| Boletín CF+S > 42/43: Simposio Internacional Desarrollo, Ciudad y Sostenibilidad > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-rsep.html |
Resumen: Este documento busca contribuir a la reflexión en torno a la regeneración barrial desde la perspectiva de la sustentabilidad de las intervenciones desplegadas en los barrios. Poniendo la mirada en las experiencias chilena y catalana de regeneración barrial y urbana pero teniendo como referencia otras experiencias europeas como la inglesa, la alemana y la francesa, se identifican y analizan tres aspectos que, a juicio de los autores, marcan una distinción importante respecto de la sustentabilidad urbana de las intervenciones en los barrios, entendiendo ésta como la persistencia de los transformaciones físicas y sociales desencadenadas en los barrios. Los mencionados aspectos son los plazos de la intervención; los ámbitos de actuación; y el marco institucional.
La sustentabilidad económica, social y medioambiental aparece como un referente central a la hora de diseñar políticas públicas territoriales, en el entendido de que los procesos de metropolización han desconocido en muchas ocasiones sus consecuencias en el ámbito social y medioambiental, dañando de manera severa a las poblaciones más vulnerables y dilapidando de manera desmesurada los ecosistemas donde las diferentes ciudades se asientan.
La ciudad contemporánea se encuentra afecta a una serie de tensiones en el contexto de una situación sociopolítica y económica generalizada y extendida a través del grueso de las urbes modernas a nivel global. La economía de libre mercado se hace transversal a cada esfera de la sociedad, conjugándose con cada una de ellas en la creación de condiciones y problemáticas que marcan la actual época. Las formas de pensar, desarrollar y practicar la ciudad no escapan a esta situación, existiendo conexiones entre los procesos de globalización y neoliberalización y las transformaciones de las ciudades: la reducción del Estado proteccionista, una democracia menos participativa, la segregación, la mercantilización y los problemas aparejados a los fenómenos migratorios son ejemplos de situaciones tensas que se pueden identificar en esta época y que se ven traducidas en el espacio, donde se reproducen estas condiciones en expresiones materiales y de vivencia de la ciudad.
Al revisar la experiencia reciente en Latinoamérica, los cambios económicos y políticos, sean consecuencia o adaptación a los procesos globales, se han traducido en un crecimiento sostenido de la urbanización. La expansión territorial de las ciudades avanza sobre las áreas rurales y semirurales de la periferia de los centros urbanos, con una variada oferta de productos inmobiliarios para estratos medios y altos, caracterizados por ser urbanizaciones cerradas en las que los promotores garantizan seguridad, paisaje y un menor valor de la tierra (por ejemplo, parcelaciones de agrado, clubes de campo, barrios privados, etc.). Es muy paradójico que el marketing habitacional venda una imagen de paisaje bucólico cuando, paralelamente, se degrada el contexto natural ocupando, por ejemplo, el piedemonte andino ya desforestado. Por otra parte, áreas centrales y peri-centrales con una buena dotación de equipamientos y servicios sufren una constante disminución de su población, un incremento de los casos de deterioro y tugurización y una concentración de gran cantidad de población vulnerable; por ejemplo, en el caso de Santiago de Chile existe una concentración de población migrante en situación vulnerable que aprovecha el conjunto de condiciones favorables que se derivan de una estratégica localización —con buena accesibilidad, conectividad y proximidad a nuevos subcentros de empleo, servicios y productos. Se incrementan también las áreas de renovación urbana, actuaciones que conllevan procesos de gentrificación que inevitablemente acarrean graves consecuencias sociales y vulneran derechos esenciales como el derecho a la ciudad y la vivienda.
Por último, pese a que en la Región existe un incremento sostenido de los asentamientos precarios, las políticas habitacionales alcanzan a unos pocos. Incluso en aquellos países que han tenido mayor efectividad cuantitativa (como es el caso chileno), importantes sectores sociales residen en soluciones habitacionales ofertadas por el Estado de calidad insuficiente (que son nichos de acumulación de pobreza y de múltiples disfunciones sociales, el denominado problema de los con techo). Una parte de la población sólo puede acceder por su propia cuenta a un techo informal, llamado chozas, favelas, chabolas, villas, etc., de baja calidad residencial, con alto grado de inseguridad ciudadana, carencia de equipamientos públicos y sociales, inadecuados sistemas de vialidad y transporte, de agua potable y de eliminación y procesamiento de desechos, y situados en un entorno de alto grado de vulnerabilidad a los fenómenos naturales.
La expresión del modelo económico, caracterizado por la generación y acumulación de riquezas materiales, a través de la racionalidad económica y productiva, ha dejado profundas huellas en materia de sustentabilidad, no sólo expresada en los daños ambientales (contaminación ambiental en muchos casos irreversibles, explotación irracional de los recursos naturales y cambios climáticos), sino también en una creciente inequidad, exclusión e incremento sostenido de la población en situación de vulnerabilidad.
La intervención del Estado en los procesos de configuración del ambiente construido, más allá del tradicional fin de resguardo ambiental y ordenamiento de funciones y usos, tiene —por acción u omisión— relación con los procesos de generación de renta y los modos de distribución o no de sus beneficios entre la población. En ese sentido, las políticas públicas que inciden en la construcción del territorio se constituyen en un ámbito en el que interactúan numerosos agentes en los procesos de producción y administración; agentes que componen un entramado de intereses altamente complejo que condicionan los fundamentos teóricos y de gestión de las mismas.
Esta multiplicidad de situaciones complejas ha generado una urgente necesidad de revisar los sustentos teóricos desde donde se implementan las políticas públicas orientadas a lo urbano-territorial, incorporando distintas nociones de cohesión social y de sustentabilidad de las acciones y el reconocimiento de la necesaria multidimensionalidad e intersectorialidad que requiere cualquier programa que incida en la construcción del hábitat residencial.
Dentro del contexto de esas políticas, el Programa Quiero Mi Barrio (PQMB) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile pretende dar respuesta a una deuda histórica luego de continuas políticas habitacionales viviendistas, orientadas a paliar el déficit cuantitativo de viviendas sin una mirada de barrio y ciudad, donde actualmente se observan graves situaciones de deterioro físico y vulnerabilidad social. Este programa es el reflejo de un punto de inflexión en la forma tradicional de hacer política habitacional y urbana. El programa asume la complejidad de la construcción del hábitat residencial, incorporando acciones intersectoriales no sólo en la dimensión físico-espacial, sino también en la dimensión socio-cultural, incluyendo en forma activa a los habitantes. Como todavía se trata de un programa de gobierno en una fase experimental y no de una política de Estado, son muchos los aspectos críticos que requieren desarrollo, ya que es difícil pasar de un pensamiento lineal y hegemónico a una mirada sistémica que dé cuenta de un problema complejo contextualizado en un medio biodiverso, vulnerable que, como dice Yori (2009), «compartimos con las demás especies un solo planeta expuesto, hoy en día, no sólo a las implacables leyes del mercado, sino a dos revolucionarios cambios universales: el cambio climático (producto, entre otras cosas, del proyecto depredador y tecno industrial de la modernidad) y el cambio de paradigma civilizatorio que nos ha traído el desarrollo tecno-informacional y comunicacional; cambios que a su vez sirven de telón de fondo a la aguda crisis tanto ambiental como social y económica en que nos encontramos».
En este sentido, resulta relevante incorporar las nociones de sustentabilidad a los procesos de regeneración urbana. Una transformación fundamental en la manera de pensar la ciudad y la urbanización que pase de un enfoque lineal y sectorial a una mirada integral y multidimensional en la que se privilegie la recuperación y consolidación de los espacios urbanos en detrimento de la expansión urbana descontrolada. Una mirada que de paso en forma progresiva a la inclusión, la tolerancia ante la diversidad, la asociación y la participación informada.
Nuestro foco está puesto en la experiencia de regeneración de barrios implementada en Chile en el marco del programa de gobierno Quiero mi Barrio ejecutado durante la actual administración de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010). No obstante, a efectos de enriquecer el análisis, nos parece pertinente y oportuno poner en contraste esta experiencia con la desarrollada en Cataluña (Llei de Barris), puesto que entendemos que se trata de un referente importante en lo que respecta al diseño de la iniciativa chilena de regeneración barrial. Ahora bien, desde la perspectiva de la sustentabilidad de las intervenciones desarrolladas en los barrios, entendida ésta como la permanencia —más allá de la temporalidad de la intervención— de las transformaciones inducidas y/o realizadas a partir de las actuaciones desplegadas por los equipos profesionales en los barrios; resulta sustantivo preguntarse por la intensidad y profundidad de las actuaciones de los respectivos programas (en Chile y Cataluña) al interior de los barrios. Esto necesariamente se asocia al análisis de los dispositivos de intervención, poniendo especial énfasis en los tiempos considerados, en los ámbitos de actuación y en la institucionalidad involucrada. En atención a lo anterior, se puede esbozar una hipótesis en torno a que la sustentabilidad de la regeneración barrial se juega de manera más o menos significativa en tres líneas programáticas.
Debemos ser claros en la idea que expresa que la regeneración barrial y urbana debe tener como meta la promoción de cambios efectivos en el espacio urbano —obras físicas— asegurándose de que los habitantes perciben cambios en su vida cotidiana —modificación de la experiencia urbana y de la calidad de vida. Para avanzar en esa dirección, y si se toman en cuenta las buenas prácticas asociadas a la regeneración barrial (Roberts, 2000; Pareja, 2005) y las recomendaciones que de allí se desprenden, es imprescindible impulsar la activación de los recursos presentes en el territorio para así producir sinergias entre las soluciones múltiples; todo ello en el marco de las estrategias de largo plazo.
En este sentido, las actuaciones a desplegar por los equipos
profesionales deben disponer de una intensidad y extensión suficientes
para producir indicios de transformación en los territorios
intervenidos. Probablemente es difícil establecer estándares que
garanticen resultados con ciertos automatismos; sin embargo, esta claro que los
plazos asociados a experiencias exitosas
tienden a oscilar
entre cinco y diez años (SUR, 2009), lo que expresa
necesariamente que dichas iniciativas adquieren carácter de políticas
de Estado en la medida que superan las temporalidades convencionales
de los periodos de gobierno. Ese es el caso de la experiencia catalana,
que bajo el amparo de la Llei de Barris instaura el
Programa de mejora de barrios y áreas que requieren una
atención especial, que a su vez está compuesto por un conjunto de
proyectos de intervención integral, herramienta
basal de regeneración urbana y barrial. En efecto, los plazos
estipulados consignan una base de cuatro años, ampliables en en dos años suplementarios, que en su conjunto conforman un escenario
temporal acorde con la instalación y legitimación de los equipos
profesionales, la definición y ejecución de las actuaciones y el retiro programado de la intervención —lo que habitualmente
se reconoce como el duelo— que evitan quiebros bruscos entre el
proyecto y el no-proyecto.
Esto se contrapone fuertemente con la experiencia chilena, que establece plazos de intervención bastante acotados limitados a treinta meses (Sepúlveda, Larenas y Campos, 2008), concentrándose en la instalación y legitimación del programa y en la elaboración del Contrato de barrio, fase en la que se identifican y sensibilizan los vecinos para el diseño de la intervención y el posterior desarrollo de ésta. Una apreciación general, a partir de la observación del funcionamiento de los 200 barrios atendidos por el programa, indica que las transformaciones verificadas pasan por una cierta activación de los procesos organizativos locales —en la figura de los Consejos Vecinales de Desarrollo[3]— y una proliferación de pequeñas obras de mejoramiento del espacio público —plazas principalmente.
Por tanto, una primera aproximación al análisis sobre la sustentabilidad de la experiencia chilena arroja que se está lejos de los estándares internacionales, hecho que limita extremadamente la posibilidad de permanencia de los resultados de la intervención, particularmente porque ante la ausencia de un programa el Estado se retira de los barrios. Al tratarse en la mayoría de los casos de barrios localizados en comunas pobres, los municipios respectivos tienden a concentrar sus inversiones en otros barrios no intervenidos. Esto trae como consecuencia el no mantenimiento de las obras físicas y su potencial exposición al deterioro, junto a la incapacidad de los Consejos Vecinales de Desarrollo para gestionar proyectos ante las instituciones públicas debido a la invisibilidad que tienen frente a los organismos sectoriales y municipales por no contar con existencia jurídica.
La experiencia catalana afronta una perspectiva similar al articular en los proyectos de intervención integral un conjunto diverso de actuaciones en las áreas urbanas sometidas a la acción programática de regeneración barrial. En concreto, los proyectos que se implementen en los barrios deben prever intervenciones en la mejora del espacio público; la rehabilitación y el equipamiento de los elementos comunes de los edificios; la provisión de equipamientos para uso colectivo; la incorporación de tecnologías de la información; el fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano; la equidad de género en el uso del espacio urbano; el desarrollo de programas que comporten una mejora social urbanística y económica del barrio; y la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas. Estos antecedentes posicionan al Programa de mejora de barrios y áreas que requieren una atención especial, al menos en el diseño de la intervención, como una estrategia que efectivamente busca responder integralmente a la problemática de los barrios degradados pues, no sólo establece acciones en el espacio público y en la infraestructura urbana, sino también en los aspectos socioculturales y económicos, todo ello con una perspectiva mayor de ciudad y proyecto político.
Por su parte, la experiencia chilena tiende a distanciarse de los modelos que promueven intervenciones integrales en la medida que focaliza sus acciones en los barrios, sin considerar sus entornos o contextos urbanos, inhibiendo el encadenamiento del barrio con dinámicas urbanas de mayor alcance. Asimismo, y si bien existe un intento por gatillar procesos de participación ciudadana que han desencadenado una incipiente recomposición de los lazos comunitarios en los barrios, este activismo social que se instala en los conjuntos de viviendas no encuentra referencias en un ámbito mayor al del propio barrio que den señales, por ejemplo, de mayor inclusión en la vida social y política de la comuna. Se produce más bien un encapsulamiento de la intervención, pues sólo se circunscribe a los límites administrativos del barrio. Simultáneamente, las obras físicas impulsadas son también de alcance barrial y se reducen a mejoras del espacio público (jardines, luminarias, mobiliario) que no se insertan en estrategias de mejoramiento urbano de mayor escala que pongan en una relación sistémica los barrios con las áreas urbanas que los contienen.
Más complejo aun es la omisión al abordaje de la problemática integral que afecta a los barrios degradados y que pasa básicamente por la precariedad de los contextos urbanos en los cuales se localizan: una base económica fragilizada que se expresa en la precariedad del empleo y la baja dotación y calidad de servicios urbanos que podrían estar asociados a señales positivas de integración e inclusión social, como son los centros de salud y educativos.
En términos simples, reconociendo eso sí el impacto que ha tenido la experiencia del Programa Quiero mi Barrio en el debate sectorial sobre la ciudad, la experiencia chilena muestra una debilidad fundamental al no reconocer la relación sistémica entre los barrios y las ciudades, generando por ello que la inversión pública se diluya en acciones fragmentadas y carentes de sinergia para provocar cambios más fundamentales en las ciudades.
Revisando las buenas experiencias internacionales, se observa que todas ellas se instalan en un marco institucional que establece condiciones de intervención en el largo plazo, no supeditando los proyectos de regeneración barrial a las orientaciones particulares de las administraciones de turno. Del mismo modo, los sistemas políticos incorporan la diversidad política que atraviesa a la sociedad, configurando un espacio de legitimidad para la instalación de políticas de Estado que conecte las acciones sectoriales con los desafíos mayores de la sociedad, referidas a la democracia y el desarrollo. Más aun, varias iniciativas de regeneración barrial y urbana se enmarcan dentro de legislaciones específicas, como es el caso de Alemania, Francia y la propia Cataluña.
Respecto al caso de Cataluña, y particularmente de Barcelona, resulta indisociable el esfuerzo de regeneración urbana con el proceso de reconstrucción democrática (Carrión y Hanley, 2005) tras casi cuatro décadas de dictadura franquista. Por lo mismo, el caso barcelonés resulta paradigmático para comprender que los destinos de las ciudades van por los mismos derroteros que los de la democracia, lo cual obliga a instalar una institucionalidad acorde con esos desafíos, que ponga en diálogo la rigurosidad y pulcritud técnica con los desafíos de la sociedad en clave política; vale decir, con orientaciones estratégicas de largo plazo que promuevan la articulación de visiones y posiciones diversas y tiendan hacia la cohesión y la inclusión social.
No disponer de una carta de navegación que oriente el destino de la sociedad, que no es otra cosa que disponer de un gran acuerdo respecto de quiénes somos y hacia dónde vamos (una comunidad política), constituye un hándicap importante para las sociedades del sur pues dificulta el situar las políticas urbanas en sus ejes sustantivos: dotar de un soporte espacial a la permanente construcción democrática. Por ello, la experiencia chilena aparece todavía como una apuesta ligera, se trata de un programa de gobierno inserto en un área sectorial de perfil tecnocrático que no tiene por preocupaciones centrales aquellas asociadas a la democracia y al desarrollo. Se coarta sostenidamente la posibilidad de vincular las dinámicas sociales que el propio programa genera en los barrios (descrito más arriba como activismo) con procesos más sustantivos de participación ciudadana que pueden ser promovidos por otras áreas sectoriales de gobierno (los llamados ministerios políticos).
Por otra parte, entendemos que la presencia del Estado en los barrios no debe circunscribirse a la mera intervención de un programa y debe tenderse hacia una permanencia de la institucionalidad estatal en los barrios, fundamentalmente en la percepción de los habitantes que viven en una condición de desamparo[4]. Ahora bien, la institucionalidad estatal se expresa en una diversidad de servicios que han sido progresivamente privatizados y, aunque el camino no es la estatización, cabe reinventar la presencia del Estado en las áreas deterioradas de las ciudades; por ejemplo, a través de la generación de espacios públicos de escala comunal y/o metropolitana o de la mejora de la calidad de las escuelas y de los servicios de salud. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de diseñar e implementar acciones integrales y de reforzar la idea que señala que la regeneración barrial no implica solamente el mejoramiento físico del espacio público, puesto que el trasfondo de la problemática del deterioro de los barrios refiere a cuestiones de fragmentación y exclusión social que tienen un correlato palpable en el espacio urbano. Por lo mismo, las acciones vinculadas —por ejemplo— al mejoramiento de la imagen urbana y de la trama de los barrios deben ser entendidas desde un enfoque integral que comprenda que tales acciones deben responder a desafíos de la promoción de la integración y de la inclusión social. En otras palabras, el cambio efectivo que deben percibir los habitantes de los barrios es que progresivamente reconstituyen comunidades locales (comparten un cierto proyecto de vida con sus vecinos) al mismo tiempo que notan que pueden ser efectivamente parte de comunidades mayores (la comuna, la ciudad y la sociedad finalmente). Es esto lo que, sin duda, evidencia que estamos frente a un problema social que requiere más que respuestas sectoriales y circunscritas a una administración de gobierno.
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[1]: Esta presentación ha sido elaborada en el
marco del Proyecto A/019638/08 Renovación de barrios en Chile
y España: análisis, procesos de intervención y evaluación, el cual cuenta con aportes de la Agencia Española de Cooperación Internacional e involucra a las investigadoras Montserrat Pareja, Montse Simó y Lidia García de la Universidad de Barcelona y a los investigadores Rubén Sepúlveda, Fernando Campos y Jorge Larenas de la Universidad de Chile.
[2]: Instituto de la Vivienda. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de
Chile. Dirección: Portugal 84, Santiago de Chile. Teléfono: +56 2 978 30 37.
[3]: Organización
de carácter meramente instrumental creada por el programa para actuar
como contraparte del mismo e integrada por vecinos. No
cuenta con personería jurídica y, por lo tanto, no tiene capacidad
para gestionar recursos más allá del propio programa.
[4]: Esta reflexión fue expresada
por María Ignacia Jiménez de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ)-Chile en el seminario
Tipologías de barrios desde una mirada estratégica del
territorio, realizado por Habiterra S.A. y Quiero mi Barrio el 22 de septiembre de 2009.
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