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Boletín CF+S > 54: La ciudad a escala humana. XII Congreso Anual N-aerus > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n54/amcas.html   
Producción y gestión habitacional de los pobladores. La autogestión de vivienda en Peñalolén y La Pintana, Santiago de Chile [1]
María José Castillo Couve [2]
Madrid (España), 21 de octubre de 2011.
Resumen: El artículo trata de las organizaciones autogestionadas de vivienda en el contexto de la política habitacional chilena, caracterizada por la construcción masiva de vivienda social en la periferia urbana. Una nueva política de 2006 incorpora un subsidio de localización que permite la compra de suelo urbano en las comunas pericentrales, donde buscan quedarse los pobladores sin casa, y crea la figura de las empresas de gestión, públicas o privadas, para asesorar a los postulantes a los programas habitacionales del Estado. Se analizan los únicos dos casos en Santiago donde los pobladores crean empresas de gestión y construcción que les permiten llevar adelante sus proyectos dentro del marco normativo y financiero estatal. Estos son el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), en la comuna de Peñalolén, y el Movimiento Pueblo sin Techo (MPST), en la comuna de La Pintana, ambos constituidos en 2006. Estas organizaciones ven la autogestión como un camino alternativo para evitar la marginación social y satisfacer sus necesidades de vivienda y localización, al margen de la oferta que les hace el modelo económico de vivienda social, representado por la especulación del suelo y el lucro de las empresas constructoras. Los pobladores se definen como productores de ciudad y no como beneficiarios de programas sociales, para lo cual establecen dos estrategias principales: la autogestión y la transformación de la institucionalidad política. Sus objetivos alcanzan una envergadura urbana, social, productiva y política, más allá de la mera consecución de proyectos de vivienda. A cinco años de su creación, los movimientos han logrado introducir cambios en planes urbanos y programas habitacionales y construir su primer proyecto en cada una de las comunas, aunque todavía está pendiente la realización de un ciclo completo de autogestión.

  

Palabras clave: Vivienda social; autogestión; participación desde abajo; política habitacional; segregación.


Índice General

 

1 Política habitacional chilena, gestión vecinal y autogestión

La política habitacional chilena de los últimos 20 años[3] se ha caracterizado por una producción masiva de vivienda social, financiada por el Estado mediante subsidios habitacionales y construida por empresas privadas en la periferia urbana. Fue una política de financiamiento a la vivienda considerada exitosa puesto que disminuyó el déficit habitacional de 1.000.000 de viviendas en 1990 (MINVU, 2004) a 360.000 en 2010[4] (Ahumada, 2009), además de absorber el crecimiento vegetativo de la población. En Santiago, sin embargo, esta política tuvo efectos negativos, como la desintegración social, producto de la expulsión de los sin casa fuera de la ciudad, con la consecuente dificultad para mantener sus redes sociales y la obligación impuesta a los pobres de vivir en casas de mala calidad ubicadas en barrios que se degradan aceleradamente.

A finales de los 90, estos problemas hacen que se cuestione el modelo de gestión promovido por el gobierno. Los pobladores allegados[5], establecidos en las poblaciones formadas en los años 60 y 70, en la actualidad barrios pericentrales, inician una demanda por una buena localización y una mejor calidad de las viviendas, lo que se manifiesta de forma masiva en la toma de Peñalolén en 1999[6].

1.1 Nueva política de Lagos

El gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) crea un nuevo programa, el Fondo Solidario de Vivienda (FSV)[7], para hacer frente a otros problemas detectados: alta morosidad en el pago de las deudas hipotecarias y débil focalización de los programas. El FSV permite a los más pobres acceder a una vivienda de 30 m2 ampliable a 50 m2, financiada con un ahorro muy pequeño de las familias y un subsidio estatal significativamente mayor que el de los programas anteriores, sin crédito hipotecario ni deuda. La demanda por la vivienda crece, y junto con ella la presión de los allegados, organizados en comités de vivienda, por quedarse en sus comunas de origen y no ser trasladados a la periferia: «Aquí crecimos, aquí nacimos y aquí nos queremos quedar» (Rafael Soto, 2010[8]). En efecto, el principal problema sigue siendo la construcción de vivienda en la periferia, donde el valor del suelo es menor, y la consecuente segregación urbana. Entre 2003 y 2006 hay varias movilizaciones e intentos de toma por conseguir suelo en comunas pericentrales: «Nosotros somos parte de una generación de allegados que el año 2005 empezó a movilizarse en distintas comunas dado este fenómeno que se venía dando (de expulsión de los allegados a la periferia)».

1.2 Nueva política de Bachelet

El resultado es que el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) introduce un subsidio complementario de localización para financiar el mayor costo de los terrenos en estas comunas, y aumenta el subsidio del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) para mejorar la calidad de las viviendas. Además de estos ajustes, incorpora otros programas que conforman una nueva política habitacional, mediante los cuales se crea la figura de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). Estas Entidades de Gestión son agencias, con o sin fines de lucro, encargadas de dar asesoría especializada para guiar y respaldar a las personas que postulen a los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)[9].

En este nuevo escenario, los pobladores organizados se preparan para participar activamente en los programas de vivienda y barrio y para realizar proyectos habitacionales en las comunas donde residen, utilizando el subsidio de localización para comprar terrenos. En este proceso van apareciendo las incongruencias de los nuevos programas, tales como la dificultad administrativa de implementación y la dificultad para comprar suelo urbano. Entre las estrategias utilizadas por los pobladores para participar en la producción de vivienda conforme al esquema estatal se distinguen dos:

La gestión vecinal:

La primera es masiva y corresponde a lo que llamamos gestión vecinal. Los dirigentes de Comités de Allegados se transforman en gestores vecinales de vivienda, supliendo así los vacíos que deja el modelo privado de las EGIS, y colaboran en la implementación de las políticas sociales del gobierno. Estos dirigentes compran terrenos urbanos, asesoran a los vecinos, median entre ellos y las instituciones y coordinan acciones con los organizadores de la demanda y el gobierno local o central —tareas que las empresas especializadas pagadas por el Estado no asumen. El trabajo que realizan estos gestores vecinales es un eslabón fundamental para el acceso a la vivienda y, sin embargo, es poco reconocido por el municipio y prácticamente ignorado por el gobierno central.

La autogestión vecinal:

La segunda estrategia es incipiente (sólo conocemos dos casos en Santiago), y consiste en la autogestión de proyectos financiados con programas estatales. En el marco de la nueva política habitacional, la creación de inmobiliarias sociales y empresas constructoras de los pobladores permitiría controlar los fondos para aumentar la calidad de las viviendas y mejorar la localización. Estas organizaciones deciden actuar «por dentro y por fuera» de la institucionalidad vigente (Guzmán, 2009), es decir, buscan realizar sus propios proyectos de vivienda, mediante la creación de instrumentos de autogestión para participar en los programas habitacionales estatales y, al mismo tiempo, llevar adelante procesos que apunten a una transformación integral de la construcción del hábitat popular. Estos movimientos autogestionados de pobladores recurren tanto al trabajo formal, según los procedimientos oficiales, como a la movilización, que sirve de mecanismo de presión en momentos determinados: «con la ley hasta donde sirva, y la violencia cuando sea necesaria» (MPL, 2011:16).

Los movimientos autogestionados combinan un proceso de mejora de las condiciones de vida de los pobladores —una vida digna mediante la práctica de la autogestión del hábitat popular— con una estrategia de transformación política para hacer frente a la marginación social y económica —la construcción de poder popular mediante la creación de instrumentos políticos: «el objetivo no es sólo la vivienda, sino el poder y la capacidad de difundirlo en cada calle y pasaje de las poblaciones del país» (MPL, 2011).

2 Movimiento Pobladores en Lucha y Movimiento Pueblo sin Techo

Ambos movimientos de autogestión, el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) y el Movimiento Pueblo sin Techo (MPST), surgen como consecuencia de la experiencia de las tomas de Esperanza Andina, en 1992, y de Nasur, en 1999, en Peñalolén. Provienen del Movimiento de Allegados en Lucha de Peñalolén (MA-Lucha), formado en 2003 por dirigentes de vivienda de la comuna y de las dos tomas, y desde sus inicios se plantean como meta una vida digna para los sin casa, mediante la lucha, la autogestión y la educación popular.

2.1 Creación del MPL y del MPST

El Movimiento Pobladores en Lucha (MPL) se forma en Peñalolén en julio de 2006, con miembros de los Comités de Allegados Lucha y Vivienda y con dirigentes del MA-Lucha, tras protagonizar tres intentos de toma duramente reprimidos a comienzos del gobierno de Bachelet. El sector del MA-Lucha, liderado por Lautaro Guanca y compuesto por un grupo de militantes de las Juventudes Comunistas que más adelante renunciarán al partido, se organiza junto a otros dirigentes sociales en asambleas que agrupan a más de 350 familias (GUZMÁN et al., 2009; MPL, 2011).

  

El MPL nace el 18 de julio del 2006, el mismo día en que la presidenta anuncia la nueva política habitacional, que de nueva no tenía mucho, solamente suponía un aumento en los subsidios y la creación de uno nuevo que permitía comprar terrenos bien ubicados en términos urbanos. Eso era una reivindicación que nosotros veníamos levantando desde hacía tres años (desde 2003) como Lucha y Vivienda, como comité de allegados vinculado con varias organizaciones de vivienda de la comuna, y vimos en ese anuncio una síntesis del proceso de lucha y eso hizo que el Movimiento de Allegados en Lucha cambiara su nombre a Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL).

Lautaro Guanca, 2009[10]

En La Pintana, en cambio, el Movimiento Pueblo sin Techo (MPST) surge como iniciativa de los expresidentes del comité La Voz de los Sin Casa de la toma de Peñalolén, Alexis Parada y Sandra Oliva, que se retiraron del MA-Lucha tras las tomas de abril de 2006. En mayo de 2006 forman la Agrupación de Pobladores y Pobladoras Sin Techo (APST) con la idea original de apoyar procesos de vivienda en varias comunas (MPL, 2011) y formar un movimiento poblacional ligado a la vivienda, bajo el lema «nuestra lucha es más grande que la vivienda».

Su diagnóstico es que el Estado se ha desentendido de la construcción de vivienda asumiendo sólo un rol subsidiario, que el aumento de los subsidios sólo incrementa las ganancias de las empresas y no se materializa en mejoras de la vivienda, y que los trabajadores sin acceso al crédito no siempre acceden a la vivienda sin deuda debido a las imprecisiones de la Ficha de Protección Social[11] (APST, 2006), que mide la vulnerabilidad de las familias. A finales de 2006, la agrupación se divide y sus fundadores eligen la comuna de La Pintana como centro de operaciones para iniciar las acciones del Comité de Allegados Pobladores Sin Techo, formado el 22 de mayo de 2007.

Siempre la idea fue organizar un movimiento distinto en muchas cosas. No era solamente un comité para la casa, para conseguir una casa, sino un comité para una invitación a un cambio de vida, que no tiene que ver con que seamos pobres, con que estemos vinculados a la droga, a la delincuencia, al alcoholismo. Cómo cortamos esos lazos, cómo nosotros podemos demostrar que la pobreza no va ligada a eso.

Sandra Oliva, 2009[12]

Como los dirigentes no son de La Pintana y no tienen ningún vínculo previo con los vecinos, comienzan dándose a conocer con una campaña de difusión: «casa a casa, [repartiendo] volantes. La primera vez fueron 3.000 volantes casa a casa» (Oliva, 2009). Los conocimientos adquiridos durante la toma de Peñalolén y las negociaciones con el Estado les han proporcionado un conocimiento profundo del sistema habitacional, así como de las herramientas para la gestión de proyectos sociales de vivienda: «Yo creo que si no hubiese existido la toma de Peñalolén hoy día los subsidios no serían como son. Hoy día la gente no podría quedarse en su comuna si no se hubiese subido el subsidio» (Oliva, 2009).

El comité descubre que la calificación de vulnerabilidad de las familias les impide acceder al Fondo Solidario de Vivienda (FSV) del gobierno, lo que les conmina a emprender acciones colectivas para lograr cambios en el sistema de identificación de los candidatos. En 2007, los dirigentes, sumados a los dirigentes de otras organizaciones como el MPL, realizan manifestaciones en la Moneda en demanda de una revisión de los puntajes, que logran disminuir transitoriamente (Guzmán et al., 2009). Paralelamente deciden transformar el comité de vivienda en un Movimiento.

Dijimos no, no podemos, y ahí empezamos a formar también algo. Dijimos: tenemos que ser parte de algo más y unirnos con otro tipo de organización. Y ahí decidimos formar el Movimiento, como movimiento, o sea, ya no era un comité. El comité se llamaba Agrupación de Pobladores y Pobladoras Sin Techo (APST) y decidimos formar así el Movimiento Pueblo Sin Techo (MPST).

Sandra Oliva, 2009

El MPL y el MPST, aunque autónomos, son movimientos complementarios que se apoyan mutuamente y que más adelante conformarán, junto a otras organizaciones, la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo)[13], que negociará parte de la política habitacional con el gobierno de Sebastián Piñera (iniciado en 2010) en la coalición política de derechas Alianza por Chile.

2.2 De la localización y la calidad de la vivienda al derecho a la ciudad y a la ley general de vivienda

Los movimientos de autogestión van construyendo sus objetivos durante el desarrollo de sus proyectos de vivienda. Así, sus objetivos iniciales —quedarse en sus comunas de origen y construir viviendas de mayor calidad que las ofrecidas por el Estado— se van transformando y ampliando de acuerdo con los aprendizajes adquiridos. El desarrollo de los movimientos «es un conjunto planificado de prácticas en permanente tránsito que abre para los pueblos camino al andar» (MPL, 2011:18).

Para alcanzar el primer objetivo, quedarse en la comuna, los movimientos de autogestión inician una labor de búsqueda de terrenos. Más adelante, empiezan a cuestionar los instrumentos de planificación territorial, como los Planes Reguladores Comunales (PRC)[14] y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Teniendo claro que el problema se centra en el acceso a suelo, exigen que estos instrumentos se modifiquen en el sentido de garantizar una reserva de suelo destinado a la construcción de vivienda social.

El segundo objetivo, construir viviendas de mayor calidad, está directamente relacionado con la autogestión: sólo gestionando y construyendo sus propios proyectos, las organizaciones pueden convertir los beneficios que van a parar a las empresas constructoras «en más metros cuadrados o mejor calidad de la construcción y, por supuesto, en mejores terrenos, en particular en la comuna de Peñalolén» (Lautaro Guanca, 2008[15]). Una vez desarrollando sus propios proyectos, muy rápidamente advierten que la labor de asistencia técnica que realiza la EGIS requiere un conocimiento que ellos ya tienen. Así, deciden formar sus propias empresas constructoras y de autogestión inmobiliaria social. La autogestión, además, se vuelve una alternativa que permitiría invertir las utilidades consideradas en el ejercicio de la EGIS —recursos del Estado para asistencia técnica— en actividades de educación básica y política y en formación en autogestión para niños, adultos y dirigentes.

Junto con la decisión de formar sus empresas, estas organizaciones comienzan las colaboraciones y las movilizaciones con otros movimientos de objetivos similares, así como los convenios de asistencia técnica con estudiantes y profesionales comprometidos con la reivindicación del derecho a la ciudad. De esta manera, se van creando redes académicas y profesionales, y conquistando espacios políticos con el fin de lograr cambios sociales profundos. Según las declaraciones de los dirigentes del MPL, el derecho a la ciudad no se entiende como un discurso académico, sino como una práctica concreta en que los pobladores van ejerciendo su derecho a decidir sobre materias urbanas.

Nosotros decimos que las ciudades se pueden producir de modo distinto, otra ciudad es posible en tanto los pobladores sean sujetos protagónicos de ese proceso. El derecho a la ciudad tiene como principio la participación de cada uno de los habitantes sobre las decisiones que afectan a la ordenación urbana, el derecho a la ciudad no es más que tomar el destino de nuestra vida urbana en nuestras propias manos.

Henry Renna (Vega, 2011)

Los movimientos de autogestión plantean el derecho a la ciudad en base a sus dos elementos primordiales: la autogestión y la transformación de la institucionalidad política para acceder al suelo y producir vivienda. Con el horizonte —«nuestro sur»— puesto en la vida digna, se reivindica el derecho a la ciudad con la perspectiva de redactar una Ley General de Vivienda que discuta los desequilibrios urbanos en Chile y que proponga soluciones a la expulsión urbana y al problema de los sin casa. Todo esto requeriría una intervención legislativa sobre la propiedad privada y la creación de una empresa estatal para la construcción de vivienda.

Es un problema político que requiere una transformación política, particularmente, en una expresión legislativa, a través de la conquista de una Ley General de Vivienda. Es decir, en Chile no existe una ley que regule la producción de vivienda para sectores sociales. Nosotros creemos que así como hay una Ley General de Educación también tiene que haber una Ley General de Vivienda, que resuelva el problema del acceso a los suelos, que resuelva el problema de la construcción. Así como hay una Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estatal, tiene que poder existir una empresa de construcción estatal de vivienda.

Lautaro Guanca

Los movimientos de autogestión, sin embargo, sostienen que esta reivindicación se circunscribe únicamente al ámbito habitacional, que no considera una lucha amplia por la vivienda, por lo que mantiene la desigualdad en el espacio urbano, porque la aplicación intensiva de subsidios se concentra en unidades de vivienda localizadas en caseríos en la periferia, no en poblaciones[16] (Lautaro Guanca; MPL, 2011).

Pese a tener como objetivo una transformación de la política habitacional, se ha seguido construyendo con las ventanas de participación que ésta permite:

Para la ejecución de las viviendas tiene que haber una empresa estatal. En el proceso de tránsito nosotros creemos que es una sofisticación o un mejoramiento de estas unidades sociales de producción. Es decir, que las empresas constructoras de los pobladores proliferen, que se logre una normativa o decreto de carácter ejecutivo que mejore esa transferencia de fondos, que la billetera la administremos nosotros, que se pueda producir hábitat, que no es tan sólo la vivienda nueva, sino los barrios que ya existen.

Lautaro Guanca

En el caso del MPST, Alexis Parada explicita la relación entre el Comité de Allegados, que tiene un ciclo de participación acotado a la consecución de la vivienda, y el Movimiento de Allegados, adscrito a una lucha de largo plazo por el cambio de la Ley General de Vivienda:

Hay que entender que los pobladores van a un comité de allegados por el tema de la casa. [...] Y que la lucha por el cambio, yo quiero ser bien honesto, [...] la lucha por el cambio, insisto, de la Ley General de Vivienda, que no estemos al arbitrio del gobierno de turno, es una lucha larga. En ese proceso de lucha larga no podemos dejar de construir, porque la gente necesita. Si no, lo que vamos a acumular es montones de allegados por todos lados. Y sin lugar a dudas, construir tiene que ser bajo los márgenes de la política habitacional actual.

Alexis Parada, 2010[17]

Incluir la participación en la construcción de políticas públicas, más allá de las necesidades propiamente habitacionales, no es una idea nueva en el movimiento de pobladores, pero produce roces entre los que hemos llamado gestores vecinales y los dirigentes de movimientos autogestionados. Los conflictos aparecen, por ejemplo, en la discusión sobre los instrumentos de planificación territorial. Cuando la modificación de alguno de ellos satisface la demanda de suelo urbano que tiene algún Comité de Allegados, éste no sigue luchando por una transformación más integral, como lo hacen el MPL y el MPST. Además, los métodos de presión que los movimientos de autogestión reservan para los momentos en que los avances se bloquean son vistos con suspicacia por otros dirigentes. En palabras de Sandra Oliva «[los otros dirigentes] no nos miran con muy buenos ojos, por el tema de que nosotros nos movilizamos cada vez que necesitamos algo».

Nosotros nos planteamos efectivamente a través de la reivindicación, casi como lo que se puede conocer como el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. Sin embargo, nosotros no nos negamos, o igualmente apoyamos a aquellos movimientos, sobre todo Comités de Allegados o Movimientos de Allegados, que desde la legalidad desde la institución, también persiguen el mismo fin.

Felipe Morales[18]

En concordancia con el lema del MPL «nuestro sueño es más grande que la casa», el nuevo poblador se plantea como sujeto de derecho y no como beneficiario de una política subsidiaria (Mathivet y Pulgar, 2011). A pesar de que las operaciones de autogestión suponen una porción muy pequeña de las acciones que emprenden los pobladores durante este período, tienen impacto en el ámbito académico, en la sociedad civil, en la discusión territorial que se da en los respectivos municipios y en la discusión estatal sobre política habitacional, como veremos a continuación.

3 La autogestión de vivienda en Peñalolén y La Pintana

Cuando el MPL y el MPST comienzan sus proyectos, en el marco de la nueva política habitacional, van comprendiendo que saben y pueden hacer el trabajo mejor que las EGIS, así que deciden crear sus propias empresas de autogestión inmobiliaria social. Ante la producción neoliberal de vivienda, en la que el Estado sólo aporta fondos para que el mercado ejecute los proyectos, los movimientos ofrecen otra alternativa: las Entidades de Autogestión Inmobiliaria Social (EaGIS), creadas y manejadas por los pobladores.

Nosotros creemos que si el Estado no puede, y el mercado no quiere, van a ser los pobladores quienes, con sus instrumentos de gestión o autogestión inmobiliaria, de ejecución y con la constructora Emepeele, produzcan soluciones de vivienda y le doblen la mano al proceso de especulación inmobiliaria, en el conurbano más cercano al centro, es decir, los mejores suelos de Santiago. Nuestra idea es precisamente esa, lo que funda la EaGIS es la necesidad de no entregarle la responsabilidad a nadie más que a los mismos pobladores de generarse las condiciones para aprovechar al máximo la política habitacional.

Lautaro Guanca

3.1 Las EaGIS y constructoras de los pobladores

En términos políticos, los pobladores ven en la autogestión una forma de hacer frente a la desigualdad territorial y la exclusión espacial supliendo las carencias del modelo habitacional, caracterizado por un desvío de recursos (honorarios profesionales, utilidades de las empresas, alza del costo de los terrenos), que no se invierten en la vivienda social: «el gobierno se gasta 10 UF[19] para entregar una» (Guanca). Según sus declaraciones, los dirigentes no aspiran a mejorar el sistema subsidiario en Chile, sino a conquistar la administración popular de fondos fiscales para gestionar y construir proyectos habitacionales urbanos.

En términos prácticos, el MPL comienza a gestionar el primer proyecto con una EGIS externa. Durante el proceso, los pobladores comprenden que ellos hacen gran parte del trabajo de la EGIS:

A lo largo del proyecto, que lleva más de dos años, los dirigentes, los mismos vecinos, comenzaron a darse cuenta de que esta EGIS iba un poco lenta. Entonces empezaron a servir como nexo [entre Serviu[20] y la EGIS], como agilizadores del proceso, y empezaron a comprender que el trabajo de una EGIS no era tan difícil. Era solamente dotarse de una mínima capacidad técnica, tener un arquitecto, un asistente social y un par de profesionales dedicados, hacerse cargo del papeleo, conseguir permisos y sacar certificados. Al final ellos, a través de este proyecto, aprendieron a hacer el trabajo de la EGIS.

Felipe Morales

Para el segundo proyecto, los pobladores se preguntan «¿qué pasa si nosotros conformamos nuestra EGIS?». Así, convencidos de que ellos harían el trabajo mejor y más rápido, deciden crear su propia EaGIS, la empresa Emepeele, operativa desde el 17 de julio de 2008 y constituida gracias a la alianza entre dirigentes, estudiantes y profesionales.

En el caso del MPST, el motivo práctico para constituir una EGIS es similar al del MPL: la EGIS que está haciendo el primer proyecto se demora el doble de lo planificado. Los dirigentes se dan cuenta de que tienen todas las capacidades para hacer el trabajo y de que si lo hacen ellos pueden mejorar la calidad del proyecto, utilizando los mismos honorarios que el Estado le paga a las EGIS. Deciden crear su propia EaGIS, Asesorías y Construcciones Digno Vivir, operativa desde el 4 de noviembre de 2008:

Al final nosotros veníamos haciendo todo el trabajo que tenía que hacer la EGIS, para apurar un poco el tema, porque si no era esperar y esperar eternamente. Y nosotros, por lo general, sabemos hacer eso desde hace mucho tiempo, y la gente también. Ordenar las carpetas, presentar, es cosa de leer e ir actuando de esa forma, por qué entonces, si nosotros podemos y sabemos hacerlo, no formar una EGIS y no entregarles más recursos a otros, y así esos recursos pasan a mejorar la calidad del proyecto. Ahí decidimos formar una EGIS.

Sandra Oliva

3.2 Los proyectos MPL 1, MPL 2, MPL 3, MPL 4, MPL 6

La EaGIS Emepeele comienza a desarrollar los proyectos necesarios para las familias que forman parte de la organización. El trabajo se realiza en asambleas en las que participan las familias de cada proyecto, seleccionadas según criterios como la participación, la proactividad y otros que demuestren el compromiso de las familias con el movimiento y la consolidación de su identidad (Guzmán, 2009:15). Se inician seis proyectos de los cuales uno se interrumpe.

El segundo proyecto autogestionado, «MPL 2», avanza más rápido que los demás (Figura 1). Cuando el expediente se ingresa en el Banco de Proyectos del FSV para tramitación, como el Serviu no permite al MPL ser EGIS y empresa constructora a la vez, recurren a la EGIS del MPST: «¿y nosotros dijimos ya po, si no hay ni un problema, era mucho más fácil cambiar la EGIS que cambiar la constructora» (Oliva, ). El proyecto está ubicado en Peñalolén Alto, en un terreno de 6.000 m2 adquirido a Iván Arrieta, nieto del latifundista de Peñalolén José Arrieta. Contempla 120 departamentos de 57 m2 e incluye equipamiento comunitario y estacionamientos. La EGIS VYS y la constructora Francisco León ejecutarían finalmente el proyecto y la entrega se estimaría para finales de 2011.


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Figura 1: Proyecto MPL 2 en calle Las Parcelas, Peñalolén.

Fotografía: María José Castillo.


Los demás proyectos serán ejecutados por la EaGIS MPL y la constructora Emepeele. El «MPL 1», en Lo Hermida, es un proyecto de bloques de 32 departamentos de 61 m2, en un terreno de 1.739 m2. Tiene permiso de edificación, cuenta con la aprobación del Servicio de Vivienda y Educación (Serviu) y ya tiene asignados los fondos para comenzar la construcción. Para la ejecución, la constructora Emepeele firma un acuerdo con la empresa constructora ECOMET, que no sólo le dará respaldo administrativo y financiero, sino también les dará formación a sus trabajadores.

Los proyectos MPL 3, 4 y 6 se ubican en Peñalolén Alto. El proyecto «MPL 3» tiene 32 departamentos de 58 m2, además de estacionamientos y una sede social, en un terreno de 2.400 m2; el «MPL 4», con un terreno de 1.980 m2, consiste en 28 viviendas unifamiliares de 55 m2 con posibilidad de ampliación; por último, el «MPL 6» tiene 14 viviendas unifamiliares de 55 m2 en un terreno de 1.031 m2. Todos los terrenos cuentan con promesa de compraventa y están ingresados al Serviu.

3.3 El proyecto APST-LP

El MPST comienza el desarrollo del proyecto APST-LP (La Pintana) para 136 familias, además de otros anteproyectos para las familias que se van sumando al movimiento. Para cada uno de ellos, el trabajo se organiza en dos reuniones semanales con la directiva oficial y los delegados, elegidos por cada 15 ó 17 familias. Estos consejos de delegados se reúnen luego con las familias en asambleas.

Pese a las iniciativas que se han desplegado, el único proyecto aprobado y en construcción es el APST-LP en el sector Las Rosas (Figura 2). El Comité de Allegados Pobladores sin Techo (APST) consigue comprar tres parcelas de entre 5.000 m2 y 7.000 m2 que suman 17.790 m2. En ellas construyen 136 viviendas y una sede social. El comité contrata a la EGIS Fundación de Viviendas Hábitat para la Humanidad (HPH) Chile y le solicita al arquitecto que diseñe casas traslapadas, esto es, viviendas unifamiliares de dos pisos, pareadas, en las que parte del segundo nivel de una vivienda se superpone sobre el primer nivel de otra unidad. De este modo se puede optar al subsidio de vivienda en altura.


i-amcas2.jpg

Figura 2: Proyecto APST-LP en la calle Miguel Ángel, La Pintana.

Fotografía: María José Castillo.


La vimos una vez, una casa traslapada (muestra con sus manos), para postular al subsidio de ampliación como si fuese un departamento, eso se puede [hacer] y te permite optar a algo mejor, es como hacer una trampita en la vida. La EGIS licitó y envió un arquitecto, y más o menos a partir de la idea que teníamos nosotros nos hizo 13 distintas opciones. Escogimos una, la que más se acercaba a lo que nosotros decíamos y al presupuesto.

Sandra Oliva

Este subterfugio es considerado por los pobladores un avance para la calidad de las viviendas: «hoy día está el caso de los departamentos o de las casas traslapadas, que es lo mismo, que es el primer proyecto en Chile y son casas de 56 m2 porque agarramos el subsidio de ampliación, o sea tú las traslapabas...son procesos de avance» (Parada).

Tras subsanar varias trabas burocráticas —vía negociación y vía movilización— para la aprobación del proyecto y la escrituración de los terrenos, el Serviu asigna la construcción del conjunto habitacional APST-LP a la constructora Jorge Gutiérrez e Hijo, que tiene fecha de término a fines de 2011. En la actualidad, el Movimiento Pueblo sin Techo se encuentra elaborando un proyecto piloto de autogestión, también en el sector de Las Rosas, con la intención de demostrar que tiene la capacidad de manejar el ciclo completo de producción autogestionada, incluyendo el diseño de proyectos y la construcción.

3.4 Obstáculos en el municipio y en el Serviu

Durante la ejecución de los proyectos, las EaGIS se encuentran con trabas en el municipio y en el Serviu. Los servicios mínimos que debe prestar el municipio para el desarrollo de proyectos habitacionales subsidiados son la elaboración de la Ficha de Protección Social y la entrega del permiso de edificación. Como ocurre en todas las comunas, los dirigentes reclaman por la lentitud del municipio en la elaboración de las fichas y la entrega de los permisos, y concluyen que la única forma de avanzar es ejerciendo presión.

En cuanto al Serviu, responsable de visar los proyectos y entregar los recursos, los problemas principales se refieren al proceso de compra de los terrenos, a los requerimientos relativos al proyecto y a los profesionales que intervienen. Para solucionar estos problemas, los movimientos optan por diversos métodos, desde una mesa técnica y una mesa negociadora, hasta movilizaciones y tomas del Ministerio. Es importante señalar que los dirigentes, al igual que los gestores vecinales, no se sienten respetados por los profesionales del Serviu, que los desconsideran respecto a la entrega de información, a los compromisos adquiridos y a los plazos acordados. Muchos de los avances dependen sólo de la buena voluntad del funcionario que decide sobre la aprobación.

3.5 Asistencia técnica: nos gustaría tener un equipo de profesionales permanente

Un gran desafío de la modalidad de autogestión es contar con recursos para financiar el trabajo profesional. En el modelo de asistencia técnica privada, las EGIS pagan honorarios profesionales con lo que reciben del Serviu cuando los proyectos están terminados, mientras que el MPL sólo cuenta con el compromiso de estos profesionales, muchas veces estudiantes o recién titulados: «es un trabajo que no es remunerado, pero tampoco es un trabajo voluntario, es un trabajo de compromiso político. Entonces, esa plata que está destinada a pagar tal vez los honorarios de un arquitecto, de un geógrafo, de un asistente social, se reducen a un sueldo que podríamos llamar simbólico, destinado a pagar el transporte, la locomoción, cualquier otro [gasto], alimento» (Morales).

Como los procesos son largos y plagados de obstáculos, hay mucha rotación de profesionales y por lo tanto es muy difícil dar continuidad a los proyectos: «a nosotros nos gustaría tener un equipo de profesionales permanentes; si los compañeros se incorporan de forma voluntaria, lo hacen por plazos cortos, que no completan el ciclo del proyecto, y es traumático para un proyecto dejar de contar con el profesional, de la albañilería o de la arquitectura. Por eso el desafío siempre es lograr un marco de autogestión completo, la autogestión para un movimiento popular supone que los pobladores administren la billetera, y que con esa plata pueda mantenerse una red de profesionales» (Guanca, 2010, )[21].

3.6 El problema de la vivienda es un problema de acceso al suelo

Con respecto a la forma de conseguir terrenos, la modalidad es la misma que utilizan los gestores vecinales: los pobladores integrantes de los proyectos de vivienda buscan terrenos en la comuna y negocian el precio con los propietarios. «Lo que hacen [los pobladores] es buscar los terrenos, después conversan con el dueño y negocian los precios, por tanto existe una relación de los pobladores no sólo como buscadores sino como negociadores. Existe un rol activo por parte de los pobladores en lo que es la búsqueda de suelo dentro de Peñalolén» (Daniela Reyes)[22]. Al final los dirigentes llegan a un acuerdo de compraventa y proponen al Serviu la adquisición del terreno con fondos del subsidio de localización.

Pero el subsidio de localización conlleva un efecto perverso: los precios del suelo aumentan debido a su aplicación. Aunque inicialmente este subsidio complementario, conseguido por los pobladores, les permite acordar la compra de ciertos terrenos, a corto plazo los valores se han incrementado hasta tal punto que la adquisición de nuevos paños se ha vuelto inviable. Este problema coincide con la elaboración de los Planes Reguladores Comunales (PRC) de La Pintana y de Peñalolén, lo que agudiza la disputa sobre la reserva de suelo para los hijos de los habitantes de estas comunas, organizados en Comités de Allegados Sin Casa.

Una de las cosas que quedan más claras a raíz de esta experiencia es que el problema de vivienda es, en definitiva, un problema de acceso al suelo. Y la lucha por la vivienda, por consiguiente, es una lucha por la inclusión en la ciudad, e incluso una lucha por la no expulsión de ella.

Lautaro Guanca, 2010

En el caso de La Pintana, la Municipalidad se opone a la construcción de más vivienda social en la comuna (La Pintana, 2008). Para conseguir la aprobación del proyecto APST-LP, el MPST debe recurrir a la negociación y a la presión con los dos organismos que intervienen en el estudio del plan: la Municipalidad y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu).

Nosotros peleamos un montón con la Municipalidad para que nos dejara construir. En la Seremi nos dijeron que no habría problema hasta que ellos [municipio] presentasen ese estudio. Entonces nosotros alcanzamos, digamos, a construir, pero el tema no era si nosotros alcanzábamos a construir, sino si toda esa zona quedaría cerrada a la posibilidad de vivienda para el futuro.

Sandra Oliva

La certeza de que no habrá más sitio para los allegados es el motivo por el cual los comités de La Pintana apoyan la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en 2011, que propone incorporar 10.000 hectáreas de zonas urbanizables al área urbana, a pesar de que es improbable que allí se construya vivienda social.

Según la Municipalidad de Peñalolén, la oferta de suelo es insuficiente para la demanda habitacional proyectada, por lo tanto el nuevo plan propone un uso más intensivo del suelo (Peñalolén, 2009). Muchos comités de allegados participan en la discusión del estudio y coinciden en solicitar la reserva de terrenos para vivienda social. El MPL aprovecha la oportunidad para plantear una Propuesta de Plan Regulador de los Pobladores de Peñalolén, que considera conservar el patrimonio arquitectónico y cultural de las poblaciones y evitar la especulación inmobiliaria, así como limitar la construcción de viviendas exclusivas y de barrios privados que aumentan la desigualdad en la comuna y construir viviendas en el parque de Peñalolén, sitio de la anterior toma, donde todavía viven 400 familias (CECU & MPL, 2009). Durante la aprobación del PRC, bajo la consigna «¡No a la gentrificación de la comuna, no a la expulsión de los pobres, no al Plan Regulador de Orrego!» (MPL, 2011), los pobladores presionan al alcalde para someter la aprobación del PRC a plebiscito, hecho inédito en Chile.

4 Transformación de la institucionalidad política

En estos cinco años de existencia de los movimientos de autogestión, el trabajo de formación y educación popular, de apertura de espacios de representación política y de articulación en redes nacionales e internacionales obtiene resultados relevantes en la elaboración de planes reguladores, en la formulación de programas habitacionales y en la implementación de prácticas de ayuda mutua y cooperativismo, como veremos a continuación.

4.1 Educación popular

En el Primer Congreso de Pobladores del MPL de 2008, se crea la Corporación Educacional Poblar con el fin de avanzar en los aspectos de formación y educación popular. En 2010, en Poblar se forma la Unidad de Pensamiento Poblacional, un espacio de reflexión sobre las condiciones de vida de los pobladores y de sistematización de experiencias de los movimientos sociales, que busca producir saber desde abajo. A fines del mismo año, se realiza la primera versión del Diplomado de Especialización Movimientos Sociales Latinoamericanos y Autogestión Comunitaria, que ya va por su segunda edición, y en 2011 se edita el libro Siete y Cuatro: El retorno de los pobladores para compartir la construcción del movimiento y las experiencias de militantes y dirigentes en sus cuatro años de autogestión y autogobierno (MPL, 2011).

4.2 Creación de instrumentos políticos

También en el Congreso de 2008, el MPL toma la decisión de participar en las elecciones municipales de Peñalolén para conseguir una representación de las familias que luchan por una vivienda digna en el gobierno local. El dirigente Lautaro Guanca, de 26 años, es elegido concejal de Peñalolén. La idea del MPL es ir formando dirigentes que puedan representar a los pobladores en el gobierno local, concebido como «estructura del Estado a nivel de base con un contacto directo con la población» para poder producir cambios reales desde abajo en materias de derechos básicos como educación, salud, vivienda, transporte y empleo, administrando parte de los recursos del gobierno local (El Quinto, 2011). El hecho de que un dirigente del MPL sea concejal de Peñalolén les facilita a los pobladores la discusión sobre el PRC.

En 2009, las organizaciones hermanas, como el MPL, el MPST y la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales Chile a Luchar (ANDHA)[23], presentan sus candidatos a las elecciones parlamentarias, pero estos no son electos. Se va formando un nuevo movimiento político con dirigentes de estos movimientos, del que surge el partido político Igualdad, constituido en noviembre de 2009 y presidido por Lautaro Guanca.

4.3 Articulación en redes nacionales

En forma paralela, estas y otras organizaciones deciden articularse para emprender en conjunto sus proyectos. El MPL, el MPST y la ANDHA coinciden en constituir una plataforma nacional de pobladores. La decisión se adelanta, tras el devastador terremoto y posterior maremoto que asolaron Chile el 27 de febrero de 2010 se establece como primera prioridad la reconstrucción habitacional, y enseguida se crea la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo). En la agrupación participan movimientos de allegados, deudores habitacionales, organizaciones de campamentos y familias damnificadas. El alcance de esta agrupación se extiende desde la Región Metropolitana hacia otras regiones del país (MPL, 2011).

Durante 2010, la Federación coordina una campaña de apoyo a los damnificados y realiza acciones de presión para lograr avances en los proyectos de sus movimientos en Santiago —en particular del MPL y el MPST. Tras el anuncio del gobierno de Piñera de un cambio a la política habitacional a finales de 2010, la Fenapo realiza manifestaciones y entrega propuestas a las autoridades, quienes se comprometen a frenar la modificación concerniente a la vivienda para sectores más vulnerables. Estas acciones permiten que el Minvu reconozca a la Fenapo como una interlocutora representativa de los pobladores, y que ésta negocie con el Ministerio y el Serviu la incorporación de mecanismos para normar la autogestión de vivienda en el diseño del nuevo programa que regulará el FSV.

4.4 Articulación en redes internacionales

La colaboración con ONG y universidades y el trabajo en red con otras organizaciones nacionales le permiten a la Fenapo establecer contacto y realizar encuentros con movimientos latinoamericanos que promueven la ayuda mutua y el cooperativismo, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) de Argentina, y la União Nacional por Moradia Popular (UNMP) de Brasil. Estas organizaciones pertenecen a la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (SELVIP) —red de organizaciones de base de vivienda popular, fundada en São Paulo en 1991—, a la que se incorpora la Fenapo en 2010, representando a Chile junto a otra organización, la Red Hábitat Popular Chile.

5 Conclusiones

Desde 2006, los movimientos de autogestión pasan de reivindicar el acceso al suelo mediante tomas de terreno a discutir sobre los instrumentos de planificación territorial y proponerle al Ministerio la creación de un banco de suelo de propiedad del Estado destinado a reservar terrenos a los allegados.

La autogestión de los pobladores ha demostrado contar con todas las competencias técnicas necesarias para construir y mejorar su propio hábitat. Sin embargo, hasta ahora los organismos públicos no la han reconocido lo suficiente y los movimientos de autogestión se han encontrado con obstáculos similares a aquellos que han debido enfrentar los gestores vecinales para implementar proyectos de vivienda cuyo desarrollo tarda más de cinco años. Pero los mecanismos de presión ejercidos por estas organizaciones les han permitido negociar con el Estado para introducir procedimientos de autogestión en el programa de vivienda popular.

Los proyectos en construcción del MPL y el MPST tienen una mejor localización y un estándar superior a otros proyectos financiados con el mismo programa FSV. Sin embargo, como hasta la fecha las EaGIS no han logrado completar el ciclo completo de un proyecto autogestionado, es todavía muy pronto para extraer lecciones, particularmente sobre la apuesta por una mejor inversión de los recursos que se destinan a la asistencia técnica de las EGIS y a los márgenes de las empresas constructoras.

La experiencia en Peñalolén y el trabajo en red con otros movimientos latinoamericanos de amplia trayectoria y resultados reconocidos —como la FUCVAM, constituida en 1970, y el MOI, creado a principios de los 90—, le permiten al MPL comenzar una nueva operación tras el terremoto de 2010. Este nuevo proyecto, la Red de Inmuebles Recuperados por Autogestión (IRA), consiste en la ocupación de casonas de propiedad del Estado ubicadas en el casco central de Santiago, para que mediante la autogestión y el cooperativismo no haya «ni gente sin casa ni casas sin gente».

6 Referencias bibliográficas

Ahumada, Ricardo  (2009)   «Logros y desafíos de vivienda en los últimos cuatro años»,   La Nación, Santiago, 29 de diciembre. Disponible en http://www.lanacion.cl/.../noticias/2009-12-29

APST-Chile  (2006)   «Una Crítica a la política habitacional neoliberal»,   La voz de l@s sin techo, Agrupación de Pobladoras y Pobladores Sin Techo de Chile, 4 de septiembre. Disponible en http://apstchile.blogspot.com/2006/09/...

Centro de Estudios Críticos Urbanos (CECU) y Movimiento de los Pobladores en Lucha (MPL)  (2009)   «Propuesta de Plan regulador de los pobladores de Peñalolén. Por una planificación popular del territorio ‘Ahora y siempre. Participa y no dejes que te callen’»,   Seminario Gladys Armijo, Agosto, disponible en http://seminariogladysarmijo.files.wordpress.com/2009/10/propuesta-de-plan-regulador-de-los-pobladores-de-penalolen.pdf

El Quinto  (2011)   «Entrevista con Lautaro Guanca, concejal de Peñalolén y luchador social»,   Periódico El Quinto, Año IV, n° 16, p. 11-12, 16 de enero, 2011. Disponible en http://es.scribd.com/...16-Enero-2011

Guzmán, Romina et al.  (2009)   Movimiento de pobladores en lucha. A tomarse Peñalolén para conquistar la ciudad.   Colección SUR Cuadernos. Santiago: Ediciones SUR. Disponible en PDF en la web http://www.sitiosur.cl/publicacionescatalogodetalle.php?PID=3539.  

Ilustre Municipalidad de Peñalolén  (2009)   Actualización Plan Regulador Comunal de Peñalolén.   Resumen Ejecutivo. 

Mathivet, Charlotte y Pulgar, Claudio  (2011)   El Movimiento de Pobladores en Lucha,   en Sugranyes, Ana y Matthivet, Charlotte (ed.) Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias, Santiago: Habitat International Coalition (HIC), pág. 211-222. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)  (2004)   Un siglo de políticas en vivienda y barrio.   Santiago de Chile: Ditec. 

Movimiento de los Pobladores en Lucha  (2011)   Siete y cuatro. El retorno de los pobladores.   Santiago: Quimantú. 

Secretaría Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU RM.)  (2008)   Memoria Explicativa Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de La Pintana.   Ilustre Municipalidad de La Pintana. 

Vega, María Eliana  (2011)   «Henry Renna: «Pensamos que las ciudades se pueden producir de modo distinto»»,   Tribuna del Bío-Bío (diario digital), Concepción, 7 de febrero 7. Disponible en http://www.tribunadelbiobio.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=4263&Itemid=89

Notas


[1]: El presente artículo expone parte de los resultados de la investigación para la tesis doctoral que desarrolla la autora en la Universidad Politécnica de Madrid y se presentó como parte de una serie de ponencias impartidas entre los días 20 y 22 de octubre de 2011 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de dicha universidad, en el marco de la XII N-AERUS Conference 2011.
[2]: Escuela de Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Andrés Bello.
[3]: La política habitacional chilena, concebida en los años 80 durante la dictadura militar, se basaba en la tríada formada por el subsidio, el ahorro previo y el crédito hipotecario, que permitía a los pobres acceder a una vivienda en propiedad mediante una postulación individual. Así se mantuvo durante el gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, de 1990 a 2010. Sin embargo, en 1990 se modificaron algunos programas, como el de la vivienda básica, para ampliar la cobertura, y se crearon otros, como el de la vivienda progresiva, que no dio los resultados previstos y se discontinuó diez años después. En 2001 se creó un programa de vivienda sin crédito hipotecario al que se postulaba en forma colectiva —Fondo Solidario de Vivienda (FSV)—, que se transformó en el principal programa de vivienda social.
[4]: Cifra anterior al terremoto y maremoto que asoló Chile el 27 de febrero de 2010.
[5]: Personas o familias sin casa que viven al alero de otras, propietarias de una vivienda. Se considera que gran parte del déficit habitacional en Chile corresponde a los allegados.
[6]: La toma de Peñalolén, también conocida como toma de Nasur, constituida por 1.700 familias, es emblemática porque se produce en el período de mayor construcción de vivienda. La primera toma en democracia se produce en 1992 también en Peñalolén, la toma Esperanza Andina, que agrupa a 842 familias allegadas. Es la primera que reivindica una buena localización, bajo la consigna «por el derecho de vivir en la comuna».
[7]: Programa piloto de vivienda creado en 2001 mediante DS 155/01, de 14 de septiembre, llamado inicialmente Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios. En 2006 se transforma en un programa permanente, el Fondo Solidario de Vivienda, creado mediante DS 174/2006, de 9 de febrero, que deroga el DS 155 anterior.
[8]: Intervención del dirigente del Comité de Allegados Don Bosco en la Red Observatorio de Vivienda y Ciudad en 2010, registrada por la autora.
[9]: Ministerio responsable de las políticas, planes y programas de vivienda, barrio y ciudad.
[10]: Entrevista realizada por la autora en 2009.
[11]: Instrumento que clasifica a las familias vulnerables en estratos para focalizar los programas de protección social del gobierno.
[12]: Entrevista realizada por la autora en 2009.
[13]: Agrupación creada en 2010 en la que participan movimientos de allegados, deudores habitacionales, organizaciones de campamentos y familias damnificadas por el terremoto y maremoto de febrero de 2010, de alcance nacional.
[14]: Instrumento de planificación territorial de cada comuna que define condiciones de urbanización, como densidades, usos de suelo, vialidad estructurante, límite urbano, etc., supeditado a un Plan Regulador Intercomunal (PRI), o a un Plan Regulador Metropolitano (PRM) en el caso de núcleos de más de 500.000 habitantes.
[15]: Entrevista realizada por alumnos de la Universidad Andrés Bello en 2008.
[16]: Conjunto de viviendas sociales o de viviendas precarias autoconstruidas con materiales ligeros, en urbanizaciones oficialmente reconocidas, donde habitan personas de escasos recursos.
[17]: Intervención en la Red Observatorio de Vivienda y Ciudad en 2010, registrada por la autora.
[18]: Entrevista al integrante del Centro de Estudios Críticos Urbanos y del MPL realizada por la autora en 2009.
[19]: Unidad de Fomento: unidad monetaria ajustada diariamente por la tasa de inflación observada el mes anterior.
[20]: Servicio de Vivienda y Urbanización, institución regional ejecutora de las políticas, planes y programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
[21]: Entrevista realizada por alumnos de la Universidad Andrés Bello (UNAB) en 2010.
[22]: Entrevista realizada por la autora en 2009.
[23]: Fracción de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales creada en 2004.


Edición del 20-5-2013
Revisión: Rebeca Fernández Yunquera
Boletín CF+S > 54: La ciudad a escala humana. XII Congreso Anual N-aerus > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n54/amcas.html   
 
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