son muy conscientes de los riesgos y de los cambios globales ineludibles.

Las respuestas, los ritmos e intensidad de los cambios que acometan los gobiernos nacionales frente a las tensiones geopolíticas y los crecientes precios de la energía, que afectarán directamente a sus economías y sus niveles de competitividad en el medio y largo plazo, serán dispares, dependerán de la capacidad de liderazgo, lucidez y voluntad política de los gobernantes, así como de factores más estructurales de cada país, tales como su posición geoestratégica y su grado de conectividad energética con otros sistemas foráneos, los recursos energéticos autóctonos, la estructura de generación y de distribución heredada, el tipo y tamaño de las empresas energéticas y su eventual influencia en las decisiones de los reguladores, el funcionamiento de los mercados energéticos, la estructura económica (composición del PIB), el balance de los consumos energéticos finales, la cultura y los hábitos de los consumidores, etc.

Esos cambios deberían hacerse de forma pautada y sostenida, apostando decididamente por altos niveles de ahorro y eficiencia energética y por la implantación progresiva de sistemas descentralizados de generación con fuentes renovables (generación distribuida), más cercanos a los centros consumidores, gestionados de forma inteligente e integrada con los sistemas convencionales, que coexistirán durante mucho tiempo para suministrar a grandes consumidores.

En éste sentido, como hemos descrito, el papel de las ciudades y de las colectividades locales será fundamental.

Resultará imprescindible extender la concienciación a los responsables politicos locales del diseño y aplicación de esas políticas en los ámbitos locales y urbanos por el importante papel que pueden desempeñar para la consecución de esos objetivos.

En este sentido, los organismos internacionales deberán seguir propiciando la puesta en práctica y la difusión de políticas y actuaciones en los ámbitos urbana y local con una visión integrada, coherente y transversal de las cuestiones energéticas.

Por último, de se deberá fomentar el diálogo social para afrontar esos retos energéticos.

Será necesario invertir en conocimiento, concienciación y participación de toda la sociedad en los ámbitos energéticos y medioambientales para acelerar las respuestas y asumir los esfuerzos colectivos necesarios para ir cambiando nuestro modelo energético.


Notas


[1]: Abogado, especialista en derecho administrativo, urbanismo y medioambiente. Miembro del grupo de Expertos en el IX Concurso Internacional de Buenas Prácticas del Comité Hábitat en el área temática de «Bioclimatismo»


Edición del 29-septiembre-2013
Revisión: Rebeca Fernández Yunquera
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