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Incidencia de las competencias municipales en el Cambio Climático
Rafael Córdoba Hernández| Madrid (España), junio de 2007.
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5 Marco municipal de actuación

5.1 Políticas europeas frente al Cambio Climático

Europa debe ser nuestro referente, no sólo legal, en muchas de las políticas ambientales que se realizan. En el marco de las políticas medioambientales europeas destaca la aprobación en el año 2002 del VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea. En él se determinan las prioridades y objetivos principales de la política medioambiental de la Comunidad para un periodo comprendido entre los próximos de cinco a diez años. El programa describe las medidas que deberán adoptarse para contribuir a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible.

Estas estrategias «deberían desarrollarse y ponerse en práctica en estrecha consulta con las partes pertinentes, como las ONG, la industria, otros interlocutores sociales y las autoridades políticas» (UE, 2002: Artículo 4.3) y deberían presentarse al Parlamento Europeo y al Consejo en el plazo de tres años.

Para superar la retórica legislativa y promover la ejecución de las acciones necesarias, se fijan un total de diez estrategias prioritarias y cuatro ámbitos en los que centrar las prioridades de la Unión Europea. El primero de los ámbitos sobre los que se trabajará desde la Unión Europea hace referencia al Cambio Climático. La principal meta del mismo no es otra que ayudar a «estabilizar las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero en un nivel que impida la interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático» (UE, 2002: Artículo 2). Para tal fin elabora una serie de objetivos en su Artículo 5.

La Estrategia temática del Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente se sustenta en seis objetivos y un total de veintiuna estrategias.


Cuadro 10: Síntesis del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente para la Estrategia temática del Cambio Climático

Fuente: UE (2001). Elaboración propia.


5.2 Funciones que conciernen a las autoridades municipales

La Estrategia española de Cambio Climático y energía limpia. Horizonte 2012 aprobada como propuesta en febrero de 2007, parte con la idea de ser el instrumento utilizado por las distintas administraciones para tener un marco de referencia a la hora de adoptar medidas para mitigar el Cambio Climático y hacer cumplir los compromisos firmados por España en el Protocolo de Kioto. La elaboración, la evaluación y el seguimiento de dicha estrategia corren a cargo del Consejo Nacional del Clima (CNC), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. Para realizar el seguimiento de dicho organismo en las distintas materias se creó la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

Por encima de estas iniciativas nos encontramos con la ya citada Estrategia Temática del Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente.

Una vez conocidas las herramientas de lucha contra el Cambio Climático hemos de afrontar la pregunta clave para saber si está en manos municipales provocar el cambio. No podemos olvidarnos que cerca del 40% del total de emisiones de gases de efecto invernadero se producen en las ciudades y en el entorno urbano de las mismas según la Guía de Planeamiento Urbanístico energéticamente eficiente (IDAE, 2007:10) y que los propios ayuntamientos son los principales consumidores de energía y de recursos. Tampoco debemos relegar la capacidad informativa y de sensibilización de los ayuntamientos, que con campañas publicitarias y de concienciación son capaces de movilizar a los ciudadanos en pro de determinadas causas.

Pero independientemente de las distintas iniciativas internacionales y nacionales, es difícil llegar al ciudadano y hacerle comprender la importancia de sus actos en un proceso como el calentamiento global del que poco o nada le hablan sus dirigentes más directos. Las medidas presentadas por el gobierno o los distintos organismos europeos son generalmente de difícil seguimiento por los ayuntamientos. Las competencias de los mismos son concretas y distan mucho de ser capaces de favorecer la «Reducción de las emisiones de gases de invernadero de la aviación; de buques de navegación marítima y de vehículos a motor», tal y como establece el VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente en sus actuaciones prioritarias dentro de la Estrategia Temática del Cambio Climático. Sin embargo, pueden actuar en otros ámbitos como la elaboración de medidas de sensibilización de los ciudadanos y las empresas o confeccionar medidas fiscales para facilitar el paso a sistemas energéticos y de transporte limpio, como se señalan dentro del mismo grupo de actuaciones prioritarias.

Las atribuciones municipales en el Estado español vienen determinadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Dicha ley, en su Capítulo III, establece las competencias mínimas:

El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
  1. Seguridad en lugares públicos.
  2. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
  3. Protección civil, prevención y extinción de incendios.
  4. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas y conservación de caminos y vías rurales.
  5. Patrimonio histórico-artístico.
  6. Protección del medio ambiente.
  7. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.
  8. Protección de la salubridad pública.
  9. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.
  10. Cementerios y servicios funerarios.
  11. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
  12. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
  13. Transporte público de viajeros.
  14. Actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo.
  15. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Artículo 25, apartado 2

5.3 Las competencias municipales y los programas europeos

Una vez conocidas las atribuciones municipales, no estaría de más saber si con estas competencias podemos hacer frente a las propuestas surgidas del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente.

Con este fin vamos a presentar una tabla de doble entrada, en la que en cada fila viene representada una competencia municipal y en cada columna aparecen las actuaciones prioritarias de cada una de las metas de la Estrategia Temática del Cambio Climático del programa europeo (Figura 11). En dicha tabla comprobaremos, por un lado, si son asumibles los compromisos de la Unión Europea por parte de los municipios o si se necesita de un organismo de mayor rango para afrontar los objetivos; y por otro, dentro de qué aptitudes municipales se puede afrontar cada una de las metas de dicho programa.

Además de las competencias anteriormente citadas, los municipios tienen la capacidad de imponer sus impuestos. La introducción de los conceptos medioambientales en la fiscalidad municipal se basará en la aplicación de bonificaciones potestativas. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, establece un conjunto de bonificaciones potestativas. La introducción de los conceptos medioambientales en la fiscalidad municipal está basada en la aplicación de estas medidas potestativas.

Los antecedentes en materia de reforma fiscal verde y en la ambientalización del sistema fiscal, son muy abundantes en Europa, a pesar de su reciente aplicación (en la década de 1990). Países del norte europeo, más concienciados en la problemática del medio ambiente, tales como Dinamarca, Suecia, Holanda o Finlandia han incorporado modalidades impositivas destinadas a mejorar la eficiencia energética y la limitación de emisiones atmosféricas.

De igual manera, ciudades como Estocolmo, Bristol o Londres, han incorporado la fiscalidad verde en sus planes de acción atmosférica. Existen incluso ejemplos nacionales de creación de impuestos medioambientales destinados a la mejora de la situación ambiental, tal es el caso de la ya derogada Tasa de la Mancomunidad de Municipios de Campo de Gibraltar.

Por otra parte, en la actualidad son varias las ciudades españolas que han aplicado en sus ordenanzas fiscales las bonificaciones potestativas de carácter medioambiental, previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales. Entre estas ciudades es posible destacar a Sevilla y, en especial, el papel que la Agencia Municipal de la Energía desarrolla en este aspecto.

Por otra parte, la Comisión Europea está elaborando en la actualidad una propuesta legislativa encaminada a la supresión gradual del Impuesto de Matriculación de coches nuevos, a cambio de incrementar el Impuesto de circulación, en el cual se incluirían criterios medioambientales relacionados con las emisiones de dióxido de carbono.

Es el aspecto fiscal, una de las armas más poderosa que tienen los ayuntamientos para incidir sobre la conducta de sus ciudadanos y modular, así, el cumplimiento de sus estrategias medioambientales. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que la fiscalidad planea sobre prácticamente todas las actividades que se desarrollan en un municipio. El urbanismo, el transporte, la industria o los servicios se encuentran afectados por la fiscalidad y, en este orden, se podría decir que cualquiera de los objetivos estratégicos planteados por la Estrategia son sujetos potenciales de la fiscalidad municipal y, por ello, obviaremos referirnos continuamente a este apartado cuando, a continuación, nos adentremos en el análisis de las competencias municipales en relación con los objetivos mencionados.

Objetivo 1. Compromisos climáticos internacionales

El primer objetivo del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente plantea los esfuerzos en dos actuaciones prioritarias:

Las competencias municipales, en lo que concierne a esta segunda actuación, no son muchas, ya que se les escapa la posibilidad de plantearse intervenir en cuanto al comercio de emisiones, porque éste sólo puede realizarse entre Estados. Sin embargo, los municipios pueden hacer frente a la primera de las actuaciones prioritarias desde distintos campos, como pueden ser la ordenación del tráfico de vehículos, la disciplina urbanística o el tratamiento de los residuos.

Objetivo 2. Reducir emisiones en el sector energético

Dentro de las propuestas europeas para hacer frente a este objetivo encontramos:

Entre las funciones que incumben al consistorio, está la capacidad de revisar las subvenciones energéticas desde las ordenanzas municipales de protección al medio ambiente o desde los diferentes impuestos o tasas que pueden incrementar o disminuir el coste de los distintos combustibles utilizados en diversos ámbitos.

El fomento del uso de combustibles renovables en el sector energético es otra de las decisiones que pueden tomarse desde las ordenanzas relativas a la protección del medio ambiente. También está en su mano promover el uso de las energías renovables ya que se puede hacer prácticamente desde todas las competencias municipales, salvo la protección civil y la de extinción de incendios o la seguridad en lugares públicos.

Las principales fuentes de metano son la deforestación y el manejo de residuos; por esta razón, el ayuntamiento podrá reducir las emisiones evitando la destrucción de bosques existentes en su término municipal y llevando a cabo un correcto tratamiento de residuos.

El fomento de la eficiencia energética es regulable por parte municipal prácticamente con cualquiera de sus competencias, salvo la seguridad en lugares públicos o la participación de la enseñanza.

Objetivo 3. Reducir emisiones en el sector de los transportes

Para lograr el tercer objetivo desde el VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente se proponen las siguientes líneas de actuación:

El intento de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación y de los buques queda fuera de las competencias municipales. No es así el caso de los vehículos a motor, donde el ayuntamiento puede establecer cánones de circulación a vehículos que usen determinados combustibles más contaminantes.

Las medidas fiscales para pasar a sistemas energéticos y de transporte limpios volverán a estar regidas por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las medidas potestativas que ella posibilita, pero el ayuntamiento podrá, en cualquier caso, hacer frente al uso de energías alternativas en el transporte público.

Casos similares serían las medidas para reflejar el coste medioambiental en el precio del transporte y la disociación del crecimiento económico y la demanda del transporte. Ambas pueden afrontarse desde las competencias atribuidas a la ordenación del tráfico o a la disciplina urbanística.

Objetivo 4. Reducir emisiones en la producción industrial

Las actuaciones prioritarias planteadas en este cuarto objetivo desde la política medioambiental de la Unión Europea son:

El impulso de las prácticas de eficiencia tecnológica en la industria se puede realizar desde la disciplina urbanística, imponiendo una serie de ordenanzas encaminadas a lograr tal fin, o desde las competencias medioambientales, fomentando, disuadiendo o incluso prohibiendo determinadas prácticas.

El desarrollo de medios para impulsar a las pymes puede partir desde cualquiera de las competencias municipales, al poder encontrarnos estas empresas en distintos ámbitos productivos de la ciudad. Y por último, el impulso a las alternativas respetuosas con el medio ambiente en el sector industrial pueden ir desde el establecimiento de incentivos financieros para la instalación de energía solar térmica o fotovoltaica, a estimular la producción local de energía para facilitar la utilización de fuentes locales de energía y aumentar la eficacia de los sistemas locales de gestión de la misma.

Objetivo 5. Reducir emisiones en otros sectores

El quinto objetivo hace referencia a los demás sectores no incluidos en los apartados previos como son el sector constructivo o el agrícola. Las líneas de actuación son:

Dentro del marco de obligaciones que marca la Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios, aprobada el 16 de diciembre de 2002 (Directiva 2002/91/CE), se han aprobado una serie de disposiciones legislativas que instauran mayores exigencias energéticas, tanto en los aspectos constructivos del edificio, los cuales afectan básicamente a la demanda de energía, como a las instalaciones consumidoras de energía, que son las responsables de satisfacer nuestras necesidades energéticas de un modo eficiente. Dichas disposiciones legislativas son las siguientes:

Además de las medidas activas planteadas por el CTE, como arquitectos podemos llevar a cabo otra serie de medidas pasivas con la finalidad de reducir el consumo energético en las viviendas como pueden ser el aprovechamiento de la luz natural, la correcta orientación sur para aprovechar el sol en invierno y disponer de mayor protección en verano, el correcto aislamiento, una mayor inercia térmica para amortiguar los cambios de temperatura, y la ubicación en el terreno teniendo en cuenta vientos dominantes, régimen de lluvias, radiación solar, orografía, etc.

A parte de estas medidas que podríamos denominar como pasivas, el CTE actúa de forma activa sobre la construcción de la vivienda. Con su entrada en vigor en septiembre de 2006 es obligatorio que en todo edificio nuevo que se construya o se rehabilite se instalen captadores solares térmicos para la producción del agua caliente sanitaria y el calentamiento de piscinas. La producción exigida dependerá del tamaño del edificio, de la situación geográfica en España y del tipo de combustible que se vaya a sustituir. Con la entrada en vigor del mismo, quedan superadas las diferencias existentes entre las distintas ordenanzas solares municipales.[12] Uno de los problemas que elude el CTE es el mantenimiento de todas esas instalaciones de captación energética que está proponiendo.

En cuanto a las políticas agrícolas y la gestión de residuos las actuaciones municipales pasarán desde la instalación de plantas de tratamientos de residuos sólidos urbanos (RSU), depuradoras, recogida de residuos o eliminación de animales muertos a la utilización de desechos forestales provenientes de parques urbanos.

Objetivo 6. Usar otros instrumentos adecuados

En el sexto objetivo figura la utilización de otros instrumentos adecuados para lograr el descenso de las emisiones como:

La firma de acuerdos ambientales con las industrias operantes en el municipio es otra de las maneras de incidir en sus prácticas ambientales y, por ende, en la conservación de éste.

Por otro lado, en el ámbito municipal se puede concienciar a la población de la importancia que tiene el Cambio Climático a través de campañas de sensibilización o de información a los ciudadanos, concienciándoles de las consecuencias que puede tener su vida cotidiana en caso de no reducir las emisiones y cuáles van a ser los beneficios de cambiar su actitud frente al problema.

5.4 Competencias municipales y tamaño de población

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local diferencia las atribuciones obligatorias municipales en función del número de habitantes:

Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

  1. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

  2. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

  3. En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

  4. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

Artículo 26, apartado 1

De este modo no sólo han de preocuparnos cuáles son las distintas competencias y si estas están contempladas por el VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente, sino que las principales actuaciones deberían poder darse en todos los municipios, independientemente del tamaño de los mismos.

En la Figura 11 podemos comprobar cómo influyen las competencias en cada una de las distintas líneas estratégicas propuestas por la Unión Europea. Podemos hacer cuatro grandes grupos dependiendo del número de competencias que sirven a cada una de las actuaciones estratégicas.

Entre las conclusiones que podemos sacar del Figura 11 cabe destacar que las actuaciones prioritarias que conforman el primer grupo no son obligatorias en todos los municipios. De este modo la competencia de legislar sobre la Protección del medio ambiente y sobre el Transporte público son exclusivas de los municipios mayores de 50.000 habitantes. Así, el grupo de actuaciones prioritarias más fáciles de llevar a cabo por los pequeños ayuntamientos carece de las dos competencias que intervienen en más actuaciones prioritarias.

Por otro lado, cabe señalar la importancia y la capacidad de actuación que tiene un ayuntamiento a la hora de llevar a cabo políticas de sensibilización sobre sus ciudadanos. Prácticamente desde cualquiera de las competencias legislativas que le son atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local puede llevar a cabo actuaciones con este fin. En el Figura 11 se han separado las distintas competencias municipales en función de la población municipal que tiene. De este modo, hay una serie de competencias mínimas que han de cubrir todos los ayuntamientos y otras que van en función de su rango poblacional. Cada una de estas competencias se relaciona con una, varias o ninguna de las actuaciones prioritarias presentadas en la Estrategia de Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente.

La lectura en horizontal del Figura 11 nos da una idea de la relevancia que adquiere cada una de las competencias municipales a la hora de cumplir los objetivos propuestos, mientras que su lectura en vertical nos muestra cuales serían las actuaciones más fáciles de llevar a cabo por parte de los ayuntamientos si así lo deseasen.[13]


iarcor-11.jpg Figura 11: Competencias municipales y actuaciones de la Estrategia de Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente

Elaboración propia



Medidas de sensibilización

Se trata de la actuación prioritaria para la cual el concejo reúne mayor número de competencias. Parece claro que prácticamente cualquier medida, obra o actuación que se lleve a cabo desde el municipio puede cumplir el propósito de concienciar de un modo u otro a los vecinos.

Los ayuntamientos deben hacer comprender a sus ciudadanos el papel que juegan en el Cambio Climático y hacerles saber que tomando decisiones sencillas pueden obtener también beneficios, incluso en el ámbito personal. Educar a la comunidad puede hacer que el problema del Cambio Climático se entienda como una traba local.

Medidas de carácter general que pueden llevarse a cabo en los municipios son:

Fomento de la eficiencia energética

Una de las actividades más agresivas con el medio ambiente es la relacionada con el consumo de energía. Desde la extracción de las materias primas, el transporte, la transformación y/o la adecuación de las mismas, así como el consumo. Dentro de los consumos de energía, el sector de la edificación es el responsable de un elevado porcentaje, que en función de su uso, varía considerablemente en cuanto a la forma de la energía requerida, la distribución porcentual del consumo y el consumo total de energía por unidad de área. Podemos definir el consumo como el cociente entre la demanda y el rendimiento. Para reducir el consumo de energía debemos o bien disminuir la demanda o bien aumentar el rendimiento. Resulta mucho más eficiente disminuir la demanda del edificio que aumentar el rendimiento de los equipos, si bien la optimización se consigue realizando ambas acciones simultáneamente. Así que las medidas habrán de centrarse principalmente en la reducción de la demanda. Algunas medidas son expuestas a continuación:

Uso de tecnologías renovables

El Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 está diseñado como un plan continuista con el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010. En este documento se reafirma el compromiso de cubrir al menos el 12% del consumo total de la energía con fuentes renovables (Ministerio de Industria y Turismo, 2005:7). Cabe destacar que, de acuerdo con el plan presentado por la Comisión Europea, el 20% del consumo energético europeo debería proceder de fuentes alternativas antes de 2020. En el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 además aparecen dos nuevos objetivos como son que la cuota de generación eléctrica con energías renovables alcance el 29,4% y se use el 5,75% de los biocarburantes en el transporte para el año tope.

Desarrollo de alternativas respetuosas con el medio ambiente

El Tratado de la Unión Europea establece que han de tenerse en cuenta los aspectos ambientales y de cohesión a la hora de formular y aplicar todas las políticas comunitarias. Orienta, además, a que la política medioambiental ha de tener presente la diversidad de las situaciones existentes en las distintas regiones. El tipo de medidas que se están llevando a cabo desde los distintos municipios españoles es muy variado y abarcan temas que van desde medidas de control y difusión, como puede ser la Agenda 21 local, hasta la plantación de nuevos sumideros.

5.5 Reducción de las emisiones contaminantes en la ciudad

De las competencias anteriormente descritas, resulta claro que no todas adquieren la misma relevancia a la hora de hacer frente a las preocupaciones de la Estrategia Temática de Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente. Podríamos, de este modo, diferenciar tres rangos en cuanto a la capacidad de afrontar las reducciones de gases de efecto invernadero de las distintas competencias, según participen de un número u otro de líneas de actuación prioritaria:

A continuación y por la relevancia demostrada pasamos a comentar el primero de estos grupos, señalando cuales podrían ser algunas de las políticas o líneas de actuación que pueden seguir los distintos ayuntamientos. Además, se incorporan una serie de medidas correspondientes al capítulo de Haciendas locales que con la participación en 19 actuaciones prioritarias adquiere unos de los papeles más relevantes de las políticas municipales a favor del control de emisiones. En cualquier caso, para llevar a cabo muchas de las políticas que se van a citar en los epígrafes siguientes es necesaria la existencia de subvenciones municipales o estatales que apoyen los cambios previstos para la reducción de los niveles de dióxido de carbono municipal. En el trabajo de investigación llevado a cabo han sido consultados una serie de documentos que aportan la visión de ciertas Comunidades Autónomas en este aspecto. Con ellos hemos desarrollado un listado de iniciativas que se presentan a continuación.[14]

Las distintas medidas presentadas han sido agrupadas para esta ocasión según las competencias municipales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Se presentan ordenadas las competencias según su participación de un número u otro de líneas de actuación prioritaria. De este modo, Protección del medio ambiente sería la que cuenta con mayor número de líneas actuación.

Protección del medio ambiente

Se trata de la competencia municipal con mayor conexión con las actuaciones prioritarias descritas, ya que participa de prácticamente la totalidad de las mismas (salvo el caso del plan de intercambio de emisiones y la aplicación de medidas fiscales). Sin duda en ella podríamos ubicar muchas de las demás políticas o iniciativas municipales que describiremos en otros epígrafes, ya que todas ellas (políticas de reducción de vehículos en las vías urbanas, peatonalización, compostaje y recogida de residuos) ayudan a la protección del medio ambiente. Por esta razón, a continuación señalamos una serie de políticas que quizá sólo podrían estar en este grupo.

Transporte público de viajeros

Desde el punto de vista de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, resulta tan importante reducir la dependencia del coche como pasar a modos de transporte alternativos y menos perjudiciales. Estos sistemas menos contaminantes desde el punto de vista de emisiones de dióxido de carbono abarcan desde la bicicleta hasta el uso del transporte colectivo como el metro o el autobús. En cualquier caso, las medidas para la mejora de la accesibilidad en las ciudades sólo serán eficaces si se tienen en cuenta dentro del marco general del sistema de planificación. A continuación se exponen algunas de estas medidas.

Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas

La ordenación del tráfico es primordial a la hora de reducir las emisiones de gases de invernadero. Además de las emisiones generadas por la combustión del motor del vehículo se emiten óxido de nitrógeno e hidrocarburos que en presencia de luz solar dan lugar a la aparición de ozono troposférico, dañino para la salud de las personas, los cultivos, los árboles y las plantas en general. Seguidamente presentamos algunas de las medidas que se pueden adoptar desde las corporaciones municipales en la ordenación del tráfico y de las personas.

Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento residuos, alcantarillado y tratamiento aguas residuales

Las medidas a poner en práctica en los procesos de recogida y posterior tratamiento de los residuos urbanos, sólidos o no, tienen una importancia capital tanto en l generación de estos desechos como en su posterior eliminación. Todas las disposiciones emanadas de la municipalidad tendientes a generar actuaciones que propicien la disminución de residuos redundarán en un menor volumen a eliminar y, consiguientemente, en una menor contaminación.

Otro tanto podríamos decir en lo concerniente al tratamiento de los residuos. Las dioxinas y furanos que se producen en la combustión de los residuos sólidos urbanos o el metano, los lixiviados u otros subproductos del almacenamiento de restos orgánicos requieren un tratamiento adecuado que minimice su efecto sobre el medio ambiente.

Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas y conservación de caminos y vías rurales

Desde la disciplina urbanística se plantea no sólo la forma de crecimientos de nuestras ciudades, sino también la manera de vivir en ellas. La ciudad difusa es mucho menos ecológica que la ciudad compacta. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover proximidad, la ciudad densa y multifuncional con mezcla de actividades (residencial, oficinas, comercios, equipamientos y guarderías), accesibles con transporte público y con los equipamientos adecuados.

Una de las prioridades es frenar la terciarización de los centros de las ciudades y de ciertos corredores, y la desclasificación de suelos aptos para urbanizar que procedan de suelos no urbanizables protegidos. Algunas medidas que podrían tomar los municipios en este aspecto son las siguientes:

Haciendas locales

Se entiende, tal y como cita la propia ley de haciendas locales, que la misma estará constituida por los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado; por los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales, impuestos y recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales; por las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, las subvenciones, los percibidos en concepto de precios público y el producto de las operaciones de crédito; por el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y por las demás prestaciones de derecho público.

La importancia de este punto, y la inclusión del mismo, dentro del presente análisis viene dada por la atribución que tiene el alcalde de un determinado municipio de llevar a cabo el «desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia [...] todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales» (Estado Español, 1985: 20). Entre las actuaciones que se pueden llevar a cabo desde la municipalidad encontramos:


Notas


[12]: El objeto de estas ordenanzas era regular la incorporación de sistemas de captación y utilización de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria, en los edificios y construcciones. Destacaban las ordenanzas de Barcelona (julio 1999), País Vasco (marzo 2002) o Madrid (mayo 2003).
[13]: Las medidas indicadas en los siguientes epígrafes provienen de los documentos: Borrador del Programa Andaluz de acción por el clima 2007-2012; Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la prevención del Cambio Climático; Medidas de eficiencia energética, de ahorro y otros criterios ambientales para incorporar en los edificios y equipamientos municipales de la Diputación de Barcelona; y del Resumen especial del informe sobre las ciudades sostenibles destinado a las autoridades locales.
[14]: Los documentos Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia; Borrador del Programa Andaluz de acción por el clima 2007-2012; Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la prevención del Cambio Climático; Medidas de eficiencia energética, de ahorro y otros criterios ambientales para incorporar en los edificios y equipamientos municipales de la Diputación de Barcelona; y el Resumen especial del informe sobre las ciudades sostenibles destinado a las autoridades locales presentan una serie de indicaciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.


Edición del 25-1-2012
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Universidad Politécnica de Madrid
Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad
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