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El tsunami urbanizador español y mundial
Ramón Fernández Durán| Madrid (España), abril de 2006.
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España: un Prestige de cemento azota sus costas, e inunda también muchos enclaves del interior

En el año 2000 escribíamos cómo el crecimiento español, auspiciado por la integración en el proyecto europeo y su apertura a la Economía Mundo, estaba generando un modelo territorial que concentraba la población y la actividad económica en el 20% de su territorio, al tiempo que abandonaba el 80% restante. Es decir, un verdadero vaciamiento de casi toda la España interior, y muy especialmente de su mundo rural, el menos competitivo en los mercados europeos y mundiales. Estamos ante un caso excepcional en cuanto a desequilibrios territoriales y poblacionales a escala de la Unión, si excluimos los países nórdicos (Suecia y Finlandia), en donde este proceso se da en especial por el clima extremo de gran parte de su territorio. Esta excepcionalidad sin duda se acentúa si consideramos que dentro de ese 20% del territorio se encuentra todo el arco mediterráneo, el tramo final del eje del Guadalquivir y los archipiélagos balear y canario, todos ellos en general con agudas carencias de agua, aparte del atolón demográfico madrileño, el eje del Ebro, la fachada marítima de la cornisa cantábrica y el eje atlántico gallego. Pero es hacia el primer conjunto, con serias restricciones hídricas, repetimos, hacia donde basculaba fundamentalmente el crecimiento poblacional y económico: agrícola de exportación, turístico, servicios, segundas residencias, industrial en menor medida, etc. Y ya apuntábamos entonces la intensa ocupación del territorio que se estaba dando por el proceso urbanizador, ocasionando un fuerte impacto ambiental (Fernández Durán, 2002).

Posteriormente, los datos por satélite del Corine Land Cover del 2000 confirmaron estas reflexiones. Pese a los márgenes de incertidumbre de esta fuente, se detecta que la ocupación del territorio por el proceso urbanizador en la década de los noventa en suelo español fue sustancialmente más acusada que la habida a escala de toda la UE a 15, ya de por sí alta (un incremento del 6% en ese periodo), y superó el 25% del suelo previamente urbanizado (al tiempo que el bosque perdía 250.000 hectáreas). En algunas provincias (Madrid, Valencia, Murcia y Navarra) esa nueva ocupación alcanzaba nada más y nada menos que al 50% del territorio ya urbanizado (según datos del Instituto Geográfico Nacional, 2004). ¡En sólo una década! Y todo eso era antes de los cinco años de euforia urbanística que hemos vivido, y que todavía estamos padeciendo. ¿Qué es lo que habrá sucedido, pues, en este quinquenio en el que España ha estado en el ojo del huracán inmobiliario europeo (y mundial)?

«Los primeros en Europa»

En este último periodo se han ido batiendo anualmente todos los récords históricos en número de viviendas construidas, hasta finalmente alcanzar las 800.000 viviendas iniciadas en 2005 (la media anual en los noventa fue de 350.000).[13] Dicha cifra supera el número de viviendas construidas en Francia, Alemania y Reino Unido juntos, que suman una población aproximadamente cuatro veces mayor que la española y manifiestan una renta per cápita considerablemente superior (Rodríguez López, 2005). Esta nueva marea constructora ha reforzado y extendido hasta extremos difíciles de imaginar las tendencias territoriales previamente señaladas, y ha llegado a afectar asimismo hasta a los lugares más recónditos del territorio español, debido a la fiebre de la segunda residencia, al llamado «turismo rural» y a la proliferación de estaciones de esquí y complejos turísticos asociados. El cemento no tiene mal de altura. Así pues, los espacios más calientes en cuanto a actividad constructora no han sido sólo las grandes regiones metropolitanas, que también (especialmente en el caso de Madrid, como veremos luego), sino muy en concreto las áreas costeras, donde se han reproducido como setas los puertos deportivos, alcanzando la muralla de cemento no sólo al litoral marino, sino también a espacios cada vez más internos. Y la mayor presión constructora (relativa) se está manifestando precisamente allí donde menos agua hay (Murcia y Almería). Como en EEUU, la construcción, junto con el consumo (auspiciado por la revalorización patrimonial creada por la burbuja inmobiliaria), se han convertido en los principales motores del crecimiento español. ¿Pero cómo es posible tamaño dislate? ¿A que se debe esta anomalía española? ¿Se puede explicar sólo en claves internas? ¿Hay demanda doméstica para tanto cemento? ¿O es preciso incluir otros elementos externos de carácter financiero-especulativo para comprender este disparate? ¿Y qué consecuencias tendrá este tsunami cuando pase? ¿Qué paisaje nos dejará? Intentemos contestar a estas cuestiones.

España lleva doce años de crecimiento ininterrumpido, después de la crisis del 92-93 (shock petrolífero por la Guerra del Golfo —1991—, elevación de los tipos de interés globales, crisis del sistema monetario europeo, devaluaciones sucesivas de la peseta, etc.), que contrajo de forma importante la producción y el empleo (24% de paro en 1994). Desde entonces hemos pasado de unos tipos hipotecarios en torno al 15% a menos del 4% en los últimos años (debido al proceso de convergencia hacia la moneda única, la entrada en el euro en 1999, y la posterior bajada de tipos de interés) (Caruana, 2005). En los últimos tres años los tipos hipotecarios se han situado por debajo de la inflación; esto es, han sido a interés (neto) negativo. Esta circunstancia ha contribuido a volver a poner en marcha el crecimiento, a crear empleo (aunque sea precario; el paro bajó al 9% en 2005) y a impulsar decisivamente la máquina inmobiliaria (interna), haciendo mucho más accesible la financiación hipotecaria, que además ha ido ampliando sus plazos para atraer aún más clientes (se están dando ya créditos a 40 y hasta 50 años). Pero no podemos explicar lo sucedido exclusivamente en clave de demanda interna, en muchos casos como inversión puramente especulativa, y que se ha orientado también de forma clara hacia la segunda residencia, ante el efecto riqueza creado por el boom inmobiliario para aquellos ya propietarios. Y eso que hasta la demanda residencial en los núcleos urbanos de la España interior se ha visto también aupada por los pagos de la PAC, a agricultores en trance ya de dejar su actividad, y que dejan sus pequeños pueblos o aldeas. Es decir, la explicación del reforzamiento de la demanda interior es muy incompleta para entender lo que está sucediendo. Y ha sido la demanda exterior el factor verdaderamente determinante. Ciudadanos comunitarios que compran una residencia, para retirarse como pensionistas, o simplemente como segunda (o tercera) residencia, en los lugares tradicionales de sol y playa; y sobre todo, la entrada masiva de capitales internacionales hacia el sector inmobiliario español (fondos de pensiones, de inversión e inmobiliarios, y también, cómo no, grandes cantidades de dinero negro de particulares y mafias internacionales),[14] que contempla la vivienda y el suelo como pura inversión, pues se revaloriza de forma espectacular (con ritmos entre el 15% y el 20% en los últimos años), y que supone casi la mitad de toda la inversión extranjera que entra en España (De la Dehesa, 2004), o como ámbito ideal para el lavado y la rentabilización, por supuesto sin contabilizar; así como hasta la demanda de los sectores más solventes de la nueva población inmigrante (en los escalones más bajos del mercado), que ha experimentado un crecimiento espectacular en este periodo (casi cuatro millones de personas, cerca del 10% de la población total), incrementando sustancialmente la «población activa»,[15] y localizándose prioritariamente allí donde más azota el tsunami (Malo de Molina, 2005; INE; Forcadell, 2006). Así pues, los inversores-especuladores (foráneos e internos) y los compradores de segunda residencia son los que mantienen principalmente esta demanda de vivienda tan desaforada; en muchos casos propulsados por las posibilidades de acercarse a la oferta a través del ciberespacio. Internet está cumpliendo un papel multiplicador decisivo. España se está convirtiendo en la Gran Florida Europea, y este hecho ha impulsado una fuerte dinámica de inversiones inmobiliarias que ha arrastrado un aluvión adicional de inversión-especulación hacia el sector, ante la subida espectacular de los precios de los activos inmobiliarios que se estaba produciendo. Es un fenómeno que en gran medida se ha alimentado a sí mismo. Detallemos un poco más este proceso, que puede explicar por qué ocurre esto en España, y no en Portugal, Italia o Grecia, o no con la intensidad que se está dando aquí. España es el segundo destino vacacional del mundo, con cincuenta y cinco millones de turistas, por detrás sólo de Francia; es el primero del planeta en turismo de sol y playa (archipiélagos balear y canario, todo el arco mediterráneo y, en menor medida, su fachada atlántica sur); y se está convirtiendo además, como hemos dicho, en un verdadero geriátrico turístico europeo (El País, 22-1-06). El crecimiento en los años noventa del número de turistas fue muy intenso, propiciado por la pérdida de otros destinos (guerras en los Balcanes, inestabilidad del Magreb, etc.), y lo mismo se puede decir respecto del aumento de los residentes comunitarios (británicos y alemanes, especialmente). El repunte de inversiones en el sector turístico, la entrada de inversiones extranjeras en segunda (o primera) residencia, la fuerte creación de infraestructuras (que luego analizaremos) y en general la reactivación de la actividad económica provocan un auge que tira con fuerza hacia arriba de los precios inmobiliarios. A partir de ese momento (en torno al año 2000, podríamos decir) el fenómeno se refuerza a sí mismo y se acelera aún más. Y ante el ascenso espectacular de los precios de los activos inmobiliarios, entran más inversiones especulativas, lo cual calienta aún más los precios, incentivando nuevas entradas de capital, creando una espiral que hasta ahora parece no tener fin.

Ése es quizás el hecho diferencial que permite comprender por qué se desata este proceso en España, y con esta intensidad. En Portugal, por ejemplo, se inicia un cierto auge inmobiliario también al final de los noventa, en paralelo a la Expo de Lisboa de 2000, y la bajada de tipos que propicia la entrada en la moneda única, pero ese repunte es bastante más débil y se trunca muy pronto, debido a la debilidad en general de la economía portuguesa, lo que hace que en 2004 se construyan la mitad de viviendas que en 2000 (El País, 11-11-2005). Es más, el país vecino está atravesando una situación verdaderamente crítica, azotado por una fuerte recesión económica y agudos problemas socio-políticos, agravado todo ello porque no cumple el Pacto de Estabilidad (déficit público de más del 6% del PIB el año pasado), hecho que es fuertemente castigado no sólo por Bruselas, sino por los mercados financieros, acentuando a su vez aún más la crisis. Esta situación contrasta fuertemente con la de España, con la que comparte el espacio ibérico, y es miembro también del euro. Y este contraste se acentúa todavía más cuando se observa que España, junto con Finlandia, es uno de los dos únicos países del euro con superávit fiscal. Son los dos modelos de éxito económico-fiscal de la UE: uno basado en el ladrillo y la especulación, y el otro en Nokia y el presupuesto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).[16] Sí, el superávit fiscal alcanzado en 2005 por España no es posible de entender sin contemplar la fuerte actividad económica que conlleva en nuestro caso el sector de la construcción (el de mayor dimensión en toda la UE), la enorme dimensión del sector inmobiliario, la entrada masiva de capitales externos (por el momento, pero que ya está flexionando claramente a la baja), el efecto riqueza que todo ello lleva aparejado y la fuerte capacidad de consumo consiguiente.

En el caso italiano, el hecho de tener una deuda pública que alcanza casi el 110% del PIB, la mayor de la zona euro,[17] es una losa que hace que los capitales extranjeros rehúyan adentrarse de forma importante en ese territorio, por la falta clara de perspectivas rentables y por la prima de riesgo que supone su deuda pública, factor que es una de las causas del crecimiento cero que atraviesa. Además, Italia incumple el Pacto de Estabilidad (4% del PIB de déficit público), y el gobierno se ve obligado a recortar el gasto público para hacerle frente. En cambio España, al calor de esta situación excepcional ha logrado rebajar más de veinte puntos su deuda pública estatal (está ahora en el 43%), lo que le ha ayudado a conseguir un superávit fiscal, al tiempo que ha estado creciendo en estos últimos cinco años entre dos y tres veces por encima de la media de la UE, impulsado también por el gasto público a todos los niveles; un verdadero círculo virtuoso —hasta el presente— (Eurostat, 2006). Y en Grecia, la situación económica atraviesa también una situación muy delicada, con un muy alto nivel de deuda pública (105% del PIB), parecido a Italia, consecuencia en gran parte del fuerte endeudamiento en que incurrió el país heleno con ocasión de las inversiones realizadas de cara a las últimas Olimpiadas; lo que junto con un abultado déficit fiscal (del 4,3%), detrae la entrada de capitales y es castigado también por Bruselas, siendo un freno a un fuerte crecimiento urbanizador e inmobiliario.

Explosión de infraestructuras, expansión y reestructuración metropolitana, y avance imparable de la lengua de lava urbanizadora

Pero el sector de la construcción es mucho más que el mercado de vivienda, y la ocupación espacial que promueve y altera el territorio, también, aunque las nuevas tipologías residenciales (boom del chalet adosado en las periferias urbanas y metropolitanas) han repercutido decisivamente en la acusada ocupación espacial por parte de los nuevos desarrollos residenciales. Así, la creación de infraestructuras de transporte (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos, grandes puertos, etc.) ha sido verdaderamente espectacular, impulsada por la inversión estatal en estos últimos diez o quince años, ayudada también por una entrada igualmente masiva de fondos comunitarios (fondos estructurales, de cohesión, etc.), que han supuesto anualmente en torno al 1% del PIB en el último periodo; pero ha estado lubricada también por los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y por una fuerte inversión privada en nuevas autopistas de peaje. Estas inversiones han convertido a España en el país de la UE con más kilómetros de autovías y autopistas en relación a su población (Segura, 2005). Otro récord europeo. Todo ello ha sido clave para impulsar el crecimiento metropolitano y urbano en mancha de aceite. Como parte de este proceso cabe señalar la construcción de numerosos parques de oficinas, tecnológicos y empresariales en los bordes de los corazones metropolitanos (y aún más allá), así como la apertura de más de un tercio de todos los centros comerciales existentes (casi 500), tan sólo en el último quinquenio en las periferias de las conurbaciones (El País, «El Quinquenio de la Euforia», especial, invierno 2005-2006); seguida de un abundante número de centros de actividades logísticas, necesarios para abastecer tamaño incremento de la oferta de consumo; así como grandes operaciones de parques temáticos y de ocio[18]en los hinterlands de las grandes ciudades, que se han visto engrasadas y posibilitadas, en muchos casos, a partir del flujo de inversión (en infraestructura y en suelo) del sector público, y los créditos de las cajas de ahorro regionales (auspiciados desde el poder político autonómico).Todas estas actuaciones han contribuido de forma avasalladora a la ocupación directa e indirecta (canteras, vertederos) del territorio, destruyendo sus ecosistemas, alterando el paisaje y desarticulando las actividades rurales que se desarrollaban en los espacios periurbanos (cercanos y lejanos), desbordando absolutamente los marcos de planeamiento preexistentes.

En el interior de las grandes conurbaciones este terremoto también se ha manifestado con especial intensidad, provocando fuertes reestructuraciones y remodelaciones internas, incentivadas igualmente por una más que cuantiosa inversión pública en infraestructuras, sobre todo en red de metro y grandes operaciones viarias de acceso y circunvalación, cada vez más periféricas. Entre todas ellas, el caso madrileño de la macro-remodelación de la M-30 es un verdadero dislate paradigmático. Las grandes constructoras de obra civil hacen su agosto y las tuneladoras no dan literalmente abasto (hay doce operando en el subsuelo madrileño), provocando desastres como el de El Carmel. El espacio público ciudadano en el interior de las ciudades se ve cada día más alterado, privatizado y gentrificado[19]. Mientras tanto, el centro histórico se va convirtiendo poco a poco en un museo, que se remodela en ocasiones a golpe de reestructuraciones justificadas en nombre de grandes contenedores culturales (eje del Prado, Museo Guggenheim, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Matadero...), y con el fórceps paralelo de la creación de grandes aparcamientos que permiten el acceso en vehículo privado al centro, en un proceso de disneyficación de los centros urbanos, cada día más tomados por las transnacionales (Starbucks, McDonalds, Tony Roma's, etc.).

A las operaciones de cirugía urbana se suma la creación de grandes complejos y edificios singulares de las nuevas transnacionales españolas (Ciudad Bancaria del Santander, nuevas sedes de Telefónica, Endesa y Gas Natural, torre Agbar, torre Repsol...), que hacen posible sus ganancias (cada día más contestadas) en América Latina, o aquellos otros macro-proyectos (Ciudad de las Artes, Palacios de Ferias, Congresos, de la Ópera o Filarmónicos...) que se construyen por doquier con presupuesto público, verdaderos derroches económicos y disparates arquitectónicos que se hacen disparando con pólvora del rey. Todos ellos se acompañan con la firma de grandes arquitectos internacionales, indispensables protagonistas estelares en la creación de los iconos de la nueva ciudad-espectáculo, de los nuevos espacios simbólicos del poder. España se ha convertido en la Meca del star system de la arquitectura mundial, a mayor gloria de los políticos que los llaman, pues aquí parece que se pueden pagar los honorarios de vértigo que exigen, y esta costosa patología del derroche corre a cargo, eso sí, del contribuyente. Estas dinámicas constructivas se han visto favorecidas además por grandes operaciones urbanas, públicas y privadas, al calor de macro-eventos internacionales, reales o quiméricos: Copa América en Valencia, Madrid Ciudad Olímpica, la Expo del Agua en Zaragoza, Fórum de las Culturas en Barcelona...Estos macro-eventos suponen un gran negocio para las élites locales, se venden a partir de un gran consenso político, como forma de captar inversiones internacionales y de crear «imagen de marca de ciudad» (city marketing a escala global), y generan además un importante patriotismo ciudadano local (mediáticamente inducido) que justifica cualquier desarrollismo y mega-transformación urbana (Del Olmo, 2004). Y todo ello es factible, además, por el momento, por el endeudamiento municipal y autonómico que permite nuestra pertenencia al euro,[20] y que ya ha empezado a pagar el ciudadano de a pie en forma de incrementos muy por encima de la inflación de las tarifas de los transportes públicos, o de incrementos desproporcionados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El sector de la construcción creció en 2005 al mayor ritmo en los últimos cinco años, en una loca dinámica constructora-destructora, basada en la expansión irrefrenable urbano-metropolitana externa (en nuevos enclaves), y la fuerte destrucción-reestructuración interna (en la ciudad ya construida). España es el país de la Unión donde se ha dado una mayor destrucción de patrimonio edificado previo a 1950 (un vergonzoso primer puesto), mayor aún que Alemania, que vio arrasados gran parte de sus cascos históricos en la Segunda Guerra Mundial como resultado de los bombardeos aliados (Naredo, 2006a). Después de unos años de relativa contención de la destrucción del patrimonio edificado, y un avance en la protección del mismo, sobre todo en los ochenta, como resultado de la transición a la democracia y de la contestación y concienciación ciudadana, el proceso remodelador de los cascos históricos se ha puesto otra vez a toda máquina (la película En construcción lo reflejaba magníficamente en el caso de El Raval). Y en este orden de cosas, es curioso constatar también, por ejemplo, cómo, en paralelo con la construcción imparable de grandes centros comerciales periféricos (aunque también internos), se asiste a la desaparición, asimismo en ascenso, de los mercados tradicionales en las áreas centrales. Las nuevas catedrales del consumo (¡el lujo al alcance de todos!), el nuevo espacio público mercantilizado, securitizado y privatizado, se imponen sin piedad por todo el territorio, como un componente espacial determinante del nuevo modelo del crecimiento, basado en el binomio construcción-consumo, y por supuesto en la expansión exponencial de la tarjeta de crédito. Un consumo masivo y ostentoso que es viable y se sustenta en gran medida en el trabajo semiesclavo de los países periféricos, en la desarticulación de sus territorios (extracción de recursos de todo tipo y expansión de la agricultura de exportación), en la explosión de la movilidad motorizada a todos los niveles, y en el trabajo altamente precario de sus empleados.

Madrid versus Barcelona, la capital se afianza en la cúspide de la jerarquía metropolitana

La dinámica constructora-destructora-reestructuradora se ha instalado en todas las áreas urbano-metropolitanas españolas, pero quizás una de las que está alcanzando unas cotas más febriles sea Madrid, la capital del Estado. No en vano Aznar la promovió a ultranza durante sus gobiernos como principal centro económico-financiero español, a partir de la privatización de las grandes empresas y bancos públicos.[21] La nueva presidencia de la Comunidad de Madrid (de Esperanza Aguirre) ha estado marcada desde sus inicios por la corrupción política ligada al negocio inmobiliario-constructor. La nueva Alcaldía (de Ruíz Gallardón) ha hecho de las obras faraónicas y de la remodelación interna su principal leitmotiv, y el propio Estado ha impulsado (e impulsa) también operaciones gigantescas de infraestructuras, entre las que destaca la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, que ha costado la friolera de más de 6.000 millones de euros. Es decir, como dos veces el presupuesto en su día del AVE[22] Madrid-Sevilla. Y ya se está hablando de la necesidad de prever y preparar un nuevo aeropuerto para Madrid. La región de Madrid es toda ella una obra constante. Asimismo, proliferan las grandes operaciones urbanísticas especulativas, entre las que resalta la operación de la remodelación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde se instalarán los nuevos edificios gigantes corporativos, y que ha catapultado al club de fútbol de la capital al primer lugar del mundo en términos económicos. O las que posibilitan las deslocalizaciones industriales a los espacios periféricos de la región, o de comunidades limítrofes, que van acompañados de muy jugosas plusvalías urbanísticas; las deslocalizaciones del sector servicios, privado e institucional, hacia lugares cada vez más lejanos (Ciudad de la Justicia, Ciudad de la Imagen...); y otras profundas remodelaciones internas (Operación Campamento); todas ellas con un fuerte componente especulativo.

Madrid trata de reforzarse como primera región metropolitana española, principalmente en su lucha con Barcelona, consolidando y ampliando en estos años la presencia de sedes corporativas en su tejido urbano (caso por ejemplo del BBVA), para posicionarse de la mejor manera posible en la jerarquía europea y mundial de las principales metrópolis, con el fin de mejorar su competitividad y atraer inversiones foráneas. Y un elemento clave de esa competitividad es el aeropuerto, y las conexiones internacionales que garantiza. El aeropuerto de Madrid mueve casi el doble de pasajeros que el de Barcelona y tiene una mayor proyección global, así como supone además una parte muy importante de la economía madrileña.[23] Los grandes aeropuertos metropolitanos cumplen un papel estratégico decisivo, y es por eso que su control está siendo el último escollo a salvar en la negociación del nuevo Estatuto de Cataluña. En esta pugna entre las dos principales regiones metropolitanas del estado español, la pérdida de cualquier sede de una gran empresa se considera un paso atrás en la jerarquía, que puede poner en peligro la primacía madrileña y el potente crecimiento de los últimos años. De hecho, la región de Madrid es la principal boca de entrada de los beneficios extraídos por las empresas españolas que operan en América Latina,[24] la gran mayoría de ellas con sede en la capital, que supusieron en 2005 más de un 5% del PIB español; beneficios que dinamizan principalmente la economía madrileña, pero que repercuten también sobre el conjunto del Estado. Las empresas transnacionales españolas y foráneas que operan en y desde Madrid generan una fuerte demanda de servicios de todo tipo (financieros, publicidad, ingeniería, marketing, seguros...) que fortalecen la economía madrileña. Además, Madrid es el principal centro bancario y financiero español, aparte de la sede del poder político. Estas son las razones por las que Madrid concentra hoy en día casi la mitad de las grandes fortunas españolas (Barbería, 2006). Pero esta primacía madrileña está constantemente amenazada en el nuevo marco europeo y global, pues es una ciudad de segundo rango a escala de la Unión, y mucho más a nivel mundial.

De ahí, aparte de otras razones políticas, la lucha de la Comunidad de Madrid —y del Partido Popular (PP)— contra Barcelona por no perder la sede de Endesa, ante la OPA de Gas Natural, o la reacción ante el traslado a la capital condal de la sede bursátil de los mercados tecnológicos. Madrid se sabe metrópoli periférica en Europa, aislada en el interior de la Península Ibérica, y quiere como sea garantizar su viabilidad y papel futuro. Y para ello está dispuesta a todo, atrayendo capitales como sea, proponiéndose como principal puente entre Europa y América Latina, por su papel líder en cuanto a sedes de las multinacionales españolas que operan allí, ofertándose como lugar privilegiado para las empresas mundiales que actúan en España, así como ofreciéndose también para captar capitales a toda costa hacia el sector inmobiliario y constructor; una forma muy importante de mantener los flujos de inversión-especulación, y la actividad económica en la Comunidad de Madrid. El crecimiento en estos últimos años de Madrid ha sido verdaderamente espectacular, incluido el crecimiento de su población (casi un millón en los últimos cinco años; ahora somos unos 6 millones), en gran medida inmigrante, y el responsable del urbanismo de la Comunidad ya habla de un Madrid de hasta 12 millones de habitantes (aunque no se sabe bien de dónde se sacarán los recursos hídricos para tamaño crecimiento)(El País, 10-4-06). Y para ello se ha procedido (y se está procediendo) a sucesivas modificaciones de la legislación urbanística en la región, que están haciendo posible que todo sea suelo urbanizable, salvo el especialmente protegido, que está en regresión institucional,[25] con el fin de enladrillar la provincia de Madrid. Incluso se proyecta ahora el asalto a los lugares de más valor ambiental y, hasta ahora, más protegidos: la Sierra de Guadarrama. Eso sí, para los sectores más pudientes. Y todo ello se hace con el discurso fraudulento de que fomentando más calificación de suelo se va a acabar con la «escasez de suelo» urbanizable, lo cual va a propiciar una bajada del precio de la vivienda, para hacerla accesible a todos. Pero la vivienda es un bien especial, un bien raíz, y a pesar de que se califique mucho suelo ésta no bajará de precio (Naredo, 2005; Ortiguer, 2005), a no ser que acontezca un estallido de la burbuja inmobiliaria, como comentaremos más adelante.

Pero Barcelona no pierde el tiempo, y le va a la zaga, aunque todavía a bastante distancia. Se retrasó además durante el gobierno por mayoría absoluta de Aznar,[26] cuando Madrid afianzó la ventaja lograda paso a paso durante el franquismo; pero las élites metropolitanas de la ciudad condal están creando las condiciones de financiación necesarias, a través del nuevo Estatuto de Cataluña, para poder recuperar el tiempo perdido; sobre todo ahora que empiezan a flaquear los fondos comunitarios. De esta forma, Barcelona se está reconvirtiendo rápidamente de vieja ciudad-industrial fordista en nueva ciudad de ferias y congresos, turística, de servicios, de investigación biotecnológica y especialmente logística. La metrópoli de Barcelona intenta venderse como cabeza de una euro-región que va desde Montpellier y Toulouse, hasta Valencia, Zaragoza e incluso Palma de Mallorca, promoviéndose a sí misma como centro direccional de la misma, y principal plataforma logística del Sur del Mediterráneo. Si bien esta propuesta genera rivalidades y tensiones (con Valencia claramente), Barcelona procura reinventarse como nueva macro-ciudad portuaria mediterránea de cara al Mercado Único europeo y a la economía global. El Plan Delta del Llobregat camina en esa dirección, con la ampliación del aeropuerto del Prat, la creación de un superpuerto, y la construcción de un macro-distrito logístico, todo ello sazonado de parques empresariales, áreas hoteleras, nuevas universidades...y por supuesto de grandes infraestructuras de interconexión (incluido el nuevo AVE). Es decir, una forma de adaptar (y ampliar) el antiguo distrito industrial del Llobregat (amenazado por las dinámicas de deslocalización) a los nuevos tiempos que corren, aunque sea teniendo que desplazar el río más de 2,5 kilómetros hacia el Sur, mediante un gran macro-proyecto ingenieril.

E internamente, acomete profundas transformaciones para acomodar su territorio histórico, y su trama y patrimonio urbanos, a las nuevas demandas y funciones. En este sentido, tanto las Olimpiadas del 92, como el llamado Fórum de la Culturas 2004, supusieron hitos significativos que han ayudado a alumbrar la nueva metrópoli, justificando la eliminación de antiguos distritos industriales y abriendo su nueva fachada postmoderna al mar, al tiempo que se promovían también suculentos negocios inmobiliarios. Sin embargo, Barcelona siempre ha tenido que lidiar con importantes resistencias a las transformaciones urbanas, pues sus núcleos antagonistas y su tejido ciudadano han sido en general mayores a los de Madrid (sobre todo una vez que se asienta la democracia), y se han logrado vencer con discursos de poder blando[27] y estrategias sofisticadas de apertura y cooptación social, aparte de la inestimable ayuda brindada por la represión policial en casos puntuales (en el caso del importante movimiento okupa).

De la expansión sin fin metropolitana, a la urbanización del campo

El resto de las principales regiones metropolitanas del estado español (Bilbao —y en general toda Euskadi—, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, Valladolid, Vigo, etc.) intentan también como sea adaptarse y sobrevivir en el nuevo escenario de creciente europeización-globalización, acometiendo profundas reestructuraciones internas, y promoviendo nuevos desarrollos en sus periferias metropolitanas, algunos de cuyos rasgos se han esbozado ya anteriormente. Nada nuevo, es la misma dinámica ya señalada en el caso de Madrid o Barcelona, pero aplicada por metrópolis de menor dimensión y presencia internacional, intentando aprovechar y promover sus «ventajas comparativas» con el fin de ser competitivas y captar inversiones. Los procesos son similares, si bien la escala puede ser distinta, y están siendo ya analizados críticamente desde hace años, pero no los podemos sintetizar aquí por falta de espacio, pues ello desbordaría los límites y los objetivos de este texto. En todos esos núcleos urbanos se está produciendo también ese fenómeno de amplia expansión metropolitana periférica, al igual que en Madrid y en Barcelona, fomentado por las nuevas infraestructuras viarias y el fuerte incremento de la motorización, dinámica que tan bien analizaron hace ya diez años Estevan (1996): «Se han comparado las consecuencias del automóvil en la ciudad a las de una bomba lenta, cuya onda expansiva tuviera la virtud de trasladar edificios y actividades a varios kilómetros a la redonda, y cuyo principal efecto fuera el de destruir la propia esencia de las urbes: la convivencia y la comunicación de los seres humanos». Esta nueva civilización entroniza al Dios automóvil en nuestras vidas y ciudades, y exige un fuerte tributo de sangre al nuevo Moloch de las carreteras.

Y esta lengua de lava metropolitana se ha visto incentivada en los últimos cinco años por el nuevo tsunami urbanizador español, que afecta en mayor o menor medida a toda la jerarquía de núcleos urbanos, y por la expansión sin precedentes del parque automovilístico en estos años. Esta circunstancia ha reactivado un proceso cancerígeno (urbano) de crecimiento rápido, incontrolado e indiferenciado, que está invadiendo y destruyendo los tejidos adyacentes (los ecosistemas periurbanos), al tiempo que ha seguido la evolución simplificadora y esquilmante de los sistemas agrarios. Pero en estos cinco últimos años ha aparecido un fenómeno nuevo por su magnitud: la urbanización del campo (que analizaremos más en profundidad en el siguiente apartado), que no es sino la proliferación de nuevas metástasis del proceso cancerígeno urbanizador en tejidos sanos alejados de las metrópolis (Naredo, 2004).

Pero antes de adentrarnos en caracterizar más detalladamente la nueva urbanización del campo, como resultado de la expansión también sin precedentes de segundas residencias; vale la pena apuntar siquiera las consecuencias que está teniendo la proliferación de estos tejidos metropolitanos periféricos tipo Los Ángeles (salvando todavía las distancias), que están aprisionando la ciudad compacta (y socavando su interior: la ciudad mediterránea) y provocando mutaciones trascendentales en todos los núcleos urbanos. Por un lado, la multiplicación de grandes infraestructuras viarias en las periferias metropolitanas alteran sustancialmente el paisaje tradicional de las ciudades y del territorio que las acoge, haciendo que cada vez se dedique más espacio a la movilidad motorizada: es decir, a todo lo relacionado con el transporte. Pero este espacio dedicado a la movilidad es la antítesis del espacio público urbano tradicional, que propicia el encuentro y la interrelación de los habitantes de la ciudad. Por él deambulan seres humanos crecientemente nómadas encapsulados en sus vehículos (y camiones), principalmente varones de clase media y de mediana edad, pues la utilización del vehículo privado, a pesar de la extensión de la motorización, no es universal: el nivel de renta sigue marcando (aunque en menor grado) el acceso al mismo, tiene un fuerte componente de género, su uso está claramente condicionado por la edad, y de él no participa en general la población inmigrante. Esta no ciudad periférica que se está generando a velocidad de vértigo, plagada de no lugares (Augé, 1993), está arrasando toda la memoria del pasado, el paisaje cultural preexistente, los referentes identitarios de siglos; está provocando un saqueo de lo público sin parangón, y creando una mercantilización y anomia en ascenso para un ser urbano nuevo sin raíces, crecientemente solo, y dedicado al consumo y a moverse sin fin, aparte de a tener que ir a trabajar a lugares cada vez más alejados de su residencia (Amorós, 2005).

Y todo ello va prefigurando un camino directo (aunque todavía nos parezca lejano), sobre todo en las periferias metropolitanas, hacia esa pesadilla que nos ha descrito de forma magistral Davis (1992) para Los Ángeles en su famosa Ciudad de Cuarzo y en sus reflexiones sobre la Ecología del miedo (Davis, 2001). Es decir, un nuevo paisaje urbano marcado por la arquitectura y las tipologías urbanas del apartheid social y la videovigilancia, en donde se produce una regresión total del espacio público, que inhibe cualquier tipo de participación (el ágora ciudadana simplemente no existe), se desarrolla una guerra civil de baja intensidad, el espacio se organiza en base al miedo (a los otros), se instala una verdadera histeria social por la seguridad, se da una creciente presencia y fiscalización policial, interviene la violencia de clase como instrumento al servicio de la construcción de la ciudad, se organiza de forma sistemática la depredación de la naturaleza, se acrecienta el acoso contra cualquier disidencia, se produce un aumento de la polarización social, se enseñorea el inmenso poder de los promotores inmobiliarios, se van desmantelando los servicios públicos y va reinando cada vez más el mercado puro y duro; se imponen grandes maquinarias discursivas al servicio de la legitimación de los proyectos de control y explotación social, se establece una creciente criminalización de la miseria y un verdadero estado de sitio para los inmigrantes (Delgado, 2004). Y no sólo eso, en una no ciudad así (que tan bien ha retratado la película Crash) se recrudecen los mecanismos de opresión patriarcal, la urbe se vuelve cada vez más agresiva para las mujeres (y los niños y los mayores), el espacio se organiza en contra de las consideraciones de reproducción social y de las necesarias tareas de cuidado, las nuevas calles (inexistentes como espacio público) se transforman en un espacio crecientemente inhóspito y amenazante, y las tensiones interétnicas e interculturales se convierten en el pan nuestro de cada día.

Igualmente, los centros urbanos caminan a pasos agigantados hacia procesos parecidos, aunque todavía conserven una vida ciudadana de la que carecen las periferias metropolitanas. A la mercantilización, turistización y museificación creciente de la ciudad tradicional, ya mencionada, se unen las nuevas estrategias del poder para acabar con lo que queda del espacio público ciudadano no sometido a la lógica del mercado, ensayando nuevas políticas de orden ciudadano y otras directamente represivas. No en vano, el centro de la ciudad es todavía el espacio por excelencia de expresión del conflicto político-social. Bajo la excusa de nuevas ordenanzas cívicas, con el fin de recuperar la ciudad para la gente decente, se está impulsando la tolerancia cero contra la prostitución y el gamberrismo en las calles, al tiempo que se están instalando otras medidas de excepción urbana (guerra a la venta ambulante, a la mendicidad, a los sin techo, a los carteles y murales de entidades ciudadanas, etc). Las nuevas medidas de lucha antiterrorista a escala de la UE, y aquí en España, van en la misma dirección, y contemplan el control exhaustivo de los lugares públicos y barrios sensibles, con la presencia permanente de policía pública y sobre todo privada, acompañada de videovigilancia generalizada. De esta forma, el control de la población se está haciendo crecientemente exhaustivo, complementando esa capacidad de seguimiento en el futuro mediante la capacidad de poder de ubicar en todo momento a los individuos (y a sus vehículos) vía satélite. El nuevo DNI con chip electrónico y controles biométricos incluidos lo posibilitará. El recorte de libertades y la pérdida de derechos civiles y políticos son crecientes, pero hasta ahora estas restricciones no han llegado en general al debate público, pues están siendo bastante subrepticias.

Pero volvamos al tsunami urbanizador, tras este breve rastreo por el previsible futuro de los nuevos espacios urbanos que se están configurando, y abordemos eso que hemos denominado la urbanización del campo.

El dinero lo compra todo. Se instaura un capitalismo mafioso

El frenesí constructor se ha visto auspiciado a escala estatal también por la desregulación urbanística a todos los niveles, y por el hecho paralelo de que hay mucha gente que se ve también beneficiada o favorecida (directa o indirectamente) por esta fiebre del cemento y la especulación. Aunque sean también multitud los damnificados, éstos no tienen voz, o no está articulada, o no lo suficiente; sobre todo la madre naturaleza, que sufre calladamente todas estas perturbaciones. De esta forma, las medidas liberalizadoras de suelo que se iniciaron en los noventa, se han visto aún más intensificadas con el cambio de siglo, con el objetivo de eliminar restricciones al mercado y posibilitar las reclasificaciones urbanísticas sin freno. Esto ha sido especialmente así a partir de la Ley estatal del suelo de 1998, que ha llegado a ser conocida como la «ley del todo urbanizable» (sobre todo por las posibilidades que brindaba de clasificar como urbanizable el suelo rústico sin especial protección), y que diversas comunidades autónomas han desregulado aún mucho más (o están en proceso de hacerlo). Es este nuevo marco legislativo el que permite una urbanización del campo sin control, lo cual ha hecho que podamos decir que el planeamiento territorial y urbanístico ha pasado en general a mejor vida. Es el fin del planeamiento como un acto político colectivo, mínimamente pautado y controlado (a distancia) por la ciudadanía.

La posibilidad de promoción indiscriminada de urbanización del suelo rústico al margen de los planes de ordenación, y sobre todo la clasificación del suelo independiente del mismo (convenios urbanísticos, PAI [28], etc.), ha agilizado hasta extremos insospechados el negocio urbanístico, que consiste en comprar el territorio por hectáreas y venderlo por metros cuadrados. La ganancia principal está en la gestión del suelo, en el paso del suelo rústico al suelo urbano, mediante la compra barata, reclasificación y venta, con rentabilidades sencillamente fabulosas. Y estos planes urbanísticos se sacan adelante gobierne quien gobierne, y con alianzas contra natura. Es el dinero (los chorros de dinero, mejor dicho) el que pone en marcha todo el proceso que se intenta llevar a cabo, y se consigue, caiga quien caiga, provocando el cambio de gobierno municipal (o regional) si es preciso, mediante tránsfugas comprados por promotores (Arribas, 2006). La corrupción política por el fabuloso negocio inmobiliario se está convirtiendo en algo generalizado: Marbella, Madrid, Camas, etc, etc, etc. Además, los ayuntamientos están utilizando el patrimonio municipal de suelo que consiguen con los nuevos desarrollos urbanísticos para financiarse, vendiéndolo como forma de solucionar sus problemas de tesorería y ampliar su capacidad de actuación (obras de todo tipo), pero sacrificando el derecho a la vivienda de sus ciudadanos más desprotegidos; aunque también se ven tentados a ello por el deficiente sistema de financiación de las entidades locales.[29] Y los propios partidos políticos también nutren sus cajas con el maná irregular proveniente del ladrillo.

Donde esta fiebre urbanizadora y clasificadora de suelo ha adquirido una mayor temperatura, aún más patológica si cabe, ha sido en el litoral valenciano y en Murcia, seguida de la provincia de Málaga (donde destaca Marbella), y más recientemente en otras partes del litoral andaluz (Almería, Cádiz, Huelva), que hasta hace no mucho habían quedado bastante al margen de la marea inmobiliaria. Pero la aguda calentura urbanística está llegando ya hasta Galicia y el Cantábrico.[30] De cualquier forma, en el caso valenciano los abusos urbanísticos han logrado adquirir tal notoriedad que el Parlamento Europeo ha pedido una moratoria urbanística en el territorio de la comunidad, y la modificación de su legislación urbanística. La figura del «agente urbanizador» que contempla la ley del suelo valenciana está permitiendo impactantes nuevos desarrollos urbanísticos, que se llevan a cabo sin respetar siquiera la propiedad privada, impulsados por grandes operadores inmobiliarios en connivencia, en muchos casos, con el propio gobierno regional. La protesta («Abusos urbanísticos NO») ante estos desmanes de ciudadanos comunitarios (más de 15.000) que habían comprado su residencia para retirarse en esas tierras, y que de repente se veían expropiados por las nuevas actuaciones, es la que ha hecho que este nuevo escándalo llegue a Bruselas, que ha tratado este tema en el mismísimo pleno del Parlamento Europeo.

Pero quizás sea en Murcia donde el desmadre urbanístico es comparativamente mayor y el desgobierno regional más acusado, y donde los nuevos desarrollos ni siquiera respetan los espacios protegidos por la propia Comunidad (ver cita de inicio de este texto), que está arrasando con ellos. Se ha llegado a tal situación que, por así decir, la lechuga (la reina indiscutible de la transformación territorial murciana de los ochenta y noventa) no puede competir ya ante el avance imparable del ladrillo. Y el agua asignada para riego (cada vez más escasa) se destina a nuevos desarrollos urbanísticos, acompañados de sus correspondientes campos de golf (los famosos resorts, denominación orientada a seducir la demanda extranjera); nuevos desarrollos cada día más segregados de la trama urbana territorial previa (son estos los ejemplos más genuinos de la urbanización del campo), y homogéneos según nacionalidades de los países más ricos de la Unión. Esto crea un espacio social crecientemente desigual para una inmigración de lujo, pero que gravita también sobre unos servicios públicos externos limitados; al tiempo que los inmigrantes no comunitarios que construyen o que trabajan en estos nuevos desarrollos se almacenan en los barrios degradados y abandonados de los núcleos urbanos colindantes (Díaz Orueta, 2006). Y todo ello bajo el grito institucional de «Agua para todos», que promueve un agresivo nacionalismo hidráulico para que no se frene la máquina inmobiliaria. El gobierno estatal ya se ha visto obligado a advertir de que no habrá agua para los desmesurados desarrollos urbanísticos en marcha (más de un millón de nuevas viviendas y cien nuevos campos de golf en la Comunidad Valenciana, planes para albergar una población más de ocho veces mayor en Murcia y Almería, etc.); en definitiva, el modelo «Marina D'Or, ciudad de vacaciones todo el año», y similares, reproducido por doquier. Pero los nuevos promotores prometen sortear dichas restricciones (es decir, los controles del dominio público hidráulico) acudiendo a la construcción de un rosario de nuevas plantas desaladoras, que ellos mismos controlarían. Recientemente, el gobierno regional de Murcia ha concedido el nuevo canal autonómico de televisión a los grandes promotores inmobiliarios, y entre ellos a la inefable Polaris World (el nombre en inglés es fundamental), que ha saltado a la fama a partir de su macro-operación frustrada (por una concejala) en Alhama, pero que tiene otras en marcha.

Y el propio gobierno, en una postura ambigua y esquizofrénica, ante el temor del estallido de la burbuja inmobiliaria, intenta también cabalgar al tigre urbanizador como sea, al tiempo que impulsa en parte el proceso en las áreas más calientes al promover asimismo su plan de desaladoras; plan que sustituye al trasvase del Ebro del controvertido Plan Hidrológico Nacional. Pero es fundamentalmente el PP el partido más vinculado con el negocio y la especulación inmobiliaria, el que va instaurando un nuevo tipo de capitalismo cada día más mafioso. Como dice Estevan (2005):

Se está construyendo en el País Valenciano, en Murcia, en Baleares, y en ciertas zonas costeras de Andalucía, una gigantesca telaraña mafiosa que llega a muchos ayuntamientos, notarios, jueces, y a todos los estamentos del Estado, con la cobertura política directa del PP. Tienen ingentes cantidades de dinero negro con las cuales pueden financiar cualquier clase de sobornos, extorsiones o amenazas. Y su influencia se extiende cada vez más por todo el Estado. Parece que el urbanismo valenciano y murciano es ahora mismo, junto con las grandes constructoras madrileñas, el financiador básico del PP estatal, con la particularidad de que el urbanismo costero genera mucha mayor proporción de dinero negro y por tanto se presta mejor para financiar actuaciones ilegales. Una vez se asientan las estructuras mafiosas en un determinado territorio, son prácticamente imposibles de erradicar, y más si cuentan con una parte significativa de la población, la relacionada con la construcción y los negocios conexos, que se ha enriquecido en los últimos diez años como nunca lo hubiera soñado anteriormente. Cuando se desinfle el globo urbanístico todo ese dinero negro se puede ir directamente a financiar chantajes y extorsiones generalizadas, para ir apoderándose y controlando otros sectores económicos.

En estos días, mientras se termina este trabajo, ha saltado la situación en Marbella, donde el gobierno y la Junta de Andalucía se han visto obligados a intervenir para hacer frente a una situación de despelote urbanístico y municipal absolutamente desquiciada. Gran parte de la corporación ha sido metida (por el momento) entre rejas, incluida la alcaldesa, sus bienes personales intervenidos, el Ayuntamiento ha sido disuelto, están siendo acusados gran parte de sus técnicos y la propia policía municipal...Las cifras son de vértigo, más de 30.000 viviendas concedidas al margen del planeamiento, y un cerebro de la operación, un tal Roca, que ha amasado en unos años un botín equivalente a cerca de 400.000 millones de las antiguas pesetas, colocándose entre las primeras fortunas de España. Ahí es ná. Y ya se están viendo las conexiones de estas dinámicas mafiosas y especulativas con lo que acontece en Murcia. Tal vez todo ello ha sido posible porque la corporación estaba en manos de un grupo político peculiar, el Grupo Independiente Liberal (GIL) (creado en su día por el esperpéntico y mafioso Jesús Gil), es decir, al margen de los partidos mayoritarios, lo que ha hecho más factible la operación de intervención de la corporación municipal, que no ha sido cuestionada por la oposición del PP, y que puede traer réditos políticos a los dos grandes. Pero Marbella es sólo la punta del iceberg, hay muchas más marbellas por todo el territorio español, prestas a estallar, sobre todo si revienta la burbuja inmobiliaria. Y si no, el tiempo dirá.

Esta urbanización (desatada) del campo está suponiendo también una subida generalizada del precio del suelo rústico agrícola, pues todo él puede llegar a ser urbanizable, lo cual está suponiendo el creciente abandono de la actividad agraria ante las expectativas de negocios suculentos en el horizonte, sobre todo cuando la agricultura pierde cada vez más peso en la cadena de producción de valor. Hecho que se suma al abandono de la actividad campesina tradicional que promueve la PAC, y a la propia incapacidad para que la agricultura española (sobre todo del interior) compita en los mercados europeos y mundiales. Pero aun la más competitiva no puede competir, valga la redundancia, con las plusvalías urbanísticas potenciales. Ello está derivando en una pérdida en ascenso de soberanía alimentaria, que hasta ahora se puede solventar sin problemas, por la capacidad de compra (en este caso de alimentos) que España tiene respecto del resto del mundo. El hecho de pertenecer al área del euro le proporciona un poder de compra acrecentado.

Pero todo esto no ha surgido por casualidad. La especificidad del caso español a escala europea tiene unos antecedentes históricos concretos, aunque se haya desmadrado claramente en los últimos años. Y como apuntaba el recientemente desaparecido Bellido (2005),[31] estos lodos quizás provengan del polvo de la ley del suelo de 1956 (la vieja ley del suelo franquista), que confería una edificabilidad potencial homogénea a todo el suelo rústico, aunque ésta debía concretarse y materializarse posteriormente a través de determinados actos de planeamiento y administrativos, y estaba en cualquier caso condicionada. La especulación legalizada en la que ahora estamos instalados (de acuerdo con la denominación que él hace), parte de la ley del 56, aunque se haya reafirmado recientemente. El marco legal urbanístico español está claramente condicionado y ligado a los intereses de la gran propiedad, precapitalista y preindustrial, con claras ventajas para los grupos terratenientes dominantes, y es una clara excepcionalidad en el panorama jurídico urbanístico europeo occidental. Y algunas reformas legislativas en marcha, en concreto la que está impulsando en la actualidad la Comunidad de Madrid, significan un paso aún más acusado en esa deriva, pues va a permitir concentrar esa edificabilidad potencial del rústico, aun del altamente protegido, en determinados enclaves, con la justificación de que se crean parques naturales (privados), exonerando además de cargas a la propiedad privada y permitiendo a ésta dar el «esquinazo tributario» (en palabras de Bellido). La urbanización del campo se va a poder llevar hasta los espacios en teoría protegidos. Finalmente, es preciso resaltar que la autonomía urbanística de los ayuntamientos en el estado español no tiene parangón en toda Europa occidental, lo que también se puede aprovechar para impulsar la especulación legalizada.

Asistimos al triste hecho de poder decir que en la actualidad una ardilla podría cruzar el espacio ibérico de grúa en grúa, sobre todo recorriendo el arco mediterráneo, cuando en tiempos del dominio romano de la península se decía que lo podía hacer brincando de árbol en árbol.

Cada vez más viviendas, cada vez peor alojados y cada vez más precarios

El hecho de que España se haya convertido en el país europeo con mayor número de viviendas por mil habitantes (¡otro récord más!) para nada quiere decir que se hayan satisfecho, o que se esté en trance de hacerlo, las necesidades sociales de este bien básico. El estado español es líder europeo de viviendas secundarias y vacías en relación a la población (¡más medallas de oro!). El parque de viviendas, pues, está muy desigualmente repartido, y el mercado hace que, a pesar de las facilidades de financiación hipotecaria, una gran parte de la población haya quedado desplazada del mercado, al tiempo que la vivienda social se ha desplomado. Es más, se está produciendo una venta ilegal sin freno de los pisos protegidos, por dos y tres veces su valor. Por otra parte, el endeudamiento familiar se ha duplicado en menos de diez años, pasando del 34% de la renta disponible en 1986, y el 52% en 1997, al 105% en 2005, con una cuarta parte de la población endeudada a más de 15 años (Forcadell, 2006). El endeudamiento ha crecido en estos años a un ritmo tres o cuatro veces superior al PIB, y ha aumentado en 2005 un espectacular 27% (El País, 16-3-2006), es decir, un incremento casi ocho veces superior al crecimiento económico. Este ritmo es sencillamente insostenible, como ha alertado hasta el gobernador del Banco de España. Por otro lado, el mercado de alquiler ha quedado reducido a su mínima expresión (el más bajo porcentualmente de la UE[32]), con unos precios abusivos, y es crecientemente inaccesible para los sectores jóvenes, y no tan jóvenes, de la sociedad (Naredo, 2005; Malo de Molina, 2005). Pero veamos un poco más en detalle cómo hemos llegado hasta aquí, y qué intereses hay en juego. No ha sido de un día para otro.

A principios de los años ochenta se crean las condiciones que permiten a la banca meterse en el mercado inmobiliario.[33] La banca va a intervenir, a partir de entonces, en la financiación a largo plazo de los productos inmobiliarios, cosa que hasta entonces hacía el Estado, y éste va a ir desapareciendo progresivamente de este sector, al tiempo que crea las condiciones fiscales (a lo largo de los ochenta) para promover la vivienda como un lugar preferente para la inversión privada. Es decir, se permite y alienta la desgravación fiscal por invertir en vivienda. Pero este papel de la banca en el sector inmobiliario se ha ido ampliando desde entonces, hasta llegar al «Quinquenio de la Euforia», en el que la banca ha basado una gran parte de su crecimiento en el incremento exponencial de los préstamos hipotecarios. Es más, ha tenido que salir a los mercados europeos para financiarse y poder proporcionar aquí más créditos, ante la falta de ahorro y depósitos internos, en esta situación absolutamente desbocada (Ortiguer, 2005). Créditos que en muchas ocasiones se proporcionan también a actores poderosos para comprar grandes paquetes de suelo (concentrando aún más la propiedad de la tierra) y poder especular con ellos, una vez reclasificados, participando los mismos bancos a veces en estos procesos. Todo esto le está proporcionando a la gran banca unos beneficios espectaculares, que le están posibilitando profundizar en sus aventuras de expansión europea y mundial. Emilio Botín ha llegado a exclamar en la última junta de accionistas que «nuestro límite es el cielo», refiriéndose a los beneficios alcanzados. No es para menos.

Por otro lado, en relación a la vivienda en alquiler, es conveniente apuntar que el cambio habido en medio siglo ha sido enorme. En 1950, la vivienda en alquiler era mayoritaria como forma de alojamiento en la sociedad española. Posteriormente, es el propio Franquismo el que promueve la vivienda en propiedad como vía para integrar a una parte importante de la población, aquella que iba ganando en poder adquisitivo en los sesenta, pero también establece un marco legal para los inquilinos, que defendía en gran medida los intereses de estos. Este marco se va a ir liberalizando en los años ochenta y noventa (Decreto Boyer, nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, etc.) durante los gobiernos socialistas, sometiendo crecientemente el alquiler a la reglas del mercado, dando cada vez más facilidades al arrendador, y eliminando progresivamente los derechos de los inquilinos. Además, el marco para posibilitar los desahucios se ha visto favorecido en los últimos tiempos, con la excusa de fomentar la vivienda en alquiler, que no hacía sino caer en picado hasta llegar a la situación residual de hoy en día. Es un caso atípico en la Unión Europea, como decíamos, al que se une la ausencia de alquiler público. El reducido porcentaje de vivienda en alquiler no es de extrañar, pues a los altos precios del mercado se unen en la actualidad unas condiciones draconianas para acceder al mismo. Ahora, además de las mensualidades por adelantado (al propietario y a la agencia correspondiente), es preciso depositar un aval en los bancos (de seis o más meses) como garantía para el propietario. Un nuevo negocio para la banca, a costa de las condiciones de alojamiento de los ciudadanos (Ortiguer, 2005). Es por eso por lo que en los últimos años la población se ha orientado aún más hacia la compra de vivienda, sobre todo en un entorno de tipos hipotecarios bajos y plazos de devolución de los créditos muy dilatados, que rebajaba (por el momento) la mensualidad a abonar.

El actual gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no ha acometido ningún cambio sustancial en este terreno, tan sólo ha seguido favoreciendo el marco de inversiones para favorecer la vivienda en alquiler, que sirve para propiciar la entrada de más capitales en el sector inmobiliario, de grandes operadores, pero no para promover y abaratar los precios de alquiler. Y la llamada Sociedad Pública de Alquiler que ha creado, con ayudas a los propietarios para alquilar, y a algunos inquilinos jóvenes para acceder al alquiler, es decir, sin tocar el mercado, es un fantasma que no arranca ni convence, y que lo único que genera es aún más burocracia en este sector, sin bajar los precios. En las actuales circunstancias sólo cabe esperar que cuando llegue a pinchar la burbuja inmobiliaria (escenario que luego intentaremos analizar brevemente), la gran cantidad de viviendas que permanecen vacías, como inversión que se revaloriza por sí sola, salga en parte al mercado de alquiler para intentar rentabilizar el capital comprometido, posibilitando quizás una bajada del mercado de alquiler.

Todo esto hace que la vivienda se haya convertido para amplios sectores sociales, aquellos no propietarios, en un bien de lujo, y que el derecho a la vivienda, que recoge la Constitución, simplemente no exista. Es una verdadera paradoja que en estos momentos de auge del ciclo inmobiliario se agraven las problemáticas sociales ligadas a la vivienda. Así, en casos de crisis de las relaciones matrimoniales, o de pareja, la vivienda se puede acabar convirtiendo en una verdadera cárcel de la que es difícil salir (para cualquiera de los dos, y para la prole si existe, por imposibilidad económica), lo que puede degenerar en ocasiones en violencia machista. Es triste observar cómo en estos últimos años ha habido un incremento fuerte de la violencia machista, que ha supuesto un auge del número de mujeres muertas por sus cónyuges, o compañeros, a pesar de la nueva legislación contra la violencia doméstica, y la mejora al respecto de la actitud de jueces y policías. Quizás la enorme dificultad para posibilitar el acceso a una nueva vivienda tenga que ver con esta lacra en aumento.

Además, el apuntalamiento de este modelo basado en lo constructivo-inmobiliario, y en el consumo desaforado, está contribuyendo también a la precarización de las condiciones de trabajo y de vida. Tanto los empleos en la construcción, como en el gran comercio, y especialmente en las cadenas de supermercados y discounts (las tiendas más baratas),[34] son cada día más precarios. Se está produciendo pues un verdadero terremoto social, con una enorme transferencia de rentas de los sectores no propietarios a los sectores propietarios de la sociedad, del trabajo al capital, cuyas consecuencias son ya palpables: unas brutales desigualdades sociales. Una consecuencia más de este nuevo capitalismo global de acumulación por desposesión en el que estamos instalados (Harvey, 2004), que llega hasta al mobbing para echar a inquilinos y propietarios indeseados, lo cual provoca una dualización en ascenso entre propietarios y no propietarios. Pero su impacto será más visible en nuestras calles a medio plazo, pues provocará seguramente un fuerte auge de la población sin techo, al tiempo que se hipotecan las vidas al banco o al trabajo asalariado (cada día más precario) de sectores muy amplios de la población. El esfuerzo en anualidades de sueldo para acceder a una vivienda era en 1991 de 5 años, y en 2004 de 8,2. Todo ello está repercutiendo en un retraso muy importante en cuanto a la edad de emancipación de los jóvenes (Ortiguer, 2005). Eso por no hablar de la situación de alojamiento de los inmigrantes, que normalmente se hacinan en viviendas de alquiler para poder pagarlas, en situaciones extremas en muchos casos; se ha llegado a acuñar el término «camas calientes» para caracterizarlas (es decir, una cama que se utiliza por turnos). En definitiva, la dificultad del acceso a la vivienda, y la creciente precariedad laboral, está generando unas vidas más difíciles, menos merecedoras de ser vividas, y menos autónomas.

Planes faraónicos, y creación de empresas de proyección europea y mundial

De cara al futuro, los planes previstos son verdaderamente mastodónticos. No es sólo que las diferentes recalificaciones urbanísticas (unos siete millones de nuevas viviendas) puedan llegar a incrementar la población española actual en unos 25 millones de personas, en caso de habitarse (CCDT, 2006), cifra muy difícil de calcular y en constante revisión (al alza), sino que los planes de infraestructuras previstos son asimismo espectaculares. Y esos sí están claramente definidos y se están acometiendo. Otra cosa es que se cumplan definitivamente. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) es el que engloba el conjunto de planes sectoriales, y contempla un horizonte de realización de unos quince años, hasta 2020. El PEIT plantea la construcción de 6.000 nuevos kilómetros de autopistas (a añadir a los más de 11.000 existentes) y 9.000 nuevos kilómetros de alta velocidad ferroviaria (sobre los más de 1.000 actuales); que corre en paralelo con el abandono del ferrocarril convencional y la privatización del mismo. Estos dos son sus principales capítulos, pero no los únicos, pues se proponen también importantes ampliaciones de los principales puertos (creando superpuertos),[35] y una fuerte inversión en aeropuertos, un buen número de ellos de nueva creación.[36] El plan supone una fuerte continuación y profundización del esfuerzo inversor de los últimos años,[37] superando el ritmo de creación de infraestructuras acometido durante el periodo de Álvarez Cascos como ministro de Fomento. Todo un récord. La patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y en concreto el Seopan, que agrupa a las grandes empresas de construcción, lo han recibido alborozados, felicitando a la ministra Magdalena Álvarez (Segura, 2005). La ministra ha llegado a insinuar la posibilidad de dedicar el superávit fiscal alcanzado a incrementar aún más el ritmo inversor en infraestructuras. Más madera, si es posible, para consolidar esta especie de dictadura de las constructoras. En los mega-proyectos de infraestructuras, que se venden como de interés público, se subestiman conscientemente los costes, una falsificación estratégica de cara a hacerlos más vendibles a la opinión pública, y se disparan luego sistemáticamente en su proceso de ejecución, deparando beneficios espectaculares para las grandes constructoras (Aguilera Klink, 2006).

El fortísimo ritmo inversor de los últimos años ha situado ya a España en los primeros lugares del globo en cuanto a dotación de infraestructuras viarias (el PEIT nos situará claramente a la cabeza), a pesar de las declaraciones oficiales que inciden constantemente en la necesidad de superar nuestro «déficit secular de infraestructuras». Esta loca dinámica ha contribuido a que siete de las once mayores constructoras del mundo sean en la actualidad españolas (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, etc.), y a que Abertis (del grupo ACS) sea el principal operador mundial de autopistas de peaje. Y ya están también empresas españolas gestionando importantes aeropuertos en muchas metrópolis globales (El País, «Extra Infraestructuras», 12-3-06). Estos grupos surgidos en torno al negocio de la construcción se adentran cada vez más en un amplio abanico de servicios urbanos (recogida de basura, limpieza urbana, gestión del ciclo del agua, suministro de energía, transporte...), no sólo en España sino a nivel internacional. Lo mismo podemos decir de las grandes inmobiliarias españolas (Sacyr-Vallehermoso, Metrovacesa, Urbis, Colonial, etc.), que acaparan los principales paquetes de suelo, y protagonizan las mayores transformaciones urbanísticas. Su evolución ha sido estelar, y su expansión internacional también. Así, hoy en día se están posicionando como las primeras de su sector a escala europea, a través de adquisiciones de otras inmobiliarias a nivel comunitario (su gran liquidez se lo permite, y si no, consiguen una importante financiación para salir de compras por Europa). Todo ello ha permitido su entrada de lleno en los mercados inmobiliarios de la UE a 25. En definitiva, los grupos constructores e inmobiliarios españoles se han resituado perfectamente entre los primeros del mundo, y por supuesto de Europa, en el nuevo capitalismo global, pero eso sí, no hay ninguna empresa industrial española entre las primeras del planeta y de la UE (Recio, 2006).[38]

A pesar de todo, se articula un creciente rechazo ciudadano

Ante la marcha por ahora imparable del tsunami urbanizador, se están articulando en muchas zonas de la geografía española muy diversas y amplias iniciativas ciudadanas de oposición, que hasta ahora son incapaces de frenar esta sinrazón, pero que están teniendo ya una considerable incidencia política y social. Abusos urbanísticos No, Murcia no se vende, Compromís pel territori, La Vega Baja no se vende, Ni una cama más, Salvem l'horta, Red Andaluza en defensa del territorio, Contra la especulación y por la defensa de las montañas, Salvem Mallorca, Salvemos el Aljarafe, La Granada que queremos... son algunos de los nombres de las plataformas ciudadanas que han ido surgiendo ante estas agresiones al territorio y a la sociedad. Además de diferentes plataformas antiautovías por toda la geografía (entre las que resalta la lucha en Ibiza), así como contra los planes de alta velocidad ferroviaria (con especial fuerza en Euskadi), contra las redes de alta tensión (en concreto en Cataluña), y contra las grandes plataformas logísticas. Es decir, un creciente clamor ciudadano contra la urbanización y la especulación, que va desde las zonas de costa e insulares, a las áreas de montaña, o a las periferias metropolitanas; unas más locales y otras que abarcan territorios más amplios. La respuesta ciudadana está siendo especialmente contundente en los archipiélagos balear y canario, en donde más claramente se constatan los límites territoriales y ecológicos ante este enorme ataque de cemento. En los archipiélagos las movilizaciones ciudadanas han llegado a adquirir una enorme dimensión (más de 100.000 personas contra el proyecto del superpuerto de Granadilla, en el Sur de Tenerife) (Aguilera Klink, 2006), y han tenido (y están teniendo) un fuerte impacto político.[39] Hasta los hoteleros en determinados espacios se han puesto del lado de los denunciantes, ante el temor de que el desmadre urbanístico acabe con su gallina de los huevos de oro: el turismo. Recientemente acaba de constituirse en un encuentro en Murcia una plataforma estatal denominada Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio, como resultado de la confluencia de una parte importante de estas dinámicas opositoras desde abajo. En su declaración de constitución se denuncia que la especulación urbanística es un problema de Estado, y que nunca en la historia europea ha tenido lugar una ocupación del suelo tan extrema por su dimensión y por su impacto, que está significando un verdadero borrado cultural de las señas de identidad de la cultura mediterránea. Marbella es España, y España es Marbella, se manifiesta. Y se proclama que se pretende unir recursos y voces para frenar esta situación. La Coordinadora exige la derogación de la legislación urbanística existente, de corte anglosajón (donde todo el suelo puede ser urbanizable), por otra de corte europeo en el que éste es por definición protegido, y tiene procedimientos reglados más estrictos para su planificación y urbanización. Se pide el freno de la financiación europea de grandes infraestructuras, que favorece el desarrollo urbanístico insostenible, y la paralización inmediata de la aprobación y construcción de resorts y campos de golf. Finalmente, la Coordinadora pretende solicitar una entrevista con el Presidente del Gobierno y con el Fiscal General de Medio Ambiente, así como se declara dispuesta a interponer nuevas denuncias y recursos ante la Comisión y el Parlamento europeos (CCDT, 2006).

La constitución de esta coordinadora estatal ciudadana es un hito enormemente significativo de la gravedad que ha adquirido el tsunami urbanizador en el Estado español, y de la concienciación, resistencia y articulación social en ascenso para intentar frenarlo, bajo el lema «¡Hay que pararlo!», algo impensable hace unos años. Es un movimiento social nuevo que surge desde la indignación de la gente, en defensa de la cultura y la autonomía local (Calvente, 2006). Es curioso cómo muchos de los colectivos y redes del llamado movimiento antiglobalización, que tuvo un fuerte auge en el periodo 2000-2003, participan ahora activamente en las distintas plataformas de defensa del territorio, enraizándose localmente, aunque repetimos que la composición social y política de este nuevo movimiento es enormemente plural, representando a un amplio espectro ciudadano.

De cualquier forma, la creciente denuncia ciudadana choca y se ve condicionada por dos importantes muros. El primero de ellos es la indiferencia en general del grueso de la sociedad ante esta locura urbanística y saqueo de lo público, pues una parte importante de ella se beneficia, como hemos dicho, directa o indirectamente de estos procesos. Es más, podríamos decir que la cultura de la especulación ha penetrado en casi todos los poros de la sociedad, de una u otra forma. Y el otro muro es la presión que se ejerce desde los grandes beneficiarios de los pelotazos especulativos sobre los principales denunciantes de estas agresiones territoriales (denuncias ante los juzgados, con riesgo de fuertes multas, desprestigio a través de los medios, etc.). En ocasiones se ha llegado a calificar públicamente a los líderes de las protestas de «terroristas sociales» (Aguilera Klink, 2006). Y esta presión adquiere a veces tintes mafiosos, para inculcar el miedo en los sectores más activos, recurriendo a la violencia física si es preciso (quema de coches, agresiones a las viviendas de los líderes ciudadanos, amenazas sobre sus familiares cercanos, etc.), lo cual retrae a mucha gente. Es difícil asumir el papel de héroe, y el riesgo que ello conlleva.

De todas formas, la denuncia de las consecuencias del tsunami ha llegado por fin a los grandes medios de comunicación, ante la dimensión de lo que está sucediendo, y ello está incidiendo en el cambio de la percepción social del fenómeno. Bueno, cabría mejor decir que el tratamiento del tsunami ha irrumpido en determinados medios. Así es curioso observar el despliegue que ha dedicado El País a lo que estaba aconteciendo en el País Valenciano, Murcia y Baleares, donde gobierna el PP, y al tratamiento de lo ocurrido en Marbella. Pero también resalta cómo el tratamiento informativo es mucho más tenue cuando el fenómeno acontece en espacios donde gobierna el PSOE. Destaca el fuerte conflicto que se originó cuando Informe Semanal, en TVE 1, emitió un reportaje sobre la especulación urbanística en la Comunidad Valenciana, siendo duramente contestado desde el gobierno regional, que llegó a hacer hasta un contra-reportaje. Las clientelas electorales de uno y otro partido son distintas, el PP está más próximo a los propietarios en general, y el PSOE es más proclive a captar el voto de los asalariados, aunque se disputan también un espacio común de centro, y ambos están a su vez condicionados por las fuerzas económicas y financieras hegemónicas, aunque desde posiciones distintas, y manifiestan los dos un fuerte sesgo desarrollista.

Por otro lado, la respuesta ciudadana es bastante más difícil de articular ante el creciente problema de acceso a la vivienda, hecho que en general se sufre cada vez más a escala puramente individual.[40] Si bien en las principales metrópolis se han desarrollado movimientos de okupación protagonizados principalmente por sectores juveniles (más potentes en Cataluña, y en concreto en Barcelona, como hemos apuntado),[41] que adoptan más recientemente un carácter menos visible (pequeñas ocupaciones),[42] y hasta ciertos movimientos muy activos de inquilinos, como en el caso de Sevilla. Pero la okupación se ve también fuertemente perseguida y criminalizada a partir del código penal de los noventa, que la califica como delito en lugar de como falta. El código penal de la democracia se ha endurecido especialmente en este terreno, yendo mucho más allá que el código penal franquista. Un verdadero símbolo de los nuevos tiempos que corren, y de los dioses que lo presiden, es decir, de aquellos que habitan el Olimpo constructor e inmobiliario. Como dice José Manuel Naredo, es importante hacer un seguimiento detallado de todos los que estaban en la boda de la hija de Florentino Pérez (banqueros, empresarios de toda índole, políticos, líderes sindicalistas, etc.), para ver hasta dónde llega la influencia de los grandes señores del nuevo capitalismo español.

En definitiva, no parece que la creciente oposición ciudadana llegue a ser capaz, por sí sola, de hacer descarrilar al tsunami urbanizador, y habrá que esperar seguramente a que el cambio de coyuntura internacional y estatal, o los propios límites ecológicos planetarios y locales, pongan fin a todo este despropósito. De todas formas, habrá que prepararse desde ya ante este más que posible cambio brusco de escenarios, pues parece que algunos de ellos están ya a la vuelta de la esquina, y pueden conllevar el estallido de la burbuja inmobiliaria.


Notas


[13]: En la primera etapa de fuerte desarrollismo (1960-1975), durante el Franquismo, el máximo de construcción de viviendas se alcanza en 1973 con 553.000 viviendas (Rodríguez López, 2005). Tras el periodo de crisis 1975-1985 hubo otro repunte constructor de 1985 a 1992 que no alcanzó ese máximo, con un fuerte auge de precios, tras el cual se produce un parón y caída relativa de precios que no se empieza a remontar hasta 1996, pero los anteriores máximos históricos, y muy en concreto el de 1973, han quedado claramente sobrepasados por el tsunami constructor y urbanizador de los últimos cinco años.
[14]: Un buen indicador de la tremenda cantidad de dinero negro que hay circulando en España son los billetes de 500 euros, que suponen el 25% de todos los del área de los doce, esto es, tres veces superior al tamaño de la economía española en la Eurozona (según las estadísticas del Banco de España).
[15]: Esto es, el trabajo vivo que participa, además, muy directa y activamente en el sector de la construcción, gran demandante de mano de obra, pero también en el servicio doméstico y en las tareas de cuidado de gran parte de las clases medias, debido a la prosperidad alcanzada en este periodo.
[16]: El otro país de éxito económico espectacular es Irlanda, el tigre celta, pero no tiene superávit fiscal.
[17]: El Plan de Estabilidad penaliza cuando la deuda pública supera el 60% del PIB.
[18]: Time Warner, en Madrid; Terra Mítica, en Alicante; Port Aventura, en Tarragona; Isla Mágica, en Sevilla... La mayoría de ellos presentan serios problemas de rentabilidad y recuperación de las inversiones públicas realizadas, aunque generan fuertes plusvalías urbanísticas privadas con las recalificaciones de los espacios circundantes (Naredo, 2006b).
[19]: Sustitución de la composición social popular de los barrios centrales por sectores de rentas más altas.
[20]: La comunidades autónomas suelen emitir deuda pública, y los ayuntamientos obtienen los préstamos principalmente de la banca. Todos ellos se benefician, por ahora, de los bajos tipos de interés existentes, de las facilidades de colocación de la deuda, y de la actividad económica que todo ello genera.
[21]: Esta dinámica empieza con Felipe González, pero no es hasta la llegada de Aznar cuando adquiere su dimensión más acusada.
[22]: AVE: Alta Velocidad Española (N. del E.)
[23]: El aeropuerto de Madrid mueve ya 42 millones de pasajeros, situándose en quinta posición a escala europea, por detrás de los de Londres (Heathrow), París (Charles de Gaulle), Frankfurt y Ámsterdam. En el último año ha tenido un crecimiento espectacular del 8,4% (El País, 21-3-2006).
[24]: España, hasta 1980, no tenía prácticamente ninguna empresa de dimensión internacional. En los últimos 20 años, y especialmente en los noventa, al calor de la privatización de las grandes empresas y bancos públicos (Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria, etc.) se han desarrollado gigantes empresariales transnacionales, que han adquirido músculo internacional proyectándose sobre América Latina, en una loca carrera expansiva apoyada por el Estado (créditos Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), etc.). Estas transnacionales tan sólo son formalmente españolas, pues entre el 30% y el 60% de su capital es foráneo (Barbería, 2006).
[25]: La ley del suelo de 2001 permitía ya que el suelo no urbanizable común se pudiera declarar urbanizable, y la nueva ley en marcha va a hacer aún más fácil el paso de suelo no urbanizable protegido a urbanizable. Además, la nueva ley eximirá de la obligación de establecer suelo para viviendas protegidas a los municipios menores de 15.000 habitantes, los menos urbanizados por el momento, y posibilitará asimismo construir equipamientos (hospitales, colegios, etc) en suelo especialmente protegido, aligerando de cargas a los futuros desarrollos urbanísticos para hacerlos aún más rentables.
[26]: En las últimas décadas, Convergència i Unió, de la mano de Jordi Pujol, siempre consiguió importantes inversiones para Cataluña, y en concreto para la región metropolitana de Barcelona, cuando el gobierno central dependía de su apoyo, y, asimismo, el ayuntamiento de la ciudad condal siempre obtuvo favores claros de Madrid durante los gobiernos socialistas (Serra, Maragall).
[27]: El Fórum de la Culturas 2004 estaba convocado bajo el lema: «Por la paz, el diálogo intercultural y el desarrollo sostenible», una estrategia mediática que intentaba ocultar un macro-evento que impulsaba un fuerte proceso de remodelación urbana, y que fue ampliamente contestado.
[28]: Los Planes de Actuación Integrada (PAI) son una figura urbanística creada por la Ley del Suelo de 1994 en el País Valenciano, que permite la actuación del llamado «agente urbanizador», que más adelante se menciona. Esta figura está siendo copiada por diversas legislaciones urbanísticas autonómicas, y ahora en la Comunidad de Madrid se quiere dar un paso más e instituir también el «agente rehabilitador», para acometer sin trabas macro-proyectos de remodelación urbana interna de la ciudad.
[29]: La supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que impulsó el PP, con fines electorales de cara a captar el voto de ciertas clases medias, les privó de una importante vía de financiación.
[30]: En la costa gallega se prevé medio millón de nuevas viviendas para los próximos diez años (Estévez, 2006). Y en todo el litoral Cantábrico (Asturias, Cantabria, Euskadi) la excitación constructora también es muy fuerte, si bien no adquiere por el momento la intensidad del arco mediterráneo.
[31]: Sirva esta cita también como un emocionado recuerdo afectivo hacia su persona, y de reconocimiento hacia la labor realizada por Javier durante tantos años.
[32]: La media de la UE es del 32% y en España es del 11% (Forcadell, 2006).
[33]: Es en los Pactos de La Moncloa, a finales de los setenta, donde se contempla este cambio, que luego se plasma en la Ley del Mercado Hipotecario de 1981 (Ortiguer, 2005).
[34]: La cadena Carrefour, la mayor del sector, controla también la red de supermercados Champion, y los discounts Día.
[35]: Algeciras, Barcelona, Valencia, Bilbao, Tarragona, Cartagena, Las Palmas, Gijón, Huelva y Sta Cruz de Tenerife.
[36]: En donde se invertirá no sólo en la ampliación de los existentes, sino en la creación de nuevos aeropuertos: Burgos, Castellón, Huesca, Murcia y Ciudad Real (este último totalmente privado).
[37]: Más de 250.000 millones de euros, es decir, más de 40 billones de las antiguas pesetas. El 40% de la inversión prevista es extrapresupuestaria, esto es, con participación privada (peaje, peaje en la sombra, etc.), pero con aval estatal, o a través de entes parapúblicos (Adif, AENA, Puertos del Estado y Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transportes Terrestres), con créditos entre otros del Banco Europeo de Inversiones, cuya deuda no cuenta (por ahora) como deuda estatal (Segura, 2005).
[38]: Tan sólo Zara se sitúa entre las de cabeza en su sector, pero cabría considerarla no como empresa industrial, sino más bien de confección.
[39]: De hecho, en diversos territorios insulares se ha logrado frenar en gran medida el disparate urbanístico y un mayor desarrollo turístico incontrolado (Lanzarote, Menorca).
[40]: Cuando se cierra este texto, se ha lanzado una convocatoria en ciudades de todo el Estado para denunciar la situación del problema social del acceso a la vivienda, que consiste en sentadas públicas en los centros urbanos. No sabemos lo que puede dar de sí.
[41]: En Madrid cabe resaltar también la dinámica generada en los últimos años en Lavapiés a partir de la experiencia de okupación de los distintos Laboratorios.
[42]: La okupación de edificios completos para crear grandes centros sociales está remitiendo últimamente ante la fuerte represión y desalojo por parte de las autoridades públicas.


Edición del 30-6-2014
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