Urbanismo marginal para marginados

R E S U M E N

En un sistema democrático, los ciudadanos tienen derecho a participar directamente en asuntos públicos, como son las condiciones y procesos urbanos que afectan a su vivienda, barrio, ciudad o territorio.

En un sistema oligárquico, los ciudadanos o no participan o si lo hacen es con menor éxito que unos pocos agentes asociales movidos por un desmesurado afán de lucro (promotores, conseguidores, políticos pluriempleados, ...).

En un sistema totalitario, los ciudadanos son excluidos, no tienen derecho a participar en las decisiones que afecten a éstos u otros asuntos.

En nuestro país no falta de nada y rige un sistema mixto.

Hay algún ejemplo de funcionamiento democrático, como cuando decidimos convertirnos en una monarquía o ingresarnos en el atlántico norte.

Hay más ejemplos de funcionamiento oligárquico, como la escasa y raramente exitosa participación ciudadana en materia de urbanismo, frente a la sobrada e increíblemente eficaz participación de los mismos pocos de siempre.

Y hay algunos ejemplos de funcionamiento totalitario, como la exclusión de la población gitana en todo proceso urbanístico que les afecte.

Aunque este número está dedicado a la participación ciudadana, este artículo está dedicado a la exclusión ciudadana, y comenta algunos actos de urbanismo totalitario promovidos por las administraciones madrileñas contra nuestros vecinos gitanos, que han llegado en nuestra ciudad a ser deportados a un vertedero de basuras, enfrente de un aliviadero de depuradora o dentro un nudo de autovía.

En la agonía de la dictadura dura, surge en nuestro país una movilización vecinal, que exige, entre otras cosas, la eliminación de los barrios de chabolas. Ante esta tesitura, los primeros ayuntamientos democráticos madrileños no tienen otra que financiar programas institucionales de erradicación de la infravivienda, y son eliminadas las principales concentraciones. Pasa el tiempo y los movimientos vecinales resultan incómodos y son subrepticiamente desarticulados. Los ayuntamientos democráticos cambian el insignificante signo político y son ahora ayuntamientos populares, que abordan de una forma más barata y europea el problema de la infravivienda: en lugar de erradicarla deciden ignorarla o reubicarla.

Sólo quedan gitanos, migrantes y paupérrimos habitando chabolas, y en varios poblados se fuerza un éxodo que, además de barato, genera plusvalías y otros beneficios: los primitivos suelos de asentamientos de infravivienda son recalificados y vendidos a promotores privados, y la difícil integración social de estas poblaciones es abandonada por un proyecto a más corto plazo de desintegración cultural.

Alguien asertó que el fascismo comienza con un malévolo uso del lenguaje, y en cuanto a población gitana y chabolas, existe un paradigmático ejemplo: Las distintas administraciones públicas que tutelan esta capital crearon un organismo para atacar el problema de la infravivienda, y eligieron para éste un nombre que constituye una inequívoca declaración de principios: Consorcio para el Realojamiento de Población Marginal. El significado de esto, siguiendo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, es:

• Consorcio: es una agrupación de entidades para negocios importantes.
  Es innegable que la erradicación de infravivienda se plantea como un negocio y no como una actuación de interés público, que es el quehacer propio de las administraciones públicas.
  

• Realojamiento: no existe como tal este término, pero es evidente que significa acción de volver a alojar, y este término remite a hospedar y aposentar, a dar alojamiento a la tropa y a colocar la autoridad local a los braceros parados cuyo servicio y pago distribuye forzosamente entre los propietarios
  Es significativo el matiz provisional, militar y medieval del término y, por tanto, más propio de autoridades totalitarias y retrógradas que de actuales y democráticas administraciones.
  

• Marginal: es aquello de importancia secundaria o escasa, y las personas o grupos que viven y actúan fuera de las normas sociales y comúnmente admitidas.
  Es incuestionable la diferencia entre la elección de este término y el próximo, a nivel fonético, de marginado, que refiere a persona o grupo no integrado en la sociedad y, por tanto, excluida por ésta.

• reubicación de los hogares de esta población, siempre a lugares inhóspitos y limítrofes del municipio, con el consiguiente detrimento de su calidad de vida en beneficio de las arcas municipales y autonómicas.
  

• negación de su condición de vecinos, puesto que habitar sobre suelo rústico o residual, y no sobre suelo urbano o urbanizable, no permite ni permitirá exigir legalmente sus derechos y deberes como munícipes, dada la manifiesta ilegalidad de su asentamiento.
  

• perpetuación de su condición de marginados, al agravar el problema de integración de esta población, convertida en bárbaros (habitantes de los confines de la urbe) y a los que se niega acceso a los servicios y dotaciones urbanas.
  

• exclusión del proceso, ya que la participación parece factible ante un organismo con este nombre y, sin embargo, parece peligrosa ante un organismo de nombre disuasorio y beligerante como consorcio realojante.

Valdemingómez

La Celsa

Torregrosa

Fecha de referencia: 31-01-1998