Ciudades para un Futuro más Sostenible
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Boletín CF+S > 42/43: Simposio Internacional Desarrollo, Ciudad y Sostenibilidad > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-agur.html   
El proyecto como metáfora: la ética de la sustentabilidad en el discurso urbanístico de la experiencia chilena (1835-1958)
Alberto Gurovich Weisman[1]
La Serena (Chile), octubre de 2009.
Resumen: Frente al desafío de proponer algunas herramientas metodológicas para analizar el nivel de sustentabilidad resultante de la intervención y producción de espacios y de la disposición y la materialización de las edificaciones que envuelve el proceso de humanización, se revisan cuatro muestras de proyectos urbanísticos desarrollados en el marco de la experiencia chilena entre 1835 y 1960. Dos de estas experiencias están vinculadas a la formación de entidades urbanas: una se refiere a una temprana operación de instauración suburbana de un modelo de poblamiento destinado a grupos de altos ingresos y otra relata las primeras fases de la historia de un difundido programa de manejo agroresidencial de la interfaz urbano-rural.

Podríamos definir los comportamientos relativos a la sustentabilidad de un lugar como aquellos vinculados al compromiso de controlar los cambios alogénicos (Tansley, 1935) a fin de provocar el menor daño posible en el largo plazo al patrimonio biogenético y al equilibrio ecológico de la naturaleza del mismo y de satisfacer las necesidades del presente de las personas que allí moran y circulan sin comprometer la disponibilidad de las generaciones futuras para resolver sus propias necesidades.

Desde una perspectiva más profunda, la sustentabilidad comprende un conjunto de medidas de regulación cruzada del ecosistema humano que integra el ecosistema bioecológico y los complejos sociales y constructivos (Pickett, 2009). No cabe duda que, en los últimos decenios, el manejo del ecosistema bioecológico ha venido cosechando logros, y si bien continúa habiendo relaciones de causalidad y efectos procesales abiertos, el nivel general de certidumbre en las interpretaciones ya permite calificar objetivamente ciertos estados; además de proponer tratamientos con altos grados de eficacia, al punto que su mayor salvedad —relativa al costo, a la orientación de los beneficios y a la oportunidad de implementación— es cada vez más política que técnica.

Y ello conviniendo que el ejercicio de valoración ambiental, particularmente respecto a sus instrumentos y mecanismos de apreciación, es siempre parcial, si no arbitrario, aunque sus objetivos últimos pudieran ser especificados.

No ocurre lo mismo respecto a la determinación de necesidades y satisfacientes sociales, en particular aquellas que van siendo estructuradas merced al dimensionado cualitativo de las variables que las representan. Y mucho menos logradas aparecen la intervención y producción de espacios y la disposición y materialización de las edificaciones que envuelve la humanización del ambiente, principalmente aquellas que se refieren al manejo del creciente proceso de urbanización.

Ahora bien, como ha sucedido a lo largo de su historia, las ciudades continúan siendo eficaces generadoras de riquezas, pero también de penetrantes asimetrías sociales.

El llamado «orden urbano», hoy en día, viene determinado por el dominio de una dependencia perversa, en cuanto que trastorna y reproduce deformaciones en la composición de la demanda, requiere un progreso técnico exógeno y una acumulación de capital fundada en el ahorro externo y legitima pautas de consumo que presionan las relaciones sociales; todo ello con un grave detrimento del ambiente, que instrumenta empleando cantidades cada vez mayores de energía, con niveles cada vez más elevados de entropía.

Siguiendo a Peter Taylor (1997) y a la idea de inclusión en el encuadre de la ideología del ambientalismo, la sustentabilidad representaría una suerte de resistencia a la modernidad que envuelve la fragmentación y la explotación del ambiente y la hegemonía del consumo.

Con antelación al desenvolvimiento del cuerpo conceptual que estamos abordando, en algunas instancias el diseño de lo urbano ha buscado responder a ciertos temas que hoy forman parte de la ecuación de la sostenibilidad, adelantándose en implicar estilos de desarrollo tendentes a preservar el entorno natural pero, sobre todo, tratando de asumir una postura ética frente a la pobreza y la desigualdad, en la notación simbólica de un sistema de identidades y valores culturales adecuados y diversificados y en el acto de moldear prácticas sociales razonables, equitativas y eficientes a través de la disponibilidad y configuración de sus espacios y distancias.

Esta suerte de adelanto entre rudimentario e incompleto está presente en cuatro ejemplos que seguidamente revisaremos, en función de la idea de precisar componentes que se validaron en determinadas circunstancias como pasos hacia la cuestión de la sostenibilidad; sea organizando la sociedad en el molde de ciertas representaciones espaciales de la armonía igualitaria; mediante un orden imaginado como metamórfico, filtrante o de traspaso entre lo urbano, lo rural y lo natural; o a través de la conjunción de distancias y productos espaciales generadores de rentabilidad diferencial, arquitecturas exóticas signadas por la protección de la salud, y dispositivos técnicos de la modernidad.

Cuarta refundación de Chillán

El 20 de febrero de 1835 un violento sismo azotó la ciudad de Chillán. El 5 de noviembre siguiente, por decreto presidencial, se decide su traslado a Huadún de Amunátegui, un nuevo emplazamiento adquirido, entre dos posibilidades, al norte del antiguo.

Entre el 4 de diciembre y el 15 de enero el ingeniero Ambrosio Lozier[2], miembro de la Junta Científica de la capital, realiza la mensura, amojonamiento y rayado de la planta de Chillán (Nuevo, como se le conocerá), después de lo cual, se da comienzo a la entrega de sitios a los vecinos y a las instituciones públicas que debían construir la ciudad.

Entretanto, se fabrica un canal de entrega de aguas y se fija un plazo de cuatro años para avecindarse, que no se cumplió a cabalidad.

El trazado de Lozier está dispuesto como un cuadrado geométrico, con calles rectas de norte a sur magnético, y avenidas paralelas en los bordes. En total son 144 manzanas, cinco de ellas dedicadas a plazas y dieciséis de las restantes habilitadas para contener equipamiento.

La estructura[3] contiene una fórmula de organización jerarquizada, con cuatro vecindarios casi equidistantes, cada uno con su respectivo centro, y un centro principal situado en el núcleo mismo de la planta (Reyes, 1999). Se postula una idea de alineación urbana regularizada y hasta cierto punto igualitaria, según una regla de orden que puede tener que ver o con la ideología conservadora de Joaquín Prieto (mandatario firmante del Decreto aludido, vencedor de las batallas de Vegas de Saldías contra Benavides, en 1821, y Lircay contra Freire, en 1830), quien se propone «cimentar la tranquilidad pública, dar respeto a (las) leyes, introducir la moralidad en la administración, y echar las bases de una política moderada y sensata...»; o bien con la posibilidad de crearla a imagen y semejanza de la armonía perfecta del universo, conforme al pensamiento idealista de su diseñador, Lozier.

San Francisco de Limache

El proyecto de San Francisco de Limache cuenta con el precedente de la formación de la villa de Yungay, en el exurbio inmediato al poniente de la ciudad de Santiago, entre 1839 y 1841. Decidida por el negocio de subdivisión en manzanas y predios de los terrenos del Llanito de Diego Portales Andía Irarrázaval, según proyecto de los ingenieros Francisco Cueto y Juan de la Cruz Sotomayor. El proyecto se vendió gracias a una entonces novedosa campaña de promoción que en el inicio multiplicó por tres su valor original, y continuó incrementándolo al instalarse plaza, capilla y escuelas, poblarse con muchas edificaciones de calidad (Sarmiento, 1842), y ser mostrado como el asiento prestigioso de la intelectualidad de la época.

Debido a una destructiva inundación de riadas de barro precipitadas desde los collados cercanos al sur, que afecta a la ciudad original de Limache, o Villa Alegre de Limache, tras una lluvia intensa y prolongada, además del anuncio de la inminente llegada del ferrocarril de Valparaíso a Santiago, que no llegaba al lugar; el propietario Ramón de la Cerda, dueño de la hacienda situada al norte del estero que ciñe la ciudad, formula la idea de una operación inmobiliaria equivalente a la de la villa de Yungay, cuyo programa tendría que combinar el montaje de una vía ferroviaria entre Peñablanca y la entrada de Quillota y los terrenos necesarios para una estación, una plaza, un parque, una iglesia, unas oficinas fiscales y municipales y una quinta de uso exclusivo para un colegio de tamaño significativo.

Al efecto, para la ejecución del proyecto, en agosto de 1856 contrata al ingeniero civil español Ricardo Caruana, natural de Valencia, quien se encontraba trabajando como encargado de la construcción de puentes de madera en el ferrocarril y como docente de su especialidad en la Universidad de Chile[4].

El Plano Geométrico y Topográfico de la Nueva Población de San Francisco de Limache, diseñada por Caruana, es aprobado por la Intendencia de Valparaíso en febrero de 1857 y se presenta al público para la venta en la Bolsa de Comercio y en el Almacén de los Señores Pedregal del puerto.

Consta de alrededor de 44 manzanas ordenadas entorno de una avenida central arbolada, dispuesta de oriente a poniente, que enfrenta la estación y en cuyo trayecto se focaliza una gran plaza hexagonal. Cada manzana completa se divide en 8 predios y a los costados externos de las calles paralelas a la avenida se dibujan predios mayores que actúan de límites temporales.

Por decisión del mismo Caruana, se condicionaron las ventas a la obligación de cerrar los sitios antes de un año y levantar las edificaciones en no más de tres años contados desde la fecha de la escritura. Se perfilan, por primera vez, antejardines y distancias a los medianeros y se determinan, también obligatoriamente, los materiales de construcción, las techumbres visibles y las terminaciones, contra multas a beneficio público (Venegas, 2000:208).

La velocidad, el monto de ganancias y la cuantía de las ventas superaron las expectativas, así como la calidad de las edificaciones aportadas por los compradores[5].

Lo singular del diseño de San Francisco de Limache estriba en la presencia vegetal, los canales de riego y la gratificación paisajística del entorno que han condicionado el ambiente urbano hasta hoy, cuando la superficie y la población han superado más de cinco veces la proyección inicial de sus fundadores y se han forjado algunos sectores de pobreza en el piedemonte inmediato.

Población Pedro de Valdivia

En el paso entre los siglos XIX y XX aparecen tres proyectos en Santiago, dos de los cuales se convertirán en prototipos, en tanto el tercero estimulará una discusión que va a durar hasta la década de 1930.

El primero es la Gran Avenida Pedro de Valdivia de la Población Providencia, que se identificará después con la figura de ciudad lineal El segundo es la Avenida de la República, que introduce y consolida el concepto de calle paraíso. Y por último, la Gran Avenida del Sur (actual avenida José Miguel Carrera)[6].

Es así como en noviembre de 1895 aparece a la venta un proyecto revolucionario, con la firma del ingeniero geógrafo José Manuel Figueroa (Prado, 1902 y Prado, 1905), que implica el loteo residencial de un antiguo fundo del Arzobispado de Santiago, consistente en una faja o listón de 550 a 600 metros de ancho ubicada entre el camino de la Providencia a los Baños de Apoquindo (actual avenida Providencia) y el camino de Ñuñoa (actual avenida Irarrázaval). El fundo había estado originalmente destinado a la plantación de la viña Pedro de Valdivia y se encontraba ceñido por el oriente por la chacra de Lo Bravo y algunas pequeñas propiedades de Aguirre, y por el poniente por la chacra de la Divina Providencia[7].

El fundo había sido adquirido en 1893 por Alfredo Barros Errázuriz, Alejandro Valdés Riesco, Ricardo Reyes Solar y el médico Marcial Guzmán, previo acuerdo de preservación del usufructo de unos terrenos ubicados al suroriente que iban a ser ocupados (hasta hoy) por una iglesia y un convento de monjas. Los propietarios, en 1894, conciben un negocio de urbanización selecta para lo cual contratan los servicios profesionales de Figueroa. Entretanto, abren un camino central de 30 metros de ancho con una calzada central de 16 metros y veredones de 7 metros, flanqueando la avenida con una plantación de dos líneas de plátanos orientales, separadas entre sí y entre el cierro de las propiedades por un intervalo de 3,50 metros. El loteo, propuesto al año siguiente, subdivide la faja en 147 quintas desplegadas a lo largo de aquella vía central, que pasa a nombrarse callejón Pedro de Valdivia (Figueroa, 1895).

Completando el diseño de Figueroa, se emplaza una línea de tranvía a tracción animal a lo largo de la avenida recién formada, de tres kilómetros de largo, extendido entre los caminos de Providencia y Ñuñoa, sin tornamesa en ambos extremos y con un ruedo de rotación central (actual plaza Pedro de Valdivia) para conservar la dirección en los trayectos de ida y vuelta.

El servicio independiente de este circuito, bautizado como Ferrocarril Urbano Pedro de Valdivia, es inaugurado el 9 de marzo de 1896. Será electrificado en 1912, manteniéndose como propiedad de la Sociedad de Tranvías Eléctricos Pedro de Valdivia hasta ser finalmente adquirido en 1925 por la Compañía Chilena de Electricidad[8], que lo incorpora a la red general de la ciudad mediante dos recorridos regulares[9].

Debido a la complejidad de los alcances que comienza a tener, la operación general se traspasa a la Sociedad Población Providencia, adjudicando su venta a la Bolsa de Comercio de Santiago[10], para lo cual se forma un Directorio presidido por don Joaquín Fernández Blanco[11] y compuesto por un conjunto de importantes personalidades[12].

Con ese respaldo es reformado el proyecto inicial, rectificándolo para ofertar una mayor diversidad, que abarca 146 quintas y 93 predios de menor tamaño, situados en el extremo surponiente en seis manzanas de catorce sitios cada una y nueve solares más en los cabezales (Figueroa, 1895).

Comienzan a venderse los terrenos y, con la participación de los más connotados arquitectos de la época, se van edificando residencias de lujo (Sombart, 1921) de estilo heterogéneo, conforme un modelo importado denominado como cottages, villas y chalets. Todas ellas dispuestas en pabellones aislados (distanciados de las medianeras) y con habitaciones asoleadas, fáciles de asear y ventiladas. Esto es, que además de marcar su dominio territorial —en una simulación de las casas principales del ámbito rural— y enfrentarse al paisaje entonces despejado, se avienen a las recomendaciones sanitarias que circulan en el ámbito internacional[13].

Esta formación no es inédita, como tampoco el mensaje higienista. Descontando los ejemplos de la casa Meiggs (construida 1864), traída desde California por barco (Trigg, 2002), el Palacio Cousiño (1870-1878) construido en la nueva calle Dieciocho de Septiembre (1850-1887), las casas levantadas hacia 1880 en las quintas que se abren en las primeras cuadras de las avenidas de la República y de la Capital (actual avenida España), gracias al loteo de la quinta del mismo Henry Meiggs (1872), y las lecciones de la urbanización compuesta por residencias de extranjeros y jardines en los cerros Alegre y Concepción de Valparaíso, su más efectivo campo de prueba lo proporciona el diseño europeizante de las residencias habilitadas en los 63 sitios que fracciona la avenida Oriente del Camino de Cintura (actual avenida Benjamín Vicuña Mackenna), entre la Alameda de las Delicias y el camino de Ñuñoa (1873-1900) donde, por sus variadas pero en general menores dimensiones, se dibujan antejardines y patios laterales visibles desde el espacio público en adosamientos y edificios aislados, apareciendo sugestivas escalinatas de acceso, atalayas y balcones «para realzar, ver y ser vistos», en novedosas secuencias de interfaz entre el espacio público y privado.

Además, coincide con el momento de la meritoria contribución que está haciendo el arquitecto chileno Ricardo Larraín Bravo, formado en la École Nationale de Beaux Arts de París, verdadero líder de las premisas del higienismo, protagonista de la cuestión del trazado de la red de alcantarillado de Santiago y autor de la primera de las villas Zig-Zag comentadas más adelante (Larraín, 1909).

Al crearse el Municipio de Providencia en 1897, la Población queda integrada en su territorio jurisdiccional, y ello se suma a la fórmula de selección, diversidad estilística relativa, separación y distancia social que se subraya en la publicidad que acompaña su venta[14].

Con la Población Pedro de Valdivia se logra constituir un fragmento suburbano, paisaje incluido, compuesto por objetos arquitectónicos vinculados a una infraestructura pero insolidarios y unidos por un eclecticismo caprichoso, si no extravagante, resultado de las aspiraciones de cada cliente; todo lo cual, andando el siglo, se tornará en una pauta de orientación estratégica para incrementar la rentabilidad y cultivar la desigualdad.

Los empresarios intentan hacer entrega a la corporación municipal de la avenida, a fin de darle la categoría de vía pública con la intención de transferir la responsabilidad de mantener los puentes que salvaban la tupida red de regadío en aquel tiempo vigente, actos que consiguieron pero a tiempo postergado por dos años.

Más todavía, en 1903, sintiéndose descontentos por la acción municipal, treinta y dos vecinos se organizan, por vez primera en la experiencia chilena[15] con el objeto de formar un conjunto de comisiones de trabajo y reivindicación para la mejora de los servicios de agua potable, policía, carritos, caminos, programa de carros eléctricos, templos y escuelas, publicaciones, plaza y ornamentación y alumbrado público[16].

La lentitud del proceso de venta, determinada por las razones que veremos, introduce otra medida efectista que hará escuela. Se lanza un concurso público que germina de la alianza de los empresarios inmobiliarios con la recientemente publicada revista Zig-Zag, la cual durante los años 1905 y 1906 procede a rifar entre sus lectores un nuevo «chalet estilo Tudor» de gran calidad, especialmente edificado en Pedro de Valdivia, causando la consiguiente admiración de toda la ciudad.

Se podrían aventurar un par de argumentos que explicaran la lógica del desarrollo del proyecto Pedro de Valdivia, analizado como experimento.

Uno, que supone la emergencia del temor a la inseguridad física en la ciudad tradicional, invocado por el ambiente callejero de las ya citadas protestas populares de 1888 y 1890, de los saqueos programados (Montt, 1894) de las casas de los dirigentes gobiernistas, el 29 de agosto de 1891 tras la caída del gobierno de Balmaceda y, sobre todo, de los sucesos de la Semana Roja que siguió al 22 de octubre de 1905 (Grez, 2007).

Y el otro —similar a lo ocurrido en otras ciudades del continente[17]—, relacionado con la aparición de razones económicas y sociales que, en un proceso acumulativo, van transmutando las formas de residir de aquellos que buscan ser y estar en la nueva ubicación de la élite[18] para construir una glorificación exhibicionista del «buen gusto». Esto implica trastocar las fórmulas proverbiales de orden, expresión y visibilidad de las residencias, adoptando representaciones de lo foráneo como estilo, buscando diferenciarse, exteriorizando su individualidad y recalcando la soberbia de su posesión.

Pero, en lo principal y como conjunto, entraña convertirse en la negación de la pobreza, el mal hablar y la fealdad del resto de la ciudad, a espaldas del cual se instala real e imaginariamente distante, como garantía de exclusividad en un espacio del nosotros frente al espacio de los otros, pretendiendo fundar, templar y solidificar una pauta privilegiada del poder.

Los Huertos Obreros y Familiares: las primeras fases de un programa aún vigente

El último ejemplo versa sobre los Huertos y Jardines Obreros y Familiares creados en lo que fue la interfaz urbano rural de varias ciudades chilenas, como una iniciativa del Estado que de ese modo intentaba responder a reivindicaciones que expresaban la demanda habitacional de algunos ciudadanos y los problemas de la desigualdad del territorio, superando escalas y medios, y apelando al principio de la fraternidad natural del trabajo compartido y ligado a la agricultura, para convertir la respuesta en un vehículo de transformación social.

La experiencia se ubica en una larga línea de intentos de redención de los ambientes sociales derivados del linaje de las utopías y el milenarismo y nutridos con el simbolismo del árbol, la vegetación y el jardín. Se la puede situar en la encrucijada de aquella línea con otra formada por una serie de diseños elaborados para contrarrestar la también vieja oposición entre el campo y la ciudad, en gran medida pautadas por doctrinas políticas que buscan ser reconocidas por medio de acepciones que se integran a la sintaxis cultural de la periferia o del exurbio.

En Chile, la fusión de tareas agropecuarias con actividades industriales menores o artesanales en parcelas suburbanas o exurbanas se muestra en casos tan variados como el Plan del pueblo de Carahue (1898); la Colonia agroferroviaria de Graneros (1918); la Aldea cooperativa de Villa Queule, Toltén (1924); la Colonia alemana de Peñaflor (1929), y la Cooperativa Pedro Aguirre Cerda, en El Tambo, de San Vicente de Tagua Tagua (1938).

Una mención especial merecen los proyectos de colonias agrícolas lineales —diseñados entre 1909 y 1929 por Carlos Carvajal Miranda, discípulo y seguidor de Arturo Soria y Mata, tendientes a «ruralizar la ciudad y urbanizar el campo» (como lo había descrito su mentor en 1883), glosados con el aforismo de Mantegazza: «Que cada familia viva en su casa y en cada casa haya una huerta y un jardín».

Las primeras referencias explícitas a los Huertos Obreros están contenidas en dos documentos utilizados a la postre de profundos conflictos políticos: en una exposición del alcalde de Santiago Ismael Valdés en 1914, donde propone aplicar el procedimiento del alcalde Pingree, de Detroit, para hacer frente al desempleo, justamente después de encabezar un movimiento de intervención cívica contra la corrupción que forzó la reforma de las leyes electorales y la composición de los municipios; y en una moción de ley incluida en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional de 1925, enviada por el presidente Arturo Alessandri, después de haber superado el poder del parlamento adquirido en la Revolución de 1891, por medio de la sanción ciudadana de una nueva Constitución política.

Seis años después el concepto es legalizado, aunque a través de una fórmula de naturaleza casi retórica, puesto que, si bien se origina en el Ejecutivo y está contenido en una norma debidamente sancionada[19], no propone financición ni asegura su respeto. En ella se define como Huerto Obrero a «la vivienda popular que tenga un terreno anexo adecuado a la explotación de una pequeña industria o cultivo, cuyo rendimiento económico sea suficiente para cubrir los intereses del préstamo y para el sustento de (la) familia del concesionario del crédito. Este último queda obligado a habitar la casa y cultivar el terreno anexo, personalmente o por intermedio de miembros de su familia».

Una segunda norma[20], que formaliza la Caja de la Habitación Popular, posteriormente facilita la adquisición de préstamos hipotecarios a los adquirentes de sitios dedicados a Huertos Obrero (incluso aquellos que hubiesen construido o comprado con anterioridad a la fecha de su promulgación) e indica que el Consejo Superior de este nuevo organismo deberá reservar anualmente una cantidad determinada de sus fondos para el fomento de los Huertos Obreros. Gracias a esta justificación del concepto, que además califica su dotación como una responsabilidad del Estado, por primera vez puede ser aplicado en el proyecto de una «zona de huertos obreros u hortícolas de abastecimiento parcial urbano» en parte del proyecto de colonización del territorio de Magallanes, de Luís Muñoz Maluschka en 1936. Casi al mismo tiempo de ser publicado ese proyecto, se aprueba el texto de la Ley orgánica de la Caja de la Habitación[21], donde se refuerza le definición de las obligaciones del Estado en materia residencial, precisando que debe estar dedicado al «fomento de la edificación de viviendas salubres y de bajo precio, huertos obreros y familiares...etc.». Aparte de aquello, cabe comentar que, la casi inmediata incorporación del adjetivo familiares a los huertos, denota la influencia del mensaje europeo.

En cuanto al tamaño y localización, sobreviene una etapa de estudio de la capacidad de la mano de obra y la suficiencia productiva de los terrenos, determinándose que la superficie adecuada debería ser de 5.000 metros cuadrados —media hectárea—, y estar ubicados, de preferencia, en sitios cercanos pero no inmediatos a las áreas urbanizadas.

Las otras consideraciones que se revisan entonces, están referidas al aprendizaje, la buena marcha y la disciplina de los beneficiados. Al efecto, se supone la posibilidad de educarlos y guiarlos mediante la ayuda temporal de profesionales especializados, y se aprueba la instalación de un régimen de vigilancia y aplicación de sanciones a las conductas malas o molestas, calificadas en opinión de los mismos miembros del grupo.

Por último, y conforme al espíritu del mensaje original de fraternidad, se postula la formación, previa o posterior, de cooperativas de producción en la génesis de los Huertos Obreros; sea para optar al beneficio, o al término de un plazo de constituido cada conjunto, con el objeto de abaratar los costos y operaciones y de favorecer los vínculos de solidaridad grupal de los asociados. El 26 de noviembre de 1936, aquellos pensamientos se convierten en una iniciativa de proyecto de ley sobre creación de Huertos Obreros, como fomento a las industrias caseras, patrocinado por el senador liberal José Maza Fernández, y discutido en el parlamento desde el 3 de enero de 1939, fecha de su presentación en el Senado, hasta el 4 de marzo de 1941, cuando culmina su sanción legislativa[22]. La idea que supone el programa de Huertos Obreros y Familiares implica guarecer al trabajador estimulando su concertación grupal y su autodeterminación; acercar e igualar los oficios que ejerce; permitirle la reconquista del escenario de sus sueños nostálgicos; reparar los efectos de la expansión urbana y, por sobre todo, recrear la ciudad imaginada para reformar a la sociedad, lo cual es nada menos que la insignia del pensamiento urbanístico moderno, levantada por sobre los hombros de los utopistas y los idealistas del progreso. De modo que todos parecen unirse alrededor de los huertos, empezando por José Robinovitch, ingeniero agrónomo de la Caja de la Habitación Popular y redactor de la ponencia que servirá de base a la propuesta de ley, quien considera, junto con lo que ha leído, aquello escuchado de algunos de los inmigrantes judíos europeos que vienen de participar en la experiencia de los asentamientos agrícolas de Moisesville y Colonia Clara (Entre Ríos, Argentina).

Ya desde la fase de la discusión legislativa en el Parlamento, se intensifican las oposiciones tocantes al acceso de la propiedad del suelo, al momento de su realización y a la facultad de una eventual transferencia de cada predio, a sus ‘mejoras’ y los derechos de agua por el ocupante, a quién oficia de arrendatario durante el período de servicio del préstamo que adeuda. A la postre, y en un forzado consenso, se decide que los que reciban de la Caja un huerto o jardín obrero o familiar sólo tendrán posibilidades de acceder al otorgamiento del título definitivo de propiedad una vez que hayan amortizado el veinte por ciento del precio.

Lo que tácitamente se halla detrás de aquella contienda es el cuestionamiento de la propiedad privada, cuyos móviles en cierta medida se apartan de la ideología del movimiento cooperativo y la versión progresista original de los Huertos.

El asunto se agudiza más tarde cuando se van desarmando las cooperativas de producción y consumo al ver restada su legitimidad al quitarles el carácter de obligatorias en el dispositivo de sustentación de los Huertos Obreros y Familiares. Pese a ello, sobreviven de alguna manera en la fluctuante cuota de poder de las juntas vecinales de los conjuntos y en las cooperativas de administración de los derechos comunes del agua de riego. Estas últimas, gracias a una contradicción del régimen jurídico, no se pierden, sino que, por el contrario, se fortalecen y en algunos casos sus dirigentes asumen las tareas de conducción de las organizaciones. El desarme, no obstante, facilita el cambio normativo y quebranta la subsistencia del programa, conforme al encadenamiento, un tanto perverso, que sigue:

  1. el Estado central implícitamente renuncia a su potestad sobre los Huertos Obreros y Familiares y la traspasa a los respectivos municipios (en cuyo espacio jurisdiccional se encuentran situados los conjuntos);
  2. las Municipalidades, utilizando de manera indebida la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Organización y Atribuciones Municipales, posibilitan el cambio de propiedad y destino del uso del suelo de los espacios que, en cada proyecto del programa, están reservados al equipamiento comunitario, declarándose por sí y ante sí como responsables de su destino y administración;
  3. los mismos municipios toleran o consienten la subdivisión de los predios de 5.000 metros cuadrados de los conjuntos de Huertos Obreros y Familiares; y finalmente,
  4. las Municipalidades aprueban la modificación de las especificaciones técnicas que gravan los terrenos de los Huertos Obreros y Familiares, por medio de la confección de planes reguladores comunales o seccionales, procedimiento legal de orden superior que puede cambiar el tamaño mínimo predial, el destino del uso del suelo, el cociente de edificabilidad y el porcentaje de superficie cubierta de tales terrenos.
Esta secuencia, pese a que está condicionada a lo largo del tiempo por los cambios que han ido debilitando la sustentación legal y la aplicabilidad del programa, es también el producto de una intención implícita cuya clave queda depositada en la propia ley y, principalmente, del resultado de las actuaciones del Estado. La intención corresponde a un detalle que a primera lectura puede parecer trivial, pero que muestra como la norma resultante de las negociaciones parlamentarias contiene la semilla de su propia impugnación.

Así ocurre que la redacción del Artículo 14, aplicado al problema de la realización de la propiedad privada (que ya citamos): señala que «...Sin autorización de la Caja (de la Habitación Popular)[23], los huertos y jardines obreros y familiares y sus aguas no podrán ser transferidos total o parcialmente, ni hipotecados ni divididos, mientras no se haya cubierto totalmente su importe». Vale decir, la ley número 6.815 de 1941, cuya presentación inicial estima la necesaria subsistencia de las superficies prediales de los huertos y jardines, con el objeto de tutelar su actividad productiva, de hecho ‘admite’ la subdivisión que más adelante puede destruir la base conceptual del programa.

El aparato público de producción habitacional, consecuente con el cambio de la orientación política del Estado que imprime el conflicto de bloques[24] —cualidad que se hace más notoria después del Decreto con fuerza de Ley número 2 de 1959, llamado Plan Habitacional de Viviendas Económicas—, renuncia a cumplir su responsabilidad de largo plazo para con los Huertos Obreros y Familiares. Los acontecimientos que van sellando este proceso se desgranan, aparentemente sin opciones de retorno. De partida, la incertidumbre que determinará el terremoto de 1939 y la situación internacional, sumada a un todavía pausado pero ya innegable incremento de la urbanización y a la emergencia de problemas de salud pública derivados de la calidad del ambiente residencial, se traducen en permanentes alzas de los cánones de arrendamiento de las viviendas y en desviaciones en los comportamientos de arrendadores y arrendatarios, por que obligan a sancionar normas para garantizar la equidad entre las partes en los contratos de alquiler[25]. A espaldas de la vigilancia de la Caja de la Habitación Popular, algunos huertos recién formados se rentan a terceros, quienes, por reglamento, no pueden pertenecer a las cooperativas, lo cual comienza a debilitar las organizaciones.

Entretanto, los cambios políticos que sobrevienen tras la muerte del presidente Aguirre Cerda[26], además de la creciente presión de la demanda, particularmente proveniente de los grupos de ingresos medio bajos, determinan algunas reformas del ente fiscal. La Caja de la Habitación Popular pierde su adjetivo, no obstante parece ganar medios y atribuciones[27] y seguidamente consigue hacer aprobar una normativa singular de urbanización y construcciones económicas[28], generando facultades operativas que facilitan la edificación de las viviendas y equipamientos contenidos en los proyectos de Huertos Obreros y Familiares [29].

Además, en el Reglamento de la Ley de la Caja de la Habitación[30], se introducen nuevas correcciones para diferenciar los jardines de los huertos obreros, donde se puntualiza que los huertos obreros propiamente tales deben ser ocupados por familias en las que el jefe de cada unidad o alguno de sus miembros trabaje en actividades ajenas a la explotación del predio, y que los ingresos por eso percibidos se deben emplear en el sustento común de la familia. Por su parte, los huertos familiares comprometen la totalidad de la fuerza de trabajo de cada familia, y se supone que este grupo vive de sus productos. El alojamiento en el jardín obrero, en cambio, queda reservado a familias en las que solamente la esposa puede dedicarse a la explotación de la industria casera anexa, mientras que para el jardín familiar, además de la cónyuge, pueden trabajar en la industria casera anexa los hijos mayores de catorce años.

Junto con la expansión del programa, mostrada en el incremento del número y tamaño de las entidades que se van a reunir en los congresos nacionales de agosto de 1945 y septiembre de 1947[31], se van produciendo desencuentros con las instituciones estatales, cuyo accionar, ya en franca declinación en la línea de los huertos, comienza a verse limitado por una elevada y persistente inflación de sesgo especulativo.

Como solución, al menos parcial, se dicta una ley[32] que traduce el monto máximo de los préstamos a cifras expresadas en unidades monetarias ajustables según la variación inflacionaria registrada en el índice oficial del costo de la vida. Y poco tiempo después, en un intento de lograr cierta estabilidad económica, otro cuerpo legal[33] le concede facultades administrativas y económicas al Ejecutivo para reorganizar la administración pública.

De este designio surgen algunos preceptos relacionados con el programa de Huertos Obreros que se refieren al establecimiento de una jerarquía de niveles interdependientes de planeamiento regional, intercomunal y comunal, este último limitado al territorio jurisdiccional de cada municipio[34], y a la incorporación de la Caja y sus actividades programáticas en la Corporación de la Vivienda (CORVI)[35].

En 1952, la inflación asciende a un 83,8%, y en 1954 el fisco debe endeudarse con el Banco Central debido a la contracción del mercado internacional del cobre. El gobierno, entonces, decide contratar a una firma de economistas norteamericanos de formación liberal, la llamada Misión Klein Sacks (1956 a 1958), que recomienda la reducción del gasto fiscal y la limitación de la política de créditos y subsidios.

Esta pauta de manejo del presupuesto del Estado, aunque es adoptada a medias, envuelve la primera reducción significativa del programa de Huertos Obreros y Familiares, en virtud de las nuevas ecuaciones de costo y beneficio que introduce en su argumentación, entre otras razones que la coyuntura aumenta el valor relativo de los bienes inmuebles, particularmente el del suelo periurbano solicitado por el programa, que actúa como reservorio eficaz en el ciclo de circulación de capital.

Mientras tanto, hacia 1952, se forman uniones de propietarios huerteros en el seno de las cooperativas, a manera de grupos de rechazo al régimen de arrendamiento que por entonces se ha vuelto frecuente, sin que ello interfiera en el liderazgo orgánico de las mismas. Pero seis años después, las disensiones internas, entre ellas las producidas por aquellos traspasos, a las que se agregan los efectos del descenso de la inversión estatal han aumentado al punto de provocar quiebros estructurales en algunas cooperativas que irán causando la división de sus asociados, con lo cual se debilitará todavía más su capacidad de negociación con terceras partes.

En suma, el abordaje descriptivo de cuatro muestras de proyectos urbanísticos desarrollados en el marco de la experiencia chilena entre 1835 y 1958 permite precisar un conjunto de variables y relaciones que podrían integrar un ensayo de sistematización elemental del nivel de sustentabilidad resultante del estado de conciencia específica dispuesta, en cada caso, hacia tal objetivo, e insumido en la intervención y producción de espacios, y de disposición y materialización de las edificaciones que envuelve el proceso de humanización, como paso ineludible en una materia que viene siendo el mayor reto de aquella perspectiva.

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Notas


[1]: Departamento de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad de Chile. Teléfono: +56 2 9783029; celular: + 56 2 09 322 1084.
[2]: El ingeniero francés Carlos Francisco Ambrosio Lozier había sido oficial de inspección de los ejércitos napoleónicos. Luego de la batalla de Waterloo emigra a Norteamérica. Estando en Baltimore, se incorpora a la fallida expedición de José Miguel Carrera. Prisionero en Buenos Aires, en marzo de 1817, logra fugarse y pasar a Chile donde, luego de intervenir en tareas militares y gracias a sus conocimientos de física, matemáticas y geografía, es contratado en una comisión corográfica para realizar un levantamiento del centro del país; tarea que interrumpe al ser nominado Rector del Instituto Nacional en 1826 con la misión de reestructurar su plan de estudios. Cabe agregar que había traído consigo textos científicos de física experimental, química y cartografía militar, los cuales donará a la Biblioteca Nacional, y publicado El Redactor de la Educación (1825), sobre pedagogía. Menos de un año después de su nombramiento, pese a sus buenas intenciones, simpatía y cultura, debe renunciar debido a las resistencias sociales que generan sus medidas. Disgustado, y aún cuando mantiene su cargo en la Junta Científica de la capital, va a radicarse a Concepción, donde está trabajando como docente cuando ocurre el sismo de 1835. Desarrolla algunos estudios sobre aquellos sucesos y después de tener la oportunidad de contrastar sus observaciones con las del naturalista Charles Darwin y el capitán Robert Fitz Roy, forma parte de una comisión integrada por el venezolano Simón Rodríguez —maestro de Simón Bolivar— y Juan José Arteaga con el objeto de redactar un informe para la intendencia de Concepción (Lozier, 1835). A continuación, y como se ha descrito, es nombrado para diseñar y trazar la nueva población de Chillán y otras tareas. Tiempo después, desencantando del ambiente social de la civilización republicana y en un gesto de reconquista de sus raíces ideológicas basadas en el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, se interna en el territorio araucano para vivir con plenitud su experiencia como hombre en el estado de naturaleza; desde entonces se pierde su rastro.
[3]: La ordenación del nuevo Chillán contaba con un antecedente fallido en el plan de traslado de la ciudad de Concepción, completado entre enero y marzo de 1765, casi catorce años después del terremoto y maremoto del 25 de mayo de 1751.
[4]: La personalidad de Ricardo Caruana y Berard es notable. Su familia se decía originaria de la isla de Malta y era conocida por su participación en los círculos sociales valencianos. El mismo era un científico y un innovador técnico. Antes de venir a Chile, y en compañía de escritores de la talla de Gustavo Adolfo Bécquer (pp. 79-89) y Pedro Antonio de Alarcón Ariza (pp. 30-32), colabora con un poema en la redacción de una corona poética editada por el periódico España Musical y Literaria de Madrid (Caruana, 1855:49).

Aquí publica varios trabajos. El más conocido es, de hecho, un documento de ecología forestal que será reproducido por los Anales de la Universidad de Chile en 1860 (Caruana, 1860). Al año siguiente solicita que se le extienda el título de Agrimensor, decisión que tuvo que ser consultada con el decano de Matemáticas. Y otro texto suyo, sobre seguridad en el funcionamiento ferroviario, aparece ingresado a la Biblioteca Nacional en el año de su edición (Caruana, 1862). Al regreso en su patria se domiciliará en Sevilla, en la calle de Gravina 74, y estará dedicado, aparte de su profesión, al desarrollo de varios inventos, según consta en el expediente que concierne a la primera patente de invención expedida por el Registro de la propiedad industrial de España sobre una bomba impelente diferencial, cuya tramitación se inició el 5 de agosto de 1878, a través del Gobierno civil de Sevilla, y fue examinada por el Conservatorio de Artes (Mernéndez, 1957). Posteriormente, de nuevo residiendo en Valencia, obtendrá la Propiedad intelectual e industrial número 5.966, del 1 de septiembre de 1886, de la Oficina española de patentes y marcas por un nuevo aparato que titula «compresor marino», «el cual tiene por objeto aprovechar el movimiento de las embarcaciones para comprimir aire y aplicarlo a diferentes usos» (Ministerio de Fomento de España, 1886:9).
[5]: Varias de las edificaciones originales de madera continúan en pié y están registradas en el listado de elementos patrimoniales del Plan Regulador comunal de Limache, en curso de aprobación.
[6]: Desarrollados en detalle en Gurovich, 2009.
[7]: Al momento de la compraventa del fundo Pedro de Valdivia, a unos 800 metros al sur del camino de la Providencia se localizaba en la chacra de la Providencia una nueva Casa de Orates o Manicomio Nacional, en los terrenos de la Casa de Huérfanos dependiente de la Tesorería de Beneficencia, parte de cuyas edificaciones nuevas estarán ocupadas, en 1904, por un cuartel militar (Prado, 1905).
[8]: La Compañía Chilena de Electricidad se forma con capitales ingleses y alemanes en 1921 mediante la fusión de la Chilean Electric Tramway and Light Company (CET &L) con la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica. Su sección de transporte colectivo será nacionalizada en 1945 como Empresa Nacional de Transportes (ENT), y cerrará los recorridos por la avenida Pedro de Valdivia en 1949, diez años antes de la retirada final de las otras líneas tranviarias, con excepción de aquella que seguirá prestando servicios por alrededor de cinco años en la calle San Pablo.
[9]: La línea número 34: Pedro de Valdivia, que corrió de ida y regreso entre la plaza Argentina, Alameda, Providencia, avenida Pedro de Valdivia, hasta la avenida Irarrázaval; y la efímera línea número 35: Plaza de armas--Pedro de Valdivia, de ida desde Plaza de Armas, Estado, Alameda, avenida Providencia, avenida Pedro de Valdivia hasta avenida Irarrázaval; y de regreso la misma avenida Pedro de Valdivia, Alameda, San Antonio, Monjitas y Plaza de Armas (Morrison, 2008 y Lira, 1955).
[10]: Repitiendo la fórmula empleada por la negociación inmobiliaria por corretaje de la villa de San Francisco de Limache (1856) y parte de Viña del Mar (1874), al contrario de la venta directa utilizada para la formación de la villa de Yungay (1835-1844) y el Gran Remate de Quince Manzanas de la Población Echaurren (1887).
[11]: Joaquín Fernández Blanco (1851-1924) uno de los personajes más influyentes de su época, fue Intendente de Santiago (1896-1900) y Valparaíso (1903-enero de 1906) —donde le tocó dirigir la apertura del camino plano entre Valparaíso y Viña del Mar—, Ministro de Industrias y Obras Públicas (1901), Elector del Presidente de la República por Chiloé, Diplomático enviado a España y Portugal, Director fundador de la Bolsa de Comercio, socio fundador del Banco de Chile y de la Sociedad Población Providencia, Consejero de la Caja de Crédito Hipotecario y miembro de la Junta Superior de Beneficencia, según la nómina de Reseñas Parlamentarias de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y otras fuentes.
[12]: El resto del Directorio de la Sociedad Población Providencia, con oficina en calle Huérfanos 19-F, según lo que aparece en la carta citada en Figueroa (1895) quedó compuesto por el doctor David Frías, como vicepresidente, los señores Samuel Gana, Manuel Domínguez, Nicanor Montes Santa María y Manuel Fernández Jara, como directores, y don Mariano Fontecilla, en el cargo de director gerente.
[13]: Derivadas de los principios adelantados durante la epidemia del cólera de 1832 en Nueva York, por el nutricionista Sylvester Graham, sostenidos con estadísticas confiables en Inglaterra por Florence Nightingale (1860), investigados y sistematizados por los médicos españoles Pedro Felipe Monlau (1862) y Juan Giné Partagás (1874, 1876), postulados como normativos por los médicos alemanes Herman Brehmer y su discípulo Peter Dettweiler, como generalización de los principios para la arquitectura hospitalaria referidos al tratamiento de la tuberculosis (1876, y muy en especial en 1892, diez años después del descubrimiento del bacilo de H. H. Robert Koch), y a la postre difundidos en dos artículos que se publican en la revista médica inglesa The Lancet en 1884 y 1892 donde se comparan observaciones de los índices de morbilidad de hogares rurales y viviendas obreras aglomeradas en los centros urbanos resultantes de la revolución industrial. Ver al respecto los textos de Alcaide (1999) y Weidling (1993: 165).
[14]: «...uno de los sitios más deliciosos de Santiago, un verdadero nido de flores e ilusiones ... Las mejores vías y las primeras aguas harán predilectos estos sitios de los que pueden darse el lujo de dos casas de habitación en una misma ciudad.» Textos de la prensa de la época citados por Aldunate (1997).
[15]: Admisiblemente, descontando la acción vecinal de las Mutuales creadas por Fermín Vivaceta en Valparaíso y Santiago, los tempranos organismos de bomberos voluntarios de Iquique y, sobre todo, los vínculos parroquiales organizados por la Iglesia católica.
[16]: Publicado en la primera plana de Semana Rural (periódico gratuito distribuido por la Municipalidad de Providencia) del 17 de mayo 1903, transcribiendo una noticia del diario El ferrocarril.
[17]: Las Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México; el Jardim América, en San Pablo; la Recoleta, en Buenos Aires; el Parque Morazán y el Barrio Amón, en San José de Costa Rica, entre muchos otros.
[18]: Los elegidos y seleccionados que dominan, en el sentido aportado por Pareto en 1916 y después ampliado, más allá de las influencias puramente políticas, en el trabajo de Hunter (1953).
[19]: Decreto con fuerza de ley número 33 del 12 de marzo de 1931, sobre Fomento de la Habitación Obrera.
[20]: Ley número 5.579, de 2 de febrero de 1935.
[21]: Ley orgánica de la Caja de la Habitación número 5.950, de 8 de octubre de 1936.
[22]: Ley número 6.815, de 5 de febrero de 1941, publicada en el Diario Oficial número 18.903, de 4 de marzo siguiente, sobre Fondos para la formación de huertos obreros y desarrollo y fomento de las industrias caseras.
[23]: Cuya tarea hoy es desempeñada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
[24]: Derecha contra izquierda, debilitadas entonces las fuerzas intermedias por el retroceso de la socialdemocracia (Partido Radical) y el desenvolvimiento todavía incipiente del socialcristianismo (Partido Demócrata Cristiano).
[25]: Ley 6.844, de 14 de febrero de 1942, sobre arrendamientos de bienes inmuebles.
[26]: 25 de noviembre de 1941.
[27]: Ley 7.600, de 8 de octubre de 1943, sobre la Caja de la Habitación.
[28]: Decreto Núm. 451, de 10 de julio de 1944, que sanciona la Ordenanza Especial de Urbanización y Construcciones Económicas.
[29]: En una perspectiva de racionalización, que recoge experiencias de más de tres décadas, los proyectos incorporan soluciones de trazado y tipologías constructivas diseñadas por los arquitectos Enrique Gebhard, Waldo Parragué, Ricardo González Cortés, Federico Oehrens, Miguel Dávila, Eduardo Carrasco y Humberto Contreras que mayormente proceden de las lecciones dictadas en 1930 y 1931 por el profesor austríaco Karl H. Brunner en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, y contrastadas después en la Exposición y Semana de la Habitación Económica de noviembre de 1936 —en una de cuyas conferencias se presenta la investigación de Victor Robinovitch, quien allí toma contacto con el senador José Maza—, en la Exposición de la Vivienda de octubre de 1939 y en las obras de reconstrucción de las ciudades afectadas por el sismo de 1939.
[30]: Decreto Supremo número 187 de 1944, del trabajo.
[31]: En el segundo, de septiembre de 1947, participan delegados de setenta y cinco organizaciones, que acuden desde quince ciudades (La Calera, Valparaíso, Santiago, San Bernardo, Malloa, San Fernando, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco, Nueva Imperial, Valdivia y Puerto Montt).
[32]: Ley número 10.011, de 6 de octubre de 1951, que modifica el artículo séptimo de la ley número 6.815.
[33]: Ley número 11.151, de 5 de febrero de 1953, que concede facultades administrativas y económicas extraordinarias al Presidente de la República.
[34]: Decreto con fuerza de ley número 224, de 22 de julio de 1953, que fija un nuevo texto de la Ley General de Construcciones y Urbanización.
[35]: Decreto con fuerza de ley número 285, de 25 de julio de 1953, que determina la fusión de la Caja de la Habitación y la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, para formar la Corporación de la Vivienda (CORVI), señalándole la obligación de confeccionar un plan de la vivienda.


Edición del 9-3-2010
Edición: Javier Moñivas Ramos
Susana Simón Tenorio
Boletín CF+S > 42/43: Simposio Internacional Desarrollo, Ciudad y Sostenibilidad > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-agur.html   
 
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